Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a destinar los recursos suficientes para el reencarpetado hidráulico y la rehabilitación integral de la carretera estatal Los Cerezos – El Ixtle, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México y del Tecnológico de Nuevo León a realizar una revisión integral administrativa, financiera y académica del Tecnológico de Nuevo León, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a la ciudadanía sobre las afectaciones a la salud pública y número de casos de cáncer registrados en la zona cercana a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Baja California a otorgar apoyos económicos, materiales y logísticos a colectivos de familiares de personas desaparecidas, particularmente en el municipio de San Quintín, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre el ingreso de aeronaves y personal militar extranjero a territorio nacional, el cumplimiento de las facultades constitucionales del Senado, el traslado de reos a Estados Unidos y la seguridad del espacio aéreo mexicano, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SABG a implementar de manera urgente una estrategia integral a fin de combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos en México, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la SHCP, a la SABG y a la ASF a informar a la opinión pública sobre el costo final del proyecto, las irregularidades financieras y el estatus de las sanciones relacionadas con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, a la FGR y al titular del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec a contratar una institución privada certificada que emita un peritaje internacional independiente, se investigue la cadena de responsabilidades y se garantice la seguridad operativa en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a realizar los procedimientos necesarios para establecer una Embajada Mexicana en la República de Armenia, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a destinar los recursos suficientes para el reencarpetado hidráulico y la rehabilitación integral de la carretera estatal Los Cerezos – El Ixtle, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Asael Hernández Cerón, y las y los diputados pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a destinar los recursos suficientes para el reencarpetado hidráulico y la rehabilitación integral de la carretera estatal Los Cerezos – El Ixtle, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Por su parte, el artículo 5, fracción II de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal precisa la obligación de la Federación, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de “Construir y conservar directamente caminos y puentes.”

Bajo este contexto normativo, es relevante señalar que el estado de Hidalgo cuenta con una red vial que se integra por 20 carreteras estatales libres, con una longitud total de 717.27 kilómetros, y 1 carretera mixta, integrada por tramos federales y estatales, con una longitud de 70.44 kilómetros, mismas que se pueden apreciar en la gráfica siguiente:

A partir de lo anterior, quiero enfocarme en la carretera estatal Pachuca-Mineral del Chico que comprende la localidad de Los Cerezos (Hidalgo) y pertenece al municipio de Huautla. Hay 340 habitantes y está a 143 metros de altura. Esta localidad es la más poblada, ocupando la posición número 27 de todo el municipio. Los Cerezos se encuentra a 4.2 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Huautla, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio. Es de resaltar que, en Los Cerezos, hay un porcentaje del 100 por ciento de población indígena.

De tal suerte que, en mis recorridos como diputado federal por el estado de Hidalgo, pobladores de la localidad El Cerezo y del Ixtle me solicitaron que realizara acciones que estén dentro de mi función para que pudieran rehabilitar su carretera.

La carretera estatal Pachuca-Mineral del Chico abarca comunidades como Tempexquisco, Tepeco, Pajonal, Linderos, 14 de mayo, Tepintisco el Ixtle; esta zona forma parte de la región Huasteca hidalguense y se caracteriza por tener numerosas comunidades pequeñas.

Algunas referencias de estas localidades son:

Tepeco: Localidad perteneciente al municipio de Huautla, cuenta con una población aproximada de 361 habitantes.

El Ixtle, 14 de mayo, Pajonal: Estas localidades aparecen listadas en los catálogos de pueblos y cartas geográficas del estado, ubicadas en el municipio de Huautla.

Tempexquisco (o Tepintisco): También referenciado en el catálogo de comunidades de Huautla.

Linderos: Mencionada en la zona geográfica de Huautla.

Es por eso que a través del presente punto de acuerdo hago un llamado al gobierno federal para que voltee al estado de Hidalgo, en especial a las zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la Huasteca del estado de Hidalgo. Urge que rehabilite lo que destrozaron las fuertes lluvias del pasado 9 de octubre en las comunidades de la sierra hidalguense.

Es imperativo arreglar la carretera que conecta estas localidades, ya que desde el pasado 9 de octubre del 2025 fuertes lluvias afectaron a todo el país; tres días de precipitación intensa y constante azotaron regiones del estado de Hidalgo, en especial en diversas zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la Huasteca del estado de Hidalgo.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a destinar los recursos suficientes para el reencarpetado hidráulico y la rehabilitación integral de la carretera estatal Los Cerezos – El Ixtle.

Notas:

1 Red de carreteras del estado de Hidalgo, 2024, consultado en la pagina Eb: https://vialidades.com.mx/red-carretera-del-estado-de-hidalgo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de marzo de 2026.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México y del Tecnológico de Nuevo León a realizar una revisión integral administrativa, financiera y académica del Tecnológico de Nuevo León, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

I. Naturaleza jurídica del Tecnológico Nacional de México

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2014, el cual agrupa más de 250 planteles de educación superior tecnológica en todo el país.

II. Antecedentes de conflictos en planteles del TecNM

Diversos planteles que forman parte del TecNM han enfrentado conflictos que han sido documentados por medios de comunicación nacionales, lo que pone de manifiesto la importancia de fortalecer la supervisión institucional preventiva con el fin de garantizar la operatividad, transparencia y calidad educativa del subsistema.

A) Protestas y tensiones laborales en Veracruz

Trabajadores del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba han protagonizado protestas por el retraso en el pago de salarios y prestaciones desde 2024, situación que se extendió en 2025–2026 y que han denunciado públicamente ante medios locales y sindicales, señalando ausencia de respuesta por parte de autoridades educativas.1

Asimismo, se han reportado señalamientos de presuntos casos de acoso y malos manejos dentro del plantel, así como la expresión de inconformidad contra la dirección general del TecNM.2

B) Paros y protestas estudiantiles en Puebla

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán llevaron a cabo paros y protestas exigiendo la destitución de directivos y administrativos, denunciando presuntas irregularidades y falta de diálogo institucional, lo que derivó en bloqueos y manifestaciones públicas en defensa de sus demandas.3, 4, 5

C) Conflictos en planteles de Guanajuato

En el Instituto Tecnológico de León se registraron paros prolongados que culminaron con acuerdos entre estudiantes y autoridades del TecNM, donde se exigieron garantías de no represalias y diálogo institucional después de más de un mes de movilización estudiantil.6

También se documentó la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra estudiantes por la ocupación de instalaciones federales, situación que refleja tensiones entre comunidades estudiantiles y autoridades educativas federales.7

III. Relevancia y necesidad de supervisión preventiva

Estos antecedentes no implican que el Instituto Tecnológico de Nuevo León se encuentre en una situación idéntica, pero sí evidencian que planteles del sistema TecNM han enfrentado conflictos relevantes , lo cual refuerza la necesidad de actuar preventivamente ante las inquietudes expresadas por integrantes de la comunidad educativa del plantel en Nuevo León.

Una revisión oportuna por parte de las autoridades competentes —SEP y TecNM— puede contribuir a:

• Identificar áreas de riesgo en la operación institucional;

• Fortalecer controles internos y mecanismos de transparencia;

• Garantizar la continuidad académica y bienestar docente–estudiantil;

• Evitar la escalada de conflictos que afecten el derecho a una educación de calidad.

En consecuencia, y considerando que el Tecnológico Nacional de México constituye una de las redes de educación superior tecnológica más relevantes del país, resulta indispensable que su operación se conduzca bajo los más altos estándares de legalidad, transparencia, eficiencia administrativa y calidad académica.

Si bien no corresponde a esta soberanía sustituir a las autoridades competentes ni emitir juicios anticipados sobre situaciones particulares, sí es responsabilidad de la Cámara de Diputados promover mecanismos institucionales que fortalezcan la rendición de cuentas y prevengan eventuales afectaciones al derecho a la educación.

La experiencia reciente en distintos planteles del subsistema TecNM demuestra que la falta de atención oportuna a inquietudes internas puede derivar en conflictos que impacten directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo. Por ello, una revisión preventiva, objetiva y técnica por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México no debe entenderse como una medida sancionadora, sino como una acción responsable orientada a fortalecer la gobernanza institucional y garantizar la continuidad académica.

En ese sentido, y ante las inquietudes relacionadas con la operación administrativa y académica del Instituto Tecnológico de Nuevo León, resulta procedente solicitar la intervención institucional correspondiente, a efecto de asegurar que el funcionamiento del plantel se ajuste plenamente al marco normativo aplicable y a los principios de transparencia, legalidad, eficiencia y mejora continua que rigen el servicio público de educación superior.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México y al director del Tecnológico de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones:

1. Realicen una revisión administrativa, financiera, académica y de servicios del Instituto Tecnológico de Nuevo León, a fin de identificar áreas de oportunidad, fortalecer la gobernanza institucional y asegurar la correcta administración de recursos y servicios educativos.

2. Implementen mecanismos formales de atención institucional a las inquietudes de la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Nuevo León, garantizando canales transparentes de diálogo y seguimiento, con especial atención a denuncias anónimas y mecanismos de protección a quienes las presenten.

3. Informen a la opinión pública, en los términos de la normatividad aplicable, sobre las acciones emprendidas, hallazgos y medidas correctivas adoptadas para garantizar la legalidad, transparencia, calidad educativa e integridad institucional del plantel.

Notas:

1 Protestas de trabajadores por adeudos salariales en el TecNM campus Orizaba. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/374520/trabajad ores-del-tecnm-orizaba-protestan-por-adeudos-salariales-desde-2024.html

2 Denuncias de presunta impunidad y malos manejos dentro de plantel Orizaba. (OEM)
https://oem.com.mx/elsoldeorizaba/local/crisis-en-el-tecnologico-nacional-de-mexico-acusan-impunidad-en-casos-de-acoso-y
-malos-manejos-27873732

3 Paro y protestas estudiantiles en el Tecnológico de Tehuacán por presuntas irregularidades.
https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/continuan-tecnologicos-de-tehuacan-y-sierra-negra-sin-directivos-por-conflictos
-internos-27915933

4 Estudiantes bloquean vialidades y protestan por falta de atención institucional en Tehuacán.
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/crece-el-conflicto-en-el-tecnologico-de-tehuacan-alumnos-cierran-autopista-ante
-falta-de-respuesta-2/

5 Paro prolongado en el Instituto Tecnológico de León y acuerdos con el TecNM.
https://oem.com.mx/noticiasvespertinas/local/tecnologico-de-leon-levanta-paro-tras-acuerdos-con-el-tecnm-y-garantia-de-no
-represalias-27288070

6 Denuncia penal promovida por el TecNM contra estudiantes por ocupación de plantel en León. https://poplab.mx/posts/autoridades-del-tecnologico-nacional-en-leon-de nuncian-penalmente-a-estudiantes-en-paro/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de marzo de 2026.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a la ciudadanía sobre las afectaciones a la salud pública y número de casos de cáncer registrados en la zona cercana a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de México, para que informe a la ciudadanía sobre las afectaciones a la salud pública y número de casos de cáncer registrados en la zona cercana a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La protección del derecho humano a la salud y el acceso a información pública constituyen pilares fundamentales del Estado mexicano. En contextos donde existen antecedentes de contaminación ambiental y presencia de residuos peligrosos, resulta indispensable que las autoridades generen información clara, verificable y accesible para la ciudadanía, especialmente cuando existen preocupaciones legítimas sobre posibles afectaciones a la salud de las familias que habitan en las zonas aledañas.

La empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, operó durante décadas en la fabricación de productos químicos vinculados al uso de compuestos de cromo, sustancia considerada altamente tóxica y con potencial cancerígeno. Tras más de treinta años de actividad industrial, la planta fue clausurada en 2014 por diversas irregularidades relacionadas con el almacenamiento inadecuado de residuos peligrosos, incluyendo miles de toneladas de desechos que permanecieron expuestos sin las condiciones de seguridad necesarias, lo que generó pasivos ambientales significativos y preocupación social por sus posibles impactos en la salud pública.

Es menester señalar que, aunque la referida empresa se encuentra dentro de los límites territoriales del municipio de San Francisco del Rincón, las posibles afectaciones a la salud no se circunscriben exclusivamente a dicha demarcación, sino que también podrían impactar a comunidades del municipio de León, lo que convierte esta problemática en un asunto de salud pública de carácter regional en toda la zona aledaña.

Diversos antecedentes documentan que la presencia de contaminantes en el aire, suelo y mantos acuíferos puede generar riesgos relevantes para la población, particularmente en comunidades cercanas a sitios contaminados, donde la exposición prolongada a sustancias peligrosas puede tener efectos acumulativos difíciles de medir sin estudios técnicos especializados. Asimismo, se ha señalado que los impactos ambientales suelen afectar de manera desproporcionada a grupos vulnerables, lo que obliga al Estado a actuar bajo principios de prevención, transparencia y rendición de cuentas.

Si bien distintas autoridades han realizado acciones administrativas, inspecciones y procesos relacionados con la remediación ambiental y la investigación de posibles responsabilidades penales, persiste entre la población una legítima inquietud sobre las consecuencias sanitarias derivadas de la exposición a estos residuos peligrosos, especialmente en lo relativo a enfermedades oncológicas. En este contexto, el acceso a información científica confiable resulta esencial para evitar la especulación, reducir la incertidumbre social y garantizar que las decisiones públicas se sustenten en evidencia verificable.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, lo que implica no sólo la adopción de medidas preventivas y correctivas, sino también la obligación de las autoridades de informar oportunamente a la ciudadanía sobre los riesgos que puedan afectar su integridad física y su calidad de vida.

Bajo esta perspectiva, resulta pertinente que la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Cancerología, elabore y haga público un reporte técnico detallado sobre el número de casos de cáncer registrados en la zona cercana a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., con el objetivo de proporcionar a la población información objetiva, sustentada en criterios epidemiológicos y científicos, que permita comprender con mayor claridad la situación sanitaria de la región.

La transparencia en la generación y difusión de datos en materia de salud no sólo fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino que también contribuye a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a proteger a las familias y a garantizar que cualquier acción gubernamental se sustente en diagnósticos técnicos sólidos.

En consecuencia, este punto de acuerdo tiene como propósito exhortar, respetuosamente, a las autoridades sanitarias federales a informar de manera clara y responsable a la sociedad sobre la situación epidemiológica relacionada con enfermedades oncológicas en la zona, privilegiando siempre el rigor científico, la prevención y el bienestar de las comunidades.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, elabore y haga pública una evaluación técnica detallada, que informe a la ciudadanía sobre las afectaciones a la salud pública y número de casos de cáncer registrados en la zona cercana a la empresa Química Central de México, S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar el acceso a información en materia de salud pública y brindar certeza a las familias que habitan en la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2026.

Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Baja California a otorgar apoyos económicos, materiales y logísticos a colectivos de familiares de personas desaparecidas, particularmente en el municipio de San Quintín, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Eva María Vásquez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California a otorgar apoyos económicos, materiales y logísticos a colectivos de familiares de personas desaparecidas, particularmente en el municipio de San Quintín, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La desaparición de personas constituye una de las crisis humanitarias más profundas y persistentes en México. No se trata únicamente de un fenómeno delictivo; es una violación múltiple y continuada de derechos humanos que afecta no solo a la víctima directa, sino a su familia, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. La incertidumbre prolongada sobre el paradero de una persona genera una afectación psicológica, social y económica que se prolonga indefinidamente mientras no se esclarezca la verdad.

En el contexto nacional, diversas entidades federativas presentan una incidencia significativa de casos de desaparición, entre ellas Baja California. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, esta entidad ha registrado en los últimos años un número relevante de casos, con especial concentración en municipios que enfrentan dinámicas complejas de violencia, migración, desigualdad y precariedad institucional. Uno de estos municipios es San Quintín, cuya ubicación geográfica, extensión territorial y condiciones socioeconómicas dificultan las labores de búsqueda y localización.

Ante la insuficiencia de recursos institucionales, las familias de personas desaparecidas han asumido un rol central en la búsqueda. Organizadas en colectivos y asociaciones civiles, realizan jornadas de rastreo en campo, inspeccionan terrenos, coordinan información y mantienen viva la exigencia de verdad y justicia. Sin embargo, lo hacen frecuentemente sin el equipo adecuado, sin respaldo logístico suficiente y enfrentando riesgos considerables.

Este punto de acuerdo pretende visibilizar y pedir a las autoridades correspondientes el atender la problemática de la desaparición en Baja California, la labor de los colectivos de búsqueda en San Quintín y la urgente necesidad de fortalecer el apoyo institucional mediante recursos económicos, materiales y logísticos que permitan garantizar búsquedas más seguras, eficientes y dignas.

La desaparición de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pues implica la afectación simultánea de diversos derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al acceso a la justicia. Además, genera una violación continuada mientras no se determine el paradero de la persona desaparecida.

En el ámbito internacional, México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento que establece la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la desaparición, así como de buscar y localizar a las personas desaparecidas.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el deber de búsqueda es inmediato, serio y coordinado, y que el Estado no puede limitarse a acciones formales o burocráticas. La búsqueda debe ser eficaz y sostenida, considerando la participación activa de las familias.

La desaparición no es solo un delito; es una herida abierta en el tejido social. Cada persona desaparecida representa una historia truncada, una familia en duelo suspendido y una deuda pendiente del Estado con sus ciudadanos.

Baja California presenta características particulares que influyen en la dinámica de desaparición de personas. Su condición de estado fronterizo lo convierte en punto estratégico de tránsito migratorio, actividad económica transnacional y, lamentablemente, de operación de redes delictivas.

Municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín han registrado casos significativos de desaparición. En particular, San Quintín enfrenta desafíos específicos:

- Amplias extensiones territoriales.

- Zonas rurales y agrícolas de difícil acceso.

- Áreas desérticas y montañosas.

- Predios abandonados y espacios aislados.

- Infraestructura limitada en comparación con zonas urbanas.

Estas condiciones geográficas complejizan enormemente las labores de búsqueda. Las distancias son extensas, el terreno es irregular y en muchos casos las búsquedas implican internarse en zonas sin señal telefónica o sin acceso inmediato a servicios de emergencia.

Además, San Quintín es un municipio relativamente joven en términos administrativos, lo que implica procesos de consolidación institucional en curso. La coordinación interinstitucional puede verse limitada por recursos humanos y materiales insuficientes.

Ante la insuficiencia institucional, las familias de personas desaparecidas han asumido la búsqueda como una tarea propia. Organizadas en colectivos y asociaciones civiles, han desarrollado metodologías de rastreo, han aprendido técnicas básicas de exploración y han generado redes de apoyo entre ellas.

Estos colectivos realizan labores que incluyen:

- Búsquedas en campo.

- Exploración de predios rurales.

- Inspección de fosas clandestinas.

- Revisión de información anónima.

- Coordinación con autoridades.

- Acompañamiento a otras familias.

La labor que desempeñan es profundamente humana y solidaria, pero también extremadamente riesgosa. Las búsquedas se realizan en condiciones climáticas adversas, terrenos irregulares y contextos potencialmente peligrosos.

Además del desgaste físico, las familias enfrentan una carga emocional intensa. Cada jornada de búsqueda implica la posibilidad de encontrar restos humanos, reviviendo el dolor y la incertidumbre. A ello se suma el impacto económico: muchas veces deben cubrir de su propio bolsillo los gastos de transporte, alimentación, herramientas y equipo.

Las búsquedas en zonas como San Quintín implican riesgos considerables:

- Terrenos escarpados y accidentados.

- Exposición a altas temperaturas.

- Presencia de fauna peligrosa.

- Riesgo de accidentes por caídas o deslizamientos.

- Posible presencia de grupos delictivos.

Sin equipo adecuado, estos riesgos se multiplican. Botas resistentes, guantes, chalecos, cascos y equipo de protección no son accesorios; son elementos básicos para garantizar la integridad física de quienes participan.

Asimismo, las labores de búsqueda en barrancos o zonas de difícil acceso requieren equipo especializado como cuerdas, arneses y herramientas de rappel. La ausencia de estos recursos limita la capacidad operativa y aumenta la probabilidad de accidentes.

El uso de tecnología, como drones y equipos de detección, puede mejorar significativamente la eficacia de las búsquedas, permitiendo explorar áreas amplias con menor riesgo físico.

Colectivos del municipio de San Quintín han solicitado apoyo institucional específico para fortalecer sus capacidades operativas. Entre las necesidades identificadas se encuentran:

Una unidad vehicular adecuada para el traslado de familias y voluntarios.

- Recursos para mantenimiento, reparación y combustible.

- Equipo táctico y de protección personal.

- Herramientas de excavación.

- Equipo de comunicación.

- Botiquines traumáticos de primeros auxilios.

- Un binomio canino (K9) especializado.

- Capacitación técnica.

La asignación de una camioneta adecuada no es un lujo; es una necesidad logística. Las distancias en San Quintín son amplias y el transporte colectivo permite optimizar recursos y garantizar traslados seguros.

El equipo de comunicación es esencial para mantener contacto en zonas sin señal celular. Los botiquines traumáticos pueden marcar la diferencia ante un accidente en campo.

El uso de un K9 especializado incrementa significativamente la probabilidad de localización en ciertas condiciones, pero requiere capacitación adecuada y mantenimiento continuo.

El deber de búsqueda no puede recaer exclusivamente en las familias. Si bien su participación es fundamental, corresponde al Estado garantizar condiciones seguras y eficaces para las labores de localización.

El apoyo institucional no implica sustituir a las autoridades en sus obligaciones, sino fortalecer la cooperación y brindar herramientas adecuadas a quienes ya realizan esta labor.

Respaldar a los colectivos mediante apoyos económicos y logísticos:

- Reduce riesgos físicos.

- Mejora la eficiencia de las búsquedas.

- Reconoce la legitimidad de su labor.

- Fortalece la confianza institucional.

- Contribuye al derecho a la verdad.

Más allá de lo jurídico, existe una dimensión ética ineludible. Las familias no deberían verse obligadas a arriesgar su integridad para encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, lo hacen porque el amor y la necesidad de verdad las impulsa.

Brindar apoyo institucional es un acto de reconocimiento y humanidad. Es aceptar que la búsqueda es una causa colectiva y que la sociedad no puede permanecer indiferente.

Además, la visibilidad de estas acciones envía un mensaje claro: el Estado no abandona a las víctimas ni delega completamente su responsabilidad.

La desaparición de personas en Baja California, particularmente en San Quintín, representa un desafío complejo que exige respuestas integrales. Las familias organizadas en colectivos han demostrado una resiliencia extraordinaria, pero no deben enfrentar solas esta carga.

Fortalecer el apoyo institucional mediante recursos económicos, materiales y logísticos es una medida urgente y necesaria. No se trata de un gesto simbólico, sino de una política concreta que puede salvar vidas, proteger integridades y acercar a las familias a la verdad.

La búsqueda de personas desaparecidas es una obligación del Estado y una causa de humanidad compartida. Garantizar que quienes buscan cuenten con las herramientas adecuadas es un paso indispensable hacia una respuesta más digna, eficaz y justa frente a una de las crisis más dolorosas del país.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de las personas a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, prerrogativa fundamental que protege la organización de la ciudadanía para la defensa y promoción de sus derechos.

“Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de delibera”

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas obliga al Estado mexicano a adoptar todas las medidas necesarias para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

“Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Artículo 24

1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:

a ) La restitución;

b ) La readaptación;

c ) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;

d ) Las garantías de no repetición.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.”

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las instancias competentes, otorgue apoyos económicos, materiales y logísticos a las asociaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, particularmente en el municipio de San Quintín, que incluyan:

1. La asignación de una unidad vehicular adecuada para el traslado seguro de familiares y voluntarios durante las jornadas de búsqueda, así como recursos para su mantenimiento, reparación y abastecimiento de combustible.

2. Apoyos económicos destinados a cubrir gastos operativos, incluyendo víveres y mantenimiento de equipo.

3. Dotación de equipo táctico y de protección personal, tales como botas, chalecos, uniformes, guantes, polainas y cascos.

4. Equipo especializado para labores de búsqueda, incluyendo equipo de rappel (cuerdas, arneses, brújulas, lámparas, miralejos), herramientas de excavación (palas y picos tipo “T”), radios de comunicación y dispositivos tecnológicos como dron.

5. Un botiquín traumático de primeros auxilios para atención en campo.

6. La asignación de un binomio canino (K9) especializado en búsqueda y localización, así como capacitación certificada para su adecuado manejo.

7. Equipamiento adicional necesario para la exploración y localización, incluyendo herramientas técnicas como equipo de medición y detección.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2026.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre el ingreso de aeronaves y personal militar extranjero a territorio nacional, el cumplimiento de las facultades constitucionales del Senado, el traslado de reos a Estados Unidos y la seguridad del espacio aéreo mexicano, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a Informar a la opinión pública sobre el ingreso de aeronaves y personal militar extranjero a territorio nacional, el cumplimiento de las facultades constitucionales del Senado, el traslado de reos a Estados Unidos y la seguridad del espacio aéreo mexicano, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 17 de enero de 2026 se difundieron imágenes de un avión Lockheed Martin C-130J “Hércules” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estacionado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En respuesta al revuelo en redes sociales, el Gabinete de Seguridad1 informó en un comunicado que la presencia de la aeronave obedecía a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación.

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el mensaje en su conferencia del 19 de enero y afirmó que la autorización “se dio desde octubre del año pasado” y que no fue necesario consultar al Senado porque “no venían tropas de Estados Unidos” y el vuelo estaba vinculado a capacitación. Ese mismo día aseguró que el aterrizaje “fue autorizado por la Secretaría de la Defensa” y reiteró que vuelos similares ya habían sucedido en otras ocasiones.

Sin embargo, registros oficiales del Senado revelan una versión distinta. El 17 de diciembre de 2025, la propia titular del Ejecutivo solicitó al Senado autorizar el ingreso de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para trasladar a 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México hacia Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo. Ese mismo día presentó otra solicitud para que personas de las Fuerzas Especiales de la Marina de EE.UU. (Navy SEALs y 7º Grupo de Fuerzas Especiales) ingresaran con armamento a México y que la aeronave aterrizara el 12 de enero en Toluca. Debido a que la sesión de la Comisión Permanente del Senado se suspendió después de la invasión estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, estas solicitudes no fueron discutidas ni aprobadas.

La última autorización del Senado para la entrada de tropas estadounidenses data del 30 de septiembre de 2025, y en 2025 sólo se aprobó el ingreso de 319 elementos estadounidenses para ejercicios y capacitación.

Estas evidencias contradicen la afirmación presidencial de que la aeronave contaba con autorización del Senado. El artículo 76, fracción III de la Constitución establece que es facultad exclusiva del Senado autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la salida de tropas mexicanas.2 Según la información oficial, la aeronave estadounidense transportaba a militares mexicanos, por lo que se trata de salida de tropas nacionales y debió someterse a la aprobación de la Cámara de Senadores.

Cobra relevancia que diversos senadores de oposición han señalado que “el gobierno miente otra vez” al asegurar que el vuelo no requería permiso del Senado y que la aeronave no transportaba tropas.

Por otra parte, la senadora Laura Itzel Castillo, del partido oficialista, argumentó que el Senado carece de facultades para autorizar el ingreso de aviones militares y que dicha decisión corresponde al Gabinete de Seguridad.3 Esta posición contrasta con la obligación constitucional de someter a consideración de la Cámara alta el tránsito de tropas extranjeras y la salida de personal militar.

Esta situación obliga al gobierno federal a transparentar los hechos, para que explique bajo qué figura legal se realizó el movimiento. Si se trató de una “misión de enlace”, capacitación o ayuda humanitaria, deben presentar el documento que lo avale a fin de transparentar la entrada de una aeronave estadounidense.

La tensión no se limita a la autorización legislativa. El 19 de enero, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió varias alertas de seguridad (Notice to Air Missions: NOTAM)4 dirigidas a operadores y aerolíneas estadounidenses debido a “riesgos potenciales” asociados a actividad militar e interferencias en los sistemas de navegación por satélite (Sistema Global de Navegación por Satélite GNSS) sobre zonas de México, Centro y Sudamérica.

Especialistas en derecho aeronáutico advirtieron que, al tratarse de un área bajo jurisdicción mexicana, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) debió emitir un NOTAM similar y criticaron que la notificación se publicara de forma unilateral.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) respondió que el aviso de la FAA es únicamente preventivo y no representa restricciones para aerolíneas mexicanas. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas calificó la respuesta gubernamental de “tibia”, porque se minimizan posibles violaciones al espacio aéreo y los riesgos para la aviación civil mexicana.5

En la conferencia del 20 de enero, la presidenta Sheinbaum reconoció que la respuesta oficial al NOTAM tardó porque primero buscó confirmarse que no había sobrevuelo estadounidense sobre México; la SICT emitió su comunicado sólo después de recibir confirmación escrita de la FAA. Al explicar nuevamente la presencia del C-130, insistió en que no traía militares estadounidenses y que el permiso se otorgó desde octubre por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); además, aseguró que la delegación mexicana regresará en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas afirmaciones se contradicen con los registros parlamentarios y con las propias declaraciones previas de la mandataria, quien un día antes mencionó que el ingreso fue autorizado por el Senado.6

El NOTAM estadounidense hace referencia a “actividad militar” no especificada; la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) e IFALPA alertaron a sus agremiados por interferencias GNSS (jamming7 y spoofing)8 que podrían afectar todas las fases del vuelo. Investigadores han señalado que estas interferencias están vinculadas a ejercicios militares en El Caribe, el Pacífico mexicano y otras regiones. La misma nota periodística reportó que un avión de vigilancia P-8A Poseidon de la Marina estadounidense incursionó hasta 3 km en aguas territoriales mexicanas frente a Baja California y que no ha habido postura oficial. Estas acciones evidencian que existen operaciones militares estadounidenses en la región que podrían explicar la emisión del NOTAM y refuerzan la necesidad de transparencia.9

La relación bilateral en materia de seguridad atraviesa otros episodios polémicos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que recibió 37 fugitivos mexicanos que fueron entregados por el gobierno mexicano mediante su Ley de Seguridad Nacional, acordando no solicitar la pena de muerte. Esta es la tercera y mayor entrega de fugitivos —tras las realizadas en febrero y agosto de 2025— y refleja un nivel de cooperación que contrasta con las negativas del Ejecutivo mexicano sobre operaciones conjuntas. La contradicción entre la expulsión masiva de personas hacia Estados Unidos y la negativa a reconocer la presencia de aeronaves militares estadounidenses deteriora la confianza pública.10

En suma, existen contradicciones entre las declaraciones oficiales y los registros parlamentarios, así como una falta de claridad sobre las operaciones militares y aeronáuticas en territorio mexicano. El Senado de la República, como representante del Pacto Federal y órgano encargado de autorizar la presencia de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, debe exigir transparencia y velar por el respeto a la Constitución y a la soberanía.

La presencia de un avión militar estadounidense en Toluca, las contradicciones en las versiones oficiales y la falta de autorización legislativa evidencian un severo problema de transparencia y respeto al marco constitucional. Cobra relevancia que el Senado de la República tiene la obligación de vigilar que el Ejecutivo ejerza sus facultades con apego a la ley y de garantizar que la cooperación internacional en materia de seguridad no menoscabe la soberanía ni ponga en riesgo la aviación civil. La aprobación de este punto de acuerdo permitirá clarificar responsabilidades por posibles omisiones, fortalecer la supervisión senatorial y reconstruir la confianza ciudadana a fin de que se sobaje la soberanía nacional.

Aunado a lo anterior, las autoridades de México trasladaron a Estados Unidos a 37 reos que estaban en el penal del Altiplano, siendo la tercera entrega masiva a Estados Unidos dando un total de 92 reos trasladados al vecino país del norte. Se informó por las autoridades que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, “con pleno respeto a la soberanía nacional. El Gabinete de Seguridad de México explicó que el envío fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Los reos fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.11

La decisión de trasladar masivamente a 92 reos hacia Estados Unidos bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional representa un hito controversial en la relación bilateral, que si bien busca desarticular el poder de mando en penales como el Altiplano, pone en entredicho la solidez institucional de México. Esta acción puede interpretarse como una claudicación del sistema penitenciario mexicano; al entregar a los perfiles más peligrosos de manera expedita, el Estado admite implícitamente su incapacidad para contenerlos dentro de sus propios muros de máxima seguridad. Además, al priorizar la agenda de justicia estadounidense sobre la local, se corre el riesgo de dejar en la incertidumbre procesos penales en curso en México, privando a las víctimas mexicanas de su derecho a la verdad y a la reparación del daño en suelo nacional.

En el plano estrictamente jurídico, esta maniobra enfrenta cuestionamientos severos respecto a su constitucionalidad. El marco legal ordinario dicta que cualquier entrega de una persona a otro Estado debe regirse por la Ley de Extradición Internacional y el Tratado Bilateral vigente. Al utilizar la Ley de Seguridad Nacional como un atajo administrativo, el Gabinete de Seguridad podría estar incurriendo en una violación al debido proceso y a la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución. El proceso de extradición convencional permite que el acusado sea escuchado ante un juez de distrito y pueda interponer un juicio de amparo; al omitir estas etapas, se genera un precedente de discrecionalidad ejecutiva donde la seguridad nacional se convierte en un concepto paraguas para evitar el control judicial. Hay que tomar en cuenta que procedieron conforme al 119 constitucional para que de forma unilateral y con solicitud expresa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se trasladaran a los reos bajo sus términos aspecto que violenta el marco jurídico.

Esta modalidad de entrega de reos en “fast-track” desconfigura la división de poderes, ya que el Ejecutivo asume funciones que deberían pasar por el tamiz del Poder Judicial, dejando una interrogante abierta sobre si la eficiencia operativa justifica el sacrificio de las garantías procesales fundamentales.

Por último, el pasado 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) emitió una orden de cierre inmediato y total del espacio aéreo sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, y zonas colindantes en Nuevo México. La restricción, programada inicialmente para durar diez días, fue una medida excepcional que suspendió toda actividad comercial, de carga e incluso vuelos de emergencia médica.

La justificación oficial ofrecida por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y otros portavoces de la administración estadounidense, señaló que la medida respondió a una incursión de drones operados por cárteles mexicanos de la droga en territorio estadounidense. Según esta versión, el Departamento de Defensa intervino para neutralizar la amenaza, permitiendo que la restricción se levantara pocas horas después de su anuncio, una vez que el gobierno aseguró que el peligro para la aviación civil había pasado.

Sin embargo, el incidente ha generado una notable controversia debido a la falta de consenso sobre lo ocurrido realmente. Mientras el gobierno de Estados Unidos sostiene la narrativa de la incursión de drones criminales, diversas investigaciones de medios internacionales y declaraciones de legisladores locales sugieren que el cierre pudo ser provocado por una falta de coordinación interna entre agencias estadounidenses. Se reportó que el Pentágono estaba probando un nuevo sistema láser de alta energía diseñado para derribar aeronaves no tripuladas cerca de la base militar de Fort Bliss; al no haber notificado adecuadamente a la FAA sobre los riesgos de interferencia o seguridad de estas pruebas, la agencia de aviación habría optado por el cierre total del espacio aéreo como medida de precaución. Incluso existen versiones que indican que el objeto neutralizado podría haber sido simplemente un globo de helio, lo que ha alimentado las críticas sobre una posible respuesta exagerada por parte de las autoridades federales.

Por su parte, el gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado no tener información ni registros que confirmen el uso de drones por parte de grupos delictivos en la frontera durante ese periodo, subrayando que el espacio aéreo mexicano se mantuvo operativo y sin incidentes. Esta discrepancia ha elevado la tensión diplomática, con México solicitando mayor transparencia y comunicación directa para evitar especulaciones. A pesar del caos logístico que afectó a miles de pasajeros y empresas de transporte, la situación se ha normalizado y los vuelos entre ambos países operan actualmente bajo sus itinerarios regulares, aunque el evento ha servido como catalizador para que Estados Unidos refuerce su vigilancia militar fronteriza y continúe el despliegue de tecnologías de defensa aérea en la zona.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que informen a la opinión sobre la entrada a territorio nacional del avión militar estadounidense C-130J Hércules que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca el 17 de enero de 2026. Dicho informe deberá incluir:

1) La base jurídica y los documentos de autorización emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional u otras dependencias, que motivaron la entrada de la aeronave extranjera y la salida de militares mexicanos.

2) El número de efectivos, unidades y autoridades mexicanas que se transportaron o capacitaron (nombres y rangos del personal que participó), así como la naturaleza del programa de adiestramiento y su calendario y programa de actividades.

3) La relación de acuerdos bilaterales o convenios en los que se sustenta dicho programa de capacitación y adiestramiento, aclarando si alguno ha sido sometido o está pendiente de someterse a la aprobación del Senado, conforme al artículo 76, fracción III de la Constitución.

4) La relación de vuelos militares extranjeros que han ingresado a territorio mexicano en los últimos doce meses, indicando fechas, aeropuertos utilizados, autoridades solicitantes y propósitos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, para que informen a la opinión pública a través de sus páginas electrónicas oficiales, las copias certificadas de la autorización expedida en octubre de 2025 para el ingreso del avión militar estadounidense C-130J y cualquier otro permiso otorgado a fuerzas armadas extranjeras durante 2025 y 2026, así como los dictámenes técnicos y de seguridad elaborados para dichos vuelos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe a la opinión pública a través de su página electrónica oficial, sobre los acuerdos de entendimiento firmados con el gobierno de los Estados Unidos que contemplen capacitación, operaciones conjuntas o tránsito de aeronaves o tropas extranjeras. Deberá precisar cuáles han sido sometidos al Senado para su aprobación y cuáles se encuentran en ejecución sin dicho trámite.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional, para que informe a la opinión pública sobre las actividades de aeronaves y unidades militares estadounidenses en territorio, espacio aéreo y aguas mexicanas, incluidas las detectadas frente a Baja California, y a que evalúe la pertinencia de presentar protestas diplomáticas en caso de violaciones a la soberanía o a los tratados internacionales.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que informen a la opinión pública a través de su página electrónica oficial sobre qué tratado, convenio o disposición legal habilitó el traslado masivo de 37 reos (20 de enero de 2026) y de los grupos entregados en febrero y agosto de 2025. Se solicita que la información deberá incluir copias de las solicitudes del Departamento de Justicia estadounidense, las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y cualquier comunicación de la Casa Blanca de Estados Unidos (como la Orden Ejecutiva?14157 de Donald Trump) mencionadas por funcionarios.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto apego al principio de división de poderes y en defensa de la soberanía nacional, se exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a garantizar la observancia de la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores prevista en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de asegurar que cualquier decisión relativa al ingreso de aeronaves o fuerzas extranjeras independientemente de las determinaciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública sea sometida a la consideración de dicha soberanía, salvaguardando el orden constitucional, la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones que afecten el territorio nacional.

Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten de manera formal al gobierno de los Estados Unidos un informe técnico detallado sobre los protocolos de seguridad activados. Es imperativo esclarecer si las restricciones obedecieron a una amenaza real externa o a pruebas tecnológicas internas de defensa, a fin de evitar la propagación de narrativas que estigmaticen la región fronteriza sin sustento comprobable.

Notas:

1 Es el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo Federal que se reúne diariamente para la toma de decisiones inmediatas y el seguimiento de la incidencia delictiva. Lo integran: El Presidente(a) de la República y los titulares de Gobernación (SEGOB), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. También suele asistir la Fiscalía General de la República (FGR) como invitada. Sus funciones son la ejecución estratégica, coordinación operativa diaria y análisis de datos de alto impacto. En síntesis, es un órgano de decisión ejecutiva interna del Gobierno Federal.

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio//pdf/CPEUM.pdf.

3 https://24-horas.mx/mexico/senado-sin-facultad-para-aprobar-ingreso-de- aeronaves-militares-extranjeras-itzel-castillo/

4 Un NOTAM (Notice to Air Missions) es un aviso oficial que las autoridades de aviación emiten para informar a los pilotos sobre condiciones, peligros o cambios en las instalaciones aeronáuticas de forma inmediata. No son necesariamente prohibiciones de vuelo, sino advertencias de alto nivel para que las tripulaciones extremen precauciones.

5 https://a21.com.mx/destacado-principal/2026/01/19/alertas-de-la-faa-deb ieron-emitirse-de-forma-conjunta-especialistas/.

6 Ibidem.

7 Jamming (Interferencia): Es el bloqueo de la señal de satélite mediante “ruido” radioeléctrico. Esto causa que el avión pierda su ubicación exacta en los mapas digitales.

8 Spoofing (Suplantación): Es mucho más peligroso. Consiste en enviar una señal falsa al avión para que el sistema crea que está en una posición diferente a la real. Esto puede activar alertas falsas de proximidad a tierra o desviar a la aeronave de su ruta oficial sin que los pilotos lo noten de inmediato.

9 https://a21.com.mx/destacado-principal/2026/01/19/alertas-de-la-faa-deb ieron-emitirse-de-forma-conjunta-especialistas/.

10 https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/estados-unidos-no-pedira-pena-de-muerte-para-que-mexico-siga
-enviando-fugitivos/

11 https://www.univision.com/noticias/america-latina/entrega-mexico-a-esta dos-unidos-a-37-reos-del-penal-el-altiplano.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de marzo de enero de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SABG a implementar de manera urgente una estrategia integral a fin de combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos en México, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que implemente de manera urgente una estrategia integral a fin de combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos en México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La edición 2025 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional clasifica a 182 países de acuerdo con su percepción de corrupción en el sector público y utiliza una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). En el estudio se subraya que el promedio mundial cayó a 42/100, el nivel más bajo en más de una década, y que más de dos tercios de los países (122 de 182) obtienen menos de 50 puntos. Dentro de los países mejor evaluados figuran Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Somalia (9) y Sudán del Sur (9) ocupan los últimos lugares.

México obtiene 27 puntos, ubicándose en el rango de alto nivel de corrupción (20 29 puntos). La calificación mexicana está 15 puntos por debajo del promedio regional de América (42). México ocupa el casillero 141 de 182 países evaluados, es el país peor evaluado de las 38 economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y es uno de los siete países de América Latina con peor puntuación. En 2012 México obtuvo 35 puntos, de modo que en los últimos tres lustros el país ha retrocedido de forma significativa en el combate a la corrupción.1

Efectivamente, México se encuentra entre los países con peor puntuación en América Latina, superando únicamente en este índice a países como Nicaragua, Haití, Venezuela, Honduras, Paraguay y Guatemala.2

El desempeño de México en materia de integridad pública ha alcanzado un punto de estancamiento alarmante. Al obtener apenas 27 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el país se hunde en el rango de “alto nivel de corrupción”, situándose vergonzosamente 15 puntos por debajo del promedio regional de las Américas (42 puntos). Esta brecha no es solo estadística; refleja una incapacidad sistémica para desvincular el poder público de las redes de corrupción. Mientras que otras naciones han logrado avances incrementales, México se mantiene fuera del grupo de 31 países que han mostrado mejoras significativas desde 2012, consolidando una década perdida en la lucha por la transparencia y el Estado de derecho.

La persistente opacidad y la falta de sanciones efectivas han tenido un impacto directo en la seguridad nacional. Como advierte el reporte regional de Transparencia Internacional, años de inacción gubernamental no han sido neutrales, sino que han servido de proliferación para el crimen organizado. La infiltración de grupos delictivos en las estructuras políticas, fenómeno exacerbado por el control de apenas 27 puntos, ha degradado la calidad democrática, transformando las instituciones en instrumentos vulnerables al servicio de intereses ilícitos. Este escenario no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que compromete los derechos humanos fundamentales al debilitar los servicios públicos y la capacidad de justicia del Estado.

Según estudios de Transparencia Internacional, la corrupción sistémica ha facilitado que el crimen organizado se infiltre en la política de países como Colombia, Brasil y México. Un ejemplo crítico de esta realidad es el reciente arresto del alcalde de Tequila, Jalisco, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, el fenómeno de la corrupción está mutando hacia esquemas de mayor escala económica. Un caso emblemático es el ‘huachicol fiscal’ (contrabando de combustible), que en 2025 generó una pérdida estimada de 610 mil millones de pesos en ingresos fiscales. Para dimensionar la gravedad, esta cifra representa 40 veces el costo económico del escándalo de Segalmex. La profundidad de esta red de complicidades quedó en evidencia el año pasado con la detención de oficiales de la Marina presuntamente relacionados con este delito.3

Un caso grave es el del delito de la extorsión que persistente en México, en 2024 al menos 16 de 100 empresas informaron que fueron víctimas del crimen. En donde se identifica la extorsión como uno de los tres crímenes más comunes que enfrentan en su vida cotidiana y que representa un flagelo para la sociedad.

Transparencia Internacional señaló que el castigo de la corrupción administrativa y criminal es ineficaz. En solo siete de cada 100 casos de corrupción administrativa en México algún tipo de sanción es impuesta por los tribunales administrativos. En materia de corrupción criminal, la impunidad continúa en casos como los que involucran al conglomerado brasileño Odebrecht y Pemex.4

En otros casos de corrupción, como el fraude maestro y que involucran a Segalmex, ha habido condenas, pero estas se han limitado a unos pocos casos individuales, sin desmantelar las redes de corrupción y sancionar a su titular Ignacio Ovalle, su exdirector, al no ser vinculado a proceso ni sancionado penalmente. Tras el escándalo, fue removido de su cargo, pero reubicado en la Secretaría de Gobernación, lo que fue interpretado como una protección política.

La gravedad de la situación mexicana se acentúa al compararla con sus pares económicos: México se posiciona como el miembro de la OCDE con el peor desempeño y ocupa la penúltima posición dentro del G20, superando únicamente a Rusia. Esta desconexión entre el tamaño de su economía y la precariedad de sus controles éticos revela un sistema profundamente fallido. La caída de 7 puntos respecto a su propia calificación de 2012 (cuando obtuvo 34) evidencia que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes o meramente cosméticos, dejando al país en una trayectoria de declive que lo sitúa, incluso, por debajo del promedio de regímenes no democráticos a nivel global.

Por otro lado, de acuerdo con el Informe de Integridad Financiera Global (GFI) publicado en febrero de 2026, México se ha consolidado como el epicentro de los flujos financieros ilícitos en América Latina. Entre 2013 y 2022, el país registró discrepancias comerciales por un valor astronómico de 1.27 billones de dólares. Esta cifra no solo representa una tercera parte del total regional (3.64 billones de dólares), sino que revela una realidad alarmante: casi uno de cada cuatro dólares (27 por ciento) operados en el comercio exterior mexicano presenta inconsistencias vinculadas a la facturación fraudulenta.5

El fenómeno de la subfacturación y sobrefacturación en sectores clave como la electrónica, maquinaria y petróleo ha permitido que recursos de procedencia ilícita se filtren a través de las aduanas. Mediante el análisis de “comercio espejo” cotejando lo que México reporta como exportación frente a lo que sus socios, principalmente Estados Unidos, registran como importación, GFI ha identificado brechas de valor que sirven como indicador indirecto de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. Esta práctica no solo debilita la recaudación tributaria, sino que facilita la integración de ganancias del narcotráfico en la economía forma

La magnitud de estos flujos (1.27 billones de dólares) empequeñece cifras previas de corrupción administrativa, evidenciando que el control aduanero y financiero es uno de los flancos más vulnerables del Estado mexicano. Esta debilidad estructural se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México se mantiene en la posición 141 de 182 países. La persistencia de estas redes de criminalidad comercial confirma que, pese a los esfuerzos narrativos de parte del gobierno, el sistema financiero y comercial sigue siendo un vehículo de alta porosidad para la corrupción transnacional y el crimen organizado.

La evidencia subraya una ausencia crítica de mecanismos de control diseñados para blindar la contratación pública frente a la captura de intereses ilícitos. Actualmente, el Estado mexicano exhibe una fragilidad sistémica al carecer de protocolos robustos para identificar, verificar y divulgar el beneficiario final de las empresas contratistas. Esta opacidad en la propiedad real de los proveedores gubernamentales impide rastrear conflictos de interés y facilita el desvío de recursos hacia redes criminales o empresas fachada, perpetuando un ciclo de impunidad que los controles actuales son incapaces de detectar.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que diseñe e implemente de manera urgente una estrategia integral a fin de combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos en México, derivado de los resultados obtenidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, emitido por Transparencia Internacional y lo señalado por el Informe de Integridad Financiera Global.

Notas:

1 https://mexiconewsdaily.com/news/mexico-oecd-countries-corruption-perce ptions-index/.

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 https://www.efinf.com/clipviewer/files/5782c1f17fd5f01e3da2c5b3d7f50d30 .pdf.

5 https://www.jornada.com.mx/2026/02/12/economia/017n2eco.

Palacio legislativo, a 4 de marzo de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la SHCP, a la SABG y a la ASF a informar a la opinión pública sobre el costo final del proyecto, las irregularidades financieras y el estatus de las sanciones relacionadas con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Auditoría Superior de la Federación, para que informen a la opinión pública sobre el costo final del proyecto, las irregularidades financieras y el estatus de las sanciones relacionadas con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, anunciado en 2013-2014, tenía un costo total previsto de 33,471 millones de pesos y se planeaba terminar entre 2014 y 2018. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se señaló que de acuerdo a la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registra un monto total de 140,134,836,600 pesos, integrado por 108,839,089,700 pesos de recursos presupuestales y 31,295,746,000 pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin); el periodo de ejecución se amplió hasta 2025 y el avance físico reportado en la Cuenta Pública 2024 era de 99.6 por ciento.1

En diversos medios señalan que en las últimas estimaciones del gobierno federal se calculó que la inversión necesaria para concluir la obra alcanzaría 194,668 millones de pesos, es decir 404 por ciento más de lo que se proyectó originalmente, y que el gasto final podría superar los 190,000 millones de pesos. Reportes iniciales de la administración de Enrique Peña Nieto calculaban un costo total de 38,608 millones de pesos. Esta evolución presupuestal genera un marcado sobrecosto que debe transparentarse.2, 3

Los recursos fiscales asignados al proyecto muestran incrementos importantes. El siguiente cuadro resume el monto total estimado por año, según información recabada en el informe de la SHCP y documentos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La SHCP reportó en su informe de finanzas públicas que en 2025 se estimó un monto total de 175,633 millones de pesos, pero la proyección para 2026 bajó inexplicablemente a 115,169 millones de pesos, lo cual resulta inusual porque el costo acumulado de una obra no debería disminuir a menos que se cancelen tramos o haya una reingeniería de costos. Esta disminución demanda una explicación para garantizar la congruencia entre los montos aprobados y ejercidos. (Ver Cuadro 1).

La obra debía inaugurarse en diciembre de 2017. Sin embargo, enfrenta retrasos por liberación de derechos de vía, dificultades técnicas en el trazo y conflictos con comunidades. La SICT ha admitido que fue complicado negociar con las personas propietarias de predios por donde pasa el tren. A esto se sumaron complicaciones técnicas de trazo en zonas urbanas densas, viaductos elevados y túneles en áreas montañosas como La Marquesa y problemas de gestión. En la administración de Enrique Peña Nieto se reconoció que el proyecto no estaría listo y que hubo contratiempos y obstáculos administrativos al grado de convertirse en un problema para su realización. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se renegociaron acuerdos con comunidades para liberar derechos de vía y se reactivó el proyecto.4

Por su parte, la ASF ha realizado auditorías continuas a la obra desde la Cuenta Pública 2014. La Cuenta Pública 2024 reporta un proyecto casi concluido (99.6 por ciento de avance) pero con un costo/beneficio que subió de 33,471 millones a 140,134 millones de pesos. En 2024, la ASF detectó pagos en exceso y gastos no acreditados en la construcción de la estación Vasco de Quiroga y del viaducto atirantado Manantial; en el que la SICT deberá aclarar 20,062,859 pesos en adecuaciones del Tren Interurbano México-Toluca, y 13,864 222.81 pesos de pagos en exceso en el viaducto atirantado. También se identificaron pagos duplicados de factores de actualización y ajuste de costos por 4.9 millones de pesos, maquinaria no utilizada por 1.8 millones y horas de dron no acreditadas por 3.7 millones.5, 6

Los informes de 2014-2023 muestran una acumulación de observaciones por pagos indebidos, obras no ejecutadas, diferencias de volúmenes y mala calidad. En 2016 la ASF encontró que mil 102 millones de pesos no tenían destino claro y señaló falta de liberación de derechos de vía. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió en 2018 que los procesos de contratación fueron desorganizados y opacos y que la SICT no presentó documentos como dictámenes de excepción a la licitación pública. En 2022 la ASF volvió a señalar pagos de mala calidad y en exceso, sin justificación.7

Un cuadro resumen de los recursos pendientes por aclarar al cierre de cada año (cifras del informe de la ASF) muestra un acumulado de 5,602,087,268.26 pesos aún pendientes por saber su estatus. Ver Cuadro II).

Además de los montos pendientes por aclarar, la ASF ha emitido pliegos de observaciones y solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control para investigar irregularidades, pero no se tiene conocimiento público de sanciones a funcionarios responsables o el fincamiento de procedimientos penales.

A partir de 2020 y hasta 2023, 81.4 por ciento de los recursos destinados al proyecto provinieron del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el resto del gasto fue ejecutado por la SICT. El IMCO advirtió que la obra dejaría de ser rentable si el costo se incrementaba más del 50 por ciento respecto de la proyección original. Pese a que ese umbral se superó ampliamente, la Administración de López Obrador decidió continuarla argumentando que ya se habían destinado recursos considerables.8

En su momento la ASF y organizaciones sociales han señalado que la SICT careció de estudios de factibilidad social, por lo que habitantes de Ocoyoacac y Acopilco reclamaron falta de reforestación y afectación al agua, generando bloqueos. Se denuncia que la dependencia no analizó las condiciones sociales de los municipios y alcaldías por donde cruza el tren, a pesar de que los lineamientos lo exigen.9 Estas deficiencias explican parte de los retrasos y de los ajustes de ruta y de indemnizaciones que hicieron que se elevara el costo.

La magnitud de los recursos invertidos en el Tren Interurbano México-Toluca y los múltiples señalamientos de irregularidades requieren una rendición de cuentas puntual y transparente. La información pública muestra que el costo total se multiplicó varias veces por encima de la proyección original; que los retrasos obedecieron a una mezcla de mala planeación, conflictos sociales y cambios de ingeniería; y que la ASF ha identificado miles de millones de pesos por aclarar, con pagos en exceso y obras de mala calidad. Ante la conclusión de la obra en 2026, el presente punto de acuerdo busca transparentar el ejercicio de los recursos públicos, esclarecer las causas del sobrecosto, los retrasos de la obra, y garantizar que las observaciones de la ASF se atiendan de manera efectiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en un plazo no mayor a 20 días naturales, presente a la opinión pública un desglose sobre el costo total de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, actualizado al cierre de 2025, especificando:

a) El monto ejercido, aprobado y modificado por cada ejercicio fiscal desde 2014 hasta lo que se lleva de 2026, incluyendo la participación del Fondo Nacional de Infraestructura y de otros fideicomisos que fondearon el proyecto.

b) Se señalen los argumentos y causas de los retrasos en la construcción, detallando las dificultades de liberación de derechos de vía, conflictos con comunidades rurales, cambios de ingeniería, problemas técnicos (trazos urbanos, viaductos elevados y túneles en zonas montañosas), así como la estrategia para evitar futuras dilaciones.

c) Las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, señalando los montos de pagos indebidos, obras no ejecutadas, diferencias de volúmenes y mala calidad, y las acciones de corrección y sanción emprendidas.

d) Los compromisos de transparencia, incluyendo la publicación de todos los contratos, convenios modificatorios y adenda, y el expediente completo en la plataforma de proyectos de inversión.

La información deberá ser publicada en la página electrónica de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes a fin de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación, para que informe a la opinión pública sobre el estatus de las observaciones efectuadas en las auditorías a las cuentas públicas 2014 a 2024 relacionadas con el Tren Interurbano México-Toluca, especificando:

a) Montos solventados, recuperados y pendientes por aclarar en cada ejercicio fiscal y el monto total de observaciones.

b) Acciones de responsabilidad y procedimientos administrativos o penales iniciados contra servidores públicos o empresas por pagos indebidos, obras no ejecutadas o mala calidad.

c) Medidas para mejorar la fiscalización de proyectos ferroviarios y garantizar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y transparencia y se sancionen ejemplarmente a los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Fondo Nacional de Infraestructura, para que actualicen y difundan en su página electrónica el análisis costo-beneficio del proyecto, comparando la estimación original con el monto actual y las proyecciones, justificando la rentabilidad social y económica de seguir destinando recursos a la obra en 2026. Asimismo, deberán detallar la composición de la inversión por fuente de financiamiento y explicar a cuánto ascienden los recursos que se le otorgaron al tren a través del Fondo Nacional de Infraestructura.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a informar a la opinión pública sobre el avance de las investigaciones relacionadas con las irregularidades en la obra del Tren Interurbano México-Toluca y las sanciones aplicadas a servidores públicos o contratistas; en caso de no existir sanciones, explique las razones y el estado de los expedientes.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México, a garantizar el respeto a los derechos de las comunidades por donde cruza el Tren Interurbano México-Toluca, a cumplir con los compromisos de reforestación y mitigación ambiental y a indemnizar oportunamente a los afectados, para evitar conflictos sociales.

Notas:

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2024a/Documentos/Auditorias/202 4_0338_a.pdf.

2 https://www.nacion321.com/gobierno/2026/02/04/le-debemos-el-tren-interu rbano-a-pena-nieto-la-historia-detras-de-una-obra-que-atraveso-3-sexeni os/#:~:text=El%20costo%20de%20la%20obra%2C,190%20mil%20millones%20de%20 pesos.

3 https://www.milenio.com/negocios/tren-interurbano-el-insurgente-mexico-toluca-costo-millonario#:~:text
=Tren%20M%C3%A9xico,costoso.

4 https://www.nacion321.com/gobierno/2026/02/04/le-debemos-el-tren-interurbano-a-pena-nieto-la-historia-detras
-de-una-obra-que-atraveso-3-sexenios/#:~:text=Desde%20el%20inicio%2C%20el%20plan,
v%C3%ADa%20y%20problemas%20de%20gesti%C3%B3n

5 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2024a/Documentos/Auditorias/202 4_0338_a.pdf.

6 https://lasillarota.com/negocios/2025/6/30/asf-detecta-exceso-de-pagos-sobrecostos-en-obras-del-tren-interurbano
-suburbano-543273.html

7 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/tren-mexic o-toluca-sobrecosto-retraso.

8 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/tren-mexic o-toluca-sobrecosto-retraso.

9 Ibidem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de marzo de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, a la FGR y al titular del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec a contratar una institución privada certificada que emita un peritaje internacional independiente, se investigue la cadena de responsabilidades y se garantice la seguridad operativa en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Marina, el titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a la Fiscalía General de la República, para contratar una institución privada certificada que emita un peritaje internacional independiente, se investigue la cadena de responsabilidades y se garantice la seguridad operativa en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, al tenor de los siguientes:

Considerandos

El trágico descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha puesto bajo la lupa la seguridad de uno de los proyectos estratégicos más importantes del país. El siniestro, registrado en el tramo Chívela–Nizanda, Oaxaca, afectó a un convoy que transportaba a 250 personas, dejando un saldo oficial de 14 fallecimientos y casi un centenar de heridos. Pese a la magnitud del evento, la determinación pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado una profunda controversia al atribuir el accidente exclusivamente al exceso de velocidad. Basándose en los registros de la caja negra, la Fiscalía sostiene que el tren circulaba a 65 km/h en una curva cuyo límite era de 50 km/h, descartando de manera anticipada cualquier falla mecánica en los frenos o deficiencias en la infraestructura ferroviaria.

Esta postura ha sido calificada por diversos sectores como una exoneración anticipada que busca reducir la tragedia a un error humano, señalando al maquinista como un posible chivo expiatorio para evitar investigaciones sobre la mala infraestructura y calidad de la obra.

Representantes legales de las víctimas han denunciado que se ignoran omisiones críticas en la supervisión y mantenimiento. Argumentan que existen antecedentes documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y 2023 que señalan irregularidades en el uso de materiales, como balasto insuficiente o de mala calidad, y fallas en la estabilidad de las vías. Incluso se ha revelado que el transporte operaba con anomalías técnicas graves, como la falta de un velocímetro funcional, y carecía del aval de entidades certificadoras internacionales, así como también el maquinista carecía de licencia vigente para operar el ferrocarril.

De acuerdo con la causa penal 7/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, los datos de prueba obtenidos por la Fiscalía acreditan que los imputados se encontraban a bordo del tren al momento del siniestro y que no actuaron con el deber de cuidado que les correspondía.1

La responsabilidad penal se sustenta, entre otros elementos, en testimonios de pasajeros precisando el exceso de velocidad versión que consta en el oficio número 1008/2025. El accidente fue provocado por el actuar del maquinista de la locomotora FIT-3027.2

Un dictamen en materia de seguridad industrial, identificado con el folio 5933 y fechado el 23 de enero de 2026, concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad previstas en el Reglamento del Servicio Ferroviario. Asimismo, el peritaje determinó incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ARTF-2023, relativa al sistema ferroviario, seguridad, clasificación y especificaciones de vía. También se documentaron omisiones al reglamento interno de transporte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, particularmente en el horario número 3 de la línea Z y en el formato de orden de precaución sobre restricciones de velocidad.3

Hay que tomar en cuenta que el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que depende de la Secretaría de Marina, operó con empleados ferroviarios sin licencia y sin contar con exámenes de aptitud vigentes. La tripulación del ferrocarril accidentado la conformaban el conductor del tren Felipe de Jesús Díaz Gómez; el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez y el garrotero Juan Carlos Ojeda Cruz, sin contar con licencia vigente.

Las regulaciones también establecen que la empresa está obligada a vigilar que su personal ferroviario se someta a exámenes médicos, lo que tampoco ocurría en el caso de la tripulación del tren accidentado. Ricardo Mendoza Cerón, quien fungía como jefe de despachadores y que, según la FGR, también se encontraba en el tren accidentado realizando actividades de supervisión, tampoco contaba con examen psicofísico integral vigente.4 Otro punto a destacar es que las cámaras instaladas en la locomotora accidentada no operaban, no por daño físico, sino por la ausencia del software necesario para su funcionamiento, lo mismo que uno de los radios de comunicación.5

Otra carencia identificada en el expediente es la falta de sistemas contra incendios en determinadas locomotoras asignadas al tren interoceánico. Tal es el caso de la locomotora del convoy descarrilado marcada con el número 3006. En la revisión semestral señala que no tiene sistema contra incendios. Estas deficiencias técnicas, responsabilidad de la empresa ferroviaria, muestran que los trabajadores enfrentan limitaciones materiales para cumplir con protocolos de seguridad.6

El tripulante de la locomotora, Juan Carlos Ojeda de oficio garrotero, dijo a la FGR que el recorrido del tren ese 28 de diciembre era una velocidad normal a los anteriores viajes, ya que, como he referido, desde el 2019 he sido parte de la tripulación del tren.7

Ante el riesgo de un cierre prematuro del caso, la exigencia central se ha volcado hacia la realización de un peritaje internacional independiente que garantice una investigación técnica imparcial, ajena a los entes que ejecutaron y operan el proyecto, actualmente bajo la tutela de la Secretaría de Marina. Hay que tomar en cuenta que hoy el gobierno es juez y parte en las investigaciones, situación que no genera certeza jurídica en el veredicto de la investigación de la Fiscalía General de la República.

El Partido Acción Nacional propone la contratación de un peritaje especializado que trascienda en la determinación de la velocidad del convoy realizada por la FGR. Es imperativo auditar la cadena de responsabilidades que permitió la operación en condiciones de riesgo. Por ello, exigimos la suspensión temporal de la línea Z y la integración de las auditorías de la ASF a la indagatoria penal. La reanudación del servicio debe estar estrictamente condicionada a una certificación internacional de seguridad que garantice la integridad de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Marina y al titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a contratar y permitir un peritaje externo e independiente, a cargo de una institución internacional certificada (sin vínculo contractual, operativo o de supervisión previa con el proyecto), que evalúe integralmente el descarrilamiento de la línea Z, incluyendo como mínimo:

a) Geometría y condición de vía (balasto, drenaje, peraltes, fijaciones, durmientes, terraplenes y obras de contención);

b) Señalización, control operativo, bitácoras y protocolos de velocidad;

c) Material rodante y su interacción rueda–riel;

d) Mantenimiento preventivo/correctivo y cadena de supervisión;

e) Causa raíz y cadena de eventos; y

f) Medidas correctivas, preventivas y cronograma verificable de implementación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Marina y el titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con el peritaje internacional independiente, y establezca un esquema de verificación técnica de seguridad ferroviaria que asegure estándares de operación segura en la línea Z antes de cualquier normalización plena del servicio.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a incorporar formalmente al proceso de investigación los resultados del peritaje internacional independiente; agotar todas las líneas investigación que correspondan a responsabilidades distintas a la del maquinista, conductor y supervisor, incluyendo decisiones de autorización, supervisión, mantenimiento, contratación y control operativo; y a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la participación y el acceso efectivo a la justicia, conforme al marco aplicable, evitando cualquier determinación que implique exoneración anticipada.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que inicie, en el ámbito de sus atribuciones, las investigaciones administrativas y, en su caso, los procedimientos de responsabilidades por posibles omisiones o irregularidades en contratación, supervisión, control de calidad, recepción de obra, mantenimiento y operación, vinculadas con la línea Z, considerando los antecedentes de auditoría que en su momento realizó la Auditoría Superior de la Federación en sus informes.

Notas:

1 https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maquinista-y-conductor-del-tr en-interoceanico-no-tenian-licencia-vigente-al-momento-del-descarrilami ento-en-oaxaca-LJ19103923.

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 https://latinus.us/mexico/2026/1/28/tragedia-del-interoceanico-tripulacion-que-operaba-el-tren-carecia-de-licencia
-examenes-medicos-163030.html.

5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de marzo de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a realizar los procedimientos necesarios para establecer una Embajada Mexicana en la República de Armenia, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, las diputadas y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La relación diplomática entre México y la República de Armenia se estableció el 14 de enero de 1992.

A partir de ese momento se han llevado a cabo diversas acciones que han fortalecido las relaciones diplomáticas entre ambos países, sin embargo, México no cuenta con una Embajada en la República de Armenia.

Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice los procedimientos necesarios a fin de establecer una embajada mexicana en la República de Armenia.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en su artículo 3, establece que las embajadas tienen, entre sus funciones, la de representar al Estado acreditante, proteger sus intereses e informar sobre la evolución política y social del país receptor, además, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar relaciones económicas, culturales y científicas.

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano establece que las Misiones Diplomáticas de México ante gobiernos extranjeros tienen el rango de Embajadas y es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien determina su ubicación y las funciones específicas de cada una de ellas.

Para tales efectos, el secretario tiene facultades para la apertura, cierre o redefinir Consulados generales, a propuesta del Subsecretario correspondiente a la región geográfica de que se trate y previa recomendación de la Comisión de Personal.

La propuesta de que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice los procedimientos necesarios para la apertura de una embajada en la República de Armenia es adecuada, congruente y viable, debido a los antecedentes históricos, políticos y sociales que comparten ambas naciones.

Antecedentes históricos de la relación bilateral

• En 1992 se establecieron relaciones diplomáticas después de la disolución de la Unión Soviética.

• En 1993 se firmaron acuerdos bilaterales como un memorando de entendimiento para el establecimiento de consultas políticas sobre temas de interés mutuo.

• En 2002, acordaron el establecimiento de un régimen sin visado con respecto a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, y el acuerdo de cooperación en los ámbitos de la cultura y la educación.

• En 2014, la República de Armenia estableció su embajada en México.

• En 2018, se inauguró el consulado honorario de la República de Armenia en el estado de Michoacán.

• En junio de 2019 México estableció el Consulado honorario de México en Ereván.

• El 13 de septiembre de 2023, en el marco de la IV reunión del Mecanismo de Consultas políticas entre México y la República de Armenia, suscribieron el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación entre Academias Diplomáticas.

Vínculos políticos

Por parte del Poder Legislativo fue instalado el grupo de amistad México – República de Armenia y en múltiples ocasiones ha sostenido reuniones con el encargado de negocios de la embajada de la República de Armenia en México Haik Hakobián.

En el mes de enero de 2026, el Grupo de Amistad visitaron la República de Armenia y sostuvieron sendas reuniones con diversos ministros y con el jefe del Grupo de Amistad Armenia México, coincidiendo en la cooperación interparlamentaria, fortalecer los vínculos empresariales, comerciales y económicas.

Armenia y México cuentan con gran potencial de cooperación para atraer inversiones y cooperación en los ámbitos de la agroindustria, la agricultura y el turismo.

Establecer una embajada mexicana en la República de Armenia sería un acto de coherencia diplomática y lo más importante, contribuirá a fortalecer la cooperación internacional y garantizar la protección, y la asistencia de nuestros compatriotas en la República de Armenia con la finalidad de establecer relaciones económicas más sólidas.

Esta propuesta es acorde con los siguientes principios de política exterior mexicana previstos en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Autodeterminación de los pueblos: Pues reconoce el derecho del pueblo de la República de Armenia de decidir su integración como un Estado independiente desde 1992.

La igualdad jurídica de los Estados: Al reconocer que, sin importar su extensión territorial, población, fuerza económica o poder militar la República de Armenia tiene el mismo valor que otros Estados con los que México tiene relación.

Ante los cambios geopolíticos la República de Armenia se ha distanciado de su aliado histórico, Rusia, desde el año 2024, y toda vez que la embajada que atiende los asuntos relativos a la República de Armenia se encuentra en Rusia, resultaría importante establecer una embajada en la República de Armenia.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice los procedimientos necesarios para establecer una Embajada mexicana en la República de Armenia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2026.

Diputadas y diputado: Silvia Patricia Jiménez Delgado (rúbrica), Alejandra del Valle Ramírez (rúbrica), Julia Licet Jiménez Angulo (rúbrica), Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica).