Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6997-III-2, miércoles 18 de marzo de 2026
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de sus dependencias competentes, a diseñar e implementar el Programa Nacional de Respuesta Inmediata contra la Violencia Digital, que garantice el retiro de contenido sexual no consentido en menos de 24 horas en todo el territorio nacional, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:
Consideraciones
El Diagnóstico de Coahuila como Espejo Nacional
La reciente información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al cierre de enero de 2026, revela que en Coahuila se denuncia una violación a la intimidad sexual cada 48 horas.
Estas 17 carpetas de investigación mensuales en una sola entidad federativa son la “punta del iceberg” de un fenómeno que a nivel nacional acumuló 510 casos en el primer mes del año.
La violencia digital no es un delito “virtual”; es una agresión con efectos devastadores en el mundo físico. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento destruye reputaciones, empleos, estabilidad emocional y, en casos extremos, ha conducido al suicidio de las víctimas, principalmente mujeres jóvenes.
Estadísticas y Cifra Negra
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Inegi, el 22 por ciento de las mujeres usuarias de internet han vivido alguna forma de acoso digital. Sin embargo, la brecha entre la incidencia y la denuncia formal es abismal. Se estima que la “cifra negra” (delitos no denunciados) en violación a la intimidad supera el 90 por ciento, debido a:
• Revictimización: El miedo a que la autoridad culpe a la víctima por haberse fotografiado.
• Ineficacia Tecnológica: La percepción de que, una vez en la red, el contenido es imposible de borrar.
• Lentitud Judicial: Un proceso penal que tarda años mientras la imagen sigue circulando.
Comparativo Internacional y Rezago Tecnológico
México frente al Estándar de la Unión Europea
Mientras que en México la Ley Olimpia ha sido un avance histórico en la tipificación (el “qué es delito”), el Ejecutivo federal ha fallado en la implementación del “cómo detenerlo”.
Países de la Unión Europea aplican el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obligan a las plataformas tecnológicas (Meta, Google, X) a retirar contenido íntimo no consentido en un plazo máximo de 24 horas tras la notificación.
En México, el retiro de contenido depende de la voluntad de las plataformas o de órdenes judiciales que los Ministerios Públicos rara vez emiten con la urgencia necesaria.
El Desafío de la Inteligencia Artificial (DEEPFAKES)
A nivel global, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) advierte que el 96 por ciento de los videos deepfake en línea son de carácter sexual no consentido. México carece de una estrategia nacional para identificar evidencia generada por IA, lo que deja a las víctimas de Coahuila y de todo el país en la indefensión ante montajes digitales que parecen reales.
Impacto psicosocial y derechos humanos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el derecho a la intimidad y a la propia imagen son derechos humanos fundamentales. La violación de estos derechos digitales constituye una forma de tortura psicológica y muerte civil.
En Coahuila, la mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 30 años. El impacto económico es directo: pérdida de oportunidades laborales y deserción escolar. El Estado mexicano, al no garantizar un entorno digital seguro, incumple con los tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará.
Propuesta de solución: la ruta crítica nacional
Para detener esta violencia, el Ejecutivo federal no puede limitarse a la vigilancia; debe actuar sobre la infraestructura digital y la arquitectura legal.
La creación de la “Ventanilla Única Digital”
Es urgente que la Guardia Nacional coordine con las 32 policías cibernéticas un sistema donde, con el número de denuncia, las plataformas tecnológicas estén obligadas a “congelar” y eliminar el contenido de forma automatizada (HASHING).
Inversión en Ciber-Forense
Las fiscalías, incluyendo la de Coahuila, requieren software de trazabilidad para identificar el origen (IP) de las filtraciones en servicios de mensajería cifrada como Telegram o WhatsApp, que actualmente funcionan como “paraísos” para la impunidad.
Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias competentes:
• Diseñe e implemente el Programa Nacional de Respuesta Inmediata contra la Violencia Digital, que garantice el retiro de contenido sexual no consentido en menos de 24 horas en todo el territorio nacional.
• Establezca convenios obligatorios con las empresas de redes sociales para que reconozcan las órdenes de protección digital emitidas por autoridades mexicanas sin necesidad de procesos burocráticos internacionales.
• Asigne presupuesto extraordinario para la modernización de las Policías Cibernéticas estatales, dotándolas de herramientas de inteligencia artificial para combatir los deepfakes.
• Lance una Campaña Nacional de Prevención y Alfabetización Digital enfocada en el consentimiento, para desincentivar el consumo de este material que alimenta redes de trata y extorsión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 marzo de 2026.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la SHCP a garantizar la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con la cobertura, metas, objetivos y acciones en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, contemplando al estado de Jalisco y, en particular, al Área Metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado integrante de la LXVI Legislatura, con fundamento en la facultad que otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias competentes de la administración pública centralizada, para que, en ejercicio de sus atribuciones, garanticen durante el año 2026 la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con la cobertura, metas, objetivos y acciones en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, contemplando al estado de Jalisco, y en particular al Área Metropolitana de Guadalajara, y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con los siguientes:
Considerandos
Hablar de federalismo es hablar de las entidades federativas; de sus potencialidades, pero también de sus retos, necesidades y desafíos. En ese sentido, Jalisco, junto con las entidades de la región centro-occidente, concentra la mayor superficie de suelo industrial en proceso de construcción y se prevé que continuará la demanda por parte de las industrias de manufactura ligera y automotriz, quienes encuentran ventajas en la zona dada su ubicación, fuerza laboral e infraestructura.1
Debemos fortalecer esa infraestructura existente, razón por la cual, dando seguimiento a trabajos realizados previamente, a través de este punto de acuerdo, buscamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga realidad la atribución prevista en el artículo 32 Bis, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, referente a formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, contemplando la difícil situación que en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento se vive en el estado de Jalisco, y en particular en el Área Metropolitana de Guadalajara:
“La zona metropolitana de Guadalajara tiene un déficit de agua potable de tres metros cúbicos por segundo (m3/seg), y en caso de no invertir en nuevas alternativas de abasto, en los próximos 25 años el faltante podría alcanzar los siete metros cúbicos por segundo.
´En un reciente estudio realizado por el Siapa (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado), en conjunto con el Consejo Nacional de Población sobre las proyecciones de crecimiento de la población (...) se prevé que en los próximos 25 años puede haber un déficit de hasta siete metros cúbicos por segundo´, afirmó el presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled.
Al presentar un diagnóstico sobre la infraestructura hidráulica en la ciudad, el dirigente de los constructores en la entidad detalló que actualmente, se requiere un suministro de 14 metros cúbicos por segundo, pero la oferta que actualmente se tiene del vital líquido es de apenas 11 metros cúbicos por segundo.
De acuerdo con el presidente de CMIC, el agua que abastece al área metropolitana proviene del acueducto Chapala-Guadalajara (5.5 metros cúbicos por segundo), del acueducto Calderón (0.5 m3/seg) y de los mantos acuíferos (4.5 m3/seg).
Frente a ello, el dirigente de la cúpula constructora en la entidad urgió a las autoridades estatales y federales a agilizar los proyectos de infraestructura hidráulica como la presa El Purgatorio que permitirá aprovechar 100 por ciento del agua del Río Verde y con ello, dijo, se lograría abastecer 5.5 m3/seg que cubrirían la demanda actual y la de los próximos 10 a 15 años.
En otro tema, el presidente de CMIC indicó que en el área metropolitana de Guadalajara existen 300 puntos susceptibles de inundación de los cuales, 46 por ciento son de alto riesgo; es decir, superan un metro de altura por lo que cada año, durante el temporal de lluvias que abarca de junio a septiembre, provocan serios problemas a la población.
Méndez Jaled refirió que, para resolver el problema, se requiere una solución integral que incluye la construcción de un drenaje profundo y el cambio de infraestructura de alcantarillado para lo cual, dijo, requiere una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos.
´Se deben separar también los canales de aguas sanitarias y de agua pluvial buscando que el agua pluvial se direccione a puntos de almacenamiento como pueden ser acuíferos, pozos o plantas de tratamiento´, puntualizó el industrial”.2
Si bien estamos frente a una nota de 2019, la problemática no solo persiste, sino que se ha intensificado, como lo evidencian investigaciones recientes realizadas por especialistas de la Universidad de Guadalajara.3
Este deterioro progresivo se relaciona con el crecimiento urbano acelerado, la impermeabilización del suelo y la falta de modernización de los sistemas de captación y conducción pluvial, lo cual incrementa la exposición de miles de familias a riesgos crecientes durante cada temporada de lluvias.
En los últimos años, las tormentas han generado numerosas afectaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellas el desbordamiento de canales pluviales, la pérdida de viviendas, el arrastre y daño de vehículos y, lamentablemente, pérdidas humanas.4
Estos fenómenos también provocan la caída de árboles, interrupciones en el transporte público, fallas en el suministro eléctrico y afectaciones en múltiples colonias, donde los escurrimientos alcanzan niveles que representan un riesgo directo para la integridad de la población.
Tales incidentes confirman que la infraestructura pluvial continúa siendo rebasada ante eventos hidrometeorológicos de alta intensidad y que las zonas de riesgo previamente identificadas mantienen patrones de recurrencia que afectan la movilidad, la seguridad y el patrimonio de miles de personas.
Asimismo, la persistencia de estos eventos ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo, alerta temprana y respuesta operativa por parte de las autoridades.
La falta de infraestructura complementaria, como tanques de tormenta, sistemas de retención pluvial y corredores de infiltración, limita la capacidad de la ciudad para disipar los escurrimientos y mitigar los riesgos que enfrentan cotidianamente los habitantes de zonas vulnerables. En este contexto, se vuelve indispensable una intervención integral orientada a fortalecer la capacidad operativa y funcional del Área Metropolitana de Guadalajara.
Aunado a lo anterior, también se ha intensificado la preocupación ciudadana por la calidad del agua que se distribuye en el área. Diversos reportes de habitantes de distintas colonias señalan que el agua que llega a los hogares presenta coloración turbia, sedimentos e incluso olores desagradables, lo que ha provocado un aumento considerable de quejas ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Esta situación no sólo evidencia posibles fallas en los procesos de potabilización y distribución, sino también el rezago en la infraestructura hidráulica de la ciudad, que durante años ha carecido de la inversión suficiente para su mantenimiento, modernización y ampliación. Frente a este panorama, resulta indispensable fortalecer la inversión en infraestructura hídrica y en los sistemas de saneamiento, a fin de garantizar a la población el acceso a agua segura, limpia y de calidad, así como condiciones adecuadas para el desarrollo urbano e industrial de la región.
Es por ello, que se propone exhortar a las dependencias competentes de la administración pública centralizada, para que en ejercicio de sus atribuciones garanticen durante el año 2026 la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con la cobertura, metas, objetivos y acciones en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, contemplando al estado de Jalisco, y en particular al Área Metropolitana de Guadalajara.
De esta forma, a través de este punto de acuerdo, recalcamos la necesidad de trabajar para que México sea más productivo y competitivo en los próximos años, pero sin olvidar los efectos inmediatos de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Como le hemos venido manifestando, requerimos acciones que fortalezcan la confianza de las inversiones en México, tanto nacionales como extranjeras, que han sido insuficientes en los últimos años, y que mejor que invertir en la infraestructura hídrica del país, como detonante de inversión física.
Por lo anteriormente expuesto y dando seguimiento a los trabajos desarrollados en la legislatura inmediata anterior, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, garanticen durante el año 2026 la implementación de las estrategias y programas institucionales suficientes que permitan cubrir y cumplir con la cobertura, metas, objetivos y acciones en materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, contemplando al estado de Jalisco y en particular al Área Metropolitana de Guadalajara.
Notas:
1. Aumenta 36 por ciento la construcción de espacios industriales en el Bajío; nearshoring empujará crecimiento. El Economista. Ver: https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Aumenta-36-la-construccion -de-espacios-industriales-en-el-Bajio-nearshoring-empujara-crecimiento- 20221019-0099.html
2. Zona metropolitana de Guadalajara enfrenta déficit de agua. Patricia Romo. 10 de junio de 2019. Ver: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Zona-metropolitana-de-Guadalaja ra-enfrenta-deficit-de-agua-20190610-0070.html
3. Ver: https://udgtv.com/noticias/transicion-la-nina-el-nino-habra-menos-agua- mas-incendiosjalisco/#:~:text=in%20your%20browser.,Advierten%20que%20po r%20transici%C3%B3n%20de%20La%20Ni%C3%B1a%20a%20El%20Ni%C3%B1o,Ni%C3%B1 o%20que%20trae%20m%C3%A1s%20humedad.
4. Rescatan a personas y quedan al menos 92 autos varados tras inundaciones en el AMG. Juan Carlos Munguía y Usi Toledo. Guadalajara. Ver: https://www.milenio.com/politica/comunidad/lluvia-guadalajara-inundacio nes-obligan-rescate-personas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar la creación de un programa de apoyo a refugios de animales domésticos, así como a realizar las adecuaciones necesarias a la legislación en materia del ISR con el fin de garantizar la deducibilidad de los gastos por concepto de alimentos para mascotas y servicios médicos veterinarios, a cargo del diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción III, y numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaun Pardo, a fin de que, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones, considere, dentro del Paquete Económico del ejercicio fiscal 2026, la asignación de recursos suficientes que garanticen la creación de un programa de apoyo a refugios de animales domésticos, así como a realizar las adecuaciones necesarias a la legislación en materia del impuesto sobre la renta y demás disposiciones de carácter general aplicables, con el fin de garantizar la deducibilidad de los gastos por concepto de alimentos para mascotas y servicios médicos veterinarios, de conformidad con los siguientes:
Considerandos
El Presupuesto de Egresos de la Federación es, sin duda, una de las herramientas más poderosas con las que cuenta el Estado mexicano para ampliar el espectro del bien común. A través de la asignación de recursos públicos, es posible fortalecer políticas que garanticen derechos, atiendan vulnerabilidades y reflejen la sensibilidad institucional ante causas que, aunque puedan parecer específicas, tienen un profundo impacto social.
Hoy, más de 7 de cada 10 hogares en México conviven con al menos una mascota. Los animales de compañía no son un lujo ni un adorno: son parte de las familias mexicanas. Sin embargo, la realidad que enfrentan millones de ellos en nuestro país sigue siendo alarmante. México se ubica entre los países con mayores niveles de maltrato animal en el mundo; se estima que más de 60 mil animales mueren al año por actos de crueldad, y cerca de 28 millones de perros y gatos viven en situación de calle. Estas cifras reflejan no solo una crisis de abandono, sino también una deuda institucional con el respeto a la vida y el trato digno.
A pesar de los esfuerzos de muchas personas e instituciones, la mayoría de los refugios y centros de cuidado animal en México operan sin apoyo público, sin recursos estables y al límite de su capacidad. En ciudades como el Valle de México, activistas reportan recibir de 15 a 20 denuncias de maltrato al día, mientras que cientos de albergues sobreviven gracias únicamente al esfuerzo voluntario, sin financiamiento ni subsidios.
El bienestar animal no debe recaer únicamente en la buena voluntad ciudadana. Por el contrario, es responsabilidad del Estado crear condiciones para que quienes rescatan, alimentan, esterilizan y cuidan a los animales cuenten con los instrumentos necesarios para seguir haciéndolo de forma digna y sostenida. Por eso, es indispensable que el Paquete Económico 2026 contemple recursos etiquetados para apoyar a entidades federativas que cuentan con instancias, públicas o privadas con regulación, dedicadas al rescate y cuidado de animales domésticos. El apoyo presupuestal a estas instituciones no solo fortalecería su operación, sino que también sería un mensaje claro de empatía, corresponsabilidad y evolución social.
En un segundo eje, también es urgente revisar la legislación fiscal desde una perspectiva de justicia familiar. Hoy por hoy, las familias mexicanas destinan entre mil y dos mil pesos mensuales en promedio al cuidado de sus mascotas. Estos gastos incluyen consultas veterinarias, vacunas, medicamentos, alimentos y esterilizaciones. No obstante, ninguno de estos gastos es deducible ante el Servicio de Administración Tributaria, a pesar de que representan una carga constante en el gasto familiar.
Diversas voces del ámbito legislativo, académico y social han propuesto incorporar estos gastos al catálogo de deducciones personales del Impuesto Sobre la Renta. La deducibilidad de los productos de alimento para mascotas y de los servicios veterinarios es una medida que traería múltiples beneficios: aliviaría la economía de los hogares, impulsaría la formalización del sector veterinario y fomentaría el cuidado responsable de los animales, contribuyendo a reducir el abandono y la sobrepoblación callejera.
Por ello, el llamado que hoy proponemos es a la comprensión, sensibilidad y compromiso del Poder Ejecutivo, en especial de la presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar:
a) La incorporación de recursos en el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2026 en apoyo a entidades con refugios, albergues y centros de cuidado animal; y
b) La realización de ajustes normativos y presupuestales, de cara al Ejercicio Fiscal 2026, que permitan la deducibilidad de alimentos y servicios veterinarios para mascotas.
Esta no es solo una propuesta técnica, sino un llamado a construir un país más humano, más empático y más solidario. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida en todas sus formas, con el fortalecimiento de las familias y con la construcción de políticas públicas que reflejen la dignidad de las personas... y también de los seres sintientes que comparten nuestros hogares.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura exhorta a la presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaun Pardo, a fin de que, en un acto de sensibilidad y solidaridad con las familias mexicanas, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio de sus atribuciones:
a) Considere, dentro del Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2026, la asignación de recursos suficientes que garanticen la implementación de acciones y estrategias institucionales orientadas a la creación de un programa de apoyo a refugios de animales domésticos, con el objetivo de asegurar su bienestar y un trato digno, así como;
b) Previo a la presentación del Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2026, realice y, en su caso, presente las adecuaciones necesarias a la legislación en materia del impuesto sobre la renta, a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 y demás disposiciones de carácter general aplicables, con el fin de garantizar la deducibilidad de los gastos por concepto de alimentos para mascotas y servicios médicos veterinarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a diseñar el programa “Pan Tradicional Mexicano”, a cargo de la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Monica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para diseñar el programa “Pan Tradicional Mexicano”, al tenor de la siguiente:
Consideraciones
El pan tradicional mexicano constituye una de las expresiones más representativas del patrimonio gastronómico y cultural del país. Su elaboración artesanal, diversidad regional, simbolismo social y arraigo comunitario lo convierten en un elemento identitario que trasciende su naturaleza alimentaria para situarse en el ámbito del patrimonio cultural vivo.
En miles de comunidades del país, la panadería tradicional no solo representa una actividad económica, sino un oficio transmitido por generaciones, que preserva técnicas, recetas, formas y significados asociados a la historia y vida cotidiana de la población. Piezas como conchas, hojaldras, cuernitos, empanadas, pan de muerto, entre muchas otras, forman parte de celebraciones, rituales, convivencias y prácticas sociales profundamente arraigadas.1
El caso del pan de muerto es particularmente ilustrativo, al constituir un símbolo del Día de Muertos y de la relación cultural de México con la memoria y la trascendencia. Su origen deriva de la fusión entre tradiciones mesoamericanas de ofrenda a los difuntos y la panadería introducida durante el periodo virreinal, integrando ingredientes europeos con cosmovisiones indígenas. Su forma, aroma y decoración poseen significados rituales que refuerzan su carácter de patrimonio cultural alimentario.2
No obstante, pese a su relevancia cultural, el marco normativo vigente no distingue con claridad entre el pan tradicional artesanal y los productos panificados de carácter industrial o ultra procesado. Esta ausencia de diferenciación jurídica impide reconocer formalmente el valor cultural del pan tradicional y limita la posibilidad de establecer políticas públicas específicas de protección, promoción y estímulo económico.
En este contexto, resulta necesario crear instrumentos normativos que permitan identificar, reconocer y fortalecer al pan tradicional mexicano como bien cultural alimentario. La certificación constituye el mecanismo idóneo para este propósito, al permitir establecer criterios objetivos de elaboración, ingredientes, procesos artesanales, identidad regional y valor cultural, diferenciándolo de productos industriales.
La certificación del “Pan Tradicional Mexicano” permitirá generar certeza jurídica respecto de qué productos pueden ser considerados patrimonio gastronómico nacional, facilitando la implementación de políticas públicas dirigidas a su preservación, promoción y fortalecimiento económico. Asimismo, permitirá vincular dicha certificación con incentivos, apoyos y beneficios fiscales destinados a panaderías artesanales, contribuyendo a su permanencia y competitividad en el mercado.
La experiencia internacional demuestra la eficacia de los esquemas normativos de protección del pan tradicional. En Francia, el denominado “Décret Pain” de 1993 estableció parámetros específicos para la elaboración de la baguette tradicional, protegiendo su carácter artesanal y diferenciándola del pan industrial. Este modelo normativo contribuyó a preservar la panadería tradicional francesa, fortaleciendo su identidad cultural y valor económico, lo que culminó con el reconocimiento de la baguette como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2022.3
De manera similar, en España el Real Decreto 308/2019 estableció definiciones legales precisas sobre los distintos tipos de pan, particularmente el pan integral y el pan artesanal, evitando prácticas comerciales engañosas y fortaleciendo la autenticidad del producto tradicional. Esta regulación permitió mejorar la trazabilidad, calidad y diferenciación del pan tradicional frente a productos industriales, generando mayor confianza del consumidor y valorización del sector panadero artesanal.
Estos antecedentes evidencian que la certificación y definición normativa del pan tradicional constituye una herramienta eficaz para su protección cultural, fortalecimiento económico y diferenciación comercial.
En México, la ausencia de un esquema de certificación del pan tradicional limita la posibilidad de instrumentar políticas públicas integrales de apoyo al sector panadero artesanal. Asimismo, dificulta la aplicación de incentivos fiscales diferenciados para productos que, por su carácter cultural y social, ameritan un tratamiento distinto al de alimentos industrializados de alta densidad calórica.
La creación del programa específico “Pan Tradicional Mexicano” dentro de la Secretaría, acompañado de un sistema de certificación, permitirá:
• Identificar formalmente el pan tradicional con valor cultural y gastronómico.
• Preservar técnicas y procesos artesanales regionales.
• Fortalecer la identidad alimentaria mexicana.
• Promover la calidad y autenticidad del producto.
• Generar condiciones para incentivos y estímulos fiscales.
• Impulsar la competitividad de panaderías tradicionales.
• Fomentar el consumo de productos culturales nacionales.
Asimismo, la certificación permitirá vincular la política cultural con la política económica y social, al proteger una actividad productiva que constituye fuente de empleo, cohesión comunitaria y economía local en numerosos municipios del país.
La implementación de este programa y su sistema de certificación se alinea con los principios constitucionales de protección del patrimonio cultural, promoción de la economía social y fortalecimiento de las tradiciones nacionales, así como con las políticas internacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial alimentario.
Por lo anterior se exhorta a la Secretaría de Economía con la finalidad de establecer un programa específico “Pan Tradicional Mexicano”, incorporando mecanismos de certificación, apoyo e incentivos dirigidos a las panificadoras tradicionales, con el objeto de promover, preservar y fortalecer la producción, calidad e identidad cultural del pan tradicional mexicano.
Con ello, el Estado reconoce formalmente al pan tradicional mexicano como patrimonio cultural alimentario y establece las bases institucionales para su protección, promoción y desarrollo sostenible.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente el programa “Pan Tradicional Mexicano”, con el objeto de promover, preservar y fortalecer la producción, calidad e identidad cultural del pan tradicional mexicano en todo el territorio nacional.
Notas:
1 https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-panaderia-mexicana.html
2 https://azapflores.com/blogs/noticias/origen-y-significado-del-pan-de-m uerto?srsltid=AfmBOooc99ChS0E2_TBspZGN0tRq1DbOOIyAYmSz0I3mSf08hvhzU2s6
3 https://www.sortiraparis.com/es/donde-comer-en-paris/eventos-gastronomi cos/articles/331496-historia-decreto-pan-baguette-tradicional
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2026.
Diputada Monica Becerra Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a implementar una campaña nacional permanente de prevención y concientización sobre los riesgos y efectos del uso de pirotecnia en la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente, a cargo de la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Amparo Lilia Olivares Castañeda y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que implemente una campaña nacional permanente de prevención y concientización sobre los riesgos y efectos del uso de pirotecnia en la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente, al tenor las siguientes
Consideraciones
La pirotecnia forma parte de diversas celebraciones tradicionales en México; sin embargo, su uso indiscriminado y, en muchos casos, ilegal, se ha convertido en un problema de seguridad pública, salud y protección ambiental que requiere ser atendido con mayor responsabilidad institucional y social.
Cada año, el uso de artefactos pirotécnicos provoca lesiones graves, quemaduras, amputaciones, incendios y explosiones, afectando principalmente a niñas, niños y adolescentes que manipulan estos productos sin las medidas de seguridad adecuadas. A ello se suma la fabricación y comercialización clandestina de pirotecnia, lo que incrementa significativamente el riesgo de accidentes.
No obstante, más allá de los riesgos inmediatos para la integridad física de las personas, el uso masivo de pirotecnia genera graves impactos ambientales que con frecuencia son minimizados o ignorados.
En primer lugar, la pirotecnia constituye una fuente importante de contaminación atmosférica. La combustión de estos artefactos libera a la atmósfera una gran cantidad de partículas finas (PM10 y PM2.5), metales pesados como bario, aluminio, cobre y estroncio, así como diversos gases contaminantes, que deterioran significativamente la calidad del aire.1 Estas partículas permanecen suspendidas en el ambiente y pueden ingresar al sistema respiratorio, generando o agravando enfermedades respiratorias, particularmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos pulmonares.
En zonas urbanas densamente pobladas, especialmente durante festividades o eventos masivos, la detonación simultánea de grandes cantidades de pirotecnia puede provocar incrementos súbitos en los niveles de contaminación atmosférica, contribuyendo a episodios de mala calidad del aire e incluso a contingencias ambientales, fenómeno que cada vez se presenta con mayor frecuencia en diversas regiones del país.
En este contexto, resulta necesario reconocer que el medio ambiente enfrenta ya una presión significativa derivada de diversas fuentes de contaminación, por lo que prácticas altamente contaminantes y evitables, como el uso indiscriminado de pirotecnia, deben ser revisadas con responsabilidad. La crisis ambiental que atraviesa el planeta exige replantear hábitos y tradiciones que, aunque culturalmente arraigados, generan impactos negativos importantes sobre la salud y los ecosistemas.
Asimismo, la pirotecnia genera contaminación acústica severa. Las detonaciones de estos artefactos pueden alcanzar niveles superiores a los 150 decibeles, muy por encima de los niveles considerados seguros para la salud humana.2 Este tipo de ruido repentino y explosivo provoca estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, crisis nerviosas y posibles afectaciones auditivas en diversos sectores de la población.
Las afectaciones son particularmente graves para personas con hipersensibilidad auditiva, personas con trastorno del espectro autista, adultos mayores, personas enfermas o en recuperación médica, así como para quienes padecen trastornos neurológicos o sensoriales. Para estas personas, la exposición a detonaciones repentinas puede desencadenar crisis de ansiedad, desorientación y severo malestar físico y emocional.
De igual manera, la contaminación acústica provocada por la pirotecnia tiene consecuencias particularmente graves para los animales, tanto domésticos como silvestres. Diversos estudios han documentado que los estallidos pirotécnicos generan episodios de pánico, desorientación, huida, lesiones e incluso la muerte de animales, especialmente en perros, gatos, aves y fauna silvestre. Muchos animales sufren crisis de estrés extremo que los lleva a escapar, perderse o sufrir accidentes.
Además de la contaminación del aire y del ruido, el uso de pirotecnia genera contaminación física del entorno, ya que después de cada evento se acumulan residuos como cartuchos, plásticos, papel, químicos y restos de combustión que terminan dispersos en calles, parques, cuerpos de agua y áreas naturales, contribuyendo al deterioro del espacio público y del medio ambiente.
El problema se agrava particularmente cuando la pirotecnia se utiliza sin control en eventos masivos, festividades patronales, ferias o celebraciones públicas, donde grandes cantidades de artefactos explosivos son detonadas en periodos cortos de tiempo, multiplicando sus efectos contaminantes y aumentando exponencialmente el riesgo de accidentes.
Ante esta situación, diversos países han comenzado a limitar o sustituir el uso de pirotecnia tradicional, implementando alternativas tecnológicas más seguras y menos contaminantes, como espectáculos de iluminación con drones, proyecciones láser o efectos visuales digitales, los cuales permiten mantener el carácter festivo de las celebraciones sin generar daños ambientales ni riesgos para la población.
Las experiencias internacionales muestran una tendencia creciente hacia la regulación más estricta o la sustitución gradual de la pirotecnia tradicional, motivada por preocupaciones relacionadas con la seguridad pública, la contaminación ambiental, el bienestar animal y la salud de las personas.
En este sentido, la adopción de políticas públicas orientadas a reducir progresivamente el uso de pirotecnia y promover alternativas tecnológicas más seguras y sustentables constituye una práctica cada vez más común a nivel internacional.
México no puede permanecer ajeno a esta discusión. Si bien es importante reconocer el valor cultural de ciertas tradiciones, también es indispensable avanzar hacia prácticas más responsables con la salud pública, la protección de los animales y el cuidado del medio ambiente.
Por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones de prevención y concientización dirigidas a la población, con el objetivo de reducir el uso indiscriminado de pirotecnia, prevenir accidentes y promover alternativas seguras y sustentables para la celebración de eventos públicos y privados.
De conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, regular, controlar y supervisar las actividades relacionadas con explosivos, incluyendo los artefactos pirotécnicos.3
No obstante, debido a que el uso, comercialización y detonación de pirotecnia ocurre principalmente en el ámbito local, resulta indispensable que las acciones de prevención y concientización se desarrollen mediante una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno.
Por ello, además de fortalecer las campañas nacionales de prevención, es fundamental que se impulse una estrategia conjunta entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, que permita difundir información, generar conciencia ciudadana y promover alternativas más seguras y sustentables para la celebración de festividades, y de manera más persuasiva en comunidades donde el uso de pirotecnia se ha vuelto una práctica recurrente.
Solo mediante acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, acompañadas de campañas permanentes de información y sensibilización social, será posible reducir los riesgos asociados al uso de pirotecnia, proteger la salud de la población y contribuir de manera efectiva al cuidado del medio ambiente.
No obstante, debido a que el uso, comercialización y detonación de pirotecnia ocurre principalmente en el ámbito local, resulta indispensable que las acciones de prevención y concientización se desarrollen mediante una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno.
Por ello, además de fortalecer las campañas nacionales de prevención, es fundamental que se impulse una estrategia conjunta entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, que permita difundir información, generar conciencia ciudadana y promover alternativas más seguras y sustentables para la celebración de festividades, especialmente en comunidades donde el uso de pirotecnia se ha vuelto una práctica recurrente.
Dicha estrategia debe orientarse no sólo a informar sobre los riesgos asociados a la pirotecnia, sino también a desincentivar su utilización, promover su reducción progresiva en celebraciones públicas y privadas, y fomentar su sustitución por alternativas tecnológicas y espectáculos visuales que no generen contaminación atmosférica, acústica ni residuos contaminantes, tales como espectáculos de iluminación con drones, proyecciones láser u otras herramientas visuales que han sido adoptadas en diversas ciudades del mundo.
El objetivo de esta estrategia debe ser evitar el uso indiscriminado de pirotecnia, particularmente en eventos masivos, donde su detonación simultánea genera altos niveles de contaminación del aire, contaminación auditiva y contaminación física del entorno, además de representar riesgos importantes para la seguridad de las personas y afectar gravemente a animales domésticos y fauna silvestre.
En este sentido, la implementación de campañas permanentes de información y sensibilización social, acompañadas de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, permitirá avanzar hacia un modelo de celebraciones más seguras, responsables y respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo a la protección de la salud pública y al bienestar animal.
Los datos disponibles evidencian que el uso de pirotecnia no sólo representa un riesgo directo para la seguridad de las personas, sino que también constituye una fuente relevante de contaminación ambiental y de afectaciones a la salud pública. La liberación de partículas contaminantes, metales pesados y gases tóxicos durante su detonación contribuye al deterioro de la calidad del aire, particularmente en zonas urbanas densamente pobladas, donde su utilización masiva durante festividades y eventos públicos puede provocar incrementos significativos en los niveles de contaminación atmosférica.
A ello se suma la contaminación acústica que generan estos artefactos, cuyos niveles de ruido superan ampliamente los límites considerados seguros para la salud humana, provocando estrés, alteraciones del sueño, ansiedad y crisis sensoriales en distintos sectores de la población, especialmente en niñas y niños, adultos mayores, personas con hipersensibilidad auditiva o con trastorno del espectro autista. Asimismo, las detonaciones pirotécnicas generan efectos adversos en los animales domésticos y en la fauna silvestre, al provocar episodios de pánico, desorientación, huida y lesiones que incluso pueden derivar en la muerte de estos.
Las cifras sobre accidentes asociados al uso de pirotecnia resultan igualmente preocupantes. Durante temporadas festivas, los casos de quemaduras y lesiones se incrementan de manera considerable, afectando principalmente a menores de edad, quienes con frecuencia manipulan estos artefactos sin conocimiento de sus riesgos ni supervisión adecuada. Estas lesiones pueden ocasionar daños permanentes, discapacidades e incluso pérdidas humanas.
Frente a esta realidad, diversas ciudades y países han comenzado a replantear el uso de la pirotecnia tradicional, adoptando regulaciones más estrictas o sustituyéndola por alternativas tecnológicas más seguras y sustentables, como espectáculos de iluminación con drones o proyecciones visuales, que permiten preservar el carácter festivo de las celebraciones sin generar los impactos negativos asociados a los artefactos explosivos.
En un contexto global marcado por la creciente preocupación por la protección del medio ambiente, la salud pública y el bienestar animal, resulta indispensable que el Estado mexicano impulse acciones orientadas a prevenir los riesgos asociados al uso de pirotecnia, fomentar una mayor conciencia social sobre sus efectos y promover alternativas más responsables para la realización de celebraciones públicas y privadas.
En este contexto, resulta necesario fortalecer las acciones institucionales orientadas a generar mayor conciencia social sobre los riesgos asociados al uso de pirotecnia, así como impulsar mecanismos de prevención que permitan reducir sus efectos negativos. En este sentido, y considerando que corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la regulación y supervisión de las actividades relacionadas con explosivos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se estima pertinente exhortar a dicha dependencia para que, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, fortalezca las estrategias de información, prevención y concientización dirigidas a la población, con el objetivo de promover prácticas más seguras y responsables en la realización de celebraciones y eventos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que implemente una campaña nacional permanente de prevención y concientización sobre los riesgos y efectos del uso de pirotecnia en la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en coordinación con las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios, impulse una estrategia integral orientada a prevenir accidentes, particularmente en eventos masivos y celebraciones públicas en los que se utilice pirotecnia; y promueva la adopción progresiva de alternativas tecnológicas y sustentables que eviten la contaminación atmosférica, acústica y física, así como las afectaciones a las personas y a los animales.
Notas
1 https://www.youtube.com/watch?v=R2rdAh9PI8Q&t=1s
2 https://www.infobae.com/salud/2025/12/14/fiestas-y-pirotecnia-cual-es-e l-impacto-ambiental-y-las-consecuencias-para-la-salud-auditiva/
3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAFE.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda (rúbrica)