Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a la GN y a la FGR a fortalecer la estrategia nacional de seguridad en carreteras y protección a los transportistas, a fin de reducir el robo al autotransporte de carga y garantizar la seguridad en los corredores logísticos del país, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a presentar a la opinión pública un informe pormenorizado del estado actual del cumplimiento del pago de indemnizaciones por la expropiación de tierras, a ejidos, comunidades y personas afectadas por el megaproyecto del Tren Maya, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a la GN y a la FGR a fortalecer la estrategia nacional de seguridad en carreteras y protección a los transportistas, a fin de reducir el robo al autotransporte de carga y garantizar la seguridad en los corredores logísticos del país, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

La seguridad en las carreteras mexicanas constituye uno de los retos más relevantes para la estabilidad económica, la movilidad de mercancías y la integridad de miles de trabajadores del transporte que diariamente recorren el territorio nacional.

Diversos estudios especializados han documentado que el robo al autotransporte de carga se ha convertido en uno de los delitos de mayor impacto económico y logístico para el país. Tan sólo en 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga, con un incremento significativo respecto a años anteriores, y más del 80 por ciento de estos eventos ocurrieron con violencia directa contra los operadores.

Este fenómeno genera consecuencias profundas:

• Pérdidas económicas que superan los 7 mil millones de pesos anuales en mercancías robadas.

• Incremento en costos de logística, seguros y transporte.

• Riesgos permanentes para la integridad física de operadores.

• Impacto en la competitividad económica del país.

Asimismo, la violencia en carreteras se concentra en corredores estratégicos para la economía nacional, particularmente en entidades como Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí.

Las rutas más afectadas incluyen la autopista México-Veracruz, México-Querétaro, el Arco Norte y el corredor Querétaro-San Luis Potosí, ejes logísticos fundamentales para el comercio nacional.

Aunado a ello, especialistas han señalado que la cifra negra del delito supera el 90 por ciento, lo que significa que la gran mayoría de los robos no se denuncia por miedo, desconfianza o falta de mecanismos eficaces de protección.

Frente a este panorama, resulta indispensable fortalecer la estrategia nacional de seguridad en carreteras, priorizando:

• Mayor coordinación entre federación y entidades federativas

• Uso de tecnología de vigilancia y monitoreo

• Combate a redes de comercialización de mercancía robada

• Protección a operadores del transporte

Desde una perspectiva de Estado y con base en el principio de seguridad con bienestar, es necesario avanzar hacia soluciones estructurales que combinen inteligencia, tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de la Guardia Nacional, garantizando que las carreteras del país sean espacios seguros para la movilidad y el desarrollo económico.

Asimismo, la experiencia internacional demuestra que el uso de sistemas inteligentes de monitoreo carretero, cámaras, detección de inhibidores de señal y centros de control vial puede reducir significativamente los delitos en corredores logísticos estratégicos.

Por ello, el Estado mexicano debe impulsar políticas públicas que integren infraestructura tecnológica, inteligencia criminal y prevención focalizada, con el objetivo de recuperar la seguridad en las rutas del país, como ya lo propuse en un punto de acuerdo anterior.

Garantizar la seguridad en las carreteras no sólo implica proteger mercancías, sino defender el trabajo de miles de operadores, fortalecer la economía nacional y asegurar el funcionamiento de las cadenas productivas del país.

Argumentos económicos sobre la inseguridad en carreteras en México

1. Impacto directo en la economía nacional

El robo al autotransporte de carga genera pérdidas anuales superiores a 7,000 millones de pesos en mercancías, sin considerar costos adicionales derivados de seguros, logística alternativa y retrasos en las cadenas de suministro.

Este fenómeno afecta directamente la competitividad económica del país, especialmente en sectores estratégicos como:

• Alimentos

• Autopartes

• Acero

• Insumos industriales

• Productos químicos

Cuando una empresa pierde mercancía en carretera, el impacto se traslada a precios, inflación logística y pérdida de competitividad.

2. Aumento de costos logísticos para empresas

Las empresas transportistas han tenido que incrementar sus gastos en:

• Escoltas privadas

• Sistemas de rastreo satelital

• Seguros de carga más costosos

• Rutas alternas más largas

• Tiempos de traslado mayores

Esto eleva los costos logísticos en toda la cadena productiva. En algunos corredores industriales, el costo de transporte ha aumentado entre 15 por ciento y 30 por ciento por razones de seguridad. Al final, estos costos se trasladan al consumidor.

3. Riesgo para la inversión y el nearshoring

México está viviendo una oportunidad histórica con la relocalización de empresas (nearshoring).

Sin embargo, especialistas han señalado que el robo en carreteras y la extorsión son de los delitos que más influyen en las decisiones de inversión de pequeñas y medianas empresas.

Cuando los corredores logísticos no son seguros:

• Se encarecen las cadenas de suministro

• Se reduce la confianza empresarial

• Se frenan nuevas inversiones

Esto afecta directamente el potencial de México como centro logístico de América del Norte.

4. Impacto en las cadenas productivas

El 80 por ciento de las mercancías en México se mueve por carretera, lo que significa que la seguridad de las rutas es un elemento crítico para el funcionamiento de la economía nacional.

Un solo robo puede afectar:

• Líneas de producción industriales

• Inventarios de empresas

• Exportaciones

• Distribución de alimentos

Cuando se interrumpe el flujo logístico, toda la cadena económica se ve afectada.

5. Presión económica sobre transportistas y operadores

El sector del autotransporte también enfrenta una fuerte precariedad económica.

Muchos operadores ganan menos de 11 mil pesos mensuales, lo que dificulta invertir en seguridad personal o en tecnologías de protección.

Esto genera:

• Vulnerabilidad frente al crimen organizado

• Abandono de rutas peligrosas

• Escasez de operadores

Lo cual impacta directamente la capacidad logística del país.

6. Impacto macroeconómico de la violencia

El impacto económico total de la violencia en México alcanzó 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente al 18 por ciento del PIB nacional.

Dentro de ese costo, la inseguridad en carreteras representa un factor clave porque afecta:

• Comercio interno

• Exportaciones

• Cadenas de suministro

• Confianza empresarial

Reducir la violencia en las rutas logísticas tendría un efecto directo en el crecimiento económico.

7. Ventaja económica de invertir en seguridad carretera

Experiencias internacionales han demostrado que invertir en:

• Monitoreo carretero

• Tecnología de vigilancia

• Inteligencia logística

• Coordinación policial reduce delitos y genera ahorros millonarios para empresas y gobiernos, además de mejorar la eficiencia del transporte.

La seguridad en carreteras no debe verse como gasto público, sino como inversión estratégica para el desarrollo económico.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional a fortalecer la estrategia de vigilancia en los principales corredores carreteros del país, priorizando las rutas con mayor incidencia de robo al autotransporte de carga.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de las entidades federativas a fortalecer las unidades especializadas de investigación del robo al autotransporte de carga, a fin de desarticular las redes criminales dedicadas a este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a establecer un mecanismo nacional de denuncia segura y anónima para transportistas, con el objetivo de reducir la cifra negra del delito y fortalecer la inteligencia operativa en materia de seguridad carretera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a presentar a la opinión pública un informe pormenorizado del estado actual del cumplimiento del pago de indemnizaciones por la expropiación de tierras, a ejidos, comunidades y personas afectadas por el megaproyecto del Tren Maya, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

El Tren Maya es un proyecto de infraestructura ferroviaria clave en el sureste de México, diseñado para impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, mejorando las condiciones de vida y restaurando la conectividad biológica de áreas naturales. Está diseñado para ser un sistema de transporte multimodal que incluye el servicio de carga, tiene una longitud total de aproximadamente 1,554 kilómetros de vía férrea y cubre las entidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Tren Maya constituye una oportunidad para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán. Se trata de un vehículo posibilitador de transformaciones en el entorno de la población, que permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas.

Los objetivos del proyecto del Tren Maya son los siguientes:

• Restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación.

• Favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales.

• Rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las Áreas Naturales Protegidas.

• Reducir la tala ilegal e implementar acciones que promuevan un uso responsable del suelo.

• Fomentar la producción agrícola y ganadera amigable con el ambiente para garantizar un mercado sustentable y sostenible.

• Generar una economía basada en el aprovechamiento responsable de recursos naturales.

• Impulsar actividades económicas que hagan un uso menos intensivo del suelo y de los recursos naturales.

El proyecto consiste en la implementación de un nuevo servicio de transporte ferroviario que interconecte las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán.

El proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; en 2019 se firmó un acuerdo marco entre ONU Hábitat y el gobierno de México, a través de Fonatur para el “Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México-Corredor Regional Tren Maya”. Este acuerdo fue en respuesta al Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, para reducir la desigualdad y la pobreza en las comunidades y actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano; en este sentido, el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con el Proyecto Tren Maya, busca asegurar que se convierta en motor inclusivo y asequible del crecimiento sostenible del sureste de México.

Que el Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, además de fortalecer la captación de divisas e inversiones nacionales y extranjeras, mismo que será administrado, operado y explotado; ampliando y construyendo sus instalaciones, a través de la Empresa denominada “Tren Maya, S.A. de C.V.”, lo que contribuirá al desarrollo de las citadas entidades federativas, para facilitar el transporte de personas mediante costos más accesibles, fomentando el turismo, generando empleos y cuidando el medio ambiente, cumpliéndose así, con uno de los grandes objetivos del gobierno federal, que es el mejoramiento de una política económica continua.

Que el 17 de diciembre de 2021, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, dictaminó favorablemente la constitución de la Empresa denominada “Tren Maya, S.A. de C.V.”, agrupada al sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Que la Empresa Tren Maya, S.A. de C.V., podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para administrar, operar, explotar y construir el Tren Maya; prestar los servicios ferroviarios, complementarios y comerciales, por sí o por conducto de diversas figuras jurídicas de derecho público y privado, así como obtener, bajo cualquier título, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones y en general, ejecutar todos los actos necesarios para llevar a cabo su objeto social, de conformidad con sus Estatutos Sociales y demás disposiciones aplicables.

En 2030, el Tren Maya contará con toda su flota operativa de 42 trenes de pasajeros, movilizando al menos a 4 millones de personas al año. Estará consolidado como un medio de transporte cotidiano para los habitantes de su delimitación territorial y de conexión multimodal con otros sistemas de ferrocarril, aeropuertos y sistemas de transporte local que lo convertirán en una opción de movilidad sostenible segura, accesible y conveniente.

Será un elemento de atracción y movilidad turística que ayudará a la región a ofrecer una red de atractivos de playa, sitios arqueológicos, reservas naturales y ciudades coloniales conectadas por un medio de transporte que cumple con altos estándares de calidad y comodidad para visitantes de México y de todo el mundo. Tren Maya ofrecerá en 2030, un servicio de carga capaz de mover alrededor de 4.7 millones de toneladas de mercancías anualmente. Conectará el Puerto de Altura de Progreso con el resto del país y ayudará a potenciar el desarrollo y la diversificación económica del sureste.

Sin embargo, contrario a las expectativas del gobierno, respecto a la operación del Tren Maya y sus objetivos planteados, el proyecto enfrenta innumerables denuncias sobre irregularidades y problemáticas ambientales y sociales.

En su momento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., opino que el Tren Maya causaría diversos impactos sociales, pues es una propuesta de desarrollo diversa a la cultura de las comunidades indígenas, campesinas, pesqueras que ahí se encuentran, además de que exacerbará la desigualdad y marginación entre las personas que viajan y los habitantes que ofrecen servicios. Poco más de la mitad (53 por ciento) del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales, afectando a un total de 177 ejidos.

De igual manera refirió, que no se ha ofrecido información adecuada y fidedigna sobre el proyecto y no se ha permitido una participación real y eficaz en la toma de las decisiones y ya se está viendo un deterioro en el tejido social y división comunitaria entre quienes aprueban y quienes rechazan el proyecto. No se ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.

En materia ambiental se destacan: deforestación de miles de hectáreas, fragmentación del hábitat del jaguar, pérdida de biodiversidad, destrucción de cenotes y ríos subterráneos, contaminación de acuíferos, generación de residuos, generación de ruido y la falta de autorizaciones ambientales.

Un informe denominado “Misión Civil de Observación sobre Impactos y Afectaciones del Proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche (tramos 5, 6 y 7)”, expone un panorama de promesas incumplidas elaborado con participación de organizaciones, comunidades, personas académicas, así como representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

De acuerdo con el citado informe, el Tren Maya propició la deforestación, de 11,482 hectáreas de selva; la mayor parte de ellas sin la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo. Otro problema, es el daño al sistema acuífero de la península de Yucatán, pues durante la construcción del ferrocarril se dañaron 130 cenotes con la instalación de 15,000 pilotes de acero directamente en el sistema de cuevas subterráneas.

Aunado a esto, en el ámbito social, el impacto en las comunidades locales ha sido igualmente severo, transformando la vida en la región de manera negativa, donde se ha denunciado el desplazamiento y despojo de tierras en comunidades, el aumento de la inseguridad y presencia del crimen organizado, el despojo de la cultura y la identidad maya, la destrucción y el saqueo de su patrimonio arqueológico, conflictos internos en las comunidades locales y la falta de pago por las expropiaciones de las tierras a ejidos y comunidades.

En relación a la problemática por falta de pago por la expropiación de tierras, el medio informativo “Diario de Yucatán”, en la edición con fecha del 27 de septiembre de 2025, refiere que: Un grupo de campesinos pertenecientes al ejido de Santa Cruz de Umán realizó una manifestación a las puertas del Tribunal Unitario Agrario, para exigir se les pague una deuda por expropiación de tierras para las obras del Tren Maya.

El asesor del mencionado ejido explicó que para esta expropiación se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de marzo del año pasado, en el cual se señala que Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., tenía que pagar al ejido la cantidad de $3.583,388.06, a la fecha ese dinero no se ha visto.

“Previo a este decreto se había firmado un documento de ocupación de tierras; es decir, el Tren Maya ocupó los terrenos y después iban a pagar, pero no se ha pagado esa cantidad, por eso están aquí los ejidatarios”, dijo.

Wilbert Saucedo Castro, abogado asesor de los campesinos, explicó que 800 personas pertenecientes al ejido promovieron un juicio debido a que les fueron expropiadas 14 hectáreas de tierra para que se construya la estación del Tren Maya de Umán, pero a la fecha no les han pagado.

Por su parte, el medio informativo denominado “El Universal”, en su publicación del 13 de noviembre de 2025, señala que, a casi dos años de su construcción, el Tren Maya, la obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado superar los pleitos legales y enfrenta 51 litigios vigentes.

Esta publicación, refiere que de acuerdo con información de la Coordinación General Jurídica y de lo contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se mantienen vigentes 12 juicios de amparo por expropiaciones y asuntos en materia ambiental, tres juicios de nulidad que denuncian la terminación anticipada de contratos y negativas de pago, así como una inconformidad por el valor del avalúo de un predio por donde pasa el tren.

Con la misma problemática, información publicada por “El Imparcial”, en su edición del 15 de febrero de 2026, menciona que: Un grupo de ejidatarios de la comisaría de Sierra Papacal, en el municipio de Mérida, detuvo este domingo los trabajos vinculados al Tren Maya al denunciar presuntas irregularidades en la gestión de tierras y falta de diálogo con autoridades sobre indemnizaciones. De acuerdo con reportes locales difundidos este 15 de febrero, los ejidatarios señalaron que las obras afectan terrenos de uso comunal y que no han recibido información clara ni compensaciones económicas.

Los manifestantes señalaron que buscan evitar la pérdida de tierras ejidales sin acuerdos formales ni pagos. Aseguran que el tramo que conectaría con el puerto de Progreso afectaría terrenos comunitarios. Entre sus reclamos principales: Falta de diálogo con autoridades, ausencia de propuestas de indemnización, presuntas irregularidades en la entrega de tierras.

En este punto de acuerdo, los exhortos que se plantean coinciden con:

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, obliga al Estado a respetar sus tierras, territorios y recursos naturales, donde los pueblos, en medida de lo posible, puedan controlar, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y protege su propiedad sobre la tierra. También establece que toda expropiación deberá realizarse exclusivamente por causa de utilidad pública y mediante indemnización, conforme a los procedimientos previstos en la ley.

Artículo 27 . La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

(...)

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

(...)

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones:

I a VI...

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, a que presente un informe a la opinión pública pormenorizado, donde se explique de manera detallada el estado actual respecto al cumplimiento del pago de indemnizaciones por la expropiación de tierras, a ejidos, comunidades y personas afectadas por el megaproyecto del Tren Maya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2026.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)