Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7078, jueves 9 de julio de 2026
De la junta directiva de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante el cual determina prorrogar el dictamen de iniciativas
La junta directiva de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción XII; 183 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y
Considerando
I. Que, con fecha 29 de abril de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXVI y XXVII y adicionan las fracciones XXVIII, XXIX y XXX del artículo 4, reforman las fracciones XXV y XXVI y adicionan las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 11, se reforma el primer párrafo del artículo 16, se reforman las fracciones V, VI, y adiciona la fracción VII del artículo 17, reforman las fracciones XIII, XIV y adiciona la fracción XV del artículo 22, se adiciona un artículo 29 Bis, se reforma la fracción VI del artículo 33, se adiciona un párrafo al artículo 50, reforma el primer párrafo y adiciona un párrafo final al artículo 54 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de promoción de coinversión estratégica empresarial, suscrita por el diputado Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, bajo el expediente número 7291.
II. Que, con fecha 29 de abril de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 33 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de datos abiertos en investigación financiada en recursos públicos, suscrita por el diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, quedando bajo el expediente número 7315.
III. Que, con fecha 29 de abril de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Inteligencia Artificial, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; bajo el expediente número 7550.
IV. Que, con fecha 6 de mayo de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción III y la fracción V del artículo 33 y la fracción XI del artículo 68 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena, bajo el expediente número 7732.
V. Que, con fecha 17 de junio de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de titularidad y gestión de la propiedad intelectual generada con recursos públicos en esquemas de vinculación productiva y transferencia tecnológica, suscrita por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, bajo el expediente número 8105.
VI. Que, con fecha 17 de junio de 2026, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Ana Isabel González González y Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el expediente número 8135.
VII. Que de conformidad con el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, todo asunto turnado a comisión debe resolverse dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la recepción formal del asunto;
VIII. Que el artículo 183 del propio Reglamento faculta a esta Comisión, a través de su junta directiva y dentro del término para dictaminar, a acordar la prórroga y a informar a la Mesa Directiva. (Última reforma Diario Oficial de la Federación, a 7 de mayo de 2025).
IX. Que para la correcta atención de los asuntos turnados es necesario que esta Comisión observe con oportunidad los siguientes puntos:
a) Complejidad sistemática de las reformas. Las iniciativas turnadas a esta Comisión no constituyen modificaciones aisladas o de carácter menor al sistema normativo vigente, sino que plantea transformaciones de fondo que inciden directamente sobre la arquitectura jurídica en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en nuestro país.
La profundidad de los cambios propuestos, su interacción con otros ordenamientos del sistema jurídico nacional y la necesidad de evaluar con precisión sus efectos sobre las instituciones, los presupuestos y los derechos de los actores involucrados, por lo que es indispensable que esta Comisión cuente con un plazo adicional que le permita realizar un análisis exhaustivo, sistemático y metodológicamente riguroso de cada una de las propuestas, a fin de garantizar que los dictámenes emitidos sean jurídicamente sólidos, técnicamente sustentados y congruentes con el marco constitucional.
b) Armonización constitucional y convencional. El Poder Legislativo federal tiene la responsabilidad constitucional y reglamentaria de producir normas jurídicas que responda de manera efectiva a las necesidades sociales, que sean técnicamente viables y que estén dotadas de coherencia interna necesaria para cumplir con sus fines. El cumplimiento de esta responsabilidad no puede subordinarse a la presión de los plazos reglamentarios cuando la naturaleza de los asuntos a dictaminar exige un proceso de análisis más amplio y profundo. En virtud, la solicitud de prórroga que presenta esta Comisión no representa una omisión en el ejercicio de sus funciones, sino la responsabilidad y compromiso con la calidad del trabajo legislativo.
c) Debido a la naturaleza técnica y especializada de las materias reguladas en las iniciativas, en particular la expedición de una Ley General de Inteligencia Artificial, una Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos y los mecanismos de coinversión estratégica con el sector privado, resulta indispensable convocar a foros de consulta, audiencias con académicos expertos, organismos del sector tecnológico y representantes de la sociedad civil, actividades que requieren tiempo adicional al previsto en el plazo reglamentario.
d) Correcto análisis sobre la modificación del mismo artículo. Tres de las cuatro iniciativas turnadas a esta Comisión para su análisis y dictamen, recaen sobre la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, proponen reformas a artículos que en algunos casos se traslapa o guardan relación directa entre sí, como el artículo 33, modificado tanto por la iniciativa del diputado Francisco Federico Arturo Ávila Anaya, como por la de la diputada Rocío López Gorosave. Un análisis desarticulado podría generar inconsistencias en el texto normativo, por lo que la Comisión requiere tiempo adicional para elaborar un dictamen que armonice dichas propuestas de forma integral.
e) Temas regulados para el interés público nacional. Las materias objeto de las iniciativas turnadas inciden directamente en áreas de alto impacto para el desarrollo científico, tecnológico y social del país, razón por la cual la Comisión considera indispensable tomarse el tiempo necesario para emitir un pronunciamiento legislativo sólido, congruente y alineado con los objetivos nacionales en la materia, antes que privilegiar la celeridad sobre la calidad del proceso deliberativo.
f) Complejidad técnico jurídica. La iniciativa presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco propone modificaciones sustanciales al artículo 36 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, particularmente en lo que respecta al régimen de titularidad y gestión de la propiedad intelectual generada con recursos públicos en esquema de vinculación productiva y transferencia tecnológica. El análisis de esta propuesta exige un estudio de alto nivel porque introduce una distinción normativa entre investigación básica e investigación vinculada que no existe actualmente en la legislación, lo cual requiere definir con precisión los criterios para diferenciar ambos regímenes y sus consecuencias jurídicas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, derivado de las atribuciones, facultades y deberes indicados en las consideraciones anteriores, las diputadas y diputados de la junta directiva de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, emiten el siguiente:
Acuerdo
Primero . Se acuerda prorrogar el plazo para la emisión del dictamen correspondiente a las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXVI y XXVII y adicionan las fracciones XXVIII, XXIX y XXX del artículo 4, reforman las fracciones XXV y XXVI y adicionan las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 11, se reforman las fracciones V, VI y adiciona la fracción VII del artículo 17, reforman las fracciones XIII, XIV y adiciona la fracción XV del artículo 22, se adiciona un artículo 29 Bis, se reforma la fracción VI del artículo 33, se adiciona un párrafo al artículo 50, reforma el primer párrafo y adiciona un párrafo final al artículo 54 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Expediente 7291.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 33 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Expediente 7315.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Inteligencia Artificial.
Expediente 7550.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción III y la fracción V del artículo 33 y la fracción XI del artículo 68 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Expediente 7732.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Expediente 8105.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente 8136.
Fecha de vencimiento con prorroga autorizada: 31 de agosto de 2027.
Segundo . La prórroga se acuerda por la junta directiva de esta Comisión dentro del término previsto en el artículo 182 del Reglamento, y se informa a la Mesa Directiva en los términos del artículo 183 del propio Reglamento.
Tercero . Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, en términos de lo dispuesto para prevenciones, solicitudes de prórroga y resoluciones de la Mesa Directiva.
Cuarto . Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Suscrito en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de junio de 2026.
Votación del acuerdo
A favor
Diputados: Eruviel Ávila Villegas, Humberto Ambriz Delgadillo, Juan Antonio González Hernández, Santiago González Soto, Herminia López Santiago, Anayeli Muñoz Moreno, Luis Orlando Quiroga Treviño.
Ausente
Diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah.
De la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, sobre la 39 asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, llevada a cabo el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2026, en Panamá
Introducción
Me permito presentar a ustedes el informe de mi participación en la 39 asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), celebrada el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2026 en la ciudad de Panamá, bajo el lema Por la sostenibilidad de América Latina y el Caribe en un mundo cambiante. Este encuentro congregó a legisladores de veintitrés países, representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales y locales, así como a especialistas en desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, equidad de género y gobernanza.
Mi participación en este foro obedeció a una convicción personal y a un compromiso institucional: la sostenibilidad regional es un deber ineludible para quienes legislamos en nombre del pueblo de México. En un contexto de volatilidad global, los parlamentos tenemos la responsabilidad histórica de traducir los grandes acuerdos internacionales –particularmente los ejes contenidos en el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas– en leyes modelo efectivas, presupuestos suficientes y mecanismos de fiscalización transparentes que permitan proteger a las comunidades más vulnerables y asegurar un desarrollo sostenible e inclusivo.
Durante las sesiones plenarias y los trabajos de comisiones, se compartieron diagnósticos y propuestas que enriquecen nuestra labor legislativa : la necesidad de armonizar los marcos normativos regionales en materia de derechos humanos, justicia social y medio ambiente ; el fortalecimiento de la función fiscalizadora para garantizar que los recursos públicos se utilicen con eficiencia y transparencia ; y la urgencia de institucionalizar la voz de los parlamentos en foros internacionales como las Conferencias de las Partes (COP), asegurando que la legislación climática se traduzca en presupuestos reales y en la protección de los sectores más desprotegidos.
Asimismo , tuve la oportunidad de intercambiar experiencias con presidentes de parlamentos, ministros y líderes de organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) así como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Estos encuentros abren la puerta a alianzas estratégicas para respaldar iniciativas legislativas en México, particularmente en materia de transición energética, seguridad alimentaria, protección de la biodiversidad, combate a la trata de personas y gobernanza del riesgo ante desastres.
La 39 asamblea ordinaria ha consolidado al Parlatino como un puente técnico que permite aterrizar la ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidades normativas nacionales. La aprobación de leyes modelo y declaraciones estratégicas –como la Ley Modelo contra la Trata de Personas, la Ley para la Prevención de Embarazos Adolescentes, la Ley de Minería Responsable y la Declaración sobre Ciberseguridad Regional– constituye un acervo jurídico fundamental para la cooperación legislativa regional. Mi participación busca posicionar a México como un actor prepositivo y comprometido en esta agenda hemisférica, garantizando que las mejores prácticas internacionales se traduzca n en beneficios tangibles para nuestra nación.
Presento este informe con el objetivo de informar puntualmente a la honorable Mesa Directiva sobre las actividades desarrolladas, las conclusiones alcanzadas y los compromisos establecidos, así como para poner a su consideración las oportunidades que esta vinculación internacional ofrece para fortalecer el marco normativo y las políticas públicas en México, especialmente en los ejes de justicia climática, seguridad ciudadana, igualdad de género y gobernanza inclusiva.
1. Introducción y marco estratégico
La celebración de la 39 asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en la ciudad de Panamá consolida un esfuerzo regional sin precedentes por articular una agenda legislativa robusta bajo el lema: Por la sostenibilidad de América Latina y el Caribe en un mundo cambiante. Este encuentro no solo representa un espacio de convergencia diplomática, sino una plataforma estratégica para que los 23 países miembros den respuesta a la volatilidad global mediante la institucionalización de políticas de Estado. La importancia de esta asamblea radica en su capacidad para transformar la cooperación multilateral en certidumbre jurídica para las naciones de la región.
Para la diputada Nancy Sánchez Arredondo, secretaria de Comisiones del organismo, este foro es el mecanismo idóneo para traducir los grandes acuerdos globales –particularmente los ejes contenidos en el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas– en leyes modelo efectivas y marcos de fiscalización transparentes. Bajo esta visión, el Parlatino actúa como un puente técnico que permite aterrizar la ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidades normativas nacionales, garantizando que la sostenibilidad sea el eje rector del desarrollo regional. Esta labor de armonización legislativa, orientada a la protección de los sectores más vulnerables, constituye el núcleo del presente reporte ejecutivo de actividades.
2. Reporte ejecutivo de la 39 asamblea ordinaria
La operatividad de la asamblea se fundamentó en una estrecha coordinación entre la Mesa Directiva, la Junta Directiva y las sesiones plenarias. Este engranaje institucional permitió que los documentos técnicos emanados de las comisiones fueran validados políticamente, asegurando su viabilidad y consenso antes de su adopción final. La estructura operativa garantiza que cada producto legislativo cuente con el rigor técnico necesario para influir en los procesos de toma de decisiones nacionales.
Ficha técnica del evento
Fecha y sede: jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2026, sede permanente del Parlatino, ciudad de Panamá.
Participantes clave y gobernanza:
CAF (Banco de Desarrollo de América Latina): Lucía Meza, representante para Panamá, subrayó la convergencia entre el financiamiento para el desarrollo y la necesidad de marcos legales que faciliten una transición energética justa.
Cepal: Enrique Oviedo, Oficia l de Asuntos Políticos, aportó la visión analítica para alinear la producción legislativa con las metas de desarrollo económico sostenible.
Federación Internacional de la Cruz Roja: Loyce Pace, directora regional para las Américas, evaluó la urgencia de fortalecer la resiliencia comunitaria y la gobernanza del riesgo ante desastres.
El rol de estos oradores fue determinante para vincular la agenda parlamentaria con los objetivos de los organismos técnicos y financieros, facilitando una transición fluida hacia el desglose de los productos legislativos generados en el seno de las comisiones.
3. Avances legislativos: Leyes modelo y declaraciones
Las Leyes Modelo aprobadas en esta asamblea funcionan como herramientas esenciales de armonización jurídica. Estos instrumentos proporcionan un estándar regional que permite a los Estados miembros actualizar sus normativas internas con base en las mejores prácticas internacionales, facilitando la cooperación transfronteriza y la seguridad jurídica.
Durante las sesiones se aprobaron y discutieron los siguientes productos, destacando que instrumentos como los relativos al embarazo adolescente y la trata de personas responden directamente a los compromisos asumidos.
Pacto del futuro
Área temática
Derechos humanos
Producto legislativo
Ley Modelo contra la Trata de Personas en el marco de la Seguridad Ciudadana
Comisión dictaminadora
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
Área temática
Justicia social
Producto Legislativo
Ley sobre Políticas Penitenciarias con Enfoque de Género y Reinserción Social.
Comisión dictaminadora
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.
Área temática
Equidad y salud
Producto legislativo
Ley Modelo para la Prevención de Embarazos Adolescentes.
Comisión dictaminadora
Igualdad de Género, Niñez y Juventud.
Área temática
Medio ambiente
Producto legislativo
Ley Modelo Integral para el Cuidado y Conservación del Ambiente.
Comisión dictaminadora
Medio Ambiente.
Área temática
Recursos Naturales
Producto legislativo
Ley de Minería Responsable y Trazabilidad de Minerales (tercera versión)
Comisión dictaminadora
Agricultura, Ganadería y Pesca / Medio Ambiente.
Área temática
Seguridad
Producto legislativo
Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Trasnacional Organizada.
Comisión dictaminadora
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico.
Área temática
Desarrollo
Producto legislativo
Proyecto de Ley Modelo de Turismo Comunitario.
Comisión dictaminadora
Junta Directiva (en proceso de discusión).
Área temática
Gobernanza
Producto legislativo
Ley sobre Unidades de Ciencias del Comportamiento en el Sector Público.
Comisión dictaminadora
Secretaría de Comisiones.
Asimismo, la asamblea adoptó declaraciones de relevancia estratégica:
Seguridad alimentaria: Posicionamiento ante la III Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, a celebrarse en Sudáfrica.
Recursos hídricos: Declaración en apoyo a los diálogos regionales sobre la gobernanza responsable de la tenencia del agua.
Agenda digital: Adopción de la Declaración sobre Ciberseguridad Regional para América Latina y el Caribe.
Protección Social: Declaración sobre Políticas de Cuidado y apoyo a un tratado sobre protección de personas en casos de desastres.
Estos marcos normativos influyen directamente en la narrativa de los jefes de delegación, quienes ahora cuentan con instrumentos validados para impulsar reformas estructurales en sus respectivos congresos.
4. Resumen de intervenciones y mensajes protocolares
La ceremonia inaugural, encabezada por el diputado Rolando González Patricio, enfatizó que la voluntad política es el motor indispensable para convertir los datos científicos en bienestar social. El presidente del Parlatino resaltó la consolidación de la Alianza Parlamentaria como un hito para la resiliencia del bloque.
Los mensajes de los oradores especiales ofrecieron una visión crítica del desarrollo regional:
Lucía Meza (CAF): Vinculó sus propuestas de adaptación económica con la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa, señalando que los marcos legales deben atraer inversión para proyectos de carbono neutralidad.
Enrique Oviedo (Cepal): Evaluó la necesidad de institucionalizar la voz de los parlamentos en foros internacionales como las COP, asegurando que la legislación climática se traduzca en presupuestos reales.
Estas intervenciones demostraron que la agenda del Parlatino no es aislada, sino que se alinea con la arquitectura financiera y técnica regional para garantizar la viabilidad de los proyectos de ley aprobados.
5. Gestión institucional y acuerdos de la junta directiva
La transparencia administrativa es el pilar de la legitimidad institucional del Parlatino. El secretario ejecutivo, Elías A. Castillo G., presentó un informe detallado sobre el ejercicio presupuestal de 2025 y los resultados de la auditoría externa, los cuales fueron aprobados, permitiendo avanzar en el análisis del proyecto de presupuesto 2026 orientado al fortalecimiento técnico de las comisiones.
Un punto crítico fue la resolución para constituir la “Comisión Especial sobre el Caribe” . Es imperativo destacar que esta creación surge de una solicitud formal de Curazao, lo que subraya la relevancia de México como mediador estratégico para integrar de manera efectiva al Caribe no hispanohablante. Este órgano atenderá vulnerabilidades específicas como el impacto climático en pequeños estados insulares, consolidando la inclusión regional.
6. Participación de México y gestión de la diputada Nancy Sánchez Arredondo
México se mantiene como un actor de liderazgo prepositivo en el Parlatino. Bajo la gestión de la diputada Nancy Sánchez Arredondo en la Secretaría de Comisiones, la delegación mexicana ha transformado la operatividad del organismo mediante aportaciones metodológicas de alto nivel:
Innovación metodológica: Se implementó un modelo uniforme para la presentación de informes semestrales, optimizando la fiscalización del trabajo de las comisiones.
Armonización Legislativa: Se propuso una metodología para armonizar tanto la actualización de leyes existentes como la elaboración de nuevas, asegurando que el acervo jurídico del Parlatino se mantenga vigente.
Agenda prioritaria: Se reportó el avance en la integración de la Comisión Temporal de Migración, un tema de máxima prioridad para la política exterior mexicana.
Planificación: Presentación del cronograma estratégico para el primer semestre de 2026, fomentando reuniones transversales virtuales.
La delegación mexicana, cuya labor garantiza que estas mejores prácticas se traduzcan en beneficios para el país, está conformada por:
Senadora Anabel Ávalos Zempoalteca (PRI)
Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM)
Senador Gerardo Fernández Noroña (Morena)
Senadora Ivideliza Reyes Hernández (PAN)
7. Conclusiones estratégicas y perspectivas futuras
La 39 asamblea ordinaria reafirma que la cooperación regional es la única vía para enfrentar las crisis climáticas y de seguridad. La transición hacia la sostenibilidad no es solo técnica, sino un compromiso político con la justicia social.
Como compromisos de mayor impacto derivados de esta asamblea, se establecen:
l. Seguridad hemisférica: La implementación de la Ley Modelo contra la Trata de Personas y el Comercio Ilícito como frente común contra el crimen organizado trasnacional.
2. Justicia climática: La consolidación de la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática, legislando con base científica para proteger la soberanía sobre recursos naturales.
3. Gobernanza inclusiva: La integración del Caribe a través de la Comisión Especial y la aplicación de políticas de cuidado y prevención del embarazo adolescente bajo el marco del Pacto del Futuro.
De cara al ejercicio de 2026, la delegación mexicana y la Secretaría de Comisiones ratifican su compromiso de dar seguimiento a la implementación de estas leyes, asegurando que la diplomacia parlamentaria se traduzca en una mejora tangible en la calidad de vida de los ciudadanos de América Latina y el Caribe.
Atentamente
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)
De la diputada Patricia Mercado Castro, referente a la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, realizada del lunes 8 al viernes 12 de junio de 2026 en Ginebra, Suiza
Introducción
En la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra del 1 al 12 de junio de 2026, la diputada Patricia Mercado Castro, secretaria de la Comisión Trabajo y Previsión Social, por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, participó del 8 al 12 de junio, como parte de la delegación gubernamental mexicana en las discusiones sobre diálogo social y tripartismo, trabajo decente en la economía de plataformas y el programa transformador de la OIT para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo.
La Conferencia Internacional del Trabajo es el principal espacio tripartito de deliberación y adopción normativa de la OIT. En ella participan representantes de gobiernos, empleadores y personas trabajadoras de los Estados miembros, con el propósito de discutir los principales desafíos sociales y laborales, definir políticas generales de la Organización y adoptar normas internacionales del trabajo.
Desde hace más de un siglo, este espacio ha sido clave para construir el marco internacional de protección de los derechos laborales. A través de la conferencia se han adoptado convenios, recomendaciones y resoluciones que orientan la regulación del trabajo en los Estados miembros.
En el caso mexicano, los convenios ratificados por el Estado que reconocen derechos humanos forman parte del parámetro de regularidad constitucional; las recomendaciones y resoluciones, aunque no tienen la misma naturaleza obligatoria, ofrecen criterios técnicos relevantes para el diseño normativo, institucional y de política pública.
Ejemplo de ello son el Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; el Convenio 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos; y el Convenio 190, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todos ratificados por México.
En contraste, sigue pendiente la ratificación del Convenio 156, adoptado por la OIT en 1981, relativo a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares. Este instrumento ofrece un marco específico para evitar que las responsabilidades de cuidado limiten las posibilidades de preparación, ingreso, permanencia y progresión de las personas trabajadoras en la actividad económica.
Tres discusiones resultaron especialmente relevantes para la agenda laboral de México. La primera fue la tercera discusión recurrente sobre diálogo social y tripartismo, orientada a fortalecer la participación de gobiernos, empleadores y organizaciones de personas trabajadoras en la definición de políticas laborales más inclusivas.
La segunda fue la discusión normativa sobre trabajo decente en la economía de plataformas, que culminó con la adopción del Convenio 193, el primer instrumento internacional vinculante de la OIT dirigido específicamente a regular el trabajo en plataformas digitales. La tercera fue la discusión general sobre el programa transformador de la OIT para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo.
La adopción del Convenio 193 representó un avance significativo para el futuro del trabajo, especialmente frente a modelos laborales mediados por tecnologías digitales, algoritmos y esquemas de contratación que con frecuencia colocan a las personas trabajadoras en zonas de incertidumbre jurídica.
Sin embargo, la agenda no quedó cerrada, ya que la recomendación que debía complementar el convenio no fue adoptada en esta conferencia, por lo que el seguimiento deberá concentrarse en su eventual discusión futura, así como en los procesos nacionales de ratificación e implementación.
Por su parte, la resolución relativa al programa transformador de la OIT para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo reafirma que las brechas de género no son problemas aislados, sino expresiones de barreras estructurales vinculadas con la organización social del cuidado, la desigual distribución del trabajo no remunerado, la discriminación, la violencia y el acoso, la informalidad, la precariedad y la falta de corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y hogares.
En conjunto, la participación de México desde el Poder Ejecutivo y Legislativo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo confirma la relevancia de articular la agenda laboral nacional con los debates internacionales sobre derechos, igualdad sustantiva y transformación del mundo del trabajo.
Para el país, el reto no consiste únicamente en acompañar la adopción de nuevas normas internacionales, sino en traducirlas en reformas, instituciones, presupuesto, mecanismos de seguimiento y políticas públicas capaces de mejorar de manera concreta las condiciones de vida y trabajo de las personas.
Memoria del director general
Un momento decisivo: Aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente
Este año, el director general resaltó que, desde la mecanización y la electrificación hasta la digitalización, cada gran ola de innovación ha alterado la forma en que se organiza el trabajo, cómo se crea valor y cómo se distribuyen los riesgos y los beneficios, señalando que estas transformaciones nunca han sido automáticas, ni tampoco han sido socialmente neutras.
De esta manera la inteligencia artificial (IA) avanza en la misma línea que han seguido estos cambios a lo largo del tiempo. Como toda transición tecnológica, la IA conllevará pérdidas de puestos de trabajo, la creación de otros nuevos, así como cambios en la forma de trabajar.
No obstante, el director advierte que los resultados de los cambios tecnológicos dependen en gran medida de las decisiones en materia de políticas y de las disposiciones institucionales, es decir, que dichos cambios se traduzcan en una prosperidad compartida o en un aumento de las desigualdades depende, en definitiva, de cómo se gestione la innovación.
La IA puede complementar el trabajo humano, apoyar el desarrollo de competencias y mejorar la productividad, pero también puede intensificar el trabajo, eliminar tareas y transferir los riesgos a las personas más vulnerables.1
La tecnología por sí sola no determina los resultados. Son las políticas y las instituciones las que lo hacen.
Lo que distingue a la IA de las anteriores olas de cambio tecnológico es su ritmo acelerado y la creciente amplitud de su alcance. Se está extendiendo rápidamente por todos los sectores y ocupaciones, afectando no solo a las tareas rutinarias, sino también, cada vez más, a las actividades cognitivas, comunicativas y de toma de decisiones que tradicionalmente se asociaban a la facultad de discernimiento humana.
En los países que experimentan rápidas transformaciones industriales y tecnológicas, en particular las grandes economías emergentes, la combinación de la IA y la robótica podría acelerar aún más los procesos de automatización, lo que afectaría a los patrones de empleo y a la productividad, y propiciaría una transformación estructural.
Al automatizar determinadas tareas, la IA cambia la forma en que se realiza el trabajo y puede generar nuevas tareas mientras otras desaparecen. Este patrón ya se ha observado en ocupaciones altamente digitalizadas –como el desarrollo de programas informáticos–, en las que los procesos de trabajo y la composición de las tareas han evolucionado con gran rapidez.
Para evaluar estas dinámicas de forma más sistemática, la OIT ha elaborado un índice de exposición a la IA que clasifica las ocupaciones en función de su exposición potencial a la IA generativa.
A nivel mundial, alrededor de una cuarta parte del empleo total se encuentra dentro de las categorías de exposición, con diferencias notables entre hombres y mujeres.
En el caso de los trabajadores varones, aproximadamente una quinta parte del empleo está expuesta, mientras que, en el caso de las mujeres, en todos los aspectos la exposición es mayores que las de los hombres.
En suma, la IA está reconfigurando el empleo, principalmente mediante la transformación de las tareas y la organización del trabajo, más que con la eliminación de puestos de trabajo a gran escala.
Al acelerar el procesamiento de la información y la ejecución de tareas, la IA puede reducir el tiempo necesario para realizar determinadas actividades. Sin embargo, estas mejoras no siempre se traducen en una reducción de la carga de trabajo.
Según el contexto de la organización, pueden dar lugar a mayores expectativas de producción, plazos más ajustados o tiempos de recuperación más cortos, que aumentarían la presión sobre los trabajadores.
La IA también puede redefinir la autonomía. En algunos contextos, los sistemas de IA facilitan la toma de decisiones al ofrecer recomendaciones e información en tiempo real, mejorando así las decisiones profesionales.
En otros, prescriben flujos de trabajo y estandarizan los procedimientos, con lo que reducen la discrecionalidad. Estos cambios repercuten en la satisfacción laboral, la utilización de las competencias y el sentido que los trabajadores encuentran en su trabajo.
A medida que se amplíen las capacidades de la IA, es probable que estos efectos se extiendan más allá de las tareas rutinarias hasta alcanzar las ocupaciones de carácter administrativo, tradicionalmente asociadas a altos niveles de autonomía y discernimiento humano.
La IA puede ayudar en la prevención de riesgos, el mantenimiento predictivo y la detección temprana de situaciones peligrosas. Al mismo tiempo, el aumento de la intensidad del trabajo, la sobrecarga cognitiva y la supervisión continua pueden generar nuevos riesgos psicosociales y ergonómicos
Uno de los ámbitos más importantes en los que la IA está transformando el mundo del trabajo es la gestión de recursos humanos. Los sistemas de IA se utilizan cada vez más en labores relacionadas con la contratación, la remuneración, la programación del trabajo y la gestión del desempeño, a menudo con la promesa de que ofrecerán mayor eficiencia y objetividad.
Sin embargo, su rápida adopción no siempre ha ido acompañada de una evaluación exhaustiva de los riesgos jurídicos, éticos y organizativos que plantean.
Las herramientas de IA pueden procesar un gran número de solicitudes y predecir la idoneidad para un puesto de trabajo, pero también pueden reproducir patrones de discriminación existentes. Los sistemas de aprendizaje automático identifican correlaciones en los datos históricos sin tener una comprensión teórica clara de las razones por las que existen esas correlaciones, confundiendo la asociación estadística con la causalidad.
La opacidad de los sistemas protegidos por derechos de propiedad complica aún más la rendición de cuentas y deja tanto a los empleadores como a los trabajadores con un conocimiento limitado de cómo se toman las decisiones, además de exponer a los empleadores a riesgos legales.
Dentro de los países, el grado de exposición a la IA varía entre los distintos sectores de la fuerza de trabajo, en función de características como el género, la edad, la situación en el empleo, el nivel educativo y los ingresos.
Los patrones de segregación ocupacional entre mujeres y hombres son especialmente significativos:
• Las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas en los puestos administrativos y de oficina, que tienen un nivel de exposición relativamente alto a la automatización mediante IA.
• Si bien, históricamente, estos puestos han constituido importantes puntos de entrada al empleo formal y han facilitado la movilidad ascendente, su transformación o declive puede afectar de forma desproporcionada a las perspectivas de las mujeres en el mercado de trabajo.
• Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las ocupaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como en el propio desarrollo de los sistemas de IA.
La distinta exposición según la edad también constituye un factor clave a la hora de evaluar el impacto de la IA en las desigualdades. Los trabajadores de mayor edad se enfrentan a retos distintos.
En muchos mercados de trabajo, las anteriores olas de la digitalización evidenciaron brechas generacionales en las competencias digitales. Allí donde persisten, la adaptación a los cambios impulsados por la IA puede requerir importantes esfuerzos de readaptación profesional.
(...) las tareas puedan realizarse en condiciones precarias y que las oportunidades para el perfeccionamiento de las competencias y la generación de valor añadido sean mucho más reducidas (...)
La transformación digital del mundo del trabajo tiene importantes repercusiones en el diseño, la financiación y la gestión de los sistemas de protección social, así como en nuestros esfuerzos por promover la protección social universal.
Los sistemas de protección social deben seguir siendo capaces de proporcionar seguridad de los ingresos y acceso a la atención de la salud a lo largo de todo el ciclo de vida, a la vez que se adaptan a las nuevas formas de empleo y a los riesgos del mercado de trabajo asociados a la transformación digital y a la IA.
Por lo tanto, los sistemas de protección social deberían estar preparados para apoyar a un número cada vez mayor de trabajadores desempleados que se encuentren en transición entre puestos de trabajo y a personas que buscan su primer empleo y están realizando la transición de los estudios al mundo del trabajo.
La experiencia de la OIT ha enseñado que las medidas centradas en la oferta, como el desarrollo de competencias, deben complementarse con políticas centradas en la demanda que impulsen la inversión, la productividad y la creación de empleo.
En el contexto de la IA, esto significa no limitarse a fomentar las industrias impulsadas por la tecnología, sino también apoyar a los sectores capaces de generar empleo decente a gran escala, especialmente en los países en desarrollo.
La experiencia adquirida en iniciativas como el Acelerador mundial del empleo y la protección social para transiciones justas, también ha destacado la importancia de vincular la creación de empleo con la protección social, los servicios de empleo y las políticas activas del mercado de trabajo. El apoyo a las Mipymes y la creación de empresas sostenibles siguen siendo fundamentales, ya que constituyen motores clave del empleo.
La regulación no consiste únicamente en dar respuesta a los problemas actuales, sino también a los que están por venir. Este ejercicio creativo se complica en el mundo digital, donde el objeto de la regulación evoluciona rápidamente, lo que dificulta a los responsables de la formulación de políticas seguir su ritmo.
En el marco de esta transformación general, la IA destaca por ser un ámbito particularmente transversal, transformador y difícil de delimitar.
La expansión de la IA también crea nuevas oportunidades para reforzar el cumplimiento de la legislación laboral y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los servicios de inspección del trabajo también pueden beneficiarse de la IA. Esta puede ayudar a hacer frente a las limitaciones de recursos y mejorar la eficacia.
Las herramientas predictivas basadas en la IA pueden ayudar a identificar los casos de incumplimiento de las normas, priorizar las inspecciones y asignar los recursos de forma más estratégica.
La capacidad de analizar datos de distintos sistemas administrativos puede mejorar la evaluación de riesgos y reducir la dependencia de enfoques de control del cumplimiento reactivos o basados en las denuncias.
El diálogo bipartito y tripartito puede contribuir a que las decisiones sobre la adopción de la IA sean justas, inclusivas y se correspondan con la realidad del lugar de trabajo.
La negociación, la consulta y el intercambio de información sobre el diseño y la implantación de la IA pueden generar mejores resultados por lo que respecta a la productividad de los trabajadores y las condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, establecer salvaguardias para asegurar que esta nueva tecnología potencie la capacidad de acción humana, en lugar de sustituirla.
El diálogo social requiere unas condiciones propicias. Su existencia depende de la protección, la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos que lo sustentan, a saber, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores.
En el contexto de la IA, el diálogo social eficaz puede ayudar a predecir sus repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo,
las competencias y la protección social. También puede contribuir a corregir las asimetrías de información asegurando el acceso a información pertinente y comprensible sobre los sistemas de IA.
En suma, por lo que respecta a los derechos, la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo sigue siendo la piedra angular de un enfoque de la IA centrado en las personas. Por lo que respecta al empleo, los datos apuntan a que la IA probablemente transformará los puestos de trabajo en lugar de eliminarlos de forma masiva.
Sin embargo, incluso los cambios graduales pueden tener efectos significativos en la distribución del empleo, con repercusiones distintas en función del género, el grupo de edad y el nivel de competencias de los trabajadores.
Sin duda tenemos un importante camino que recorrer para discutir los temas más relevantes del futuro del trabajo en México.
Comisión de la Discusión General sobre el Programa Transformador para la Igualdad de Género
Dos años después de que la Conferencia Internacional del Trabajo discutiera el trabajo decente y la economía del cuidado como un tema central para la protección de las normas internacionales del trabajo, la 114ª reunión de la Conferencia abrió una nueva discusión determinante para los siguientes avances en materia de igualdad sustantiva en el mundo del trabajo.
De esta discusión se derivó la Resolución relativa al programa transformador de la OIT para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo, adoptada el 11 de junio de 2026.
La discusión tuvo como propósito evaluar los avances alcanzados, identificar los obstáculos persistentes y definir acciones prioritarias para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Se desarrolló en un contexto marcado por profundas transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas que están modificando la organización del trabajo a nivel mundial. Estas transformaciones pueden contribuir a reducir desigualdades históricas, pero también pueden profundizarlas si no se gobiernan con perspectiva de género, evidencia empírica y diálogo social.
El debate también ocurrió en un escenario político más adverso. El avance de gobiernos, partidos y discursos de derecha radical y conservadora en distintas regiones, incluida América Latina, ha abierto una disputa directa sobre el lenguaje, los alcances y la legitimidad de los derechos laborales, los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Los procesos políticos recientes en Colombia y Perú muestran que este no es un debate abstracto, el riesgo de una recomposición conservadora regional plantea una amenaza latente para los consensos construidos durante décadas en torno a la justicia social, el diálogo social, la protección laboral, la no discriminación y la corresponsabilidad en los cuidados.
Desde el inicio de los trabajos se reconoció que la igualdad sustantiva de género constituye un principio fundamental de derechos humanos y un componente central del mandato histórico de la Organización Internacional del Trabajo, la discusión no colocó la igualdad como un asunto sectorial ni como una agenda complementaria; sino como una condición indispensable para el trabajo decente, la productividad, la resiliencia de los mercados laborales, la sostenibilidad económica y la inclusión social.
El punto de partida fue que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible mientras continúe desaprovechando el potencial económico, productivo, político y social de más de la mitad de su población. Sin embargo, la discusión también mostró que ese reconocimiento general no basta, en el terreno de la negociación internacional, los derechos de las mujeres y el lenguaje de género siguen siendo objeto de disputa.
No todos los actores llegan a la mesa con la misma disposición a ampliar derechos, quedó claro que algunos buscan contenerlos, diluirlos o incluso revertirlos.
Las representaciones de gobiernos, organizaciones de personas trabajadoras y organizaciones de empleadores reconocieron que durante las últimas décadas se han registrado avances importantes, pues las mujeres tienen hoy mayores niveles educativos, una presencia creciente en los mercados de trabajo y una participación cada vez más relevante en espacios de liderazgo, emprendimiento y toma de decisiones; sin embargo, esos avances han sido insuficientes para eliminar las desigualdades estructurales que continúan limitando su acceso al trabajo decente.
La discusión puso de relieve que, a escala global, las mujeres siguen enfrentando menores tasas de participación laboral, mayores dificultades para acceder a empleos de calidad y una persistente brecha de ingresos respecto de los hombres.
También continúan sobrerrepresentadas en sectores de bajos salarios, en formas de empleo informal o precario, en el trabajo doméstico y en ocupaciones tradicionalmente infravaloradas. Esta situación se agrava para quienes enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación vinculadas con la edad, la discapacidad, el origen étnico, la condición migratoria, la ubicación territorial u otras condiciones de exclusión.
Uno de los aportes centrales de la discusión fue insistir en que estas desigualdades no son resultado de decisiones individuales, falta de esfuerzo o insuficiente capacitación de las mujeres. Son consecuencia de barreras estructurales profundamente arraigadas, entre ellas se encuentran los estereotipos de género, las normas sociales discriminatorias, la segregación ocupacional y sectorial, la infravaloración del trabajo realizado predominantemente por mujeres, la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado, la insuficiencia de servicios de cuidado, la falta de protección social y la persistencia de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
En este sentido, la economía de los cuidados ocupó un lugar importante en la discusión: se reconoció que millones de mujeres siguen asumiendo de manera desproporcionada el trabajo de cuidado no remunerado, lo que limita sus posibilidades de incorporarse al empleo, permanecer en él, desarrollarse profesionalmente o acceder a ingresos propios y protección social.
El cuidado dejó de aparecer como un asunto privado de los hogares para ser tratado como una infraestructura social indispensable para la igualdad sustantiva y el trabajo decente.
Por ello, las conclusiones enfatizan la necesidad de avanzar hacia sistemas de cuidados que incluyan servicios accesibles, asequibles y de calidad, políticas de conciliación entre la vida laboral y personal, licencias de maternidad, paternidad, parentales y por cuidados, así como mecanismos que promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado. La discusión confirmó que invertir en cuidados no es únicamente una política social. También es una política laboral, económica, productiva y de igualdad.
Otro de los aspectos relevantes fue la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, las personas participantes coincidieron en que estas conductas constituyen una manifestación de discriminación que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y limita su acceso, permanencia y progresión en el empleo.
Se subrayó la importancia de fortalecer medidas de prevención, protección, denuncia, reparación y sanción, así como de avanzar en la implementación efectiva del Convenio 190. También se destacó la necesidad de abordar riesgos emergentes vinculados con las nuevas tecnologías, las formas digitales de violencia y acoso, los riesgos psicosociales y los impactos de género en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La discusión sobre las transformaciones tecnológicas tuvo una relevancia especial, la transición digital, la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos pueden abrir nuevas oportunidades laborales para las mujeres, pero también pueden reproducir o profundizar sesgos si se diseñan e implementan sin controles adecuados.
El problema no se limita al acceso a empleos del futuro, también incluye los criterios de reclutamiento, evaluación, promoción, asignación de tareas, vigilancia laboral y toma de decisiones automatizadas; en consecuencia, la igualdad de género exige mirar no sólo quién accede a la tecnología, sino cómo la tecnología reorganiza el poder dentro del trabajo.
La transición ambiental y los cambios demográficos también fueron analizados como procesos ambivalentes, si bien pueden generar empleos, nuevas competencias y sectores dinámicos, pero también pueden dejar fuera a las mujeres si las políticas de formación, reconversión laboral y transición justa no incorporan una perspectiva de género desde su diseño.
La discusión reafirmó que no basta con insertar a las mujeres en mercados laborales que siguen funcionando con reglas desiguales. El desafío consiste en transformar las reglas del trabajo para que no sigan reproduciendo exclusiones conocidas desde hace décadas.
En este marco, la Comisión reafirmó la importancia de los convenios fundamentales de la OIT relacionados con igualdad y no discriminación, particularmente el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación. También destacó la necesidad de avanzar en la ratificación y aplicación efectiva de instrumentos como el Convenio 156 sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares, el Convenio 183 sobre protección de la maternidad y el Convenio 190 sobre violencia y acoso.
Para México, esta agenda es especialmente relevante, pues la ratificación pendiente de ambos Convenios sigue siendo una pieza clave para articular la agenda laboral con la agenda de cuidados.
La igualdad salarial por un trabajo de igual valor fue reconocida como una deuda persistente y las conclusiones apuntan hacia medidas concretas, como la transparencia salarial, los sistemas objetivos de valoración de puestos de trabajo, las políticas salariales, la inspección laboral y los mecanismos eficaces de cumplimiento.
Este punto es importante porque desplaza la discusión de la igualdad formal hacia la igualdad real. No basta con prohibir la discriminación, es necesario contar con instrumentos capaces de identificarla, medirla, corregirla y sancionarla.
La protección social también ocupó un lugar central. La discusión señaló que los sistemas universales, sostenibles y con perspectiva de género son fundamentales para garantizar la participación plena de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de todo el ciclo de vida, y las conclusiones respaldan el fortalecimiento de pisos de protección social, la ampliación de la cobertura, la seguridad del ingreso durante las licencias y el reconocimiento de las responsabilidades de cuidado en los regímenes de seguridad social y pensiones.
En suma, esta comisión mostró que la disputa por la igualdad sustantiva en el mundo del trabajo ya no se juega únicamente en la ampliación formal de derechos. Se juega también en la capacidad de defenderlos frente a proyectos regresivos y de traducirlos en instituciones, presupuesto, sistemas de cuidados, mecanismos de cumplimiento, datos verificables y diagnósticos capaces de revelar las desigualdades que siguen organizando el mercado laboral.2
Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas
En materia de trabajo decente en la economía de plataformas, la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo marcó un punto de inflexión. Un año después de la primera discusión normativa, en la que apenas se lograron acordar definiciones y bases mínimas para continuar la negociación, la conferencia adopto el Convenio 193 sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, el primer instrumento internacional vinculante de la OIT dirigido específicamente a regular esta modalidad de trabajo.3
El convenio parte de la premisa de que la economía de plataformas ha abierto nuevas oportunidades de generación de ingresos, innovación empresarial y acceso a servicios, pero también ha producido déficits claros de trabajo decente.
Su importancia radica en que reconoce que el trabajo organizado, supervisado o evaluado mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados no puede permanecer en una zona de excepción laboral. Pero, sobre todo, reconoce que la flexibilidad y la innovación no justifican la ausencia de derechos.
El instrumento aprobado establece definiciones básicas sobre plataforma digital de trabajo, persona trabajadora de plataformas digitales, intermediarios, remuneración y pago. También fija obligaciones en materia de principios y derechos fundamentales en el trabajo, seguridad y salud, prevención de la violencia y el acoso, formalización, correcta clasificación de la situación en el empleo, remuneración oportuna, seguridad social, transparencia algorítmica, protección de datos personales, revisión de decisiones discriminatorias, mecanismos de solución de conflictos y control de cumplimiento.
Vale la pena resaltar que la experiencia mexicana fue especialmente relevante para esta discusión. México llegó a la Conferencia con una reforma laboral reciente, publicada el 24 de diciembre de 2024, que adición un capítulo específico sobre trabajo en plataformas digitales a la Ley Federal del Trabajo.
Dicha reforma reconoce la existencia de una relación laboral subordinada cuando la persona presta servicios personales, remunerados y bajo mando o supervisión de una plataforma digital, siempre que genere ingresos netos mensuales equivalentes, al menos, a un salario mínimo mensual de la Ciudad de México.
La reforma mexicana coincide con el Convenio 193 en varios puntos estratégicos:
• Reconoce derechos colectivos,
• Exige contratos diferenciados de los términos generales de uso de la aplicación,
• Obliga a transparentar reglas de gestión algorítmica,
• Establece mecanismos de revisión frente a decisiones que afecten la conexión o el acceso a la plataforma,
• Incorpora obligaciones de seguridad social, prevé protección frente a violencia, acoso y discriminación, y
• Prohíbe simulaciones destinadas a desvirtuar el vínculo laboral.
Sin embargo, la comparación también deja ver una diferencia importante entre el contexto nacional y el Convenio 193, que tiene un alcance más amplio, porque protege a las personas trabajadoras de plataformas digitales independientemente de la clasificación de su situación en el empleo.
Nuestra reforma, en cambio, activa el reconocimiento pleno como persona trabajadora de plataforma digital a partir de un umbral de ingreso mensual, lo que en teoría permite ordenar administrativamente el acceso a seguridad social, pero también abre una zona de tensión, pues quienes no alcancen ese umbral pueden quedar en una posición más vulnerable.
Lo cierto es que los resultados de la implementación de la prueba piloto obligatoria para la incorporación de personas trabajadoras de plataformas digitales al Seguro Social, convirtió a México en un caso de referencia internacional con un claro liderazgo en la discusión, pero también en un laboratorio normativo, pues el desafío ya no está sólo en reconocer derechos, sino en verificar si las plataformas cumplen, si las personas trabajadoras efectivamente acceden a seguridad social, si los algoritmos son auditables, si los mecanismos de revisión funcionan y si la flexibilidad no se utiliza como excusa para trasladar riesgos y costos a las personas trabajadoras.
Ahora el paso inmediato para México será convertir el liderazgo mostrado durante la Conferencia en el compromiso de ratificación del Convenio 193. Por lo que será necesario dar seguimiento al proceso y, al mismo tiempo, revisar la legislación nacional a la luz del nuevo estándar adoptado.4
Desde el ámbito legislativo, la responsabilidad será identificar las posibles brechas entre el convenio y el capítulo de la Ley Federal del Trabajo relativo a las personas trabajadoras de plataformas digitales, a fin de impulsar, en su caso, las armonizaciones necesarias para garantizar una protección efectiva, suficiente y compatible con el Convenio.
Comisión de la Discusión Recurrente sobre el Diálogo Social y el Tripartismo
Finalmente, en cuanto a la discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo, el debate reafirmó uno de los principios fundacionales de la OIT: Los grandes desafíos del mundo del trabajo no pueden resolverse de manera unilateral.
En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, cambios demográficos, crisis climática, incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y pérdida de confianza en las instituciones públicas, la Comisión subrayó que el diálogo social no es sólo un procedimiento institucional, sino una forma de gobernanza democrática del trabajo.
La resolución adoptada5 reconoce que el diálogo social y la negociación colectiva han sido herramientas clave para mejorar salarios y condiciones laborales, fortalecer la seguridad y salud en el trabajo, avanzar en igualdad de género, responder a crisis, acompañar procesos de formalización y gestionar transiciones complejas como la digitalización y la transición justa.
Sin embargo, también advierte que su eficacia depende de condiciones que no pueden darse por sentadas: libertad sindical, derecho de negociación colectiva, organizaciones representativas e independientes, instituciones laborales sólidas, seguridad jurídica, buena fe y confianza entre las partes.
Uno de los aportes más relevantes de esta resolución es que no idealiza el diálogo social, sino que reconoce que en muchos países estos derechos están bajo presión por restricciones al espacio cívico, debilitamiento institucional, obstáculos a la organización sindical, exclusión de sectores informales y falta de mecanismos eficaces de solución de conflictos.
Por ello, llama a los gobiernos a crear marcos jurídicos e institucionales propicios, proteger a las organizaciones de empleadores y de trabajadores frente a injerencias, violencia o represalias, y garantizar recursos suficientes para la inspección, la administración del trabajo y la justicia laboral.
La resolución también coloca la inclusión como una condición de legitimidad. El diálogo social sólo podrá responder al mundo del trabajo actual si amplía la representación de mujeres, jóvenes, personas trabajadoras de la economía informal, personas trabajadoras por cuenta propia, trabajadoras del hogar, personas cuidadoras y otros sectores históricamente subrepresentados.
En esa línea, dialoga directamente con las otras discusiones de la 114ª Conferencia: La igualdad de género, el trabajo en plataformas, el trabajo doméstico y de cuidados, y la necesidad de gobernar las transformaciones tecnológicas con derechos.
En suma, este debate confirmó que el diálogo social y el tripartismo no son únicamente una tradición institucional de la OIT, sino una herramienta estratégica para sostener derechos laborales en tiempos de cambio. Su relevancia política es clara: frente a escenarios de polarización, debilitamiento democrático y avance de discursos regresivos, la construcción de consensos entre gobiernos, empleadores y personas trabajadoras sigue siendo indispensable para diseñar políticas laborales legítimas, eficaces y capaces de producir resultados concretos.
XV Aniversario del Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos
De manera adicional a las actividades de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la diputada Patricia Mercado Castro acompañó el evento paralelo organizado por el grupo de trabajadoras del hogar para conmemorar los 15 años de la adopción del Convenio 189 de la OIT, un instrumento histórico que coloco en el lenguaje del derecho internacional una afirmación fundamental: el trabajo del hogar es trabajo y debe contar con derechos no inferiores a los de cualquier otro empleo.
Durante el encuentro se reconoció que, si bien han existido avances jurídicos importantes en distintos países, los retos siguen plenamente vigentes.
En México, por ejemplo, la ratificación del Convenio 189 y las reformas legales en materia de trabajo del hogar han sido pasos decisivos, pero todavía no se reflejan por completo en la vida cotidiana de las trabajadoras.
Durante décadas, el trabajo del hogar fue tratado como ayuda, costumbre o arreglo informal, y no como una relación laboral con derechos y obligaciones. Esa mirada ha permitido que persistan condiciones de precariedad, desigualdad, discriminación y violencia, incluso después de la adopción de estándares internacionales como los Convenios 189 y 190.
En ese marco, vale la pena mencionar que, en México, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, AC, impulsó la campaña “Hacia una nueva cultura en el trabajo del hogar”, que parte de una idea central: el problema ya no es sólo la falta de ley, sino la falta de una cultura de derechos alrededor del trabajo del hogar.
La campaña busca disputar la forma en que se nombra y se entiende este trabajo, afirmando que el hogar también puede ser un espacio laboral y, por tanto, un espacio de derechos.
Su apuesta refleja los retos en la materia en nuestro país, no basta con visibilizar el tema, hace falta transformar prácticas, lenguaje, imaginarios y responsabilidades para que el trabajo del hogar sea reconocido y tratado como una relación laboral digna, con seguridad social, salario justo, reglas claras, acceso a la justicia y protección frente a la violencia, la discriminación y el racismo. Lo privado no exenta derechos; donde hay violencia, no hay trabajo digno; y cambiar la cultura del trabajo del hogar implica cambiar también la manera en que se distribuyen el poder, el trato y las responsabilidades dentro de los hogares.
Notas
1 114ª CIT, Un momento decisivo: Aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente, disponible en:
https://www.ilo.org/sites/default/files/2026-05/ILC114-I %28B%29-%5BCABINET-260417-001%5D-Web-SP.pdf
2 La resolución adoptada se puede consultar aquí: https://www.ilo.org/es/resource/registro-de-decisiones/resolucion-relat iva-al-programa-transformador-de-la-oit-para-lograr-la
3 Vale la pena señalar que la Recomendación complementaria del Convenio 193 aún no cuenta con una metodología ni una fecha definida de discusión.
4 El Convenio 193, sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, se puede consultar aquí:
https://www.ilo.org/sites/default/files/2026-06/ILC114-C onvenio%20n%C3%BAm.%20193-%5BRELMEETINGS-260522-003%5D-SP.pdf
5 La resolución adoptada se puede consultar aquí: https://www.ilo.org/sites/default/files/2026-06/ILC114-Resoluci%C3%B3n% 20IV-%5BRELMEETINGS-260525-003%5D-SP.pdf
Atentamente
Diputada Patricia Mercado Castro (rúbrica)
De la diputada Mónica Herrera Villavicencio, relativo al tercer Congreso de Enfermedades Raras y de Poca Prevalencia de América Latina y el Caribe, celebrado del martes 17 al jueves 19 de junio de 2026, en La Antigua, Guatemala
En cumplimiento de las facultades y obligaciones que me confiere la confianza institucional otorgada para representar al honorable Congreso de la Unión, presento ante la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, el informe de actividades, derivado de mi participación en el tercer Congreso de Enfermedades Raras y de Poca Prevalencia de América Latina y el Caribe (Cepcal), celebrado del martes 17 al jueves 19 de junio de 2026 en La Antigua, Guatemala.
I. Marco de contexto e importancia internacional
La asistencia de una representación legislativa mexicana a este foro cobra una relevancia sin precedentes. El diseño de políticas públicas en salud debe alinearse de manera directa con el marco internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Durante la 78 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, se aprobó por unanimidad la resolución “Enfermedades raras: una prioridad de salud mundial para la equidad y la inclusión” (Resolución Oficial WHA78.11). Este mandato global exhorta firmemente a los Estados miembros a:
• Integrar las enfermedades raras de forma transversal dentro de la planificación nacional de salud pública.
• Garantizar la Cobertura Sanitaria Universal, reduciendo el gasto de bolsillo y eliminando las barreras que enfrentan los pacientes y sus cuidadores.
• Impulsar la creación de registros de pacientes estructurados y sistemas de codificación médica estandarizados.
• Fomentar un Plan de Acción Mundial de 10 años Rare Diseases International enfocado en acortar la “odisea diagnóstica” y democratizar el acceso a terapias avanzadas.
Como legisladora y paciente con un diagnóstico de poca prevalencia, mi participación en el congreso regional sirvió de puente directo para materializar el espíritu de este exhorto global de la OMS en la agenda legislativa de nuestro país.
II. Compromiso del gobierno de México: visibilización y justicia social
Esta representación en el extranjero es reflejo directo del gran compromiso que demuestra el día de hoy el gobierno que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por mantener una política humanista centrada en visibilizar a quienes más lo necesitan.
Bajo la máxima de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie fuera, la actual administración de la República ha puesto especial énfasis en robustecer el sistema de salud pública para garantizar que sea universal, equitativo y de alta calidad. La asistencia a este foro internacional reafirma la voluntad del Ejecutivo y el Legislativo federales por construir redes de soporte sólidas, dignas y transversales para:
1. Los pacientes, acortando los tiempos para un diagnóstico certero y oportuno.
2. Las familias, aligerando las cargas administrativas, económicas y sociales que históricamente han soportado en la opacidad.
3. Los cuidadores, reconociendo su labor fundamental dentro del esquema de bienestar social y salud comunitaria del país.
El trabajo conjunto entre los Poderes de la Unión consolida un frente común que atiende de raíz las necesidades más sentidas de la comunidad de enfermedades raras en México.
III. Objetivos de la participación
1. Exponer los avances legislativos de México en el reconocimiento, tamizaje y atención de padecimientos de baja prevalencia.
2. Identificar modelos exitosos de políticas públicas y legislación comparada en la región latinoamericana para su posible adaptación en el marco normativo nacional.
3. Fortalecer la diplomacia parlamentaria y la cooperación científica y social con asociaciones civiles, agencias regionales y comisiones de salud del continente.
IV. Resumen de actividades realizadas
Durante las tres jornadas de trabajo del congreso Programa Académico Cepcal, se desahogaron las siguientes actividades clave:
• Participación en paneles legislativos regionales: Presentación de las iniciativas mexicanas vigentes y los retos presupuestarios para garantizar el abasto de medicamentos huérfanos.
• Mesas de diálogo con organizaciones de pacientes: Escucha directa de las demandas sociales referentes a la discriminación laboral, escolar y la necesidad de un enfoque integral de derechos humanos para los afectados y sus familias.
• Encuentros técnicos sobre diagnóstico temprano: Análisis con la comunidad médica sobre el impacto de ampliar el tamizaje neonatal y el uso de tecnologías genómicas, puntos indispensables para cumplir con las metas de la OMS.
V. Conclusiones y propuestas de acción legislativa
La participación de México en Cepcal 2026 constata que, si bien nuestro país cuenta con esfuerzos normativos en marcha, el exhorto de la OMS nos obliga a acelerar el paso. Con base en lo aprendido, propongo a esta soberanía priorizar los siguientes rubros en el próximo periodo de sesiones:
1. Armonización Normativa con la OMS: Diseñar e impulsar reformas de ley que reconozcan formalmente a las enfermedades raras como una prioridad nacional de equidad e inclusión, siguiendo la resolución de la Asamblea Mundial.
2. Fortalecimiento del Registro Nacional: Legislar e incentivar partidas presupuestarias específicas para consolidar un padrón epidemiológico unificado y fidedigno de enfermedades raras en México.
3. Mecanismos de Financiamiento Sostenible: Analizar modelos alternativos y convenios internacionales que faciliten la adquisición y cobertura pública de tratamientos biotecnológicos de alto costo.
El compromiso institucional mostrado por esta Cámara al apoyar mi participación envía una señal clara: México escucha a los organismos de salud globales y, de la mano con las políticas de inclusión de nuestra presidenta, pone al centro las voces y vivencias de los pacientes, sus familias y cuidadores.
Asimismo, solicito de la manea más atenta, remitir copia de este informe, a la Dirección de Atención a Diputados de la honorable Cámara de Diputados.
Atentamente
Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)
De la Comisión de Justicia
A la sexta reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 9 de julio, a las 17:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C, en modalidad semipresencial
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
4. Dictámenes a discusión:
4.1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en materia de orden de los apellidos.
4.2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de entrega de paquetería.
4.3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de suplantación de identidad digital.
4.4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
5. Asuntos generales.
6. Clausura y cita para la siguiente reunión.
Atentamente
Diputado Julio César Moreno Rivera
Presidente
De la Comisión de Seguridad Ciudadana (se cancela)
A la undécima reunión extraordinaria, que en modalidad semipresencial tendrá lugar el jueves 9 de julio, a las 13:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta concerniente a la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, derivado de las iniciativas presentadas por las diputadas Mildred María del Rosario Orozco Caballero y Eunice Abigail Mendoza Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena; así como de la diputada Teresa Ginez Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Jessica Saiden Quiroz
Presidenta
De la Comisión de Diversidad
A la quinta reunión extraordinaria, que tendrá verificativo el viernes 10 de julio, a las 10:00 horas, en modalidad virtual.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y votación del orden del día.
3. Discusión y votación del acuerdo para prorrogar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans.
4. Asuntos generales.
5. Clausura y cita para la siguiente reunión.
Atentamente
Diputado Jaime Genaro López Vela
Presidente