Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a prevenir, atender y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, en cumplimiento del interés superior de la niñez y del derecho a una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ofelia Socorro Jasso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado es un fenómeno documentado y en expansión en México. Organizaciones civiles han señalado que hasta 250 000 menores entre 12 y 15 años podrían estar en riesgo de ser reclutados por cárteles del narcotráfico, especialmente en estados como Chihuahua, Colima, Baja California y la Ciudad de México, dada la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades educativas y laborales.1

De acuerdo con un informe de la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, entidad donde se localiza el Rancho Izaguirre, señalado como presunto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, las personas adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años concentran el mayor número de reportes de desaparición registrados entre enero y abril de 2025,2 existiendo indicios de que una parte de estos casos estaría relacionada con su incorporación forzada a estructuras del crimen organizado, particularmente en entornos caracterizados por altos niveles de violencia y una limitada capacidad de prevención institucional.

De manera aún más preocupante, reportes recientes indican que en algunas entidades se han identificado casos de reclutamiento forzado de niños y niñas desde los 8 años de edad, mediante promesas de empleo o ingresos económicos atractivos, lo cual revela una tendencia de los grupos delictivos a incorporar a integrantes cada vez más jóvenes para suplir pérdidas o expandir sus operaciones.3

Al mismo tiempo, investigaciones oficiales y análisis de la Secretaría de Gobernación han documentado que los grupos del crimen organizado han adaptado sus métodos para captar a menores, utilizando plataformas digitales como redes sociales, juegos y aplicaciones de mensajería para contactar y atraer a niñas, niños y adolescentes, manipulando expectativas y explotando vulnerabilidades.4

El fenómeno se observa en un contexto más amplio de violencia del crimen organizado en México, donde múltiples estados, incluyendo Baja California, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas,5 han sido identificados como “focos rojos” de reclutamiento de menores para actividades delictivas que van desde el narcomenudeo hasta el sicariato y la desaparición de personas.

La fracción XI del artículo 4 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege de manera explícita los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo que el interés superior de la niñez es un principio rector que debe guiar todas las decisiones de las autoridades y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo su protección frente a cualquier forma de explotación o violencia que ponga en riesgo su integridad física, psicológica o social.6

En el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce de manera expresa el derecho de este grupo poblacional a una vida libre de violencia, explotación y trato negligente o degradante, y obliga a las autoridades a establecer políticas públicas y mecanismos de prevención, protección, atención y restitución de derechos para quienes se vean afectados por situaciones de riesgo, incluidos aquellos casos donde se trate de reclutamiento por parte de organizaciones delictivas.7

Adicionalmente, el artículo 201 del Código Penal Federal contempla tipos penales relacionados con la corrupción de menores y la delincuencia organizada, y ha sido objeto de propuestas legislativas para reconocer de manera explícita el reclutamiento forzado de menores como delito autónomo, con sanciones penales agravadas para quienes obliguen o induzcan a niñas, niños y adolescentes a integrarse en actividades delictivas o en grupos armados.8

Anteriormente, he presentado diversos exhortos dirigidos a las autoridades federales y estatales para atender de manera urgente la violencia extrema contra niñas, niños y adolescentes, particularmente en los casos de homicidios cometidos en su contra, solicitando que las investigaciones sean atraídas y conducidas con la debida diligencia por las instancias competentes, a fin de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Asimismo, he promovido exhortos para investigar y prevenir la violencia y las amenazas en instituciones educativas, al considerar que los centros escolares deben ser espacios seguros que garanticen el derecho a la educación en condiciones de paz y protección.

De igual forma, he presentado exhortos orientados a fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, solicitando la aplicación inmediata y efectiva de los protocolos correspondientes, así como la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. No obstante, pese a la gravedad de los hechos que dieron origen a estas propuestas, dichos exhortos han quedado detenidos, sin que se haya logrado avanzar de manera sustantiva en su análisis, dictaminación o implementación.

La violencia generada por los cárteles del crimen organizado en México se ha intensificado durante décadas, convirtiéndose en uno de los principales factores de inestabilidad social y de deterioro del tejido comunitario.

Esta violencia se manifiesta a través de homicidios, desapariciones forzadas, extorsión, conflictos territoriales entre grupos delictivos y una presencia armada extendida que afecta a múltiples regiones del país. El impacto de esa violencia no se limita a adultos, también permea todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el entorno familiar y escolar de niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, la infancia se encuentra particularmente expuesta a situarse en posiciones de riesgo: la normalización de la violencia, junto con la falta de oportunidades socioeconómicas y educativas, incrementa la probabilidad de que los menores sean vistos como recursos por los grupos criminales.

La combinación de entornos violentos con ofertas de ingresos, pertenencia o protección puede hacer que la incorporación a estructuras delictivas se perciba como una alternativa, aunque peligrosa, para algunos jóvenes, especialmente donde las redes de apoyo social y comunitario son deficientes.

Estudios y reportes de organizaciones civiles han documentado que las estrategias de captación criminal no solo utilizan la violencia directa, también se valen de engaños, promesas y mecanismos de manipulación social para atraer a menores a sus filas.

Este fenómeno es particularmente preocupante en zonas urbanas y rurales donde las desigualdades sociales se combinan con altos niveles de criminalidad, creando un círculo vicioso de violencia, riesgo y reclutamiento que amenaza el desarrollo integral de generaciones completas.

La vulnerabilidad de la niñez frente a este fenómeno no solo es producto de la violencia externa, también de la ausencia de políticas públicas eficaces en prevención, educación y desarrollo social.

Romper con estos ciclos exige sanciones penales y una estrategia amplia que fortalezca oportunidades educativas, programas de inclusión social y acciones comunitarias que ofrezcan rutas alternativas a la violencia para las niñas, niños y adolescentes en riesgo.

Por ello, resulta indispensable retomar y priorizar estos temas, entendiendo que la protección de niñas, niños y adolescentes no puede seguir postergándose, ya que cada omisión institucional implica un riesgo real e inmediato para su vida, integridad y desarrollo integral.

Por lo anterior, se somete a la Consideración de la Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente y fortalezca una estrategia integral, interinstitucional y con enfoque de derechos humanos para prevenir, atender y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, que incluya acciones de prevención social de la violencia, atención prioritaria a comunidades de alto riesgo, protección integral de víctimas y restitución de derechos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a reforzar las acciones de inteligencia, prevención y persecución del delito vinculadas al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones delictivas, así como a coordinarse con las fiscalías federal y estatales para investigar y sancionar de manera efectiva a quienes promuevan, faciliten o se beneficien de estas prácticas, incluyendo el uso de plataformas digitales y redes sociales como mecanismos de captación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a diseñar, actualizar y fortalecer políticas públicas, programas y protocolos específicos de prevención del reclutamiento de menores, con énfasis en zonas identificadas como de alto riesgo, garantizando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de los sistemas estatales y municipales de protección, así como de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia.

Notas

1 https://www.debate.com.mx/politica/hasta-250-mil-menores-estan-hoy-en-r iesgo-directo-de-ser-reclutados-por-grupos-delictivos-redim-20251130-01 13.html

2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/05/14/unicef-mexico-alert a-por-reclutamiento-de-menores-del-crimen-organizado-es-una-practica-mu y-comun/

3 https://www.eluniversal.com.mx/estados/infancia-bajo-fuego-carteles-en- sonora-reclutan-a-ninos-desde-los-8-anos-para-suplir-bajas-denuncian/

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/03/21/carteles-reclutan-a -ninos-y-jovenes-por-tiktok-y-fortnite-revela-informe-de-la-segob/

5 https://latinus.us/mexico/2025/3/27/reclutamiento-forzado-de-menores-po r-carteles-se-concentra-en-baja-california-guerrero-michoacan-guanajuat o-zacatecas-138422.html

6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

8 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo y a la comandancia de la GN, a fin de que integren una estrategia general de seguridad en el tramo carretero de Tepeji del Río (57D) de la autopista 57 México- Querétaro, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Considerandos

Como se ha referido ya en diversos puntos de acuerdo promovidos ante esta Cámara de Diputados, la carretera Federal No. 57 que va de la Ciudad de México a Piedras Negras, es considerada la columna vertebral del sistema carretero del país; cuenta con una longitud total de mil 295 km y atraviesa los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo y Ciudad de México.

Esta carretera es fundamental para el turismo y el comercio, pues atraviesa el norte de México; de hecho, se estima que diariamente transitan alrededor de 140 mil vehículos por su carpeta, al tiempo que concentra cerca del 50 por ciento del comercio terrestre nacional.1

En el PRI hemos insistido en la importancia de ésta para la movilidad nacional y es por ello que también hemos señalado la actual situación de violencia en que se encuentra esta importante carretera.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentados en la mañanera, durante el 2025 se reportaron alrededor 6,245 robos de autotransporte.2

La situación es tan grave que entre enero y agosto del 2025 en promedio se presentaron 28 robos diarios. Es de destacar que la mayor parte de estos incidentes se generan justamente en la carretera 57, de hecho, diversas víctimas han señalado que los asaltos se han transformado recurrentes sin que ninguna autoridad atienda la problemática.

En torno a ello vale la pena referir que el pasado 12 de enero una familia fue víctima de un violento asalto en dicha carretera a la altura de la localidad de Tepeji del Río, estado de Hidalgo.

De acuerdo con la narración de los hechos, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas cuando el carro de una familia se impactó con una piedra colocada en la carretera, provocando que se ponchara una llanta. Cuando la familia se orilló para cambiar el neumático, dos sujetos interceptaron el vehículo a efecto de robarle a la familia todas sus pertenencias.

Durante el robo, el conductor fue golpeado en la cabeza, a la vez que los asaltantes les ordenaron a los demás pasajeros que se agacharan mientras los despojaban de sus pertenencias.

Es importante destacar que el tramo en donde ocurrió el incidente es considerado uno de los más transitados por lo que resulta necesario reforzar la vigilancia en la zona. De esta forma, en el PRI insistimos en la necesidad de proteger ese tramo carretero a fin de brindar seguridad, paz y bienestar a los conductores, familias y transportistas.

Por lo anteriormente expuesto se emite el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo para que conjuntamente y en coordinación con la Comandancia de la Guardia Nacional integren una estrategia de seguridad en el tramo carretero de Tepeji del Río (57D) de la autopista México-Querétaro a fin de garantiza la seguridad de los conductores, familias y transportistas.

Notas

1 https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/contara-el-municipio-de-quer etaro-vehiculos-en-la-57-10057974.html

2 https://www.tyt.com.mx/nota/robo-con-violencia-a-transportistas-el-deli to-que-mas-cae-en-2025-gobierno-de-sheinbaum

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 21 de enero del 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García a implementar de manera inmediata un programa extraordinario de regularización para la expedición de títulos y el registro ante la dirección general de profesiones de las y los egresados de las universidades para el bienestar Benito Juárez García y remitan a esta soberanía un informe detallado que explique las causas administrativas, técnicas o normativas que han generado el rezago en la titulación, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La semana pasada, exalumnos de la licenciatura en Derecho de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se manifestaron frente a Palacio Nacional para denunciar que, pese a haber concluido formalmente sus estudios, no pueden ejercer su profesión debido a que su historial académico, certificados y títulos no han sido dados de alta ante la Dirección General de Profesiones.

A la protesta acudieron egresados de distintas generaciones de la sede Cuauhtémoc, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, quienes exigieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resolver una crisis administrativa que atribuyen a la gestión de la directora general del Organismo Coordinador, Raquel Sosa Elízaga, quien –según los propios egresados– se comprometió en diversas ocasiones a atender sus demandas sin que existan resultados concretos.

Los manifestantes señalaron que la falta de título y cédula profesional los ha obligado a aceptar empleos precarios, sin posibilidad real de acceder a mejores salarios ni desarrollo profesional. Asimismo, documentaron que sostuvieron reuniones con autoridades educativas de la administración anterior, cuando Leticia Ramírez Anaya encabezaba la Secretaría de Educación Pública, y que, ante la falta de respuestas institucionales, algunos recurrieron incluso a la promoción de juicios de amparo. La situación se ha visto agravada por el cierre del campus del Centro Histórico y el traslado de las actividades académicas y administrativas a nuevas sedes en Texcoco, Estado de México, lo que ha dificultado aún más el seguimiento de trámites y la atención a los egresados afectados.1

En México la educación superior exige instituciones responsables, serias y plenamente comprometidas con el futuro de la juventud. No basta con abrir aulas, ofrecer becas o ampliar la matrícula si, al concluir una carrera profesional, el propio Estado incumple su obligación más elemental: reconocer oficialmente los estudios realizados. Permitir que jóvenes que han dedicado años de esfuerzo académico se enfrenten a la negativa o dilación injustificada en la expedición de su título y cédula profesional constituye un atentado directo contra la juventud de nuestro país, pues anula el valor jurídico de su formación, pone en riesgo su proyecto de vida y cierra las puertas a mejores oportunidades de empleo, desarrollo profesional y movilidad social.

Cuando las autoridades educativas fallan en garantizar la culminación efectiva de los estudios, no solo vulneran derechos constitucionales, sino que quiebran la confianza de una generación que apostó por la educación como vía legítima para construir su futuro.

Lo más preocupante es que esta problemática sucede en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, creadas como uno de los proyectos emblemáticos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales lejos de cumplir con la promesa de inclusión, justicia social y movilidad educativa, se han convertido en otro ejemplo de una política pública mal diseñada y deficientemente ejecutada, que hoy arrastra graves rezagos administrativos y una profunda falta de responsabilidad institucional. Más grave aún resulta que, lejos de corregir estas fallas estructurales, la actual administración ha optado por dar continuidad a un esquema que ya demostró su incapacidad para garantizar derechos básicos, perpetuando así un fracaso que tiene consecuencias directas en la vida, el futuro y las oportunidades laborales de una generación de jóvenes que confió en el Estado y hoy enfrenta el abandono administrativo de sus propias autoridades.

Debemos ser claros, el derecho a la educación superior exige que el Estado garantice procesos administrativos eficientes, oportunos y jurídicamente válidos, que permitan a las y los egresados contar con los documentos oficiales que acrediten su formación profesional y les posibiliten ejercer su profesión, continuar su preparación académica o incorporarse al mercado laboral en condiciones de igualdad. Esto es precisamente lo que hoy no están logrando las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, razón por la cual las y los jóvenes afectados exigen de manera legítima resultados concretos y soluciones inmediatas, frente a una cadena de omisiones administrativas que vulnera sus derechos y frustra sus expectativas de desarrollo profesional y personal.

La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) fue creada en 2019 como un proyecto educativo estratégico del Gobierno de México, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior pública y gratuita en regiones históricamente marginadas del país. Su diseño institucional se orientó a eliminar barreras tradicionales de ingreso —como el examen de admisión— y a vincular la formación profesional con las necesidades sociales, productivas y comunitarias de cada región.2

Actualmente, la UBBJ opera 202 planteles en 31 entidades federativas, con una presencia significativa en estados con altos índices de rezago social como Chiapas y Veracruz. El modelo educativo se encuentra formalmente avalado por la Secretaría de Educación Pública, e incluye beneficios complementarios para el estudiantado, como el seguro médico facultativo del IMSS y el acceso a la beca federal Jóvenes Escribiendo el Futuro, con un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales.3

Para el ciclo escolar 2025–2026, la Universidad ofrece 34 licenciaturas e ingenierías, organizadas en seis grandes áreas de conocimiento: Salud, Ingeniería, Educación, Artes y Patrimonio, Ciencias Sociales y Desarrollo Regional. De acuerdo con información institucional, el sistema atiende aproximadamente a 85,000 estudiantes activos y reporta alrededor de 6,000 egresados titulados hasta mayo de 2025.4

No obstante, las protestas realizadas en Palacio Nacional desnudan una realidad que no puede pasar inadvertida, estas universidades cuentan con un rezago grave y sistemático en los procesos de titulación y expedición de cédulas profesionales, situación que ha colocado a cientos —posiblemente miles— de egresadas y egresados en un limbo administrativo y jurídico, aun cuando han cumplido con la totalidad de los requisitos académicos establecidos.

Lo anterior se viene advirtiendo desde el 2024, con datos de la propia Secretaría de Educación Pública, casi el 80 por ciento de los egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no cuenta con cédula profesional, pese a haber concluido su formación académica. En un reportaje de Expansión Política,5 se advirtió que, hasta mayo de 2024, la SEP reportó que solo 1 335 cédulas profesionales habían sido expedidas para estudiantes egresados de 47 de las más de 200 sedes de este sistema universitario, lo que deja a más de 5 000 egresados sin la posibilidad de ejercer legalmente su profesión.

La información proporcionada por la propia SEP muestra además que en 13 de las carreras impartidas por estas universidades no se ha expedido una sola cédula profesional, incluyendo programas estratégicos como Medicina Integral y Salud Comunitaria, Enfermería y Obstetricia, e ingenierías industriales. Esta situación no puede considerarse anecdótica ni transitoria, sino que refleja una ausencia de planeación, seguimiento y responsabilidad institucional, particularmente delicada tratándose de carreras vinculadas a sectores prioritarios como la salud y el desarrollo regional.

A ello se suma que, pese a contar con presupuestos crecientes las Universidades para el Bienestar presentan deficiencias relevantes en su planta docente, infraestructura y rigor académico. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estas instituciones cuentan con dos docentes por cada 100 alumnos, una proporción significativamente menor a la de universidades públicas consolidadas como la UNAM o el IPN, lo que incide directamente en la calidad educativa y en el perfil de egreso de sus estudiantes.

En este contexto, el problema de la falta de cédulas profesionales no es un hecho aislado, sino la consecuencia visible de un modelo educativo que privilegió la cobertura y el discurso político por encima de la consolidación institucional, generando una expectativa de que hoy no puede cumplirse. Dos años después de estos reportes, la problemática continúa creciendo, lo que demuestra la incapacidad del Estado para garantizar el reconocimiento oficial de los estudios que él mismo imparte vulnera el derecho a la educación superior, al trabajo digno y a la igualdad de oportunidades, y coloca a miles de jóvenes en condiciones de precariedad laboral y frustración profesional.6

Los efectos del rezago en la titulación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no son abstractos ni estadísticos: tienen rostro, nombre y consecuencias concretas en la vida de cientos de jóvenes. El reportaje de Animal Político titulado “Egresados de las Universidades del Bienestar reportan rezago de hasta tres años en titulación”7 retrata testimonios reales de jóvenes que están enfrentando esta problemática, por ejemplo:

El caso de Laura Pérez, egresada de la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural en Papantla, Veracruz, quien denunció que el título que recibió en septiembre de 2024 es meramente simbólico, pues al verificar su estatus en los registros oficiales no aparece ningún antecedente de su formación profesional. Situación similar enfrenta Francisco Castillo, egresado de la Licenciatura en Derecho en la sede Cuauhtémoc de la Ciudad de México, quien acudió personalmente a la Dirección General de Profesiones y fue informado de que su título “no le sirve de nada” al no estar debidamente registrado por la autoridad educativa.

Otro testimonio es el de Alfredo Hilerio, egresado de Estudios Sociales en la sede de Escuintla, Chiapas, concluyó su carrera hace más de un año y medio y no ha recibido ni título ni cédula, pese a haber entregado toda la documentación requerida. La falta de reconocimiento oficial de sus estudios le ha impedido continuar con una maestría, aun cuando ha realizado esfuerzos adicionales como publicaciones académicas y formación complementaria. De acuerdo con su testimonio, las autoridades universitarias no han respondido correos ni solicitudes formales, lo que refleja una ausencia total de mecanismos efectivos de atención a egresados.

En suma, los ejemplos y testimonios recabados demuestran que el rezago en la titulación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no es un problema técnico menor, sino una falla estructural que frustra proyectos de vida precariza el empleo y vulnera derechos constitucionales, convirtiendo una política pública diseñada para ampliar oportunidades en un factor de exclusión y desaliento para la juventud mexicana.

Honorable asamblea:

Este rezago no constituye una mera deficiencia operativa. La falta de títulos y cédulas profesionales impide a los egresados ejercer legalmente su profesión, acceder a empleos formales, concursar por plazas públicas, continuar estudios de posgrado o acreditar su formación ante instituciones nacionales e internacionales. En los hechos, ello equivale a negar los efectos jurídicos del derecho a la educación, vulnerando también el derecho al trabajo digno y a la seguridad jurídica.

Resulta particularmente preocupante que existan casos documentados de egresados que han esperado años para recibir su documentación oficial. Lejos de atender el problema con seriedad y responsabilidad institucional, las autoridades competentes han ofrecido respuestas parciales, tardías o insuficientes, minimizando la dimensión real del rezago y trasladando la carga administrativa a los propios egresados.

Desde una perspectiva de política pública, la amplitud de la cobertura, la diversidad de la oferta académica y el crecimiento sostenido de la matrícula contrastan de manera evidente con la incapacidad administrativa para garantizar la conclusión de las carreras que imparten dichas universidades, a pesar de que las Universidades el Bienestar tan solo para el 2026 tendrán un presupuesto de 3 mil mdp.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3°, impone al Estado la obligación de garantizar una educación superior de calidad, mientras que el artículo 5° tutela el derecho al ejercicio profesional. Ambas disposiciones exigen que la autoridad educativa actúe con diligencia, certeza y responsabilidad administrativa. El incumplimiento de estas obligaciones no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones educativas del Estado.

Por ello, resulta indispensable que el Congreso de la Unión, en ejercicio de su función de control y supervisión, exija información clara, plazos definidos y acciones concretas a las autoridades responsables, a fin de resolver de manera inmediata el rezago existente y prevenir su repetición. Atender esta problemática no constituye una concesión administrativa, sino una obligación constitucional y un acto mínimo de justicia hacia quienes apostaron por la educación como vía legítima de desarrollo personal y social.

Por estas razones se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente de manera inmediata un programa extraordinario de regularización para la expedición de títulos y el registro ante la Dirección General de Profesiones de las y los egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con prioridad en aquellos que ya han cumplido la totalidad de los requisitos académicos.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a que haga de conocimiento público, detallada y desagregadamente, el número total de egresados por generación, el número de títulos expedidos y cédulas profesionales efectivamente registradas ante la Dirección General de Profesiones y las causas administrativas, técnicas o normativas que han generado el rezago en la titulación.

Tercero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a que establezcan mecanismos permanentes de atención, seguimiento y resolución de trámites para egresados, a fin de evitar que las y los jóvenes tengan que recurrir a protestas públicas o juicios de amparo para ejercer sus derechos.

Notas

1 Egresados de las Universidades para el Bienestar protestan en Palacio Nacional: no tienen título ni cédula profesional | LatinUS

2 Universidad del Bienestar Benito Juárez 2025: Conoce las Carreras Disponibles - Mexico Gob

3 Universidad del Bienestar Benito Juárez 2025: Conoce las Carreras Disponibles - Mexico Gob

4 Ibídem

5 El 80% de egresados de las Universidades de AMLO no tienen cédula profesional

6 Egresados de las Universidades del Bienestar reportan rezago de hasta tres años en titulación

7 Egresados de las Universidades del Bienestar reportan rezago de hasta tres años en titulación

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 21 de enero del 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, y a la SHCP, a atender de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Campeche, garantizando el pleno respeto a sus derechos laborales y humanos, así como la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en dispuesto por la fracción III del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se ha difundido ampliamente en redes sociales diversas protestas de maestras, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Campeche, adscrito al Tecnológico Nacional de México, quienes se han manifestado públicamente por la falta de pago de diversas prestaciones laborales y estímulos económicos, adeudos que se arrastran desde el ejercicio fiscal 2024 y que, a la fecha, no han sido regularizados.1

En dichos materiales se observa a las y los docentes laborando bajo protesta, colocando mantas y expresando de manera pacífica pero firme su exigencia de cumplimiento de obligaciones patronales por parte del Estado mexicano. Las consignas y mensajes del personal afectado son claros: no se trata de demandas extraordinarias, sino del pago de derechos ya devengados.2

La situación ha escalado al grado de advertirse la posibilidad de suspensión de labores, no como medida de presión política, sino como consecuencia inevitable del agotamiento de los canales institucionales de diálogo y de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con lo manifestado por las y los docentes del Instituto Tecnológico de Campeche, sus principales exigencias son el pago inmediato de prestaciones pendientes, entre ellas:

• Prima vacacional.

• Estímulos por puntualidad y asistencia.

• Estímulos al desempeño académico.

• Pago de promociones docentes correspondientes al ciclo 2024-2025.

• Regularización administrativa de movimientos de personal que ya fueron dictaminados, pero no reflejados en la nómina.

• Establecimiento de mesas de diálogo formales con autoridades federales, con plazos claros y compromisos verificables.

Estas demandas evidencian que el conflicto no deriva de un desacuerdo político, sino de omisiones administrativas y presupuestales que impactan directamente en el ingreso y la estabilidad económica de las familias del magisterio.

En el Instituto Tecnológico de Campeche se encuentran afectados al menos 133 docentes y 58 trabajadores administrativos, lo que representa una proporción sustantiva de la plantilla laboral del plantel.

Si se considera que el Tecnológico Nacional de México agrupa más de 250 institutos y centros en todo el país, con decenas de miles de trabajadores, el caso de Campeche resulta especialmente preocupante, pues podría ser un indicio de un problema estructural más amplio en la gestión de la nómina y las prestaciones del subsistema tecnológico federal.

La falta de pago oportuno a maestras y maestros no es un fenómeno aislado. En distintos momentos y entidades federativas se han registrado retrasos en sueldos, pagos incompletos de incrementos salariales, retroactivos y prestaciones, particularmente en subsistemas federales con esquemas administrativos centralizados.

Diversos análisis y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación han advertido inconsistencias en la administración de los recursos destinados a la nómina educativa, lo que ha generado incertidumbre laboral y afectaciones directas a los trabajadores del sector.3

La falta de pago oportuno de salarios y prestaciones constituye una violación directa al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona trabajadora a recibir una remuneración digna, suficiente y puntual.4

Asimismo, vulnera derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo al derecho al trabajo, a la seguridad económica, al mínimo vital y a condiciones laborales justas.

En el PRI consideramos inadmisible que quienes sostienen el sistema educativo público enfrenten incertidumbre económica derivada de fallas administrativas del propio Estado.

La educación pública es una función estratégica del Estado mexicano. Cualquier afectación a las condiciones laborales del magisterio impacta directamente en la continuidad, calidad y estabilidad del servicio educativo.

En nuestro Instituto Político, sabemos perfecto de la necesidad de fortalecer la administración pública y el uso eficiente del presupuesto, sin embargo, la ausencia de soluciones concretas por parte del gobierno de morena, en casos como el de Campeche, evidencia una falla de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Educación Pública, el Tecnológico Nacional de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, resulta indispensable que el Poder Legislativo, a través de esta Comisión Permanente, ejerzamos la función de control político y exhortemos, todas las fuerzas políticas a los actores públicos involucrados, a fin de asuman con responsabilidad la solución inmediata de este conflicto.

Es por ello que, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que regularicen de manera inmediata el pago de todas las prestaciones y estímulos adeudados a las y los docentes y trabajadores administrativos del Instituto Tecnológico de Campeche.

Dentro de estas medidas, sugerimos a dichas dependencias, la instalación de mesas de trabajo formales con representación del personal afectado y de su organización sindical, a fin de resolver de manera estructural las causas administrativas y presupuestales que dieron origen a esta problemática, entre otras medidas preventivas para evitar la repetición de estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, atiendan de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Campeche, garantizando el pleno respeto a sus derechos laborales y humanos, así como la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de su competencia y de manera interinstitucional, atienda de forma urgente, integral y con responsabilidad presupuestal y administrativa, la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Campeche, garantizando el pleno respeto a sus derechos laborales y humanos, así como la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil.

Notas

1 https://www.facebook.com/reel/819552091129921

2 https://www.poresto.com/campeche/2026/1/19/trabajadores-del-tecnm-campe che-laboran-bajo-protesta-por-falta-de-prestaciones.html

3 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/7/21/maestros-sin-paga-la-d euda-constante-de-la-sep-716370.html

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 21 de enero del 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la SABG y a la CRT a atender la situación laboral derivada de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y garanticen el respeto a los derechos laborales de sus extrabajadoras y extrabajadores, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha generado un problema de fondo que trasciende lo administrativo y se ha convertido en un conflicto de carácter laboral, institucional y social que hoy permanece sin una solución clara. La desaparición del IFT, como parte del rediseño del aparato regulador del Estado mexicano, implicó la terminación de la relación laboral de cientos de personas que durante años desempeñaron funciones técnicas, jurídicas y operativas esenciales para la regulación de un sector estratégico del país. Si bien una parte mayoritaria del personal fue liquidada conforme a la normatividad aplicable, un grupo relevante de ex trabajadores quedó excluido de ese proceso, lo que dio origen a una controversia que se mantiene abierta y que ha profundizado la percepción de incertidumbre e indefensión.

El núcleo del problema se encuentra en la situación de más de un centenar de ex trabajadores que laboraban bajo la figura de libre designación dentro del IFT. Estas personas, aunque no pertenecían formalmente al servicio profesional de carrera, desarrollaban tareas sustantivas y permanentes para el funcionamiento del organismo. Con la extinción del Instituto, se les solicitó firmar documentos de baja administrativa como parte del cierre institucional, bajo el entendido de que ello no implicaba una renuncia a sus derechos laborales ni la pérdida de la indemnización que, conforme a la legislación laboral y administrativa, correspondería por la desaparición del ente público que los empleaba.

Sin embargo, una vez iniciadas las operaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que asumió diversas funciones del extinto IFT, surgió una interpretación distinta por parte de la nueva autoridad. La CRT ha sostenido que la firma de dichos documentos constituye un finiquito válido y que, en consecuencia, no existe obligación de cubrir las liquidaciones reclamadas por este grupo de ex trabajadores. Esta postura ha sido rechazada por los afectados, quienes argumentan que nunca existió una renuncia expresa ni voluntaria a sus derechos y que la baja firmada fue un acto administrativo inevitable derivado de la desaparición del Instituto, no una terminación laboral en términos ordinarios.

La falta de una solución administrativa ha llevado a que el conflicto escale al ámbito judicial, con la indicación de que serán los tribunales laborales los que determinen si procede o no el pago de las indemnizaciones reclamadas, cuyo monto conjunto se estima en decenas de millones de pesos. Este escenario prolonga la incertidumbre para los ex trabajadores, muchos de los cuales llevan meses sin recibir una respuesta definitiva, y traslada la carga del conflicto a procesos judiciales que pueden extenderse durante años, con los costos económicos y humanos que ello implica.

Más allá del aspecto estrictamente legal, el problema revela una tensión institucional relevante en el proceso de transición entre organismos públicos. La extinción del IFT fue presentada como una medida de eficiencia y reorganización del Estado, pero la persistencia de adeudos laborales pone en entredicho la capacidad de las instituciones para garantizar transiciones ordenadas que respeten plenamente los derechos de quienes prestaron sus servicios al Estado. La situación ha generado inconformidad social, protestas públicas y un debate mediático que cuestiona si la reconfiguración del marco regulatorio se está realizando a costa de los derechos laborales.

En este contexto, el caso de los ex trabajadores del IFT se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan los servidores públicos cuando desaparecen instituciones sin mecanismos claros y uniformes para la atención de sus obligaciones laborales. La ausencia de una solución política o administrativa ha dejado el problema en un limbo que afecta la confianza en las instituciones y en el compromiso del Estado con la legalidad, la justicia laboral y la responsabilidad patrimonial derivada de sus propias decisiones de reorganización administrativa.

En razón de lo expuesto, resulta indispensable que exista una intervención institucional oportuna y efectiva que permita atender de manera integral la situación que enfrentan los ex trabajadores del extinto IFT, a fin de evitar que la defensa de sus derechos laborales quede exclusivamente sujeta a procesos judiciales prolongados y costosos. Es necesario que las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, revisen el fondo del conflicto y promuevan soluciones que garanticen el respeto pleno a los derechos laborales adquiridos, la protección del principio de seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a quienes prestaron sus servicios. Una actuación coordinada y sensible no solo contribuiría a resolver una legítima demanda laboral, sino que también enviaría un mensaje claro de compromiso con la justicia social, la legalidad y el trato digno a las y los trabajadores del sector público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus facultades, realice una revisión exhaustiva del manejo y destino de los recursos previstos para la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, e instrumente los mecanismos administrativos y presupuestales que permitan atender las liquidaciones pendientes, garantizando el respeto a los derechos laborales y el principio de seguridad jurídica de los ex trabajadores afectados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría Anticorrupción para que, conforme a sus atribuciones legales, analice y evalúe las actuaciones de las autoridades involucradas en el proceso de extinción del IFT y en la transición hacia la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a fin de verificar que las decisiones adoptadas se hayan realizado con apego a la legalidad, la transparencia y la debida protección de los derechos laborales.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que revise de manera integral los criterios utilizados en la determinación de las liquidaciones reclamadas por los ex trabajadores del extinto IFT, establezca canales de diálogo institucional con las personas afectadas, adopte las medidas necesarias y realice los pagos que corresponden y que fueron comprometidos, para garantizar el pleno respeto a sus derechos laborales, contribuyendo a una solución justa, pronta y acorde con los principios de legalidad y responsabilidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 21 de enero del 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades para que, en el marco del seguimiento a la armonización e implementación de los artículos transitorios del decreto en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el DOF el 16 de julio de 2025, remitan un informe detallado sobre el avance de dicha implementación, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Graciela Ortiz González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente: la de las personas desaparecidas. Detrás de cada registro, de cada carpeta de investigación y de cada cuerpo no identificado, hay una familia que espera, que busca y que tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la dignidad. Frente a esta realidad, el Poder Legislativo aprobó diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, orientadas a fortalecer la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas.

Dichas reformas establecieron en sus artículos transitorios un régimen de implementación paulatina de mecanismos institucionales obligatorios, a cargo de las entidades federativas, las fiscalías locales, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, que incluye, entre otros, la creación y puesta en operación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros de panteones, fosas y servicios funerarios, la armonización de las leyes estatales y la operación de los sistemas de alerta, búsqueda y localización de personas. Estos instrumentos constituyen la columna vertebral del sistema nacional de búsqueda, por lo que su efectiva implementación es indispensable para hacer frente a esta crisis. Sin embargo, los plazos establecidos en este régimen transitorio ya han vencido o están por vencer, y a la fecha no existe información pública, completa y verificable sobre su grado real de cumplimiento.

En este contexto, el presente punto de acuerdo tiene por objeto ejercer la función constitucional de control y seguimiento del Congreso de la Unión respecto de la implementación de dichas reformas. En este escenario nos corresponde exigir cuentas sobre el cumplimiento de los plazos, obligaciones y mandatos establecidos en sus artículos transitorios.

En el marco de la crisis de personas desaparecidos que impera en nuestro país, la Presidencia de la República el año pasado envió al Congreso una propuesta de iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

El eje central de dicha propuesta fue la creación de una Plataforma Única de Identidad, construida a partir de la CURP, que integraría en tiempo real información de autoridades federales, estatales, municipales y de múltiples particulares —bancos, hospitales, empresas de transporte, telecomunicaciones, paquetería, plataformas tecnológicas, entre otros— con el fin de generar alertas, búsquedas, coincidencias y localización de personas.

Para ello, la iniciativa convierte a la CURP en un mecanismo nacional de identidad biométrica, incorporando fotografía y huellas dactilares, de uso obligatorio en todos los registros administrativos y con capacidad de consulta en tiempo real por autoridades de seguridad y búsqueda. En los hechos, esto implica la creación de una infraestructura de identificación y rastreo poblacional bajo la rectoría del Ejecutivo Federal.

La reforma también creo instrumentos operativos como la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización, todos ellos interconectados obligatoriamente a la Plataforma Única de Identidad. Asimismo, se impone a particulares y autoridades la obligación de generar, actualizar y compartir información, bajo un régimen de sanciones administrativas y penales.

Desde el Congreso hicimos evidente nuestra preocupación sobre esta propuesta, pues si bien la iniciativa reconoce que la desaparición de personas en México es un hecho que debe ser atendido como prioridad nacional, el diseño normativo propuesto por el Ejecutivo Federal planteaba tensiones constitucionales y riesgos relevantes en materia como:

• Protección de datos personales y privacidad, al generalizar el acceso gubernamental a información sensible sin establecer con claridad controles judiciales previos ni límites de uso.

• Concentración de datos biométricos de toda la población en una sola plataforma nacional, lo que incrementa exponencialmente los riesgos de filtraciones, usos indebidos y vigilancia indebida.

• Centralización operativa, al reforzar el papel de la Secretaría de Gobernación y del Ejecutivo Federal en una materia donde históricamente han fallado la coordinación, la capacidad forense y la gestión territorial de los estados y municipios.

A pesar del debate político y de las reservas expresadas en torno al diseño institucional de la reforma, el Decreto por el que se reforman la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, y con ello entró plenamente en vigor, incluidos sus artículos transitorios, los cuales establecieron mandatos jurídicamente obligatorios, plazos perentorios y deberes concretos para autoridades federales, estatales y municipales.

En particular, el Decreto impuso un calendario escalonado de implementación, cuyo incumplimiento afecta directamente la operación del Sistema Nacional de Búsqueda y la posibilidad real de localizar e identificar personas desaparecidas:

Base Nacional de Carpetas de Investigación: El Segundo Transitorio ordenó que la Base Nacional de Carpetas de Investigación debía estar disponible para la integración de información de todas las fiscalías dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto. Una vez disponible, la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y las fiscalías especializadas contarían con 30 días hábiles adicionales para integrar sus carpetas y registros. Esto significa que la infraestructura mínima para que esté disponible la Base Nacional de Carpetas de Investigación es a más tardar el 12 de enero de 2026, mientras que el plazo para la integración de la información por parte de las fiscalías sería el 24 de febrero de 2026.

Armonización legislativa de las entidades federativas: El Cuarto Transitorio impuso a las entidades federativas la obligación de armonizar sus leyes locales de la materia dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto, es decir, a más tardar el 15 de agosto de 2025. Adicionalmente, las leyes estatales debían implementar el contenido del Decreto —en particular lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General— dentro de los 60 días naturales posteriores a la armonización, lo que implica que los marcos normativos locales debieron estar plenamente ajustados a más tardar en octubre de 2025.

Registros de panteones, fosas, crematorios y disposición final de cuerpos: El Sexto Transitorio estableció una de las obligaciones más sensibles y estratégicas del sistema: que las entidades federativas y los municipios, en un plazo no mayor a 180 días naturales, armonizaran toda la normatividad relativa a: Panteones, Cementerios, Servicios funerarios, Crematorios, Fosas comunes y cualquier espacio destinado a la disposición final de cuerpos humanos, para garantizar, como mínimo:

• La existencia de registros precisos, digitalizados y actualizados de todos los cuerpos inhumados, cremados o trasladados;

• La vinculación obligatoria de esos registros al Sistema Nacional de Búsqueda;

• Y el establecimiento de obligaciones administrativas que permitan cumplir la Ley General.

Este plazo también venció el 12 de enero de 2026, por lo que, a partir de esa fecha, todas las fosas comunes, panteones y crematorios del país deberían estar plenamente integrados al sistema nacional de búsqueda.

Banco Nacional de Datos Forenses: El Séptimo Transitorio obligó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a actualizar todos los registros y bases de datos vinculados al Banco Nacional de Datos Forenses dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor, es decir, a más tardar en octubre de 2025.

Reglamento de la Ley: El Octavo Transitorio ordenó al Ejecutivo Federal emitir el reglamento de la ley dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor, es decir, a más tardar en octubre de 2025.

En términos generales, las obligaciones transitorias pueden resumirse de esta manera:

En este contexto, resulta jurídicamente ineludible recordar que los plazos establecidos en los artículos transitorios del Decreto publicado el 16 de julio de 2025 ya han vencido o se encuentran en su fase final de cumplimiento, particularmente en lo relativo a la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la armonización de las legislaciones estatales y la integración de los registros de panteones, fosas comunes, crematorios y servicios funerarios al Sistema Nacional de Búsqueda. Estas obligaciones no son opcionales ni programáticas: son mandatos legales vigentes cuyo cumplimiento es condición indispensable para que el Estado mexicano pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de búsqueda, identificación y acceso a la verdad.

Por ello, y dada la trascendencia humana, jurídica y social del fenómeno de la desaparición de personas, el Congreso de la Unión no puede ni debe permanecer ajeno al grado real de implementación de estas reformas. La función de control parlamentario exige conocer, con precisión y de manera verificable, qué se ha cumplido, qué no y por qué, a fin de garantizar que la ley no se convierta en una promesa vacía para las víctimas y sus familias, sino en un instrumento efectivo de justicia, dignidad y no repetición.

En un país con más de cien mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar, el incumplimiento de estos transitorios no es una falta administrativa: es una violación continuada a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias. Cada día que la Base Nacional de Carpetas de Investigación no opera plenamente, cada panteón o fosa que sigue sin registro digitalizado, cada crematorio fuera del sistema es una oportunidad perdida para encontrar a una persona, identificar un cuerpo o devolverle un nombre a alguien que hoy es solo un número.

Por ello, el Congreso de la Unión no puede permitir que una reforma que prometió verdad, coordinación y tecnología se convierta en una simulación burocrática. La ley ya fue aprobada, los plazos ya vencieron y las autoridades ya están obligadas. Lo que está en juego no es un trámite, es la dignidad humana. Exigir cuentas sobre la implementación de estas reformas es un deber constitucional frente a las madres, padres y familias que siguen buscando a quienes el Estado aún no ha sido capaz de encontrar.

Por estas razones se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el marco del seguimiento a la armonización e implementación de los artículos transitorios del decreto por el que se reforman la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, exhorta respetuosamente a:

1) La Secretaría de Gobernación, en su carácter de instancia coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para que remita a esta Soberanía un informe detallado, desagregado y verificable sobre:

a) El estado de operación de la Plataforma Única de Identidad y su vinculación efectiva con el Sistema Nacional de Búsqueda;

b) La implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas;

c) Las acciones de coordinación, supervisión y verificación realizadas para garantizar que las entidades federativas y los municipios cumplan con dichas obligaciones.

2) La Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales para que informen a esta Soberanía:

a) Si la Base Nacional de Carpetas de Investigación se encuentra plenamente disponible, operativa y en uso conforme a los plazos legales

b) El porcentaje de fiscalías locales y especializadas que han integrado su información dentro de los plazos establecidos;

c) El estado de actualización, interoperabilidad y cobertura del Banco Nacional de Datos Forenses, en términos del Séptimo Transitorio;

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas para que informen a esta Soberanía:

a) Si han cumplido con la armonización de su legislación local en materia de desaparición de personas, conforme al Cuarto Transitorio del Decreto publicado el 16 de julio de 2025

b) Si han implementado en su marco jurídico el contenido del Decreto, en particular lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General;

c) Las reformas realizadas para regular los panteones, cementerios, crematorios, fosas comunes y servicios funerarios, conforme al Sexto Transitorio.

Comisión Permanente, a 20 de enero de 2025.

Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a atender y brindar las condiciones laborales adecuadas al personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito a la embajada de México en el Reino Unido, luego de la difusión de las denuncias de hostigamiento laboral y comportamiento inadecuado en contra de la embajadora Josefa González-Blanco, suscrita por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruíz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a atender y brindar las condiciones laborales adecuadas al personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito a la Embajada de México en el Reino Unido, luego de la difusión de las denuncias de hostigamiento laboral y comportamiento inadecuado en contra de la embajadora Josefa González-Blanco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con el diario El País, Josefa González-Blanco abandona la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada.

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Según la información publicada por El País, dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal, mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal.

Derivado de estas situaciones, el personal adscrito a la Embajada perteneciente al Servicio Exterior Mexicano presentó diversas denuncias ante diferentes instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este sentido, la Secretaria dio a conocer en una nota informativa que desde esta dependencia se atienden “todas las denuncias presentadas por presuntas conductas irregulares de servidores públicos, a través de las instancias que corresponden”.

“En cada caso, tanto el Comité de Ética, órgano colegiado de la dependencia, como el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, realizan las investigaciones correspondientes”, ahondó la Cancillería.

Sostuvo al respecto que estas instancias llevan a cabo las averiguaciones pertinentes a las denuncias que se reciben, conforme a la ley aplicable, y son responsables de emitir los resultados de las investigaciones para los efectos disciplinarios que correspondan.

De acuerdo con la denuncia dada a conocer contra Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, de 2021, al menos 40 funcionarios salieron de la Embajada, entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la representación con menos de la mitad de su plantilla.

Las denuncias ante instancias internas describen un ambiente de estrés constante, acoso verbal, amenazas y uso discrecional del poder, sin que la Cancillería mexicana interviniera de manera efectiva.

También, las denuncias comprenden conductas como: Jornadas laborales extendidas sin respeto a descansos ni vacaciones; Uso de recursos públicos para más de cien eventos anuales; Aislamiento laboral y sanciones informales a empleados; así como falta de respuesta efectiva por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En este sentido, aunque el Comité de Ética emitió recomendaciones de capacitación en liderazgo, derechos humanos y normatividad, González-Blanco expresó su desacuerdo y rechazó cumplirlas, argumentando falta de objetividad en las resoluciones.1

Asimismo, González-Blanco sostuvo ante El País que las acusaciones derivan de inconformidades con auditorías e investigaciones en curso y defendió que la relación bilateral con Reino Unido “se mantiene sólida”.

Sin embargo, trabajadores consultados aseguran que no existe diálogo político de alto nivel, ni cooperación académica o científica activa, y que incluso organismos internacionales con sede en Londres operan sin interlocución efectiva por parte de México.

Segunda. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa, desde 2017, el primer lugar en burnout o síndrome de “estar quemado” por desgaste laboral, y al menos, el 75 por ciento de los trabajadores presentan estrés laboral, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este sentido, las y los especialistas nos hablan de que el estrés laboral crónico no afecta solo al trabajador sino también a la organización en la que desempeña su actividad, debido a que las consecuencias son físicas, emocionales y conductuales.

Otras cifras, que podrían ayudarnos a priorizar la salud de las y los trabajadores, son las que ofrece la Organización Mundial de la Salud las cuales revelan que las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 mil defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, cifra 29 por ciento superior a la del año 2000.

En este sentido, de acuerdo con la información dada por El País, “Una integrante del personal recibió “tal nivel de acoso que terminó en el hospital, con un burnout gravísimo. El NHS, el servicio médico británico, le otorgó una incapacidad de dos meses porque tenía crisis durísimas cada vez que esta persona le vociferaba en el teléfono”. Otra mujer, apunta una fuente, llegó a perder un bebé por el nivel de “acoso laboral”.2

Tercera. La relación bilateral entre México y el Reino Unido ha pasado por diversas etapas históricas, ya que si bien fue en 1826 cuando se establecieron relaciones diplomáticas en 1826, han existido lapsos de tiempo en que estas se han roto. Fue hasta 1941 cuando se restablecieron durante la Segunda Guerra Mundial en 1941 y han continuado sin interrupción desde entonces.

Ambas naciones son miembros del G-20, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En 1997, México firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de la cual es miembro el Reino Unido. Desde la implementación del tratado de libre comercio en 2000, el comercio entre las dos naciones ha aumentado dramáticamente. En 2023, el comercio bilateral entre México y el Reino Unido alcanzó más de 5.6 mil millones de dólares. De esta forma, entre 1999 y 2019, el comercio bilateral entre México y el Reino Unido creció 176.9 por ciento.

El Reino Unido es la octava fuente de inversión para México. Entre sus principales empresas establecidas en México están: HSBC, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Provident y The Sun Insurance Office. Por su parte, México también cuenta con empresas en Reino Unido, entre las cuales se encuentran: Cemex, Gruma, KidZania y Orbia.

En virtud de importancia de la Relación Diplomática entre México y Reino Unido, así como para respaldar la labor de las y los integrantes del Servicio Exterior Mexicano alrededor del mundo, someto a consideración de la asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a atender y brindar las condiciones laborales adecuadas al personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito a la Embajada de México en el Reino Unido, luego de la difusión de las denuncias de hostigamiento laboral y comportamiento inadecuado en contra de la embajadora Josefa González-Blanco.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer protocolos y mecanismos de atención a denuncias de acoso, hostigamiento y ambientes laborales inadecuados en las embajadas, consulados y representaciones de México en el exterior.

Notas

1 Cirel Alexa, “Este es el grado de estudios de Josefa Blanco, quien deja la embajada de Reino Unido en medio de polémicas” en Infobae, 19 de enero de 2026, disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2026/01/20/este-es-el-grado-de-estudios- de-josefa-blanco-quien-deja-la-embajada-de-reino-unido-en-medio-de-pole micas/

2 Herrerías Almudena, Guillen Beatriz, “Josefa González-Blanco abandona la Embajada de Reino Unido con 16 denuncias por acoso laboral: “Ella no tiene empleados, tiene sirvientes” en El País, 19 de enero de 2026, disponible en: https://elpais.com/mexico/2026-01-19/josefa-gonzalez-blanco-abandona-la -embajada-de-reino-unido-con-16-denuncias-por-acoso-laboral-ella-no-tie ne-empleados-tiene-sirvientes.html

Senadoras y senadores: Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Ángel García Yáñez y Anabell Ávalos Zempoalteca.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna, atención integral y sensibilización, en materia de salud mental en México, suscrita por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La depresión es uno de los trastornos mentales más prevalentes y discapacitantes a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas viven con depresión, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad global y en un problema de salud pública que impacta de manera directa la productividad, el bienestar social y la calidad de vida de las personas.

En México, la depresión presenta una incidencia creciente y preocupante. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) señalan que más del 15 por ciento de la población adulta ha presentado síntomas depresivos, mientras que entre adolescentes la prevalencia de síntomas relacionados con depresión y ansiedad ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años, particularmente después de la pandemia por Covid-19.

La gravedad del problema se refleja también en las cifras de mortalidad asociadas a la salud mental. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se registran más de 8,000 suicidios al año, siendo esta una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, grupo etario en el que la depresión constituye uno de los principales factores de riesgo.

Asimismo, diversos estudios han advertido que menos del 20 % de las personas que padecen depresión reciben atención profesional adecuada, debido a factores como el estigma social, la falta de información, la insuficiencia de servicios especializados y las barreras económicas y geográficas para acceder a atención psicológica y psiquiátrica, particularmente en comunidades rurales y zonas marginadas.

El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero, representa una oportunidad para visibilizar este problema de salud pública, promover la empatía social, combatir la estigmatización de los trastornos mentales y reforzar la importancia de la detección temprana y la atención integral, entendiendo la salud mental como un componente indispensable del bienestar general.

Si bien el Estado mexicano ha reconocido la salud mental como parte del derecho a la protección de la salud, persisten retos estructurales importantes, entre ellos la escasez de personal especializado, la insuficiencia presupuestal, la concentración de servicios en zonas urbanas y la falta de campañas permanentes de prevención y orientación dirigidas a la población.

Por lo anterior, resulta indispensable que los tres órdenes de gobierno fortalezcan de manera coordinada las políticas públicas en materia de salud mental, colocando en el centro a las personas, promoviendo el acceso equitativo a los servicios y garantizando una atención digna, oportuna y con enfoque de derechos humanos.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, como una fecha relevante para sensibilizar a la sociedad y fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna y atención integral de este padecimiento.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud, así como a los Servicios Estatales de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS-Bienestar, a reforzar los programas de atención a la depresión, garantizando servicios de salud mental accesibles, con personal capacitado y enfoque comunitario.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a implementar y fortalecer campañas permanentes de información, prevención y sensibilización, dirigidas a combatir el estigma asociado a la depresión, promover la búsqueda de ayuda profesional y fomentar el autocuidado de la salud mental.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades competentes a priorizar la atención de la salud mental en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, mediante programas específicos de detección temprana, acompañamiento psicosocial y atención integral en escuelas, centros comunitarios y unidades de primer nivel.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Salud, a evaluar la suficiencia de los recursos presupuestales destinados a la salud mental, con el propósito de fortalecer la infraestructura, el personal especializado y la cobertura nacional de los servicios de atención a la depresión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de febrero de 2026.

Senadoras y senadores: Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Ángel García Yáñez y Anabell Ávalos Zempoalteca.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las autoridades económicas competentes a atender el incremento registrado en el precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a fin de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, suscrita por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Quienes suscriben, senadoras y senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, dicho derecho se ve afectado cuando el aumento sostenido en el precio de los alimentos básicos supera el crecimiento de los ingresos laborales, impactando de manera directa en el bienestar de los hogares mexicanos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y la primera quincena de enero de 2026, se registró un incremento relevante en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, particularmente en el componente de alimentos, bebidas y productos agropecuarios, los cuales constituyen el núcleo de la canasta básica.

En dicho periodo, productos esenciales como huevo, pollo, carne de res, tortilla de maíz, leche, frutas y verduras presentaron aumentos de precio derivados de factores estacionales, incrementos en costos de producción, transporte y distribución, así como presiones inflacionarias acumuladas al cierre del año. Estos incrementos se reflejaron de manera inmediata en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en aquellas con menores ingresos.

Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte que el valor de la canasta alimentaria urbana y rural continúa en niveles elevados, lo que ha provocado que una proporción significativa de la población ocupada no pueda adquirir los alimentos básicos aun destinando la totalidad de su ingreso laboral, fenómeno que se ha visto agravado por los incrementos recientes observados al inicio de 2026.

El aumento del precio de la canasta básica entre diciembre de 2025 y enero de 2026 no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de presión inflacionaria persistente en los alimentos, lo que ha reducido el poder adquisitivo real de los salarios y ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad económica de millones de hogares.

Si bien el Ejecutivo Federal ha anunciado diversas medidas para contener la inflación y estabilizar los precios de productos esenciales, los incrementos registrados al inicio de 2026 evidencian que dichas acciones han sido insuficientes para evitar impactos inmediatos en el consumo básico, particularmente en los sectores más sensibles a variaciones de precios.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades económicas y sociales del Estado mexicano adopten medidas inmediatas, focalizadas y coordinadas, orientadas a contener nuevos incrementos en los precios de la canasta básica y a mitigar los efectos ya registrados sobre el ingreso familiar.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a informar sobre las causas específicas del incremento en el precio de la canasta básica registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, así como las medidas adoptadas para contener su impacto.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a reforzar de manera inmediata la vigilancia y monitoreo de precios de los productos que integran la canasta básica, con el fin de prevenir prácticas abusivas, especulación o incrementos injustificados en el inicio de 2026.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a implementar acciones emergentes para garantizar el abasto oportuno y estabilizar los precios de productos agroalimentarios básicos, particularmente aquellos que registraron incrementos al cierre de 2025 y en enero de 2026.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a dar seguimiento específico al impacto del incremento de la canasta básica registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en los niveles de pobreza laboral, y a considerar dichos datos en la evaluación de la política social vigente.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la implementación de medidas temporales de apoyo a los hogares más afectados por el aumento reciente en los precios de los alimentos básicos, priorizando a familias de menores ingresos, personas adultas mayores y hogares con niñas y niños.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.

Senadoras y senadores: Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Ángel García Yáñez y Anabell Ávalos Zempoalteca.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas, a implementar las acciones de rescate ante el abandono y deterioro de la red nacional de bibliotecas públicas, así como a que instrumente acciones que dignifiquen las condiciones de trabajo del personal que ahí labora, suscrita por las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas, a implementar las acciones de rescate ante el abandono y deterioro de la red nacional de bibliotecas públicas, así como a instrumentar acciones que dignifiquen las condiciones de trabajo del personal que ahí labora, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) es un sistema coordinado por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) dependiente de la Secretaría de Cultura.

Tiene como función central generar las políticas y establecer los procedimientos para facilitar el acceso equitativo, libre y gratuito de las y los mexicanos al conocimiento y la cultura, y fomentar la lectura en las bibliotecas públicas del país.

Se conforma por 31 redes estatales y 16 correspondientes a las demarcaciones de la Ciudad de México; integradas a su vez por todas las bibliotecas públicas que se encuentran en sus respectivas jurisdicciones.

En México, la Red Nacional opera actualmente a 7 mil 476 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2 mil 282 municipios, - 93.2 por ciento del total existente en el país-, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.1

A pesar de estas cifras, “Un informe de la SEP muestra una preocupante tendencia a la baja en el número total de bibliotecas públicas. Entre 2017 y 2022, la Red Nacional perdió mil 998 recintos, lo que representa una reducción del 26.8 por ciento del total que llegó a tener. Según datos de la DGB, actualmente han cerrado 926 bibliotecas.”2

Esta situación, se debe al abandono de los gobiernos de Morena, así como a la falta de mantenimiento, inundaciones, inseguridad, grupos delincuenciales, pero sobre todo, reducción del presupuesto que anualmente sufren, son algunas de las causas principales por las que están desapareciendo las bibliotecas, incluidas las más grandes ubicadas en la Ciudad de México, como la Vasconcelos y la México, que tampoco reciben insumos necesarios para servir al público, situación que se agudizó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en este periodo de Claudia Sheinbaum; por lo que están en riesgo de cerrar.

“Para que haya lectores, es preciso que haya recursos. No obstante, en muchos casos, la RNBP se sostiene gracias a la buena voluntad y el ingenio de sus trabajadores, que consiguen hacer rendir el presupuesto.

En el invierno de 2015, Conaculta elevó su rango a secretaría federal. Lamentablemente, el ascenso no incluyó aumento presupuestal. De acuerdo con los análisis de la organización civil Fundar, el presupuesto anual asignado a la Secretaría de Cultura en la última década ha menguado de forma constante. Y el Paquete Económico 2026 no luce más prometedor, pues prevé una reducción del 13 por ciento respecto al periodo previo.

En su primer año de operaciones, la SC recibió diecinueve mil millones de pesos; una década más tarde, recibirá trece mil millones. De ese tamaño ha sido el menoscabo. He aquí la gran dolencia de las bibliotecas: la falta de recursos. De ella se derivan todos los males que mantienen encallado a este leviatán institucional.

El personal de la Biblioteca Renato Leduc, ubicada en la alcaldía Tlalpan, ha experimentado la escasez de primera mano. “No tenemos gente de intendencia”, explica María de Lourdes Valverde, que suma veinticuatro años de servicio. Es la más veterana entre las cinco bibliotecarias que se turnan la atención en este lugar que, no obstante, su buen tamaño, resulta difícil de hallar por estar enclavado en una unidad habitacional. “Cada quien hace una parte, los baños, los tinacos, la cisterna, la bodega... Solamente así nos mantenemos al día con la limpieza”. Me cuentan que no han encendido las computadoras en más de un año: el deterioro de la instalación eléctrica no lo permite. Hay, eso sí, acceso a internet, pero sin equipos funcionales sirve de poco.”3

Testimonios como este, se repiten al revisar diversas notas periodísticas o hacer visitas a dichos recintos. Por ejemplo, en el primer supuesto, el Diario La Razón, recorrió algunas bibliotecas de la Ciudad De México e informó que se encuentran en el abandono ya que falta cuentan con acervos sin actualizar, libros viejos y pegados con cinta adhesiva, mobiliario desvencijado, falta Internet y mantenimiento.4

Otras notas, como la de El Sol de México del 8 de enero de 2025, dan cuenta de la ocupación de estos espacios en estados como Guerrero, por parte del crimen organizado.5

A este panorama se suman los reclamos del personal operativo y técnico relacionado con las demandas salariales. “De acuerdo con Jaime González Rosas líder sindical: “Los trabajadores de Bibliotecas contamos con diferentes tabuladores; el salario más bajo de un trabajador es el nivel 21 y gana siete mil 236 pesos con 95 centavos mensuales. El salario mínimo ya está en ocho mil 364 pesos. Hoy ese salario de los trabajadores ya está rebasado. El que supuestamente es un poco más alto y correspondiente al nivel 25 gana ocho mil 252 pesos con 95 centavos, que también ya fue superado por el mínimo, pues éste corresponde a nueve mil 538 pesos, que debería ganar un trabajador para equipararse.”6

Segunda. En septiembre 2025, diversos medios informaron el cierre de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, por parte de trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas, pertenecientes al Sindicato Nacional de Cultura de la Secretaría de Cultura Federal. El cierre tuvo como objetivo denunciar que las medidas de austeridad han propiciado falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones, desperfectos, daños, deterioros, filtraciones de agua y falta de sistemas de seguridad.

Dicha medida, fue atendida horas después por las autoridades de la Dirección General de Bibliotecas y la Biblioteca Vasconcelos retomó sus actividades habituales.

Meses después, el 7 de enero de 2026, se dio a conocer el despido de 31 bibliotecarias y bibliotecarios adscritos a la mencionada Biblioteca. Estos profesionales, con casi 20 años de trabajo continuo en la Vasconcelos: ingresaron en 2006, presentaron exámenes, participaron en la apertura, el cierre de 2007 y la reapertura. Hicieron funcionar la biblioteca todos los días.

En papel eran “honorarios” o “eventuales”. En la realidad: horarios fijos, jefaturas, control de entradas y salidas. Es decir, relación laboral. Durante años se les prometió basificación la cual nunca llegó.

El despido fue por correo electrónico, sin firma ni explicación. Entre los afectados hay personas mayores, madres jefas de familia y trabajadores que dependen del ISSSTE. Lo que queda a la vista es una práctica institucional: usar contratos precarios para labores permanentes y luego negar derechos adquiridos.

Luego de diversas manifestaciones y pronunciamientos públicos por parte de las personas trabajadoras, el 18 de enero de 2026, la Secretaría de Cultura emitió una tarjeta informativa en la que señaló que, a las 31 personas, luego de una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se les otorgó una basificación por medio de un Laudo, el cual no se ha hecho efectivo. Las autoridades mencionan que los ajustes administrativos de creación de plazas se encuentran en proceso y el 19 de enero de 2026 se reuniría con las y los trabajadores.

En su tarjeta, la Secretaría reafirmó que la Biblioteca Vasconcelos cuenta con el mantenimiento adecuado, así como con una actualización constante de su acervo, al ser receptora del depósito legal de los libros que se editan en el país.7

Tercera. Diversas investigaciones, dan cuenta de que la lectura es el instrumento más eficaz para aprender a ordenar ideas e información con el propósito de resolver problemas, lo mismo domésticos que académicos.

En este rubro, mediciones como la prueba PISA de 2022, nos dice que nuestro país tiene 415 puntos en lectura, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 476, es decir, de 65 naciones, México ocupó el lugar 51.

De esta forma, PISA recomienda que los libros destinados a jóvenes e infancias rebasen las 100 páginas. Lo anterior, ya que un libro de estas dimensiones, según expertos, significa llevar una ventaja equivalente a un curso académico de comprensión lectora.

Asimismo, señalan la urgencia de que los Estados instrumenten campañas que re dignifiquen la lectura de textos largos, tanto en la escuela, como en el propio Estado mexicano.

Hoy, contrario a lo que se piensa, nuestro país no cuenta con una política de fomento al libro unificada, cuenta con esfuerzos dispersos de diversas entidades. Una política integral, no solo se trata de regalar libros, o que estos se encuentren con un precio reducido, una política integral, debe pasar por entender los gustos de las y los lectores y por fijar un objetivo claro.

Una política integral debe contemplar las grandes obras de nuestra literatura, pero también debe considerar los gustos actuales de las y los jóvenes, así como presupuesto para los espacios de lectura que se encuentran en el abandono, las referidas Bibliotecas Públicas.

Cuarta. El Poder Legislativo federal también desdeña la importancia de las bibliotecas, lo anterior a pesar de contar con el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión el cual, se integra por las Bibliotecas del Senado “Melchor Ocampo”, la “Biblioteca General del Congreso de la Unión” y la Biblioteca Legislativa de San Lázaro, cuya existencia se encuentra contenida en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Sistema está a cargo de las Cámaras de Diputados y Senadores para conformar, mantener y acrecentar los acervos bibliográficos que contribuyan al cumplimiento de las atribuciones propias de cada Cámara, sus Comisiones y de los legisladores, a través de una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

De esta forma, el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión presta servicios de información y consulta especializada, investigación y divulgación de documentos a las y los legisladores, investigadores y público en general bajo los principios de oportunidad, objetividad, veracidad y cientificidad.

A pesar de esta importante función, durante los dos años de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura, no se ha instalado la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Desde el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un llamado a reforzar las políticas que permitan hacer de México un país de lectoras y lectores, las bibliotecas públicas deben formar parte más activa de este objetivo nacional, en virtud de lo anterior, someto a consideración de la asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas, a implementar las acciones de rescate ante el abandono y deterioro de la red nacional de bibliotecas públicas, así como a instrumentar acciones que dignifiquen las condiciones de trabajo del personal que ahí labora

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a fin de que realicen la integración e instalación de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Notas

1 Secretaría de Cultura, “Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, 30 de septiembre de 2016, consultado el 15 de enero de 2026, disponible en: https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/red-nacional-de-bibliot ecas-publicas

2 Soto Ángel, “Bibliotecas: grandes esperanzas, poco presupuesto” en Revista de la Universidad, año 8, número 926: Bibliotecas, noviembre de 2025, México, UNAM, pág. 26.

3 Soto, Óp. Cit. pág. 24

4 Góchez Adriana, “Bibliotecas públicas de CDMX”, en abandono” en La Razón, 16 de junio de 2025, consultado el 15 de enero de 2026, disponible en https://www.razon.com.mx/cultura/2025/06/16/bibliotecas-publicas-en-el- abandono-con-acervos-viejos-y-sin-internet/

5 Aragón Kevin, “Señalan abandono y ocupación de bibliotecas públicas por el crimen organizado” en El Sol de México, 8 de enero de 2025, consultado el 15 de enero de 2026, disponible en: https://oem.com.mx/elsoldemexico/cultura/senalan-abandono-y-ocupacion-d e-bibliotecas-publicas-por-el-crimen-organizado-21041282

6 Cruz Guzmán Abigail, “La 4T asfixia a bibliotecas de México” en Buzos de la noticia, 24 de mayo de 2025, consultado el 15 de enero de 2026, disponible en: https://buzos.com.mx/noticia/la-4t-asfixia-a-bibliotecas-de-mexico

7 Secretaría de Cultura “Tarjeta Informativa Manifestaciones en la Biblioteca Vasconcelos”, 18 de enero de 2026, disponible en: https://www.gob.mx/cultura/prensa/tarjeta-informativa-manifestaciones-e n-la-biblioteca-vasconcelos?state=published

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.

Senadoras y senadores: Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Claudia Edith Anaya Mota, Miguel Ángel Riquelme Solís, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Guadalupe Toledo Zamora, Ángel García Yáñez y Anabell Ávalos Zempoalteca.

Con punto de acuerdo, para exhortar al pleno del Tribunal Superior Agrario a modificar el acuerdo general 5/2025, a fin de restablecer un tribunal unitario agrario en el estado de Campeche y con ello evitar afectaciones económicas y administrativas a ejidatarios de dicha entidad federativa, a cargo del senador Pablo Guillermo Angulo Briseño, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, senador Pablo Angulo Briceño, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 7 de enero de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general 5/2025 que emite el honorable pleno del Tribunal Superior Agrario, por el que se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 29, 34 y 44; así como el término en sus funciones de la sede alterna Distrito 34A con sede en Campeche, estado de Campeche por redistritación de competencia.

Dicha normativa establece la eliminación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34A con sede en el estado de Campeche y, en consecuencia, se asignó la competencia territorial a 3 tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, ubicados en los estados de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, respectivamente, tal y como se muestra a continuación:

Tal y como lo establece el propio acuerdo, dicha redistritación implica distancias que van de los 99 a los 331 kilómetros entre los municipios del Estado de Campeche y aquellos de las entidades federativas donde son reasignados los asuntos de su competencia.

Segunda. El acuerdo en mención establece lo siguiente en su consideración octava:

“...en aras a que la labor de dichos Tribunales Unitarios Agrarios se refleje en una apropiada, expedita y eficiente atención de los asuntos sometidos a su potestad, y con la finalidad de beneficiar a las personas campesinas de ejidos y comunidades agrarias, así como de las poblaciones indígenas y sus integrantes para que puedan tener el acceso a la justicia pronta y expedita; y para efecto de una mejor distribución de cargas de trabajo, tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 34 con sede en Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán y 44 con sede en la Ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, teniendo en su jurisdicción los municipios de los que actualmente conoce el Distrito 34A, y como consecuencia, la redistritación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34A, con sede en Campeche, Estado de Campeche,

...”

Además, en su consideración novena razona que el motivo de la redistritación de los tribunales unitarios agrarios mencionados líneas arriba se da “...para efecto de otorgar a todas las personas de los núcleos de población ejidal y comunal, así como de la población indígena y sus integrantes el acceso efectivo a un derecho humano a la tutela jurisdiccional y para hacer efectiva la impartición de justicia agraria, ...”

Tercera. Desde inicios del año 2025, campesinos del Estado de Campeche se han manifestado en contra del cese de operaciones del tribunal unitario agrario de dicha entidad federativa, que afecta a alrededor de 200 mil ejidatarios, según lo manifestó en su momento el líder de la Confederación Nacional Campesina en Campeche.1

En días pasados fue reportado que ejidatarios de Lázaro Cárdenas en Champotón siguen enfrentando complicaciones económicas y amplios tiempos de espera en trámites relacionados con sus tierras debido a que el Tribunal Unitario Agrario al que les corresponde acudir a ventilar sus asuntos está fuera del estado con las distancias a que se hace referencia en la Consideración Primera del presente documento. Ello implica gastos de transporte, alimentación y hospedaje para las familias campesinas de Campeche, lo cual perjudica su situación económica y no se garantiza un acceso equilibrado a la justicia agraria.

Desde un comienzo se alegó un incremento en los costos del seguimiento de sus asuntos, lo cual prevalece a comienzos del presente año y acredita que las razones que llevaron al Pleno del Tribunal Superior Agrario a emitir el acuerdo mencionado líneas arriba no son sostenibles, pues las afectaciones al sector campesino del Estado de Campeche se siguen reportando y ello vulnera flagrantemente su acceso equitativo a la justicia agraria, por lo cual resulta necesario instalar un tribunal unitario agrario tal y como se venía realizando anteriormente al acuerdo mencionado líneas arriba.

Por lo anteriormente expuesto fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior Agrario para que modifique el acuerdo general 5/2025 a fin de reestablecer un Tribunal Unitario Agrario en el estado de Campeche y con ello evitar afectaciones económicas y administrativas a ejidatarios de dicha entidad federativa.

Nota

1 https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/cierre-del-tribunal-agrario-en- campeche-afecta-a-200-mil- ejidatarios-21458174

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.

Senador Pablo Angulo Briceño (rúbrica)