Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la CDMX y a la SSC a reforzar la supervisión y vigilancia del actuar de sus elementos, incluyendo a la policía bancaria e industrial en el STCM, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que la seguridad pública es una función esencial del Estado, cuya actuación debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dichos ordenamientos no solo establecen un marco normativo, sino que imponen una obligación permanente a todas las autoridades para garantizar que el ejercicio de la fuerza pública se realice bajo criterios de proporcionalidad, racionalidad y estricto apego a la dignidad humana.

Que la actuación de los cuerpos policiales en la Ciudad de México, incluida la Policía Bancaria e Industrial adscrita al Sistema de Transporte Colectivo, debe apegarse estrictamente a los protocolos de actuación vigentes, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad humana y evitando cualquier acto de intimidación, abuso de autoridad o conducta que genere temor en la ciudadanía. La función policial no puede entenderse únicamente como una tarea de vigilancia o control, sino como un servicio público orientado a la protección de las personas, especialmente en espacios de alta concurrencia como el transporte público.

Como es sabido, el 4 de febrero de 2026 se difundió ampliamente en redes sociales un video en el que se observa a una elemento de la Policía Bancaria e Industrial del Metro de la Ciudad de México agrediendo de forma verbal y física a una usuaria que había solicitado apoyo para pasar con una silla de ruedas, expresiones y acciones que generaron indignación pública y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y el trato a personas con discapacidad. Este hecho no solo evidenció una posible conducta indebida individual, sino que puso en el centro del debate la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión, capacitación y sensibilización institucional.

Que, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta administrativa para investigar el actuar de la elemento involucrada, este tipo de incidentes refuerzan la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas estructurales. La reacción posterior a los hechos es necesaria, pero no suficiente; resulta indispensable consolidar políticas públicas orientadas a prevenir la repetición de conductas que vulneren la integridad, la dignidad o los derechos de las personas usuarias del transporte público.

Que es indispensable fortalecer la capacitación continua de los elementos policiales, particularmente en materia de derechos humanos, uso legítimo y proporcional de la fuerza, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, y perspectiva de género, a fin de prevenir la violencia institucional y proteger de manera especial a mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores y cualquier persona en situación de vulnerabilidad. La sensibilización en estos temas no debe ser un curso aislado, sino un componente transversal y permanente en la formación y evaluación del desempeño policial.

Que la profesionalización policial y la correcta aplicación de los protocolos no solo fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, sino que contribuyen a prevenir prácticas indebidas como la intimidación, los abusos de autoridad o cualquier forma de discriminación. Una policía cercana, capacitada y respetuosa de los derechos humanos es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, incluyente y segura.

Esta honorable Cámara de Diputados tiene la facultad de exhortar respetuosamente a las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones concretas que fortalezcan la seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo mecanismos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas que garanticen un servicio público eficiente y digno.

Marco Legal

El presente exhorto se fundamenta en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que:

• Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

• Las normas de derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas, conforme al principio pro-persona.

• Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

• El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Está prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el derecho a la igualdad y no discriminación, así como la obligación de las autoridades de actuar bajo el principio de debida diligencia, resultan plenamente aplicables en el presente caso, particularmente tratándose de personas con discapacidad, quienes requieren medidas de accesibilidad y trato preferente que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.

Compañeras y compañeros legisladores:

Realizar acciones legislativas oportunas en materia de fortalecimiento institucional y capacitación policial no es una opción, sino una responsabilidad ética y constitucional. Como representantes populares, tenemos la obligación de impulsar políticas públicas que consoliden un modelo de seguridad ciudadana basado en la prevención, la proximidad social y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

No podemos permitir que hechos como el referido se normalicen o se perciban como aislados; por el contrario, debemos asumirlos como una oportunidad para revisar, mejorar y reforzar los mecanismos de formación, supervisión y evaluación de nuestros cuerpos de seguridad.

La confianza ciudadana se construye con hechos, con transparencia y con un compromiso firme con la dignidad de las personas. Por ello, este exhorto busca contribuir a la consolidación de instituciones policiales profesionales, sensibles y plenamente comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que refuerce la supervisión y vigilancia del actuar de sus elementos, incluyendo a la Policía Bancaria e Industrial en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, evitando cualquier acto de intimidación, abuso de autoridad o trato discriminatorio, a personas con discapacidad.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México incluyendo a la Policía Bancaria e Industrial en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), para que amplíen los programas de capacitación obligatoria en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y perspectiva de género para todos los elementos policiales, con especial énfasis en la prevención y atención adecuada a personas con discapacidad.

Tercero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que implementen acciones a fin de prevenir intimidaciones, agresiones y conductas contrarias a los protocolos de actuación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como los mecanismos de atención, seguimiento y sanción a quejas ciudadanas relacionadas con el actuar de la Policía Bancaria e Industrial en el Metro y otros espacios públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones orientadas a la atención integral del cáncer infantil; garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos oncológicos, y asegurar la adecuada operatividad del Registro Nacional de Cáncer, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil , que se conmemoró el 15 de febrero, es indispensable visibilizar la magnitud de esta enfermedad y reforzar el compromiso institucional para su atención integral.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 400 mil niñas, niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en el mundo. En México se registran entre 4 mil y 7 mil casos nuevos anuales, y esta enfermedad constituye la principal causa de muerte por enfermedad en la población de 1 a 19 años, según datos de la Secretaría de Salud federal.

Mientras que el promedio mundial de supervivencia alcanza el 85 por ciento, países como Dinamarca reportan tasas de hasta 86 por ciento; en contraste, en México la supervivencia apenas ronda el 56 por ciento, lo que evidencia una brecha preocupante en el acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y seguimiento integral.

Durante administraciones anteriores en el Gobierno del Estado de México, se instrumentaron acciones fundamentales como el Seguro Popular, el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (Conacia) y el Registro Nacional de Cáncer (Rnca), mecanismos que permitieron generar información epidemiológica confiable y fortalecer la cobertura financiera de tratamientos oncológicos.

Sin embargo, la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como la eliminación o debilitamiento del Registro Nacional de Cáncer y la reducción presupuestal destinada al seguimiento de niñas y niños con esta enfermedad, han generado incertidumbre, desabasto de medicamentos oncológicos y discontinuidad en tratamientos, afectando directamente a las familias más vulnerables.

En el Estado de México, la situación resulta especialmente alarmante. La leucemia, que es un cáncer que afecta la médula ósea, donde se forman las células sanguíneas, es el tipo de mayor incidencia en la población infantil. Sus principales signos de alerta incluyen anemia, cansancio extremo, palidez, fiebre recurrente y sangrados inexplicables derivados de niveles bajos de plaquetas.

Asimismo, se presentan con frecuencia tumores abdominales, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte por enfermedad entre niñas, niños y adolescentes en la entidad.

El Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) atiende alrededor de 30 nuevos casos anuales, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria, el personal especializado y el suministro constante de medicamentos oncológicos.

El cáncer infantil es distinto al de adultos, mientras que en personas adultas suele relacionarse con factores de riesgo como tabaquismo o malos hábitos alimenticios, en niñas, niños y adolescentes su origen es multifactorial, con componentes genéticos y ambientales que pueden manifestarse incluso desde el nacimiento. Por ello, el diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato son determinantes para aumentar la supervivencia.

Resulta impostergable que el Gobierno del Estado de México, en coordinación con las autoridades federales, garantice:

• El abasto suficiente y oportuno de medicamentos oncológicos.

• La continuidad de tratamientos y estudios diagnósticos.

• La atención integral a pacientes, personal médico y familias.

• La operatividad efectiva del Registro Nacional de Cáncer.

• La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos destinados a la atención del cáncer infantil.

Fundamento Legal

El derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no constituye una mera declaración programática, sino un mandato jurídico vinculante que impone al Estado obligaciones concretas, inmediatas y progresivas. Este precepto establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios sanitarios, lo que implica un deber activo de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas eficaces que aseguren la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios médicos.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes, la obligación estatal se intensifica en virtud del principio del interés superior de la niñez, reconocido tanto en el propio texto constitucional como en los instrumentos internacionales suscritos por México. La infancia constituye un grupo en situación de especial vulnerabilidad, debido a su etapa de desarrollo físico y psicológico, así como a su dependencia respecto de personas adultas para la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ello, el Estado debe adoptar medidas reforzadas que garanticen atención médica integral, preventiva y curativa, con enfoque prioritario y diferenciado.

El acceso universal implica que ningún menor puede ser excluido de los servicios de salud por razones económicas, sociales, geográficas o administrativas. Esto obliga a eliminar barreras estructurales, como la falta de infraestructura en zonas rurales, la escasez de personal médico o la insuficiencia de medicamentos, y a establecer mecanismos de cobertura financiera que eviten que las familias enfrenten gastos catastróficos. La oportunidad en la atención exige que los servicios se presten sin dilaciones indebidas, particularmente en casos de urgencia o enfermedades que puedan comprometer el desarrollo integral del menor. Finalmente, la calidad supone que la atención médica debe brindarse con estándares científicos adecuados, personal capacitado, insumos suficientes y protocolos actualizados.

Asimismo, la obligación estatal no se limita a la prestación directa de servicios, sino que comprende acciones de prevención, vacunación, nutrición, saneamiento y educación para la salud. El incumplimiento de estas obligaciones puede traducirse en responsabilidad para las autoridades competentes, dado que el derecho a la salud mantiene una estrecha conexión con otros derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal y el desarrollo pleno.

En consecuencia, el artículo 4o constitucional impone al Estado mexicano el deber ineludible de garantizar que toda niña y todo niño reciba atención médica integral, oportuna y de calidad, adoptando medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales que hagan efectivo este derecho en la práctica y no solo en el plano formal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de México, IMSS-Bienestar y el Instituto de Salud del Estado de México para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las autoridades federales garantice el abasto total y oportuno de medicamentos oncológicos e insumos necesarios para el tratamiento del cáncer infantil en las instituciones de salud públicas de la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de México, IMSS-Bienestar y el Instituto de Salud del Estado de México para que refuerce la infraestructura hospitalaria y el personal médico especializado para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de México, IMSS-Bienestar y el Instituto de Salud del Estado de México, para que asegure la plena operatividad del Registro Nacional de Cáncer, con recursos suficientes y mecanismos de actualización permanente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de México, IMSS-Bienestar y el Instituto de Salud del Estado de México, para que implemente campañas permanentes de detección oportuna y capacitación médica para identificar signos de alerta, particularmente en casos de leucemia y tumores frecuentes en la población infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la entrega oportuna y suficiente de vacunas contra el sarampión para el Estado de México, así como a implementar una estrategia estatal de vacunación eficaz, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sarampión en México afecta gravemente la salud pública y a las familias. Provoca enfermedades severas, especialmente en niñas y niños no vacunados, y puede causar complicaciones graves o la muerte. Su reaparición está relacionada con la baja en la vacunación, lo que genera brotes y presión en los servicios de salud.

En las familias, el sarampión causa estrés emocional, gastos económicos, ausentismo escolar y laboral, además de aislamiento social. Todo esto impacta más a las comunidades vulnerables.

Sobre el Nuevo Brote de Sarampión en México 2025 -2026

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que había sido controlada en México y gran parte de las Américas gracias a los programas de vacunación masiva y a la cobertura sistemática de la población infantil. Sin embargo, durante los años 2025 y 2026, nuestro país ha experimentado un resurgimiento significativo de casos de sarampión, con consecuencias graves para la salud pública y la seguridad epidemiológica.

El origen del brote actual se ha identificado principalmente como un caso importado desde Estados Unidos, detectado en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua. Este primer caso desencadenó la transmisión local, especialmente en comunidades con baja cobertura de vacunación o resistencia a la inmunización, provocando la rápida propagación del virus a nivel nacional.

A lo largo de 2025, México registró más de 6,000 casos confirmados de sarampión, con al menos 24 defunciones, convirtiéndose en el país con mayor número de contagios en toda América. Durante los primeros meses de 2026, la situación epidemiológica se agravó, alcanzando más de 8,400 casos acumulados y 27 defunciones, con presencia de casos en los 32 estados de la república, lo que evidencia la transmisión sostenida y extendida del virus.

Entre los factores que han contribuido a este rebrote destacan que, la cobertura vacunal es insuficiente, derivada de la interrupción de programas de vacunación rutinaria y de la presencia de grupos poblacionales que no cuentan con el esquema completo de inmunización.

La movilidad internacional, particularmente con Estados Unidos, que facilitó la introducción del virus a través de personas infectadas.

La resistencia comunitaria a la vacunación, que permitió la transmisión sostenida en ciertos grupos poblacionales.

Este brote representa un retroceso en los logros alcanzados en materia de control del sarampión, poniendo en riesgo la eliminación de la enfermedad en México y en la región de las Américas. Ante este panorama, resulta imperativo reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica, campañas de vacunación masiva y medidas de mitigación, con el fin de interrumpir las cadenas de transmisión y proteger la salud de la población.

Por lo tanto, la presente proposición con punto de acuerdo justifica la implementación urgente de acciones inmediatas y coordinadas a nivel federal, estatal y comunitario, dirigidas a garantizar el acceso universal a la vacuna triple viral (SRP) para todos los grupos de riesgo.

A fortalecer la detección temprana de casos y la notificación oportuna a promover la educación y sensibilización sobre la importancia de la vacunación para prevenir futuras epidemias.

Aplicar medidas de contención local, incluyendo recomendaciones de aislamiento y uso de cubrebocas en áreas de alta transmisión, además de la adopción de estas medidas resulta fundamental para proteger la salud pública, evitar un aumento de la mortalidad y asegurar que México mantenga los avances alcanzados en la eliminación del sarampión.

Problemática

En 2024, el año cerró con una acumulación de “casos importados ” asociados a viajes internacionales. Aunque el número de contagios fue bajo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que México tenía una brecha de inmunidad peligrosa, cerca del 15% de la población infantil carecía de refuerzos debido a las interrupciones en el suministro y la logística durante la post-pandemia.

En el año 2025, lo que comenzó como un brote focalizado en el norte del país (Chihuahua y Sonora) se extendió por las rutas migratorias y comerciales.

En las cifras de cierre, México registró más de 7,100 casos confirmados, así mismo se reportaron 26 defunciones, una cifra alarmante considerando que el sarampión es 100% prevenible mediante vacunación. Por lo anterior, actualmente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene a México bajo observación. Nuestro país está a punto de perder su certificación de “Territorio Libre de Sarampión ” al cumplirse un año de transmisión sostenida en febrero de 2026.

El confinamiento por COVID-19 desplomó las visitas a centros de salud. El resultado es la actual emergencia de sarampión de 2025-2026, provocada por los niños que no fueron vacunados hace 3 o 4 años.

Resulta imperativo analizar la transición de los desafíos que ha enfrentado el Programa de Vacunación Universal en la última década. Si bien durante el periodo 2012-2018 el enfoque institucional se orientó prioritariamente hacia la transparencia administrativa y la fiscalización de los costos de adquisición, en el ciclo actual 2018-2026 la administración pública ha enfrentado retos sustantivos en la logística de distribución territorial y la disponibilidad material de los insumos.

Esta transición en los modelos de gestión y suministro ha derivado en áreas de oportunidad que, de no atenderse con prontitud, impactan directamente en las metas de cobertura nacional. La actual situación epidemiológica de sarampión es un llamado a la acción para fortalecer la operatividad de campo, asegurando que la eficiencia administrativa se traduzca efectivamente en la protección inmunológica de la población, particularmente en regiones de alta complejidad como el Estado de México.

Situación en el Estado de México

El Estado de México se ha convertido en un punto crítico para la contención del sarampión en la zona centro del país, debido a su alta densidad poblacional y a su intensa conectividad con la Ciudad de México y otros municipios circundantes. Esta característica geográfica y demográfica convierte a la entidad en un corredor de transmisión potencial, donde cualquier caso importado puede multiplicarse rápidamente si no se cuenta con una cobertura de vacunación adecuada.

Conforme a las Estadísticas recientes en la entidad, los contagios en 2025 se confirmaron 12 casos de sarampión; sin embargo, apenas en el primer mes de 2026 se registraron 19 casos nuevos, sumando un total de 31 contagios en este ciclo epidemiológico. Este aumento acelerado evidencia una tendencia de repunte que requiere atención inmediata.

El 75% de los casos se concentran en municipios del Valle de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla. La movilidad diaria de millones de personas hacia y desde la Ciudad de México intensifica la propagación del virus, convirtiendo a estos municipios en focos de alta transmisión.

Aunque se han implementado campañas de vacunación, la cobertura actual en el Estado de México oscila entre el 89% y 91%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para evitar brotes y alcanzar la inmunidad colectiva es necesario que al menos el 95% de la población tenga el esquema completo de dos dosis de la vacuna contra el sarampión, por debajo de este umbral, se crean “huecos” que facilitan la rápida propagación del virus.

Sobre la historia reciente del sarampión en el Estado de México, es importante señalar que, en décadas anteriores había sido prácticamente erradicado en la entidad, ha registrado brotes focalizados en años recientes. Esto se debe principalmente a la importación de casos provenientes de otras entidades o países y a brechas en la cobertura de vacunación. La disminución temporal de las campañas preventivas durante la pandemia de COVID-19 también contribuyó a reducir los niveles de inmunidad, aumentando la vulnerabilidad de la población.

Señalar que, los brotes en otras entidades como Chihuahua, Jalisco y Chiapas alimentan la circulación del virus a nivel nacional; la movilidad interregional permite que el virus llegue a zonas cercanas, como el Estado de México, incrementando la probabilidad de contagio en municipios con baja cobertura de vacunación.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen; puede infectar hasta a 9 de cada 10 personas no vacunadas que entren en contacto con un caso. Se transmite por vía aérea al toser, estornudar o incluso al hablar, y el virus puede permanecer activo hasta dos horas en el ambiente. Una persona infectada puede contagiar incluso antes de presentar síntomas, lo que facilita su rápida propagación. La vacunación completa sigue siendo la forma más efectiva de prevención.

Hacer énfasis en que, con la cobertura de vacunación por debajo del 95%, el virus encuentra poblaciones susceptibles, generando un riesgo elevado de brotes locales y epidémicos. El repunte de casos en el Estado de México evidencia la urgencia de fortalecer la vacunación, implementar estrategias de vigilancia epidemiológica y fomentar campañas de educación sobre la importancia de completar el esquema de dos dosis. Solo mediante estas acciones coordinadas se puede contener la propagación del sarampión y proteger a la población vulnerable, especialmente a niños menores de cinco años y personas inmunocomprometidas.

Marco Legal

El presente exhorto se fundamenta en el derecho a la salud consagrado en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general ”.

Así mismo con los Artículos 134, 144, 157 Bis 1 y 157 Bis 14 de la Ley General de Salud, que obligan a las autoridades estatales a garantizar la vacunación gratuita y obligatoria contra el sarampión, por tal motivo se presenta bajo el carácter de urgente u obvia resolución con base en la facultad que se confiere el Artículo 79 numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados por considerar que existe una emergencia de interés público.

Compañeras y compañeros legisladores, la prevención de brotes de sarampión es una responsabilidad ineludible del Estado y un asunto prioritario de salud pública. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y población con sistemas inmunológicos comprometidos.

Realizar acciones legislativas oportunas de prevención, como el fortalecimiento de los esquemas de vacunación, la vigilancia epidemiológica permanente, la difusión de información veraz y el acceso equitativo a los servicios de salud, no solo protege la vida y el bienestar de la población, sino que también evita la saturación de los sistemas de salud y reduce costos sociales y económicos a largo plazo.

Como representantes populares, tenemos la obligación de impulsar políticas públicas, asignar recursos suficientes y promover marcos normativos que garanticen la prevención efectiva de esta enfermedad. Actuar con anticipación es la mejor herramienta para salvaguardar la salud colectiva y cumplir con nuestro compromiso de proteger el derecho fundamental a la salud de todas y todos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera urgente y de obvia resolución a la Secretaría de Salud del Gobierno federal y a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen, sin dilaciones, la adquisición, liberación y distribución inmediata del cien por ciento de los biológicos faltantes contra el Sarampión del Esquema Nacional de Vacunación correspondientes al ejercicio fiscal 2026, en salvaguarda del derecho humano a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de México para que, a través de su Secretaría de Salud, adopte de inmediato las medidas necesarias que aseguren la suficiencia y disponibilidad de personal de salud debidamente capacitado en todos los centros de atención médica y brigadas itinerantes de la entidad, garantizando que cada región sanitaria cuente con los recursos humanos indispensables para alcanzar la cobertura universal de vacunación.

Tercero. Se exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a diseñar, coordinar e implementar una estrategia integral, clara y verificable para la distribución y aplicación de vacunas contra el Sarampión en todo el territorio del Estado de México, que contemple mecanismos efectivos de seguimiento puntual de la cobertura por cada municipio, a fin de asegurar que el esquema nacional de vacunación contra el Sarampión llegue de manera equitativa, oportuna y eficiente a toda la población.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar que los recursos públicos asignados a la vacunación universal sean ejercidos de manera directa, eficiente y sin subejercicios, priorizando la salud preventiva como un eje estratégico del desarrollo social y un componente esencial de la seguridad nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la entrega de apoyos, la reconstrucción y, en su caso, reubicación de vivienda; hacer del conocimiento público los padrones, montos y criterios de asignación; y realizar verificación técnica, en favor de más de 70 familias damnificadas por las inundaciones ocurridas en Huauchinango, Puebla, en octubre de 2025, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Vivienda, a la Secretaría de la Función Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen la entrega de apoyos, la reconstrucción y, en su caso, reubicación de vivienda; hagan del conocimiento público los padrones, montos y criterios de asignación; realicen verificación técnica; y determinen responsabilidades administrativas por posibles omisiones, en favor de más de 70 familias damnificadas por las inundaciones ocurridas en Huauchinango, Puebla, en octubre de 2025.

Exposición de Motivos

En octubre de 2025, el municipio de Huauchinango perteneciente al estado de Puebla en la Sierra Norte, se volvió un tema de urgencia y de desastre natural de una magnitud sumamente peligrosa tras el paso de la tormenta Jerry. Desafortunadamente este fenómeno natural no dejó una lluvia más, dejó una situación que al día de hoy sigue dejando estragos, como el lodo y agua que violentamente entro por puertas y ventanas, cerros viniéndose abajo y miles de familias buscando entre piedras lo que quedó de su vida, de su hogar y de sus tierras que durante muchos años fueron suma de esfuerzo y de sacrificio. Distintos medios de comunicación documentaron que, tras más de 52 horas de lluvia continua, un deslave arrasó viviendas en varias colonias ejemplo de ello la colonia Monterrey en el municipio de Huauchinango; ahí se reportó el colapso de ocho casas, la muerte de una familia completa y la búsqueda desesperada de una pareja, padres de dos menores que permanecían hospitalizados.1 La escena fue cruda, militares, voluntarios, perros de búsqueda, carretillas, picos y excavadoras, con calles cubiertas de tierra y muros derrumbados que dejaban ver, hogares que ya no existían.

A la par, en los días siguientes, también se registraron afectaciones que retratan la magnitud de la devastación, en Huauchinango se reportaron colonias sin energía eléctrica y un hospital del ISSSTE con anegaciones en planta baja y filtraciones en el segundo nivel; se señaló la suspensión de servicios y la afectación de áreas sensibles como urgencias, quirófano, hospitalización, farmacia, rayos X y laboratorio. En colonias como El Mirador y Nuevo Monterrey se informó de viviendas parcialmente sepultadas por toneladas de tierra y piedras, con familias pidiendo auxilio y resguardo en el Recinto Ferial como albergue temporal.2

En esa misma ventana de tiempo, el propio gobierno estatal informó de una crisis regional en la Sierra Norte, se reportaron municipios con múltiples derrumbes, comunidades con cortes carreteros. En comunicados oficiales se mencionó un impacto extendido en 25 municipios en esa región, con reportes de personas fallecidas en distintos puntos incluyendo Tlacuilotepec y La Ceiba y personas no localizadas, además de derrumbes importantes en Huauchinango, Francisco Z. Mena, Xicotepec, Pantepec y la comunidad de La Ceiba.3

De manera similar la Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla, reportó lluvias en 96 municipios y alrededor de 40 incidentes, con afectaciones como caída de árboles, deslaves, socavones y daños en caminos.4

En el plano nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que las lluvias de esa semana golpearon a cinco entidades entre ellas Puebla con un saldo de al menos 64 muertos y 65 personas no localizadas en cinco Estados.5 De suerte que al pasar de los días se informó del inicio de un censo para cuantificar pérdidas materiales, abarcando viviendas, comercios y áreas productivas, con brigadas que entrarían incluso a pie a zonas de difícil acceso. Después vinieron los anuncios, se comunicó públicamente un esquema de apoyos con supuesta “entrega inmediata” de efectivo por familia y montos diferenciados para reconstrucción según el nivel de daño, además de vales para canasta alimentaria y enseres, así como apoyos para útiles escolares.6 Se difundieron fechas de entrega para varios estados y requisitos documentales mínimos para cobrar (identificación oficial y comprobante del censo). A la vez, se anunció un paquete de recursos y una estrategia en ejes que incluía atención inmediata, apoyo directo, reconstrucción y fortalecimiento de alertas, con participación de fuerzas armadas, autoridades y voluntariado que hoy en día es insuficiente.7

También, el gobierno federal habló de atención con los planes DN-III-E y Marina; se dijo que, una vez restablecidos caminos, iniciaría un censo para distribuir apoyos; que “no se dejaría a nadie desamparado” pero a todas luces esto es totalmente falso, ya que Huauchinango corrió con la suerte de quedar en el olvido, aunque se reforzó el mensaje de “no están solos”,8 o la supuesta ayuda emergente (despensas, cobertores y ropa), de maquinaria para remover escombros y liberar caminos, y hasta de “puentes aéreos” hacia comunidades aisladas, y la instalación de un Comité de Emergencias con trabajo permanente fue mera simulación.

También se comunicó un levantamiento de daños “casa por casa” y con despliegue específico en Huauchinango. El 12 de octubre de 2025, la Secretaría de Bienestar estatal informó que, por instrucciones de la Presidencia y del gobernador, “cada vivienda será rehabilitada”. Es necesario mencionar que se realizó un primer censo en Huauchinango en las localidades de Catalina, Zacamila, Santa Catarina, Ahuacatal y La Mesita, en ese corte preliminar, se censaron 75 viviendas, de las cuales 13 con pérdida total, 19 con afectaciones mayores, 36 con afectaciones moderadas y 7 con afectaciones menores,9 lo que evidencia la falta de censos al ser un fenómeno que arrasó prácticamente todo lo que encontró a su paso.

Además del censo, se prometió un “Programa Especial” para construir nuevas viviendas en la Sierra Norte, con énfasis expresó en Huauchinango. El 12 de octubre de 2025 se difundió que ese programa contemplaría a familias que perdieron su hogar y también a quienes rentaban, con el compromiso de revisar un esquema para que pudieran acceder a nuevas viviendas. En esa misma visita se planteó una lógica de apoyo “diferenciado”, un tipo de ayuda si se perdió toda la vivienda, otro si la pérdida fue parcial, y apoyos adicionales en casos de pérdida de un familiar, además de considerar la pérdida de enseres. Se dijo que el rescate y la apertura de caminos serían seguidos por un censo inmediato a cargo de Bienestar y de los servidores de la nación,10 además se anunció supervisión personal y continua para verificar cuántas viviendas se perdieron, cuántas familias resultaron afectadas y a cuántas se les brindaba el apoyo necesario.

Ya en la fase del supuesto “plan integral”, el gobierno federal anunció el arranque del primer apoyo de 20,000 pesos por familia a partir del miércoles 22 de octubre, con montos posteriores mayores según el nivel de afectación; se incluyó apoyo para comercios (50,000 pesos) y para productores agrícolas y ganaderos (entre 50,000 y 100,000 pesos, según hectáreas), de manera simultánea lamentablemente para ese momento, el propio conteo difundido por los medios de comunicación ya hablaba de 76 personas fallecidas y 27 desaparecidas.11 Días después se precisó el “cómo” y el “cuándo” de la entrega del dinero. Se reiteró que el apoyo presuntamente sería inmediato de 20,000 pesos por familia y que, después, vendrían montos para reconstrucción de los cuales 25,000 pesos por afectación media, 40,000 por daño mayor y 70,000 en pérdida total, junto con evaluación de reubicación para personas en zonas de riesgo. Se volvió a listar el paquete completo el cual consistía en 50,000 pesos a locales comerciales afectados, 50,000 a 100,000 pesos a productores, y 350 pesos para útiles escolares. De manera similar se estableció un calendario Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí del 22 al 29 de octubre; Hidalgo del 25 de octubre al 5 de noviembre. Y se señaló el mecanismo operativo de entrega las personas previamente censadas recibirían un SMS con día, hora y lugar; además del efectivo, se entregarían vales para canasta alimentaria y para enseres (refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador).12 Para cobrar, se exigía identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o tarjeta Inapam) y comprobante del censo es decir el cintillo o talón entregado por “Servidores de la Nación”, llegados a este punto es evidente que los censos en Huauchinango no se hicieron de forma correcta, ya que más de 70 familias no recibieron ese cintillo dado que no fueron censados.

Luego entonces materia de este punto de acuerdo hace evidente que han pasado más de 130 días desde las inundaciones de octubre de 2025 y más de 70 familias de Huauchinango, Puebla siguen sin recibir apoyo económico ni insumos básicos para reconstruir su vida, estas personas han perdido su patrimonio y, meses después, continúan en el mismo lugar vulnerables, expuestos, sin lo mínimo para sobrevivir.

Esa denuncia se hizo pública en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el pasado 10 de febrero de 2026, con damnificados presentes y con acompañamiento legislativo de la proponente de este punto de acuerdo, así como diversos diputados de la fracción legislativa del PRI, además con personas afectadas de Huauchinango que hicieron una exigencia concreta porque el apoyo prometido no se reflejó en sus hogares, ya que siguen viviendo en condiciones precarias, con viviendas estructuralmente dañadas, paredes cuarteadas, restos de lodo, pérdida total de muebles y electrodomésticos, y carencias elementales como agua potable, colchones y espacios dignos para dormir, además hay viviendas con daños que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. En la misma conferencia los damnificados manifestaron que viven en chozas hechas por ellos mismos, de carrizo y tabla; que hay carreteras deslavadas, que no se han reconstruido puentes, que hay personas que perdieron su herramienta de trabajo en colonias como Monterrey, Piedras Pintadas y Santa Catarina, y que incluso hay niñas y niños tomando clases en línea desde celulares por las condiciones en que quedó la zona.

Cabe señalar que en octubre de 2025, en plena emergencia, se reabrió la discusión pública, de la eliminación del Fideicomiso del Fonden en el 2021 y que su sustitución es una asignación presupuestaria anual; se habló de 19,000 millones de pesos para atención de desastres naturales, con cerca de 3,000 millones ya utilizados, mientras desde análisis especializado se planteó que, con reglas del Fideicomiso del Fonden vigentes, la asignación anual habría sido mayor 28,000 millones, es decir, 9,000 millones más,13 que hacen falta para atender a esta y otros fenómenos naturales que han afectado a nuestro país.

Con todo lo anteriormente expuesto, el problema hoy en día en Huauchinango está muy lejos de esas promesas ya que hay más de 70 familias que, tras más de cuatro meses, siguen sin apoyo económico ni insumos básicos. Esto se ha denunciado públicamente en diversos medios de comunicación y redes sociales, ya que no existe atención para estas familias, y que lo anunciado no se refleja en la realidad.

En ese contexto, se anexan al presente las fotografías y demás elementos probatorios que evidencian lo narrado, particularmente los daños en viviendas, la pérdida de enseres y las condiciones en que permanecen las familias afectadas, con el propósito de respaldar los hechos y facilitar su verificación por las autoridades competentes. Para la coordinación y seguimiento de la atención y entrega de apoyos, se designa como enlace a la diputada federal Xitlalic Ceja García, en el correo: xitlalic.ceja@diputados.gob.mx

Ante esta realidad y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a realizar la entrega inmediata del apoyo económico pendiente a las más de 70 familias damnificadas de Huauchinango, Puebla, por las inundaciones ocurridas en octubre de 2025.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a implementar acciones inmediatas de reconstrucción y, en su caso, reubicación de vivienda para las familias con pérdida total o daño estructural grave, derivado de las inundaciones en Huauchinango, Puebla.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar haga de conocimiento público, los montos asignados y los criterios utilizados para la entrega de apoyos derivados de la emergencia por inundaciones en Huauchinango, Puebla.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar una verificación técnica de los daños y a emitir un informe público actualizado sobre la atención brindada y las acciones pendientes en favor de las familias afectadas por las inundaciones en Huauchinango, Puebla.

Notas:

1 El País (México). (2025, 14 de octubre). Huauchinango busca desesperadamente a sus desaparecidos tras las tormentas. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-14/la-tierra-se-trago-sus-casas-huauc hinango-puebla-tras-las-lluvias-y-deslaves-que-dejaron-familias-enterra das.html

2 N+. (2025, 10 de octubre). Lluvia de más de 50 horas arrasa con Huauchinango, Puebla: deslaves e inundaciones destruyen hogares. Consultado en: https://www.nmas.com.mx/puebla/lluvia-en-huauchinango-puebla-deja-derru mbes-inundaciones-falta-de-luz-y-un-muerto/

3 El Sol de Puebla (OEM). (2025, 12 de octubre). Iniciarán censo de damnificados en Huauchinango este lunes, “será casa por casa”. Consultado en: https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/iniciaran-censo-de-damnificados- en-huauchinango-este-lunes-sera-casa-por-casa-26251252

4 Gobierno del Estado de Puebla. (2025, 9 de octubre). Gobierno de Puebla atiende afectaciones por temporal de lluvias (Comunicado PC 027/2025). Consultado en: https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/20838-gobierno-de-pue bla-atiende-afectaciones-por-temporal-de-lluvias

5 El País (México). (2025, 13 de octubre). Los estragos por las fuertes lluvias en México dejan al menos 64 muertos y 65 personas no localizadas en cinco Estados. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-13/los-estragos-por-las-fuertes-lluvi as-en-mexico-dejan-al-menos-64-muertos-y-65-personas-no-localizadas-en- cinco-estados.html

6 El País (México). (2025, 22 de octubre). Las fechas de pago y montos para los damnificados por las inundaciones en México: lo que hay que saber. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-22/las-fechas-de-pago-y-montos-para-l os-damnificados-por-las-inundaciones-en-mexico-lo-que-hay-que-saber-clo ne.html

7 Íbidem

8 La redacción y Llaven, Y. (2025, 12 de octubre). Sheinbaum supervisa apoyo en estados afectados por lluvias: “no vamos a dejar a nadie desamparado”. La Jornada. Consultado en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/12/politica/sheinbaum-superv isa-apoyo-en-estados-afectados-por-lluvias-no-vamos-a-dejar-a-nadie-des amparado

9 Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Bienestar. (2025, 12 de octubre). Secretaría de Bienestar levanta censo de viviendas en Xicotepec y Huauchinango (Comunicado SB 082/2025). Consultado en: https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/20892-secretaria-de-b ienestar-levanta-censo-de-viviendas-en-xicotepec-y-huauchinango

10 Llaven Anzures, Y. (2025, 12 de octubre). Anuncia Sheinbaum Programa Especial de Vivienda para damnificados en Huauchinango; “a nadie se va a dejar desamparado”. La Jornada de Oriente. Consultado en: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/programa-vivienda-huauchin ango-sheinbaum-damnificados-sierra-norte-puebla/

11 Garrido, V. M. (2025, 20 de octubre). El Gobierno destina 10.000 millones de pesos a los damnificados por las lluvias en cinco Estados. EL PAÍS México. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-20/el-gobierno-destina-10000-millones -de-pesos-a-los-damnificados-por-las-lluvias-en-cinco-estados.html

12 Alín, P. (2025, 22 de octubre). Las fechas de pago y montos para los damnificados por las inundaciones en México: lo que hay que saber. EL PAÍS México. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-22/las-fechas-de-pago-y-montos-para-l os-damnificados-por-las-inundaciones-en-mexico-lo-que-hay-que-saber-clo ne.html

13 Carabaña, C. (2025, 14 de octubre). Las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo reviven la discusión por la desaparición del Fonden. EL PAÍS México. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2025-10-14/las-inundaciones-en-veracruz-puebl a-e-hidalgo-reviven-la-discusion-por-la-desaparicion-del-fonden.html

Dado en San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)