Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar los estudios pertinentes y ejecutar la construcción de puentes peatonales con accesibilidad universal, en la zona de la Noria de Septién, en León, Guanajuato, a cargo del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al tenor siguiente:

Consideraciones

La seguridad vial es un componente fundamental para garantizar el derecho de las personas a transitar de manera segura por vías y espacios públicos, sin exposición innecesaria a riesgos y accidentes. La ausencia de infraestructura adecuada para el cruce seguro de peatones en vialidades como el paso de ferrocarriles, representan un riesgo permanente de accidentes, particularmente para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores que transitan diariamente por estas zonas.

En el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece la accesibilidad universal y movilidad urbana que respete la prioridad del desplazamiento peatonal.

Derivado de lo anterior, en la zona conocida como La Noria de Septién, ubicada en el municipio de León Guanajuato, se ha identificado un problema de circulación peatonal, derivada del crecimiento urbano y de la conexión con zonas habitacionales, comerciales e industriales. Diversas zonas periféricas y de expansión, así como comunidades conectadas por vialidades de tránsito continuo, generan condiciones donde los peatones se ven obligados a cruzar puntos de alto riesgo, derivado del paso ferroviario.

Por su parte, el cruce ferroviario en esta área y sus inmediaciones es considerado peligroso, con reportes de recientes atropellamientos, y se han registrado accidentes relacionados con el paso del tren. En este 2026 ya se registró la muerte de un hombre al ser arrollado por el tren en la Noria de Septién, ocurriendo los primeros días de este año. Esta zona es considerada como punto crítico de riesgo peatonal, ya que el tren cruza por una zona de alta densidad vehicular y peatonal.

A lo largo de un tramo aproximado de cinco kilómetros, en la Noria de Septién, no se cuenta con infraestructura peatonal suficiente que garantice cruces seguros, lo que ha generado condiciones de vulnerabilidad y riesgo para la población que diariamente utiliza esta vialidad. Además, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece obligaciones para garantizar la inclusión efectiva mediante [...] la accesibilidad de la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos.

Resulta indispensable que las autoridades competentes realicen los estudios técnicos necesarios para determinar la cantidad, ubicación y características de los puentes peatonales que sean necesarios y suficientes, atendiendo los principios de movilidad y seguridad vial, establecidos en el artículo 4 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como la accesibilidad universal, movilidad sustentable, iluminación, señalización y prevención de accidentes.

Por lo que la inversión en infraestructura peatonal no solo salva vidas, sino que contribuye a una movilidad más ordenada, incluyente y segura, alineada con los principios de desarrollo urbano sostenible y con la obligación del Estado de proteger la integridad física de las personas. El enfoque moderno de movilidad coloca al peatón en el centro: donde hay una vialidad con alta velocidad como lo es el ferrocarril, y donde existe tránsito peatonal constante para acceder a vivienda, escuela, trabajo, transporte público o comercio. La autoridad debe asegurar cruces seguros, previsibles y accesibles; de lo contrario, se normaliza el riesgo y se incrementa la probabilidad de hechos lamentables.

Por lo anteriormente vertido, la presente proposición con punto de acuerdo, no se limita a construir puentes, sino a garantizar que se cumplan medidas necesarias para la protección de peatones y prevención de accidentes, tales como:

- Accesibilidad universal: rampas con pendientes adecuadas, descansos, barandales, superficie antideslizante o soluciones de accesibilidad equivalentes.

- Iluminación suficiente: diseño con visibilidad para evitar los denominados “puntos ciegos”.

- Señalización horizontal y vertical previa y posterior al cruce, para inducir la reducción de velocidad y ordenar el tránsito.

- Conectividad peatonal: integración con banquetas continuas y cruces seguros hacia paradas de transporte, escuelas, servicios y centros de trabajo.

- Seguridad: condiciones que reduzcan riesgo de delitos (iluminación, mantenimiento, vigilancia y entornos limpios).

Lo anterior, es consistente con el principio rector de accesibilidad y con la obligación del Estado de prevenir riesgos en la movilidad cotidiana. A nivel estatal, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios reconoce principios rectores como la accesibilidad en la movilidad de peatones, seguridad vial, infraestructura carretera e infraestructura vial, establecidos en el artículo 4 de la ley.

Cabe señalar que por su ubicación geográfica, León Guanajuato es un punto estratégico en la red ferroviaria de carga, ya que conecta con rutas importantes desde y hacia el centro, norte y occidente del país, incluidos enlaces hacia terminales multimodales. La zona de Noria de Septién se ubica dentro del municipio de León y se encuentra atravesada por estas vías de ferrocarril que forman parte del corredor de carga.

El transporte ferroviario genera que la población cruce entre los vagones derivado de la falta de infraestructura como puentes peatonales seguros, como se muestra en las siguientes imágenes:

En el mismo sentido, se anexa mapa de geolocalización de la zona Noria de Septién, en León Guanajuato, donde se requieren puentes peatonales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales, en el marco de sus atribuciones, a realizar los estudios pertinentes y ejecutar la construcción de puentes peatonales con accesibilidad universal, en la zona de La Noria de Septién, en León Guanajuato, para la protección de peatones, garantizando cruces seguros sobre ferrocarriles para que, en el ámbito de sus respectivas competencias

1. Realicen los estudios técnicos, de movilidad y seguridad vial necesarios para determinar la viabilidad de la construcción de puentes peatonales en la zona conocida como La Noria de Septién en León Guanajuato, en un tramo aproximado de cinco kilómetros, con el fin de identificar puntos críticos de cruce peatonal y riesgo de atropellamiento.

2. Determinen el número de puentes peatonales necesarios y suficientes, así como su ubicación estratégica, con el objetivo de garantizar la protección de peatones y la prevención de accidentes, priorizando los puntos de mayor flujo peatonal y mayor riesgo.

3. Aseguren que dichos puentes cuenten con medidas de accesibilidad universal, incluyendo rampas, señalización horizontal y vertical, iluminación adecuada y condiciones estructurales que garanticen su uso seguro, con conectividad peatonal efectiva.

4. Establezcan mecanismos de seguimiento, considerando un plan de mantenimiento y operación, para asegurar condiciones seguras y funcionales permanentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a asumir de manera prioritaria y verificable la responsabilidad del estado en la búsqueda de personas desaparecidas, mediante el fortalecimiento operativo y presupuestal de las acciones de búsqueda en vida, en campo y de identificación forense, el establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación con los colectivos de madres buscadoras que garanticen su participación informada y libre de revictimización, a cargo del diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, a la Fiscalía del Estado y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, asuman de manera prioritaria y verificable la responsabilidad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, mediante el fortalecimiento operativo y presupuestal de las acciones de búsqueda en vida, en campo y de identificación forense; el establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación con los colectivos de madres buscadoras que garanticen su participación informada y libre de revictimización.

Consideraciones

Lamentablemente, la desaparición de personas es una de las expresiones más dolorosas del deterioro del Estado de derecho en nuestro país, tan solo en 2025 el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 137 mil 920 solicitudes de apoyo relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas en México, cifra que representa un incremento significativo respecto de 2023 y 2024, cuando se registraron alrededor de 119 mil peticiones, lo que no solo dimensiona la gravedad del problema, sino que evidencia la creciente presión que enfrentan las instituciones responsables de garantizar la seguridad y los derechos humanos.

En el estado de Jalisco esta realidad ha marcado profundamente a cientos de familias, obligando a madres, padres y familiares a convertirse en buscadores, no por decisión propia, sino por la necesidad urgente de encontrar a sus seres queridos ante la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades; de esta dolorosa circunstancia surgen los colectivos de madres buscadoras, quienes no solo enfrentan la ausencia de un hijo o una hija, sino también la indiferencia, la burocracia y, en muchos casos, el abandono institucional, y que, a pesar de ello, persisten con una profunda vocación de verdad y justicia, realizando una labor que corresponde primordialmente al Estado, impulsadas por un amor que se niega a rendirse.

Un ejemplo de esta realidad es el Colectivo Manos Buscadoras, acompañado por otros grupos de búsqueda, que el pasado mes de noviembre informó el hallazgo de al menos 400 bolsas con presuntos restos humanos en un predio del municipio de Zapopan; las propias integrantes difundieron un video en el que se observa cómo, con palas y herramientas básicas, remueven la tierra con sus propias manos, y en el que expresaron: “Encontramos más de 400 bolsas con pedacitos de nuestros hijos, es tanta la muerte que podríamos estar caminando sobre nuestros niños sin saberlo”, palabras que reflejan el desgaste, el dolor y la soledad con los que realizan su labor mientras la crisis de desapariciones persiste en el Estado.

Por ello, Acción Nacional, desde una visión humanista, sostiene que la dignidad de la persona debe ser el centro de toda acción pública y que el derecho a ser buscado, así como el derecho de las familias a la verdad, no son concesiones, sino obligaciones ineludibles del Estado, pues la búsqueda de personas desaparecidas no puede recaer en el sufrimiento de las madres ni depender de su capacidad de resistencia, siendo indispensable fortalecer las instituciones, garantizar la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y brindar un acompañamiento digno a las víctimas para recuperar la confianza ciudadana y avanzar, con responsabilidad y humanidad, hacia la verdad y la justicia. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, a la Fiscalía del estado y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, asuman de manera prioritaria y verificable la responsabilidad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, mediante el fortalecimiento operativo y presupuestal de las acciones de búsqueda en vida, en campo y de identificación forense; el establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación con los colectivos de madres buscadoras que garanticen su participación informada y libre de revictimización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero del 2026.

Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a realizar una auditoría integral de cumplimiento normativo sobre la plantilla de personal extranjero que labora en puestos de toma de decisiones, estratégicos y técnicos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de verificar la observancia estricta del artículo 123, apartado B, constitucional y los artículos 7 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Asael Hernández Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, realice una auditoría integral de cumplimiento normativo sobre la plantilla de personal extranjero que labora en puestos de toma de decisiones, estratégicos y técnicos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de verificar la observancia estricta del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

El trabajo es un derecho humano fundamental, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que define al trabajo como “conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”.1

Nuestra Constitución, en su artículo 123, garantiza que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, obligando al Estado a promover la creación de empleos conforme a la ley.

Existe un marco jurídico que otorga certeza a los mexicanos para acceder a empleos remunerados tanto en el sector público como privado. Sin embargo, a pesar de las reformas laborales, persiste un reto para garantizar plazas a profesionales nacionales en áreas estratégicas.

En México, es complicado conseguir trabajo que sea bien remunerado. Aunque se han realizado varias reformas a la Constitución y a las leyes secundarias en materia laboral, aún no se ha garantizado el trabajo a los mexicanos.

Se ha detectado la presencia de personal de origen extranjero en puestos de toma de decisiones y áreas técnicas de alta sensibilidad, como en la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, en el sector Salud, se han reportado convenios para la incorporación de miles de médicos extranjeros en diversas entidades federativas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de sus contratos y los costos de manutención.

Como es de conocimiento público, el caso de Marx Arriaga, ahora extitular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien diseñó los polémicos Nuevos Libros de Texto Gratuitos, llevó al límite la inconformidad por su remoción del cargo y se atrincheró en su oficina ubicada en Avenida Universidad 1200, negando dejar el cargo público denostando y pasando lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes en materia de Trabajo y de Servidores Públicos.

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una reserva clara: ciertos cargos y funciones requieren ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Esta protección de la administración pública busca salvaguardar la soberanía y evitar injerencias externas en la política pública.

Adicionalmente, el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo estipula que el patrón debe emplear al menos un 90 por ciento de trabajadores mexicanos. En categorías técnicas y profesionales, la contratación de extranjeros es excepcional, temporal y conlleva la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en dicha especialidad, mandato que debe verificarse rigurosamente en la administración pública.

No estamos en contra de los extranjeros, estamos a favor de los profesionistas mexicanos. Exigimos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informe a la opini&oacue;n pública, por qué, teniendo talento nacional de sobra, este gobierno prefiere contratar fuera lo que ya tenemos en casa.

Miles de mexicanos pueden tener esos lugares para poder trabajar en el gobierno federal o en alguna institución del gobierno, no le interesa el pueblo mexicano y no confía en las capacidades técnicas e intelectuales de los mexicanos en esos lugares estratégicos del sector gobierno.

Resulta imperativo que el Estado priorice a la fuerza laboral nacional, especialmente ante la demanda de plazas por parte de jóvenes especialistas y residentes médicos titulados en el país. Por ello, el presente punto de acuerdo busca garantizar la justicia social mediante la revisión técnica de la plantilla laboral extranjera y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, realice una auditoría integral de cumplimiento normativo sobre la plantilla de personal extranjero que labora en puestos de toma de decisiones, estratégicos y técnicos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de verificar la observancia estricta del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7 y 8 de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Se solicita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un informe detallado a la opinión pública, sobre la contratación del personal extranjero en la presente administración, que incluya la justificación técnica de su idoneidad frente a la oferta de profesionales nacionales, el cumplimiento de los programas de capacitación para mexicanos en sus áreas de especialidad y la transparencia en las remuneraciones y convenios internacionales correspondientes.

Nota

1 Organización Internacional del Trabajo, 2026, definición de trabajo, consultado en la página Web: https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2026.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

Las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a realizar una evaluación técnica y pedagógica independiente de los libros de texto gratuitos elaborados bajo la coordinación de Marx Arriaga Navarro y, en su caso, retirar de circulación aquellos que presenten inconsistencias o deficiencias acreditadas, garantizando en todo momento el derecho a la educación previsto en el artículo 3o. constitucional, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, asegurando la calidad de la enseñanza y el máximo logro de aprendizaje de las y los educandos.1 Asimismo, dispone que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la comunidad.

Asimismo, la Ley General de Educación reconoce los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela, incluyendo el derecho de las madres y los padres de familia a participar de manera activa y corresponsable en el proceso educativo de sus hijas e hijos, a conocer los planes y programas de estudio, así como a emitir opinión y colaborar con las autoridades escolares en los asuntos relacionados con la educación.2 Esta participación, prevista en la legislación secundaria, fortalece el principio de corresponsabilidad social sin menoscabo de la rectoría del Estado en materia educativa.

Dicha legislación también prevé mecanismos formales de participación social en la educación, entre ellos los Consejos de Participación Escolar, en los que se integran madres y padres de familia, docentes y directivos, con el propósito de fortalecer la calidad educativa, la corresponsabilidad y la vinculación entre la escuela y la comunidad.3 Estos órganos constituyen instrumentos institucionales para la colaboración social en el ámbito educativo.

La educación constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional y es condición indispensable para el ejercicio pleno de otros derechos humanos. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, asegurando el máximo logro de aprendizaje de las y los educandos, y que los materiales y métodos educativos deberán contribuir al desarrollo integral de las personas.4

En este contexto, los libros de texto gratuitos (LTG) constituyen una herramienta central de la política educativa nacional, ya que son distribuidos de manera universal en educación básica a través de la Comisión Nacional de libros de texto gratuitos (Conaliteg),5 impactando directamente en la formación académica, cívica y ética de millones de estudiantes en todo el país. En consecuencia, su contenido debe sustentarse en criterios pedagógicos verificables, rigor científico y congruencia constitucional, garantizando objetividad, pluralidad y apego al marco jurídico vigente.

No obstante, diversos análisis académicos, organizaciones civiles y medios de comunicación de circulación nacional han señalado posibles deficiencias técnicas, inconsistencias conceptuales y debates en torno al enfoque pedagógico de los libros de texto gratuitos elaborados durante la coordinación de Marx Arriaga Navarro.6 Entre los aspectos señalados se encuentran cuestionamientos sobre la organización de contenidos, el tratamiento de áreas como matemáticas y ciencias, así como el equilibrio entre formación académica y enfoques socioculturales.7

Aunado a ello, se ha cuestionado la amplitud y transparencia del proceso de elaboración de los materiales, particularmente en lo relativo a la consulta y participación de la comunidad educativa.8 Tales señalamientos adquieren relevancia a la luz de la Ley General de Educación, la cual reconoce la corresponsabilidad de madres y padres de familia en el proceso educativo y su derecho a participar, conocer y opinar sobre los planes y programas de estudio.9

De manera reciente, diversos medios nacionales informaron sobre la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, en el contexto del inicio de la nueva administración federal.10 De acuerdo con declaraciones públicas, la separación del cargo estuvo vinculada a diferencias respecto a la posibilidad de realizar ajustes o modificaciones a los libros de texto gratuitos.11 Este hecho reviste relevancia institucional, pues abre la oportunidad para revisar de manera técnica y transparente los materiales educativos actualmente en circulación, fortaleciendo los mecanismos de evaluación, participación social y mejora continua conforme al artículo 3º constitucional.

Las madres, los padres de familia y tutores desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral de sus hijas e hijos y constituyen actores corresponsables en el proceso educativo. La legislación educativa reconoce su participación como un elemento que fortalece la calidad del servicio público de educación, la detección oportuna de áreas de mejora y la vinculación entre la escuela y la comunidad.

La Ley General de Educación establece que quienes ejercen la patria potestad o tutela tienen derecho a conocer los planes y programas de estudio, a participar en el proceso educativo y a colaborar con las autoridades escolares. Asimismo, prevé mecanismos formales de participación social, como los Consejos de Participación Escolar, integrados por madres y padres de familia, docentes y directivos, cuyo objeto es fortalecer la colaboración social en cada plantel de educación básica.12

Por tanto, la elaboración de los libros de texto gratuitos debe derivar de un proceso transparente, técnicamente sólido y con participación social efectiva, en el que las madres, padres de familia y tutores puedan conocer, opinar y contribuir a la mejora continua de los contenidos educativos, conforme a lo previsto en la Ley General de Educación.13 Esta participación fortalece la corresponsabilidad social sin sustituir la rectoría del Estado en materia educativa.

México requiere un modelo educativo moderno, integral y centrado en el desarrollo pleno de la persona, que promueva competencias científicas y tecnológicas, pensamiento crítico y formación ciudadana democrática, en concordancia con el artículo 3º constitucional. En ese sentido, resulta necesario establecer mecanismos de evaluación técnica independiente de los libros de texto gratuitos actualmente en circulación y, en caso de acreditarse deficiencias sustantivas, implementar medidas correctivas proporcionales que garanticen el derecho a la educación y el máximo logro de aprendizaje de las y los educandos.

Asimismo, se estima pertinente impulsar un proceso renovado de diseño editorial que incorpore a especialistas en pedagogía, ciencias y desarrollo infantil, docentes frente a grupo y familias, bajo principios de transparencia, pluralidad, rigor pedagógico, evidencia científica verificable y rendición de cuentas.14 Dicho proceso deberá garantizar que los contenidos sean acordes a la edad y etapa de desarrollo de las niñas y los niños, con pertinencia curricular y claridad didáctica, en estricto apego al artículo 3º constitucional y al principio del máximo logro de aprendizaje, fortaleciendo la calidad de los materiales educativos sin afectar la continuidad del servicio público educativo.

En virtud de lo expuesto, y con el fin de dar cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales en materia educativa y de participación social, se presenta a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a:

a) Ordenar la realización de una evaluación técnica y pedagógica independiente respecto de los libros de texto gratuitos elaborados bajo la coordinación de Marx Arriaga Navarro, a efecto de verificar su pertinencia, calidad, congruencia curricular y apego al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación; y, en caso de acreditarse deficiencias sustantivas mediante dictamen fundado y motivado, retirar de circulación aquellos materiales que no cumplan con los estándares constitucionales y legales aplicables, garantizando en todo momento la sustitución oportuna de los mismos y la continuidad del servicio educativo, en protección del derecho a la educación y del principio del máximo logro de aprendizaje.

b) Iniciar un proceso renovado de diseño y elaboración de materiales educativos para educación básica, asegurando la participación activa, plural y transparente de especialistas en pedagogía, docentes frente a grupo, académicos y organizaciones de la sociedad civil, así como de madres y padres de familia a través de los mecanismos de participación social previstos en la Ley General de Educación y los Consejos de Participación Escolar.

c) Garantizar que los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos se fundamenten en evidencia científica verificable, rigor pedagógico, pertinencia acorde a la edad y etapa de desarrollo de las niñas y los niños, promuevan el pensamiento crítico y la formación ciudadana democrática, y sean congruentes con los principios y valores establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o., reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, texto vigente. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Ley General de Educación, artículos 128, 129 y 130, relativos a los derechos y obligaciones de madres y padres de familia, así como a los mecanismos de participación social en la educación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, texto vigente. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

3 Ley General de Educación, artículos 131 a 134, relativos a los mecanismos de participación social en la educación y la integración de Consejos de Participación Escolar. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, texto vigente. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

4 DOF, Reforma educativa publicada el 15 de mayo de 2019:https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=1 5/05/2019

5 Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de libros de texto gratuitos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1959. Disponible en:https://www.dof.gob.mx/index_113.php?day=13&month=02&year=19 59

6 El País, “La polémica por los nuevos libros de texto de la SEP marca el arranque del nuevo ciclo escolar en México”, 28 de agosto de 2023. Disponible en:https://elpais.com/mexico/2023-08-28/la-polemica-por-los-nuevos-libr os-de-texto-de-la-sep-marca-el-arranque-del-nuevo-ciclo-escolar-en-mexi co.html

7 El Financiero, “SEP se queda sin libros; jueza otorga suspensión definitiva contra impresión”, 26 de mayo de 2023. Disponible en:https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/05/26/sep-se-queda-sin -libros-jueza-otorga-suspension-definitiva-contra-impresion/

8 Educación Futura, “Las paginitas de matemáticas en los nuevos libros de texto”, 7 de agosto de 2023. Disponible en:https://www.educacionfutura.org/las-paginitas-de-matematicas-en-los- nuevos-libros-de-texto/

9 Ley General de Educación, artículos 128 a 131, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, texto vigente. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

10 El País, “Sheinbaum sobre la destitución de Marx Arriaga: ‘No estaba de acuerdo en que hubiera modificaciones a los libros de texto’”, 16 de febrero de 2026. Disponible en:https://elpais.com/mexico/2026-02-16/sheinbaum-sobre-la-destitucion- de-marx-arriaga-no-estaba-de-acuerdo-en-que-hubiera-modificaciones-a-lo s-libros-de-texto.html

11 La Jornada, “Marx Arriaga rechazó los puestos que se le ofrecieron, dice Delgado”, 15 de febrero de 2026. Disponible en:https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/15/politica/marx-arriaga- rechazo-los-puestos-que-se-le-ofrecieron-dice-delgado

12 Lineamientos Generales para la Constitución y Funcionamiento de los Consejos de Participación Escolar en la Educación Básica, Secretaría de Educación Pública. Disponible en:
https://consejosescolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/333/1/images/Acuerdo%20Nuevo.pdf

13 Ley General de Educación, artículos 128 a 134, relativos a la participación de madres y padres de familia y a los mecanismos de participación social. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, texto vigente.https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

14 Ley General de Educación, artículos 22, 28 y 113, que establecen la obligación de garantizar calidad educativa y mejora continua en los materiales y procesos educativos. Cámara de Diputados, texto vigente.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de febrero de 2026.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a informar de manera clara a la opinión pública, completa y transparente sobre la crisis nacional de sarampión, a implementar campañas urgentes de vacunación y a explicar las causas del recorte presupuestal al Programa Nacional de Vacunación, a cargo de la diputada Verónica Pérez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal suscrita, Verónica Pérez Herrera, así como las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Secretaría de Salud; y a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del organismo público descentralizado IMSS Bienestar, a informar de manera clara, completa y transparente sobre la crisis nacional de sarampión, a implementar campañas urgentes de vacunación y a explicar las causas del recorte presupuestal al Programa Nacional de Vacunación, conforme a las siguientes

Consideraciones

México enfrenta actualmente una crisis nacional de salud pública derivada del brote de sarampión que, por su magnitud, dispersión territorial y afectación a la población infantil, exige una respuesta inmediata, coordinada, transparente y eficaz por parte del Estado mexicano.

De acuerdo con información oficial al corte del 6 de febrero de 2026, los 32 estados del país han notificado casos de sarampión, distribuidos en al menos 305 municipios, lo que confirma la existencia de un brote de carácter nacional. Desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se han reportado 21,715 casos probables de enfermedad febril exantemática, de los cuales 8,575 han sido confirmados como sarampión, mientras que 3,366 permanecen en estudio, reflejando un preocupante rezago en los procesos de diagnóstico, clasificación y toma de decisiones epidemiológicas.

La gravedad de esta crisis se manifiesta de manera alarmante en la niñez. Los grupos más afectados corresponden a niñas y niños de 1 a 4 años, con 1,290 casos confirmados, y de 5 a 9 años, con 1,039 casos, mientras que la incidencia más alta se registra en menores de un año, con una tasa de 49.57 casos por cada 100,000 habitantes. Esta situación evidencia fallas estructurales en la cobertura y oportunidad del esquema nacional de vacunación.

Las consecuencias ya son irreversibles para decenas de familias. Entre 2025 y 2026 se han registrado 27 defunciones asociadas al sarampión en seis estados del país, destacando Chihuahua con 21 fallecimientos, seguido de Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán y Tlaxcala. Cada una de estas muertes representa no solo una tragedia humana, sino también un fracaso del sistema público de prevención.

Resulta particularmente grave que esta crisis ocurra en un contexto de debilitamiento presupuestal y operativo del Programa Nacional de Vacunación. De acuerdo con el análisis del gasto público del programa presupuestario E036, la Secretaría de Salud ejerció únicamente el 29.4 por ciento del presupuesto autorizado por esta soberanía entre 2022 y 2025, lo que explica, en buena medida, el deterioro de la infraestructura, la reducción de brigadas, el abandono de campañas permanentes y la caída sostenida en la cobertura de vacunación.

A ello se suman los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, que identifican problemas estructurales persistentes, tales como la falta de seguimiento adecuado a la red de frío, el bajo desempeño del personal, la ausencia de actividades permanentes de vacunación y la escasa participación comunitaria. Estas deficiencias han debilitado la capacidad del Estado para prevenir brotes y responder oportunamente ante emergencias sanitarias.

La combinación de recortes presupuestales, deficiencias operativas y ausencia de una estrategia nacional clara ha convertido un problema prevenible en una crisis nacional. El sarampión, una enfermedad controlada durante décadas gracias a la vacunación sistemática, ha regresado con fuerza, poniendo en riesgo la vida de miles de niñas y niños.

Frente a esta realidad, resulta inaceptable la falta de información clara, accesible y actualizada hacia la sociedad. La ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real del brote, las acciones emprendidas, las metas de vacunación, la disponibilidad de biológicos, los mecanismos de seguimiento y las razones que explican el debilitamiento del programa nacional de vacunación.

La transparencia, la rendición de cuentas y la acción inmediata no son opcionales cuando está en juego la salud pública. México necesita una estrategia nacional urgente, con metas semanales, responsables identificables, cobertura territorial completa y un enfoque prioritario en la infancia.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a informar a la opinión pública de manera clara, detallada sobre la estrategia nacional para el control, contención y erradicación del brote de sarampión, incluyendo metas semanales de vacunación, cobertura territorial, asignación de recursos, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación permanente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a presentar un informe a la opinión pública y desagregado sobre la situación epidemiológica del sarampión, el rezago existente en los casos en estudio, la capacidad diagnóstica de los laboratorios, los tiempos máximos de confirmación y las acciones implementadas para abatir de manera inmediata el rezago de 3,366 casos pendientes de clasificación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del organismo público descentralizado IMSS Bienestar a implementar, de manera inmediata, campañas extraordinarias, masivas y focalizadas de vacunación y control de sarampión, con especial énfasis en niñas y niños menores de un año y en los grupos de 1 a 9 años, priorizando las entidades federativas y municipios con mayor transmisión.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a informar a la opinión pública de manera transparente las razones técnicas, administrativas y presupuestales por las cuales, entre 2022 y 2025, se ejerció únicamente el 29.4 por ciento del presupuesto autorizado para el Programa Nacional de Vacunación, así como a detallar las acciones correctivas para garantizar el abasto oportuno, la suficiencia de personal, la operación continua de brigadas y la cobertura universal.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno Federal a fortalecer de manera inmediata la red de frío, los mecanismos de supervisión, la capacitación del personal de salud y las estrategias de participación comunitaria, con el objetivo de prevenir nuevos brotes y garantizar el derecho a la salud de la población.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a establecer un esquema de rendición de cuentas semanal ante la opinión pública, que permita conocer los avances reales en vacunación, la reducción de casos, la disminución del rezago diagnóstico y el control efectivo de la transmisión comunitaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2026.

Diputada Verónica Pérez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular de la FGR a investigar y perseguir delitos del orden federal, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), órgano autónomo, responsable de investigar y perseguir delitos del orden federal, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En el libro publicado denominado “Ni venganza ni perdón”, el entonces Consejero Jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Julio Scherer Ibarra, relata que durante el sexenio anterior, estuvo marcado por intrigas, vendettas personales y funcionarios que, de acuerdo con su testimonio, traicionaron la confianza de AMLO y manipularon el poder para fines propios.1

Dentro de las acusaciones descritas, se señala al ex fiscal Alejandro Gertz Manero y el senador Adán Augusto López Hernández, asimismo, al coordinador de asesores Jesús Ramírez Cuevas, el subsecretario de Salud durante la pandemia por Covid-19, Hugo López-Gatell y a la exministra Olga Sánchez Cordero.2

De acuerdo con las acusaciones hechas por Scherer se describe a continuación lo siguiente:

1. “Alejandro Gertz Manero: Hoy embajador de México en Reino Unido, es retratado como el principal antagonista. Scherer lo acusa de utilizar la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar venganzas personales y extorsiones políticas. Scherer relata que Gertz llegó a la Fiscalía por sugerencia de él y Alfonso Durazo. El exconsejero jurídico afirma en su libro que ese nombramiento le “avergüenza”.

El conflicto entre Gertz y Scherer Ibarra estalló, según la versión del exconsejero, cuando Gertz lo acusó de orquestar una campaña mediática en su contra a través de la revista Proceso, relacionada con el pleito legal que el fiscal tenía contra su familia política.

Así, Scherer organizó una reunión entre Gertz y el director de Proceso, Jorge Carrasco, para demostrar que él no intervenía en la línea editorial. En esa reunión, Gertz lanzó una amenaza directa, según el libro: “Mire, Julio, usted tenía una opción: podía optar por tener fiscal amigo o tener fiscal enemigo, y usted optó”.

Tras la ruptura, Scherer Ibarra acusa que el entonces fiscal ofreció un criterio de oportunidad al abogado Juan Collado a cambio de que denunciara al exconsejero.” (Sic).3

2. “Jesús Ramírez Cuevas: El exvocero presidencial y hoy coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum es descrito como el operador de un “grupo radical” que cercó a López Obrador, filtrando información sesgada para aislarlo de voces moderadas. “Si el fiscal Gertz Manero estuvo detrás de la persecución jurídica, fueron personajes como Jesús Ramírez, Olga Sánchez Cordero, Javier Corral y algunos otros los que alimentaron los embates mediáticos. Ninguna de sus imputaciones contenía más que dolosas conjeturas. Todas se sustentaban en los inventos de la FGR, en carpetas de investigación que, una tras otra, fracasaron estrepitosamente en su intento por lastimarme a mí y a mi familia”, sostiene.

Scherer Ibarra también lo acusa de manipular las conferencias “mañaneras”, seleccionando temas y preguntas a modo para inducir al presidente a atacar a enemigos personales de Ramírez o del grupo que coordinaba. De igual forma, lo relaciona con Sergio Carmona, el llamado “Rey del Huachicol”. (Sic)4

3. “Manuel Bartlett: Al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el sexenio de AMLO, lo califica de mentiroso y responsable del estancamiento del sector eléctrico por razones puramente ideológicas. Lo acusa de engañar al presidente sobre la capacidad de la CFE, provocando la falta de inversión privada y los actuales déficits de energía. Además, señala su aparente necedad en el caso de la planta de Chicoasén, que costó al Estado 300 millones de dólares en un arbitraje, y de provocar conflictos innecesarios con empresas de gasoductos que casi derivan en crisis diplomáticas y económicas.

Scherer apunta que Bartlett amenazó de muerte a su padre, Julio Scherer García, en el pasado, lo que hacía imposible una buena relación”. (Sic)5

4. “Hugo López-Gatell: El exsubsecretario de Salud es señalado en el libro de desestimar criterios científicos para complacer a López Obrador, provocando miles de muertes evitables durante la pandemia de SARS-CoV-2 o Covid-19.

En la Secretaría de Salud había un personaje que hizo mucho daño: Hugo López-Gatell. No solo comenzó a controlar la relación entre la Secretaría de Salud y las demás dependencias públicas, sino que también se adueñó de la Cofepris. Entonces no había laboratorio que pudiera obtener rápido sus autorizaciones. Era un sistema de retrasos, de ineficiencia espantosa“, dice el exconsejero”. (Sic)6

5. “Olga Sánchez Cordero: Scherer Ibarra acusa a Sánchez Cordero de ser parte de un grupo que buscaba afectarlo y cuenta que la exsecretaria de Gobernación le entregó al entonces presidente López Obrador una lista de supuestos negocios privados y conflictos de interés de Scherer, acusándolo de llevar asuntos particulares al margen del gobierno para obtener dinero.

El exconsejero narra que buscó a AMLO para clarificar con Sánchez Cordero lo expuesto en el documento, pero el entonces mandatario federal habría desestimado el asunto calificándolo de “chismes. El libro también relata desacuerdos entre Sánchez Cordero y Scherer Ibarra por definir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras Scherer apoyaba a Arturo Zaldívar, Sánchez Cordero impulsaba al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.” (Sic)7

6. “Adán Augusto López Hernández: Es descrito como un político que gobernó Tabasco “a su antojo” y cuya gestión en la Secretaría de Gobernación (Segob) careció de la eficacia política necesaria para resolver conflictos internos graves.

El tabasqueño es retratado como un operador político rudo, dispuesto a saltarse normas ambientales y administrativas para cumplir objetivos, pero ineficaz para la conciliación política de alto nivel y responsable del deterioro de la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial.

Scherer señala que Adán Augusto, junto con Rocío Nahle, fueron responsables de meter maquinaria para destruir manglares en el terreno de Paraíso, Tabasco, sin contar con los permisos de impacto ambiental. Scherer califica esto como un problema no solo administrativo, sino penal, que se pasó por alto.

De igual forma, narra que el hoy senador envió una iniciativa al Congreso local para que las obras federales en Tabasco- como la refinería y el Tren Maya- se adjudicaran directamente, sin licitación pública. Scherer, como Consejero Jurídico, tuvo que pedir autorización al presidente para interponer una controversia contra esa ley.

El libro también sugiere que Adán y su hermana Rosalinda (ya fallecida y en ese momento esposa del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón) tenían un control regional tan grande que se decía que ellos gobernaban tanto Tabasco como Chiapas.” (Sic)8

En atención a lo antes descrito, resulta evidente la importancia de investigar las posibles comisiones de delitos realizadas por los entonces servidores públicos de la nación, quienes de acuerdo con el autor, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 102. A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece lo siguiente, deberían ser investigados:

Artículo 102. A.

“El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”. (SIC)9

Asimismo; en el artículo 7 de la Ley de la Fiscalía General de la República, le compete lo siguiente:

Artículo 7. En la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, así como de las personas investigadoras, personas peritas, personas analistas, y personas facilitadoras, quienes actuarán bajo su mando y conducción, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las demás leyes y normatividad aplicable.” (Sic)10

Es por ello que, compete a la Fiscalía General de la República, establecer los criterios de investigación de los hechos descritos en el libro; así como también solicitar que el autor del libro testifique sobre el contenido de su obra y si este se considera constitutivo de un hecho delictivo. Asimismo; es obligación del sistema penal acusatorio, investigar a cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho posiblemente delictuoso y ser citado como testigo, y el autor de una obra (libro) no goza de inmunidad” sobre lo que escribió, especialmente si el contenido constituye hechos ilícitos o apologías de algún delito cometido por servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo órgano autónomo es el responsable de investigar y perseguir delitos del orden federal.

Notas

1 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

2 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

3 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

4 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

5 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

6 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

7 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

8 Ni venganza ni perdón: 6 personajes que Scherer acusa por vendettas, manipulación e ineficiencia.
https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/ni-venganza-ni-perdon-6-personajes-que-scherer-acusa-por-vendettas-manipulacion-e-ineficiencia/

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

10 Ley de la Fiscalía General de la República. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFGR.pdf

Palacio de San Lázaro a 18 de febrero del 2026.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)