Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6997-III-1, miércoles 18 de marzo de 2026
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente a las Fiscalías Generales y Sistemas DIF, para garantizar la aplicación efectiva de las leyes contra el abandono y la omisión de cuidados hacia personas adultas mayores, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, integrante de la LXVI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se solicita respetuosamente a las Fiscalías Generales y Sistemas DIF, para garantizar la aplicación efectiva de las leyes contra el abandono y la omisión de cuidados hacia personas adultas mayores, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Dentro del marco jurídico inoperante, a pesar de que la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y los Códigos Penales estatales tipifican en los artículos 335-343 del Código Penal Federal que el abandono es un delito 1 que alcanza penas de prisión y pérdida de derechos hereditarios, en la práctica la judicialización de estos casos es mínima.
Los antecedentes indican que 16 % de los adultos mayores en México se encuentran en situación de abandono o sufren algún tipo de maltrato. Esto incluye exclusión laboral, vulnerabilidad económica y aislamiento social.2 El abandono se considera un delito penal en México, no se limita a la falta de compañía, sino que abarca negligencia física, emocional, económica y violencia psicológica. Puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como en instituciones como asilos.3
El Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), creado en 2019, por la Secretaría de Bienestar (Sebien) en la Ciudad de México, busca prevenir situaciones de abuso, abandono y discriminación. Su modelo de atención integral se centra en:
• Salud física y emocional.
• Autonomía y sistema de cuidados.
• Protección y dignidad.
• Inclusión y bienestar.
• Fortalecimiento institucional.4
El abandono no debe ser considerado un “conflicto familiar”, ya que dicha clasificación desvirtúa su gravedad y propicia la impunidad institucional. Es indispensable reconocerlo como una forma de violencia que vulnera derechos humanos, particularmente de personas en situación de vulnerabilidad, y cuya correcta tipificación exige la incorporación obligatoria de la perspectiva de género y de vejez en la procuración y administración de justicia, conforme a la legislación nacional y los instrumentos internacionales, garantizando así la debida diligencia y la protección efectiva de quienes requieren especial tutela.
La vulnerabilidad extrema, el abandono no solo es físico, patrimonial, médico y emocional, la falta de cumplimiento de la ley por parte de las autoridades encargadas de su vigilancia constituye una violación directa a los Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.
La problemática aún sigue siendo la misma muchos adultos mayores son percibidos como “carga social ”, lo que genera exclusión y vulneración de sus derechos humanos.
Cabe mencionar que el abandono institucional se da cuando el estado no supervisa en asilos y centros de cuidado o cuando los Ministerios Públicos no actúan, donde la falta de atención física, emocional y económica puede derivar en negligencia y violencia psicológica.5
La insuficiencia de mecanismos de supervisión y la carencia de recursos en determinados programas públicos y privados han propiciado prácticas negligentes que comprometen la calidad de los servicios. Esta situación vulnera el bienestar de las personas beneficiarias, erosiona la confianza institucional y facilita la comisión de irregularidades. Asimismo, la limitación presupuestal restringe la capacidad de respuesta frente a las necesidades sociales, generando vacíos en la atención, perpetuando desigualdades y debilitando el impacto positivo que tales iniciativas deberían garantizar.
Conapred señala que los problemas más graves que enfrentan las personas mayores son abandono, exclusión social y discriminación, lo que refleja una falla estructural en la protección de sus derechos.6
Factores que agravan el abandono :
• Exclusión laboral: Al no ser considerados productivos, muchos adultos mayores quedan sin ingresos ni seguridad económica.
• Percepción de “carga social”: Se les ve como dependientes, lo que vulnera su dignidad y derechos humanos.
• Aislamiento y soledad: Enfermedades crónicas y falta de redes de apoyo incrementan el riesgo de abandono.
El abandono familiar e institucional no solo es un problema social, sino también una violación a los derechos humanos de los adultos mayores , pues niega autonomía, dignidad y acceso a una vida plena. Además, se considera un delito penal en México cuando implica negligencia o maltrato.7
Las leyes modernas están migrando de un enfoque “asistencialista ”, ver al adulto mayor como alguien que necesita caridad, donde el adulto mayor tiene derecho a la autonomía y a una vida libre de violencia.
Desmitificar la noción de abandono como un tránsito exclusivo de lo privado hacia lo público constituye el primer paso para concientizar y erradicar la idea de que el cuidado es un asunto meramente familiar. El abandono debe ser entendido como una omisión con relevancia ciudadana y jurídica, en la que el principio rector es claro: cuidar no es un acto de benevolencia, sino un deber jurídico exigible.
En este sentido, cuando la norma jurídica no actúa , corresponde a la sociedad señalar la brecha entre el mandato legal y su aplicación efectiva. Solo visibilizando los puntos de ruptura en la cadena de justicia se podrá comprender por qué las disposiciones legales no alcanzan su plena eficacia y, en consecuencia, impulsar las reformas necesarias para garantizar que el derecho al cuidado sea reconocido y protegido como un bien público jurídico tutelado.
El abandono no puede ser considerado únicamente como ausencia de violencia física, pues constituye una forma de agresión con implicaciones jurídicas y sociales. En este contexto, el estado incurre en responsabilidad por omisión al no garantizar la suficiencia de asilos públicos ni establecer mecanismos eficaces de supervisión en residencias privadas, configurando una vulneración al deber de protección. Esta situación exige la adopción de medidas legislativas y administrativas que aseguren el principio de corresponsabilidad en materia de cuidado y eviten colocar a las personas adultas mayores en situación de riesgo.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados les solicita respetuosamente a las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas para que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, emitan o actualicen sus protocolos de actuación con perspectiva de género y de vejez, garantizando la debida diligencia en la integración de carpetas de investigación relativas a los delitos de abandono y omisión de cuidados.
Segundo. La Cámara de Diputados le solicita respetuosamente al titular de El Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) y las autoridades competentes en materia de bienestar social, impulsarán campañas de sensibilización jurídica para desmitificar el abandono como un conflicto del ámbito privado y promover el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y un deber legal exigible.
Tercero. La Cámara de Diputados les solicita respetuosamente a las autoridades competentes, tanto a nivel Federal como en las entidades federativas, que en el marco de sus atribuciones evalúen la capacidad institucional destinada al fortalecimiento de las instancias de protección al adulto mayor, con el propósito de prevenir posibles omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
Notas:
1. https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro- segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-vii/
2. https://www.gaceta.unam.mx/abandonado-el-16-de-adultos-mayores/?utm_sou rce=copilot.com
3. https://canitas.mx/guias/abandono-en-el-adulto-mayor-2/?utm_source=copi lot.com
4. https://sebien.cdmx.gob.mx/instituto-para-el-envejecimiento-digno
5. https://canitas.mx/guias/abandono-en-el-adulto-mayor-2/?utm_source=copi lot.com
6. https://www.gob.mx/segob/prensa/abandono-exclusion-social-y-discriminac ion-los-principales-problemas-que-enfrentan-las-personas-mayores-conapr ed
7. https://canitas.mx/guias/abandono-en-el-adulto-mayor-2/?utm_source=copi lot.com
Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de marzo de 2026.
Diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al titular de la SICT que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse la revisión de los precios excesivos y prácticas abusivas en el servicio de autotransporte federal, con el fin de proteger a los usuarios, a cargo de la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo, integrante de la LXVI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse la revisión de los precios excesivos y prácticas abusivas en el servicio de autotransporte federal, con el fin de proteger a los usuarios al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
En el contexto actual el servicio de transporte en las terminales aéreas del país se rige bajo la figura de zona federal, actualmente, esto crea un monopolio de facto para las agrupaciones de taxis concesionados, limitando la libre elección del consumidor y restringiendo la competencia.
Esta problemática se centra en el abuso al usuario se han identificado tres puntos críticos que vulneran los derechos de los ciudadanos y turistas.
1. Precios inflados y falta de transparencia
• Cobros excesivos en transporte de servicios turísticos.
• Prácticas engañosas como tarifas ocultas o cargos adicionales no informados.
• Esto genera desconfianza y afecta la percepción de seguridad y justicia en el destino.1
2. Deficiencia en la calidad y cumplimiento de servicios
• Publicidad engañosa que no corresponde con la experiencia real.
• Falta de mecanismos efectivos para reclamar o exigir compensaciones.
3. Trato inadecuado y vulneración de derechos del consumidor
• Discriminación o maltrato hacia turistas nacionales y extranjeros.
• Falta de información clara sobre derechos y obligaciones.
• Escasa protección legal o desconocimiento de instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).2
Se observa una marcada distorsión en el mercado de transporte terrestre en zonas federales, donde las tarifas vigentes presentan una asimetría de entre el 100% y el 200% respecto a los precios de mercado de la zona urbana circundante. Esta disparidad, sumada a la restricción de acceso a plataformas tecnológicas de movilidad, constituye un monopolio de facto que vulnera el derecho de libre elección del consumidor y contraviene los principios de libre competencia y concurrencia previstos en el marco constitucional.
Derivado de la ausencia de certeza jurídica en la materia, se han generado conflictos sociales que han escalado en confrontaciones físicas y actos de hostigamiento hacia conductores de aplicaciones y usuarios, lo cual ha impactado negativamente en la percepción de seguridad y confianza en los destinos turísticos.
Basándonos en fundamentos legales y derechos humanos el derecho a la movilidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y calidad.
La libre competencia en su artículo 28o constitucional prohíbe las prácticas monopólicas, mantener la exclusividad del transporte en aeropuertos sin criterios de competitividad modernos podría interpretarse como una práctica que daña el bienestar del consumidor.
La justificación de este exhorto se basa en la tecnología de transporte por aplicación no es una tendencia pasajera, sino un estándar global de eficiencia, el estado debe garantizar que las zonas federales no sean espacios de exclusión tecnológica, sino ejemplos de modernidad y justicia económica. No se busca eliminar al taxi tradicional, sino equilibrar la balanza para que el usuario sea quien decida, basado en calidad y precio.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM ) lanzó un aviso en el que los usuarios podrán conocer los sitios autorizados para la solicitud de taxis por aplicación como Uber o DiDi , sin infringir el reglamento.3
Debido a la constante solicitud por parte de usuarios del servicio de taxis por aplicación, el AICM, ha implementado medidas para regular los sitios en los que se puede recoger a los viajeros, ya que dentro del aeropuerto no se pueden solicitar taxis por aplicación al tratarse de una zona federal, principalmente por razones de seguridad y regulación.
La situación de los taxis por aplicación (como Uber , DiDi o Cabify ) en los aeropuertos varía constantemente según las leyes locales. A día de hoy, en 2026, la tendencia global es hacia la apertura, impulsada en gran medida por grandes eventos internacionales.
En diversos aeropuertos de la República Mexicana, particularmente en el AICM, y en el Aeropuerto Internacional de Cancún, se han documentado múltiples denuncias por parte de usuarios respecto a abusos cometidos por concesionarios de taxis de sitio. Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:
• La imposición de tarifas excesivas y desproporcionadas , sin mecanismos claros de transparencia ni supervisión efectiva.
• El trato grosero y hostil hacia los pasajeros, lo que vulnera el derecho a recibir un servicio digno y de calidad.
• La existencia de prácticas monopólicas , que restringen la libre competencia y limitan la posibilidad de que los usuarios elijan entre diversas opciones de transporte.
• La falta de alternativas de movilidad seguras y accesibles dentro de las terminales aeroportuarias, lo que coloca a los pasajeros en una situación de indefensión y vulnerabilidad.
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) En 2017 sancionó con 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas del AICM, por acuerdos colusorios para fijar tarifas elevadas. Se consideró una práctica monopólica absoluta en el sector transporte.
AICM y tarifas oficiales Los taxis autorizados dentro del aeropuerto tienen tarifas significativamente más altas que los taxis de aplicación o libres. Autoridades del aeropuerto han justificado los precios por factores como seguridad, disponibilidad 24/7 y costos de operación, aunque usuarios los perciben como desproporcionados.4
Se han recibido reportes y cifras documentadas que evidencian denuncias formuladas por usuarias respecto de actos de acoso y abuso perpetrados por conductores de taxis que operan en las zonas de aeropuertos. Dichas denuncias constituyen un indicador de riesgo para la seguridad y la integridad de las personas usuarias, lo que obliga a las autoridades competentes a establecer medidas de prevención, supervisión y sanción, a fin de garantizar un servicio de transporte seguro, digno y libre de violencia.
AICM: En 2020, mujeres concesionarias de taxis en el aeropuerto denunciaron públicamente acoso sexual por parte de líderes de los grupos de taxistas. Estas denuncias incluso derivaron en enfrentamientos físicos entre choferes en la Terminal 1.5
Casos recientes en México: Desde 2022, se han documentado múltiples denuncias de mujeres que sufrieron acoso sexual por parte de taxistas. Algunos casos han sido graves, llegando incluso a la muerte de una joven. Estos incidentes han visibilizado la violencia machista que enfrentan las mujeres al usar taxis en distintas ciudades.6
Cifras en la Ciudad de México (CDMX): En 2021 se registraron 69 carpetas de investigación por violación y acoso sexual en taxis en la Ciudad de México. A pesar de políticas de seguridad implementadas, las denuncias continúan. Muchas mujeres han optado por usar aplicaciones de transporte privado, aunque también ahí se han reportado agresiones.7
A pesar de la existencia de mecanismos formales de denuncia ante el AICM, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como de múltiples reportes en medios de comunicación que acreditan la recurrencia de estas prácticas, las mismas persisten sin que se haya instrumentado solución efectiva por parte de las autoridades competentes.
La falta de datos transparentes ha sido uno de los argumentos para impulsar reformas que permitan la entrada de plataformas digitales como Uber y Didi en aeropuertos, ofreciendo más opciones y competencia, tanto en calidad como en servicio.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados le solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los aeropuertos permita el acceso a los conductores por aplicación.
Segundo. La Cámara de Diputados le solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a actualizar el reglamento de autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para permitir la operación legal de plataformas digitales de transporte en zonas federales.
Tercero. La Cámara de Diputados le solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a implementar operativos de vigilancia permanente en las terminales aéreas para sancionar los cobros excesivos y asegurar que las tarifas estén debidamente exhibidas y justificadas.
Cuarto. La Cámara de Diputados le solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Guardia Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, priorice la seguridad de los usuarios y se abstenga de realizar actos de molestia contra conductores de aplicaciones de transporte, en tanto se armoniza la legislación correspondiente.
Notas:
1. https://www.lapalestra.com.co/articulos/las-consecuencias-del-abuso-a-v iajeros-en-altas-temporadas-una-advertencia-para-el-futuro-del-turismo/ ?utm_source=copilot.com
2. https://www.gob.mx/profeco/documentos/informacion-para-las-y-los-consum idores-turistas?state=published
3. https://www.infobae.com/mexico/2024/09/13/aicm-estos-son-los-sitios-aut orizados-para-pedir-taxis-por-aplicacion/#:~:text=De%20manera%20recient e%2C%20el%20aeropuerto,hacerlo%20en%20los%20sitios%20establecidos&t ext=El%20Aeropuerto%20Internacional%20de%20la,aplicaci%C3%B3n%20en%20la s%20dos%20terminales.
4. https://guillermoortega.com/pais/por-que-los-taxis-del-aeropuerto-son-t an-caros?utm_source=copilot.com
5. https://www.contramuro.com/mujeres-taxistas-denuncian-acoso-y-termina-e n-pleito/?utm_source=copilot.com
6. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/26/acoso-sexual-en-taxis -casos-que-muestran-el-infierno-que-viven-las-mujeres-al-viajar-en-mexi co-476508.html?utm_source=copilot.com
7. https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/3/3/violencia-contra-mujeres- el-miedo-de-abordar-un-taxi-en-la-cdmx-504680.html
Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de marzo de 2026.
Diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila y al Congreso del estado de Coahuila a fortalecer el blindaje electoral con motivo del proceso electoral 2025-2026, se solicita respetuosamente mediante coordinación con autoridades federales y la incorporación de la Secretaría de Bienestar y de la GN a la Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral, con el propósito de garantizar el uso imparcial de los programas sociales y reforzar las acciones de seguridad, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, la diputada Cintia Cuevas Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I; 79, numeral I, fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones
Consideraciones
El 1o de diciembre de 2025, en Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio inicio formal al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, en el que se elegirán las diputaciones del Estado de Coahuila de Zaragozai .
Es preciso señalar que los principios que rigen todo proceso electoral son:
• Certeza: todos los actos decisiones del Instituto Electoral se realizan de forma institucional y profesional, apoyados en procesos legítimos, transparentes y auditables para el cumplimiento cabal de sus funciones.
• Legalidad: con sustento, reconocimiento y estricto apego al mandato constitucional y sus leyes, el Instituto Electoral motiva y fundamenta sus actos, hace solo lo que la ley permite, nada fuera ni nada por encima de ella.
• Independencia: Ejercicio de la autonomía y separación de cualquier poder establecido, que permite la toma de decisiones con libertad e imparcialidad, sustentada en la ley y al margen de presiones políticas o administrativas.
• Imparcialidad: actuación neutral del Instituto Electoral que vela por el interés social sobre cualquier interés partidario o personal en el cumplimento de su misión y de los valores fundamentales de la democracia.
• Máxima publicidad: hacer pública la información que el Instituto Electoral posee y genera .
• Objetividad: capacidad que apoya la imparcialidad de las decisiones al observar los hechos por encima de opiniones e interese particulares, examinando los fenómenos en todos sus aspectos para que la toma de decisiones esté apegada a la realidad y reduzca al mínimo el error en las valoraciones que realiza ii .
Además, en todo proceso electoral, deben observarse las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo señalado en el artículo 134, primer párrafo:
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados iii .
Por su parte, el párrafo octavo del citado artículo señala:
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos iv .
En este sentido, resulta fundamental garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con fines político-electorales, a fin de preservar la equidad en la contienda.
En la última década comenzó a implementarse en diversos estados e instituciones el denominado ¨Blindaje electoral¨. De acuerdo con la página del Instituto Electoral de Coahuila:
Blindaje electoral: es una política pública a través de la transparencia y rendición de cuentas, tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto a las acciones institucionales sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos durante los comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines Político-Electorales v .
Entre las actividades que se realizan como parte de esta estrategia se encuentran:
Resguardo del parque vehicular: se revisa el parque vehicular con base en los listados que le sean proporcionados. (Quedando excluidos de este proceso los siguientes vehículos: patrullas, ambulancias, bomberos, protección civil y los que se utilizan en servicios primarios).
Resguardo de bienes inmuebles: se revisan los inmuebles en los que se desarrollan las actividades de la Administración Pública (dependencia, organismos descentralizados, coordinaciones regionales y presidencias municipales), a fin de verificar que al interior y exterior de los mismos no exista propaganda partidista, y que no sea utilizado como punto de reunión ciudadana con fines políticos o electorales (quedando excluidos de este proceso los siguientes inmuebles: hospitales, seguridad pública, protección civil, bomberos).
Resguardo de programas sociales: sus beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral vi .
En ese sentido, el resguardo de los programas sociales resulta fundamental para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral. Por ello, en los últimos años se ha integrado en el Estado de Coahuila una Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral.
El 6 de marzo de 2026 diversas dependencias estatales, el Congreso del Estado y la autoridad electoral formalizaron la integración de la Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral, que tiene como objeto vigilar la integridad de los comicios de este año, ahora no sólo resguardando los programas sociales para evitar su uso indebido en la elección, sino también para tomar medidas en materia de seguridad pública.
[...] Al integrar esta comisión, el Estado no sólo incluyó a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que operan y supervisan la correcta aplicación de programas sociales, sino que también incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado vii .
Si bien esta Comisión es de carácter estatal, resulta relevante considerar la participación de instituciones federales que desempeñan un papel fundamental en la implementación de programas sociales y en el fortalecimiento de la seguridad pública. Entre ellas destacan la Secretaría de Bienestar y la Guardia Nacional.
La primera es responsable de operar diversos programas sociales federales, entre ellos:
¨Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores¨, ¨Programa Pensión el Bienestar de las Personas con Discapacidad¨, ¨Programa para el Bienestar de Niños, Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras¨ y ¨Programa Sembrando Vida¨, ¨Pensión Mujeres Bienestar¨.
Si bien no todos los programas sociales que maneja la Secretaría del Bienestar llegan al Estado de Coahuila, resulta indispensable su participación en los mecanismos de blindaje electoral, con el objetivo de garantizar que, tanto los programas sociales a cargo del Gobierno del estado de Coahuila, así como los dependientes de la Federación, ejecuten una estrategia coordinada y con parámetros similares.
Por su parte, la Guardia Nacional se creó con el objetivo de que no realizará operativos especiales, sino que en sus despliegues serán en apoyo de las fuerzas de seguridad locales, con los cuales trabajarán de manera coordinada viii .
Por otra parte, para las elecciones del 4 de junio de 2023:
[...] se instaló un centro de monitoreo para vigilar que las elecciones en el Estado de México y en Coahuila se desarrollen con normalidad .
[...]
Fuentes consultadas señalaron que elementos de la GN realizan patrullajes preventivos en las dos entidades para asegurar una jornada electoral en paz.
Las autoridades establecieron una vinculación con las autoridades estatales para atender de forma conjunta los llamados de emergencia que se generen durante la jornada electoral ix .
En ese sentido, su participación resulta relevante para reforzar las acciones en materia de seguridad pública y prevenir posibles actos que puedan afectar la integridad del proceso electoral.
Por lo anteriormente expuesto, resulta de suma importancia fortalecer la coordinación y colaboración con estas autoridades federales, a fin de asegurar la imparcialidad, equidad, legalidad y certeza en el desarrollo del proceso electoral local 2025-2026.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila y al Congreso del Estado de Coahuila a fortalecer el blindaje electoral con motivo del proceso electoral 2025-2026, se solicita respetuosamente mediante coordinación con autoridades federales y la incorporación de la Secretaría de Bienestar y de la Guardia Nacional a la Comisión Interinstitucional de Blindaje Electoral, con el propósito de garantizar el uso imparcial de los programas sociales y reforzar las acciones de seguridad.
Notas:
i. Instituto Electoral de Coahuila. (2026). Antecedentes, en ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LOS COMITÉS DISTRITALES ELECTORALES QUE SUPERVISEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATD) Y, EN SU CASO, EN LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN (CCV), CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2026-2026.
ii. Instituto Electora de Coahuila. (s.f.). Principios. Página web disponible en: https://iec.org.mx/v1/index.php/acerca-del-iec/principios consultado el 08 de marzo de 2026
iii. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
iv. Ibidem
v. Contraloría Social, Coahuila. (s.f.) Blindaje electoral. Página web disponible en: https://www.contraloriasocial.gob.mx/blindajeelectoral/ consultada el 08 de marzo de 2026.
vi. Ibidem
vii. Arellano, Zitamar. (2026). Forman comisión de blindaje electoral contra el crimen. Página web disponible en: https://massinformacion.com.mx/forman-comision-de-blindaje-electoral-co ntra-el-crimen/ consultado el 08 de marzo de 2026
viii. Gobierno de México. (2019). ¿Qué es la Guardia Nacional? Página web disponible en: https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/blog-noticias-1 consultado el 09 de marzo de 2026.
ix. Wachauf, Daniela. (2023). Elecciones 2023: Con Guardia Nacional, instalan centro para vigilar comicios en Edomex y Coahuila. Portal de noticias web. N+. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2023-con-guardia-n acional-instalan-centro-para-vigilar-comicios-en-edomex-y-coahuila/ consultado el 09 de marzo de 2026
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026
Diputada Cintia Cuevas Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita a la SEP, en coordinación con la Conaliteg, a diseñar, producir y distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos con los ajustes razonables para alumnas, alumnos y personal docente de los centros de atención múltiple, suscrita por las diputadas Marisela Zúñiga Cerón y Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben diputadas Marisela Zúñiga Cerón y Mónica Herrera Villavicencio, Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Problemática
La reforma constitucional en materia de derechos humanos que sucedió en el año 2011 obligó al Estado mexicano a realizar los cambios necesarios a fin de adoptar la norma jurídica que más y mejor proteja a las personas en general. A quince años de dicha reformar constitucional, aún se continúa adaptando la norma suprema vigente.
El boletín 218 titulado “Conaliteg ha distribuido 117 millones de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2025–2026: El Secretario de Educación Mario Delgado” menciona lo siguiente:
“El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el 8 de julio de 2025, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha distribuido 117 millones 791 mil 844 libros, destinados a 24.1 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestras y maestros en todo el país. Estos materiales, alineados con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, serán utilizados en el ciclo escolar 2025 2026, que iniciara el próximo 1 de septiembre .
... Informó que esta cifra incluye 9 millones 182 mil 770 ejemplares para preescolar, 82 millones 98 mil 263 para primaria -los cuales se distribuyeron en su totalidad el pasado 3 de junio- y 26 millones 510 mil 811 para secundaria. ... Delgado Carrillo destacó que México cuenta con la planta de producción Braille más grande de Latinoamérica, puesta en marcha durante esta administración. Para este ciclo escolar 2025-2026 se contempla la elaboración de 12 mil 125 libros en Braille para primaria, secundaria y telesecundaria. En cuanto a los libros en formato Macrotipo, informó que para el año lectivo se producirán 81 mil 450 ejemplares que se entregarán a estudiantes con baja visión.” Sic
El boletín que se acaba de citar da cuenta de los libros de texto gratuito que genera y distribuye la Conaliteg a escuelas de nivel básico; a su vez, informa que se elaborarán materiales en sistema Braille y en formato Macrotipo para secundarias y telesecundarias así como para estudiantes de baja visión, respectivamente sin embargo, las y los educandos que atienden los Centros de Atención Múltiple (CAM) también requieren de libros de texto gratuito adecuado a las discapacidades con las que viven.
Los CAM son Centro de Atención Múltiple que brindan atención escolarizada a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso a escuelas regulares.
En los Centro de Atención Múltiple se proporciona la Educación Especial, que es una modalidad de la educación Básica con servicios educativos escolarizados y de apoyo.
La tabla anterior fue extraída y consultada del documento titulado “Principales cifras del sistema educativo nacional 2024 – 2025” editado y publicado por la Secretaria de Educación Pública donde se observa que en ciclo escolar 2024-2025 se atendieron a 677,929 estudiantes en 1,722 Centro de Atención Múltiple y 4,817 Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, por lo que, en cifras aproximadas y reales se requieren esa cantidad de libros de texto gratuitos y materiales didácticos con sus respectivos ajustes razonables para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que acuden al sistema escolarizado de educación en todo el país.
En el mismo sentido, personas que conforman Organizaciones de la sociedad civil, han expresado que tienen a su hijos e hijas recibiendo educación en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y que cada año escolar les entregan libros de texto gratuitos regulares, es decir, sin ningún ajuste razonable que dignifique la educación de las personas con discapacidad.
Por lo anterior, es urgente y necesario que se generen libros de texto gratuitos y materiales didácticos acordes a los planes y programas de estudios de la Nueva Escuela Mexicana que permita estar en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos para las niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en general a fin de que tengan acceso pleno a la educación.
Considerandos
Primero.- Qué el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidas en si misma; a su vez prohíbe la discriminación motivada por las discapacidades, entre otras. Que el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a toda persona el derecho a la educación básica siendo la inicial, primaria, secundaria. A su vez, el artículo 4o de dicha Constitución en su párrafo décimo séptimo, confiere que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho de edad.
Segundo.- Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 7 denominado Niños y niñas con discapacidad, en su numeral 1 establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Qué el artículo 24 titulado Educación de la Convención en comento menciona que los Estados parte aseguraran que las niñas y los niños con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria y gratuita; así mismo se deben adoptar medidas pertinentes para facilitar el aprendizaje en Braille, la lengua de señas, así como el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
Tercero.- Que la Ley General de Educación en su artículo 7, fracción segunda asegura que la Educación es inclusiva, con perspectiva de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, por lo que las autoridades educativas adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables; así como proveer los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, a su vez establece la educación especial disponible en todos los niveles y modalidades misma que deberá proporcionar las condiciones necesarias para su enseñanza.
Cuarto.- Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su capítulo III titulado Educación, en el artículo 12, fracción VII garantiza la inclusión de la enseñanza del sistema de escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille , macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad.
Quinto.- Que las alumnas y los alumnos inscritos en los Centros de Atención Múltiple cuenten con los libros de texto gratuitos adecuados permitirá cumplir con el deber del estado mexicano de dotar de los materiales necesarios para que tengan pleno acceso al derecho a la educación y a su vez, disminuir la brecha de desigualdad social que ha marcado históricamente a las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, diseñar, producir y distribuir libros de texto gratuito y materiales didácticos con los ajustes razonables para alumnas, alumnos y personal docente de los Centros de Atención Múltiple.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputadas: Marisela Zúñiga Cerón, Mónica Herrera Villavicencio (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a diversas dependencias del gobierno federal y al Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a implementar acciones para promover y visibilizar las lenguas indígenas de México durante la celebración de dicho evento internacional, a cargo del diputado Luis Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Luis Morales Flores , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación mexicana es pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y establece la obligación del Estado de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.1
2. Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, con la misma validez que el español en los territorios donde se hablan.2
3. Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en México se hablan 68 lenguas indígenas y más de 360 variantes lingüísticas, las cuales constituyen un patrimonio cultural invaluable para el país.3
4. Que muchas de estas lenguas enfrentan riesgos de desplazamiento o desaparición, por lo que resulta fundamental impulsar acciones institucionales que contribuyan a su reconocimiento, preservación, difusión y fortalecimiento.
5. Que México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.4
6. Que la celebración de este evento representa una oportunidad histórica para proyectar al mundo la riqueza cultural y lingüística de México, así como para promover el reconocimiento de los pueblos originarios.
7. Que incorporar lenguas indígenas en materiales informativos, señalética, campañas culturales y actividades vinculadas con el Mundial 2026 contribuirá a visibilizar la diversidad cultural del país y a fortalecer el respeto a la diversidad lingüística.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar acciones para promover y visibilizar las lenguas indígenas de México en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México a considerar la incorporación de lenguas indígenas en materiales informativos, señalética turística, campañas culturales y contenidos audiovisuales relacionados con el evento.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a explorar la posibilidad de incorporar mensajes de bienvenida en lenguas indígenas mexicanas durante actividades culturales y espacios públicos vinculados con la celebración del Mundial 2026.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente que las acciones derivadas del presente Punto de Acuerdo, en su caso, sean difundidas a través de los medios institucionales correspondientes, a fin de promover el reconocimiento y la preservación de las lenguas indígenas de México.
Notas:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2°. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
2. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf
3. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. https://www.inali.gob.mx
4. FIFA, FIFA World Cup 2026. https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputado Luis Morales Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la SHCP y al IMSS-Bienestar a revisar, actualizar y fortalecer el esquema de becas otorgadas a médicas y médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social, a fin de garantizar condiciones dignas para el desempeño de su labor, particularmente en zonas de alta y muy alta marginación, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera : El derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4 constitucional, no puede entenderse únicamente como una declaración normativa, sino como una obligación concreta del Estado mexicano de garantizar servicios médicos accesibles, suficientes y de calidad para toda la población. De conformidad con la Ley General de Salud; el Sistema Nacional de Salud, integrado por entidades públicas y privadas bajo mecanismos de coordinación, tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho a la protección de la salud en México. Para lograrlo, busca proporcionar servicios universales y de calidad con un enfoque preventivo, promoviendo el bienestar social de grupos vulnerables, el desarrollo familiar y comunitario, y el respeto a la medicina tradicional indígena. Asimismo, sus metas incluyen el impulso a la salud ambiental, la formación de recursos humanos,1 la integración de tecnologías de la información, el fomento de hábitos alimenticios nutritivos y la creación de políticas públicas para combatir trastornos alimentarios y la violencia escolar, asegurando un acceso oportuno y equitativo para toda la población.
Dentro de ese entramado institucional, las y los médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social ocupan un lugar central. Su participación no es marginal ni complementaria; por el contrario, en múltiples regiones del país, especialmente en zonas rurales e indígenas, constituyen el primer y, en muchos casos, el único contacto entre la población y los servicios de salud.2 Esta realidad revela que el funcionamiento cotidiano del sistema descansa, en gran medida, en el trabajo de quienes aún se encuentran en proceso de formación profesional.
A pesar de ello, existe una tensión estructural que no ha sido plenamente resuelta, ya que mientras el Estado reconoce implícitamente la importancia de su labor al asignarles responsabilidades sustantivas en la atención médica, las condiciones bajo las cuales desempeñan dichas funciones no corresponden con el nivel de responsabilidad que asumen. Esta contradicción se expresa de manera particular en el ámbito económico, pero también en las condiciones materiales y de seguridad en las que desarrollan su servicio.
De acuerdo con la NOM-009-SSA3-20133 los pasantes de medicina y estomatología tienen la responsabilidad de brindar atención profesional y cumplir con los programas académicos y operativos en sus campos clínicos. Esto incluye la aplicación de protocolos ante urgencias médicas, la participación en el diagnóstico de salud comunitario y el uso responsable de la infraestructura y los insumos médicos, concluyendo su periodo con la entrega de un informe oficial de actividades. Por otro lado, la normativa otorga a los pasantes un papel activo en la vigilancia de su entorno de trabajo, obligándolos a reportar ante las instituciones de salud y educación cualquier deficiencia en los suministros o daños en las instalaciones.
Es importante subrayar que el servicio social, si bien es un requisito académico y profesional, también constituye una forma de trabajo en beneficio directo de la sociedad. Así lo refiere la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México;
Artículo 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.
Respecto a la remuneración que deben de recibir las y los prestadores de servicio asocial, se establece;
Artículo 59.- Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.
Es decir; no se trata únicamente de un proceso formativo, sino de una contribución efectiva al sostenimiento del sistema de salud, particularmente en el primer nivel de atención. Por ello, las condiciones en que se realiza deben ser analizadas no solo desde una lógica educativa, sino también desde una perspectiva de justicia social y dignidad laboral.
En este sentido, avanzar hacia un fortalecimiento real del sistema de salud implica necesariamente revisar las condiciones en que operan sus actores más vulnerables. No puede hablarse de un sistema sólido si quienes lo sostienen en los territorios más alejados lo hacen en condiciones de precariedad.
Segunda: En el ámbito normativo, el Estado mexicano ha establecido disposiciones claras respecto al servicio social de las profesiones de la salud. La Ley General de Salud y la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional reconocen el carácter obligatorio del servicio social4 y lo conciben como una actividad en beneficio de la sociedad5 , particularmente en comunidades de menor desarrollo económico.
Asimismo, la Secretaría de Salud, a través de sus facultades, ha impulsado mecanismos para normar y regular las condiciones en que se lleva a cabo este proceso, incluyendo la asignación de becas como forma de compensación económica para las y los médicos en formación. Estas becas, si bien no constituyen un salario en sentido estricto, representan un reconocimiento institucional a la labor que desempeñan.
Un avance importante en esta materia se concretó con la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2024, del acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes, mediante el cual se actualizaron los montos que reciben estos profesionales en formación, mismos que no habían sido modificados desde el año 20166 . Dicho acuerdo reconoce explícitamente la necesidad de dignificar la percepción económica de los recursos humanos en formación, particularmente de quienes prestan sus servicios en zonas de alta y muy alta marginación. Asimismo, establece un tabulador diferenciado que busca responder a las condiciones territoriales y a la carga laboral asociada a cada tipo de plaza.
Fuente: Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes, Página 2.
Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes, Página 3.
Este esfuerzo representa un paso en la dirección correcta, en tanto reconoce una problemática histórica y busca atenderla. Sin embargo, también evidencia que durante años existió un rezago significativo en la actualización de estas percepciones, lo que obliga a reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos permanentes que eviten que esta situación se repita.
Tercera: En octubre de 2022 quien fuera secretario de Salud informó que el sector contaba con más de 84 mil profesionales en su último año de formación, desglosados en 16,184 internos de pregrado y 68,500 pasantes de diversas áreas como medicina, enfermería y estomatología. Estos jóvenes desempeñaban sus labores en instituciones clave como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e INSABI, destacando un incremento salarial anual promedio del 5.97 por ciento para residentes y médicos generales del IMSS entre 2018 y 2022.
Entonces se anunció que, para mejorar las condiciones de este personal, las autoridades implementaban una estrategia basada en cinco ejes, resaltando la evaluación constante y el reporte de incidencias. Resultado de ello se logró la actualización del tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes, pero a pesar del incremento implementado en 2024, los montos actuales continúan siendo insuficientes frente a las condiciones reales en las que las y los médicos pasantes desarrollan su labor. De acuerdo con el tabulador vigente, las becas para pasantes de medicina oscilan entre los 2,000 y 3,900 pesos mensuales, dependiendo del tipo de plaza, con apoyos adicionales limitados y focalizados.
Estos montos resultan claramente desproporcionados si se consideran los gastos que enfrentan las y los pasantes, tales como alimentación, transporte, alojamiento e incluso seguridad personal. En muchos casos, deben trasladarse a comunidades alejadas de sus lugares de origen, lo que implica un costo adicional que no está contemplado de manera suficiente en el esquema actual.
A ello se suma la carga laboral que asumen, la cual puede implicar jornadas de hasta ocho horas diarias, seis días a la semana, en contextos que muchas veces carecen de infraestructura adecuada, insumos médicos suficientes o condiciones mínimas de descanso. Esta situación coloca a las y los pasantes en una posición de alta vulnerabilidad, tanto en términos físicos como emocionales.
Particularmente en zonas de alta y muy alta marginación, las condiciones se vuelven aún más complejas. La falta de servicios básicos, las barreras lingüísticas en comunidades indígenas y los contextos de inseguridad incrementan las dificultades para el desempeño de su labor, lo que hace aún más evidente la necesidad de contar con un esquema de apoyo económico acorde a estas realidades.
En este contexto, la insuficiencia de las becas no solo representa una problemática individual para quienes realizan el servicio social, sino que tiene implicaciones estructurales para el propio sistema de salud, en tanto puede desincentivar la cobertura de plazas en zonas prioritarias.
Cuarta: En la actualidad, de acuerdo con información de los Datos Abiertos de la Secretaría de Salud, existen en todos los sectores públicos de salud, 10 mil 515 pasantes de medicina; 4 mil 89 de odontología y 28 mil 357 de enfermería.7 Frente a este panorama, resulta indispensable avanzar hacia una política pública integral que no solo contemple incrementos aislados, sino que establezca mecanismos sostenibles para garantizar condiciones dignas a las y los médicos en formación. Esto implica, en primer lugar, reconocer que las becas deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de quienes prestan el servicio social.
Asimismo, es necesario incorporar criterios de actualización periódica que eviten el rezago en el poder adquisitivo de estas percepciones. La experiencia previa, donde el tabulador permaneció sin cambios durante varios años, demuestra que la ausencia de estos mecanismos genera distorsiones que afectan directamente a quienes sostienen el sistema de salud en territorio. De igual forma, resulta fundamental fortalecer los esquemas de apoyo diferenciados para zonas de alta y muy alta marginación. No basta con reconocer la complejidad de estos contextos; es necesario traducir ese reconocimiento en incentivos reales que hagan viable y digna la prestación del servicio social en dichas regiones.
En este sentido, la ampliación de los apoyos actualmente limitados a un número reducido de plazas constituye una medida necesaria para garantizar equidad. Todas y todos los pasantes que laboran en condiciones similares deben acceder a los mismos beneficios, sin restricciones que generen desigualdades injustificadas. Finalmente, es importante señalar que fortalecer las condiciones de las y los médicos en formación no solo es una cuestión de justicia, sino una inversión estratégica para el sistema de salud.
Un sistema que cuida a quienes lo sostienen es un sistema que puede responder mejor a las necesidades de su población.
Quinta: Este punto de acuerdo representa un llamado formal y respetuoso de la Cámara de Diputados hacia las autoridades hacendarias y de salud para transformar el esquema de apoyos económicos de los médicos en formación. El núcleo de la propuesta gira en torno a una revisión integral y actualización de las becas para internos y pasantes, solicitando que los montos sigan aumentando y se ajusten a la realidad económica actual del país. Para evitar que el apoyo pierda valor adquisitivo con el tiempo, se solicita establecer un mecanismo de indexación que vincule los aumentos directamente con la inflación, garantizando que el recurso sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte y subsistencia de quienes sostienen la operación clínica.
Por otro lado, la propuesta pone especial énfasis en la equidad y protección en zonas vulnerables. Busca fortalecer los incentivos económicos para aquellas y aquellos estudiantes que prestan su servicio en comunidades rurales, indígenas o de alta marginación, donde las carencias son mayores. Más allá de lo financiero, el acuerdo hace un llamado a las instituciones a implementar medidas complementarias que aseguren condiciones dignas de vida, tales como alojamiento seguro y adecuado, así como garantías de protección personal durante el desempeño de sus labores. En esencia, se busca que el servicio social deje de ser una etapa de precariedad para convertirse en una práctica profesional protegida y justamente remunerada.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al IMSS-Bienestar para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una revisión integral del esquema de becas otorgadas a médicas y médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social, a fin de actualizar sus montos conforme a las condiciones reales del país, establecer un mecanismo de actualización periódica vinculado a la inflación, garantizar que dichas percepciones sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de quienes desempeñan esta labor, así como fortalecer el esquema de apoyos para quienes prestan su servicio en zonas rurales, indígenas y de alta y muy alta marginación, mediante la ampliación de los incentivos económicos, la universalización de los apoyos actualmente limitados y la implementación de medidas complementarias que aseguren condiciones dignas de seguridad, alojamiento y desempeño profesional.
Notas:
1 Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;
2 De acuerdo con la Ley General de Salud; Artículo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.
3 Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/marconormativo/NormasOfic iales/4356.pdf
4 ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así como losprofesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestarel servicio social en los términos de esta Ley.
5 ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribuciónque ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.
6 Disponible en http://www.comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2024/acuerdo_tabulador _becas_2024.pdf
7 Recursos en Salud Sectorial 2024. En http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_recursos_gobmx. html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las autoridades financieras y a las instituciones bancarias que operan en el país, a implementar acciones para prevenir y erradicar actos de discriminación hacia personas indígenas en el acceso a servicios financieros, a cargo del diputado Luis Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, el diputado Luis Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, prohibiendo toda forma de discriminación motivada, entre otros factores, por origen étnico o nacional, lengua, cultura o condición social.1
Segunda. Que el artículo 2 de la propia Constitución reconoce que la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y establece la obligación del Estado de promover la igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas, así como de eliminar cualquier práctica discriminatoria que limite el ejercicio de sus derechos.2
Tercera. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que se considerará discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.3
Cuarta. Que en México habitan más de 23 millones de personas que se reconocen como indígenas, lo que representa una parte fundamental de la diversidad cultural y social del país. No obstante, diversos estudios han evidenciado que una proporción significativa de esta población enfrenta obstáculos estructurales para acceder a servicios financieros formales.4
Quinta. Que la discriminación en el acceso a servicios financieros puede manifestarse a través de prácticas como la negativa injustificada para abrir cuentas bancarias, trato indigno o prejuicioso hacia personas que portan vestimenta tradicional o hablan una lengua indígena, así como la falta de mecanismos adecuados de atención en contextos interculturales.
Sexta. Que la inclusión financiera constituye un elemento esencial para el desarrollo económico y social, pues permite a las personas acceder a instrumentos de ahorro, crédito y protección financiera, lo cual resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, particularmente en regiones con altos niveles de marginación.
Séptima. Que corresponde a autoridades del sistema financiero mexicano, particularmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, supervisar y promover que las instituciones financieras operen bajo principios de legalidad, equidad y respeto a los derechos de los usuarios.5
Octava. Que en un Estado democrático, plural y multicultural como México, es indispensable fortalecer las políticas públicas y las prácticas institucionales que garanticen que el sistema financiero sea accesible, incluyente y respetuoso de la diversidad cultural que caracteriza a la Nación.
Novena. Que en distintos estados del país se han documentado situaciones que evidencian prácticas institucionales que pueden derivar en exclusión o trato discriminatorio hacia personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en el acceso a servicios financieros.
Diversos análisis sobre inclusión financiera han señalado que el sistema bancario mexicano presenta barreras estructurales que afectan de manera desproporcionada a grupos históricamente vulnerables, entre ellos la población indígena, ya sea por prejuicios sociales, falta de atención intercultural o requisitos administrativos desproporcionados.6
Asimismo, medios de comunicación y organismos de derechos humanos han reportado casos que han generado indignación pública por el trato recibido por personas indígenas o adultos mayores en instituciones bancarias, particularmente en entidades como Oaxaca , donde se denunciaron prácticas bancarias consideradas indignas o carentes de sensibilidad hacia personas en situación de vulnerabilidad al exigir su presencia física en condiciones extremas para realizar trámites financieros.7
Estas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión financiera con enfoque de derechos humanos e interculturalidad , a fin de garantizar que las instituciones bancarias brinden sus servicios sin prejuicios ni prácticas que puedan afectar la dignidad de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, en el ámbito de sus atribuciones, supervise y promueva acciones orientadas a prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en la prestación de servicios por parte de las instituciones financieras que operan en el país, particularmente aquellas que puedan afectar a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a fortalecer los mecanismos de orientación, asesoría y recepción de quejas para personas indígenas que pudieran enfrentar actos de discriminación en el acceso a servicios bancarios, garantizando que dichos mecanismos sean accesibles y culturalmente pertinentes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las instituciones bancarias que operan en territorio nacional implementar protocolos de atención con enfoque intercultural, así como programas permanentes de capacitación para su personal en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, con especial atención a la población indígena.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las instituciones bancarias promover acciones de inclusión financiera dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, considerando la diversidad lingüística y cultural del país, así como estrategias de información accesibles que permitan garantizar el acceso equitativo a servicios financieros.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las autoridades financieras y a las instituciones bancarias que operan en el país que las acciones derivadas del presente punto de acuerdo sean difundidas en los medios institucionales correspondientes, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en materia de inclusión financiera.
Notas:
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma vigente.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2°, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma vigente.
3 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, última reforma vigente.
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados, México, INEGI, 2021. Disponible en:https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
5 Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990, última reforma vigente.
6 Anderson, Bárbara, Bancos y discriminación en México: nada nuevo bajo el sol, Yo También, 10 de noviembre de 2023. Disponible en: https://yotambien.mx/noticia/bancos-y-discriminacion-en-mexico-nada-nue vo-bajo-el-sol/
7 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condena trato indigno en institución bancaria a persona adulta mayor, nota informativa difundida en medios nacionales, 2025. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/defensor%C3%ADa-dh-oaxaca-condena-trat o-220846470.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2026.
Diputado Luis Morales Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, a fortalecer las condiciones de infraestructura y servicios en los campos de futbol del municipio, a cargo del diputado Luis Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, el diputado Luis Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de todas las personas a la cultura física y a la práctica del deporte, estableciendo la obligación del Estado de promover, fomentar y estimular estas actividades como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la población.1
Segunda. Que la Ley General de Cultura Física y Deporte establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán promover la práctica del deporte, así como facilitar el acceso a instalaciones deportivas dignas y adecuadas para la población.2
Tercera. Que el Bando Municipal de Temoaya establece que el Ayuntamiento tiene entre sus atribuciones fomentar el deporte mediante la organización de clubes y ligas municipales, así como promover competencias deportivas en distintas categorías.3
Cuarta. Que de acuerdo con información pública municipal, el municipio de Temoaya se integra por 64 delegaciones, lo que implica una amplia participación comunitaria en actividades deportivas, particularmente en el fútbol, deporte que constituye una de las principales formas de convivencia social en la región.4
Quinta. Que en el municipio existe una importante tradición futbolística organizada a través de ligas municipales y torneos comunitarios que reúnen a equipos de distintas comunidades, incluyendo categorías juveniles, infantiles, femeniles y de veteranos, lo que refleja la relevancia social del deporte en la vida comunitaria.
Sexta. Que diversas evidencias documentales muestran que el fútbol en Temoaya moviliza a cientos de equipos y jugadores provenientes de diferentes delegaciones del municipio, consolidándose como una actividad recreativa, social y formativa que fortalece el tejido comunitario.
Séptima. Que, no obstante la relevancia social de estas actividades deportivas, diversos campos de fútbol utilizados para competencias municipales y comunitarias presentan limitaciones en infraestructura básica, tales como la falta de sanitarios, vestidores, iluminación adecuada, mantenimiento del terreno de juego, gradas o áreas de resguardo para jugadores y asistentes.
Octava. Que la mejora de la infraestructura deportiva municipal no sólo contribuye a dignificar la práctica del deporte, sino que también favorece la convivencia social, la prevención de la violencia y la promoción de estilos de vida saludables entre niñas, niños, jóvenes y adultos.
Novena. Que fortalecer las condiciones de los espacios deportivos en las comunidades representa una inversión social estratégica que promueve la inclusión, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Dirección Municipal del Deporte, realice acciones orientadas al mantenimiento, rehabilitación y mejora de los campos de fútbol utilizados por las ligas y torneos comunitarios del municipio.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento de Temoaya considerar la instalación o rehabilitación de sanitarios públicos en los campos de fútbol municipales y comunitarios, a fin de garantizar condiciones dignas para jugadores, árbitros y asistentes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento de Temoaya impulsar acciones para mejorar la infraestructura deportiva en dichos espacios, incluyendo:
• Mantenimiento y nivelación de los terrenos de juego;
• Instalación o rehabilitación de vestidores;
• Instalación de iluminación en campos deportivos;
• Habilitación de gradas o espacios seguros para espectadores;
• Colocación de barda perimetral o delimitación de áreas deportivas;
• Mejora de accesos y señalización en instalaciones deportivas.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento de Temoaya a fortalecer las políticas públicas municipales en materia de deporte comunitario, mediante el impulso y acompañamiento a las ligas deportivas que operan en las distintas delegaciones del municipio.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento de Temoaya a que las acciones derivadas del presente punto de acuerdo sean difundidas en los medios institucionales correspondientes, con el propósito de fortalecer la transparencia y la participación comunitaria en el desarrollo del deporte municipal.
Notas:
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma vigente.
2 Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, última reforma vigente.
3 Bando Municipal de Temoaya 2025, Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México. Disponible en:https://www.temoaya.gob.mx/pdf/bando_municipal/Bando%20Municipal%202 025.pdf
4 Bando Municipal de Temoaya 2025, disposición relativa a la integración territorial del municipio en delegaciones.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2026.
Diputado Luis Morales Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y a las autoridades competentes a fortalecer las acciones de protección ambiental en la Sierra de Picachos, a suspender las actividades de extracción de la empresa Materiales Triturados Martínez, SA de CV, y a esclarecer los presuntos actos de corrupción relacionados con su operación, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Petra Romero Gomez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Sierra Picachos es considerada el Área Natural Protegida, más grande de Nuevo León con una superficie de 75,852.55 hectáreas protegidas de las más de 100,000 hectáreas que la componen, está sierra esta ubicada en los municipios de Higueras, Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Marín, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria, en Nuevo León, México.1
Es una unidad ecológica la cual brinda importantes servicios ambientales a la metrópoli y a la región en la cual se localiza. Además, esta es una isla biogeográfica que alberga una relevante diversidad biológica en estatus de conservación por el gobierno mexicano como Ursus americanus (Oso negro) y Leopardus pardalis (Ocelote), estas en peligro de extinción (P), así como las amenazadas (A) Aquila chrysaetos (Águila real) y Cophosaurus texanus (Lagartija sorda mayor), y la sujetas a protección especial (Pr) Danaus plexippus (Mariposa monarca) y Falco peregrinus (Halcón peregrino), (NOM-059-SEMARNAT-2010).2
A pesar de ser una zona protegida para la conservación de la zona, aún se siguen explotando recursos naturales, y dañando los ecosistemas. En los últimos años se han intensificado actividades extractivas en la región, lo que ha generado una creciente preocupación entre comunidades locales, organizaciones civiles y especialistas en materia ambiental.
En este contexto, se ha señalado a la empresa Materiales Triturados Martínez, S.A. de C.V. (Matrimar) como una de las principales responsables de afectaciones ambientales en la Sierra de Picachos, entre los impactos reportados se encuentran:
- Remoción de cobertura vegetal y alteración del paisaje;
- Emisión de partículas contaminantes al aire;
- Afectaciones a la fauna local por ruido y vibraciones;
- Degradación del suelo y aumento del riesgo de erosión;
- Posibles impactos en cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
Ecologistas denunciaron, desde 2015, los daños ocasionados por esta compañía a la reserva ecológica de la Sierra de Picachos, en el municipio de Higueras, debido a su operación, que en ese entonces era clandestina.3
En octubre de 2016, el ayuntamiento de Doctor González emitió la autorización de uso de suelo a Matrimar, debido a que los regidores no tenían información suficiente sobre los daños que podría causar al instalarse en una zona protegida.
En abril de 2017, el Cabildo del ayuntamiento Doctor González dio marcha atrás al permiso tras las denuncias de daños a la Sierra de Picachos.
El 22 de septiembre de 2021 fue publicado un decreto para aumentar el área natural protegida de la sierra de pichacios de 75,872.55 hectáreas que ya estaban decretadas con anterioridad a 175,305.04 hectáreas.4
Sin embargo, dentro del perímetro de la Área Natural Protegida, se dejaron 600 hectáreas a la empresa “Matrimar” en una “zona de exclusión”, por lo que pudo seguir operando y devastando la sierra.5
El 7 de marzo de 2025, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó la suspensión total de actividades de tres pedreras, entre ellas Matrimar, por las emisiones generadas durante sus actividades, aunque más tarde volvió a operar.
El 13 de enero del 2026, se realizó una sesión extraordinaria transmitida por videoconferencia en el sitio web oficial del Poder Judicial de la Federación. Ahí el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concedió una suspensión de amparo para poder operar a Matrimar.6
Semanas después, en un comunicado, Matrimar denunció un presunto intento de extorsión por parte de un funcionario del gobierno del estado, el cual presuntamente les solicitó dinero para permitirles operar. Posteriormente, en otro comunicado, la compañía acusó que de nueva cuenta sufrió acoso de parte de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estatal y que volvieron a frenar su operación con sellos de clausura.
A finales de febrero de 2026, surgió la difusión de una grabación fechada el 27 de noviembre de 2025, en la que presuntamente se hace referencia a la solicitud de un pago de hasta 50 millones de pesos para que la empresa pudiera continuar operando.
Debido a esto el pasado 10 de marzo del 2026 el Congreso de Nuevo León solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) asumir la investigación relacionada con la empresa Matrimar, que ha denunciado presuntos actos de extorsión, luego de la difusión de un audio que involucra al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos. El acuerdo fue aprobado con 30 votos a favor de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Partido Verde y siete votos en contra de diputados de Movimiento Ciudadano.7
En este sentido, la aparición de información que sugiere la posible intervención de actores políticos en negociaciones relacionadas con la operación de empresas extractivas afecta la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en los procesos de regulación ambiental.
Por ello, resulta fundamental que las autoridades correspondientes y los actores involucrados esclarezcan de manera transparente y oportuna los hechos difundidos públicamente, con el objetivo de evitar cualquier duda sobre la legalidad de los procesos administrativos o decisiones gubernamentales relacionadas con la actividad de la pedrera Matrimar.
Activistas y organizaciones civiles, han mostraron preocupación, después de que la pedrera Matrimar obtuviera un amparo en materia administrativa con el expediente 1537/2026, que les permitió reiniciar operaciones, esta preocupación se deriva, en que ya no correría agua por los ríos aledaños. Mencionan que desde noviembre del 2025, cuando fue clausurada la pedrera, vieron cómo empezó a emanar agua en el arroyo Sardinas, en la comunidad de San Vicente y con la reapertura se afectará nuevamente los acuíferos de la sierra picachos.
Nuevo León vive épocas de sequía, donde el agua hace falta, por lo que es más importante cuidar una Área Natural Protegida que aporta agua a la Zona Metropolitana de Monterrey, que mantener en función las actividades de una pedrera que perjudica al medio ambiente.
La pedrera “Matrimar” usa agua para todos sus procedimientos, para hidratación de caminos y cuando va a dinamitar, lo que ha provocado que los ciudadanos tengan menor cantidad de agua disponible, por lo que el gobierno del Estado, debe hacer algo al respecto ya que un día suspende la actividades de la pedrera y al poco tiempo reinician operaciones.
La preocupación social y ambiental radica en que, aun cuando existan resoluciones judiciales en curso, es indispensable garantizar que toda actividad extractiva cumpla plenamente con la normatividad ambiental vigente y no comprometa el equilibrio ecológico de un área natural protegida.
Debido a que estas actividades, pueden generar daños irreversibles al equilibrio ecológico de la región, contraviniendo principios fundamentales establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), tales como el principio de prevención, el principio precautorio y el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8
Adicionalmente, la LGEEPA establece la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental aquellas actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos significativos, así como el deber de las autoridades de vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones correspondientes.
Se deben implementar esquemas de ordenamiento territorial y regulación estricta de actividades extractivas en zonas de alto valor ambiental, priorizando la conservación sobre la explotación desmedida de recursos. En el caso de la Sierra de Picachos, la falta de acciones contundentes podría traducirse en la pérdida irreversible de ecosistemas, afectaciones a la salud de la población y el agravamiento de problemas ambientales ya existentes en la entidad.
Por lo anterior y con el fin de fortalecer la protección ambiental en la Sierra de Picachos, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer las acciones de protección ambiental en la Sierra de Picachos, mediante el incremento de operativos de inspección, vigilancia y monitoreo en la zona.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al obierno del estado de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades extractivas que se desarrollan en la Sierra de Picachos.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a las autoridades competentes del estado de Nuevo León realizar una evaluación integral de los impactos ambientales generados por la empresa Materiales Triturados Martínez, S.A. de C.V. (Matrimar), a fin de determinar posibles responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Nuevo León, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, que suspendan las actividades de extracción de la empresa Materiales Triturados Martínez, S.A. de C.V. (Matrimar), en tanto se lleva a cabo una evaluación integral de los impactos ambientales que dicha actividad pudiera estar generando en la Sierra de Picachos.
Quinto. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Nuevo León y a la coordinación estatal del partido Movimiento Ciudadano a informar y esclarecer públicamente los hechos relacionados con los presuntos actos de extorsión, denunciados por la empresa Matrimar, luego de la difusión de un audio que involucra al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Gilberto Martínez Ríos, con el fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el pleno respeto al Estado de derecho.
Notas:
1 (NOM-059-SEMARNAT-2010).
2 CPEUM
3 LGEEPA
4 El Milenio
5 BOLETÍN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA PICACHOS 22/09/202(AESPAC)
6 Wikipedia/ Sierra de Picachos
7 Reporte Indigo
8 ABC Noticias
9 Página oficial de la Asociación Ecológica de la Sierra Picachos, A.C. consutaldos en :https://www.aespac.org/about-1/sobre-aespac/
10 NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
11 https://www.milenio.com/estados/pedrera-pone-riesgo-reserva-ecologica-d enuncian
12 BOLETÍN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA PICACHOS 22/09/202https://www.aespac.org/noticias/boletin-area-natural-protegida -sierra-picachos-22-09-2021/
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Picachos
14 https://www.reporteindigo.com/monterrey/pesa-negro-historial-sobre-pedr era-matrimar-20260218-0130.html
15 https://abcnoticias.mx/local/2026/3/10/solicita-congreso-estatal-fgr-at raer-investigacion-de-presunta-extorsion-matrimar-275844.html
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
17 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputada Petra Romero Gomez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades competentes realizar acciones de revisión, mantenimiento y mejoramiento en el corredor carretero Mex-36, en el tramo Temoaya–San Juan Jiquipilco, Estado de México, a cargo del diputado Luis Morales Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, el diputado Luis Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de todas las personas a la movilidad en condiciones de seguridad y accesibilidad, así como el derecho a un medio ambiente sano y a condiciones que permitan el desarrollo integral de la población.1
Segunda. Que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que corresponde al Estado garantizar la conservación, mantenimiento y operación adecuada de las vías de comunicación, a fin de asegurar la seguridad y eficiencia del transporte.2
Tercera. Que la infraestructura carretera constituye un elemento estratégico para el desarrollo económico, social y territorial, particularmente en municipios con amplia dispersión territorial como Temoaya, Estado de México, donde la conectividad vial resulta fundamental para el traslado de personas, mercancías y servicios.
Cuarta. Que el corredor carretero identificado como MEX-36 en el tramo Temoaya–San Juan Jiquipilco, que conecta localidades como San José las Lomas, Tlachaloya, San Diego Alcalá y Molino Abajo, constituye una vía de tránsito relevante para la movilidad regional y la integración económica de diversas comunidades.
Quinta. Que en junio de 2025 diversos medios informativos reportaron la formación de un socavón en la carretera Temoaya–San Juan Jiquipilco, a la altura aproximada del kilómetro 53, situación que provocó el cierre total de la vialidad debido a daños estructurales generados por lluvias y saturación del suelo.3
En dicho reporte se señaló que:
“La carretera Temoaya–San Juan Jiquipilco presentó un socavón que obligó al cierre total de la circulación, debido al reblandecimiento del suelo ocasionado por las lluvias recientes”.4
Sexta. Que los reportes periodísticos también advirtieron que la saturación del suelo podría generar riesgos adicionales de reblandecimiento o deterioro en otros puntos de la misma carretera, lo cual representa un riesgo potencial para la seguridad de los usuarios de dicha vía.
Séptima. Que el Plan de Desarrollo Municipal de Temoaya5 reconoce que diversas comunidades del municipio, entre ellas San Diego Alcalá y Molino Abajo, presentan vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, lo cual puede incidir en el deterioro de infraestructura vial debido a escurrimientos pluviales y saturación del terreno.
Octava. Que el mismo documento municipal señala la importancia de fortalecer la infraestructura y mantenimiento de caminos y vialidades, a fin de mejorar la conectividad territorial y reducir riesgos asociados a fenómenos naturales que afectan la infraestructura pública.
Novena. Que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno, particularmente cuando se trata de carreteras que sirven como conexión entre municipios y comunidades rurales.
Décima. Que atender de manera oportuna los problemas estructurales en la infraestructura carretera contribuye no sólo a prevenir accidentes, sino también a fortalecer la movilidad regional, el desarrollo económico local y el acceso a servicios básicos para la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una evaluación técnica del estado físico y estructural del corredor carretero MEX-36 en el tramo Temoaya–San Juan Jiquipilco, particularmente en el segmento comprendido entre las comunidades de San José las Lomas, Tlachaloya, San Diego Alcalá y Molino Abajo, en el Estado de México.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Junta de Caminos del Estado de México y a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen acciones de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de dicha vialidad, incluyendo reparación del pavimento, estabilización del terreno, mejora del drenaje pluvial y señalización preventiva en los tramos que presenten mayor deterioro.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Ayuntamiento Constitucional de Temoaya, Estado de México, que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes, coadyuve en las acciones de supervisión, prevención de riesgos y atención a reportes ciudadanos relacionados con las condiciones de seguridad vial en el corredor carretero referido.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas que las acciones derivadas del presente punto de acuerdo sean difundidas en los medios institucionales correspondientes, a fin de mantener informada a la población usuaria de dicha vía y fortalecer la transparencia en las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura carretera.
Notas:
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma vigente.
2 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, última reforma vigente.
3 Rodríguez, Claudia, “Edomex: Cierran la carretera Temoaya-San Juan Jiquipilco tras socavón originado por las lluvias”, El Universal Estado de México, Valle de Toluca, 24 de junio de 2025. En la nota se señala que: “Derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, se originó un socavón en la carretera Temoaya-San Juan Jiquipilco a la altura del kilómetro 53, lo que ha generado un cierre total en el tramo que comprende la avenida San Lorenzo a Jardín Rapsodia”. Disponible en: https://www.eluniversaledomex.com.mx/valle-de-toluca/edomex-cierran-la- carretera-temoaya-san-juan-jiquipilco-tras-socavon-originado-por-las-ll uvias/
4 Véase: nota informativa sobre el socavón registrado en la carretera Temoaya–San Juan Jiquipilco, junio de 2025, disponible en medios regionales de cobertura del Estado de México.
5 Plan de Desarrollo Municipal de Temoaya, apartado relativo a diagnóstico territorial y riesgos naturales en comunidades del municipio.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2026.
Diputado Luis Morales Flores (rúbrica)