Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6982-III-3, martes 24 de febrero de 2026
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Senasica a evaluar la posibilidad de implementar una campaña integral de liberación y colocación de mosca estéril como medida de control y erradicación del gusano barrenador del ganado, que abarque de manera prioritaria la región de la costa grande del estado de Guerrero, incluyendo la zona de la sierra, con el objetivo de evitar la propagación de la plaga en otras regiones del estado y del país, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La presencia y propagación del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero constituye una situación de alta prioridad sanitaria, productiva y social que requiere atención inmediata y coordinada por parte de las autoridades competentes.
De acuerdo con información difundida en medios de comunicación y reportes oficiales durante el 2025, se han documentado al menos 35 casos acumulados de miasis por gusano barrenador en siete municipios de esta región: Zihuatanejo, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, La Unión y Coahuayutla. Estas cifras, aunque oficialmente consideradas bajo control, reflejan una presencia activa y persistente del parásito en una de las zonas ganaderas más relevantes del estado.
La situación resulta particularmente preocupante si se considera que, de manera paralela a los datos oficiales, organizaciones ganaderas y productores locales han señalado una incidencia significativamente mayor, estimando cientos de casos no reportados o no confirmados por las instancias sanitarias. Esta discrepancia sugiere posibles subregistros, dificultades en los mecanismos de detección o limitaciones en la cobertura de vigilancia epidemiológica, lo cual incrementa el riesgo de una propagación más amplia del gusano barrenador tanto en el ganado como, potencialmente, en la población humana.
El gusano barrenador representa una amenaza grave debido a su capacidad de causar lesiones profundas, infecciones severas y, en casos no tratados oportunamente, la muerte de los animales afectados. Las consecuencias económicas para los productores ganaderos de la Costa Grande pueden ser considerables, afectando no solo la productividad y el patrimonio de las familias rurales, sino también la seguridad alimentaria y la estabilidad de la cadena agropecuaria regional. Asimismo, la presencia de esta plaga tiene implicaciones en la salud pública, ya que la miasis puede afectar a personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en comunidades rurales con acceso limitado a servicios médicos.
Ante este panorama, resulta indispensable que la autoridad competente refuerce de manera inmediata las acciones de vigilancia, prevención y control. Esto incluye el fortalecimiento de campañas de detección temprana, la capacitación de productores y personal local, el aseguramiento del tratamiento oportuno de los casos detectados y una comunicación clara y transparente con la población.
La magnitud del problema puede rebasar la capacidad operativa y presupuestal de las autoridades estatales, por lo que resulta indispensable el apoyo directo del gobierno federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la posibilidad de implementar una campaña integral de liberación y colocación de mosca estéril como medida de control y erradicación del gusano barrenador del ganado, que abarque de manera prioritaria toda la región de la Costa Grande del estado de Guerrero, incluyendo las zonas de la sierra, con el objetivo de evitar la propagación de la plaga hacia otras regiones del estado y del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2026.
Diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Secretaría de Educación del estado de Baja California a realizar acciones de análisis, coordinación y, en su caso, fortalecimiento progresivo de la disponibilidad de personal especializado en psicología, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico en planteles de educación básica, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde la reforma constitucional en materia educativa publicada el 15 de mayo de 2019, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes deberá priorizarse en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este principio resulta fundamental considerando la relevancia de la niñez para el desarrollo social y la vida pública futura del país.
En el ámbito educativo, el interés superior de la niñez exige reconocer que existen niñas, niños y adolescentes que, por sus condiciones de desarrollo y aprendizaje, requieren apoyos especializados para favorecer su aprendizaje y participación plena en el proceso educativo, particularmente durante las primeras etapas de formación.
En concordancia con el marco constitucional referido, el Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales orientados a garantizar el desarrollo integral de niñas y niños y la atención oportuna de sus necesidades específicas. En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen la obligación de adoptar medidas apropiadas que favorezcan su inclusión efectiva en los entornos educativos.
En congruencia con el marco constitucional e internacional antes referido, se ha emitido el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, mismo que dispone expresamente en la estrategia 2.7.8 el fortalecimiento de programas específicos en salud, nutrición y desarrollo para la primera infancia, niñez y adolescencia, al señalar que se busca “fortalecer programas específicos en salud, nutrición y desarrollo para la primera infancia, niñez y adolescencia”.1
Esta situación adquiere especial relevancia al considerar la realidad actual del país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20202 (Inegi), en México residen más de 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 6.8 por ciento de la población en ese rango de edad. De ellos, más de 500 mil presentan alguna condición mental, lo que evidencia la existencia de necesidades diferenciadas de atención que pueden incidir en su desarrollo y trayectoria educativa.
Ahora bien, estas cifras confirman que la necesidad de apoyos especializados orientados al desarrollo integral de la niñez no es una situación aislada, sino una realidad documentada a nivel nacional, con implicaciones directas para la planeación y articulación de políticas públicas en materia de atención temprana, inclusión y acompañamiento educativo.
En este contexto, la realidad nacional previamente descrita también se refleja en los planteamientos realizados por madres de familia del estado de Baja California, quienes han señalado la necesidad de que sus hijas e hijos, inscritos en educación preescolar, cuenten con apoyo especializado en terapia de lenguaje y acompañamiento psicopedagógico para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje.
Sobre este particular, en México se ha documentado que la existencia de necesidades especializadas en el desarrollo del lenguaje infantil constituye una realidad verificable.
Diversos especialistas han señalado que aproximadamente el 7 por ciento de la población infantil presenta alteraciones del lenguaje,3 aspecto que refleja la relevancia de esta condición en las primeras etapas del desarrollo y su posible impacto en los procesos de aprendizaje y comunicación.
Estimaciones de organismos especializados en infancia señalan que “más de 2.2 millones de niñas y niños en México presentan alteraciones del lenguaje”4 lo que permite dimensionar la magnitud poblacional de este fenómeno y su relevancia para la planeación de políticas públicas orientadas a la atención temprana y al acompañamiento educativo especializado.
El trastorno del desarrollo del lenguaje, considerado una de las condiciones más frecuentes del neurodesarrollo infantil, afecta aproximadamente a uno de cada catorce menores en edad preescolar, etapa clave para la adquisición de habilidades comunicativas fundamentales para el aprendizaje escolar y la interacción social.5
A partir de lo anterior, se evidencia la necesidad de fortalecer las acciones institucionales orientadas a identificar, valorar y atender de manera oportuna las necesidades de apoyo especializado en el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños en el entorno educativo.
Asimismo, es necesario contar con información actualizada que permita dimensionar la disponibilidad y distribución de personal especializado en psicología, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico en los planteles de educación básica del país, a fin de orientar la planeación educativa y la toma de decisiones institucionales.
También se requiere que las entidades federativas cuenten con diagnósticos técnicos propios que permitan identificar sus necesidades específicas y fortalecer progresivamente los servicios de apoyo especializado en sus sistemas educativos locales.
Ahora bien, con base en los datos expuestos, es indispensable promover la coordinación entre autoridades educativas para favorecer la detección oportuna y la atención integral de niñas y niños que requieran apoyos especializados en su desarrollo educativo.
Por todo lo anterior, resulta necesario promover la coordinación institucional y la evaluación técnica de los apoyos especializados que favorecen el desarrollo educativo integral de niñas y niños; por lo que se somete a consideración de esta asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades educativas locales, realice las acciones necesarias para evaluar la disponibilidad, distribución y suficiencia de personal especializado en psicología, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico en los planteles de educación básica del país, particularmente en educación inicial, preescolar y primaria.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación del estado de Baja California para que, en el ámbito de sus competencias, lleve a cabo un diagnóstico técnico que permita determinar la necesidad de fortalecer la presencia de personal especializado en psicología, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico en los planteles de educación básica de la entidad y, en su caso, realice las gestiones administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para el fortalecimiento progresivo de dichos servicios de apoyo.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a la Secretaría de Educación del estado de Baja California para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen esfuerzos institucionales para promover la detección oportuna y la atención integral de niñas y niños que requieran apoyos especializados para su desarrollo educativo, en observancia del principio de educación inclusiva previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, difundan y den a conocer públicamente a la ciudadanía, de manera accesible y oportuna, los resultados de los diagnósticos realizados, así como los alcances de las acciones implementadas para fortalecer la disponibilidad de personal especializado en psicología, terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico en los planteles de educación básica.
Notas:
1 Gobierno de México. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v25 0226_14.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020a). Censo de Población y Vivienda 2020: Resultados sobre discapacidad en la población de 0 a 17 años. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020
3 Fundación UNAM. (s. f.). En México, 7 % de los niños sufre alteraciones del lenguaje. Fundación UNAM. https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/en-mexico-7-de-los-ninos-s ufre-alteraciones-del-lenguaje
4 Save the Children México. (s. f.). Barreras del aprendizaje. https://savethechildren.mx/barreras-del-aprendizaje/
5 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. (s. f.). Trastorno del desarrollo del lenguaje. National Institutes of Health. https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/trastorno-del-desarrollo-del-lengu aje
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.
Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y estatales a fortalecer la seguridad en cruces ferroviarios y garantizar la atención de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Atlacomulco, Estado de México, el 8 de septiembre de 2025, a cargo del diputado Iván Marín Rangel, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Iván Marín Rangel, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 8 de septiembre de 2025 se registró un lamentable accidente en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, en la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, cuando un tren de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) embistió a un autobús de pasajeros de dos pisos, de la línea “Herradura de Plata”, que había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, resultando varias personas fallecidas y decenas de lesionadas.
En los vídeos se observa cómo el autobús intentó ganar el paso al tren de carga, lo que ocasionó este accidente que a la fecha ha dejado 10 decesos y 56 lesionados. La gobernadora del Estado de México señaló en sus redes sociales que el accidente mantiene un saldo de 17 personas hospitalizadas.
En la zona del accidente solo había una señal de alto y no plumas de seguridad, lo que ha reavivado el debate sobre la falta de infraestructura en cruces ferroviarios. Testimonios señalan que el chofer habría intentado ganarle el paso al tren.1
Este suceso fue una muestra de lo importante que es contar con cruces ferroviarios y con infraestructura adecuada, con sistemas que funcionen de manera óptima y que garanticen la seguridad de los automovilistas y de las personas.
La puesta en marcha de un proyecto que redefina las señalizaciones y que asegure el buen funcionamiento de los sistemas en los cruces ferroviarios debe ser una prioridad, puesto que, con ello, se evitarían accidentes y se transitaría a un mayor estado de bienestar y seguridad.
Casos como estos no son aislados, el 30 de abril de este año, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, un camión tipo Torton fue impactado y arrastrado decenas de metros.2 En el mismo estado, en el municipio de García, ocurrió otro accidente entre un camión de pasajeros y un tren.3
En Saucillo, Coahuila, un camión de carga fue embestido por el tren, dejando dos personas fallecidas.4 En Irapuato, Guanajuato, una locomotora arrolló a tres vehículos y a una moto, dejando 6 personas fallecidas y una persona lesionada.5
Datos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) revelaron que, de enero a abril de 2024, los siniestros en el Sistema Ferroviario Mexicano aumentaron 55 por ciento anual, con un total de 576 eventos.6
Las entidades con mayor número de reportes de siniestros en enero de 2024 fueron:7
• Estado de México (12 reportes – 10.34 por ciento)
• Nuevo León (12 reportes – 10.34m por ciento)
• Chihuahua (11 reportes – 9.48 por ciento)
• Jalisco (10 reportes – 8.62 por ciento)
• Coahuila (9 reportes – 7.76 por ciento)
Entre enero y julio de 2024 se recibieron mil 41 reportes de siniestros, lo que significa un aumento de 42.02 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior, según datos de la ARTF consultados por el periódico Excélsior.8
Al respecto, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) señaló que, en 2023, se registraron en promedio unos 700 accidentes viales en los cruces de tren al año, contra autos y camiones, y aunque esta cifra fue de hace dos años, es una prueba de que los accidentes viales al año en cruces de tren tienen altos costos sociales y económicos.9
Estos accidentes se han convertido desde hace varios años en una problemática nacional que exige acciones concretas de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, así como con las concesionarias ferroviarias para robustecer los trabajos y garantizar la seguridad y la justicia de las víctimas y familias que se han visto afectadas.
La vulnerabilidad de la población frente a estos cruces ferroviarios, especialmente en las regiones del país que utilizan el transporte público diariamente y que su ruta lleva consigo trasladarse por esas zonas, representa un gran reto a nivel nacional. En México, la mayor cantidad de reportes de seguridad ferroviaria que se presentan en cruces a nivel corresponde a los arrollamientos de vehículo, representando el punto de mayor riesgo de colisión.
La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2017, Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2017, establece los señalamientos y dispositivos que deben instalarse, así como las disposiciones y los métodos de calificación que deben observarse para brindar seguridad a usuarios en los cruces a nivel de caminos, calles y carreteras con vías férreas, en ella también se establece que se debe indicar a los conductores de vehículos y a los peatones la aproximación o presencia de un equipo ferroviario en un cruce a nivel mediante señales luminosas, dispositivos audibles y barreras.
La reciente reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), como organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta agencia tendrá atribuciones de planeación, regulación, supervisión, construcción y modernización ferroviaria, por lo que esta nueva disposición permitirá fortalecer la seguridad de los cruces ferroviarios.
Como se ha señalado, la presente proposición con punto de acuerdo tiene el propósito de contribuir en la salvaguarda de las personas en los cruces ferroviarios, por ello, está formulada con un enfoque social que prioriza a las víctimas y sus familias, procurando que las autoridades federales y estatales actúen de manera coordinada para garantizar la justicia y la certeza jurídica, enfatizando la importancia de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta inmediata.
Es muy importante poner en marcha estrategias permanentes de mantenimiento de los sistemas de alerta y de seguridad, así como de la señalética de los cruces ferroviarios, ya que con ello se contribuye en gran medida a la seguridad de las personas.
Supervisar el buen funcionamiento de los sistemas en mención, permitirá alertar debidamente a peatones, conductores de camiones de pasajeros y de carga, así como de transporte público y de automovilistas, motociclistas y vehículos no motorizados sobre la proximidad de los trenes, lo cual significaría una estrategia de prevención de accidentes de gran utilidad.
Por otra parte, históricamente han existido en nuestro país grupos sociales que han quedado al margen de la justicia social, existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 por ciento de la población total de ese rango de edad10 en México.
En el 2020 se contabilizaron un total de 2.8 millones de hogares indígenas. Se identificó que en México había 7.3 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población hablante de lengua indígena fueron: Oaxaca (31.2 por ciento), Chiapas (28.2 por ciento), Yucatán (23.7 por ciento) y Guerrero (15.5 por ciento). Estas cuatro entidades acumularon 50.5 por ciento del total de hablantes de lengua indígena en el país.11
En el Estado de México, el año pasado se incorporaron 103 comunidades al listado de pueblos indígenas, para dar un total de 844 localidades como pueblos originarios mexiquenses dentro del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.12
Es en este contexto en que a la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación que la justicia ha comenzado a permear en la sociedad mexicana. Un ejemplo de ello son los programas sociales que han dado como resultado que en la actualidad existan 13.5 millones de mexicanas y mexicanos fuera de la pobreza.
En concreto, uno de los avances más importantes en materia de justicia, para las comunidades en comento fue la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual se reivindica a las culturas originarias como sujetos de derecho público ,13 lo cual es apenas un primer paso en el avance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es por eso que los esfuerzos legislativos de quien suscribe siempre estarán encaminados a fortalecer y cuidar el desarrollo y avance de sus derechos en plenitud, más aún cuando su insuficiente protección derive en hechos lamentables como lo es el referido en el presente documento.
No solo es prevenir y atender las causas de un siniestro de tránsito, también es importante darle seguimiento, toda vez que las secuelas emocionales pueden ser irreversibles. Diversas publicaciones señalan que algunas de las principales pueden ser:14
• Conmoción e incredulidad: Cuando alguien se ve implicado en un accidente de coche, puede que le cueste creer lo que ha ocurrido y le cueste procesar el suceso.
• Miedo y ansiedad: Después de un accidente de coche, una persona puede tener miedo de conducir o de ser pasajero en un coche. También puede preocuparse por su seguridad y la de sus seres queridos.
• Trastorno de estrés postraumático (TEPT): El TEPT es un trastorno mental que puede producirse después de haber sufrido un acontecimiento traumático. Los síntomas del TEPT incluyen recuerdos, pesadillas, ansiedad y depresión.
• Depresión: Un accidente de coche también puede hacer que una persona experimente sentimientos de tristeza, desesperanza y pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba.
• Lesiones físicas: Las lesiones físicas, especialmente los traumatismos craneoencefálicos, derivadas de un accidente de tráfico también pueden afectar la salud mental. El dolor crónico y la movilidad limitada pueden hacer que una persona se sienta frustrada y deprimida.
• Estrés financiero: Un accidente de coche también puede causar estrés financiero, que puede conducir a la ansiedad y la depresión.
Es obligación del Estado brindar salud a los habitantes en todos los ámbitos, tanto física como emocionalmente, pero además el Estado en su conjunto debe garantizar la justicia pronta y expedita, así como lo ha reafirmado la cuarta transformación de la mano del Partido Verde Ecologista de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a coordinar las acciones pertinentes con las empresas ferroviarias concesionarias y autoridades locales con el objetivo de que éstas implementen de manera inmediata las medidas de seguridad necesarias, incluyendo plumas automáticas, de señalización y alarmas permanentemente en los cruces ferroviarios para su correcta operación y mantenimiento.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los tres órdenes de gobierno para que, a través de sus órganos de justicia, se coordinen para coadyuvar entre sí a esclarecer los hechos que motivaron del incidente ferroviario del 8 de septiembre de 2025 en Atlacomulco, Estado de México.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fortalecer los protocolos de prevención y respuesta inmediata ante accidentes ferroviarios, garantizando que las mujeres, comunidades y pueblos originarios reciban atención prioritaria en caso de emergencias.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del Estado de México y a las dependencias correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, asegure la atención médica, psicológica y apoyo económico, así como el acceso a la justicia y certeza jurídica a las personas afectadas por los hechos ocurridos en el accidente ferroviario en Atlacomulco, Estado de México el 8 de septiembre de 2025.
Notas:
Véase en: “Accidente en Atlacomulco: dan de alta a 40 personas”, El Sol de Toluca, 10 de septiembre de 2025. Disponible en: https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/40-dados-de-alta-y-17-hospitaliz ados-tras-accidente-en-atlacomulco-25687305
2 Véase en: “Tren impacta camión y lo arrastra 50 metros en Salinas Victoria; hay un lesionado”, Arianna Sandoval, MVS Noticias, 30 de abril de 2025. Disponible en: https://mvsnoticias.com/nuevo-leon/2025/4/30/tren-impacta-camion-lo-arr astra-50-metros-en-salinas-victoria-hay-un-lesionado-690247.html
3 Véase en: “Revelan video del choque entre tren y camión urbano en García”, Kevin Mendoza, MVS Noticias, 8 de enero de 2025. Disponible en: https://mvsnoticias.com/nuevo-leon/2025/1/8/revelan-video-del-choque-en tre-tren-camion-urbano-en-garcia-672999.html
4 Véase en: “Identifican a las víctimas del choque entre camión y tren en Saucillo”, Impacto Noticias, 21 de marzo de 2025. Disponible en: https://impactonoticias.com.mx/saucillo/identifican-a-las-victimas-del- choque-entre-camion-y-tren-en-saucillo/
5 Véase en: “Locomotora en Irapuato Dejó Destrucción y Muerte a Su Paso: ¿Cómo Ocurrió el Accidente?”, N+, 9 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.nmas.com.mx/estados/locomotora-en-irapuato-dejo-destruccion -y-muerte-a-su-paso-como-ocurrio-el-accidente/
6 Véase en: “Aumentan 55% siniestros en trenes”, Saraí Cervantes, Reforma, 16 de julio de 2024. Disponible en: https://www.reforma.com/aumentan-55-siniestros-en-trenes/ar2841213
7 Véase en: “Pulso del Sistema Ferroviario Mexicano”, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, enero 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/906226/Pulso_Seguridad_E nero_2024_V02.pdf
8 Véase en: “Siniestros en las vías de tren suben 42%, ¿cuáles son los más frecuentes?”, Carla Martínez, Dinero en Imagen, 24 de septiembre de 2024. Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/actualidad/siniestros-en-vias-tren-suben -42-por-ciento-cuales-son-mas-frecuentes
9 Véase en: “Al año, registran alrededor de 700 accidentes viales en los cruces de tren”, Enrique Torres, El Heraldo de México, 17 de agosto de 2023. Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/edicion-impresa/2023/8/17/al-ano-registr an-alrededor-de-700-accidentes-viales-en-los-cruces-de-tren-530887.html
10 Véase en: Estadísticas a Propósito del día Internacional de los Pueblos Indígenas, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Pu eblosInd22.pdf septiembre 2025.
11 Ídem.
12 Véase en: Edomex incluye 103 comunidades a listado de pueblos indígenas. Alberto Dzib, 5 de junio de 2024. Disponible en: http://sistemamexiquense.mx/noticia/edomex-incluye-103-comunidades-list ado-pueblos-indigenas
13 Véase en: Decreto DOF. Reforma al artículo 2do de la Constitución en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947760/DOF-2024-09-30-VE S-SG.pdf septiembre 2025
14 Véase en: ¿Cómo afrontar el trauma de un accidente de tráfico: Guía para buscar ayuda?. Disponible en: https://personalinjuryatl.com/es/blog/car-accident-trauma septiembre de 2025.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.
Diputado Iván Marín Rangel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, a la GN y a las autoridades estatales a revisar y regular la instalación de retenes carreteros, a fin de garantizar la libertad de tránsito y prevenir abusos, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1, del artículo 6; y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La libertad de tránsito es un derecho humano consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que toda persona pueda circular libremente por el territorio nacional, sin más restricciones que las establecidas por la ley.
En diversas carreteras federales y estatales del país se han instalado retenes, filtros de revisión y puntos de control, tanto permanentes como temporales, con el supuesto objetivo de fortalecer la seguridad pública; sin embargo, múltiples testimonios ciudadanos y denuncias públicas advierten que en algunos de estos puntos se realizan detenciones arbitrarias, revisiones injustificadas y actos de intimidación.
De manera particular, se ha señalado que conductores con placas de entidades federativas distintas a las del territorio por donde transitan son detenidos con mayor frecuencia en accesos carreteros, particularmente en el Estado de México y la Ciudad de México, situación que genera un trato diferenciado, discriminatorio y contrario a los principios de igualdad y legalidad.
En el caso específico del tramo de la carretera federal 57 México-Querétaro, que atraviesa el Estado de México, se ha documentado la presencia de operativos y puntos de revisión de diversas corporaciones, respecto de los cuales usuarios, transportistas y automovilistas han manifestado su inconformidad por revisiones sin causa aparente, retrasos injustificados y presuntas prácticas de extorsión, sin que se informe con claridad en todos los casos sobre el fundamento legal del operativo.
Situaciones similares han sido denunciadas en otros tramos de la carretera federal 57, incluyendo los que atraviesan el territorio de San Luis Potosí y el estado de Nuevo León, así como en distintas vías del país, lo cual evidencia que el problema no es aislado, sino estructural, y requiere una atención integral y coordinada por parte de las autoridades competentes.
Los retenes que operan sin protocolos claros, sin identificación visible de los elementos participantes y sin mecanismos efectivos de supervisión no fortalecen la seguridad pública, sino que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y vulneran derechos humanos fundamentales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas para que revisen, regulen y transparenten la instalación, operación y fundamento legal de todos los retenes y puntos de control ubicados en carreteras federales y estatales del país, en particular en la carretera federal 57 México-Querétaro, garantizando el respeto irrestricto a la libertad de tránsito y a los derechos humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes para que investiguen y sancionen cualquier acto de extorsión, abuso de autoridad o discriminación cometido contra personas que transitan legalmente por el país, especialmente aquellas que portan placas de entidades federativas distintas a las del territorio por donde transitan.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes para que se implementen protocolos claros, visibles y homologados para la operación de retenes y filtros de revisión, así como mecanismos accesibles y seguros de denuncia ciudadana, que permitan erradicar prácticas indebidas y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.
Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en materia de salud y protección al consumidor, a fin de garantizar que la fecha de caducidad de los medicamentos sea accesible en sistema braille, legible y visible, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1, del artículo 6; y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La protección de la salud constituye un derecho humano reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone al Estado la obligación de implementar políticas públicas orientadas tanto a la atención médica como a la prevención de riesgos sanitarios, así como a garantizar el acceso a información clara y accesible para toda la población.
Los medicamentos son bienes de consumo esencial cuyo uso inadecuado puede generar consecuencias graves para la salud. En particular, el consumo de medicamentos caducos representa un riesgo sanitario, ya que pueden perder eficacia terapéutica, generar reacciones adversas o provocar el agravamiento de enfermedades, lo que deriva en consultas médicas, atención de urgencias e incluso hospitalizaciones que pudieron evitarse.
En la práctica cotidiana, la fecha de caducidad de los medicamentos suele presentarse en letras pequeñas, poco visibles o con escaso contraste, lo que dificulta su identificación, especialmente para personas adultas mayores y personas con discapacidad visual. Esta situación se agrava en el caso de las personas invidentes, quienes no cuentan con mecanismos accesibles que les permitan conocer de manera autónoma la vigencia del medicamento, viéndose obligadas a depender de terceros o a asumir riesgos innecesarios.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual el Estado mexicano es parte, establece la obligación de garantizar el acceso a la información en formatos accesibles, incluyendo el sistema Braille, con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la eliminación de barreras que limiten el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la salud.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud imponen a las autoridades sanitarias la responsabilidad de adoptar medidas que reduzcan riesgos y protejan a los grupos en situación de vulnerabilidad. Incorporar la fecha de caducidad en letras grandes, visibles y en sistema Braille no representa una carga desproporcionada para la industria farmacéutica, pero sí constituye una acción preventiva de alto impacto social, que contribuye a evitar daños a la salud y a reducir la saturación de los servicios hospitalarios.
Por lo anterior, resulta necesario que las autoridades competentes refuercen la vigilancia, supervisión y, en su caso, adecuen la normatividad aplicable a fin de garantizar que la información relativa a la fecha de caducidad de los medicamentos sea plenamente accesible para todas las personas, sin distinción. Bajo esta lógica, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que, en el ámbito de sus atribuciones:
a) Refuercen la supervisión y vigilancia de los medicamentos que se comercializan en el territorio nacional, a fin de que la fecha de caducidad sea visible, legible, en letras grandes y de alto contraste, y
b) Promuevan y, en su caso, actualicen la normatividad aplicable para que dicha información sea incorporada también en sistema Braille, garantizando el acceso a la información a las personas con discapacidad visual, como medida de prevención de riesgos sanitarios y protección a la salud pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.
Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y al IMSS-Bienestar a gestionar los recursos económicos y materiales urgentes, necesarios y suficientes para el adecuado funcionamiento y atención de las clínicas y hospitales del sector salud federal en Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Canturosas Villarreal, diputado federal a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar, a gestionar los recursos económicos y materiales urgentes, necesarios y suficientes para el adecuado funcionamiento y atención de las clínicas y hospitales del sector salud federal en Tamaulipas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La realidad de los hospitales públicos en Tamaulipas duele tanto como la enfermedad misma. No es solo el pasillo saturado o el olor a desinfectante; es el eco de un sistema que clama por auxilio desde sus cimientos. La necesidad de gestionar recursos económicos y materiales de manera urgente para rehabilitar y dar mantenimiento a las clínicas y hospitales del estado no es una petición burocrática ni un capricho administrativo: es una urgencia humanitaria que define si un tamaulipeco recibe una atención digna o si su salud se pierde en la precariedad de una infraestructura que ya no aguanta más.
En diversas zonas de Tamaulipas, los hospitales que alguna vez fueron el orgullo de la región hoy muestran las cicatrices de años de desatención. Paredes con humedad, techos que ceden ante las lluvias y sistemas de climatización que fallan justo cuando el termómetro exterior sube sin piedad son problemas recurrentes. No podemos hablar de bienestar colectivo si el entorno donde se busca la curación es, en sí mismo, un riesgo para los pacientes y para quienes ahí trabajan.
La falta de mantenimiento preventivo ha derivado en un desgaste físico que limita la capacidad de respuesta sanitaria. Un elevador descompuesto o una red eléctrica insegura no son “inconvenientes técnicos”; son barreras que vulneran directamente la posibilidad de brindar servicios oportunos y efectivos. Gestionar recursos suficientes significa entender que la infraestructura hospitalaria no es un gasto accesorio, sino un componente estratégico del derecho humano a la salud.
Si la infraestructura física está agotada, el equipamiento médico no se queda atrás. En Tamaulipas, muchos hospitales operan con aparatos obsoletos, lo que compromete la calidad de la atención. Contar con recursos materiales urgentes significa asegurar quirófanos funcionales, laboratorios actualizados y unidades de cuidados intensivos que realmente puedan responder a enfermedades crónicas o emergencias epidemiológicas.
Cuando un hospital carece de equipo moderno, la carga emocional y económica se traslada directamente al ciudadano. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz dependen de tener las herramientas adecuadas; por el contrario, la falta de inversión genera costos humanos y económicos mucho más elevados a largo plazo. Cada peso destinado a fortalecer estas instalaciones se traduce en mejores indicadores de salud y en una recuperación más rápida de las personas.
La salud no puede sostenerse con esfuerzos aislados; requiere de una política pública sostenida y de una gestión responsable de los recursos. El mantenimiento hospitalario no debe ser una acción esporádica o de “maquillaje”, sino el resultado de una planeación técnica con presupuestos etiquetados específicamente para ese fin.
Descuidar la prevención solo conduce a fallas mayores, cierres temporales de servicios y gastos extraordinarios que terminan afectando a los más vulnerables.
Invertir en nuestras clínicas es apostarle a la productividad y al bienestar de todos. Tamaulipas merece hospitales que funcionen de manera eficiente, donde el equipo médico sea moderno y las instalaciones sean seguras.
Cuidar la salud de los tamaulipecos es el deber más sagrado de la administración pública, y para lograrlo, primero debemos curar el lugar donde se salva la vida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar, a gestionar los recursos económicos y materiales urgentes, necesarios y suficientes para el adecuado funcionamiento y atención de las clínicas y hospitales del sector salud federal en Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)