Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar que la elaboración, revisión y corrección de los libros de texto gratuitos se realice con apego a la Ley General de Educación, y a criterios pedagógicos, científicos, de neutralidad ideológica y con la participación de especialistas, investigadores y académicos, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado a entablar pláticas y negociaciones con la empresa Ferromex, con el fin de detener la construcción de una barda perimetral en los tramos que abarcan las colonias de Antigua Aceitera y López Portillo, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y buscar alternativas que permitan el libre tránsito de los ciudadanos y salvaguarden la seguridad de la zona, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar supervisión permanente, prevención de abusos y condiciones dignas en albergues, casas hogar y centros de acogida para la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la Conagua a iniciar la primera etapa de construcción del proyecto denominado “construcción de sistema integral de drenaje pluvial” de la ciudad de Torreón, Coahuila, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la Dirección General del IMSS Bienestar a establecer de manera inmediata una mesa de diálogo institucional de alto nivel con representación de las y los trabajadores del sector salud, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al CSG a revisar en los datos oficiales relativos a la magnitud, persistencia y expansión territorial del brote de sarampión en el país, la pertinencia de emitir una declaratoria de emergencia sanitaria de carácter nacional, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y emitir directrices obligatorias que permitan contener de manera eficaz la propagación del virus, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN y la Sedena a coordinar acciones para reforzar el blindaje y la protección a la ciudadanía, con las corporaciones de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno en el estado de Aguascalientes, sus municipios y las entidades federativas colindantes, ante los hechos violentos y bloqueos registrados en diversas entidades del país, con motivo del operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en la mañana del domingo 22 de febrero del presente año, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla y a la gobernadora del estado de Tlaxcala, a través de las instancias correspondientes, a transparentar los actos de investigación que se desarrollaron a raíz de la búsqueda y localización de Alejandro Agustín Tello Olmedo y su esposa, Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a implementar un programa especial de supervisión y acompañamiento para los asegurados cuyos vehículos o bienes hayan sido robados o dañados con motivo de los hechos violentos registrados tras el operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex, a la SHCP y a la SABG a supervisar el pago oportuno, transparente y completo de los adeudos a proveedores en Ciudad del Carmen, a fin de salvaguardar la estabilidad económica, el empleo y la rendición de cuentas en la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SABG a investigar y, en su caso, sancionar las irregularidades en el abasto, almacenaje y desechamiento de medicamentos en el “Hospital Infantil de México”, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a fortalecer la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención y protección que eviten la realización de extorsiones y cobros indebidos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar que la elaboración, revisión y corrección de los libros de texto gratuitos se realice con apego a la Ley General de Educación, y a criterios pedagógicos, científicos, de neutralidad ideológica y con la participación de especialistas, investigadores y académicos, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La educación consagrada en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano que debe impartirse de manera universal, inclusiva, pública, gratuita y obligatoria, basada en el progreso científico, el pensamiento crítico y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Asimismo, establece que la educación debe ser objetiva, sustentada en resultados del progreso científico y libre de cualquier forma de fanatismo, prejuicio o ideologización.1

En este sentido, los libros de texto gratuitos constituyen el principal instrumento pedagógico del Sistema Educativo Nacional, al ser utilizados por más de 23.4 millones de estudiantes de educación básica en el país,2 por lo que su contenido debe responder estrictamente a criterios pedagógicos, científicos, técnicos y metodológicos, garantizando una formación integral basada en el conocimiento verificable y la pluralidad de ideas.

Sin embargo, desde la implementación de los nuevos libros de texto gratuitos correspondientes al modelo educativo denominado “Nueva Escuela Mexicana”, se identificaron diversos errores, inconsistencias y contenidos que no se ajustaban a los principios constitucionales de objetividad y rigor científico, así como a la Ley General de Educación.

Entre estos, se detectaron errores tipográficos, imprecisiones científicas y deficiencias pedagógicas, particularmente en la enseñanza de las matemáticas, disciplina fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico, la abstracción, el razonamiento crítico y la resolución de problemas.

Las matemáticas constituyen una herramienta esencial para el desarrollo académico y para la formación integral de las personas, ya que fortalecen habilidades cognitivas como el análisis, la deducción, la precisión, la disciplina intelectual y la toma de decisiones basada en evidencia.

No obstante, en los nuevos materiales educativos se redujo la enseñanza sistemática de las matemáticas, diluyéndolas en proyectos interdisciplinarios sin una secuencia lógica clara ni el rigor necesario, limitando su valor formativo y reduciéndolas a una visión meramente utilitaria.

Esta situación resulta particularmente preocupante si se considera que México enfrenta un grave rezago educativo en esta materia. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo únicamente 395 puntos en matemáticas, muy por debajo del promedio de la OCDE de 472 puntos, y donde 66 por ciento de los estudiantes mexicanos no alcanzó el nivel mínimo de competencia en esta área.3

Asimismo, en lectura, México obtuvo 415 puntos frente a un promedio de 476, y en ciencias 410 frente a 485, ubicándose en el lugar 51 de los 80 países evaluados, lo que evidencia un rezago estructural en el desarrollo de competencias fundamentales.4

Estos datos demuestran que el sistema educativo nacional requiere fortalecer, y no debilitar, la enseñanza estructurada de disciplinas fundamentales como matemáticas, ciencias y comprensión lectora, lo cual hace indispensable que los libros de texto gratuitos contribuyan al fortalecimiento del aprendizaje y no a su debilitamiento.

De igual manera, se identificaron contenidos en los libros de texto de educación primaria que incorporaban narrativas políticas presentadas como hechos históricos definitivos, sin sustento en el consenso académico ni en el principio de pluralidad histórica.

En el libro de texto de 4o. año de primaria hay un capítulo dedicado a Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Lo destaca como el líder más importante de las izquierdas y “salvador de la nación”, la celebración de su triunfo en 2018, tras supuestos fraudes electorales, como “éxito societario, epifanía, trance... la celebración del triunfo deviene en multitudinaria vivencia desnuda”.5

En el texto de 5o. año de primaria continúa con Andrés Manuel como el protagonista de la historia del país. Mientras que califican el sexenio de Felipe Calderón como fraudulento y violento. Hay un apartado del “Fraude Electoral de 2006” que señala hubo intromisión del presidente, existió relleno de urnas, alteración de actas y manipulación de resultados para otorgarle el triunfo a Calderón. Y culpan al Tribunal Electoral de declarar su triunfo.

Estos contenidos no reflejan la realidad. Nunca el PRD ni AMLO dieron pruebas de que existiera un fraude electoral, ni se registraron los hechos narrados en el libro de texto. Esto constituye una aberrante ideologización de la enseñanza en aras de intereses de grupo. Esta distorsión atenta contra la unidad nacional, desprecia la democracia, los cambios hechos para su avance y desde luego, ya no aparecen los retrocesos que hoy vivimos a partir del “septiembre negro” último mes del gobierno de AMLO.

La incorporación de este tipo de contenidos en materiales educativos dirigidos a niñas y niños constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente del sistema educativo nacional, al introducir interpretaciones políticas como verdades absolutas, lo que vulnera el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación objetiva, crítica y basada en el conocimiento científico.

Aunado a ello, la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció la necesidad de realizar revisiones a los materiales educativos durante el año 2025, en las que se corrigieron errores de contenido, imprecisiones y deficiencias pedagógicas previamente señaladas por especialistas, docentes, investigadores y legisladores.6

Estas correcciones confirmaron que los materiales educativos originalmente distribuidos contenían errores significativos que debieron haberse evitado mediante procesos rigurosos de revisión técnica, científica y pedagógica.

En este mismo contexto, recientemente se llevó a cabo la destitución del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, funcionario responsable de coordinar la elaboración de los libros de texto gratuitos, lo que evidencia la existencia de irregularidades y deficiencias en el proceso de diseño, elaboración y validación de los materiales educativos.7

Esta situación confirma la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que los libros de texto gratuitos sean elaborados con la participación de pedagogos, especialistas, investigadores, docentes frente a grupo y académicos, mediante procesos transparentes y sustentados en evidencia científica.

Diversos especialistas han advertido que los materiales educativos actuales continúan privilegiando enfoques centrados en proyectos comunitarios y narrativas sociales, en detrimento del aprendizaje sistemático de disciplinas fundamentales como matemáticas, ciencias e historia universal, lo que limita el desarrollo de habilidades esenciales para la formación integral de los estudiantes.

El bajo desempeño educativo tiene consecuencias directas en el desarrollo del país, ya que limita las oportunidades académicas, profesionales y económicas de las nuevas generaciones, afectando la competitividad nacional.

Por ello, resulta indispensable garantizar que los libros de texto gratuitos cumplan con su función fundamental de ser instrumentos de educación científica, objetiva, plural y libre de cualquier forma de ideologización.

La educación debe formar ciudadanos libres, críticos e informados, no ciudadanos condicionados por visiones únicas o parciales de la realidad.

En consecuencia, es responsabilidad del Estado garantizar que los materiales educativos respondan exclusivamente al interés superior de la niñez y al derecho constitucional a una educación de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer el proceso de revisión y mejora de los libros de texto gratuitos, a fin de garantizar el desarrollo del pensamiento lógico, las habilidades matemáticas, científicas y analíticas, indispensables para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de sus atribuciones, de acuerdo a la Ley General de Educación, atienda todas las recomendaciones y lineamientos para la mejora de los mismos que desarrolló la extinta Comisión de Mejora Continua de la Educación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/regreso-a-clases-cuantos-alumnos- y-maestros-retornan-a-las-aulas/1736617

3 OCDE, Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, Resultados México.

4 OCDE, PISA 2022 Results, OECD Publishing, París, 2023.

5 https://forbes.com.mx/los-libros-de-texto-gratuitos-el-nuevo-conflicto- entre-amlo-y-la-oposicion/

6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-SEP-reconoce-20-errores-en- los-libros-de-texto-gratuitos-20230808-0103.html

7 https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/2/17/oficios-de-la-sep-revelan -causa-real-del-despido-de-marx-arriaga-se-nego-eliminar-192-contenidos -de-libros-de-texto-368570.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado a entablar pláticas y negociaciones con la empresa Ferromex, con el fin de detener la construcción de una barda perimetral en los tramos que abarcan las colonias de Antigua Aceitera y López Portillo, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y buscar alternativas que permitan el libre tránsito de los ciudadanos y salvaguarden la seguridad de la zona, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de vías férreas se ha convertido en una alternativa para el traslado de pasajeros y mercancía de manera segura y accesible.

Esta administración ha puesto en especial énfasis de alternar rutas de traslado de mercancías con rutas de pasajeros, adecuando las vías existentes y construyendo estaciones adecuadas para pasajeros.

A través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), creada el 13 de enero de 2026 se pretende planear y construir infraestructura férrea, además de regular y conducir el desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Mexicano.

Con ello la Attrapi robustece su capacidad para construir vías, operar, regular, explotar y prestar el servicio público de transporte ferroviario, el cual pretende en esta administración, la construcción de tres mil kilómetros de nuevas vías de trenes para pasajeros, actualmente se lleva a cabo la primera fase de construcción de las rutas:

- AIFA-Pachuca (57 kilómetros).

- Ciudad de México-Querétaro (226 kilómetros).

- Querétaro-Irapuato (108 kilómetros).

- Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 kilómetros).

Nuestro país cuenta con un total de 26 mil 727 kilómetros en infraestructura ferroviaria, de estos 17 mil 197 kilómetros están concesionadas y conecta a todo el país teniendo como destino, algunas, los Estados Unidos de América (EUA), nuestro principal socio comercial.

Este sistema mueve más de 122 millones de toneladas de carga cada año, además de 56 millones de pasajeros.

En Coahuila la infraestructura ferroviaria representa un componente esencial para el desarrollo y la operación de las plantas industriales, la red ferroviaria permite movilizar grandes volúmenes de materias primas y productos terminados de manera eficiente, segura y económica, lo que lo convierte en una opción preferida por industrias como la siderúrgica, automotriz, minera, química y alimentaria.

Coahuila cuenta con varias líneas férreas activas que conectan directamente con complejos industriales en municipios como Monclova, Sabinas, Ciudad Frontera, Saltillo, Ramos Arizpe, Torreon y Piedras Negras.

Esta conectividad facilita el ingreso de insumos sin necesidad de trasbordos intermedios, optimizando los tiempos de entrega y reduciendo riesgos por manipulación de mercancía.

La mayoría del transporte de carga se realiza a través de Ferromex y sus subsidiarias, los cuales tienen rutas a lo largo y ancho de todo el país como se muestra en el siguiente mapa:

En Torreon se localiza uno de los puntos principales debido al gran patio multifuncional de maniobras, que sirve para el recibo, clasificación y consolidación, así como atención a unidades de arrastre, el cual trabaja todo el día brindando atención a trenes de carga.

Sus rutas atraviesan colonias del municipio, sin embargo, en fechas recientes, Ferromex comenzó la edificación de bardas perimetrales en sus rutas y en sus patios de maniobra, para delimitar el espacio de las vías del tren, con el fin de impedir que los robos de autopartes, el saqueo de los vagones o la invasión de los trenes en movimiento, se incrementen.

Ante esto, ciudadanos de las colonias Antigua Aceitera y López Portillo han manifestado su inconformidad debido a que estas obras afectan a más de mil familias que viven en el sector sur oriente de la ciudad, ya que coartan el libre tránsito peatonal y pudiesen generar problemas de futuras inundaciones en temporada de lluvias.

La principal demanda es que dicha barda deja sin acceso a cientos de trabajadores que diariamente se movilizan en el sector, lo mismo que a numerosas madres de familia que llevan a sus hijos a clases o simplemente deben trasladarse a otros sectores de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado a entablar pláticas y negociaciones con la empresa Ferromex, con el fin de detener la construcción de una barda perimetral en los tramos que abarcan las colonias de Antigua Aceitera y López Portillo, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y buscar alternativas que permitan el libre tránsito de los ciudadanos y salvaguarden la seguridad de la zona.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar supervisión permanente, prevención de abusos y condiciones dignas en albergues, casas hogar y centros de acogida para la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En México la protección de niñas, niños y adolescentes en albergues, casas hogar y centros de asistencia social representa un desafío estructural que exige una atención inmediata y coordinada por parte de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente 53 mil 862 personas de 0 a 17 años residían en “Alojamientos de Asistencia Social” con una distribución de 47.7 por ciento mujeres y 52.3 por ciento hombres, destacando entidades como Chiapas, Jalisco y Guerrero como las de mayor concentración,1 estos espacios destinados a proporcionar cuidado y protección a menores en situación de vulnerabilidad como aquellos privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos han sido identificados en diversos informes como escenarios propensos a violaciones graves de derechos humanos, incluyendo abusos físicos, psicológicos y sexuales.

La ausencia de supervisión permanente y mecanismos preventivos adecuados ha permitido que estas instituciones tanto públicas como privadas operen en condiciones que no garantizan la integridad y el desarrollo integral de los menores, contraviniendo los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 que obliga al Estado a velar por el interés superior de la niñez, la situación se agrava en un contexto donde el número de menores institucionalizados ha mostrado variaciones mínimas en los últimos años, pero los reportes de irregularidades han aumentado lo que subraya la necesidad de una reforma en los protocolos de inspección y certificación para asegurar entornos seguros y dignos.

En términos de incidencia de violencia los Registros de Lesiones de la Secretaría de Salud revelan que entre 2010 y 2024 se atendieron en hospitales públicos a más de 10 mil 613 personas de 1 a 17 años por violencia sexual representando un incremento de mil 241.7 por ciento desde 2010, este aumento alarmante incluye casos ocurridos en entornos institucionales como albergues donde la vulnerabilidad es mayor debido a la dependencia de los menores de los cuidadores y la falta de mecanismos independientes de denuncia, en 2024 se registraron 9 mil 802 casos, en 2023 con un descenso mínimo de 1.3 por ciento respecto a 2022 pero manteniendo niveles históricos altos que duplican el promedio anual de la década anterior (4 mil 247 casos).3

La mayoría de las víctimas son mujeres (92.9 por ciento en 2022) y tres de cada cuatro casos corresponden a adolescentes de 12 a 17 años, lo que indica una concentración en grupos etarios donde la institucionalización es más común, dichos datos no sólo reflejan la magnitud del problema, sino también la insuficiencia de las medidas preventivas actuales como las establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 47 obliga a las autoridades a prevenir y sancionar el abuso sexual4 pero cuya implementación en centros de asistencia ha sido deficiente como lo evidencian auditorías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para ilustrar la distribución geográfica de estos casos, se presenta la siguiente tabla de datos preliminares de hospitalizaciones por violencia sexual en menores de edad durante 2022-2024 basada en reportes de la Secretaría de Salud:

También se destaca cómo entidades con alta población como el Estado de México (16.8 por ciento de casos nacionales en 2022) requieren una supervisión reforzada para mitigar riesgo, la persistencia de estos números subraya la urgencia de exhortar a autoridades como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) instituciones clave enfocadas en la protección de la infancia, niñez y adolescencia a implementar inspecciones permanentes y protocolos de prevención de abusos.

Segunda. El marco normativo mexicano establece obligaciones claras para la supervisión y regulación de albergues y centros de asistencia mismo que mandata a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales a autorizar, registrar, certificar y supervisar estos centros para garantizar el cumplimiento de derechos de menores privados de cuidado parental.

Sin embargo, informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados irregular con deficiencias sistemáticas, incluyendo hacinamiento, insalubridad y abusos por falta de control estatal, el documento detalla casos históricos como la Recomendación 86/1998, donde 110 menores con discapacidad fueron víctimas de delitos en un albergue privado destacando la necesidad de medidas especiales para vulnerables, la implementación gubernamental para prevenir negligencia y abuso ha sido irregular con sólo 60 por ciento de centros certificados a nivel nacional según estimaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 2023 la brecha normativa se agrava por la falta de recursos para inspecciones permanentes, lo que permite que instituciones operen sin cumplir estándares mínimos de dignidad, como alimentación adecuada, atención médica y entornos libres de violencia, adicionalmente el Reglamento General para los Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales Habilitados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2022)5 regula la organización y funcionamiento de estos espacios enfatizando la protección de menores en movilidad o desamparo, este reglamento vincula a los Sistemas DIF de las entidades federativas mediante convenios, pero su adopción no es universal lo que genera disparidades regionales, en entidades como Yucatán y Coahuila, donde se reportaron altas tasas de maltrato infantil en 2010 (469.4 y 386.7 por cada 100 mil menores respectivamente) la supervisión ha mejorado marginalmente, pero persisten casos de comprobación de abusos (354.6 y 304.1 por 100 mil), por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 define albergues y casas hogar exigiendo personal calificado y condiciones dignas6 pero auditorías revelan incumplimientos en hasta 40 por ciento de instituciones privadas.

Tercera. Diversos casos emblemáticos ilustran la urgencia de una supervisión reforzada en albergues como como el de octubre de 2025, en el cual se rescataron 80 menores de un albergue en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se presumen abusos y condiciones precarias,7 este incidente se suma a patrones históricos como el caso de Villa de las Niñas, documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos8 donde menores fueron víctimas de explotación y negligencia, otro caso serían los Informes de Alumbra y Early Institute (2023), indican que en 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil, donde 84 por ciento correspondían a niñas y un promedio diario de 75 menores atendidos por violencia en 2020, de los cuales 22 fueron por agresión sexual,9 muchos de estos ocurren en instituciones donde la falta de protocolos preventivos perpetúa ciclos de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades asistenciales, incluyendo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogos en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a implementar mecanismos de supervisión permanente en albergues, casas hogar y centros de acogida, con el fin de prevenir abusos, garantizar condiciones dignas y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogos en las en las entidades federativas y municipios a coordinar acciones para la inspección sanitaria permanente en albergues, casas hogar y centros de acogida con énfasis en la prevención y detección temprana de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de las entidades federativas a coordinar acciones para la investigación y sanción penal de los responsables de abusos en albergues, casas hogar y centros de acogida con énfasis en la detección temprana y persecución de delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Véase Redim. (2025a, mayo 1). DÍA DE LA NIÑEZ y LA ADOLESCENCIA EN MÉXICO: Datos sobre la situación sus derechos (Abril, 2025) - Blog de. Blog de datos e incidencia política de REDIM. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/04/28/dia-de-la-ninez-y-la-ad olescencia-en-mexico-datos-sobre-la-situacion-sus-derechos-abril-2025/

2 Artículo 4o.- ...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

...

3 Véase Redim. (2025, agosto 15). Violencia sexual contra la niñez y la adolescencia en México (2010-2024) - Blog de datos e incidencia. Blog de datos e incidencia política de REDIM. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/08/14/violencia-sexual-contra -la-ninez-y-la-adolescencia-en-mexico-2010-2024/

4 Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y la esclavitud, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables;

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y

VIII. El castigo corporal y humillante.

...

5 Véase Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia [SNDIF]. (2022). Reglamento General para los Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales Habilitados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En Honorable Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma/reglamento/reg074_10jun2 2.pdf

6 Véase Secretaría de Salud & Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud. (s. f.). NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. En Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4318/salud/salud.htm

7 Véase Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, & Alcalde Luján, B. (2025, 30 octubre). Fiscalía CDMX informa sobre la investigación en curso relacionada con hechos ocurridos en Casa de las Mercedes [Comunicado de prensa]. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2025-310

8 Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, [CNDH]. (2019). INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA MEXCIANA. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas -ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf

9 Véase Early Institute. (2023). Panorama Estadístico de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en México. https://alumbramx.org/wp-content/uploads/2023/05/Panorama-estadistico-V SI-Mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2026.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la Conagua a iniciar la primera etapa de construcción del proyecto denominado “construcción de sistema integral de drenaje pluvial” de la ciudad de Torreón, Coahuila, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es el líquido vital e indispensable para la sobrevivencia de todas las formas de vida, así como para la conservación de los recursos naturales.

Si bien México cuenta con una ubicación geográfica envidiable, también es necesario mencionar que, por su orografía y clima, es susceptible de que fenómenos meteorológicos como sequías y, a últimas fechas, precipitaciones pluviales intensas, ocasionen importantes daños en la población de diversas zonas del país.

Debido a las fuertes lluvias que se han presentado atípicamente en gran parte de nuestro país, como producto de los efectos del cambio climático, ha propiciado que diversas zonas conurbadas hayan sufrido encharcamientos e inundaciones, lo que ha complicado la cobertura de la gran demanda de servicios públicos que requiere la población para tener una calidad de vida adecuada.

Uno de esos proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la región es el proyecto denominado Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila, el cual beneficiará a más de 300 mil habitantes.

Torreón es una ciudad ubicada dentro de una cuenca cerrada, lo que ocasiona que durante la temporada de lluvias se acumule el agua pluvial en diferentes puntos de la ciudad, reflejándose en encharcamientos o inundaciones en zonas habitacionales, industriales, comerciales, afectando la movilidad y dañando vías de comunicación.

Esto genera un alto riesgo para la salud de la población, dado que el sistema de drenaje actualmente es combinado, y como resultado de la saturación de estos conductos se presenta afloramiento de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales.

Esto se incrementa año con año, como podemos constatar ya que, según el Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos 50 años se han presentado al menos 14 tormentas atípicas que han superado los 50 milímetros (mm) de precipitación, eventos que han causado daños por inundación a Torreón.

Ante esta problemática, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS) registró en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al proyecto denominado Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coahuila, el cual fue inscrito el 23 de enero de 2023, y se le asignó la clave de cartera 2316B00002.

Dicho proyecto contará con 35.2 kilómetros de colectores y subcolectores de 18” a 84”, además de 11.6 kilómetros de líneas a presión de 18” a 30” pulgadas de diámetro, 11.2 kilómetros de canales, 4 cárcamos de bombeo con capacidad de 0.25 a 0.5 metros cúbicos por segundo (m3/s), 6 estanques de detención con capacidad de almacenamiento en conjunto de 2.17 millones de metros cúbicos (m3) y un estanque de retención en parque hídrico Santa Fe, de 1.068 millones de m3.

El proyecto en la actualidad cuenta con una factibilidad económica de cien por ciento; una factibilidad técnica de cien por ciento y cuenta con 95 por ciento de factibilidad ambiental y factibilidad legal.

Ante esto se han sostenido reuniones entre el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua, con el fin de solventar ese 5 por ciento que falta de factibilidad ambiental y legal, lo que permitirá estar en condiciones de ser tomado en cuenta para una asignación presupuestal para 2026.

Es urgente que un proyecto de esta naturaleza pueda ser ejecutado, ya que beneficiará a más de 300 mil habitantes de Torreón, lo que significa 46 por ciento de la población del municipio, además de que también tendrá un impacto favorable en 93 mil 506 viviendas, trayendo importantes ahorros al erario municipal sobre el orden de 588.54 millones de pesos anuales.

Recientemente, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez, se reunión con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, para revisar los avances en obras prioritarias en la región laguna, como el sistema del drenaje pluvial de Torreón, y un proyecto de temporal pluvial enfocado en el municipio de San Pedro.

Es por eso que el presente punto de acuerdo tiene como fin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua, asignen el presupuesto necesario para iniciar la ejecución del proyecto antes citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que asignen los recursos necesarios para iniciar la primera etapa del proyecto denominado Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la Dirección General del IMSS Bienestar a establecer de manera inmediata una mesa de diálogo institucional de alto nivel con representación de las y los trabajadores del sector salud, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes

Considerandos

En los últimos años, el sistema público de salud ha experimentado un proceso de reconfiguración institucional orientado en la centralización de los servicios bajo el modelo IMSS-Bienestar. Dicho proceso ha sido presentado por el Gobierno federal como una política pública enfocada en garantizar un sistema universal, gratuito y eficiente; sin embargo, la realidad rebasa el discurso político y muestra un sistema de salud colapsado, deficiente e injusto con el personal sanitario y, en consecuencia, con la ciudadanía. Se trata del fracaso de una política de salud que no sólo cuesta dinero, sino también vidas.

El pasado 17 de febrero de 2026, trabajadores de la salud, adscritos al programa IMSS-Bienestar, protestaron frente a Palacio Nacional con la finalidad de manifestarse debido a los despidos injustificados, así como por la falta de insumos médicos y medicamentos en diversas unidades y de recursos, situación que compromete la adecuada atención a la población sin seguridad social y vulnera el derecho humano a la salud. Asimismo, denunciaron que desde 2023 hay ausencia de la Comisión de Seguridad e Higiene,1 lo que impide la adecuada clasificación de niveles de riesgo y la implementación de medidas de protección ante contingencias sanitarias.2

En esta protesta solicitaron la intervención de la Presidencia de la República para facilitar la instalación de mesas de diálogo, de manera que se pudiera abordar la atención y solución de las problemáticas planteadas en el sector, atender de manera integral las deficiencias del suministro de materiales, además las y los manifestantes denunciaron las destituciones injustificadas de personal médico por exponer el desabasto de medicamentos dentro de la institución.3

Igualmente solicitaron la regularización de condiciones laborales. Señalaron la existencia de nombramientos laborales emitidos sin especificación de jornada, turno, o adscripción, lo que genera una precarización laboral e incertidumbre jurídica, además de la falta de nombramientos vigentes para un número considerable de empleados en distintas entidades federativas.

El reclamo del personal sanitario es legítimo. La carencia de material médico, equipo básico y medicamentos no sólo dificulta la prestación del servicio, sino que compromete directamente la calidad de la atención y el derecho a la salud de la población sin seguridad social.

El derecho a la protección de la salud se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya garantía implica la provisión suficiente de recursos humanos, materiales e insumos. En 2020 se incorporó el Sistema de Salud para el Bienestar con el objetivo de ampliar progresivamente los servicios de salud a las personas sin seguridad social.

Por su parte, el artículo 123 constitucional reconoce el derecho a un trabajo digno y socialmente útil y, en su apartado B, fracción X, garantiza la libertad de asociación para la defensa de los intereses laborales.

Asimismo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 43, fracción III, establece la obligación de las dependencias de proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo convenido. La Ley General de Salud, en su artículo 71 Bis, garantiza a las personas sin seguridad social la prestación de servicios de salud, medicamentos e insumos, obligación que recae tanto en la federación como en las entidades federativas a través del Sistema de Salud para el Bienestar.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideramos inaplazable que las y los trabajadores del sector salud sean escuchados al más alto nivel de decisión del Estado, a fin de que sus demandas reciban una respuesta inmediata, seria y con resultados. El sistema público de salud atraviesa una situación crítica que no admite más dilaciones ni omisiones administrativas; requiere voluntad política, coordinación institucional y acciones concretas que restituyan su capacidad operativa. Desde el Congreso de la Unión respaldamos las peticiones legítimas del personal sanitario y sostenemos que atenderlas no sólo es un acto de justicia laboral, sino una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud de la población. Ignorar estas demandas implicaría profundizar la crisis del sistema y comprometer aún más la atención de millones de personas que dependen de él.

El Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es garantizar la atención médica a las personas sin seguridad social, particularmente en zonas marginadas, comunidades rurales y entre trabajadores del sector informal. Por ello, resulta indispensable que esta institución cuente con condiciones laborales adecuadas para su personal y con el suministro constante de insumos médicos y medicamentos, pues de ello depende la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece.

La crisis que hoy enfrenta el IMSS-Bienestar no constituye una contingencia imprevista, sino la consecuencia directa de una política de salud que ha privilegiado el discurso sobre los resultados. El hecho de que personal sanitario de distintas entidades del país haya tenido que trasladarse a la sede del Poder Ejecutivo federal para ser escuchado evidencia que los mecanismos ordinarios de gestión del sistema no están funcionando de manera adecuada.

La falta de insumos médicos una omisión que cuesta vida

La insuficiencia de medicamentos, material clínico y equipo hospitalario no constituye únicamente un problema operativo, sino una falla estructural de política pública que impacta directamente en la garantía del derecho a la salud. Diversos análisis especializados han advertido que, aunque el gasto público en salud ha registrado incrementos nominales en algunos rubros hospitalarios y de medicamentos, persisten distorsiones en la asignación y eficiencia del gasto que impiden que dichos recursos se traduzcan en disponibilidad real de insumos en las unidades médicas.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha señalado que el presupuesto en salud para 2026 presenta aumentos en partidas específicas, pero mantiene rezagos estructurales en la planeación, distribución y ejecución del gasto, lo que limita su impacto efectivo en la prestación de servicios.4 Este fenómeno explica por qué, pese al discurso oficial sobre ampliación de cobertura y fortalecimiento institucional, continúan registrándose denuncias por desabasto en hospitales y centros de salud, particularmente en aquellos que atienden a la población sin seguridad social bajo el esquema IMSS-Bienestar.

El CIEP establece que el presupuesto proyectado para la compra de medicamentos, material médico y de laboratorio en 2026 representaría 15.2 por ciento del gasto total en salud, uno de los niveles más altos en la última década, con un monto estimado de 152 mil millones de pesos. Sin embargo, aunque esta cifra implicaría un incremento respecto a 2025, en términos reales se ubicaría por debajo del gasto ejercido en 2024, lo que evidencia que el aumento presupuestal no necesariamente se traduce en una recuperación efectiva de la capacidad de abastecimiento del sistema de salud.5

La estructura del gasto sanitario muestra que la mayor proporción de recursos en los distintos subsistemas se destina a la compra de medicamentos y productos farmacéuticos. Para 2026, se estima que este concepto representaría 86.3 por ciento del gasto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 83.3 por ciento en el IMSS, mientras que en la Secretaría de Salud equivaldría a 74.8 por ciento y en el IMSS-Bienestar a 57 por ciento.

No obstante, el análisis presupuestario por subsistema revela una tendencia preocupante en la distribución de los recursos. Mientras que el IMSS tendría un incremento significativo y el ISSSTE registraría un aumento marginal, el mayor ajuste negativo recaería en la atención de la población sin seguridad social. A pesar de un incremento en la Secretaría de Salud, el recorte previsto en el IMSS-Bienestar generaría una disminución neta de más de mil ochocientos millones de pesos en los recursos destinados a este sector.6

Este comportamiento presupuestario resulta particularmente grave si se considera que el sistema IMSS-Bienestar es el principal instrumento del Gobierno federal para garantizar el acceso a la salud de la población sin seguridad social. En términos prácticos, ello implica que el modelo que se presenta como universal se sostiene con menores recursos para quienes más dependen de él.

El CIEP establece “... que el presupuesto para compra de medicinas, material médico y de laboratorio tendría un incremento de 9.8 por ciento respecto a 2025 y una caída de 6.5 por ciento respecto al monto ejecutado en 2024 . Sin embargo, el incremento proyectado para 2026 se concentraría en el IMSS y, para la población sin seguridad social, IMSS Bienestar y Ssa se observaría un recorte de 1 mil 819 mdp respecto a 2025. Es relevante destacar que, a pesar de estos incrementos, el gasto de bolsillo por compra de medicinas se ha incrementado, además la inflación del sector salud podría alcanzar 14.9 por ciento en 2025 (Anuario Latinoamericano de Seguros, Reaseguros y Fianzas 2025), lo cual podría indicar que estos aumentos no necesariamente reflejan una mayor capacidad de compra y abasto de medicamentos...”.7

La falta de insumos médicos no es un asunto menor, cuando un hospital carece de medicamentos, anestésicos, material quirúrgico o equipo básico, la consecuencia inmediata es la postergación de tratamientos, la cancelación de procedimientos y la degradación de la calidad de la atención. En términos reales, el desabasto se traduce en diagnósticos tardíos, tratamientos incompletos y, en los casos más graves, en la pérdida de vidas que pudieron haberse evitado con una adecuada gestión del sistema sanitario.

Por ello, el problema del abasto no puede entenderse únicamente como una dificultad administrativa, sino como una responsabilidad directa del Estado en la organización del sistema de salud. Cuando los trabajadores sanitarios denuncian la falta de insumos, no sólo están señalando condiciones laborales deficientes, sino alertando sobre un riesgo concreto para la población usuaria del sistema público.

Un salario digno para las y los trabajadores de la salud y la irresponsabilidad de una reforma constitucional pendiente de publicar.

Las condiciones laborales del personal sanitario constituyen un elemento central para el funcionamiento del sistema público de salud. Diversos análisis han evidenciado que, pese al papel estratégico que desempeñan médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector, persisten brechas salariales, desigualdades entre subsistemas y esquemas de contratación precarios que afectan la estabilidad del personal y, en consecuencia, la calidad de los servicios.

Estudios recientes sobre la estructura salarial del sector salud muestran que los ingresos del personal sanitario en México presentan una alta heterogeneidad, con diferencias significativas según el subsistema, el tipo de contratación y la región del país. Esta fragmentación salarial implica que, aun cuando existen casos de remuneraciones competitivas en ciertas instituciones, una proporción relevante del personal enfrenta ingresos insuficientes, falta de certeza laboral y dependencia de compensaciones extraordinarias, lo que revela un problema estructural en la política laboral del sistema de salud.

Los datos disponibles sobre los ingresos del personal sanitario confirman que las condiciones salariales del sector siguen siendo insuficientes y desiguales. De acuerdo con análisis basados en información de Data México correspondiente a 2023, el salario promedio mensual de médicos, enfermeras y otros especialistas de la salud en el país se ubicó alrededor de 8 mil 400 pesos, con jornadas cercanas a 37 horas semanales.8

La situación salarial del personal médico en formación evidencia una contradicción estructural en la política pública laboral del Estado mexicano. Mientras el programa Jóvenes Construyendo el Futuro otorga un apoyo mensual equivalente al salario mínimo, cercano a los nueve mil quinientos pesos,9 los médicos pasantes que realizan servicio social en instituciones públicas suelen recibir becas significativamente menores.

Diversas estimaciones indican que los pasantes de medicina en el sistema público perciben entre dos mil y siete mil pesos mensuales, dependiendo de la institución y la plaza asignada, con casos en los que la remuneración se ubica alrededor de los tres mil pesos mensuales. Esta realidad implica que, en numerosos escenarios, el Estado mexicano otorga mayores recursos económicos a jóvenes en capacitación general que a quienes, durante su servicio social, participan directamente en la atención médica de la población.

Adicionalmente es necesario advertir que convocatorias públicas del programa IMSS-Bienestar reflejan esquemas de contratación temporal y remuneraciones que han sido cuestionadas por el personal sanitario, particularmente cuando se comparan con las responsabilidades clínicas y la carga de atención en zonas marginadas. Estas condiciones, aunadas al desabasto de insumos, generan inconformidad legítima y afectan la estabilidad operativa del sistema.

La disparidad resulta especialmente grave si se considera que los pasantes de medicina no sólo adquieren experiencia profesional, sino que realizan funciones esenciales dentro del sistema sanitario, particularmente en zonas rurales y unidades con déficit de personal. La diferencia en los montos de apoyo no sólo refleja una desarticulación en la política salarial, sino que transmite un mensaje contradictorio respecto del valor institucional que se otorga a la formación médica y al propio sistema de salud pública.

Esta situación adquiere mayor relevancia si se considera que el propio Estado mexicano reconoció la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal sanitario mediante la reforma constitucional aprobada en 2024 al artículo 123, apartado B. Dicha reforma tuvo como propósito fortalecer el salario de sectores estratégicos del servicio público, entre ellos médicos, personal de seguridad y fuerzas armadas, bajo el principio de que la estabilidad laboral y la remuneración digna son condiciones indispensables para garantizar servicios públicos de calidad.

La reforma fue aprobada por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente ratificada por las legislaturas de las entidades federativas10 cumpliendo los requisitos constitucionales para su declaratoria de validez. Sin embargo, a pesar de este respaldo institucional, el proceso no ha culminado por la omisión del Senado de la República presidido por Morena para realizar la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, lo que ha impedido su entrada en vigor.

Esta omisión resulta particularmente grave en el contexto actual del sistema de salud. Mientras el personal sanitario enfrenta carencias de insumos, incertidumbre laboral y presiones operativas, el instrumento constitucional diseñado precisamente para mejorar sus condiciones permanece sin efectos jurídicos plenos.

La falta de materialización de esta reforma no sólo retrasa la mejora salarial del personal sanitario, sino que envía un mensaje contradictorio respecto de las prioridades del Estado mexicano en materia de salud pública. Un sistema que aspira a ser universal y eficiente no puede sostenerse sobre la precarización de quienes lo operan. La dignificación salarial del personal sanitario no constituye únicamente una demanda laboral, sino una condición estructural para garantizar el derecho a la salud de la población.

Honorable asamblea

Garantizar un servicio de salud adecuado implica que, desde el interior de las instituciones públicas, se cuente con los insumos, materiales, medicamentos y personal necesarios para atender a la población, particularmente a quienes no cuentan con seguridad social.11 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2024, 48.2 por ciento de las personas en México no tenía acceso a la seguridad social, lo que implica que el universo de población que depende del sistema público de salud continúa siendo amplio y creciente. Este escenario obliga al Estado a diseñar políticas públicas con planeación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades esenciales del sistema sanitario.

Sin embargo, el denominado Sistema de Salud para el Bienestar ha resultado insuficiente frente al contexto actual. Esta insuficiencia encuentra su origen en la falta de priorización presupuestaria, la cual no ha sido capaz de responder a la magnitud de la demanda sanitaria. Las consecuencias de esta situación se reflejan, en primer lugar, al interior de las propias instituciones de salud, donde el personal enfrenta carencias de insumos, equipo básico y condiciones operativas mínimas para cumplir con su labor.

La insuficiencia de recursos no sólo afecta la operación institucional, sino que tiene efectos directos sobre la ciudadanía. Cuando el sistema público falla, las personas se ven obligadas a recurrir a servicios privados, aun cuando el Estado está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud. En este sentido, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Inegi muestra que 51.1 por ciento de las personas usuarias del Insabi y 50.5 por ciento del IMSS-Bienestar tuvieron que pagar por servicios privados debido a deficiencias del sistema público. Asimismo, 67.0 por ciento de las personas usuarias del Insabi y 69.9 por ciento del IMSS-Bienestar reportaron saturación en hospitales y clínicas, lo que evidencia problemas estructurales de capacidad y organización.

Estos datos no son aislados. Forman parte de una tendencia que se ha consolidado desde 2018, caracterizada por decisiones de política pública que han debilitado la estructura del sistema sanitario. La eliminación del Seguro Popular y los cambios institucionales posteriores no han logrado compensar las necesidades existentes; por el contrario, la población con carencias por acceso a servicios de salud aumentó 18.6 por ciento entre 2016 y 2025, según mediciones oficiales. Ello demuestra que la política de gasto en salud no ha sido capaz de responder al crecimiento de la demanda ni de fortalecer las instituciones encargadas de atenderla.12

La falta de recursos, planeación y fortalecimiento institucional ha generado un círculo vicioso: instituciones debilitadas, personal sin condiciones adecuadas y ciudadanos sin acceso efectivo a los servicios. En lugar de atender estas deficiencias estructurales, el gobierno ha privilegiado una narrativa de éxito que no se corresponde con la realidad operativa del sistema. A ello se suma la preocupación de que, en diversos casos, se han sancionado o removido a trabajadores que denuncian fallas institucionales, en lugar de atender las problemáticas señaladas.

Desde el Grupo Parlamentario del PRI sostenemos que el bienestar social no se construye mediante propaganda ni transferencias aisladas, sino mediante instituciones sólidas, con financiamiento suficiente y capacidad operativa real. Un sistema de salud funcional requiere insumos disponibles, personal capacitado y condiciones laborales dignas que permitan brindar servicios de calidad a la población.

Por ello, consideramos urgente que las autoridades que encabezan el Sistema Nacional de Salud atiendan las demandas del personal sanitario, tanto del IMSS-Bienestar como de la Secretaría de Salud en su calidad de dependencia coordinadora del sector. El diálogo institucional entre autoridades y trabajadores resulta indispensable para identificar las fallas del sistema y adoptar soluciones efectivas que garanticen el derecho a la salud.

Esta necesidad cobra mayor relevancia en el contexto actual, marcado por la presencia de brotes epidemiológicos como el de sarampión, que ponen a prueba la capacidad operativa del sistema sanitario. Para enfrentar estos retos, los hospitales y clínicas públicas deben contar con personal suficiente, insumos adecuados y mecanismos de coordinación eficaces. La atención a las demandas del personal de salud no sólo es un asunto laboral, sino una condición indispensable para proteger la salud de la población.

Para asegurar que IMSS-Bienestar sea efectivo, resulta indispensable disponer de una administración eficiente y de recursos financieros bastos. Esto abarca desde la solvencia presupuestaria hasta el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos.

Es facultad y obligación constitucional de esta soberanía ejercer el control político y la supervisión de las acciones del Poder Ejecutivo federal, a fin de garantizar el cumplimiento pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente ante una crisis de salud pública cuyas causas y sus responsables son identificables donde los efectos recaen sobre las personas que poseen menos recursos como para enfrentarlos por cuenta propia.

Por estas razones se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Dirección General del IMSS Bienestar para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan de manera inmediata una mesa de diálogo institucional de alto nivel con representación de las y los trabajadores del sector salud, particularmente del IMSS-Bienestar, a fin de atender sus legítimos reclamos relacionados con condiciones laborales, suministro de insumos médicos, certeza jurídica en los nombramientos y funcionamiento operativo del sistema.

Asimismo, se implementen acciones urgentes para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, material médico, equipo básico y recursos humanos suficientes en las unidades de salud que atienden a la población sin seguridad social, con especial atención en aquellas ubicadas en zonas rurales y marginadas.

Notas

1 La Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) es un organismo bipartito y paritario obligatorio en los centros de trabajo mexicanos (según artículos 509 y 510 de la LFT y NOM-019-STPS-2011), conformado por representantes del patrón y trabajadores. Su función principal es investigar causas de accidentes/enfermedades, proponer medidas preventivas y verificar su cumplimiento para garantizar la salud laboral.

2 LAURELES, Jared y XANTOMILA, Jessica. Trabajadores del IMSS-Bienestar demandan a Sheinbaum intervenir para garantizar insumos médicos. Ciudad de México: La Jornada, 17 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/17/sociedad/trabajadores-del -imssbienestar-demandan-a-sheinbaum-intervenir-para-garantizar-insumos- medicos/

3 LAURELES, J. y XANTOMILA, J. “Trabajadores del IMSS-Bienestar demandan a Sheinbaum intervenir para garantizar insumos médicos”. En La Jornada [en línea]. 17 de febrero de 2026 [consulta el 19 de febrero de 2026]. Disponible en https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/17/sociedad/trabajadores-del -imssbienestar-demandan-a-sheinbaum-intervenir-para-garantizar-insumos- medicos

4 MENDEZ MÉNDEZ, Judith Senyacen. Gasto en salud para 2026: aumentos en hospitales y medicamentos; recortes en salud mental. Ciudad de México: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 7 de octubre de 2025. Disponible en: https://ciep.mx/gasto-en-salud-para-2026-aumentos-en-hospitales-y-medic amentos-recortes-en-salud-mental/

5 CIEP, Gasto en salud para 2026..., en línea.

6 Ibidem

7 Ibidem.

8 CONSULTORSALUD. Radiografía salarial: ingresos de los trabajadores del sector salud. México: Consultorsalud, 5 de diciembre de 2023. Disponible en: https://consultorsalud.com.mx/radiografia-salarial-ingresos-trabajadore s-salu/

9 ¿Cuánto pagará Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026? Tiene un aumento del 13% – Programas para el Bienestar

10 GAMBOA, V. “Oposición exige publicar reforma sobre aumento de salario a policías, fuerzas armadas y médicos; fue aprobada desde 2024”. En El Universal [en línea]. 26 de diciembre de 2025 [consulta el 19 de febrero de 2026]. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/oposicion-exige-publicar-reforma- sobre-aumento-de-salario-a-policias-fuerzas-armadas-y-medicos-fue-aprob ada-desde-2024/

11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “En 2024, en México 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional; 7.0 millones estaban en situación de pobreza extrema” [comunicado de prensa 118/25]. 13 de agosto de 2025 [consulta el 20 de febrero de 2026]. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm20 25_08.pdf

12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2023. Principales Resultados [Material gráfico proyectable]. México. 2023

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al CSG a revisar en los datos oficiales relativos a la magnitud, persistencia y expansión territorial del brote de sarampión en el país, la pertinencia de emitir una declaratoria de emergencia sanitaria de carácter nacional, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y emitir directrices obligatorias que permitan contener de manera eficaz la propagación del virus, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

Durante décadas, México logró contener y prácticamente eliminar la transmisión del sarampión mediante campañas permanentes de vacunación, el fortalecimiento de su infraestructura médica y un sistema de vigilancia epidemiológica funcional; no obstante, en meses recientes se ha registrado un repunte alarmante de casos en distintas entidades federativas, situación que representa un retroceso inadmisible en materia de salud pública y pone en evidencia el deterioro del sistema sanitario nacional.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, causada por el virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus , cuyo único reservorio es el ser humano, y se transmite a través de gotículas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas, presentando un periodo de transmisibilidad que abarca desde cuatro días previos hasta cuatro días posteriores al inicio del exantema.1 La población vulnerable ante esta enfermedad son los lactantes, desnutridos y adultos mayores, considerándose una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa, ya que puede tener secuelas graves que van desde neumonía, encefalitis, ceguera y diarrea grave con deshidratación.2

El 27 de septiembre de 2016, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon a la región de las Américas libre de sarampión, consolidando a esta enfermedad como la quinta prevenible por vacunación en ser eliminada, después de la viruela, la poliomielitis, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.3 Este logro quedó documentado en el Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del sarampión y la rubéola , publicado por la Secretaría de Salud, el cual da cuenta de la evolución histórica del sarampión en México hasta 2016 y constituye una fuente oficial que describe las características del virus, sus mecanismos de transmisión, así como las medidas de prevención y las estrategias de vigilancia epidemiológica implementadas para lograr su eliminación en el país.

A pesar de los antecedentes antes citados, el pasado 12 de marzo de 2025, la Dirección General de Epidemiología publicó el Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2025/Sarampión, reportando 22 casos confirmados de sarampión a nivel nacional.4 A partir de ese momento, se encendieron las alertas con la propagación de esta enfermedad y la necesidad de actuar rápido para evitar una crisis sanitaria.

En el informe diario del brote de sarampión en México al 5 de febrero del presente año se han reportado 8 mil 459 casos confirmados de sarampión acumulados distribuidos en 32 entidades de la República y 265 municipios del país.5

La información epidemiológica más reciente confirma que el brote de sarampión en México no sólo persiste, sino que ha adquirido una dimensión nacional alarmante. Entre 2025 y 2026 se han acumulado 8 mil 459 casos confirmados en el país, lo que demuestra que las medidas de contención implementadas han sido insuficientes y tardías. Este escenario evidencia que la transmisión del virus no ha sido interrumpida de manera efectiva y que la política de prevención y vacunación no ha logrado restablecer los niveles de protección necesarios para salvaguardar la salud pública, particularmente de la población infantil.

Resulta especialmente grave que, en este mismo periodo, se hayan registrado 27 defunciones asociadas al sarampión , de las cuales 25 ocurrieron en 2025 y 2 adicionales en 2026 , tratándose de una enfermedad plenamente prevenible mediante vacunación. Estas defunciones no representan cifras abstractas, sino vidas perdidas que pudieron haberse evitado , y constituyen una falla directa del sistema de salud y una omisión en el deber del Estado de garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud.

El análisis territorial del brote revela una concentración crítica en el estado de Chihuahua , que acumula 4 mil 502 casos confirmados , lo que representa aproximadamente 53.2 por ciento del total nacional de casos registrados entre 2025 y 2026. Asimismo, en dicha entidad se han documentado 21 de las 27 defunciones , es decir, casi 78 por ciento de las muertes asociadas al sarampión en todo el país , convirtiendo a Chihuahua en el principal foco rojo epidemiológico y en el ejemplo más evidente del fracaso de las acciones de contención implementadas hasta ahora.

Estados como Jalisco, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa presentan también casos activos, agregando también a la lista a entidades con mayores poblaciones urbanas, como la Ciudad de México y el Estado de México, reportando un mayor número de contagio, lo que evidencia una respuesta desigual y descoordinada entre niveles de gobierno.

Esta concentración desproporcionada de casos y defunciones pone de manifiesto la ausencia de una estrategia oportuna, focalizada y eficaz, pese a que desde fases tempranas del brote se contaba con información suficiente para anticipar su gravedad y reforzar las acciones preventivas en la entidad. La falta de respuesta adecuada permitió que el virus se propagara sin control, con consecuencias fatales para la población más vulnerable.

El análisis por grupos etarios confirma que el impacto del brote de sarampión se concentra de manera desproporcionada en la población infantil. El grupo de edad de 1 a 4 años es el más afectado, con mil 269 casos confirmados , seguido por las niñas y niños de 5 a 9 años , con mil 18 casos , y por el grupo de 25 a 29 años , con 932 casos , lo que evidencia una afectación transversal, pero particularmente grave entre la niñez. En términos de incidencia, los menores de un año presentan la tasa más elevada, con 49.10 casos por cada 100 mil habitantes , seguidos por el grupo de 1 a 4 años y de 5 a 9 años , con tasas de 14.81 y 9.61 , respectivamente, lo que confirma que la falta de cobertura oportuna de vacunación ha colocado a los sectores más vulnerables en el centro de esta emergencia sanitaria.

Este rebrote no es producto del azar ni consecuencia de factores externos: es resultado directo del abandono, la improvisación y el fracaso de la política de salud pública del actual Gobierno federal. México pasa, en apenas unos años, de ser referente continental en vacunación infantil, a exhibir una de las coberturas más bajas de la región, con miles de niñas y niños desprotegidos ante enfermedades que deberían pertenecer al pasado.

Los datos anteriores no sólo describen un repunte epidemiológico, sino un fracaso estructural del Estado mexicano en su deber de proteger la salud pública. La alarmante expansión del sarampión refleja la ruptura de la cadena nacional de vacunación y la ineficiencia de la administración sanitaria federal para garantizar la distribución oportuna de biológicos, insumos médicos y personal calificado en las entidades federativas.

En los últimos años, la reconfiguración constante del sistema de salud –caracterizada por la desaparición del Seguro Popular, la implementación fallida del Insabi y la transición improvisada hacia el IMSS-Bienestar– ha provocado vacíos administrativos, descoordinación logística y un desabasto sostenido de medicamentos y vacunas a nivel nacional. A ello se suma la cancelación o debilitamiento de campañas masivas de vacunación y de sensibilización ciudadana, lo que ha derivado en una disminución significativa de la cobertura nacional de inmunización infantil, colocándola por debajo de los niveles mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Diversos reportes periodísticos y análisis especializados han documentado que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se dejaron de aplicar millones de vacunas del esquema básico infantil, generando un incremento alarmante de niñas y niños sin ninguna dosis. Tan sólo en 2024, más de 340 mil menores no recibieron ninguna vacuna, lo que especialistas han calificado como un retroceso histórico y una amenaza directa a la salud pública.6 Esta reducción sostenida en la aplicación de vacunas ha sido atribuida a fallas en la planeación, compra y distribución de biológicos, así como a la desarticulación institucional del sistema de salud.

En este contexto, el repunte del sarampión no constituye un hecho fortuito ni un fenómeno epidemiológico aislado, sino una consecuencia previsible de políticas públicas erráticas, centralistas y carentes de una estrategia preventiva integral. La decisión del Gobierno federal de concentrar competencias, recursos y responsabilidades en un solo modelo de atención ha debilitado la capacidad operativa y preventiva de las entidades federativas, reduciendo su margen de acción y poniendo en riesgo a millones de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.7

El sarampión –una enfermedad que México había logrado erradicar hace casi tres décadas– ha reaparecido como resultado directo de la negligencia gubernamental, de la mala planeación en la adquisición y distribución de vacunas y de la fragmentación del sistema nacional de salud. Este rebrote ha encendido alertas a nivel regional e internacional, al grado de que organismos internacionales han advertido que México podría perder su estatus como país libre de sarampión si no se actúa con prontitud y eficacia.8

El sarampión ya es una emergencia sanitaria

La magnitud, persistencia y expansión territorial del brote de sarampión que enfrenta actualmente el país obligan a replantear su tratamiento institucional como un asunto ordinario de salud pública. La presencia sostenida de casos en múltiples entidades federativas, el número creciente de contagios y defunciones evitables, así como la afectación desproporcionada a la población infantil, configuran un escenario que rebasa la capacidad de respuesta regular del sistema sanitario y exige una actuación extraordinaria del Estado mexicano.

En este contexto, resulta indispensable que el Consejo de Salubridad General, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revise formalmente la situación del sarampión en el país y valore su atención como una emergencia sanitaria de alcance nacional.

A diferencia de otros episodios epidemiológicos, el actual brote de sarampión reviste una gravedad particular al tratarse de una enfermedad plenamente prevenible mediante vacunación, lo que convierte cada contagio grave y cada defunción en una falla institucional evitable. La eventual intervención del Consejo de Salubridad General permitiría fortalecer la coordinación interinstitucional, emitir directrices obligatorias para todas las autoridades sanitarias del país y priorizar acciones extraordinarias de vacunación, vigilancia epidemiológica y comunicación preventiva. La omisión de este análisis no sólo prolonga el riesgo sanitario, sino que debilita la capacidad del Estado para cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud, particularmente de niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revise de manera urgente, con base en los datos oficiales relativos a la magnitud, persistencia y expansión territorial del brote de sarampión en el país, la pertinencia de emitir una declaratoria de emergencia sanitaria de carácter nacional, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y emitir directrices obligatorias que permitan contener de manera eficaz la propagación del virus.

Asimismo, se exhorta al Consejo de Salubridad General para que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno federal y las autoridades sanitarias de las entidades federativas, impulse e implemente una estrategia nacional urgente e integral, que priorice la vacunación masiva, particularmente en las entidades federativas con mayor incidencia de casos, refuerce la vigilancia epidemiológica intensiva y garantice la protección de la población infantil y de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, asegurando una respuesta oportuna y eficaz frente a una enfermedad prevenible que hoy representa un riesgo grave para la salud pública.

Notas

1 Dirección General de Epidemiología. (2025a, 12 de marzo). Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2025/Sarampión. Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/salud

2 Dirección General de Epidemiología. (2025a, 12 de marzo). Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2025/Sarampión. Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/salud

3 Secretaría de Salud de México. (2019). Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del sarampión y la rubéola.

4 Dirección General de Epidemiología. (2025a, 12 de marzo). Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2025/Sarampión. Secretaría de Salud. https://www.gob.mx/salud

5 Secretaría de Salud. (2026, 23 de enero). Informe diario del brote de sarampión en México [PDF]. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1051422/INFORME_DIARIO_S ARAMPION_20260123.pdf

6 El País . Más de 340.000 niños en México no recibieron ninguna vacuna en 2024. Edición México, julio de 2025.

7 La Crónica de Hoy . Desde el sexenio de AMLO se dejó de vacunar: especialistas advierten retroceso histórico. Enero de 2026.

8 El País . México tiene dos meses para contener el brote de sarampión y no perder el estatus de país libre de la enfermedad. Enero de 2026.

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN y la Sedena a coordinar acciones para reforzar el blindaje y la protección a la ciudadanía, con las corporaciones de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno en el estado de Aguascalientes, sus municipios y las entidades federativas colindantes, ante los hechos violentos y bloqueos registrados en diversas entidades del país, con motivo del operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en la mañana del domingo 22 de febrero del presente año, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Humberto Ambriz Delgadillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

Primera. El domingo 22 de febrero del presente año, fuerzas armadas federales dieron un golpe al crimen organizado en el estado de Jalisco, lo que derivó en bloqueos en diversas carreteras y hechos violentos dentro del estado de Aguascalientes, afectando el patrimonio de las personas a las que les fueron arrebatados sus vehículos y que fueron utilizados para los bloqueos e incendiados en el lugar, afectando con esto los comercios, el traslado de las personas, el desarrollo normal de sus actividades, motivo que originó pánico entre la población y familias en el estado de Aguascalientes y los estados colindantes.

Segunda. Debido a lo anterior, las familias en el estado de Aguascalientes han sido afectadas en su tranquilidad, el empleo, los comercios y los estudios al no poderse trasladar de manera normal y segura, vulnerando sus derechos, su patrimonio, hasta el momento no existe la certeza de la duración en los acontecimientos ocurridos hace dos días, no hay un plazo cierto para garantizar la seguridad y tranquilidad del país, por lo que solicito el apoyo de esta asamblea para que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución para exhortar a los titulares de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, dentro de sus atribuciones, coordinen con los diferentes órganos de gobierno en materia de seguridad pública dentro del estado de Aguascalientes, las acciones necesarias para garantizar que los derechos de las y los ciudadanos en el estado no se sigan vulnerando por estos hechos, y que acudan al llamado para reforzar el blindaje en el estado de Aguascalientes y estados colindantes, garantizando con ello la estabilidad de las familias y el apoyo en situaciones críticas como las que actualmente enfrenta gran parte del país.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que coordinen acciones para reforzar el blindaje y la protección a la ciudadanía, con las diferentes corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno dentro del estado de Aguascalientes, sus municipios y los estados colindantes, debido al operativo llevado a cabo la mañana de este domingo 22 de febrero del presente año, por las fuerzas federales, mismo que derivó en hechos violentos y bloqueos en varios estados de la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputado Humberto Ambriz Delgadillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla y a la gobernadora del estado de Tlaxcala, a través de las instancias correspondientes, a transparentar los actos de investigación que se desarrollaron a raíz de la búsqueda y localización de Alejandro Agustín Tello Olmedo y su esposa, Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Xitlalic Ceja García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

El estado de Puebla enfrenta una grave crisis de inseguridad que afecta a toda su población; de hecho, desde que Alejando Armenta es gobernador se ha observado un incremento en los delitos del fuero común. Según la Encuesta Nacional sobre percepción de inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 78.2 por ciento de la población de esta entidad federativa se siente insegura. Este dato ubica a Puebla como una de las entidades con mayor percepción de inseguridad de todo México.1

A decir verdad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2025 se registró un total de 82 mil 122 delitos de alto impacto de fuero común.2 Este dato revela un incremento de 2.6 por ciento de incidencia delictiva con relación al año inmediato anterior, pues en 2024, se registró un total de 80 mil delitos, es decir 2 mil 117 delitos menos.

Por su parte, de acuerdo con el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y localizadas del 14 de diciembre de 2024 (año que inició la gestión del gobierno actual de Puebla) al 21 de febrero de 2026 se ha realizado 2 mil 261 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de todas ellas 370 están oficialmente desaparecidas y 154 fueron localizadas sin vida.3

Asimismo, si se analizan la información del estado de Puebla en relación con las demás entidades federativas se advierte que en el mismo periodo Puebla se ubicó entre los cinco estados de la República con mayor número de reportes de desapariciones. Lo anterior releva la existencia de un grave problema de seguridad que recientemente se problematizó aún más cuando se dio a conocer la noticia de la desaparición de un matrimonio que posteriormente apareció sin vida.

De acuerdo con la información disponible, Alejandro Agustín Tello Olmedo y su esposa, Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, desaparecieron el 19 de febrero luego de haber sido vistos por última vez en la colonia Villa Vista en la ciudad de Puebla. De acuerdo con la narración de los hechos, ese día fueron a dejar a sus hijos en la escuela Instituto Oriente, después aproximadamente a las 8:00 de la mañana se dirigieron a la ciudad de Tlaxcala a bordo de su vehículo Volkswagen Jetta blanco.4

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Puebla revelan que lograron identificar un vehículo con las características del de las víctimas que llegó al centro de Tlaxcala alrededor de las 9:56 de la mañana, de ahí se fue junto con otro automóvil por la carretera Tlaxcala-Apizaco hasta llegar a las inmediaciones de Tlaxco a las 11:10, horas, a partir de ese momento se desconoce lo que ocurrió. Pues el vehículo fue localizado en el libramiento Instituto Politécnico, a la altura del SAT, La Trinidad, Tepehitec, estado de Tlaxcala5 y los cuerpos sin vida de las víctimas finalmente fueron encontrados en la localidad de La Rinconada, en el estado de Puebla.

Estos lamentables hechos son un síntoma de la grave crisis de seguridad que se vive en el estado de Puebla, y la falta de acción oportuna por parte de las autoridades. Si bien es cierto que el gobernador del Estado ha intentado deslindarse de la responsabilidad (alegando que la desaparición se dio en Tlaxcala) la realidad es que los hechos sucedieron en el estado de Puebla de donde también son originarias las víctimas.

De hecho, tan sólo en enero de 2026 se registraron 46 desapariciones, el doble de las reportadas en 2025, lo que representa un incremento de 105 por ciento de este delito. Asimismo, es de destacar que la ciudad capital concentra la mitad del total de casos registrados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas y localizadas.6

Es precisamente por lo anterior que resulta fundamental explorar todas las líneas de investigación y garantizar la reparación integral del daño de las víctimas indirectas, pues los hechos han generado una conmoción dentro de la comunidad; hoy las desapariciones, los secuestros y los homicidios en el estado son una realidad que atenta contra la seguridad y el bienestar de todos los pobladores.

Por lo anterior, se presenta el siguiente punto de acuerdo con el objetivo de exhortar al gobierno del Puebla y de Tlaxcala para que, a través de su gobernador y gobernadora, se realicen acciones contundentes centradas en atender el fenómeno de las desapariciones y los secuestros. Además, se insta a crear una estrategia metropolitana en la cual se atienda la zona carretera entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Puebla y a la gobernadora del estado de Tlaxcala para que, a través de las instancias correspondientes, transparente los actos de investigación que se desarrollaron a raíz de la búsqueda y localización de la Alejandro Agustín Tello Olmedo y su esposa, Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Puebla para que a través de la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezcan los protocolos de búsqueda e identificación de personas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comandancia de la Guardia Nacional para que, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, fortalezcan los operativos de vigilancia que garanticen la seguridad de la población en los tramos carreteros entre Tlaxcala y Puebla.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías Generales del Estado de Puebla y del Estado de Tlaxcala para que coordinadamente realicen las debidas diligencias que permitan el ejercicio de la acción penal en contra del o de los presuntos responsables de los hechos considerados como delitos en contra de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, para así lograr su castigo.

Notas

1 INEGI Distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, por entidad federativa según percepción de la inseguridad en su entidad federativa, entre marzo y abril 2025. https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/

2 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva

3 https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

4 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/alejandro-agustin-tello-olmedo- karina-angeles-ruiz-ruiz-padres-desaparecidos-puebla/

5 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/alejandro-agustin-tello-olmedo- karina-angeles-ruiz-ruiz-padres-desaparecidos-puebla/

6 https://www.e-consulta.com/nota/2026-02-08/sociedad/en-enero-45-desapar ecidos-en-puebla-en-el-ano-pasado-22

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a implementar un programa especial de supervisión y acompañamiento para los asegurados cuyos vehículos o bienes hayan sido robados o dañados con motivo de los hechos violentos registrados tras el operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

A finales del febrero del presente año, el Estado mexicano logró abatir al líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Este hecho sin duda alguna ha sido uno de los golpes más significativos al crimen organizado en el país. La operación, ejecutada el 22 de febrero de 2026 por el Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional y apoyada con información de inteligencia internacional, generó un intenso enfrentamiento armado. Oseguera Cervantes El Mencho , resultó herido durante el operativo y falleció mientras era trasladado para recibir atención médica, poniendo fin a más de una década de liderazgo incontestable en el narcotráfico nacional.1

La muerte del líder del CJNG desató una oleada inmediata de violenta represalia en múltiples regiones del país. Integrantes y células del cártel emprendieron una serie de acciones que incluyeron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques armados contra infraestructura y enfrentamientos en zonas urbanas y rurales. Las reacciones, coordinadas y de gran escala, se reportaron en al menos 20 de las 32 entidades federativas, con incidencia notable en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Colima.

En Jalisco, las consecuencias fueron particularmente severas. Ciudades como Guadalajara y zonas metropolitanas cercanas a Tapalpa vivieron momentos de tensión extrema, con reportes de quema de vehículos, suspensión de actividades cotidianas y restricciones de movilidad ante la presencia de grupos armados. Además, las autoridades emitieron alertas y declararon medidas extraordinarias de seguridad para contener los disturbios y proteger a la población civil frente a la violencia desatada.

Las autoridades federales y estatales han confirmado que las operaciones derivadas del abatimiento del líder criminal dejaron un saldo significativo de víctimas entre miembros de las fuerzas de seguridad, con decenas de elementos fallecidos o heridos, así como múltiples detenidos vinculados al grupo delictivo. Estas cifras reflejan la magnitud de la respuesta violenta y los retos que enfrenta el Estado mexicano para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Los hechos recientes no sólo tienen implicaciones en materia de seguridad pública, sino también en el ámbito social y económico. La inestabilidad generada ha provocado suspensiones de actividades comerciales, educativas y de servicios básicos en diversas localidades; alertas de seguridad emitidas por misiones diplomáticas extranjeras, e inquietudes crecientes sobre el impacto en sectores como el turismo y la inversión.

Uno de los asuntos más preocupantes para las familias mexicanas afectadas por la ola de violencia fue el incendio que, de acuerdo con cifras reportadas por diversos medios de comunicación, de más de 600 vehículos –631 unidades según los reportes preliminares– muchos de los cuales fueron posteriormente incendiados como parte de acciones de bloqueo y violencia coordinada. A ello deben sumarse los daños a viviendas, establecimientos comerciales y otras propiedades privadas que quedaron atrapadas en los hechos.

Detrás de cada cifra hay una familia que perdió su medio de transporte, su herramienta de trabajo o su patrimonio. Para muchos trabajadores, el vehículo no es un lujo: es su instrumento diario de subsistencia.

Sin embargo, a la tragedia material se suma ahora una nueva preocupación: múltiples afectados han comenzado a señalar que las aseguradoras están cuestionando la procedencia de los pagos bajo el argumento de que los daños no encuadran como “robo total”, sino como vandalismo, disturbio civil o incendio derivado de alteraciones al orden público, coberturas que en muchas pólizas contienen exclusiones o límites distintos.

Aquí es donde el problema deja de ser únicamente penal y se convierte en un conflicto técnico–jurídico de enorme impacto social. Si a una persona la bajan de su vehículo mediante intimidación o violencia y posteriormente ese vehículo aparece incendiado, jurídicamente estamos frente a un despojo violento, es decir, un robo con violencia. El incendio posterior no altera la causa eficiente del daño; es consecuencia del acto ilícito inicial. En términos aseguradores, el evento cubierto es el robo total.

No es lo mismo afirmar en una denuncia que “el vehículo fue incendiado en un bloqueo”, que establecer con claridad que “fui despojado con violencia y posteriormente el vehículo fue incendiado”. La causa jurídica importa.2

Las aseguradoras, como es natural en su actividad, litigan la causalidad. Si logran sostener que el daño provino de un acto excluido –motín, disturbio civil, vandalismo– y no de un robo cubierto, pueden negar el pago. Por ello, la tipificación del hecho y la narrativa jurídica del siniestro se vuelven determinantes.

El riesgo es evidente: que las víctimas de estos hechos no sólo enfrenten la pérdida material derivada de la violencia, sino también una segunda afectación al quedar atrapadas en controversias técnicas con sus aseguradoras.

No podemos permitir que, en un contexto de crisis de seguridad, las familias mexicanas queden en un limbo jurídico entre la violencia criminal y la interpretación restrictiva de cláusulas contractuales.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calificó los hechos como un evento atípico, dada la magnitud y simultaneidad de los siniestros registrados en diversas entidades del país tras el operativo federal. Según datos oficiales de la propia AMIS, se robaron 631 vehículos asegurados en todo el país, y del total de casos reportados 396 ocurrieron únicamente en el estado de Jalisco, lo que equivale a más de treinta veces el promedio diario de robos que se tenía en condiciones ordinarias. Detrás de Jalisco le siguieron Michoacán, con 101 unidades y Nayarit con 80, concentrando estas tres entidades 92 por ciento de los casos reportados, mientras que en Guanajuato se identificaron 10 vehículos más afectados y 44 en otras entidades del territorio nacional.3

La propia asociación reconoció la excepcionalidad del fenómeno, lo cual implica que ni las autoridades ni el sector asegurador habían enfrentado previamente una situación de esta dimensión, con un número tan elevado de robos cometidos en un contexto de violencia generalizada.

Esta condición extraordinaria confirma que no estamos ante un incremento ordinario de siniestros aislados, sino frente a una afectación masiva que demanda una respuesta institucional coordinada y una atención jurídica integral. De lo contrario, existe el riesgo de que las víctimas resulten doblemente perjudicadas: primero por la violencia que les arrebató su patrimonio, y posteriormente por la reclasificación técnica del siniestro que limita o incluso niega la indemnización correspondiente, aun cuando jurídicamente se configure un robo con violencia como causa eficiente del daño.

Además de los siniestros sobre vehículos particulares, los disturbios violentos provocados tras los hechos también ocasionaron daños directos a negocios y comercios locales, cuyas pérdidas impactan de manera desproporcionada a pequeños propietarios y familias que dependen de su actividad económica diaria para subsistir. En Jalisco y zonas metropolitanas cercanas se reportaron diversos establecimientos afectados, incluyendo gasolineras, tiendas de conveniencia y farmacias de barrio, con sus instalaciones dañadas por incendios, saqueos o por el fuego cruzado generado en los bloqueos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.

Estas afectaciones no se limitan a los daños materiales observados en el lugar de los hechos. En entidades donde no se registraron incidentes de violencia directa, el temor generalizado llevó al cierre preventivo de comercios y a pérdidas económicas significativas. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro estimó que los cierres anticipados de establecimientos –incluyendo pequeños negocios locales– generaron pérdidas valoradas en decenas de millones de pesos en una sola jornada, reflejando cómo la percepción de inseguridad se traduce en impacto económico para las familias y emprendedores que sostienen la economía cotidiana.4

Honorable asamblea

Frente a este escenario, el Estado mexicano no puede limitarse a celebrar un golpe estratégico al crimen organizado sin asumir plenamente las consecuencias sociales y económicas que derivan de las reacciones violentas que dicho operativo generó. La seguridad pública no puede medirse únicamente por la captura o abatimiento de objetivos prioritarios; también debe evaluarse por la capacidad institucional de proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que quedan atrapadas en la espiral de violencia.

No es aceptable que cientos de ciudadanos que fueron víctimas de despojo violento hoy enfrenten una segunda batalla, ahora en el ámbito administrativo y asegurador, para poder recuperar lo que legítimamente contrataron y pagaron. La violencia criminal no puede convertirse en una excusa para que las víctimas carguen solas con las consecuencias económicas de una crisis de seguridad.

La excepcionalidad reconocida por la propia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirma que estamos ante un fenómeno extraordinario. Y ante circunstancias extraordinarias, la respuesta del Estado debe ser igualmente extraordinaria. Se requiere supervisión efectiva, acompañamiento institucional y certeza jurídica para garantizar que ninguna familia quede desprotegida por interpretaciones restrictivas o reclasificaciones técnicas que desconozcan la verdadera naturaleza de los hechos.

La protección al consumidor financiero no puede ser una declaración retórica. En momentos de crisis, es cuando más se prueba la fortaleza del marco institucional. La autoridad hacendaria, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y los órganos supervisores del sector asegurador deben actuar con prontitud para garantizar que los derechos contractuales de los asegurados sean respetados y que la causa eficiente del daño sea valorada conforme a derecho.

Porque si el Estado actúa para combatir al crimen, también debe actuar para proteger a quienes sufren las consecuencias colaterales de esa confrontación. No puede haber victoria institucional si las familias mexicanas terminan desamparadas.

Por estas razones se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a implementar un programa especial de supervisión y acompañamiento para los asegurados cuyos vehículos o bienes hayan sido robados o dañados con motivo de los hechos violentos registrados tras el operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026, a fin de garantizar que las reclamaciones sean resueltas conforme a derecho y sin reclasificaciones indebidas que perjudiquen a las víctimas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y a las autoridades estatales competentes, para que, en coordinación con los gobiernos municipales, diseñen e implementen un programa emergente de apoyo dirigido a pequeños comercios y negocios locales que hayan sufrido daños materiales derivados de los hechos de violencia, priorizando a micro y pequeñas empresas cuya operación cotidiana constituye el sustento de familias trabajadoras.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que suspendan el cobro de contribuciones y otorguen prórrogas temporales en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social para las personas físicas con actividad empresarial y empresas, beneficiando preferentemente a micro, pequeños y medianos negocios ubicados en las zonas afectadas, hasta en tanto se restablezcan plenamente las condiciones de normalidad económica.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales correspondientes, para que agilicen la integración de las carpetas de investigación relacionadas con los robos y daños cometidos, a fin de que las víctimas cuenten con la documentación necesaria para sustentar sus reclamaciones aseguradoras y acceder a la reparación del daño.

Notas

1 La Jornada : Abate el Ejército a El Mencho

2 ¿Cómo cobrar el SEGURO DE TU AUTO si este te fue ROBADO E INCENDIADO por criminales?

3 AMIS: 631 autos asegurados fueron robados tras muerte de ‘El Mencho’ | Aristegui Noticias

4 Pérdidas en comercio de Querétaro por cierres ante violencia|Rotativo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex, a la SHCP y a la SABG a supervisar el pago oportuno, transparente y completo de los adeudos a proveedores en Ciudad del Carmen, a fin de salvaguardar la estabilidad económica, el empleo y la rendición de cuentas en la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una profunda crisis de liquidez y cumplimiento de obligaciones con sus proveedores, lo que ha generado una acumulación significativa de adeudos que afectan de manera directa la economía de Ciudad del Carmen, Campeche, y de su sector productivo local.

Durante 2025 y lo que va de 2026, se ha reportado que Pemex ha efectuado pagos mínimos a un número limitado de proveedores locales en Ciudad del Carmen, correspondiendo sólo a abonos parciales relativos a la deuda de 2025, mientras que persisten pendientes los pagos del ejercicio 2024, acumulando una cartera vencida que continúa lacerando la operación de empresas y la liquidez de la región.1

La situación financiera ha obligado a muchas compañías proveedoras a recurrir a créditos de corto plazo, diferir inversiones, y en algunos casos a ajustar su plantilla laboral para cumplir con obligaciones básicas como nóminas, aguinaldos y prestaciones fiscales, lo que ya comienza a traducirse en un incremento en el desempleo y en el cierre de actividades económicas en la isla petrolera.

Empresarios y líderes gremiales han manifestado la necesidad de un calendario de pagos más claro y de mecanismos efectivos que permitan acelerar la liquidación de adeudos, ya que los recursos dispersados hasta el momento representan sólo un pequeño porcentaje del total adeudado y no son suficientes para restablecer la normalidad económica.

Diversos reportes también han señalado que uno de los impedimentos para acceder a los pagos ha sido la exigencia de que las empresas estén al corriente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual ha excluido de los beneficios a un número significativo de proveedores que carecen de la documentación o de la capacidad administrativa para cumplir con dichos requisitos en tiempo y forma.

La falta de pagos de Pemex no sólo está impactando el sector energético, sino que ha tenido efectos colaterales en el comercio y los servicios de Ciudad del Carmen, provocando la caída de ventas, cierre de hoteles y establecimientos, así como la disminución en la actividad económica general –situación que ha sido documentada incluso en coberturas audiovisuales que señalan que la ciudad “se vacía” ante la crisis provocada por los adeudos de la paraestatal.

Además, existen denuncias y señalamientos de organizaciones empresariales que apuntan a posibles prácticas indebidas o falta de transparencia en la liberación de pagos legítimamente adeudados, lo cual agrava la crisis de confianza entre los proveedores y la propia empresa estatal.2

La falta de un esquema transparente de información pública sobre montos adeudados, fechas de pago, criterios de priorización, y mecanismos de adjudicación de recursos pone en riesgo la rendición de cuentas y dificulta a las autoridades, a los órganos de fiscalización y al propio sector productivo tener certeza sobre el estado real de las obligaciones de Pemex con sus acreedores.

Dada la magnitud de los adeudos y su impacto socioeconómico en una región cuya economía depende en gran medida de la actividad petrolera, es indispensable que se garantice la transparencia de la información relativa a pagos a proveedores, otorgamiento de contratos y adjudicación de recursos, así como la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y órganos internos de control, para prevenir irregularidades y actos de corrupción que puedan estar asociados al rezago en los pagos.

La crisis de pagos de Pemex con proveedores no sólo compromete la viabilidad de las empresas locales, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica, la generación de empleo y la cohesión social de Ciudad del Carmen, motivo por el cual se requiere una intervención de vigilancia, revisión y acción coordinada entre dependencias del Estado, órganos de control y autoridad parlamentaria para asegurar que los recursos públicos y las obligaciones contractuales se atiendan con prontitud y conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que informe de manera pública, detallada y actualizada el monto total de los adeudos pendientes con proveedores en Ciudad del Carmen, Campeche, desglosado por ejercicio fiscal, tipo de contrato, estatus de validación y calendario estimado de pagos, garantizando la transparencia y certeza jurídica para las empresas afectadas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe mecanismos financieros que permitan garantizar liquidez para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales de Petróleos Mexicanos con sus proveedores, particularmente aquellos ubicados en Ciudad del Carmen, Campeche.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, en coordinación con el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, realice una revisión administrativa sobre los criterios de priorización de pagos, procesos de validación de facturas, y posibles irregularidades en la adjudicación o liberación de recursos destinados a proveedores.

Notas

1 Pagos mínimos de Pemex dejan en vilo a proveedores de Ciudad del Carmen https://energymagazine.mx/2025/12/pagos-minimos-de-pemex-dejan-en-vilo- a-proveedores-de-ciudad-del-carmen/

2 Pemex regulariza adeudos millonarios con Slim mientras proveedores siguen sin cobrar https://www.proceso.com.mx/economia/2026/2/12/pemex-regulariza-adeudos- millonarios-con-slim-mientras-proveedores-siguen-sin-cobrar-368279.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SABG a investigar y, en su caso, sancionar las irregularidades en el abasto, almacenaje y desechamiento de medicamentos en el “Hospital Infantil de México”, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Considerandos

El Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG) es uno los institutos nacionales que históricamente se había distinguido por la atención a la salud infantil desde una responsabilidad pública, docente y científica.1 Este hospital se inauguró por primera vez en 1943, transformándose en el primero de los institutos nacionales de salud y siendo un referente en el campo de la pediatría nacional.

Desde su creación y hasta hace algunos años el Hospital Infantil brindó atención a 14.5 millones de niñas y niños, con promedios de 200 mil consultas externas al año, 7 mil egresos de hospitalización anuales y 30 mil atenciones en urgencias.2

Lamentablemente desde hace algunos años el hospital ha enfrentado diversas irregularidades que atentan contra el derecho a la salud de la niñez y la adolescencia, mismo que ha estado asociado a una mala gestión en el manejo y abasto de medicamentos.

La primera vez que se generó controversia fue en octubre del 2025 cuando 48 médicos enviaron una carta a la presidenta de la República debido a una reducción del 50 por ciento de los servicios de anestesia y el retraso en tratamiento de medicamentos de alta especialidad en enfermedades como cáncer, cardiopatías y neurocirugías.3

Pero la situación no concluye ahí, pues recientemente se dio a conocer que autoridades del hospital fueron responsables de un desperdicio de medicamentos por más de 20 millones de pesos. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Salud, en el marco del cierre del ejercicio fiscal se realizó un inventario en el almacén y del levantamiento físico y documental se identificaron insumos y medicamentos que se encontraban caducos. Fue por esa razón que entre noviembre y diciembre del 2025 se realizó la solicitud de trituración de los medicamentos.

Si bien la Secretaría de Salud refiere que estos medicamentos son de poca demanda y baja rotación (razón por la cual caducaron) lo cierto es que se notificó del desechamiento de medicamentos oncológicos, algunos de los cuales los pacientes habían denunciado por escasez. Es decir que mientras las personas compraban los medicamentos fuera del hospital, la mala gestión, planeación y revisión de los almacenes, provocó que estos caducaran.

La situación es tan grave que entre 2020 y el primer trimestre del 2025 se han desechado más de 40 toneladas de medicamentos, lo que ha generado una pérdida económica por más de 150 millones de pesos.

De lo anterior, resulta necesario investigar lo que ocurre en el Hospital Infantil y conocer cómo y de qué manera se reparten los medicamentos a fin de garantizar el acceso a la salud de los pacientes.

Ante todo, es fundamental dirimir responsabilidades, transparentar la operación y resguardo de los medicamentos, así como su efectiva entrega.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, investigue, determine responsabilidades y, en su caso, imponga sanciones por las irregularidades en el abasto, almacenaje y desechamiento de medicamentos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para garantizar el abasto de medicamentos al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, a fin de garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes.

Notas:

1 Manuel A. Baeza-Bacab, Juan J. Luis Sienra-Monge ,Horacio L. Reyes-Vázquez La fundación del Hospital Infantil de México, ahora Hospital Infantil de México Federico Gómez, Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. vol.76 no.3 México may./jun. 2019

2 PROGRAMA Institucional del Hospital Infantil de México Federico Gómez (https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5605321)

3 https://consultorsalud.com.mx/hospital-infantil-mexico-desabasto-cirugi as/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a fortalecer la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención y protección que eviten la realización de extorsiones y cobros indebidos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La incidencia de quejas relacionadas con gestiones de cobranza que pueden transgredir límites legales o implicar conductas intimidatorias ha mostrado un incremento sostenido en el último año.

Según estadísticas oficiales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en 2025 se registraron 28,401 quejas por gestiones de cobranza, un incremento de 21.2 por ciento respecto a 2024, donde fueron 23,435, siendo los cobros a personas que no son el deudor y las amenazas o intimidaciones, los principales motivos de inconformidad.1

En la Ciudad de México, en 2025 se reportaron más de 40,600 reclamaciones ante la Condusef, de las cuales 26.3 por ciento corresponden a prácticas como cobros indebidos o gestiones de cobranza fuera de los límites legales.2

Estos datos reflejan que una porción significativa de los reclamos presentados por usuarios del sistema financiero está directamente relacionada con prácticas que exceden los protocolos legales de cobranza, lo que en muchos casos puede constituir amenazas, hostigamiento o, en términos sociales, formas de extorsión indirecta por parte de despachos o agentes no regulados apropiadamente.

En el plano delictivo, aunque diverso en su naturaleza, México enfrenta un contexto de alto subregistro en víctimas de extorsión, conforme a estudios de organizaciones civiles y reportes nacionales:

Según la organización CONVEN en su análisis sobre extorsión general en México, se estima que más del 99 por ciento de los actos de extorsión no se reportan formalmente por temor a represalias, lo cual revela un gran volumen de subregistro y potenciales víctimas que no acceden a mecanismos oficiales de denuncia.3

En el plano social, los efectos de la extorsión han generado cierre de negocios tradicionales, afectando el empleo y la economía local, incluso en áreas urbanas densas.4

Si bien estos delitos consideran modalidades más amplias de extorsión que no siempre se vinculan directamente con cobros financieros, ayudan a contextualizar la gravedad del fenómeno y la necesidad de un enfoque preventivo integral que incluya herramientas de protección al consumidor financiero.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que las entidades tienen obligaciones claras que están directamente orientadas a reducir condiciones de riesgo para los usuarios, específicamente dos artículos:5

Artículo 17 Bis 1.- Las entidades a través de medios electrónicos y en sucursales, deberán tener a disposición de sus clientes, los datos suficientes de identificación de los despachos externos, que incluirán a terceros o representantes que realicen la cobranza de los créditos que otorguen, así como de aquellos que apoyen en las operaciones de negociación y reestructuración de créditos con sus clientes o con aquellas personas que por alguna razón sean deudores frente a las entidades.

Artículo 17 Bis 2.- Las entidades deberán tener la información citada en el artículo anterior debidamente actualizada y contener al menos los siguientes datos: nombre del despacho, dirección, teléfonos, y nombre de los socios.

Estas obligaciones no son meramente formales, constituyen mecanismos preventivos de protección al consumidor financiero, permitiendo verificar con antelación la legitimidad de los agentes de cobranza, reducir espacios para suplantaciones, amenazas y prácticas extorsivas encubiertas, así como detectar posibles prácticas que excedan lo permitido por la ley.

Sin embargo, la evidencia estadística sugiere que la actual supervisión y difusión de esta información todavía muestra deficiencias, lo que expone a miles de usuarios a situaciones de riesgo.

En materia de prevención de fraudes financieros, la propia Condusef ha publicado comunicados específicos sobre modalidades de suplantación de identidad, fraudes fantasmas y prácticas ilícitas que circulan en el sistema financiero, lo que subraya la pertinencia de una supervisión continua y proactiva.6

Diversas investigaciones y reportes especializados destacan que ciertos grupos poblacionales son particularmente vulnerables ante prácticas de cobranza indebida y extorsión financiera:

Informes periodísticos y de organizaciones civiles han documentado miles de reportes de cobranza ilegítima y amenazas hacia personas de la comunidad LGBT+, con cerca de 42 mil reportes de intentos de fraude o extorsión relacionados con cobros indebidos en 2022-2023.7

Estos patrones de riesgo señalan la necesidad de instrumentos de prevención, identificación y respuesta diferenciados, que permitan a la Condusef integrar una supervisión más sensible a la situación de grupos vulnerables, así como reforzar mecanismos de denuncia y acompañamiento.

En economías avanzadas, los marcos regulatorios de protección al consumidor financiero han incorporado criterios comparados de supervisión de terceros:

a) En Estados Unidos, la Consumer Financial Protection Bureau establece lineamientos detallados sobre prácticas de cobranza justas, prohibiendo amenazas, comunicaciones abusivas y suplantaciones de autoridad, con sanciones efectivas para agentes que incumplen8 ; y

b) En España, el Banco de España regula de manera estricta la identificación y conducta de agentes de cobranza, destacando la transparencia y la protección integral de los derechos del deudor como principios rectores.9

Estas experiencias muestran que la supervisión de terceros subcontratados, cuando se realiza con criterios de transparencia, sanciones y mecanismos robustos de divulgación de información, contribuye a mitigar prácticas abusivas que pueden configurarse como extorsión encubierta.

Por todos estos argumentos, en el PRI exhortamos, respetuosamente, a la Condusef a fortalecer la supervisión y verificación del cumplimiento de los artículos 17 Bis 1 y 17 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, fortaleciendo la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención y protección que eviten, además, la realización de extorsiones y cobros indebidos.

Queremos que este organismo financiero implemente campañas de información y asistencia para usuarios, orientadas a que puedan verificar fácilmente la legitimidad de despachos de cobranza y denunciar prácticas potencialmente intimidatorias o extorsivas.

De igual forma, que se establezca un grupo de trabajo interinstitucional con autoridades de seguridad, procuración de justicia y protección de datos personales, para identificar, prevenir y sancionar conductas que transgredan los límites legales e impliquen amenazas, hostigamiento o prácticas abusivas de cobro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención y protección establecidos en materia de cobranza, y a implementen, además, mecanismos que eviten la realización de extorsiones y cobros indebidos o de gestiones de cobranza fuera de los límites legales

Notas:

1 https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/18/economia/aumentan-21-las- quejas-por-cobranza-de-bancos

2 https://www.eleconomista.com.mx/amp/finanzaspersonales/fraudes-consumos -reconocidos-principales-quejas-sistema-financiero-cdmx-condusef-202601 19-796024.html

3 https://conven.org/mexico/news/mexico-launches-national-strategy-agains t-extortion

4 https://apnews.com/article/mexico-extortion-crime-sheinbaum-cartels-53e ce497efb7b5509e7ba9fb91e465a3

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF.pdf

6 https://www.gob.mx/condusef/prensa/la-comision-nacional-para-la-protecc ion-y-defensa-de-los-usuarios-de-servicios-financieros-condusef

7 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Comunidad-LGBT-vulne rable-ante-cobranza-ilegitima-20230629-0094.html

8 https://www.usa.gov/es/agencias/oficina-para-la-proteccion-financiera-d el-consumidor#:~:text=La%20Oficina%20para%20la%20Protecci%C3%B3n,los%20 consumidores%20en%20Estados%20Unidos.

9 https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/normativa/regulacion-sistema- financiero/conducta-transparencia-y-proteccion-de-la-clientela.html#:~: text=*%20Normativa%20financiera.%20*%20Conducta%2C%20transparencia%20y% 20protecci%C3%B3n%20de%20la%20clientela.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)