Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a inspeccionar que los proveedores de servicios aéreos informen de manera clara y visible los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las 32 entidades federativas y a los diversos colegios de notarios constituidos dentro del país a realizar diversas acciones y hagan del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, a STPS y a la SHCP a implementar un fondo extraordinario de apoyo económico temporal dirigido a las y los trabajadores despedidos del complejo de manufactura de General Motors, en Ramos Arizpe, Coahuila, y garantizar el acceso a servicios de salud y acompañamiento institucional para su reincorporación al mercado laboral, a cargo del diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a informar a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y de infraestructura de los planteles; suspender su programa de expansión hasta garantizar estándares de calidad, cesar las reubicaciones forzosas en la sede Cuauhtémoc para no afectar a los estudiantes, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a inspeccionar que los proveedores de servicios aéreos informen de manera clara y visible los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Salim Alle, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, inspeccione que los proveedores de servicios aéreos informen de manera clara y visible los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo.

Exposición de Motivos

Nuestro país se encuentra posicionado como el sexto país más visitado a nivel mundial, según el Barómetro del turismo mundial de la Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT), lo cual ha hecho que el número de vuelos tanto nacionales como internacionales tenga un mayor dinamismo en el país, lo que se ha reflejado en el aumento en el número de vuelos y pasajeros trasladados.1

Para darnos una idea de este crecimiento, en 2024 la Secretaría de Turismo señaló que se registraron 119.4 millones pasajeros trasladados en vuelos nacionales e internacionales, lo que representó un aumento de 11% en vuelos nacionales y 5% en vuelos internacionales con respecto a 2023.2

En el ámbito nacional, se registraron 61 millones 547 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, siendo Viva Aerobús y Volaris las de mayor participación, que en su conjunto transportaron 43 millones 892 mil pasajeros.

Asimismo, la Agencia Federal Civil de Aviación resaltó que para 2024 se tuvieron 874 mil vuelos, esta cifra superior representa un aumento de 0.5% con respecto a los 870 mil vuelos registrados en 2023.3

Dichos datos tienen gran relevancia puesto que, el aumento en la demanda de estos servicios de trasporte aéreo, ha venido en aumento año con año, trayendo consigo cada vez más una mayor demanda de estos servicios.

Sin embargo, dicho aumento en la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales ha hecho que las aerolíneas excedan sus capacidades logísticas y físicas para atender a los pasajeros, dando como resultado un efecto de malas prácticas por parte de estas compañías aéreas.

Estas malas prácticas se pueden observar desde el cambio de horarios de vuelos sin previa antelación que genera retrasos significativos, cambios de aeronaves que traen como consecuencia modificaciones en los lugares y calidad de los asientos que previamente ya habían sido adquiridos por los consumidores, los cobros injustificados por la documentación de equipaje, la perdida de conexiones por falta de información, la sobreventa de boletos entre muchos otros casos.

En este sentido, desde 2017 se modificó la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las aerolíneas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, así como a respetar e informar a los consumidores de manera veraz, adecuada y clara sus derechos y obligaciones.

Con dicha modificación se establecieron los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo4 , los cuales tienen como objetivo:

I. Información y publicidad: el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea, de tal modo que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del pasajero, las políticas de compensación, los motivos del retraso, demora o cancelación, las medidas de seguridad operacional y poner a disposición del pasajero toda la información relativa para la presentación de quejas o reclamaciones en cada una de las terminales donde opere.

La información y publicidad proporcionada debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a error o confusión, sea a través de sitios web , puntos de atención, mostradores, centrales de reserva, módulos de atención al pasajero y en cada asiento de la aeronave o, en su defecto, en medios impresos con que cuenten a bordo.

II. Tarifas y precios: La aerolínea debe dar a conocer los términos y condiciones aplicables al momento de comprar el boleto.

El costo del boleto debe incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier otro cargo cubierto. Además de respetar en todo momento tarifas y restricciones, el monto total a pagar debe ser informado de forma clara.

III. Servicios adicionales: La aerolínea puede ofrecer estos servicios al momento de la compra del boleto, tales como seguros, renta de auto, asistencia; sin embargo, no podrá realizar cargos que condicionen la compra del boleto a la contratación obligatoria de servicios adicionales.

IV. Devolución del boleto: Si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea la devolución del precio del boleto, en el lapso de 24 horas siguientes a la hora de su compra.

Transcurrido ese plazo la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación, mismas que deberán ser en beneficio del pasajero, observando en todo momento los derechos mínimos contenidos en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

V. Retraso o demora: Las causas o razones del retraso o demora del vuelo deben ser informadas por medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero.

Si el retraso o demora es atribuible a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero, como mínimo, de acuerdo con lo siguiente:

a) Superior a 1 hora e inferior a 4 horas: proporcionar, como mínimo, descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

b) Mayor o 2 horas pero menor a 4 horas: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto.

VI. Demora mayor a 4 horas o cancelación: Si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje; o,

b) A transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o,

c) A transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

VII. Sobreventa: Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, el pasajero tiene la opción de elegir los beneficios que aplican para el supuesto de cancelación.

La aerolínea puede solicitar voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios que no deben ser inferiores a los que aplican para la cancelación, excepto cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas no públicas o se presente fuera del tiempo para documentar el embarque.

Tienen preferencia para abordar personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.

VIII. Cambio de itinerario: La aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación a la salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en caso de que se produzcan cambios en el itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico.

Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea debe informar al pasajero tan pronto tenga certeza de que ese cambio es inevitable.

IX. Pago de compensación e indemnización: Deben cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, excepto alimentos, bebidas y hospedaje, los cuales deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.

En 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 699 quejas por parte de los consumidores en contra de diversas aerolíneas, destacando en su mayoría el no informar en la demora o retraso de los vuelos, los cambios de itinerario, los cobros excesivos en equipaje y la falta de información clara y transparente a la hora de realizar su compra.

De acuerdo con información de la prensa mexicana, VivaAerobus obtuvo la mayoría de las reclamaciones, con 236; Aeroméxico , con 208; Tar Aerolíneas , con 75; Volaris , con 60, y Aerolíneas del Estado Mexicano , con 16.[5]

De las quejas presentadas en contra de empresas de transporte aéreo nacionales, Aeroméxico logró concluir 52, concilió 24 y se encuentran en trámite 156; por su parte VivaAerobus concilió 31; mientras en el caso de Volaris fueron 11.

A pesar de ello, siguen existiendo denuncias ante la PROFECO por la poca o nula falta de información a los consumidores, lo que repercute no solo en su itinerario de actividades, sino que, esto puede traer consigo una consecuencia económica que afecta solo a los usuarios y no a las líneas aéreas.

En este sentido, el aumento en los vuelos tanto nacionales como internacionales seguirá en aumento, no solo porque México es un gran destino turístico, sino también, por la demanda en las actividades cotidianas de la población, por lo que es esencial que este tipo de afectaciones como la violación de sus derechos de los consumidores y la desinformación a la hora adquirir un vuelo no siga repercutiendo en los viajeros.

Por tal motivo, pongo a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo con el objetivo de solicitar respetuosamente a la PROFECO que implemente revisiones a las líneas aéreas para que informe a los pasajeros de manera clara y visible sus derechos, los términos y condiciones del servicio, las políticas compensatorias y cualquier cambio o retraso en sus vuelos, tal como se establece en la Ley Federal del Consumidor y la Ley Federal de Aviación.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las medidas de inspección y vigilancia necesarias a efecto de que los proveedores de servicios aéreos cumplan con lo establecido en la ley respecto a su obligación de informar, a través de medios impresos y electrónicos, de manera clara y visible, los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo.

Notas:

1. Secretaría de Relaciones Exteriores. (2024). Consultado de México sexto lugar en arribo de Turistas. https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/ver-mas-prensa/34-20 18/1630-mexico-sexto-lugar-del-ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-in ternacionales-confirma-omt

2. Secretaría de Turismo. (2025). Consultado de Más de 119 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales. https://www.gob.mx/sectur/es/articulos/mas-de-119-millones-de-pasajeros -se-transportaron-en-vuelos-nacionales-e-internacionales-en-2024?idiom= es

3. Secretaría de Turismo. (2024) Consultado de Indicadores de la Aviación Mexicana. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/975588/indicadores-trans porte-aereo-diciembre-2024-31012025.pdf

4. Procuraduría Federal del Consumidor (2024). Consultado de Derechos y Obligaciones de los pasajeros de servicio público aéreo. https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/pdf/DERECHOS%20Y%20OBLIGAC IONES%20VIAJAR%20EN%20AVI%C3%93N%20QR%20(vf).pdf

5. La Jornada. (2025). Consultado de El año pasado aerolíneas sumaron 699 quejas: Profeco. https://www.jornada.com.mx/2025/01/13/politica/012n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las 32 entidades federativas y a los diversos colegios de notarios constituidos dentro del país a realizar diversas acciones y hagan del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que respetuosamente se exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas que conforman la República Mexicana, así como a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro del país, para que realicen diversas acciones y hagan del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida, conforme a las siguientes

Consideraciones

La función notarial es una de las instituciones más antiguas y trascendentes del derecho público. No se trata de un privilegio ni de un título honorífico, sino de una delegación directa de la autoridad del Estado en favor de personas profesionales del derecho, a quienes se les otorga la confianza de ejercer la fe pública. Esta confianza no es menor: implica que los actos y hechos que el notario consigna en un instrumento se presumen verdaderos, auténticos y revestidos de validez jurídica.

Por tanto, el ejercicio de la función notarial debe regirse por los principios de rogación, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y autonomía, los cuales son indispensables para garantizar la certeza jurídica de los actos celebrados ante notario y la protección del patrimonio y derechos de la ciudadanía.

La fe pública representa el compromiso más alto entre el Estado y la sociedad. Es la garantía de que los hechos consignados en los instrumentos notariales son verdaderos, y que las personas pueden confiar en su autenticidad. La seguridad jurídica, por su parte, es el derecho que toda persona tiene a que su vida, sus bienes y sus derechos no sean vulnerados. Cuando ambas se conjugan, la sociedad encuentra en el notariado un espacio de confianza y orden jurídico.

Así lo señaló el jurista Froylán Bañuelos Sánchez, al afirmar que “la fe pública es la garantía que da el Estado de que determinados hechos que interesan al derecho son ciertos; mediante ella se impone coactivamente a todos la certidumbre de los hechos objeto de la misma”.

Por ello, la fe pública que el Estado otorga mediante el fíat notarial es el principio esencial de la función notarial. Sin embargo, cuando una persona notaria actúa sin ética, sin profesionalismo o al margen de la legalidad, rompe ese pacto de confianza, traiciona la fe pública y daña directamente la credibilidad del Estado. Quien falsea, omite o abusa del poder que le fue conferido no sólo incumple con su deber, sino que comete una afrenta contra la sociedad que lo ha investido de confianza.

El quebrantamiento de la fe pública no puede ni debe quedar impune. Un notario que actúa al margen de la ley debe enfrentar la revocación de su fíat y las sanciones administrativas y penales correspondientes. Pero, además, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes han traicionado esa confianza.

Por ello, resulta indispensable que los datos de las personas notarias públicas que cuenten con sentencia firme por actuaciones contrarias a la fe pública o al cumplimiento de sus obligaciones sean de carácter público. La transparencia en estos casos no es un castigo, sino un deber del Estado con la sociedad, pues sólo así se protege el derecho de las personas a conocer la conducta de quienes tienen en sus manos la autenticación de sus actos jurídicos más relevantes.

La opacidad protege la impunidad. El secretismo con que algunos colegios notariales o autoridades administrativas han manejado las sanciones impuestas a notarios infractores ha minado la credibilidad de la institución notarial. Nadie puede ser juez y parte cuando lo que está en juego es la confianza pública.

Los colegios notariales, como entes de orden público y de representación profesional, están igualmente obligados a promover la justicia, la transparencia y el bienestar social. Su función no debe limitarse a la defensa gremial, sino que debe orientarse a preservar la integridad de la función notarial, difundir los valores que la sustentan y denunciar públicamente a quienes han deshonrado la fe pública.

El notariado debe ser un espacio de confianza, no de complicidades. Cuando un fedatario incurre en irregularidades y es sancionado por la autoridad judicial, el silencio institucional se convierte en encubrimiento; y el encubrimiento, en este contexto, equivale a traicionar al pueblo.

Por ello, esta propuesta de exhorto tiene como propósito llamar a las autoridades competentes, tanto a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, como de los Colegios Notariales y órganos supervisores, a que fortalezcan los mecanismos de vigilancia, transparencia y sanción en torno al ejercicio de la función notarial, y que garanticen que toda persona sancionada con sentencia firme por violar la fe pública sea identificable públicamente.

Asimismo, se exhorta a los Colegios Notariales a asumir una postura activa en la defensa de la integridad profesional y en la depuración de sus filas, entendiendo que su prestigio se fortalece no encubriendo a los suyos, sino protegiendo a la ciudadanía.

El notariado debe entender que la confianza del pueblo no se hereda, se gana y se sostiene con conducta intachable. Por tanto, quien traiciona esa confianza pierde no sólo su fíat , sino la legitimidad moral de ejercer una función que depende de la verdad.

La fe pública no admite excepciones: o se honra con honestidad, o se destruye con el abuso. La ciudadanía ya no tolera simulaciones. El Estado no puede ser cómplice de la corrupción disfrazada de formalidad jurídica. Por eso, este exhorto busca recordar que la fe pública es sagrada en términos cívicos y jurídicos, y que quien la ensucia deberá enfrentar las consecuencias de su traición con la fuerza de la ley y el juicio de la sociedad.

Por tal motivo, pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, respetuosamente exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y a través del órgano o unidad administrativa correspondiente, desarrolle, instrumente y ponga en marcha un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro de la República Mexicana para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme un principio proactivo difundan un registro de notarios públicos, o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2026

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE, a STPS y a la SHCP a implementar un fondo extraordinario de apoyo económico temporal dirigido a las y los trabajadores despedidos del complejo de manufactura de General Motors, en Ramos Arizpe, Coahuila, y garantizar el acceso a servicios de salud y acompañamiento institucional para su reincorporación al mercado laboral, a cargo del diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción Il y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La confirmación del despido de alrededor de mil novecientos trabajadores por parte de la empresa automotriz General Motors México en su complejo de manufactura ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, pone de manifiesto una problemática que va más allá de una decisión empresarial y evidencia la ausencia de una estrategia clara y eficaz por parte del Gobierno federal para proteger a uno de los sectores productivos más relevantes del país.

Si bien la empresa ha señalado que esta medida responde a presiones comerciales derivadas de la imposición de impuestos arancelarios por parte del Gobierno de los Estados Unidos y a la desaceleración del mercado de los vehículos eléctricos, resulta evidente que estos factores eran previsibles y que el Estado mexicano no adoptó acciones oportunas para anticipar y mitigar sus efectos en el empleo nacional.

Durante el año 2025, General Motors trasladó parte de su producción hacia Estados Unidos con el objetivo de evitar dichos aranceles, lo que impactó directamente la operación de la planta en Coahuila. Esta decisión dejó al descubierto la fragilidad del gobierno federal y la falta de mecanismos que permitan retener inversiones estratégicas ante cambios en el entorno internacional.

El anuncio de la eliminación del segundo turno de producción, que derivó en el despido de personal sindicalizado y de confianza, representa una consecuencia directa de la inacción gubernamental frente a un contexto global adverso. Aunque la empresa ha señalado que cumplirá con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en materia de liquidaciones, ello no compensa el daño social y económico generado.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, atribuyó este ajuste a la reducción de incentivos en Estados Unidos para la producción de vehículos eléctricos. No obstante, esta explicación resulta insuficiente, pues confirma que el Gobierno federal no diseñó una estrategia alternativa que permitiera contrarrestar la pérdida de dichos estímulos y mantener la competitividad de la industria automotriz en México.

La industria automotriz es un pilar fundamental del empleo formal y de la inversión extranjera directa en el país. La falta de una política pública orientada a su fortalecimiento expone a miles de trabajadores a la incertidumbre laboral y debilita la estabilidad económica de regiones enteras, como es el caso de Coahuila.

El despido de casi dos mil personas no solo afecta a quienes pierden su empleo, sino que genera un impacto negativo en la cadena de proveeduría, en el consumo local y en las economías familiares que dependen de manera directa o indirecta de esta actividad productiva.

La ausencia de una estrategia preventiva por parte del Gobierno federal demuestra una visión reactiva y no preventiva frente a los cambios en la economía global. Los escenarios de desaceleración, reconfiguración de cadenas productivas y modificaciones en políticas comerciales internacionales eran advertidos desde hace tiempo, sin que se adoptaran medidas concretas para proteger el empleo nacional.

Esta falta de planeación ha colocado a miles de trabajadoras y trabajadores en una situación de vulnerabilidad, sin contar con un respaldo institucional que les permita afrontar la pérdida de su fuente de ingresos.

Ante este escenario, resulta indispensable reconocer la necesidad urgente de crear un fondo federal de apoyo económico dirigido a las y los trabajadores despedidos, que les permita cubrir sus necesidades básicas mientras se reincorporan al mercado laboral. Dicho fondo debe contemplar apoyos temporales suficientes, acceso a servicios de salud y acompañamiento institucional.

La inexistencia de un mecanismo de este tipo evidencia una omisión grave en la política social del Gobierno federal, pues se deja a las personas desempleadas a merced de soluciones individuales, ignorando la dimensión colectiva del problema.

Asimismo, es fundamental que el Gobierno federal diseñe e implemente una estrategia integral que permita mitigar los efectos de decisiones empresariales derivadas de factores externos, como cambios en la política comercial de otros países o en los incentivos internacionales.

Dicha estrategia debe incluir herramientas de anticipación y análisis de riesgo que permitan prever escenarios futuros y actuar de manera preventiva, en lugar de reaccionar cuando el daño ya es irreversible. El Estado tiene la responsabilidad de proteger el empleo y garantizar condiciones mínimas de certidumbre para quienes sostienen la economía nacional.

Es necesario establecer una política industrial que no dependa exclusivamente de decisiones externas, sino que fortalezca la capacidad productiva interna y genere condiciones para la permanencia y expansión de empresas estratégicas.

Por tal motivo, este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Gobierno federal a asumir su responsabilidad ante la falta de una estrategia oportuna que evitara este impacto laboral y a actuar de manera inmediata para atender sus consecuencias.

La creación de un fondo de apoyo para las y los trabajadores desempleados, así como el diseño de una estrategia preventiva que permita anticipar y mitigar escenarios similares en el futuro, no debe ser una opción, sino una obligación del Estado mexicano. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para que, de manera inmediata, diseñe e implemente un fondo extraordinario de apoyo económico temporal dirigido a las y los trabajadores despedidos del complejo de manufactura de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, con el objetivo de garantizar ingresos mínimos, acceso a servicios de salud y acompañamiento institucional mientras se reincorporan al mercado laboral.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a diseñar e implementar una estrategia integral de atención y mitigación de impactos laborales derivados de decisiones empresariales relacionadas con cambios en la política comercial internacional, la relocalización de procesos productivos y la desaceleración de sectores estratégicos, particularmente el automotriz.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la política industrial del país, incorporando instrumentos de apoyo, incentivos y acompañamiento que permitan mantener la competitividad de la industria automotriz instalada en México, proteger las fuentes de empleo y reducir la dependencia de decisiones externas que impacten negativamente a la economía nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2026

Diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a informar a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y de infraestructura de los planteles; suspender su programa de expansión hasta garantizar estándares de calidad, cesar las reubicaciones forzosas en la sede Cuauhtémoc para no afectar a los estudiantes, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y al Titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que informen a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y de infraestructura de los planteles; Suspender su programa de expansión hasta garantizar estándares de calidad, cesar las reubicaciones forzosas en la sede Cuauhtémoc para no afectar a los estudiantes y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización en el Informe de la Cuenta Pública 2024, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) fue anunciado en 2019 con la promesa de crear 100 sedes en comunidades marginadas y ampliar la cobertura de educación superior. A cada estudiante se otorgaría una beca de 2,400 pesos mensuales y se planeó que el proyecto atendiera a 256,000 jóvenes al finalizar el sexenio.

El decreto de creación otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio al Organismo Coordinador de las UBBJG1 , pero durante los primeros años el programa funcionó sin lineamientos académicos, ausencia de infraestructura ni reconocimiento oficial, lo que provocó que muchos planteles operaran en edificios rentados o terrenos baldíos, sin las mínimas condiciones para funcionar como una verdadera universidad.

Con el paso del tiempo las cifras oficiales han cambiado. El informe de gobierno 2024-2025 sostiene que para 2025 el programa atenderá a 85,000 estudiantes en 37 carreras y cuenta con 202 sedes educativas con capacidad para 247,000 alumnos.2 El mismo informe presume 10,871 egresados y 7,108 titulados y destaca una inversión de 2,500 millones de pesos para instalación de aulas y equipamiento en 2025.3 Sin embargo, declaraciones oficiales posteriores contradicen estas cifras: el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la Directora del programa, Raquel Sosa, informaron en enero de 2026 que existen 215 sedes, con 85,000 estudiantes, 1,652 docentes y 10,589 egresados titulados. También anunciaron que planean abrir 300 planteles y que la inversión en infraestructura podría alcanzar 8,000 millones de pesos.4, 5

Estas cifras contrastan con reportes e información que es señalada por la prensa. Cobra relevancia que en un artículo publicado en agosto de 2024 reveló que sólo 1,335 cédulas profesionales habían sido expedidas en 47 de las 200 sedes y que 80% de los egresados carecían de dicho documento. La Secretaría de Educación Pública admitió que desde la creación del programa hasta mayo de 2024 habían egresado 6,372 personas, lo que significa que 5,037 graduados no contaban con cédula profesional. Ese mismo reportaje indicó que, a julio de 2024, las universidades registraban 58,503 alumnos y 1,675 docentes, equivalentes a 35 estudiantes por profesor; la UNAM y el IPN, en cambio, cuentan con aproximadamente 10 profesores por cada 100 estudiantes.1

Entre los problemas que se identifican se encuentra la eficiencia terminal y el rezago en la titulación dentro del programa se manifiesta primordialmente en la baja emisión de títulos y cédulas profesionales, evidenciando una brecha crítica entre las cifras oficiales y la realidad administrativa. Aunque la dirección del programa sostiene haber expedido más de 10,000 títulos, los datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a la Secretaría de Educación Pública revelan que solo se han emitido 1,335 cédulas profesionales y cargado 1,892 títulos electrónicos en la plataforma oficial.7

Esta discrepancia implica que casi el 80% de los egresados carece de la documentación necesaria para el ejercicio legal de su profesión, situando la tasa de titulación entre un 20% y 30%, cifras significativamente inferiores al 70% u 80% que registran instituciones consolidadas como la UNAM o el IPN.8

Aunado a lo anterior, existe una marcada inconsistencia en las cifras reportadas por las distintas autoridades, lo que genera un clima de opacidad que dificulta cualquier evaluación objetiva de la eficiencia terminal. Mientras el informe de gobierno 2024-2025 reporta 10,871 egresados y 7,108 titulados, el secretario de Educación y la directora del programa manejan una cifra de 10,589 titulados. Esta falta de homogeneidad en los datos no solo confunde a la opinión pública, sino que pone en duda la veracidad de los avances reportados por la actual administración.

La situación se agrava al analizar la falta de reconocimiento oficial en carreras específicas, donde la SEP admite que en 13 de las 36 licenciaturas ofertadas no se ha expedido una sola cédula profesional. Los casos más alarmantes se presentan en áreas técnicas y administrativas vitales, como Ingeniería en Computación con apenas dos cédulas, Administración Municipal y Políticas Públicas con seis, e Ingeniería Industrial y Electromecánica con siete. Esta carencia de documentos oficiales limita drásticamente la inserción laboral de los graduados, quienes, a pesar de haber concluido sus estudios, se enfrentan al mercado de trabajo sin el respaldo legal que garantice sus competencias profesionales limitando su posibilidad.9

La infraestructura educativa del programa se caracteriza por una marcada precariedad y el incumplimiento de los estándares normativos esenciales para la enseñanza superior. Diversas investigaciones periodísticas y auditorías técnicas, tras la inspección de 30 planteles, revelan que ninguna de las sedes evaluadas cumple con la totalidad de los requisitos para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), operando con un cumplimiento promedio de apenas el 46.2%.

Esta deficiencia estructural se complementa con una contradicción en el objetivo social del programa, pues solo el 38% de los planteles se localiza efectivamente en zonas de alta marginación. Además, la gestión de los recursos ha sido severamente cuestionada; a pesar de una inversión acumulada de 9,105.7 millones de pesos entre 2019 y 2025, se han documentado sedes inexistentes o en estado de abandono, como en las alcaldías Magdalena Contreras y Cuauhtémoc, donde los predios destinados al aprendizaje permanecen como terrenos baldíos o inmuebles sin actividad académica visible.

La inestabilidad operativa y la falta de patrimonio inmobiliario propio han derivado en decisiones administrativas arbitrarias que vulneran directamente el derecho a la educación de la comunidad estudiantil. Un caso crítico ocurrió en enero de 2026, cuando el cierre de la sede Cuauhtémoc por falta de pago de renta forzó la relocalización de más de 300 estudiantes hacia Texcoco.

Esta medida no solo ignora la capacidad económica de los alumnos, para quienes los costos de transporte resultan prohibitivos, sino que incrementa exponencialmente el riesgo de deserción escolar. Estas relocalizaciones forzosas y el uso de edificios prestados evidencian que el presupuesto multimillonario asignado no se ha traducido en una infraestructura sólida ni en garantías de permanencia para los estudiantes, comprometiendo la viabilidad a largo plazo del modelo educativo propuesto.

El presupuesto se ha incrementado sin resultados proporcionales. A pesar de que el financiamiento acumulado supera los 9,105 millones de pesos y que se proyecta invertir 8,000 millones más, los indicadores de matrícula, infraestructura y titulación siguen siendo precarios. La distribución del gasto es opaca y una parte significativa se destina a arrendamientos y apoyos administrativos sin evidencia de mejora en la calidad educativa

La configuración del cuerpo académico en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez presenta una debilidad estructural frente a la demanda estudiantil, demostrando una relación docente-alumno significativamente baja en comparación con otras instituciones de educación superior. Con apenas 1,652 docentes para una matrícula de 85,000 estudiantes, el programa opera con un promedio de dos profesores por cada 100 alumnos, una cifra que contrasta drásticamente con los estándares de la UNAM o el IPN, donde la proporción alcanza los 10 académicos por cada 100 estudiantes.

Esta disparidad se agrava por la falta de homogeneidad en el sistema, ya que evaluaciones realizadas desde 2021 demuestran que, dependiendo de la sede, la relación docente-alumno puede variar desde un profesor por cada 4.4 alumnos hasta casos críticos de un docente por cada 90 estudiantes, lo que compromete seriamente la atención personalizada y el rigor pedagógico.

A la desproporción numérica se suma una profunda crisis de precarización laboral que afecta directamente la estabilidad y calidad del proceso educativo. Investigaciones periodísticas han documentado que gran parte de la plantilla docente labora bajo esquemas de contratación eventual, careciendo de prestaciones básicas y seguridad social.

Esta vulnerabilidad se ve intensificada por reportes de retrasos salariales recurrentes que obligan a los profesores a esperar meses por su remuneración, lo que no solo desincentiva el compromiso profesional, sino que genera una alta rotación de personal. En última instancia, esta inestabilidad en las condiciones de trabajo de los académicos repercute de forma negativa en la continuidad de los programas de estudio, dejando a los estudiantes en una situación de incertidumbre constante sobre la validez y el seguimiento de su formación profesional.

Se ha experimentado una expansión presupuestal desmedida que no encuentra correlación con la solidez de su infraestructura ni con resultados académicos tangibles. El presupuesto, que inició con 1,000 millones de pesos en 2019, se ha catapultado hasta proyectar un gasto de 3,014.9 millones de pesos para 2025, sumado al anuncio de una inversión extraordinaria de 8,000 millones en 2026 para alcanzar las 300 sedes con un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 3,105.4 millones de pesos.

Sin embargo, este flujo de capital, que suma un gasto acumulado de 9,105.7 millones de pesos entre 2019 y 2025, se ha diluido en una red de planteles inoperantes e ineficientes. A pesar de que la dirección afirma destinar el 57% de los recursos a equipamiento e instalación, la realidad en campo desmiente estas cifras, pues predominan las denuncias sobre obras inconclusas en terrenos donados por ejidos y una ausencia total de contratos de arrendamiento públicos que justifiquen el destino final del erario.

Con base en todo lo anterior, queda en evidencia que la operación de la Universidades del Bienestar Benito Juárez carecen de transparencia y rendición de cuentas. No se publican los listados de alumnos, docentes ni contratos de arrendamiento, ni existe un seguimiento claro de la construcción de las sedes. La opacidad facilita la discrecionalidad y ha generado sospechas de un uso político-electoral de los recursos asignados a su operación, por lo que es prioritario que informen a esta Soberanía sobre el uso de los recursos y resultados tangibles de su funcionamiento.

Las deficiencias impactan directamente en los estudiantes y sus comunidades. Además del retraso en la titulación, muchos jóvenes deben trasladarse largas distancias o cambiar de sede sin aviso previo, como ocurrió en la sede Cuauhtémoc, donde 300 estudiantes fueron reubicados.10 La incertidumbre y la precariedad fomentan la deserción y generan frustración en quienes buscaban una oportunidad de superación en una institución educativa que representa un engaño para los jóvenes estudiantes.

Este punto de acuerdo busca que el programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García rinda cuentas claras sobre su operación, mejore sus condiciones académicas y administrativas y evite que los jóvenes de comunidades marginadas sean víctimas de una política educativa improvisada que comprometa su futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que informen a la Opinión Pública sobre la situación del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a través de su página electrónica oficial. El cual deberá incluir:

a) El padrón de sedes en operación y su ubicación, precisando las condiciones físicas en que prestan el servicio educativo, y cuáles cuentan con instalaciones terminadas, cuáles operan en edificios rentados y cuáles siguen en construcción.

b) La matrícula atendida, la plantilla docente y las carreras impartidas, desglosado por plantel.

c) El número de egresados, titulados y cédulas profesionales expedidas por generación y por carrera, así como los que se encuentran pendientes.

d) Los contratos de arrendamiento, convenios de donación de predios, costos de construcción y proveedores involucrados en la edificación y equipamiento de las sedes.

e) El monto ejercido del presupuesto federal en cada ejercicio de 2019 a 2025 y las metas de cobertura y titulación alcanzadas por año.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice auditorías de cumplimiento financiero y de desempeño conducentes sobre la operación y recursos asignados al Organismo Coordinador de las Universidades Bienestar Benito Juárez García sobre la correcta aplicación de los fondos, la pertinencia de los gastos en arrendamientos e infraestructura, la contratación de personal y la consistencia de los datos de matrícula y titulación en el programa de Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024. Así como también informen a la opinión pública a través de un comunicado en su página electrónica oficial sobre las observaciones que no fueron solventadas en las cuentas públicas de 2019 a 2023.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que suspendan la expansión del programa y cualquier anuncio de nuevas sedes hasta que se demuestre, mediante informes públicos y auditorías, que las actuales cumplen con los estándares de calidad en infraestructura, plantilla de docentes y reconocimiento oficial, y que la titulación de los egresados está garantizada.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que transparenten la información del programa mediante la publicación periódica en su página electrónica sobre el padrón de sedes, matrículas, docentes y egresados por años, así como de los avances en infraestructura y titulación de estudiantes por plantel, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los recursos públicos se ejerzan con eficacia y justicia.

Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que se suspenda y reviertan toda reubicación o remoción de estudiantes de la sede Cuauhtémoc ubicado en la Ciudad de México, evitar que implique traslados forzosos o cambios de plantel sin garantizar condiciones equivalentes o superiores de servicio educativo, seguridad e infraestructura; se asegure la continuidad académica del alumnado, se evite interrupciones del ciclo escolar, pérdida de clases, prácticas, servicio social y evaluaciones; se presente un plan de solución inmediata y se realice un comunicado oficial, que garantice que no habrá afectación a los estudiantes con alternativas de sede dentro de la misma zona de influencia, a fin de lograr la plena satisfacción de los estudiantes.

Sexto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para que de manera inmediata, agilicen, regularicen y concluyan los trámites de titulación y expedición de cédulas profesionales de las y los egresados que ya cumplieron los requisitos, emitiendo los documentos con plena validez oficial y estableciendo plazos perentorios y un mecanismo público de seguimiento en la página electrónica oficial con ventanilla de atención y calendario de entrega, a fin de eliminar la omisión y falta de respuesta institucional que hoy impide el ejercicio profesional, restringe el acceso a mejores salarios y genera incertidumbre jurídica y laboral, obstaculizando su incorporación efectiva al sector productivo.

Notas:

1. Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado dentro del sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, que tiene por objeto prestar servicios educativos de tipo superior, con base en la participación social y orientado atender a estudiantes excluidos de la educación superior por razones de condicionamientos académicos al acceso, limitaciones económicas, falta de apoyos para realizar sus estudios, dificultades por razones de género y origen social, alejamiento de sus comunidades de origen y falta de pertinencia de carreras ofrecidas por otras instituciones públicas y privadas para lograr una formación profesional acorde con las necesidades de supervivencia en comunidades y municipios que enfrentan rezago y vulnerabilidad social. Artículo 2° del Estatuto orgánico del organismo público descentralizado denominado organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García.

2. https://www.informegobierno.gob.mx/indice/universidades-para-el-bienest ar-benito-juarez-garcia.

3. https://24-horas.mx/mexico/universidades-para-el-bienestar-benito-juare z-tienen-215-planteles-mario-delgado/.

4. https://www.jornada.com.mx/2026/01/23/politica/009n3pol#:~:text=Delgado%20Carrillo%20destac%C3%B3%20
que%20los,que%20las%20condiciones%20lo%20permitan%E2%80%9D.

5. https://www.facebook.com/SEPmx/posts/sepinforma%EF%B8%8F-con-la-constru cci%C3%B3n-de-20-nuevas-unidades-de-las-universidades-para-/12719200882 94816/.

6. https://politica.expansion.mx/mexico/2024/08/13/egresados-de-universida des-de-amlo-no-tienen-cedula.

7. Ibidem.

8. https://animalpolitico.com/analisis/invitades/universidades-del-bienest ar-decepcion-suenos-y-mentiras.

9. https://politica.expansion.mx/mexico/2024/08/13/egresados-de-universida des-de-amlo-no-tienen-cedula.

10. https://www.cronica.com.mx/metropoli/2026/01/20/estudiantes-de-universi dad-del-bienestar-en-cuauhtemoc-rechazan-cambio-de-sede-tras-problemas- administrativos/.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)