Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a realizar los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a actualizar la alerta sanitaria relativa a cigarrillos y productos similares derivados del tabaco que se comercializan ilegalmente en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a crear la Comisión Especial para dar seguimiento al brote de sarampión en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Sener a implementar un programa integral para el fortalecimiento y la transición de la industria automotriz, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a implementar acciones integrales, urgentes y coordinadas que atiendan de fondo el uso emergente de pipas de agua como mecanismo de abastecimiento en diversas entidades federativas, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua potable, suficiente, salubre y accesible para la población, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a reforzar la estrategia de seguridad en las carreteras federales y nodos logísticos estratégicos, con el fin de disminuir la inseguridad y robo al transporte de carga, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la ASF y al Congreso de la CDMX a fin de investigar, transparentar y rendir cuentas sobre los esquemas de financiamiento utilizados por el gobierno de la CDMX, en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a atender las demandas de los trabajadores de salud y de educación, así como fomentar la inversión y dar solución a la crisis laboral que vive el estado, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Zacatecas a garantizar justicia por los hechos en Villanueva y a realizar una reingeniería de la estrategia de prevención basada en inteligencia táctica para asegurar la integridad de la ciudadanía, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la SSPC a garantizar una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como atención y justicia para las familias de las víctimas en el caso de los diez mineros privados de su libertad, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a realizar los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Armando Tejeda Cid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión especial para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ” al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad en Michoacán durante la última década ha estado marcada por una persistente y cíclica ola de violencia , impulsada principalmente por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Aunque ha habido fluctuaciones en las estadísticas y esfuerzos gubernamentales, el problema de fondo se ha mantenido. Esta situación ha vulnerado a miles de familias, frenado el desarrollo económico regional y generado condiciones de riesgo para autoridades municipales, productores agrícolas, transportistas y población en general.

El estado de Michoacán enfrenta desde hace varios años un incremento sostenido en los índices de violencia y criminalidad, lo cual afecta gravemente la seguridad pública, la integridad de las personas, la actividad económica y el ejercicio pleno de los derechos humanos, diversas regiones del estado han registrado hechos de violencia que requieren seguimiento legislativo especializado, así como coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

Es lamentable que pasen diversas administraciones tanto federales como estatales en Michoacán y no hayan podido combatir la inseguridad que se vive en el estado, al contrario se ha salido de control en estos últimos años, los ciudadanos vivimos con miedo y no sabemos si regresaremos a nuestras casas y si volveremos a ver a nuestras familias, debemos de luchar con robos, secuestros, extorsiones, homicidios cobros de piso, pareciera que no tenemos apoyo de las autoridades por lo que en diversas ocasiones la sociedad se ha levantado en armas para defenderse y hacer autodefensas, lo cual no resulta lo más viable pero ya están desesperados.

En Michoacán, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, pero algunas estadísticas muestran tendencias a la baja en delitos específicos como el homicidio doloso. En 2024, el 79.6 por ciento de la población se sentía insegura en su entorno, mientras que las cifras de homicidios dolosos se han reducido, posicionando al estado fuera de los primeros lugares nacionales en este delito en algunos períodos. Las estadísticas varían por municipio; por ejemplo, Morelia ha logrado reducir su tasa de homicidios en comparación con años anteriores.1

Respecto a la percepción general, según la Envipe 2024, el 79.6 por ciento de la población de 18 años y más en el estado considera que vivir en su entorno más cercano es inseguro.2

De acuerdo con datos recabados en el 2025 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señalan lo siguiente:

• Percepción de Inseguridad: La percepción de inseguridad entre los residentes de Morelia aumentó en 2025, especialmente en espacios públicos, según el Inegi.3

• Costo del Delito: En 2024, el costo total estimado de los delitos en Michoacán ascendió a aproximadamente 10 mil millones de pesos, con un promedio de 7,643 pesos por persona afectada. 4

• Cifra Negra: La “cifra negra” es alta, ya que el 93.6 por ciento de los delitos en Michoacán no se denuncian.

Dentro de la Cifra Negra las actividades del narcotráfico se han expandido más allá del trasiego de drogas para incluir la extorsión sistemática a industrias locales, notablemente a los productores de limón y aguacate, afectando gravemente la economía regional, y estas no son denunciadas debido al miedo de tener una represalia mayor.

La presencia del crimen organizado genera una violencia, que se explica en gran medida por la lucha por el control de territorios, recursos y economías tanto legales como ilegales por parte de los cárteles. Esto ha generado un ambiente de riesgo generalizado en el estado.

La situación ha tenido un alto costo humano y político, con el asesinato de alcaldes y un ambiente de impunidad que permea la percepción pública.

Durante la última década Michoacán ha mostrado una alta letalidad con picos y reacomodos: un aumento importante a mediados de la década, una moderación parcial entre 2019–2022 y un repunte en 2023–2024; la violencia se concentra en unos pocos municipios (Morelia, Zamora, Uruapan, Apatzingán, etc.) que explican una gran parte de las víctimas.

Con base en estadísticas oficiales de incidencia delictiva y reportes municipales, los municipios que han sido más afectados son: Morelia, Zamora, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Tepalcatepec, Aguililla (Tierra Caliente) aparecen recurrentemente entre los más afectados por homicidios y por disputas territoriales. En 2024 las cifras municipales reportadas por medios y análisis locales (con base en SESNSP) situaron a Morelia, Zamora y Uruapan entre los más golpeados.

Se presenta un cuadro de carácter ilustrativo que, basado en información pública que sintetiza la evolución reciente de la violencia en la entidad con fines explicativos.

Los lamentables hechos ocurridos en Noviembre del 2025 reflejan la inseguridad que viven todas y todos los michoacanos, el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, solo refleja la realidad, la marcha de ese fin de semana donde cientos de mexicanos salieron a la calle a exigir justicia, deben ser tomados en cuenta para que todas las autoridades y actores políticos trabajemos de manera conjunta y en coordinación para que pronto se pueda restablecer la paz en el estado de Michoacán y poder con ello dar muestra que se puede volver a tener paz en todos los estados que han sido afectados.

Si bien el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado para la seguridad en el estado de Michoacán, hay que ser conscientes que los ciudadanos no quieren más discursos bonitos, carpetas de investigación abiertas sin un seguimiento real, que no hayan detenidos, y que sigamos siendo omisos ante la situación que vivimos.

La historia reciente de la seguridad en Michoacán está marcada por tres grandes momentos de intervención federal, cada uno reflejando el enfoque dominante de su respectivo sexenio.

El primer plan se lanzó en diciembre de 2006. El Estado mexicano optó por una estrategia de confrontación directa y control territorial.

El plan consistió en:

• Un despliegue masivo de elementos de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) y la policía federal.

• El objetivo principal era el restablecimiento de la autoridad mediante la fuerza y la persecución de estructuras criminales.

• La inversión se concentró en el rubro de seguridad y operaciones tácticas.

Ocho años después, en febrero de 2014, el estado implementó un plan distinto en respuesta a una severa crisis de gobernabilidad y el surgimiento de civiles armados.

El plan se caracterizó por:

• La centralización del poder federal: se nombró a un Comisionado Especial con facultades ejecutivas que coordinó todos los aspectos de la seguridad y el desarrollo, asumiendo funciones que típicamente corresponden al gobierno estatal.

• Una doble acción: el desmantelamiento de las redes criminales más fuertes y la regulación de los grupos de autodefensa, buscando su desarme e integración a fuerzas rurales oficiales.

• Una inversión de hasta $45,500 millones de pesos destinada a cinco grandes ejes que abarcaban desde la infraestructura hasta el desarrollo social y la salud, reconociendo la necesidad de un enfoque más amplio que el meramente militar.

El plan más reciente, lanzado en este mes de noviembre de 2025, busca la atención a las causas estructurales del conflicto, combinando una fuerte presencia operativa.

La esencia de este plan es la simultaneidad de acciones:

• Refuerzo Operativo: Un despliegue robusto de 10,506 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, enfocado en operativos específicos (como el Operativo Paricutín) para combatir delitos de alto impacto, como la extorsión.

• Ejes de Desarrollo: La inversión se canaliza a tres pilares: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico (salarios justos, infraestructura rural) y Educación y Cultura para la Paz (programas de reinserción y prevención), buscando que el Bienestar Social sea la herramienta de pacificación a largo plazo.

A lo largo de casi dos décadas, estos tres momentos reflejan cómo la estrategia del Estado mexicano ha transitado con un enfoque militar, hacia modelos más complejos que combinan intervención operativa y reconstrucción institucional.

Cada etapa respondió a coyunturas críticas distintas, pero todas comparten un mismo reto: devolver seguridad, gobernabilidad y certidumbre a las familias michoacanas.

A partir de la actualización del contexto de seguridad ocurrida entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, se abre una nueva fase que exige evaluación constante, seguimiento técnico y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para que los esfuerzos no vuelvan a dispersarse ni se repitan los errores del pasado.

En diciembre de 2025, a un mes de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Ejecutivo federal dio a conocer los primeros avances de su implementación, destacando principalmente acciones de carácter social, comunitario y de presencia institucional en el territorio.4

De acuerdo con la información oficial, se reportaron 405 mil visitas casa por casa en 102 municipios, 74 mil 236 atenciones a través de Ferias del Bienestar, así como más de 400 acciones dirigidas a jóvenes, además de avances en materia educativa, apoyos sociales y atención a productores.5

No obstante, es necesario señalar que los llamados “resultados” presentados en diciembre corresponden, en su mayoría, a acciones de implementación, cobertura social y vinculación comunitaria, propias de una fase inicial del Plan, y no acreditan por sí mismas impactos verificables en materia de seguridad pública, reducción de la violencia ni fortalecimiento de la gobernabilidad en las regiones más afectadas del estado de Michoacán.

Asimismo, los avances presentados en esta etapa se sustentaron principalmente en indicadores y encuestas generadas por las propias instancias ejecutoras del plan, lo cual limita la posibilidad de contar con una evaluación objetiva, independiente y comparable en el tiempo. Para la población michoacana, que ha enfrentado durante años altos niveles de violencia y criminalidad, la presencia institucional y la atención social, aunque necesarias, resultan insuficientes si no se traducen en mejoras tangibles en seguridad y justicia.

En este contexto, los avances informados en diciembre de 2025, aun reconociendo su valor como acciones de arranque, resultan insuficientes para atender la magnitud y complejidad del problema de inseguridad que enfrenta Michoacán, lo que hace evidente la necesidad de contar con mecanismos adicionales de seguimiento, evaluación y control institucional.

Posteriormente, en febrero de 2026, el Ejecutivo federal presentó nuevos avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, esta vez centrados en el ámbito operativo y de seguridad pública, derivados del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales.6

De acuerdo con la información presentada, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se reportó la detención de 1,218 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 1,137 armas de fuego, más de 144 mil cartuchos, más de 25 toneladas de droga, así como el desmantelamiento de 18 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.7

En el combate a la extorsión, se informó la recepción de 2,812 denuncias a través del número 089, la apertura de 158 carpetas de investigación, la detención de 118 personas, de las cuales 60 fueron identificadas como objetivos prioritarios, y la desarticulación de siete bandas delictivas, lo que habría contribuido a una disminución del 13.8 por ciento en la incidencia de este delito.8

En este mismo informe, el Ejecutivo federal señaló que, con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los homicidios dolosos en la entidad habrían registrado una reducción del 30 por ciento entre octubre y diciembre de 2025, al pasar de 3.48 a 2.45 el promedio diario de víctimas, destacando además que 2025 habría sido el año con el nivel más bajo de este delito desde 2016.9

La presentación de este dato como evidencia concluyente de una mejora estructural en la seguridad del estado resulta parcial, al tratarse de un corte temporal sumamente acotado, que no permite evaluar la sostenibilidad de la tendencia ni descartar que la reducción obedezca a factores coyunturales, operativos extraordinarios o reacomodos temporales de las dinámicas criminales.

Adicionalmente, la disminución reportada se construye a partir de promedios diarios y de información generada por las propias instituciones responsables de la ejecución de la estrategia, sin que se haya acompañado de una evaluación independiente que permita determinar si dicha variación responde a cambios estructurales y duraderos o si es susceptible de revertirse en el corto o mediano plazo.

Asimismo, resulta indispensable contrastar estos datos con otras cifras oficiales que permiten una lectura distinta de la evolución reciente de la violencia en Michoacán. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo inmediato posterior a la puesta en marcha del Plan se registró un incremento en los números absolutos de homicidios. En particular, entre noviembre y diciembre de 2025, los homicidios totales en la entidad pasaron de 167 a 194 casos; los homicidios dolosos aumentaron de 53 a 63, y los homicidios cometidos con arma de fuego se incrementaron de 51 a 56 eventos.10

Estos registros corresponden precisamente al periodo en el que la estrategia ya se encontraba en operación, lo que evidencia que la reducción señalada no se presenta de manera uniforme ni sostenida, y que el uso de promedios o la selección de periodos específicos puede generar interpretaciones parciales que no reflejan de manera fiel la evolución real del fenómeno delictivo.

En este sentido, es necesario advertir que dichos avances corresponden principalmente a resultados de corto plazo, concentrados en acciones de contención y persecución penal, que no garantizan por sí mismos una reducción sostenida de la violencia, la erradicación de economías criminales ni la recuperación plena de la paz social y la gobernabilidad en Michoacán.

La coexistencia de cifras oficiales divergentes sobre un delito tan sensible como el homicidio doloso refuerza la necesidad de contar con mecanismos de evaluación independientes, transparentes y técnicamente sólidos, que permitan analizar los resultados del Plan Michoacán de manera integral, objetiva y verificable, evitando lecturas unilaterales o triunfalistas que no resisten un contraste estadístico riguroso.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada en Enero 2026, en diciembre de 2025, el 63.8 por ciento de la población de 18 años y más en el país consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra que representa un incremento respecto a diciembre de 2024. Este dato confirma que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad no ha disminuido de manera sostenida, pese a los esfuerzos en materia de seguridad.11

En el caso de Michoacán, los datos por área urbana resultan particularmente relevantes. Uruapan registró una percepción de inseguridad del 88.7 por ciento, ubicándose entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Estos indicadores contrastan con los resultados operativos presentados y muestran que los avances en detenciones y aseguramientos aún no se traducen en una mejora perceptible para la población.12

La información estadística independiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirma que la percepción de inseguridad y la experiencia cotidiana de la población continúan siendo elevadas, particularmente en municipios clave del estado, lo que revela una brecha persistente entre los resultados administrativos reportados y la realidad que viven las familias michoacanas.

Por estas razones, resulta indispensable que el Poder Legislativo cuente con un órgano especializado que dé seguimiento permanente, analice los resultados, evalúe impactos reales y acompañe técnicamente la estrategia de seguridad, con el objetivo de garantizar que las acciones emprendidas se traduzcan efectivamente en mayor seguridad, justicia y tranquilidad para las familias michoacanas.

Desde esta Cámara asumimos nuestra responsabilidad de construir mecanismos legislativos que permitan revisar diagnósticos, evaluar políticas públicas, proponer ajustes normativos y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. La creación de esta Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia responde precisamente a esa obligación institucional.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. En términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con el objeto de dar seguimiento permanente a la estrategia federal y estatal en materia de seguridad pública, paz social y gobernabilidad en dicha entidad.

Segundo. La Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y Justicia para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán”, deberá ser integrada por el número de diputadas y diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, junto con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia deberá presentar informes trimestrales a la Cámara de Diputados sobre los avances, retos, resultados e indicadores del Plan Michoacán, así como recomendaciones legislativas y presupuestales para su fortalecimiento.

Cuarto. Aprobado el acuerdo de conformación de la Comisión Especial, comuníquese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, al gobierno del estado de Michoacán y demás autoridades competentes.

Quinto. La duración de la Comisión Especial será por el tiempo necesario en tanto cumpla con su objeto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Presentación de resultados nacionales [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 2024 [citado 18 feb 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe202 4_presentacion_nacional.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Resultados para el estado de Michoacán [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 2025 [citado 18 feb 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe202 5_mich.pdf

3 Gobierno de México. Presidencia de la República. Presidenta Claudia Sheinbaum informa avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia [comunicado de prensa]. Ciudad de México: Presidencia de la República; 10 dic 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-info rma-avances-del-plan-michoacan-por-la-paz-y-la-justicia

4 Gobierno de México. Presidencia de la República. Estrategia Nacional de Seguridad y Plan Michoacán reducen en 30% los homicidios dolosos de octubre a diciembre de 2025 en dicha entidad [comunicado de prensa]. Ciudad de México: Presidencia de la República; 6 feb 2026. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/estrategia-nacional-de-seguridad- y-plan-michoacan-reducen-en-30-los-homicidios-dolosos-de-octubre-a-dici embre-de-2025-en-dicha-entidad

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Incidencia delictiva del fuero común 2015–2025, diciembre 2025 [base de datos en Internet]. Ciudad de México: Gobierno de México; 2026 [citado 12 feb 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Comunicado de prensa núm. 4/26 [Internet]. Ciudad de México: INEGI; 23 ene 2026 [citado 12 feb 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/EN SU2026_01_CP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de Febrero del año 2026.

Diputado Armando Tejeda Cid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a actualizar la alerta sanitaria relativa a cigarrillos y productos similares derivados del tabaco que se comercializan ilegalmente en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar la alerta sanitaria relativa a cigarrillos y productos similares derivados del tabaco que se comercializan ilegalmente en México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los cigarros y productos similares al tabaco son aquellos elaborados total o parcialmente a partir de hojas de tabaco, diseñados para su consumo mediante combustión, generando humo que es inhalado o exhalado por la persona consumidora. En esta categoría se incluyen los cigarrillos, puros, cigarros, cigarritos y otros productos de tabaco combustible, conforme a la clasificación utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reconocida en los marcos regulatorios nacionales de control del tabaco.1

La OMS ha señalado que no existe un nivel seguro de consumo de tabaco, ya que la combustión libera más de 7,000 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas, lo que genera dependencia a la nicotina y múltiples enfermedades prevenibles.2

De acuerdo con los criterios actuales de la salud pública internacional, el consumo de productos relacionados con el tabaco y la nicotina se clasifica en tres categorías generales: a) otros productos ahumados, que implican combustión; b) productos de tabaco sin humo; y c) productos de nicotina y dispositivos emergentes. Esta clasificación ha sido utilizada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para diferenciar los mecanismos de consumo y los riesgos sanitarios asociados, destacando que todos ellos representan riesgos para la salud, aunque con distintos perfiles de exposición y daño.

En el ámbito internacional, el consumo de tabaco continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública. La OMS estima que el tabaco provoca más de 7 millones de muertes cada año, y advierte que el comercio ilícito de productos de tabaco socava las políticas sanitarias, facilita el acceso a productos más baratos y expone a la población a productos sin control de calidad ni composición conocida.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la autoridad sanitaria con responsabilidad técnica y normativa para regular, vigilar y controlar productos susceptibles de representar riesgos a la salud, incluidos los derivados del tabaco y sus similares, en términos de la Ley General de Salud y la Ley General para el Control del Tabaco.

La autoridad sanitaria está facultada para emitir alertas sanitarias cuando identifique riesgos relevantes para la salud pública, con el propósito de informar a la población sobre peligros sanitarios emergentes y orientar acciones de prevención y vigilancia.

Una alerta sanitaria es un comunicado de riesgo mediante el cual se informa a la población que un producto sujeto a supervisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) —ya sea procesado, comercializado, distribuido, acondicionado o elaborado en México o en el extranjero— representa un riesgo para la salud de las y los consumidores en el país, con posible trascendencia social. Ante ello, deben adoptarse medidas de salud pública de manera urgente y eficaz.

Un antecedente de estas alertas es la emitida por la Cofepris en 20183 sobre cigarros comercializados de forma ilegal en México, en la que se advirtió que dichos productos podían ser falsificados, adulterados o elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa el riesgo médico y social asociado a su consumo.

En dicha alerta, se incluyeron los siguientes mensajes hacia la población:

• Los cigarros que son comercializados de forma ilegal representan un mayor riesgo a la salud del consumidor, ya que sus ingredientes y condiciones sanitarias de producción son desconocidos.

• Los cigarros producidos en el extranjero sólo pueden ser importados con un permiso previo de importación otorgado por la Cofepris, por lo que la identificación de cigarros de procedencia extranjera sin permiso de importación motiva el aseguramiento y destrucción de los productos e imposición de multas.

• La venta y comercialización de cigarros sueltos, a granel o por unidad se encuentra prohibida.

• Existen en el mercado productos que no son derivados directos del tabaco pero que se asocian con productos del tabaco, por lo que su comercialización se encuentra prohibida en México.

• Los productos que han sido identificados en mayor número son vapeadores, cigarros electrónicos, e-cigarettes y el recientemente denominado “ cigarro sin humo”.

• Algunos de ellos se comercializan como alternativas para dejar de fumar o con efectos “menos agresivos” a la salud de las personas; sin embargo, no cuentan con ningún respaldo científico presentado ante la Autoridad Sanitaria en México.

En la alerta sanitaria emitida en 2018, se señala que los cigarros y productos similares al tabaco que se comercializan de manera ilegal en México incumplen la normatividad sanitaria vigente. Esto incluye la ausencia de requisitos obligatorios de etiquetado, advertencias sanitarias y procedimientos adecuados de importación. Debido a estas irregularidades, las autoridades sanitarias han realizado decomisos masivos y han documentado que estos productos representan un riesgo considerable para la salud de la población, pues su composición es desconocida y potencialmente tóxica.

Asimismo, se advierte que los cigarros ilegales implican un riesgo mayor para la salud que aquellos que sí cumplen con la regulación aplicable. Esto se debe a que pueden ser artículos falsificados, adulterados o fabricados con ingredientes no identificados, lo que incrementa la probabilidad de contener sustancias químicas dañinas distintas a la propia planta del tabaco. Debido a ello, resulta imposible conocer el efecto que dichos compuestos pueden tener en el organismo.

Un elemento especialmente preocupante es que, por su bajo costo, estos productos ilegales tienen una mayor presencia entre personas menores de edad y adolescentes, lo que favorece la iniciación temprana en el consumo de tabaco. Además, se han identificado presentaciones con sabores o con mensajes engañosos que sugieren ser menos dañinas, producir menos humo o generar menos olor, lo que aumenta su atractivo y minimiza la percepción de riesgo.

No obstante, la alerta sanitaria no ha sido actualizada desde 2018, a pesar de que, durante estos años, la propia autoridad ha reiterado que continúa la comercialización ilegal de cigarros y productos similares al tabaco en México.

En este contexto, recientemente la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha señalado que el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado al tabaco elevó el precio de las cajetillas a más de cien pesos, lo que ha incentivado el contrabando de cigarros en el país. De acuerdo con dicho organismo, actualmente tres de cada diez cigarros que se comercializan en México son ilegales, situación que fortalece a grupos criminales dedicados a la venta de productos de contrabando.

El presidente de dicha asociación, Cuauhtémoc Rivera, ha advertido que esta política fiscal ha beneficiado a los denominados “cárteles del cigarro”, quienes operan con amplios márgenes de ganancia y prácticamente sin control. Asimismo, la Anpec ha documentado que los cigarros ilegales se venden abiertamente en espacios públicos como estaciones del metro, paraderos de transporte, cruceros y aceras, donde la diferencia de precio frente a una cajetilla legal puede superar los setenta y cinco pesos, lo que estimula su consumo y distribución.4

Se ha señalado también que estos productos se comercializan incluso de manera suelta y a menores de edad, sin cumplir normas de calidad ni pagar impuestos, lo que representa un riesgo adicional para la salud pública.

De acuerdo con un estudio elaborado por El Colegio de México (Colmex), así como con el documento preliminar “Cigarros Ilegales en México”, el mercado ilegal de cigarros en el país ha experimentado un crecimiento sostenido y acelerado durante la última década, pasando de ser un fenómeno marginal a convertirse en un componente estructural del consumo nacional de tabaco. Conforme a las estimaciones presentadas en ambos documentos, el consumo de cigarros ilegales representaba aproximadamente el 8.5 por ciento del mercado total en 2017, mientras que para 2023 esta proporción se incrementó a alrededor del 20.4 por ciento, lo que implica que uno de cada cinco cigarros consumidos en México proviene de canales ilícitos.5, 6

Señalan que este crecimiento no es homogéneo, sino que se concentra principalmente en zonas urbanas, corredores comerciales informales, regiones fronterizas y entidades con alta presencia de economías ilícitas. En dichos contextos, los cigarros ilegales se distribuyen a través de redes de comercio informal, puestos semifijos, mercados locales, tiendas irregulares y pequeños establecimientos que, en muchos casos, han sido cooptados por redes criminales. Estas redes aprovechan la debilidad en los mecanismos de fiscalización, la limitada capacidad de inspección y la fragmentación institucional para introducir y distribuir grandes volúmenes de producto sin cumplir con obligaciones sanitarias ni fiscales.

Desde el punto de vista sanitario, los cigarros ilegales carecen por completo de controles de calidad, al no estar sujetos a verificación por parte de la autoridad sanitaria. En consecuencia, se desconoce su composición exacta, los niveles reales de nicotina y alquitrán, así como la posible presencia de aditivos no declarados o contaminantes adicionales. Esta situación implica que las personas consumidoras estén expuestas a riesgos mayores e impredecibles en comparación con los productos regulados, agravando de manera significativa los impactos negativos sobre la salud pública.

Asimismo, se destaca que los cigarros ilegales no cumplen con los requisitos de etiquetado ni con la inclusión de advertencias sanitarias gráficas, lo que elimina uno de los principales mecanismos de información y prevención establecidos en la política de control del tabaco. Esta omisión afecta de manera particular a niñas, niños y adolescentes, quienes acceden con mayor facilidad a estos productos debido a su menor precio, su venta por unidad y la ausencia de controles efectivos de edad en el mercado informal.

En el ámbito fiscal, los estudios estiman que el comercio ilícito de cigarros genera pérdidas anuales para el Estado mexicano superiores a los 13 mil millones de pesos, derivadas principalmente de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como del Impuesto al Valor Agregado y otros derechos asociados a la comercialización formal de productos de tabaco. Estas pérdidas afectan directamente la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, incluidas aquellas destinadas a la prevención y atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

Un hallazgo central identificado es que el IEPS al tabaco, al constituir una proporción elevada del precio final del producto, amplía de manera significativa la brecha de precios entre los cigarros legales e ilegales, lo que funciona como un incentivo económico para el contrabando y la piratería. El análisis señala que, en ausencia de un fortalecimiento paralelo de las capacidades de control, vigilancia y coordinación interinstitucional, los incrementos fiscales tienden a desplazar una parte del consumo hacia el mercado ilícito, sin lograr una reducción proporcional del consumo total.

Los documentos también coinciden en que el comercio ilegal de cigarros no opera de manera aislada, sino que se encuentra articulado con redes de delincuencia organizada, las cuales controlan rutas de importación ilegal, distribución local y mecanismos de cobro y coerción a comerciantes. Estas organizaciones utilizan el comercio de tabaco ilícito como una fuente de ingresos de bajo riesgo relativo y alto volumen, que en muchos casos se combina con otras actividades criminales.

Desde una perspectiva económica y social, se señala que el crecimiento del mercado ilegal afecta directamente a más de 1.2 millones de tiendas de abarrotes y pequeños comercios formales, los cuales enfrentan una competencia desleal al no poder igualar los precios de los productos ilegales. Esta situación contribuye al deterioro del comercio formal, a la precarización económica y al fortalecimiento de circuitos informales que escapan al control del Estado.

Se concluye que el comercio ilegal de cigarros debilita de manera simultánea las políticas de salud pública, la recaudación fiscal y el Estado de derecho, y advierten que las respuestas exclusivamente fiscales o punitivas resultan insuficientes si no se acompañan de estrategias integrales de información, prevención sanitaria y fortalecimiento institucional, particularmente en materia de alertas sanitarias, vigilancia del mercado y comunicación de riesgos a la población.

La evidencia disponible indica, que el fenómeno de los cigarros ilegales en México ha dejado de ser un problema marginal para convertirse en una problemática estructural de salud pública, fiscal y de seguridad.

En este contexto, actualizar la alerta sanitaria emitida por la Cofepris sobre los cigarros y productos similares al tabaco comercializados de forma ilegal en México resulta indispensable para que la información disponible refleje con precisión el estatus real del problema, se proteja de manera efectiva la salud de las personas consumidoras y se fortalezca la acción coordinada de las autoridades frente al comercio ilícito de productos del tabaco.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar la “Alerta Sanitaria sobre Cigarros y Similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México”, toda vez que la última alerta —emitida en 2018— ya no refleja las condiciones actuales del mercado ilícito de tabaco en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Servicio de Administración Tributaria a que, en coordinación con las autoridades estatales, implementen acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales. Asimismo, se les solicita ordenar su decomiso, destrucción y la imposición de las sanciones económicas correspondientes por infringir la normativa aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la comercialización de estos productos ilícitos.

Notas:

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

2 https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control

3 https://www.gob.mx/cofepris/documentos/alertas-sanitarias-50127?state=p ublished

4 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=
https://www.contrareplica.mx/nota-ANPEC-alerta-que-alza-del-IEPS-al-tabaco-dispara-contrabando-de-cigarros-en
-Mexico—202626140&ved=2ahUKEwiMx6vBisGSAxWGKkQIHUahPSEQxfQBKAB6BAgaEAE
&usg=AOvVaw2eeXu7KkWniVklf6fVFdl6

5 https://violenciaypaz.colmex.mx/archivos/UHVibGljYWNpb24KIDEyMwpkb2N1bWVudG8=/
CigarriillosIlegalesDosPreliminar.pdf

6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=
https://agenda.colmex.mx/Actividad/4384/cigarrillos-ilegales-y-crimen-organizado/
20250224&ved=2ahUKEwjShIarjcGSAxXKLEQIHV7mJk8QFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw2bZAdkftb_OzB7FBgyqtxt

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a crear la Comisión Especial para dar seguimiento al brote de sarampión en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

• Que de conformidad con la Ley General de Salud,1 toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita, en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que integran el Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca.

• Que en términos de los artículos 61 y 64, fracción II, de la Ley General de Salud, la atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras acciones, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna; asimismo, que de conformidad con los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 3 del mismo ordenamiento, corresponde a las autoridades sanitarias establecer acciones para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación y garantizar la aplicación de las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

• Que en términos de los artículos 13, apartado A, fracción I; 157 Bis 1; 157 Bis 2; 157 Bis 5; y 157 Bis 12 de la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud fijar los términos de la vacunación obligatoria contra enfermedades transmisibles; definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación; implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y establecer los lineamientos para su operación; así como vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo.

• Que en términos de los artículos 13, apartado A, fracción I, y 157 Bis 1 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud tiene la atribución de coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, así como con las personas físicas o morales de los sectores social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud, a efecto de promover la vacunación oportuna y realizar acciones para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, particularmente en la población menor de cinco años.

• Que en términos de los artículos 157 Bis 9 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en dicha ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en su administración; asimismo, que el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita de las vacunas, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para el desarrollo de las acciones de vacunación.

• Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 4 de febrero de 2026 una alerta epidemiológica para la Región de las Américas,2 en la que exhorta a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes, con el propósito de interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables; asimismo, que dicho organismo ha señalado la persistencia de casos y brotes en diversos países de la región, incluido México, en un contexto de incremento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los cinco años previos, tendencia que continúa en 2026, por lo que recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos —incluido el diagnóstico por laboratorio—, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso; y que, en el marco de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, ha instado a los países a incrementar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de búsquedas activas, a fin de detectar oportunamente la presencia o ausencia de casos de sarampión.

• Que el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó el 20 de enero de 2026 que el gobierno de México solicitó a la Organización Panamericana de la Salud una prórroga de dos meses para no perder el certificado internacional como país libre de sarampión, misma que fue otorgada por dicho organismo internacional.3

• Que México ocupa el primer lugar en casos de sarampión en el continente americano, con 9 mil 478 casos confirmados, de conformidad con la información oficial de la Secretaría de Salud contenida en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, con corte al 13 de febrero de 2026, no obstante que dicha enfermedad había sido declarada eliminada en la Región de las Américas en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud.4

• Que el brote de sarampión, con corte al 13 de febrero de 2026,5 tiene presencia en las 32 entidades federativas y en al menos 355 municipios del país, lo que confirma la existencia de un brote epidémico de carácter nacional, cuya gravedad se manifiesta de manera particularmente alarmante en la población infantil; que el grupo de edad con mayor número de casos corresponde al de 1 a 4 años (1,391 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,158 casos) y del de 25 a 29 años (1,053 casos); que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 52.68 casos por cada 100,000 habitantes, seguida del grupo de 1 a 4 años y del de 5 a 9 años, con tasas de 116.23 y 10.94, respectivamente; y que, en relación con las defunciones, se han confirmado 29 acumuladas en el periodo 2025-2026, distribuidas en siete entidades federativas: Chihuahua (21), Jalisco (2), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (1) y Chiapas (1).

• Que en cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de menores de un año registró la más elevada, con 50.41 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y del de 5 a 9 años, con tasas de 15.48 y 10.28, respectivamente; asimismo, que respecto del antecedente de vacunación se identificó que el 91.07 por ciento de los casos confirmados (8,104 personas) no cuenta con antecedente vacunal, en tanto que el 6.43 por ciento (572 personas) cuenta con una dosis de vacuna SRP o SR, y el 2.51 por ciento (223 personas) cuenta con dos o más dosis documentadas en la Cartilla Nacional de Salud.6

• Que la situación descrita evidencia fallas estructurales en la cobertura y oportunidad del esquema nacional de vacunación, así como deficiencias graves en el sistema público de prevención, lo que obliga al Estado mexicano a adoptar medidas inmediatas y prioritarias para la protección de la niñez en el país, en observancia del principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que, de conformidad con el reporte oficial con corte al 13 de febrero de 2026, la proporción de personas menores de edad que han perdido la vida respecto del total de defunciones confirmadas por el brote de sarampión asciende al 66 por ciento; que la gran mayoría de los fallecimientos corresponde a niñas y niños de corta edad, incluidos casos de apenas entre 3 y 11 meses, así como menores de entre 1 y 6 años; y que, conforme al esquema nacional de vacunación, la vacuna triple viral (SRP) debe aplicarse con una primera dosis a los 12 meses de edad y una segunda dosis a los 18 meses, lo que evidencia la gravedad de la falta de cobertura oportuna en la población infantil.

• Que, de acuerdo con las cifras de cobertura de vacunación reportadas por la Organización Panamericana de la Salud,7 en 2024 el 79.86 por ciento de la población en México contaba con al menos una dosis de vacuna contra el sarampión, mientras que únicamente el 68.96 por ciento tenía completo el esquema de vacunación correspondiente, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.

• Que, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el artículo 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, corresponde a la Cámara de Diputados aprobar anualmente los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el abasto y la distribución oportuna y gratuita de vacunas, así como la disponibilidad de los insumos requeridos para las acciones de vacunación; que, no obstante lo anterior, de 2022 a 2025 la Secretaría de Salud dejó sin ejercer 44,457 millones de pesos aprobados por esta soberanía y destinados exclusivamente al Programa de Vacunación del Ramo 12, lo que representa aproximadamente el 70 por ciento de los recursos autorizados; y que dicho subejercicio ha incidido de manera significativa en el deterioro de la infraestructura, la reducción de brigadas, el debilitamiento de las campañas permanentes y la disminución en la adquisición suficiente de biológicos, lo que ha contribuido a la caída sostenida en la cobertura de vacunación en el país.

Presupuesto aprobado en Presupuesto de Egresos de la Federación para vacunación:

• La Secretaría de Salud solo ejerció el 29.4 por ciento del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados de 2022 a 2025.

• Que para el ejercicio fiscal 2026, el programa Servicios de Vacunación (E033) del Ramo 12,9 operado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, cuenta con una asignación de $4,748,167,298 aprobados por esta soberanía; por lo que resulta indispensable que este órgano legislativo realice un seguimiento puntual de su ejercicio, cumplimiento de metas y resultados, a efecto de garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y el fortalecimiento de la política nacional de vacunación.

• Que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado problemas estructurales persistentes en la política de vacunación, entre ellos la falta de seguimiento adecuado a la red de frío, deficiencias en el desempeño del personal, la ausencia de actividades permanentes de vacunación y la limitada participación comunitaria; y que dichas irregularidades han debilitado la capacidad del Estado mexicano para prevenir brotes y responder de manera oportuna y eficaz ante emergencias sanitarias.

• Que, de conformidad con el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de epidemias de carácter grave la autoridad sanitaria deberá dictar de inmediato las medidas preventivas indispensables, las cuales serán posteriormente sancionadas por el presidente de la República; y que México enfrenta actualmente una crisis nacional de salud pública derivada del brote de sarampión que, por su magnitud, dispersión territorial y afectación a la población infantil, exige una respuesta inmediata, coordinada, transparente y eficaz por parte del Estado mexicano, en la que resulta indispensable la participación activa y el ejercicio de las facultades de control y vigilancia de la Cámara de Diputados.

• Que, de conformidad con los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,10 la Cámara de Diputados contará con las comisiones especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones; que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para atender un asunto específico, debiendo el acuerdo respectivo señalar su objeto, el número de integrantes que la conformarán y el plazo para el cumplimiento de las tareas encomendadas; y que, una vez agotado su objeto o al término de la Legislatura, dichas comisiones se extinguirán, previa comunicación del secretario general a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaratoria correspondiente.

• Que, de conformidad con los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados,11 la Cámara podrá constituir comités y comisiones especiales para la atención de funciones constitucionales y legales que no sean competencia de las comisiones ordinarias; que las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores encargados de atender asuntos específicos que les sean encomendados, y se crearán mediante acuerdo del pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el cual deberá señalar su objeto y duración, las tareas encomendadas y los plazos para su cumplimiento, el número de integrantes que las conformarán y la integración de su Junta Directiva; y que, una vez concluida la Legislatura o cumplido o agotado su objeto, dichas comisiones se extinguirán, debiendo la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos comunicarlo al pleno mediante el acuerdo correspondiente.

• Que, en virtud de las consideraciones expuestas, mediante el presente punto de acuerdo la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al pleno la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al brote de sarampión en México, en los términos que a continuación se precisan.

Punto de Acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial para dar seguimiento al brote de sarampión en México.

La Comisión Especial para dar seguimiento al brote de sarampión en México, tendrá por objeto:

I. Analizar la evolución epidemiológica del brote de sarampión.

II. Dar seguimiento a las acciones de prevención, control y contención implementadas por las autoridades sanitarias federales y estatales.

III. Revisar el ejercicio de los recursos públicos destinados al Servicios de vacunación (Clave E033) incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 y a las acciones emergentes de respuesta.

IV. Evaluar la cobertura, disponibilidad y distribución de vacunas en todo el territorio nacional.

V. Formular recomendaciones a las autoridades sanitarias federales y estatales para fortalecer la política nacional de vacunación, la vigilancia epidemiológica y evitar futuros brotes, y

VI. Emitir un informe sobre sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, el cual deberá ser de carácter público y publicarse en los medios oficiales de difusión de la Cámara de Diputados.

Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Especial tendrá las siguientes facultades:

I. Solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Convocar a comparecer a servidores públicos competentes en la materia.

III. Realizar reuniones de trabajo con autoridades estatales, especialistas en salud pública, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, y

IV. Sesionar en conferencia con otras comisiones ordinarias con competencia en la materia.

La Comisión Especial estará integrada de manera plural y proporcional por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios, conforme al acuerdo que presente la Junta de Coordinación Política y que apruebe el pleno de la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial contará con un plazo para el cumplimiento de su objeto que no podrá exceder la conclusión de la presente Legislatura. Deberá rendir informes periódicos ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Cumplido su objeto o al término de la Legislatura, se declarará su extinción en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión Especial contará con los recursos técnicos, humanos y administrativos necesarios para el desempeño de sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Notas:

1 Congreso de la Unión. (1984, última reforma vigente). Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

2 Organización de las Naciones Unidas en México. (2026, 4 de febrero). OPS emite alerta epidemiológica ante la persistencia de sarampión en las Américas y urge intensificar acciones de vigilancia y vacunación. https://mexico.un.org/es/309473-ops-emite-alerta-epidemiol%C3%B3gica-an te-la-persistencia-de-sarampi%C3%B3n-en-las-am%C3%A9ricas-y-urge

3 Gobierno de México, Presidencia de la República. (2026, 20 de enero). Versión estenográfica de conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 20 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferen cia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-20-de-enero- de-2026

4 Secretaría de Salud. (2026). Informe diario del brote de sarampión en México 2026. https://www.gob.mx/salud/documentos/informe-diario-del-brote-de-sarampi on-en-mexico-2026

5 Secretaría de Salud. (2026, 13 de febrero). Informe diario del brote de sarampión en México 2026 (PDF). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1057079/INFORME_DIARIO_S ARAMPION_20260213.pdf

6 Secretaría de Salud. (2026). Situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación 2026. https://www.gob.mx/salud/documentos/situacion-epidemiologica-de-enferme dades-prevenibles-por-vacunacion-2026

7 Verificado.mx. (2026). Sarampión en México: aumento de casos. https://verificado.com.mx/sarampion-mexico-aumento-casos/

8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2025). Informes al Congreso de la Unión. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Infor mes_al_Congreso_de_la_Union

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026). PPEF 2026 – Ramo 12: Programa de Servicios de Vacunación (E033). https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PP3F2609/PPEF2026/Fiw326fP /docs/12/r12_ppcer.pdf

10 Congreso de la Unión. (1999, última reforma vigente). Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOCGEUM.pdf

11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Reglamento de la Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Sener a implementar un programa integral para el fortalecimiento y la transición de la industria automotriz, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

Primera. La industria automotriz representa uno de los motores más importantes de la economía nacional. Históricamente, este sector ha contribuido con aproximadamente el 3.5 por ciento al 4 por ciento del PIB Nacional y cerca del 20 por ciento del PIB manufacturero, siendo la principal fuente de divisas netas para el país, superando incluso a las remesas y al turismo en diversos periodos.

Segunda. México se encuentra ante una oportunidad histórica coyuntural denominada nearshoring. La relocalización de cadenas de suministro globales posiciona a nuestro país como el destino ideal para la inversión extranjera directa, dada nuestra cercanía con el mercado de América del Norte y las ventajas arancelarias del T-MEC. Sin embargo, esta ventana de oportunidad requiere certidumbre jurídica e infraestructura de calidad.

Tercera. La industria global avanza aceleradamente hacia la electromovilidad. Estados Unidos y la Unión Europea han establecido metas agresivas para la eliminación de vehículos de combustión interna. Si México no acelera la reconversión de sus líneas de producción, el desarrollo de infraestructura de carga y la proveeduría de semiconductores y baterías, corremos el riesgo de perder nuestra competitividad en la próxima década.

Cuarta. Para que la industria automotriz prospere y se expanda, es requisito sine qua non garantizar el abasto de energía eléctrica confiable, suficiente y limpia. Las armadoras globales exigen cada vez más que su producción se realice con energías renovables para cumplir con sus metas corporativas de descarbonización (Net Zero).

Quinta. Es urgente atender los retos en materia de seguridad en las carreteras y vías férreas, donde el robo al autotransporte de carga afecta la logística y eleva los costos de operación y seguros para el sector automotriz.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, diseñe y publique una “Estrategia Nacional de Electromovilidad y Fortalecimiento Automotriz”, que contemple incentivos fiscales para la atracción de inversiones en tecnología de vehículos eléctricos, baterías y semiconductores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a garantizar el abasto de energía eléctrica en los parques industriales del bajío, norte y centro del país, así como a facilitar la inversión en infraestructura de transmisión y distribución que permita la integración de energías renovables requeridas por la industria automotriz para cumplir con las reglas de origen y metas ambientales globales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a reforzar la estrategia de seguridad en las carreteras federales y nodos logísticos estratégicos, con el fin de disminuir el índice de robo a transporte de carga que afecta la cadena de suministro del sector automotriz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a implementar acciones integrales, urgentes y coordinadas que atiendan de fondo el uso emergente de pipas de agua como mecanismo de abastecimiento en diversas entidades federativas, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua potable, suficiente, salubre y accesible para la población, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

El acceso al agua potable constituye un derecho humano reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. No obstante, en múltiples regiones del país, dicho derecho se ha visto comprometido, obligando a miles de familias a depender del suministro de agua mediante pipas como solución emergente y, en muchos casos, permanente.

El uso intensivo de pipas de agua es un síntoma de problemáticas estructurales relacionadas con el deterioro de la infraestructura hidráulica, la sobreexplotación de acuíferos, los efectos del cambio climático, la sequía prolongada y la insuficiente planeación hídrica de largo plazo.

Si bien el suministro mediante pipas ha permitido mitigar temporalmente el desabasto, no representa una solución sostenible, ya que implica altos costos económicos para las familias, riesgos en la calidad del agua suministrada, impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles y un trato desigual para las comunidades más vulnerables.

El gobierno federal, a través de instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene la responsabilidad de conducir la política hídrica nacional, coordinar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno y fortalecer la inversión en infraestructura, mantenimiento, modernización de sistemas de distribución y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

Desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad, resulta indispensable transitar de esquemas reactivos a soluciones estructurales, priorizando la eficiencia en el uso del agua, la protección de los ecosistemas, la captación pluvial, el reúso y la rehabilitación de redes de distribución, reduciendo así la dependencia del suministro por pipas.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, exhorta al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que diseñe e implemente una estrategia nacional integral que reduzca progresivamente la dependencia del suministro de agua mediante pipas en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que fortalezca la inversión en infraestructura hidráulica, mantenimiento y modernización de redes de distribución, especialmente en las zonas con mayor recurrencia de desabasto.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Conagua a coordinar acciones con los gobiernos estatales y municipales, respetando el ámbito de sus competencias, a fin de garantizar el abasto regular de agua potable bajo criterios de sustentabilidad ambiental y justicia social.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal a impulsar programas de captación de agua de lluvia, reúso y eficiencia hídrica, como medidas estructurales para enfrentar la sequía y el cambio climático.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a reforzar la estrategia de seguridad en las carreteras federales y nodos logísticos estratégicos, con el fin de disminuir la inseguridad y robo al transporte de carga, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

El robo al transporte de carga se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto económico y social en México, al afectar de manera directa la seguridad de los operadores, la integridad de las mercancías y la estabilidad de las cadenas de suministro nacionales. Este fenómeno delictivo no sólo genera pérdidas millonarias para el sector productivo, sino que también repercute en el incremento de precios, la disminución de la competitividad y el debilitamiento del Estado de derecho.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el robo a transporte de carga mantiene una incidencia constante, concentrándose principalmente en carreteras federales y corredores logísticos estratégicos.

Durante el año 2023 y lo que va de 2024 y 2025, se han registrado miles de carpetas de investigación por este delito, siendo alarmante que un alto porcentaje se cometa con violencia, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los conductores.

Las entidades federativas con mayor incidencia en este delito coinciden con zonas de alta actividad industrial y comercial, como el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que evidencia la vulnerabilidad de los principales ejes de comunicación y distribución del país. Estos corredores resultan esenciales para el traslado de alimentos, insumos médicos, combustibles y productos de consumo básico, por lo que su inseguridad impacta de forma transversal a toda la población.

Asimismo, diversos organismos empresariales y asociaciones de transportistas han advertido que el robo a transporte de carga provoca costos adicionales por seguros, retrasos logísticos, desvío de rutas y, en algunos casos, la suspensión de operaciones en determinadas zonas, lo que afecta el empleo y la inversión. A ello se suma el subregistro del delito, ya que no todos los hechos son denunciados, lo que sugiere que la problemática es aún mayor a la reflejada en las cifras oficiales.

Si bien el Estado mexicano ha implementado diversas acciones para atender la inseguridad en carreteras, resulta necesario fortalecer y focalizar la estrategia de seguridad en tramos de alto riesgo y nodos logísticos estratégicos, mediante una coordinación efectiva entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las autoridades locales, así como el uso intensivo de tecnología, inteligencia y mecanismos de reacción inmediata.

En este contexto, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar de manera integral la estrategia de seguridad en carreteras federales y nodos logísticos estratégicos, con el objetivo de disminuir el robo al transporte de carga, garantizar la seguridad de los operadores y proteger la actividad económica del país.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las instancias competentes, refuerce la estrategia de seguridad pública en las carreteras federales y nodos logísticos estratégicos, a fin de reducir de manera efectiva el robo al transporte de carga en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la ASF y al Congreso de la CDMX a fin de investigar, transparentar y rendir cuentas sobre los esquemas de financiamiento utilizados por el gobierno de la CDMX, en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye uno de los eventos internacionales de mayor complejidad logística, financiera y operativa que enfrentará la Ciudad de México en el presente sexenio y en los años subsecuentes. La magnitud del evento implica la concurrencia de inversiones públicas y privadas en infraestructura urbana, movilidad, seguridad, servicios públicos, turismo y rehabilitación del espacio público, lo que exige una planeación financiera integral, responsable y plenamente transparente, acorde con los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Ciudad de México ha sido designada como sede del partido inaugural y de diversos encuentros oficiales del Mundial 2026, lo que supone una presión extraordinaria sobre la infraestructura urbana existente, el sistema de transporte público, los servicios de emergencia, la seguridad ciudadana, la protección civil y el uso intensivo del espacio público. Dichas exigencias impactan de manera directa a una población residente superior a los nueve millones de personas, así como a una población flotante diaria de varios millones de usuarios, visitantes y trabajadores, incrementando los riesgos operativos, financieros y de gestión pública si no se cuenta con mecanismos adecuados de control y supervisión.

Mediante información pública y declaraciones oficiales del gobierno de la Ciudad de México han reconocido la necesidad de realizar inversiones multianuales significativas para atender los requerimientos de infraestructura, movilidad, seguridad y servicios asociados a la celebración del Mundial 2026. No obstante, a la fecha no se cuenta con un desglose público, integral y verificable que permita identificar con claridad los montos totales comprometidos, las fuentes de financiamiento utilizadas, la temporalidad de las obligaciones adquiridas ni los mecanismos jurídicos específicos empleados para su ejecución, lo cual limita el escrutinio público y el control parlamentario.

En el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen límites expresos al endeudamiento de las entidades federativas, al prohibir la contratación de obligaciones sin autorización legislativa y sin que éstas se destinen a inversión pública productiva, principio que se ve reforzado por la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la cual tiene por objeto preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales.

Dicha Ley de Disciplina Financiera define como deuda pública no sólo los créditos directos, sino también aquellas obligaciones que, bajo cualquier modalidad, comprometan ingresos futuros, incluyendo asociaciones público privadas, fideicomisos, esquemas de pago diferido, contratos de largo plazo y cualquier otro mecanismo que implique la asunción de riesgos financieros por parte del erario, aun cuando no se registren formalmente como deuda tradicional.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública subnacional en México se ha mantenido en niveles elevados durante los últimos ejercicios fiscales. Al cuarto trimestre de 2024, la deuda pública local ascendió a 705 mil 288 millones de pesos (mdp), lo que representó un incremento real de 3.2 por ciento respecto del mismo periodo de 2023; mientras que en 2025 se ubicó en 692 mil 584 mdp.

El saldo de la deuda pública estatal presenta una alta concentración geográfica, ya que el 60 por ciento del total se concentra en seis entidades federativas: Ciudad de México (16.2 por ciento); Nuevo León (12.7 por ciento); Estado de México (9.3 por ciento); Chihuahua (8.4 por ciento); Veracruz (7.4 por ciento) y Coahuila (6.0 por ciento).

En este contexto, la situación de la Ciudad de México incrementa su sensibilidad financiera frente a la contratación de nuevos compromisos que no cuenten con autorización legislativa expresa ni con mecanismos adecuados de transparencia. En ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado de manera reiterada irregularidades en el uso de fideicomisos públicos y privados, señalando problemas de opacidad, insuficiente control parlamentario y dificultades para rastrear el destino final de los recursos públicos, particularmente cuando dichos instrumentos se utilizan como vehículos de financiamiento o como garantías de pago de obligaciones de largo plazo.

El uso de ingresos de carácter variable, como el impuesto sobre hospedaje, como fuente de pago o garantía para esquemas financieros asociados a proyectos de gran escala, resulta especialmente delicado, toda vez que se trata de recursos altamente dependientes del comportamiento del turismo, de la situación económica nacional e internacional y de factores extraordinarios como contingencias sanitarias, crisis económicas o eventos de seguridad.

Esta circunstancia implica la afectación de ingresos futuros de carácter variable para cubrir compromisos financieros de largo plazo, lo que introduce riesgos estructurales para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al restringir la capacidad de decisión presupuestal de administraciones posteriores y trasladar obligaciones financieras a gobiernos que no intervinieron en la determinación original de dichos compromisos, en contravención a los principios de responsabilidad hacendaria y de equidad intergeneracional.

La experiencia nacional e internacional demuestra que la organización de eventos deportivos de gran escala suele estar acompañada de sobrecostos, ampliaciones presupuestales y modificaciones contractuales posteriores, particularmente en proyectos de infraestructura urbana y movilidad, lo que refuerza la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización preventiva, control parlamentario reforzado y transparencia desde las etapas iniciales de planeación.

Es importante precisar que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con atribuciones constitucionales no sólo para fiscalizar el gasto público ya ejercido, sino también para evaluar esquemas financieros, contratos y mecanismos que puedan generar afectaciones futuras a la Hacienda Pública, particularmente cuando se comprometen ingresos federales, participaciones o recursos de naturaleza pública. Le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretar y aplicar la Ley de Disciplina Financiera, así como emitir criterios técnicos sobre la clasificación de obligaciones financieras, incluyendo aquellas que puedan constituir deuda implícita, contingente o compromisos de largo plazo que deban ser considerados dentro de los techos de endeudamiento autorizados.

El Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación constitucional y legal de ejercer un control efectivo sobre el endeudamiento local, garantizando que cualquier esquema de financiamiento cuente con autorización legislativa expresa, análisis de sostenibilidad financiera y mecanismos de transparencia accesibles a la ciudadanía. Sin embargo, la ausencia de información pública clara, completa y verificable sobre los esquemas financieros asociados a los preparativos del Mundial 2026 genera incertidumbre, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y abre la posibilidad de responsabilidades administrativas, financieras y patrimoniales en caso de irregularidades. Resulta de especial preocupación la opacidad que rodea a los esquemas de financiamiento privado; específicamente, ante los señalamientos en medios que apuntan a la estructuración de fideicomisos por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos. Al no existir un desglose oficial, esta cifra representa un riesgo de deuda que debe ser transparentada de inmediato para determinar su impacto en el techo de endeudamiento autorizado.

Es por ello que, la celebración del Mundial 2026 no puede ni debe convertirse en un pretexto para eludir los principios de legalidad, transparencia y disciplina financiera, ni para comprometer recursos públicos sin autorización legislativa o hipotecar el futuro financiero de la Ciudad de México, pues la rendición de cuentas es un mandato constitucional ineludible. La Cámara de Diputados, como órgano del Poder Legislativo federal, tiene la responsabilidad de actuar de manera preventiva para evitar prácticas que puedan sentar precedentes negativos en materia de endeudamiento subnacional, uso discrecional de fideicomisos y compromisos financieros opacos.

Se debe priorizar y garantizar la transparencia, legalidad y sostenibilidad financiera en los preparativos del Mundial 2026 no sólo protege a la Hacienda Pública, sino que salvaguarda los derechos de las generaciones futuras y fortalece la credibilidad institucional del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y de fiscalización de recursos federales, incluya en su Programa Anual de Auditorías una evaluación técnica y un informe de seguimiento sobre la legalidad de los esquemas de financiamiento, fideicomisos, contratos de largo plazo y mecanismos de garantía utilizados por el gobierno de la Ciudad de México para la ejecución de obras de la Copa Mundial de la FIFA 2026; a efecto de determinar si estos constituyen pasivos contingentes, deuda implícita o deuda pública no registrada que contravenga la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, informe a la opinión pública, a través de sus medios oficiales y portales de transparencia si los mecanismos de financiamiento utilizados por el gobierno de la Ciudad de México se encuentran alineados con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, precisando si dichos esquemas han sido inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y si implican compromisos de ingresos futuros que deban ser considerados dentro del techo de endeudamiento autorizado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Ciudad de México a informar a la opinión pública a través de sus medios oficiales y portales de transparencia, y en ejercicio de sus facultades de control presupuestal y vigilancia de la deuda pública, la información detallada relativa a:

a) El monto total de los financiamientos, créditos o compromisos plurianuales asociados a los preparativos del Mundial 2026;

b) Las fuentes de pago empleadas, detallando la afectación de ingresos locales o federales presentes y futuros;

c) Los fideicomisos, contratos de prestación de servicios y demás figuras jurídicas utilizadas, especificando las instituciones bancarias fiduciarias y;

d) El catálogo de obras, acciones y relación de empresas beneficiarias de dichos esquemas de financiamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a atender las demandas de los trabajadores de salud y de educación, así como fomentar la inversión y dar solución a la crisis laboral que vive el estado, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, y las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes:

Consideraciones

El estado de Zacatecas comienza el 2026 con una tasa de informalidad de un 59.9 por ciento y un 41.4 por ciento de pobreza laboral, que se agudiza con la crisis laboral que enfrenta el sector salud y el sector educativo.

En días pasados Zacatecas amaneció con paros laborales por parte de enfermeros, docentes sindicalizados, médicos, entre otros grupos de trabajadores, que han tomado las instituciones con demandas de aumentos salariales, mejora en sus condiciones laborales y pagos no realizados.

Esta suspensión de actividades perjudica directamente a la ciudadanía con el cierre parcial de escuelas como la Universidad Politécnica de Zacatecas, clínicas y hospitales como el Hospital General en la atención de urgencias médicas, sin dejar de lado el añejo problema que se arrastra con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma de aguinaldos, generando un conflicto financiero entre la obligación de pago y la quiebra del sistema.

Un reflejo de ello se dio el pasado 9 de febrero de 2026, en dónde “Docentes de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos”, ubicada en la comunidad de San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas, dieron inicio a un paro de labores debido a una serie de incumplimientos por parte de las autoridades, como adeudos en sus salarios.

La Delegación D-II-IV del SNTE informó que la medida responde a irregularidades laborales, administrativas y económicas que se vienen arrastrando desde el año 2025.”

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra el pago de la prima dominical adeudada desde agosto de 2025, así como la falta de nombramientos y procesos administrativos para el personal contratado, así como la omisión de pagos por concepto de compensaciones a directivos, bonos pendientes para trabajadores y el adeudo de quincenas a cuatro docentes.

El personal afectado manifestó que no existen condiciones para iniciar el semestre par, señalando que estos problemas han sido expuestos anteriormente sin que se haya logrado una solución de fondo.

Ante esta situación, la delegación sindical hizo un llamado público a las autoridades educativas para establecer un diálogo que garantice el cumplimiento de los pendientes y así evitar mayores afectaciones a la comunidad estudiantil.1

En el caso del sector salud, el pasado 10 de febrero de 2026, se publicó lo siguiente en el Diario el Sol de Zacatecas:2

“Por adeudos millonarios, trabajadores del IMSS Bienestar en Zacatecas llevan a cabo bloqueos en carreteras y anuncian protestas en hospitales.

Personal del IMSS Bienestar inició desde las siete de la mañana tres bloqueos simultáneos en carreteras federales de Zacatecas, en protesta por el incumplimiento en el pago del programa de profesionalización que afecta a 300 trabajadores de enfermería y trabajo social.

Aunque los cierres fueron intermitentes, la medida provocó caos vehicular y largas filas de automóviles en la caseta de peaje Osiris–Morelos y en el tramo Zacatecas–Fresnillo, ambos de la carretera federal 45, así como en la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) de Malpaso, sobre la carretera federal 54.

Ya se cumplió un mes desde que los agremiados a la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) iniciaron protestas, entre ellas paros parciales en hospitales y la toma de oficinas recaudadoras del gobierno estatal.

A la movilización se sumaron trabajadores del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, encabezado por Carlos Pavón, así como integrantes del Parlamento Campesino, quienes asistieron al plantón ubicado en Fresnillo, a la altura del puente conocido como El Jorobado.

La decisión de tomar acciones en vialidades y carreteras obedece a la cerrazón reiterada del gobierno del estado para pagar y reconocer un derecho legítimo de enfermeras, enfermeros y trabajadoras sociales”.

Ante estos hechos, se observa la cerrazón del gobernador David Monreal Ávila, quién se resiste a reconocer los derechos de las y los trabajadores de salud y educación en el Estado y se reúsa pagar lo que por derecho les corresponde.

Mientras tanto, el sector de salud mantiene las manifestaciones desde el 7 de enero de 2026 sin que exista una respuesta por parte del gobierno estatal, evadiendo sus responsabilidades con el argumento de que más que un movimiento laboral legítimo, es un asunto político orquestado por sus adversarios.

Por su parte, una nota del periódico La Jornada3 señala lo siguiente: “Maestros de la sección 34 de Zacatecas anunciaron que de no haber una respuesta “clara y contundente” de las autoridades educativas estatales y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a sus demandas, “estamos listos para el estallamiento de un paro indefinido de labores en el estado, a partir de este 16 de febrero próximo”, informó el profesor Filiberto Fraustro Orozco, secretario general de la sección 34 del gremio magisterial”.

“Agregó que entre las demandas se incluye la entrega de un bono anual de tres mil pesos para docentes jubilados de la sección 34, que agrupa a los maestros con plaza federal en Zacatecas; además de un bono para maestros de la asignatura de artes que se imparte en secundaria, así como la publicación de la convocatoria para la entrega de estímulos a docentes que estudian posgrados, por un monto de 10 mil pesos.

“Al respecto, señaló que el gobierno federal se comprometió a ofrecer 300 apoyos, y diez becas comisión, y a hacer esta asignación cada año, a fin de que en el acumulado se alcancen 20 becas comisión”.

“El dirigente sindical agregó que también se demanda el compromiso por escrito, de la SEP, de que todas las escuelas públicas de educación básica en Zacatecas entren al programa La Escuela es Nuestra, lo que les permitiría acceder a recursos para mejorar su infraestructura y equipamiento”.

En el mismo orden de ideas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que el empleo formal en Zacatecas disminuyó 0.6 por ciento en enero del 2026 con un registro de 189,400 puestos de trabajo que representan 1,140 empleos menos respecto a enero de 2025.

Mientras tanto, lejos de que los comercios establecidos y nuevos emprendedores logren apoyos económicos para sus negocios, acceso a créditos blandos, o incentivos fiscales, al contrario, ven crecer el endurecimiento de los requisitos para la apertura de negocios formales y las cuotas fiscales.

Cabe mencionar que el IMSS4 registra; “En lo que va de la actual administración (agosto 2021 – enero 2026), se han destruido 2 mil 638 puestos de trabajo, equivalente a una variación en dicho período de (-)1.4 por ciento. la industria de la transformación y la construcción acumulan 8 mil 255 empleos perdidos”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Zacatecas con la finalidad de atender las demandas de los trabajadores de salud y de educación, así como fomentar la inversión y dar solución a la crisis laboral que vive el Estado.

Notas:

1 https://lasillarota.com/estados/2026/2/9/paro-en-zacatecas-maestros-exi gen-pago-de-adeudos-las-autoridades-584822.html

2 https://oem.com.mx/elsoldezacatecas/local/personal-de-imss-bienestar-zacatecas-exige-pago-atrasado-y
-bloquea-carreteras-28328760

3 https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/10/sociedad/maestros-de-zacatecas-a-paro-indefinido-si-sep-no
-accede-a-apoyos-y-bonos

4 https://lalalanews.com/2026/02/zacatecas-inicia-2026-con-caida-de-emple os-formales/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Zacatecas a garantizar justicia por los hechos en Villanueva y a realizar una reingeniería de la estrategia de prevención basada en inteligencia táctica para asegurar la integridad de la ciudadanía, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y la Fiscalía General del estado a garantizar justicia por los hechos en Villanueva y a realizar una reingeniería de la estrategia de prevención basada en inteligencia táctica para asegurar la integridad de la ciudadanía., al tenor lo siguiente:

Antecedentes

El 11 y 12 de febrero de 2026, la crisis de seguridad en Zacatecas alcanzó un punto de inflexión crítica en el municipio de Villanueva. Tras un ataque armado en el mercado municipal que cobró la vida de al menos tres personas, centrados en sectores urbanos estratégicos como “El Vado”. La situación escaló de manera alarmante con el hallazgo posterior de cuatro cuerpos con impactos de proyectil de arma de fuego en la misma demarcación.

Los hechos, centrados en sectores urbanos de Villanueva, no representan eventos aislados, sino la confirmación de una ola de violencia y un vacío de autoridad donde el control territorial ha superado las capacidades del gobierno estatal.

La movilización de las fuerzas de seguridad ante esta tragedia evidencia la persistencia de un modelo reactivo que privilegia la contención tardía sobre la inteligencia preventiva, contraviniendo el mandato de salvaguardar la integridad de las comunidades. Esta ineficacia operativa se agrava por una “Emergencia Estadística” donde el 87.3 por ciento de la población manifiesta vivir bajo un estado de miedo constante, lo que ha fracturado el tejido social y obligado a más del 70 por ciento de los hogares a restringir las libertades básicas de las familias zacatecanas.

Resulta menester señalar que esta parálisis institucional se ve alimentada por una narrativa gubernamental de opacidad. Como se ha denunciado, existe una alarmante sospecha de manipulación de datos mediante la reclasificación de homicidios dolosos como personas desaparecidas, una “Farsa Zacatecana” que no solo oculta la magnitud de la crisis, sino que impide el diseño de una estrategia real que devuelva la paz y la certidumbre técnica a la entidad.

Nuestra realidad de violencia y miedo contrasta drásticamente con la narrativa oficial del Ejecutivo, la cual presume una consolidación de la estrategia de seguridad y un supuesto primer lugar nacional en la reducción de homicidios dolosos con -70.3 por ciento menos en un año. Los hechos en Villanueva y la desconfianza ciudadana generalizada hace que ponen en relieve el abismo existente entre la una falsa percepción gubernamental y la inseguridad que efectivamente impera en el territorio zacatecano.

El Poder Ejecutivo estatal ha sostenido una narrativa de pacificación basada en datos cuestionables. Esta práctica no solo constituye una violación al derecho a la verdad, sino que es el mecanismo con el cual el gobierno pretende simular una reducción de la violencia que la realidad territorial desmiente día con día.

Esta narrativa de éxito oficial se contrapone con el actuar de las instituciones de seguridad federal. La participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la implementación de una segunda etapa de la estrategia de seguridad en la entidad es un reconocimiento del desbordamiento delictivo; datos que revelan un crecimiento exponencial de homicidios de 1,700 por ciento entre 2005 y 2021.

Tales indicadores exponen una profunda incoherencia y un choque de datos que confirma la inoperancia del modelo estatal y la urgencia de abandonar la propaganda para enfrentar la realidad de la violencia en el territorio zacatecano.

El colapso de la percepción y el tejido social: La brecha entre la propaganda oficial y el sentimiento ciudadano es insostenible: el 87.3 por ciento de los zacatecanos vive con miedo, considerando a la inseguridad como el problema más grave de su entorno. Esta emergencia ha forzado a las familias a modificar sus hábitos más básicos.

Esta crisis ha alcanzado un nivel de evidencia innegable, al grado de provocar fracturas en la propia narrativa del bloque oficialista, prueba de ello fue la intervención de la diputada Renata Ávila (PT), aliada del gobierno estatal, quien durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno confrontó directamente al secretario Arturo Medina Mayoral. La legisladora reconoció la existencia de una contradicción sistémica entre las cifras oficiales de la administración y la realidad social que padecen las familias zacatecanas.

El estado de Zacatecas se encuentra hoy en un límite de ruptura inminente, donde la ineficacia gubernamental y la opacidad informativa han dejado a las comunidades en un estado de indefensión total.

Planteamiento del Problema

La actual política de seguridad en Zacatecas padece una falla sistémica derivada de un modelo reactivo que ha cedido el control territorial a la delincuencia, como lo demuestra el reciente ataque en el mercado de Villanueva. Esta inoperancia institucional no es una percepción aislada, sino una realidad técnica reflejada en el 87.3 por ciento de percepción de inseguridad ciudadana, lo que sitúa al estado en un límite de ruptura inminente donde la soberanía institucional ha sido desplazada por el vacío de autoridad.

A este colapso operativo se suma la “Farsa Zacatecana”: un esquema de opacidad donde se presume la reclasificación de homicidios como personas desaparecidas para simular una reducción delictiva inexistente. La manipulación estadística vulnera el derecho a la verdad, por lo que resulta urgente una reingeniería táctica basada en inteligencia coordinada que devuelva la paz y la certidumbre técnica a las comunidades, garantizando la seguridad de las y los zacatecanos.

Consideraciones

Primero. - Resulta imperativo transitar de una narrativa de opacidad hacia un modelo de certidumbre técnica. La evidencia presentada sobre la posible reclasificación de homicidios dolosos como personas desaparecidas, representa un obstáculo insalvable para el diseño de una estrategia de seguridad eficaz. No es posible combatir el fenómeno criminal en municipios como Villanueva si el diagnóstico institucional se fundamenta en cifras maquilladas que diluyen la gravedad de la incidencia delictiva real.

La solución para esta parálisis institucional inicia con la auditoría y el recalculo estadístico, pues solo la verdad técnica permite aplicar medidas necesarias para dar soluciones al engrane oxidado de la burocracia estatal. Esta soberanía debe exigir que la protección ciudadana se base en una gerencia eficiente de datos reales, eliminando la propaganda gubernamental que hoy asfixia la capacidad de respuesta de nuestras instituciones frente al control territorial de los grupos delictivos.

Segundo. -La seguridad pública no puede seguir siendo un privilegio determinado por el código postal; es un derecho humano que el Estado debe garantizar bajo un esquema de justicia distributiva.

Una estrategia verdadera de seguridad implica que la integridad de las familias para que tengan el mismo valor y protección institucional que en las zonas con mayor plusvalía de la entidad.

Esta soberanía debe entender que la paz no se construye con dádivas, sino con el fortalecimiento del Tejido Social y la dignificación del entorno urbano. Al exigir una reingeniería del despliegue táctico, esta proposición busca que la Secretaría de Seguridad Pública actúe como un Vector de Restauración de Equilibrio, devolviendo a los ciudadanos la libertad de transitar por sus calles sin miedo. Solo a través de este enfoque de rostro humano y blindaje institucional, Zacatecas podrá superar la actual crisis y asegurar que el futuro de nuestra niñez no sea definido por la violencia, sino por la certeza de un Estado que protege y resuelve.

Tercero. -Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. En el caso del estado de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia cuenta con autonomía constitucional, lo que la obliga a actuar con absoluta imparcialidad y rigor técnico, lejos de cualquier narrativa política o agenda de propaganda gubernamental.

La facultad de investigar es indelegable y conlleva la responsabilidad de garantizar que la tipificación de los delitos se ajuste estrictamente a la realidad fáctica. Cuando se presentan discrepancias estadísticas o sospechas de reclasificación de homicidios dolosos como personas desaparecidas, se violenta el derecho a la verdad de las víctimas y se incurre en una “falla sistémica” que vicia la estadística criminal del Estado. Por lo tanto, informar sobre los avances en casos de alto impacto, como el de Villanueva el 11 de febrero, no es una concesión discrecional, sino una obligación de rendición de cuentas para restaurar la certeza técnica en la entidad

Sin una clasificación delictiva honesta, es imposible aplicar el “torque legislativo” necesario para corregir la estrategia de seguridad. La manipulación de cifras detectada en la denominada “Farsa Zacatecana” imposibilita el diseño de planes de prevención social del delito efectivos, dejando a los municipios en una situación de indefensión al basar el despliegue de fuerza en datos maquillados y no en la realidad territorial que hoy mantiene al 87.3 por ciento de la población bajo un estado de miedo inminente.

Cuarto. -Como titular de la administración pública local, el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional y la responsabilidad política de conducir la estrategia de seguridad pública en la entidad.

Este mandato no se limita a la gestión administrativa, sino que implica el deber irrenunciable de garantizar la paz y el orden institucional en los 58 municipios. El exhorto a realizar una reingeniería del despliegue operativo táctico se sustenta en la evidencia de un modelo que ha rebasado su “límite elástico”, permitiendo que vacíos de autoridad sean capitalizados por el crimen organizado, como quedó demostrado en los recientes actos delictivos en el municipio de Villanueva.

La omisión en la actualización de las estrategias de seguridad vulnera el mandato de proteger la integridad de las comunidades. Por lo tanto, el Ejecutivo debe transitar de un esquema de reacción tardía a uno de inteligencia coordinada, donde el uso de la fuerza del Estado sea un vector de restauración de equilibrio y no solo un espectador de la violencia. La facultad de mando del gobernador debe ejercerse bajo principios de gerencia eficiente, asegurando que el despliegue de las corporaciones estatales responda a un análisis técnico de la realidad.

Quinto. - De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normatividad estatal vigente, la Secretaría de Seguridad Pública es la instancia responsable de la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y, de manera crucial, la generación y carga de datos en el Sistema Nacional de Información. Esta facultad le confiere la obligación legal de asegurar que el registro de la incidencia delictiva sea un reflejo fiel de la realidad territorial.

El diseño de programas de vigilancia tecnológica y prevención no es una facultad discrecional, sino un mandato para garantizar que la protección ciudadana se fundamente en diagnósticos técnicos y no en estrategias de propaganda gubernamental que pretenden invisibilizar la violencia.

La Secretaría de Seguridad tiene la función de actuar como el vector de restauración de equilibrio en las comunidades zacatecanas. Por ello, es competente para ejecutar la reingeniería del despliegue táctico que esta soberanía demanda, integrando herramientas de detección temprana que permitan anticipar hechos de alto impacto como los ocurridos en Villanueva.

Cualquier omisión en el reporte veraz de los delitos o la manipulación de cifras para simular una pacificación inexistente, como la documentada en la “Farsa Zacatecana”, constituye no solo una falla administrativa, sino un obstáculo que asfixia la capacidad de respuesta de la corporación y vulnera el derecho a la seguridad e integridad de la población que hoy vive bajo un estado de miedo inminente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo de Zacatecas para que, a través de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como brindar la atención y justicia para las partes ofendidas y las familias de las víctimas de los acontecimientos suscitados en Villanueva el 11 y 12 de febrero de 2026.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo de Zacatecas para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, instrumenten las acciones y estrategias necesarias dirigidas a diseñar y aplicar una reingeniería de la estrategia de prevención del delito basada en inteligencia técnica y detección temprana, coordinada con un despliegue operativo táctico en las zonas de mayor incidencia delictiva de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la SSPC a garantizar una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como atención y justicia para las familias de las víctimas en el caso de los diez mineros privados de su libertad, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, y las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes:

Consideraciones

La indignación ha reaparecido en la sociedad mexicana tras los hechos ocurridos el 23 de enero de este 2026 en Concordia, Sinaloa, cuando 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, originarios de Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Oaxaca, fueron privados de la libertad por un grupo armado.

Durante 17 días, sus familias vivieron la angustia de la incertidumbre, hasta que -como ha ocurrido tantas veces- la búsqueda terminó en fosas clandestinas. Hasta ahora, sólo cinco mineros han sido identificados y todo apunta a que en los próximos días se confirmará la identidad del resto.

Este patrón —buscar personas vivas y encontrar cadáveres— se ha vuelto una constante que exhibe la incapacidad del Estado mexicano para proteger a su gente.

Con este acontecimiento, Zacatecas vuelve a vestirse de luto, porque entre las víctimas se encuentran dos hijos de esta tierra colorada.

Como sociedad zacatecana, compartimos el profundo dolor por el asesinato de los mineros, un hecho que no únicamente enluta a sus familias, sino que hiere a toda la comunidad. Ante esta tragedia, es imposible guardar silencio o fingir normalidad frente a una violencia que se ha vuelto cotidiana.

Expreso mi solidaridad con las familias de los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, originario de Sombrerete, y José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, de Cañitas de Felipe Pescador.

Sus nombres no deben perderse entre los miles de cifras y de las estadísticas, ni entre las interminables carpetas de investigación abiertas que se encuentran en el baúl de los recuerdos y de los casos sin resolver, y mucho menos en la indiferencia institucional que caracteriza al gobierno actual.

En este contexto, quiero expresar que no sólo me refiero a los dos zacatecanos, mi solidaridad es con las diez familias de los mineros y con los miles de familias que pierden día con día a un familiar o no los encuentran a causa de la inseguridad que se vive en nuestro país, aunado al crimen organizado.

Este caso de desapariciones forzadas, como muchos más, refleja con crudeza la realidad que vive México frente a las desapariciones, un delito que se ha agravado en los últimos años.

Durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, las cifras se incrementaron de manera alarmante, alcanzando hoy un promedio de 40 desapariciones diarias, sin que exista una estrategia eficaz para contenerlas.

Sin duda, el estado de Sinaloa suma cada día más historias de terror. Y todo empezó con traiciones y venganza desde el 2024 entre los Carteles, que sólo han dejado inseguridad, muertes y destrucción a su paso.

El secuestro de los diez trabajadores de la mina de oro y plata Pánuco, es el más reciente episodio que enluta a la sociedad mexicana.

Un testimonio señala: “Es muy duro, ya lo hemos pasado”,1 dice Roque Vargas, hombre sereno y de cabello entrecano, sentado en la puerta de su sencilla vivienda en Chirimoyos, un pequeño pueblo a unos 28 kilómetros del sitio de la mina.

Desde hace unos meses, “ha habido muchos levantones (secuestros) y finalmente lo que ha detonado esta situación es la privación [de la libertad] de los mineros, que ha ocasionado un escándalo a nivel internacional porque era una empresa extranjera”, añade.

Mientras tanto, pareciera que las autoridades no saben qué hacer, no hay un plan de acción, no hay acciones claras que se encaminen a dar con los verdaderos culpables de esta tragedia y a encontrar, con claridad, el móvil para privar de la libertad y de la vida a 10 personas inocentes, que su único delito fue trabajar como mineros.

Esperemos que este gobierno no busque chivos expiatorios que paguen por crímenes o delitos que no cometieron, como, por ejemplo, lo sucedido en el caso del descarrilamiento del tren interoceánico, entre otros más.

Declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, señalan que “las investigaciones sobre la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, apuntan a que el secuestro ocurrió tras una confusión por parte de una organización criminal, que habría identificado erróneamente a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial rival, al detallar los avances del caso ocurrido el pasado 23 de enero”.2

Como representante popular y como madre, no puedo ser indiferente ante este dolor. Exijo al gobierno federal una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como justicia para las víctimas cuyos cuerpos fueron hallados en la comunidad de El Verde, a 16 kilómetros del lugar de su secuestro.

México merece saber qué ocurrió, por qué personas trabajadoras y sin relación con la delincuencia fueron levantadas y por qué fueron asesinadas.

Sinaloa parece hoy territorio sin ley, resultado de gobiernos incapaces de pacificar la región y de tolerar vínculos entre el poder político y el crimen organizado.

Las cifras de violencia no son alentadoras, más bien son alarmantes, y en relación a las desapariciones, México transita por una crisis sin tregua, el registro oficial señala que hay 130 mil personas desaparecidas, con un promedio diario de 40 desapariciones.

En Palacio Nacional aplauden con bombo y platillo la supuesta disminución de los homicidios dolosos en el país, que dicen que pasaron de un promedio diario de 86.9 en septiembre 2024 a 50.9 víctimas en enero 2026.

Estas desafortunadas declaraciones no son para aplaudir, no son buenas noticias, esta nota debería señalar que atienden la violencia en México con inteligencia y estrategias eficaces, con resultados contundentes y que la procuración de justicia es justa, evitando el carrusel en reclusorios, cuando los delincuentes duran más tiempo en un supermercado que encerrados por los crímenes cometidos.

De manera personal, no comparto las opiniones positivas y alegres señaladas por el gobierno ante un estado fallido en materia de seguridad, en dónde nosotros y nuestras familias salimos a las calles sin saber si regresaremos. Como mexicana y zacatecana, me niego a normalizar la violencia y a vivir con miedo.

Hoy levanto la voz desde el congreso y me uno al grito social que exige justicia por el multihomicidio de los mineros, por el levantamiento de tres turistas también en Sinaloa, por encarcelar a los narcopolíticos, por combatir la extorsión y por las víctimas de los descarrilamientos del Tren Interoceánico, del Tren Maya y de la Línea 12 del Metro, entre muchos otros casos lamentables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de garantizar una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como atención y justicia para las familias de las víctimas en el caso de los diez mineros privados de su libertad, de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, originarios de Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Oaxaca.

Notas:

1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
secuestro-mineros-sinaloa-hallan-cadaver-fosas-busqueda-20260207-798846.html

2 https://www.infobae.com/mexico/2026/02/10/fueron-confundidos-con-integrantes-de-un-grupo-antagonico
-explico-harfuch-sobre-mineros-desaparecidos-en-sinaloa/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2026.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)