Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, en coordinación con las 32 entidades federativas, a homologar procedimientos, plazos y criterios de activación del Protocolo Alba para la atención, reacción y coordinación en caso de extravío de mujeres y niñas, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar medidas urgentes para la reactivación económica y atender la crisis laboral en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la protección ambiental y legalidad en la implementación de los proyectos turísticos en Quintana Roo, a cargo de la diputada Paloma Ugarte Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a las autoridades competentes a fortalecer el seguimiento y correcta aplicación de las medidas comerciales vigentes en el sector cerámico, con el fin de garantizar condiciones de competencia justa para los productores y artesanos mexicanos, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos humanos de las y los zacatecanos ante el riesgo ocasionado por la desaparición de personas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado para que se intensifiquen las investigaciones, diligencias y aquellas acciones que le den mayor eficacia a la búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad, lo que permitirá combatir la impunidad y darle certeza a las familias víctimas de este delito, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, en coordinación con las 32 entidades federativas, a homologar procedimientos, plazos y criterios de activación del Protocolo Alba para la atención, reacción y coordinación en caso de extravío de mujeres y niñas, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, considerando los siguientes

Consideraciones

El artículo 4o, párrafo vigésimo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección hacía las mujeres y otros sectores de la población.

De igual manera, el artículo 7, inciso b., de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para ”, suscrita por nuestro país, establece que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y que realizarán, entre otras acciones, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

En esta misma línea, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en su artículo 2, establece que la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Asimismo, el diverso 47 fracción X de la misma Ley, prevé que corresponde a la Fiscalía General de la República, elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

De igual forma, el artículo 49, fracción XXIV, de la misma Ley, establece que es competencia de las entidades federativas elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género con el mismo fin; y el artículo 50 fracción I, del referido ordenamiento, señala que corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres.

Así, como se puede observar, el marco jurídico nacional de nuestro país está dirigido a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y que exista una coordinación institucional, en los tres niveles de gobierno, para instrumentar acciones dirigidas a prevenir, combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Uno de los fenómenos sociales que lamentablemente se ha presentado en nuestro país, es el relativo a la desaparición forzada de personas, siendo las mujeres uno de los sectores de la sociedad más afectados por esa práctica. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., el año 2025 cerró con 133,520 personas desaparecidas no localizadas, de las cuales el 37% de ellas son mujeres (12 mil 474). Y las entidades donde se concentra más este delito son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, con el 44% de los casos registrados.1

En este contexto, cuando una mujer es reportada como desaparecida, es fundamental que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen de forma coordinada para llevar a cabo su localización, pues en opinión de expertos del tema, las primeras 72 horas son cruciales para dar con su paradero y probable rescate.

Así, en cumplimiento a la sentencia conocida como “Campo Algodonero ” (Caso González y otras VS México) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 se modificó el Protocolo Alba para la atención, reacción y coordinación en caso de extravío de mujeres y niñas , el cual comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003, con resultados positivos.

Se trata de un mecanismo reactivo, cuyo objetivo es realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.2

A más de 20 años de su implementación, el Protocolo Alba ha resultado un mecanismo eficaz que ha permitido a las autoridades actuar de manera coordinada ante la denuncia de una probable desaparición de alguna mujer. Dicho protocolo ha sido adoptado por las 32 entidades federativas y por las instituciones de seguridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. Sin embargo, de acuerdo con revisiones llevadas a cabo por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, se han detectado algunas discrepancias en su aplicación que, al final, terminan por menoscabar su efectividad.

Por ejemplo, de acuerdo con el informe que el Estado Mexicano entregó en noviembre del 2024 al Comité CEDAW3 , de las 32 entidades federativas, en Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, el Protocolo no ha sido implementado. Incluso, en el caso de la última entidad, se ha creado un mecanismo alterno llamado “Alerta Rosa ”. Asimismo, algunos estados no cuentan con Comités Técnicos, como Durango y Puebla, lo que impide su implementación. En Zacatecas, el Protocolo Alba opera como un complemento de otro protocolo.4

Así también, existen disparidades sobre el momento de aplicar el protocolo, generando lagunas de tiempo que, en un caso de desaparición, pueden ser cruciales. Por ejemplo, en Tabasco primero se emite una pre-alerta donde se difunde la ficha de búsqueda en medios de comunicación durante las primeras 24 horas, y solo después se activa el Protocolo. En Querétaro la alerta se activa al finalizar una búsqueda preliminar con cámaras de seguridad de vigilancia y en lugares frecuentados por la mujer desaparecida. En Quintana Roo y Sinaloa, se establece un plazo de 48 horas para la fase uno del protocolo y 36 horas para la fase dos, cuando normalmente ambas fases ocurren entre las 24 y 72 horas.5

En este contexto, resulta fundamental garantizar la aplicación eficaz del Protocolo Alba , lo cual exige que las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de mujeres reportadas como desaparecidas actúen de forma coordinada, homogénea y bajo criterios claros y estandarizados.

La falta de uniformidad en los procedimientos y la adopción de criterios particulares o aislados por parte de cada entidad pueden derivar en que el protocolo pierda su objetivo principal y se convierta en un mecanismo poco efectivo o de utilidad limitada.

Esta situación es especialmente preocupante si se considera el notable incremento en el número de casos de mujeres desaparecidas en los últimos años, según las estadísticas oficiales, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y de establecer protocolos que respondan de manera inmediata, eficiente y con perspectiva de género. Solo así se podrá garantizar la protección de la vida, integridad y libertad de las mujeres, y evitar que la disparidad en la aplicación de los mecanismos de búsqueda obstaculice su pronta localización y rescate.

Por ello, es fundamental que la autoridad federal encargada del diseño y aplicación del protocolo, en este caso la Fiscalía General de la República, realice las acciones necesarias para homologar los procedimientos, plazos y criterios de activación junto con las entidades federativas, a fin de que el Protocolo Alba sea verdaderamente un mecanismo de alcance nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de la República para que, en coordinación con las 32 entidades federativas de la república mexicana, homologue procedimientos, plazos y criterios de activación del Protocolo Alba para la atención, reacción y coordinación en caso de extravío de mujeres y niñas, a fin de evitar que su aplicación sea deficiente e inoperante ante la búsqueda y pronta localización de mujeres, niñas y adolescentes en el país.

Notas:

1. Véase: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/infor me-nacional-de-personas-desaparecidas-2025/

2. Véase: Gobierno de México, “Protocolo Alba : la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas”, https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmedia ta-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas-262178

3. Consultable en: http://sicedaw.inmujeres.gob.mx/Documentos/MEX2024.0GOB.pdf

4. Véase: Rayón Garay Wendy, “México sin voluntad para encontrar a sus desaparecidas. Fallas en Protocolo Alba y Alerta Amber . CEDAW 2025”, visible en: https://cimacnoticias.com.mx/2025/06/12/mexico-sin-voluntad-para-encont rar-a-sus-desaparecidas-fallas-en-protocolo-alba-y-alerta-amber-cedaw-2 025/#:~:text=En%2029%20estados%20de%20los,las%2024%20y%2072%20horas

5. Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2026

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar medidas urgentes para la reactivación económica y atender la crisis laboral en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Paloma Domínguez Ugarte , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ciudad Juárez ha sido durante décadas uno de los principales motores industriales del país, consolidándose como epicentro de la industria maquiladora y de exportación en la frontera norte. La ciudad llegó a registrar su máximo histórico de empleo formal en marzo de 2023, con 515 mil 633 plazas inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, desde entonces la tendencia ha sido descendente y sostenida, reflejando un deterioro estructural del mercado laboral.

Al cierre de enero de 2026, el número de empleos formales se ubicó en 478 mil 759, lo que implica la pérdida de más de 36 mil 800 plazas en menos de tres años. Tan solo en el último año se perdieron más de 11 mil empleos, y en el mes más reciente únicamente se generaron dos nuevos puestos de trabajo, una cifra que evidencia estancamiento absoluto frente a una población económicamente activa que continúa creciendo. Incluso durante la pandemia no se registró una caída tan prolongada en el empleo formal de la ciudad.

El sector de transformación, que constituye el corazón de la industria maquiladora local, ha sido el más golpeado por esta crisis. Desde su punto más alto en octubre de 2022, cuando registró más de 339 mil plazas, hasta enero de 2026, cuando cerró con 295 mil 305 empleos, se han perdido más de 45 mil puestos en este sector. Datos adicionales reportados por el INEGI indican que, al considerar el conjunto de la industria manufacturera y maquiladora, la cifra de empleos perdidos supera los 60 mil en el mismo periodo. Tan solo durante 2025 el sector transformación perdió más de 12 mil empleos, confirmando una contracción profunda y persistente.

Organismos empresariales como la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y representantes del sector maquilador han advertido que esta crisis responde a múltiples factores: la disminución en la demanda de productos por parte de Estados Unidos; la incertidumbre derivada del entorno arancelario y de la renegociación del T-MEC; el incremento en costos laborales y operativos; nuevas disposiciones en materia aduanera y mayores auditorías; así como el acelerado avance de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en los procesos productivos. Si bien estas transformaciones tecnológicas incrementan la eficiencia, también reducen la demanda de mano de obra intensiva que históricamente absorbía la industria en la frontera.

A lo anterior se suma el cierre de líneas de producción y de plantas completas, así como ajustes corporativos derivados de decisiones globales y bancarrotas empresariales, lo que ha generado una contracción que impacta directamente en el ingreso y estabilidad de miles de familias juarenses. Las ferias de empleo se han visto saturadas, con largas filas de personas buscando oportunidades, mientras que muchas empresas endurecen sus requisitos de contratación, dejando fuera a trabajadores con amplia experiencia industrial.

La pérdida prolongada de empleo formal no solo reduce el ingreso familiar, sino que incrementa el riesgo de migración hacia la informalidad o de exclusión económica. En una ciudad que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de seguridad, el debilitamiento del mercado laboral formal representa un riesgo adicional para la cohesión social. El empleo ha sido uno de los principales factores de estabilidad en la frontera, y su contracción sostenida exige una respuesta institucional proporcional a la magnitud del problema.

La desaparición de miles de plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social implica también la pérdida de acceso a servicios médicos, ahorro para el retiro, créditos de vivienda y demás prestaciones asociadas a la seguridad social. Cada empleo formal que se pierde no sólo afecta a una persona trabajadora, sino a una familia completa que ve comprometida su estabilidad financiera, su capacidad de consumo y su posibilidad de planificación a mediano y largo plazo.

Asimismo, la contracción del empleo formal impacta directamente en la economía local. La reducción del ingreso disponible disminuye la demanda en el comercio y los servicios, afecta a pequeñas y medianas empresas y genera un efecto dominó que debilita el dinamismo económico de la ciudad. Cuando el sector manufacturero —que ha sido el principal motor de Juárez— se contrae, la afectación se extiende a toda la cadena productiva y al entorno urbano que depende de su actividad.

De igual manera, la falta de oportunidades laborales formales incrementa la vulnerabilidad de jóvenes y trabajadores con experiencia técnica que, al no encontrar espacios de inserción productiva, enfrentan escenarios de subocupación, migración forzada o incorporación a actividades informales sin protección social. Esta situación erosiona el capital humano construido durante años y pone en riesgo la competitividad futura de la región.

Frente a este escenario, resulta indispensable que el Estado mexicano adopte medidas coordinadas que permitan recuperar la confianza industrial, fortalecer la competitividad regional, generar condiciones de certidumbre comercial, diversificar la base productiva y promover la reconversión laboral de las y los trabajadores desplazados, con el objetivo de preservar el empleo formal y evitar que la actual tendencia se convierta en una crisis estructural de largo plazo para Ciudad Juárez.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones diplomáticas, comerciales y de promoción internacional que otorguen certidumbre a la industria instalada en Ciudad Juárez, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), e impulsen una estrategia de diversificación de mercados que reduzca la dependencia económica respecto de la demanda proveniente de los Estados Unidos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que evalúen e implementen medidas de simplificación regulatoria, eficiencia aduanera y, en su caso, estímulos fiscales temporales para empresas manufactureras ubicadas en Ciudad Juárez, con el objetivo de preservar el empleo formal y fortalecer la competitividad logística y operativa de la región.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua, para que implementen un programa integral de reconversión laboral y capacitación tecnológica dirigido a trabajadores desplazados del sector manufacturero, enfocado en habilidades digitales, automatización, robótica e industria 4.0, a fin de facilitar su reinserción en sectores emergentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que establezcan un mecanismo de atención inmediata ante cierres de plantas, despidos colectivos o contingencias industriales en Ciudad Juárez, que contemple vinculación laboral efectiva, capacitación emergente y acompañamiento institucional para las y los trabajadores afectados.

Fuentes:

- OEM. (2026, enero 31). Pierde Juárez 36 mil 872 empleos en casi tres años; sólo gana dos en enero. El Heraldo de Juárez. https://oem.com.mx/elheraldodejuarez/finanzas/pierde-juarez-36-mil-872- empleos-en-casi-tres-anos-solo-gana-dos-en-enero-28363091

- TV Azteca Noticias. (s. f.). Crisis laboral en Ciudad Juárez: miles buscan empleo; maquilas cerradas y altas exigencias. Azteca Noticias. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/crisis-laboral-en-ciudad-juarez -miles-buscan-empleo-maquilas-cerradas-y-altas-exigencias

- Meridiano 107. (2026, enero). Maquiladoras de Juárez en crisis: aranceles, robots e IA disparan el desempleo. https://meridiano107.com.mx/maquiladoras-de-juarez-en-crisis-aranceles- robots-e-ia-disparan-el-desempleo/

- La Jornada. (2026, enero 31). Maquila en Ciudad Juárez ha perdido miles de empleos. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/31/estados/maquila-en-ciudad -juarez-ha-perdido-miles-de-empleos

Palacio legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2026

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la protección ambiental y legalidad en la implementación de los proyectos turísticos en Quintana Roo, a cargo de la diputada Paloma Ugarte Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Paloma Domínguez Ugarte , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Descripción de los proyectos promovidos por Royal Caribbean en Quintana Roo

A finales de 2024, la empresa Royal Caribbean anunció una inversión aproximada de 1,000 millones de dólares para la construcción del complejo turístico denominado “Perfect Day México ”, proyectado en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con fecha estimada de apertura en septiembre de 2027.

El proyecto se desarrollará sobre un predio de aproximadamente 82 hectáreas, con frente de playa y colindante con el muelle de cruceros Costa Maya, también operado por la empresa. Se plantea una capacidad operativa de hasta 21,000 turistas diarios, además de alrededor de 2,500 trabajadores permanentes para su funcionamiento. Las proyecciones empresariales estiman que el conjunto del muelle y el parque podría recibir hasta cinco millones de cruceristas anuales, lo que convertiría a la zona en uno de los puntos de mayor concentración turística del país.

Entre la infraestructura proyectada se incluyen:

• Más de 10 piscinas de gran escala.

• Una piscina de aproximadamente 30,000 metros cuadrados.

• Río artificial de largo recorrido.

• Más de 30 toboganes de gran altura.

• Zonas temáticas, áreas gastronómicas y bares.

• Espacios exclusivos para adultos.

• Instalación de servicios hidráulicos y sanitarios de alta demanda.

• Perforación de pozos para extracción e inyección de agua al subsuelo.

Paralelamente, Royal Caribbean impulsa el proyecto “Royal Beach Club Cozumel ”, en la isla de Cozumel, bajo un esquema similar de club de playa privado orientado a pasajeros de cruceros, con infraestructura intensiva en zona costera y con potencial impacto en arrecifes y manglares.

Ambos proyectos fueron ingresados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante sus respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), instrumento obligatorio conforme a la legislación mexicana para evaluar impactos y establecer medidas de prevención, mitigación y compensación.

Los desarrollos se ubican en una región estratégica: la Selva Maya, conectada con el Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los ecosistemas más biodiversos y vulnerables del planeta, además de una zona caracterizada por su sistema kárstico, acuíferos subterráneos y presencia de manglares protegidos por ley.

Mahahual es una comunidad de menos de 3,000 habitantes, lo que evidencia una proporción altamente desbalanceada entre población residente y volumen proyectado de visitantes diarios.

II. Afectaciones potenciales y preocupaciones de la sociedad civil

Diversas organizaciones ambientales, académicas y colectivos ciudadanos han señalado que los proyectos representan riesgos significativos ambientales, sociales y económicos.

Entre los principales puntos de preocupación destacan:

1. Impacto sobre cobertura vegetal y manglares

Se ha advertido que el proyecto en Mahahual implicaría el desmonte de más de 16 hectáreas de cobertura vegetal, incluyendo manglares rojo, blanco y botoncillo, todos ellos protegidos por la legislación ambiental mexicana. La alteración de manglares impacta directamente en la protección costera, la captura de carbono y el hábitat de especies marinas y terrestres.

2. Afectación a especies en riesgo

En la zona se ha documentado la presencia de al menos 59 especies de fauna silvestre, de las cuales al menos 15 se encuentran en alguna categoría de riesgo, incluyendo:

• Jaguar (Panthera onca ).

• Ocelote.

• Tigrillo.

• Tortuga blanca.

• Hocofaisán.

• Pavo ocelado.

Registros con cámaras trampa han captado ejemplares de jaguar dentro del predio donde se proyecta la construcción, lo que confirma el uso del área como corredor biológico y zona de refugio.

Organizaciones como Greenpeace han señalado que el inventario de fauna presentado en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) podría ser incompleto, ya que estudios independientes identifican más de 300 especies en la región, varias bajo protección especial.

3. Presión sobre el agua y sistema kárstico

El proyecto contempla la perforación de al menos dos pozos, uno para extracción y otro para inyección de agua de rechazo al subsuelo. En un sistema kárstico, el agua circula principalmente de forma subterránea y cualquier alteración puede impactar cenotes, acuíferos y calidad del agua potable.

Además, la construcción de grandes superficies impermeabilizadas reduce la infiltración natural del agua, lo que puede afectar el equilibrio hidrológico regional.

4. Generación de residuos sólidos

Se estima una generación aproximada de más de 6,000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos, considerando turistas y trabajadores. En Mahahual no existe actualmente un sitio de disposición final con capacidad suficiente para atender ese volumen.

5. Capacidad de carga y servicios públicos

Actualmente la comunidad presenta limitaciones en:

• Alumbrado público.

• Pavimentación.

• Servicios médicos.

• Manejo de residuos.

• Infraestructura hidráulica.

Recibir hasta 21,000 visitantes diarios representa una presión desproporcionada respecto a la capacidad instalada.

6. Impacto social y económico

Se han documentado incrementos de hasta 340% en rentas y 180% en servicios básicos en zonas que han experimentado procesos similares de turismo masivo. Existe preocupación por el desplazamiento de pequeños negocios locales y concentración de beneficios en corporaciones internacionales.

Asimismo, se ha advertido el riesgo de restricción o privatización de facto del acceso a playas, aun cuando constitucionalmente son bienes de uso común.

Perfecto. Te desarrollo con mayor profundidad la tercera parte , incorporando quién promovió el amparo, qué se impugnó, qué resolvió el juzgado y el contexto institucional completo.

III. Participación institucional y situación jurídica actual

En el ámbito institucional, los proyectos “Perfect Day México ” (Mahahual) y “Royal Beach Club Cozumel ” se encuentran sujetos a evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad competente en materia de impacto ambiental federal.

1. Ingreso de las Manifestaciones de Impacto Ambiental

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Royal Caribbean —a través de sus razones sociales intermediarias, entre ellas Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V . para el proyecto en Mahahual— presentó ante la SEMARNAT las Manifestaciones de Impacto Ambiental correspondientes.

Posteriormente, la autoridad ambiental abrió el procedimiento de consulta pública, en el cual las personas interesadas pueden revisar los documentos y presentar observaciones técnicas por escrito para que sean valoradas en la resolución final. Conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, después de la consulta debe celebrarse una reunión pública de información antes de que la SEMARNAT emita su determinación.

2. Clausura por parte de la PROFEPA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección al predio del proyecto “Perfect Day México ” en Mahahual y determinó que se estaban llevando a cabo obras y actividades sin contar con autorización definitiva en materia de impacto ambiental.

Derivado de ello, impuso clausura total temporal en una superficie superior a 17 mil metros cuadrados. Esta medida de seguridad tiene como finalidad evitar daños ambientales mientras se define la situación jurídica del proyecto.

3. Juicio de amparo promovido por organización civil

En paralelo, la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió un juicio de amparo indirecto en contra de actos atribuidos a autoridades municipales y estatales relacionados con la reconfiguración de usos de suelo en más de 107 hectáreas en Mahahual, vinculadas al megaproyecto turístico.

El amparo fue interpuesto argumentando posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, a la legalidad en materia de ordenamiento territorial y a la participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.

Un Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió suspensión provisional y posteriormente suspensión definitiva, ordenando detener los efectos de los actos reclamados, lo que implica:

• La imposibilidad de ejercer derechos derivados de los cambios de uso de suelo impugnados.

• La suspensión de permisos, constancias o licencias sustentadas en dicha reconfiguración.

• La preservación del estado actual del predio mientras se resuelve el fondo del juicio.

La resolución judicial no resuelve aún la constitucionalidad de fondo, pero reconoce que existen elementos suficientes para prevenir posibles daños irreversibles al ambiente mientras el Poder Judicial analiza la legalidad de los actos administrativos impugnados.

4. Dimensión institucional más amplia

Además del procedimiento ambiental y del juicio de amparo, el caso ha generado:

• Movilización de organizaciones ambientales locales, nacionales e internacionales.

• Campañas de recolección de firmas que superan cientos de miles de adhesiones.

• Solicitudes públicas para que la autoridad ambiental niegue autorizaciones si no se garantiza sostenibilidad.

• Exigencias de que cualquier modificación al Programa de Desarrollo Urbano sea sometida a consulta formal y transparente.

El caso también ha puesto en debate la coordinación entre:

• Autoridades federales en materia ambiental.

• Autoridades estatales y municipales responsables de planeación urbana.

• La política turística nacional y el modelo de desarrollo en la península de Yucatán.

5. Importancia jurídica del momento procesal

Actualmente, los proyectos se encuentran en una fase clave:

• Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) están en evaluación.

• Existe consulta pública en curso o recientemente concluida.

• Hay medidas de clausura administrativa vigentes.

• Existen suspensiones judiciales que impiden la consolidación de ciertos actos administrativos.

Este contexto exige que las autoridades actúen con estricto apego a la legalidad, bajo los principios de prevención y precaución ambiental, evitando decisiones que puedan generar afectaciones irreversibles a ecosistemas estratégicos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en la evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de los proyectos turísticos promovidos por Royal Caribbean en Quintana Roo —incluidos “Perfect Day México ” en Mahahual y “Royal Beach Club Cozumel ”— garantice un análisis técnico integral, acumulativo y regional, aplicando el principio precautorio, valorando los efectos sobre la Selva Maya, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, manglares, acuíferos y especies en categoría de riesgo, y asegurando la máxima transparencia del procedimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que supervise estrictamente el cumplimiento de la legislación ambiental en relación con dichos proyectos, verifique que no se realicen obras o actividades sin autorización vigente en materia de impacto ambiental y, en su caso, imponga las medidas de seguridad y sanciones correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Quintana Roo y a los ayuntamientos de Othón P. Blanco y de Cozumel, para que cualquier modificación a los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial vinculada a estos proyectos se realice conforme a derecho, mediante procesos formales de consulta pública, garantizando la participación efectiva de las comunidades locales y el respeto a las resoluciones judiciales vigentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice posibles afectaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso a playas y bienes de uso común, así como al derecho a la participación ciudadana en decisiones que impacten el territorio de las comunidades de Mahahual y Cozumel.

Fuentes:

- Expansión. (2025, mayo 15). Royal Caribbean invertirá 1,000 mdd en un club de playa en Quintana Roo. Expansión. https://expansion.mx/empresas/2025/05/15/royal-caribbean-invertira-1-00 0-mdd-en-un-club-de-playa-en-quintana-roo

- El Economista. (2026, enero 11). Ingresan a evaluación ambiental millonario proyecto Perfect Day en Mahahual. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/estados/ingresan-evaluacion-ambiental-m illonario-proyecto-perfect-day-mahahual-20260111-794760.html

- El Financiero. (2026, enero 26). Frenan a Royal Caribbean : conceden suspensión provisional contra proyecto “Perfect Day ” en Mahahual. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2026/01/26/frenan-a-royal-cari bbean-conceden-suspension-provisional-contra-proyecto-perfect-day-en-ma hahual/

- El CEO. (2026). Royal Caribbean : jueza frena provisionalmente cambios de uso de suelo para proyecto “Perfect Day ”. El CEO. https://elceo.com/investigaciones-especiales/royal-caribbean-jueza-fren a-provisionalmente-cambios-de-uso-de-suelo-para-proyecto-perfect-day/

- Greenpeace México. (s.f.). La Selva Maya no es un parque de diversiones. Greenpeace México. https://www.greenpeace.org/mexico/blog/62141/la-selva-maya-no-es-un-par que-de-diversiones/

- Greenpeace México. (s.f.). Royal Caribbean amenaza la selva y la costa maya. Greenpeace México . https://www.greenpeace.org/mexico/informacion-prensa/62130/royal-caribb ean-amenaza-la-selva-y-la-costa-maya/

- Greenpeace México. (s.f.). 10 datos más escandalosos de Perfect Day . Greenpeace México . https://www.greenpeace.org/mexico/blog/62237/10-datos-mas-escandalosos- de-perfect-day/

- Animal Político. (s.f.). Royal Caribbean insiste en Perfect Day en Mahahual y Cozumel. Animal Político. https://animalpolitico.com/estados/royal-caribbean-perfect-day-mahahual -cozumel

- REPORTUR.mx. (2026, marzo 2). QRoo: megaparque de Royal Caribbean va a consulta pública. REPORTUR.mx. https://www.reportur.com/cruceros/2026/03/02/qroo-megaparque-de-royal-c aribbean-va-a-consulta-publica/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2026

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a las autoridades competentes a fortalecer el seguimiento y correcta aplicación de las medidas comerciales vigentes en el sector cerámico, con el fin de garantizar condiciones de competencia justa para los productores y artesanos mexicanos, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

México cuenta con una larga tradición en la producción artesanal y manufacturera de cerámica, actividad que representa una fuente importante de empleo, identidad cultural y desarrollo económico para diversas regiones del país.

El sector cerámico nacional está integrado tanto por empresas manufactureras como por miles de talleres artesanales familiares, que constituyen unidades productivas fundamentales para el desarrollo económico local.

En distintas entidades federativas se han consolidado comunidades productoras cuya economía depende en gran medida de la elaboración de vajillas y piezas de cerámica.

Entre estas regiones destaca el municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. (Cuna de la Independencia Nacional), Guanajuato, reconocido históricamente como uno de los principales centros de producción cerámica del país, donde numerosos talleres familiares han transmitido esta actividad productiva de generación en generación.

La actividad cerámica artesanal representa no sólo una actividad económica, sino también un elemento cultural profundamente arraigado en la identidad de diversas comunidades mexicanas.

En este contexto, el 5 de marzo de 2025 se presentó ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo relacionada con la necesidad de fortalecer las acciones institucionales frente a posibles prácticas de comercio desleal en el sector cerámico, particularmente respecto de las importaciones de vajillas de cerámica provenientes del extranjero.

Dicho antecedente refleja la preocupación legítima de productores y artesanos mexicanos respecto de las condiciones de competencia en el mercado nacional y la importancia de que las autoridades continúen dando seguimiento a esta problemática.

Consideraciones

México posee una profunda tradición en la producción artesanal y manufacturera de cerámica, actividad que constituye no sólo una fuente de empleo para miles de familias, sino también una expresión cultural que forma parte del patrimonio histórico y productivo de nuestro país.

La cerámica mexicana representa una combinación de conocimiento técnico, creatividad artística y herencia cultural que ha sido transmitida de generación en generación en diversas regiones del territorio nacional.

Actualmente, el sector cerámico nacional está integrado tanto por empresas manufactureras como por miles de talleres artesanales familiares, que constituyen unidades económicas fundamentales para el desarrollo local de múltiples comunidades.

Diversas entidades federativas destacan por su tradición cerámica, entre ellas Guanajuato, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Campeche, donde la producción de vajillas y piezas decorativas representa una actividad económica de gran relevancia.

En particular, el municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, es ampliamente reconocido como uno de los principales centros productores de cerámica del país. En esta localidad, numerosos talleres familiares han consolidado una tradición productiva que forma parte de la identidad cultural de la región y que contribuye significativamente a la economía local.

El fortalecimiento del sector cerámico artesanal resulta fundamental para preservar estas tradiciones productivas y para garantizar el sustento de miles de familias que dependen directamente de esta actividad.

En el ámbito del comercio exterior, el Estado mexicano cuenta con diversos instrumentos orientados a garantizar condiciones de competencia justa entre los productores nacionales y las importaciones provenientes del extranjero.

Entre estas medidas se encuentra el arancel general del 35% aplicable a diversas fracciones arancelarias relacionadas con productos cerámicos, el cual continúa vigente como parte de la política de comercio exterior del país.

Asimismo, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución preliminar dentro de un procedimiento antidumping relacionado con las importaciones de vajillas de cerámica originarias de China, mediante la cual se estableció un precio mínimo de referencia de 2.58 dólares por kilogramo.

Este mecanismo establece que, cuando las importaciones ingresen al país a un precio inferior al señalado, deberá aplicarse una cuota compensatoria equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar dicho precio de referencia.

La finalidad de este esquema es evitar prácticas de subvaluación o competencia desleal, garantizando condiciones más equitativas para los productores nacionales.

No obstante, la efectividad de estas medidas depende en gran medida del adecuado funcionamiento de los mecanismos de supervisión y verificación en las operaciones de comercio exterior, particularmente en lo relativo a la correcta declaración de precios y clasificación arancelaria de las mercancías.

Por ello, resulta pertinente que las autoridades competentes continúen fortaleciendo el seguimiento institucional de estas medidas, con el objetivo de asegurar su correcta aplicación y garantizar condiciones de competencia justa para los productores mexicanos.

El fortalecimiento del sector cerámico nacional no sólo tiene una dimensión económica, sino también cultural y social, al contribuir a la preservación de tradiciones productivas que forman parte de la identidad de múltiples comunidades del país.

En este sentido, el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de acompañar y respaldar las acciones que permitan proteger y fortalecer a los productores y artesanos mexicanos.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reconoce la importancia económica, social y cultural del sector cerámico mexicano, así como el valor del trabajo que realizan miles de productores y artesanos en distintas regiones del país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, a continuar dando seguimiento técnico al procedimiento antidumping relacionado con las importaciones de vajillas de cerámica, a fin de garantizar condiciones de competencia justa para los productores nacionales.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria y a la Agencia Nacional de Aduanas de México a fortalecer los mecanismos de verificación y control en las operaciones de importación de productos cerámicos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las medidas arancelarias y compensatorias vigentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados manifiesta su respaldo a las comunidades productoras de cerámica en México, reconociendo el valor cultural y económico de esta actividad en distintas regiones del país, incluyendo aquellas con amplia tradición artesanal como Guanajuato, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Campeche, entre otras entidades federativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2026.

Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a tomar las medidas pertinentes para proteger los derechos humanos de las y los zacatecanos ante el riesgo ocasionado por la desaparición de personas, así como a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado para que se intensifiquen las investigaciones, diligencias y aquellas acciones que le den mayor eficacia a la búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad, lo que permitirá combatir la impunidad y darle certeza a las familias víctimas de este delito, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Luvianka Guadalupe Partida Chávez, diputada de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha configurado una lista de conductas, que cuando su comisión se ejecuta bajo ciertas circunstancias y en determinados contextos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad debido al daño y riesgo que ocasiona en las respectivas sociedades, así como en las familias de las personas cuyo paradero se desconoce, lo que desafortunadamente está vinculado con la impunidad.

La desaparición de personas es una de esas conductas que causan temor e incertidumbre, porque es común que en los contextos donde se presentan, las autoridades competentes no han podido contrarrestarla, ni encontrar a quienes están ausentes.

En el caso de nuestro país, es un problema que en los últimos años no ha podido detenerse, por lo que, con mayor o menor intensidad, tiene presencia en cualquier entidad federativa.

Por esa razón es que se han realizado esfuerzos desde la perspectiva legislativa para enfrentarla, como lo es la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otros ordenamientos legales, con la idea de combatir la impunidad, y darle certeza a las familias que son victimas de este delito, pero no ha sido suficiente.

El artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece lo siguiente:

“Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa .”

A pesar de estos esfuerzos que se han realizado para tratar de enfrentar y contener la desaparición de personas, esto no ha sido posible, ya que la problemática continúa presentándose de forma preocupante en gran parte del territorio nacional, por lo que es evidente que existen circunstancias importantes que impiden darle cumplimiento a la ley de la materia.

Esto ocasiona que las autoridades se vean rebasadas por el crimen organizado, lo que representa un total debilitamiento del Estado de derecho.

Bajo esa lógica es que la desaparición de personas, es un ilícito caracterizado por la realización de ataques generalizados y sistemáticos contra la ciudadanía, es decir, será generalizado cuando sea un ataque en gran escala, orientado contra un grupo de personas, mientras que será sistemático cuando los ataques sean plenamente organizados, así como a la existencia de ciertos patrones involucrados en la ejecución de los actos1 , entre ellos la probable vinculación con grupos delincuenciales o con la realización de otros ilícitos, no solo por parte del sujeto activo, sino también por la víctima del mismo.

Debido a la manera en que se comete, es dable afirmar que la desaparición de personas en México ya es generalizada y sistemática, pues las denuncias de personas desaparecidas se han ido incrementando anualmente, como se desprende de los datos registrados, por lo que es necesario que las autoridades competentes apliquen la ley de la materia, para generar las condiciones que permitan reducir paulatinamente esta complicada problemática.

En razón de ello, es que las familias y seres queridos de las personas desaparecidas han tenido que organizarse para emprender su búsqueda, a pesar de las diversas circunstancias de adversidad en las que se encuentran, sin embargo, refieren que los colectivos que han integrado no cuentan con el apoyo del gobierno federal, ni de los respectivos gobiernos locales, por lo que en muchas ocasiones efectúan su labor sin su respaldo y ha ocasionado que hayan sido amenazados, o incluso asesinados por el crimen organizado. El riesgo que corren es latente.

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 elaborado por Red Lupa 2 , nuestro país enfrenta una grave crisis creciente de personas desaparecidas, ya que la cifra se ha incrementado significativamente, pues en 2022 se registraron 100 mil, más de 107 mil en 2023, más de 117 mil en 2024, y 128 mil 064 casos reportados en 2025 hasta el último registro.3

Al analizarse la problemática por entidad federativa, se desprende que Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, concentran el 44.3?% de los casos reportados en todo el país.4

Es de resaltar que, durante 2025, en el Estado de México se reportaron 13 mil 982 personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 620 son mujeres, lo que representa el 40?% del total.5

En el estado de Tabasco se aprecia un aumento significativo que causa una fuerte preocupación, ya que en 2024 solo se reportaron 467, pero en 2025 se alcanzó la cifra de 3 mil 952, siendo que poco menos de la mitad son mujeres, en su mayoría adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años.6

El estado de Zacatecas no es la excepción, ya que al igual que las demás entidades federativas, la desaparición de personas es un problema que también padecen las y los zacatecanos desde hace algunos años, más de una década, lo que propicia un entorno de inseguridad, temor e incertidumbre en el que el riesgo es constante y generalizado.

Desde 2010, los casos de desaparición en Zacatecas se fueron incrementando paulatinamente, tal como se refleja en el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 , que refiere que en 2022 se reportaron 2,897 casos de personas desaparecidas en Zacatecas; en 2023 fueron 3,589; en 2024 fueron 3,800 y en 2025 se alcanzó la cifra de 3,889.7

De acuerdo con la cifra reportada de casos de personas desaparecidas en 2025, 3,298 corresponde a hombres y 591 a mujeres.8

Por lo que hace a menores de edad, 351 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, pero el 62.95% eran niños.9

Debe subrayarse que Zacatecas suele ser un territorio de transito de migrantes, cuyo destino son los Estados Unidos de América, por lo que son altamente susceptibles de verse asediados por el crimen organizado en un afán de reclutarlos, o de causarles algún daño al no acceder a sus pretensiones.

En las últimas semanas han existido inquietudes y reclamos de la ciudadanía, así como de los familiares de las personas desaparecidas, hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, cuestionando su desempeño y la eficacia de las investigaciones que realizan respecto de esas denuncias, las cuales no han podido ser judicializadas y alcanzar resultados favorables en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Aunque las autoridades, incluso las federales, han referido una supuesta reducción en el registro de homicidios dolosos, ahora se aprecia un preocupante incremento en los casos de personas desaparecidas a nivel nacional, lo que puede ser parte del desplazamiento en la comisión del delito de homicidio hacia el de desaparición de personas, advirtiéndose que la delincuencia no ha frenado, a pesar de la información publicada desde el gobierno federal y los gobierno estatales involucrados.

Es importante mencionar que el delito de desaparición de personas cometido por particulares, frecuentemente está asociado a otras conductas ilícitas como lo es el narcotráfico, trata de personas, o bien, a actores como lo es el crimen organizado.

Por ello es que es indispensable que se diseñe una política integral que permita enfrentar la problemática de inseguridad pública que existe en Zacatecas con una perspectiva de derechos humanos que contribuya a prevenir el delito, así como a crear las condiciones idóneas para realizar una búsqueda e investigación efectivas.

Al mismo tiempo, es necesario, además de lo anterior, que las autoridades competentes reciban la asesoría técnica de organismos internacionales especializados en este tipo de ilícitos, que el gobierno federal y los gobiernos locales brinden un acompañamiento a víctimas, familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la búsqueda de sus seres queridos, que se implementen las recomendaciones internacionales sobre la problemática, se visibilice la problemática, y exista una sensibilización y empatía hacía las familias de las personas desaparecidas.

Al existir otros delitos de alto impacto relacionados con la desaparición de personas en la entidad, es que se advierte que el gobierno de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en coordinación con el gobierno federal, deben tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos humanos de la población en general, enfrentar de forma estratégica la problemática de inseguridad pública para reducir la comisión de este ilícito u otros conexos, pero es necesario que no se pase por alto la necesidad de darle mayor eficacia a las indagatorias realizadas en la búsqueda de las personas desaparecidas, lo que dará mayor certeza a las familias de las personas desaparecidas.

Hoy en Zacatecas, las familias no están completas debido a que se desconoce dónde puedan estar su padre, su madre, su hermana, su hermano, o algún amiga o amigo, incluso sus niñas y niños, quienes son buscados por sus seres queridos con la fuerza y esperanza de volver a verlos con vida, a pesar de que el tiempo siga transcurriendo y las posibilidades se vayan reduciendo.

Miles de familias enfrentan un panorama desolador, quienes enfrentan adversidades de diferente índole en la búsqueda de sus parientes o amigos desaparecidos, por lo que aprobar esta proposición con punto de acuerdo es la oportunidad que se tiene para apoyarlos de forma importante y eficiente.

Lo que se requiere es que las familias y los colectivos sean respaldadas por el gobierno de Zacatecas, porque al realizar su labor de búsqueda se encuentran expuestos y el riesgo en el que se encuentran es alto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Zacatecas, para que tome las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las y los zacatecanos ante el riesgo ocasionado por la desaparición de personas, se apoye ampliamente a los familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en su búsqueda, además de brindarles la protección necesaria para que continúen con su labor sin riesgos.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para intensificar las investigaciones, diligencias y aquellas acciones que le den mayor eficacia a la búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad, lo que permitirá combatir la impunidad y darle certeza a las familias víctimas de este delito.

Notas:

1. Consultado en https://imdhd.org/redlupa/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Nacional-2 024.pdf

2. Red Lupa es una red de mujeres, personas buscadoras y acompañantes que monitorean los cambios del fenómeno de la desaparición y generamos información útil para nuestra lucha, mediante el diálogo y el trabajo en red. La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, consultado en https://imdhd.org/redlupa/

3. Consultado en https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/infor me-nacional-de-personas-desaparecidas-2025/

4. Idem

5. Idem

6. Idem

7. Consultado en https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-estatales/region -bajio/personas-desaparecidas-zacatecas/

8. Idem

9. Idem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2026.

(Rúbrica)