Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a llevar a cabo estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del ciberacoso y ciberbullying, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a aplicar las medidas necesarias para eliminar o sustituir el uso de productos que contengan sustancias disruptoras endocrinas u hormonales, mediante su regulación en la importación o exportación y con la disposición de etiquetado como medio de información y conocimiento para los consumidores de las consecuencias a su salud, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente municipal de Cuautla, Morelos, a que presente ante el Congreso de dicho estado un informe detallado, real y verificable acompañado de documentación comprobatoria que permita conocer con certeza el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones administrativas adoptadas sin tomar en cuenta al cabildo, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Morelos, para que, a través de la ESAF, realice una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Morelos, el ciudadano Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General de dicha entidad a informar y fortalecer las acciones para combatir el delito de extorsión en favor de los comercios establecidos, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la Senasica a diseñar e implementar una estrategia integral de atención, sanidad y fortalecimiento productivo del sector citrícola en el estado de Nuevo León, que contemple acciones de prevención, control y manejo de plagas y enfermedades, mediante esquemas sostenibles con apoyo técnico y científico, a cargo del senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PVEM

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Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a llevar a cabo estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del ciberacoso y ciberbullying, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I.- El Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990), ha señalado que: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana” (como se citó por la UNICEF, 2006, Convención sobre los derechos del niño).

Por ello, la importancia de la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la Organización Panamericana de las Salud (OPS), han señalado que:

La violencia contra las niñas y los niños incluye la violencia física, sexual y emocional...

La violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas y niños, y sus comunidades... incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo... y problemas de salud a lo largo de sus vidas... Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida, incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y pobreza...

La violencia contra las niñas y los niños se puede prevenir. Esto requiere un enfoque multisectorial que aborde los determinantes sociales de la violencia...1

Desafortunadamente, otro factor que agrava la violencia en la actualidad es el uso de las tecnologías, ya que el fácil acceso a los dispositivos con internet, a las redes sociales y a las plataformas digitales, ha hecho que estas herramientas puedan ser utilizadas para escalar su nivel de violencia y por tanto el daño hacia los menores de edad.

La violencia digital, ha sido reconocida por el gobierno de México (2021), como aquella en la que se dan “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento”.2

II.- En nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMAVLV), estableció el Capítulo IV Ter “De la Violencia Digital y Mediática”, como consecuencia de la conocida Ley Olimpia, que no hace referencia a una sola ley, sino al conjunto de reformas legislativas destinadas a tipificar y sancionar la violencia digital, definida de la siguiente forma:

Artículo 20 Quáter. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.3

Dicha norma sirve de referencia a las entidades federativas, por ello, como parte de las reformas derivadas de la Ley Olimpia se mandató a los Congresos locales a que hicieran sus adecuaciones legislativas.

No obstante, aunque varias entidades federativas han llevado a cabo diversas reformas para tipificar la violencia digital, hay todavía algunos estados que no lo han hecho; y, por otro lado, quiénes ya lo hicieron siguen enfocándose principalmente en la violencia digital sexual. Cabe mencionar que la violencia digital no solo se circunscribe a aquella que exhiba contenido íntimo sexual, sino también a aquella a la que están expuestos los menores de edad, es decir, el ciberbullying y el ciberacoso, porque hoy reiteradamente las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a esas violencias digitales que lamentablemente van en incremento, por eso se debe tipificar la violencia digital de manera amplia en donde se contemplen sus modalidades.

III.- En ese tenor, cabe mencionar al menos 2 modalidades más de violencia digital, ciberacoso y ciberbullying, aunque los dos se refieren al acoso a través de internet o medio digitales. El ciberbullying, se refiere principalmente al acoso entre menores de edad, mientras que el ciberacoso puede abarcar a personas de cualquier edad, por lo que este último además contempla una categoría más amplia de violencia digital como sexting, sextorsión, hacking, grooming, stalking, doxing y deepfake.

A nivel local, encontramos que el Instituto de Salud del Estado de México, ha definido al ciberbullying como:

...término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets.

Se caracteriza por que el acoso se da entre dos iguales, en este caso, menores. Es importante distinguirlo, ya que existen otras prácticas en las que se involucran adultos y tienen otras denominaciones y consecuencias legales que tienen los actos de un mayor de edad en contra de un menor. (Instituto de Salud del Estado de México, 2023).4

De manera que, podemos coincidir en que el ciberbullying, es el acoso o la intimidación que se realiza mediante dispositivos tecnológicos, a través de plataformas digitales como las redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, en las que se difunden mensajes, imágenes o videos crueles o vergonzosos sobre otra persona con la intención de humillar, amenazar, atemorizar o causarle daño psicológico.

Desafortunadamente, no en todos los países existen leyes y políticas dirigidas a combatir todas las modalidades de violencia digital como en el caso del ciberbullying y el ciberacoso.

IV.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 17 de julio de 2024, en el informe denominado Módulo Sobre Ciberacoso 2023, presentó resultados de la prevalencia de ciberacoso, en el que señala que: “En 2023, a nivel nacional, 20.9 por ciento de la población usuaria de internet vivió alguna situación de acoso cibernético. El porcentaje representa 18.4 millones de personas de 12 años y más... (p. 7). A nivel nacional, la población de 12 a 17 años que fue víctima de ciberacoso, 59.0 por ciento manifestó haber sido agredida por personas de su mismo grupo de edad (p. 21)”.5

Datos que nos permiten observar el alto porcentaje de los menores de edad que enfrenta violencia digital, en su modalidad de ciberbullying.

V.- Ahora bien, tipificar la violencia digital, considerando sus modalidades de ciberacoso y ciberbullying, reconoce un problema real, que lamentablemente tiene un alcance rápido, agresivo, peligroso y permanente, que amplifica el daño a las niñas, niños y adolescentes, las redes pasan fronteras en segundos y pueden llegar a más personas, teniendo una mayor transcendencia y por lo tanto un mayor impacto emocional en la víctima; además, el perjuicio que provoca puede ser irreversible, porque una vez que usas los dispositivos tecnológicos, resulta complicado detener, rastrear y recuperar la información compartida.

VI. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, numeral 1 y 2, establece lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar... y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.6

Por lo cual, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, deben tomar las medidas necesarias que permitan atender el interés superior del niño, es decir, a llevar a cabo todas las acciones que prioricen su bienestar integral, desarrollo físico, emocional y social, que además garanticen sus derechos por encima de otros intereses. Así que, erradicar todos los tipos de violencia incluida la violencia digital contra los menores de edad debe ser una prioridad para el Estado mexicano.

Por ello, estimo relevante que primeramente todos los congresos locales tipifiquen y sancionen dichas violencias; y, en segundo lugar, que las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del ciberacoso y ciberbullying en todas sus manifestaciones, así como establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de violencia digital.

Porque como legisladores tenemos el deber de fortalecer nuestro marco jurídico que garantice un futuro libre de violencia para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisio?n Permanente del honorable Congreso de la Unio?n exhorta, respetuosamente, a las autoridades federales de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren la conformación de una instancia multidisciplinaria que diseñe estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del ciberacoso y ciberbullying en todas sus manifestaciones, así como a establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de violencia digital.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas de los tres ámbitos de gobierno a que consideren establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia digital, con preeminencia en el ciberacoso y ciberbullying, así como de cualquier otra forma de violencia digital en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos y se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de violencia digital.

Tercero.- La Comisio?n Permanente del honorable Congreso de la Unio?n exhorta, respetuosamente, a los Congresos locales a llevar a cabo las adecuaciones necesarias para la tipificación y sanción en sus legislaciones de la violencia digital que tenga como objetivo prevenirla, atenderla y erradicarla, considerando sus modalidades de ciberacoso y ciberbullying.

Notas:

1 Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS). [s.f.]. “Violencia contra las niñas y los niños”. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas-ninos

2 Gobierno de México [Procuraduría Federal del Consumidor, Blog]. (2021). La “Ley Olimpia” y el combate a la violencia digital. Disponible en https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/la-ley-olimpia-y-el-combate-a-l a-violencia-digital?idiom=es

3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [LAMVLV]. (2007). México. Artículo 20 Quáter (Reforma DOF 01-06-2021). Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

4 Instituto de Salud del Estado de México. 2023. Ciberbullying. Gobierno del Estado de México. Disponible en https://salud.edomex.gob.mx/isem/ciberbullying

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2024. “Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2023”. México. Comunicado de prensa 413/24. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/MOCIBA/ MOCIBA2023.pdf

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). [2006]. “Convención sobre los Derechos del Niño”. Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.

Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a aplicar las medidas necesarias para eliminar o sustituir el uso de productos que contengan sustancias disruptoras endocrinas u hormonales, mediante su regulación en la importación o exportación y con la disposición de etiquetado como medio de información y conocimiento para los consumidores de las consecuencias a su salud, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La prevención es una característica que debiera ser complemento en todas las políticas públicas, ello implicaría bienestar para la población y reducción en el impacto del presupuesto de egresos; partiendo de esta premisa, es importante resaltar algunas acciones implícitas de esta particularidad en nuestro país, siendo ejemplo las siguientes:

- En políticas de prevención en salud, la vacunación con una cobertura de inmunización completa en menores de un año supera el 92 por ciento a nivel nacional, incluyendo zonas rurales, lo que se considera una política activa y continua exitosa; en la obesidad y nutrición se han implementado políticas fiscales y campañas para disminuir la prevalencia, como el etiquetado frontal, implementación basada en evidencia científica, ayudando a informar a los consumidores.

La referencia de estas acciones cobran sentido en este instrumento jurídico, porque el principal objetivo es adoptar prevención y conciencia en el consumo de productos de cuidado personal y cosméticos con presencia de disruptores hormonales o endocrinos, políticas que corresponden al organismo encargado de proteger a la población de riesgos sanitarios mediante la regulación, control y fomento sanitario de bienes, servicios, insumos para la salud y exposición a factores ambientales y laborales, es decir, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), atribuciones contenidas en el artículo 17 Bis, párrafo segundo, fracción II y VI, de la Ley General de Salud, que señala:

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. ...

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores ; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de la persona, salud ocupacional y saneamiento básico;

III. a V. ...

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;

VII. a XIII. ...

Para mejor entendimiento, las hormonas son sustancias químicas naturales que contribuyen al desarrollo, la adaptación y el mantenimiento normales de los procesos corporales y la salud. Al interferir los disruptores con las hormonas y sus acciones, pueden afectar a muchas funciones de la salud, provocando mayores riesgos de padecer enfermedades graves, por ejemplo, los presentes en el ambiente contribuyen a trastornos neurológicos, reproductivos, diabetes, inflamación y deterioro del sistema inmunitario.

Los disruptores endocrinos u hormonales son sustancias de varios tipos, comúnmente llamados así porque se consideran capaces de interactuar de varias maneras con el sistema endocrino. Y el sistema endocrino controla el crecimiento, el desarrollo sexual, el sueño, el hambre y la forma en que el cuerpo utiliza los alimentos.

La naturaleza de estas sustancias es variada y su presencia en el medio ambiente puede incluir: diferentes grupos de pesticidas, sustancias industriales como el bisfenol A y los ftalatos, y dioxinas. Los bisfenoles tienen evidencia de relación con la diabetes adulta. Una sustancia peligrosa como la TCDD reduce la captación de glucosa en el tejido adiposo y la secreción de insulina, lo que puede inducir el síndrome de ovario poliquístico y reducir la cantidad de semen, los flatos causan prematuridad y obesidad.

La toxicidad del BPA puede estar relacionada con su lipofilicidad, ya que le da a la molécula la capacidad de acumularse en los tejidos; de hecho, el análisis de las concentraciones séricas en humanos encontró diferentes niveles de toxicidad, siendo soluble en agua, conduce a fenómenos de acumulación en la pared intestinal y el hígado.

Esta misma exposición de contaminantes colaboran al aumento de la incidencia en el cáncer de mama, el quinto más mortal del mundo; según la OMS, para 2040 el aumento será del 63.4 por ciento, siendo el estilo de vida y los factores ambientales, así como el envejecimiento de la población, responsables de la mayor parte de este aumento. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el 36.8 por ciento de los casos de cáncer de mama son atribuibles al estilo de vida y a factores ambientales en adultos mayores de 30 años.

Estos factores de riesgo incluyen el consumo de alcohol, un índice de masa corporal alto, el tabaquismo, la dieta y la falta de actividad física; factores genéticos; la exposición a dosis altas y a largo plazo a estrógenos, los anticonceptivos hormonales. Además de los cambios en el estilo de vida y la reproducción, se ha sugerido que la exposición a contaminantes ambientales, en particular contaminantes con propiedades disruptoras endocrinas, contribuye al aumento de la incidencia del cáncer de mama.

En esta breve exposición se percibe que los EDC son precursores de diversas afecciones en la salud reproductiva de la mujer como cáncer de mama, infertilidad, pubertad precoz, en trastornos de la función reproductora masculina afecciones de próstata, pérdida de la calidad seminal, malformaciones congénitas del aparato reproductor, así como trastornos metabólicos como diabetes u obesidad, enfermedades neurológicas como trastornos del comportamiento, déficit de atención e hiperactividad, enfermedad de Parkinson, cáncer de tiroides o trastornos cardiovasculares.

Si bien se realizan campañas de prevención de cáncer de mama o cáncer de próstata, con días específicos para recordar tocarse y acudir al médico para identificar la presencia de estas enfermedades y evitar finales fatales, es imprescindible fijar posición en actos ordinarios de la población que no conocen como precursores de estas enfermedades y que desarrollan en sus días cotidianos, desde los productos de higiene personal como crema, pasta de dientes, champú, jabón, así como plásticos con BPA, alimentos, ropa, maquillajes, insecticidas y juguetes; lo que aportaría a políticas públicas preventivas, con una alta contribución al sector salud en cuanto a sus gastos.

No existen registros sobre muertes por disruptores hormonales, pero sí se afirma que estas sustancias aportan significativamente al riesgo de padecer enfermedades crónicas, causantes de mortalidad, estimando que los factores ambientales, incluidos los disruptores, están implicados en el 80 por ciento de las enfermedades más mortales a nivel mundial, como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde es una prioridad eliminar o buscar alternativas ante la exposición de las sustancias sobre las cuales versa esta propuesta, adoptando medidas preventivas y, sobre todo, regulándolas de manera adecuada para proteger a la población mexicana; la peligrosidad de estas sustancias, que hoy es silenciosa, conduce a daños desproporcionados para la salud; por ello, apelamos a la visibilización de esta problemática y optar por opciones libres de este riesgo.

Por lo aquí expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a aplicar las medidas necesarias para eliminar o sustituir el uso de productos que contengan sustancias disruptoras endocrinas u hormonales, mediante su regulación en la importación o exportación y con la disposición de etiquetado como medio de información y conocimiento para los consumidores de las consecuencias a su salud.

Notas:

1. Salud mental: Presupuesto y política nacional, https://ciep.mx/salud-mental-presupuesto-y-politica-nacional/#:~:text=A ctualmente%2C%20el%20presupuesto%20para%20la%20salud%20mental,de%20ingr esos%20medios%20es%20de%205%20%25.

2. ENDOCRINE SOCIETY, https://www-endocrine-org.translate.goog/news-and-advocacy/news-room/20 24/latest-science-shows-endocrine-disrupting-chemicals-in-pose-health-t hreats-globally?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_p to=tc

3. Exposición a sustancias químicas disruptoras endocrinas y riesgo de cáncer de mama, https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC7731339/?_x_tr_ sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

4. ¿Qué son los disruptores endocrinos?, https://www.sanitas.es/biblioteca-de-salud/enfermedades-y-trastornos/en docrinas/disruptores-endocrinos#:~:text=Los%20denominados%20disruptores %20endocrinos%20son,Aparatos%20electrónicos%2C%20etc.

5. https://www.dermaniac.com/blog/cremas-y-disruptores-endocrinos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero de 2026.

Diputada María Luisa Mendoza Mondragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente municipal de Cuautla, Morelos, a que presente ante el Congreso de dicho estado un informe detallado, real y verificable acompañado de documentación comprobatoria que permita conocer con certeza el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones administrativas adoptadas sin tomar en cuenta al cabildo, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la LXVI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta enérgicamente al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que presente ante el Congreso del estado de Morelos un informe detallado, real y verificable acompañado de documentación comprobatoria que permita conocer con certeza el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones administrativas adoptadas sin tomar en cuenta al cabildo, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos constituyen principios fundamentales del sistema democrático y obligaciones ineludibles de quienes ejercen funciones públicas, en este caso de las autoridades municipales, quienes administran recursos que pertenecen a la ciudadanía.

El pasado 8 de enero del año en curso, el presidente municipal de Cuautla, Morelos, presentó su Primer Informe Anual de Actividades, sin embargo, dicho informe carece de información sustantiva y detallada que permita conocer con claridad el estado que guarda la administración pública municipal.

Ejemplo de ello, los siguientes puntos detallados:

Conforme al artículo 41, fracciones IV, X, XVI y XXIX, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos el presidente municipal está obligado a:

- Vigilar la correcta recaudación y aplicación de los recursos.

- Supervisar el funcionamiento de la Tesorería.

- Garantizar el manejo legal y transparente del presupuesto.

- Atender y solventar observaciones financieras.

Sin embargo, no se ha cumplido con la presentación regular, completa y oportuna de información financiera, particularmente en lo relativo a:

• cuentas bimestrales,

• ejercicio presupuestal,

• destino específico del gasto,

• variaciones presupuestales,

• adeudos, pasivos y compromisos financieros.

Esta omisión impide al cabildo ejercer control, y vulnera el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

Durante el ejercicio del primer año de labores se realizaron múltiples cambios de titulares en áreas estratégicas como:

• Secretaría General,

• Seguridad Pública,

• Obras Públicas,

• SOAPSC.

Sin que exista constancia de:

• oficios de nombramiento o remoción,

• causas administrativas o jurídicas,

• notificación formal al Cabildo,

• actas de entrega-recepción interna.

Si bien el artículo 41 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos faculta al presidente municipal para nombrar y remover servidores públicos, dicha facultad no es absoluta ni discrecional, sino sujeta a control, documentación y legalidad.

El artículo 86, fracciones I, II, V, VII, VIII, X y XI, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos impone a la Contraloría municipal la obligación de:

• Vigilar la legalidad de los actos administrativos.

• Fiscalizar recursos humanos, materiales y financieros.

• Practicar auditorías y revisiones.

• Llevar el registro de servidores públicos.

• Supervisar las entregas-recepciones internas.

• Informar irregularidades al Ayuntamiento.

No obstante, no existen informes, auditorías, dictámenes ni reportes que acrediten:

• la legalidad de los cambios de titulares,

• la supervisión de dichas áreas,

• la revisión de su desempeño,

• ni la integración documental correspondiente.

Esta omisión compromete el sistema de control interno municipal y genera responsabilidad administrativa.

Conforme a los artículos 24y 28 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos:

• Debió integrarse una Comisión de Recepción.

• Emitirse un dictamen sobre el estado de la administración recibida.

• Determinar observaciones a la administración anterior.

• Informar al Congreso del Estado.

A la fecha no existe constancia pública ni documental de:

• Dictámenes de entrega-recepción,

• Informes de la Contraloría,

• Observaciones administrativas o patrimoniales,

• Ni comunicación institucional ante el Congreso.

Esta omisión impide conocer el estado real del patrimonio municipal, archivos, obligaciones y responsabilidades heredadas.

Las omisiones descritas han generado:

• debilitamiento institucional,

• opacidad financiera,

• desorden administrativo,

• afectación directa a los servicios públicos,

• deterioro del patrimonio municipal,

• crisis de gobernabilidad,

• desconfianza ciudadana.

El informe que se rindió no refleja la realidad administrativa, y carece de sustento documental suficiente.

Finalmente, del Informe presentado por el presidente municipal, se destaca lo siguiente:

a. El presidente municipal no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones de rendición de cuentas.

b. La Tesorería municipal ha omitido entregar información financiera esencial.

c. La Contraloría municipal no ejerció plenamente sus funciones de control y fiscalización.

d. El proceso de entrega-recepción carece de dictámenes, informes y observaciones.

e. El Informe Anual presenta vicios estructurales de legalidad y transparencia.

2. Estas irregularidades ameritan revisión exhaustiva por los órganos fiscalizadores, así como un pronunciamiento político y jurídico firme del cabildo.

En particular, el informe presentado carece de información detallada y verificable respecto del manejo, ejercicio y destino de los recursos públicos, omitiendo la precisión de la distribución del gasto municipal. Asimismo, no se especifican de manera clara las acciones, programas y obras ejecutadas durante el periodo que se informa, ni se rinde cuenta puntual de los nombramientos y remociones de los diversos servidores públicos realizados al interior de su gabinete. Cabe destacar que dichos cambios se efectuaron sin previo aviso ni autorización del cabildo, lo cual contraviene los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y control interno que deben regir la administración pública municipal.

Por lo anterior, se solicita que, de manera inmediata, se remita al Congreso del estado de Morelos, la información completa, clara y debidamente detallada respecto a todas las irregularidades presentadas durante el primer año de la administración del presidente municipal de Cuautla, Morelos, el ciudadano Jesús Corona Damián.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Comisión Permanente exhorta enérgicamente al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que presente ante el Congreso del estado de Morelos un informe detallado, real y verificable acompañado de documentación comprobatoria que permita conocer con certeza el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones administrativas adoptadas sin consentimiento previo del cabildo.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.

Senadora Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Morelos, para que, a través de la ESAF, realice una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Morelos, el ciudadano Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita senadora Juanita Guerra Mena , integrante de la LXVI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, para que, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), realice una auditoría al Presidente Municipal de Cuautla Morelos, El C. Jesús Corona Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal ejercido en 2025, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos constituyen principios fundamentales del Estado democrático y de derecho, consagrados en el artículo 6o, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a todas las autoridades a informar de manera clara, completa y verificable sobre el uso del erario.

Artículo 6o. ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

En este mismo sentido, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece en su artículo 36, que “durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que corresponda”, este no deberá limitarse a una exposición política o narrativa, sino que debe contener información financiera, presupuestal y administrativa suficiente, que permita evaluar el destino y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de metas y programas establecidos.

No obstante, es de suma importancia establecer, que en el Informe Anual presentado por el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, no se especifican los movimientos del presupuesto municipal, ni se detalla el ejercicio del gasto público, las adecuaciones presupuestales, el destino específico de los recursos, ni la situación financiera real del municipio, lo que impide una adecuada fiscalización y evaluación de la gestión pública.

Dicha omisión vulnera el derecho de acceso a la información pública, limita las facultades de supervisión y control del órgano colegiado municipal y genera un escenario de opacidad financiera, que puede traducirse en responsabilidades administrativas, financieras o incluso de otra naturaleza, conforme a la legislación aplicable.

Si bien es cierto que el pasado 8 de enero del año en curso, el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, acudió a rendir su Primer Informe Anual de Actividades, lo cierto es que dicho acto careció de la información sustantiva que la ley y los principios de transparencia y rendición de cuentas exigen.

En efecto, durante dicho informe no se detalló el trabajo efectivamente realizado, la distribución del gasto público, tampoco se especificaron las obras públicas ejecutadas o pendientes dentro del Municipio, tampoco se informaron de manera clara y oportuna los diversos movimientos de personal realizados en su gabinete, mismos que se llevaron a cabo sin previo aviso ni autorización del Cabildo.

Resulta particularmente preocupante que el citado protocolo del Primer Informe Anual no se haya utilizado para informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración municipal, sino que, por el contrario, se haya convertido en un evento de carácter festivo, destacando la contratación de una agrupación musical cuyo costo se estima en aproximadamente dos millones de pesos, sin considerar los gastos derivados de la participación de otras agrupaciones musicales y la logística del evento.

Ante tales circunstancias, es indispensable que el Presidente Municipal informe y precise el origen del recurso público utilizado para cubrir el costo de dicho evento millonario, así como el procedimiento administrativo mediante el cual se autorizó el gasto, a fin de garantizar que los recursos públicos hayan sido ejercidos conforme a la legalidad, austeridad, eficiencia y transparencia que mandata la normatividad aplicable.

En este mismo sentido, se describirán de forma detallada las irregularidades cometidas por el presidente Municipal de Cuautla, Morelos, el C. Jesús Corona Damián en ejercicio de sus funciones, mismas que generan preocupación por la falta de transparencia, rendición de cuentas y apego al marco legal que rige la administración pública municipal. Conforme al artículo 41, fracciones IV, X, XVI y XXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos el Presidente Municipal está obligado a:

• Vigilar la correcta recaudación y aplicación de los recursos.

• Supervisar el funcionamiento de la Tesorería.

• Garantizar el manejo legal y transparente del presupuesto.

• Atender y solventar observaciones financieras.

Sin embargo, no se ha cumplido con la presentación regular, completa y oportuna de información financiera, particularmente en lo relativo a:

• cuentas bimestrales,

• ejercicio presupuestal,

• destino específico del gasto,

• variaciones presupuestales,

• adeudos, pasivos y compromisos financieros.

Esta omisión impide al Cabildo ejercer control, y vulnera el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

Durante el ejercicio del primer año de labores se realizaron múltiples cambios de titulares en áreas estratégicas como:

• Secretaría General,

• Seguridad Pública,

• Obras Públicas,

• SOAPSC.

sin que exista constancia de:

• oficios de nombramiento o remoción,

• causas administrativas o jurídicas,

• notificación formal al Cabildo,

• actas de entrega-recepción interna.

Si bien el artículo 41 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos faculta al Presidente Municipal para nombrar y remover servidores públicos, dicha facultad no es absoluta ni discrecional, sino sujeta a control, documentación y legalidad.

El artículo 86, fracciones I, II, V, VII, VIII, X y XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos impone a la Contraloría Municipal la obligación de:

• Vigilar la legalidad de los actos administrativos.

• Fiscalizar recursos humanos, materiales y financieros.

• Practicar auditorías y revisiones.

• Llevar el registro de servidores públicos.

• Supervisar las entregas-recepciones internas.

• Informar irregularidades al Ayuntamiento.

No obstante, no existen informes, auditorías, dictámenes ni reportes que acrediten:

• la legalidad de los cambios de titulares,

• la supervisión de dichas áreas,

• la revisión de su desempeño,

• ni la integración documental correspondiente.

Esta omisión compromete el sistema de control interno municipal y genera responsabilidad administrativa.

Conforme a los artículos 24y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos:

• Debió integrarse una Comisión de Recepción.

• Emitirse un dictamen sobre el estado de la administración recibida.

• Determinar observaciones a la administración anterior.

• Informar al Congreso del Estado.

A la fecha no existe constancia pública ni documental de:

• Dictámenes de entrega-recepción,

• Informes de la Contraloría,

• Observaciones administrativas o patrimoniales,

• Ni comunicación institucional ante el Congreso.

Esta omisión impide conocer el estado real del patrimonio municipal, archivos, obligaciones y responsabilidades heredadas.

Las omisiones descritas han generado:

• debilitamiento institucional,

• opacidad financiera,

• desorden administrativo,

• afectación directa a los servicios públicos,

• deterioro del patrimonio municipal,

• crisis de gobernabilidad,

• desconfianza ciudadana.

El informe que se rindió no refleja la realidad administrativa, y carece de sustento documental suficiente.

Finalmente, del Informe presentado por el Presidente Municipal, se destaca lo siguiente:

a) El Presidente Municipal no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones de rendición de cuentas.

b) La Tesorería Municipal ha omitido entregar información financiera esencial.

c) La Contraloría Municipal no ejerció plenamente sus funciones de control y fiscalización.

d) El proceso de entrega-recepción carece de dictámenes, informes y observaciones.

e) El Informe Anual presenta vicios estructurales de legalidad y transparencia.

2. Estas irregularidades ameritan revisión exhaustiva por los órganos fiscalizadores, así como un pronunciamiento político y jurídico firme del Cabildo.

Es por lo anterior, que se solicita la intervención de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), ya que es el órgano técnico especializado facultado para fiscalizar el uso de los recursos públicos Estatales y Municipales,1 por lo que resulta procedente solicitar su intervención a fin de garantizar la legalidad, transparencia y correcta aplicación del presupuesto del Municipio de Cuautla, Morelos.

Lo anterior, a fin de que se esclarezca el manejo de los recursos públicos, se determinen las responsabilidades a que haya lugar y se garantice el derecho de la ciudadanía a una gestión pública transparente y responsable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que, por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), instruya la práctica de una auditoría integral al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, el C. Jesús Corona Damián en relación con la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal correspondiente al primer año de ejercicio (2025), con especial énfasis en el detalle de los ingresos y egresos municipales, los movimientos de personal, adecuaciones y modificaciones presupuestales realizadas y el destino específico de los recursos públicos ejercidos.

Nota:

1. https://www.esafmorelos.gob.mx/2020/#:~:text=En%20la%20Entidad%20Superi or%20de,recursos%20p%C3%BAblicos%20bajo%20cualquier%20concepto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.

Senadora Juanita Guerra Mena

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General de dicha entidad a informar y fortalecer las acciones para combatir el delito de extorsión en favor de los comercios establecidos, a cargo de la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita senadora Juanita Guerra Mena , integrante de la LXVI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos y a la Fiscalía General del Estado de Morelos a informar y fortalecer las acciones para combatir el delito de extorsión en favor de los comercios establecidos, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2025 en el Estado de Morelos hubo un total de 419 delitos de extorsión, esto sin contar todos aquellos delitos de extorsión que no fueron denunciados.1 El delito de extorsión representa una de las principales amenazas para la seguridad, la estabilidad económica y permanencia de los comercios establecidos, provocando en muchos casos el cierre de negocios, la pérdida de empleos y un grave impacto al desarrollo económico local.

En el municipio de Cuautla, así como en diversas Municipios del Estado de Morelos, comerciantes y empresarios han sido víctimas de este delito, lo que genera un clima de miedo, desconfianza hacia las instituciones y cierre definitivo de negocios.

Ejemplo de lo anterior son las diversas notas periodísticas en las que se documenta la frecuencia con la que ocurre el delito de extorsión en el Municipio de Cuautla, Morelos. En particular, el pasado 14 de enero de 2026 , el periódico “La Crónica de Morelos ” publicó una nota informativa en la que se señala la gravedad y persistencia de este delito en la vida económica y social del municipio.

“En la madrugada de este miércoles 14 de enero, alrededor de las 03:00 horas, un nuevo acto de violencia sacudió la colonia Hermenegildo Galeana en Cuautla, Morelos.

Este incidente se suma a una ola de violencia sistemática que azota a los comerciantes de la zona oriente de Morelos. Durante 2025, Cuautla lideró a nivel nacional las tasas de extorsión en municipios con más de 100 mil habitantes, registrando hasta 49.7 casos por cada 100 mil habitantes en los primeros meses del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En las últimas semanas de 2025 y principios de 2026, se han reportado múltiples agresiones similares contra boutiques, tiendas de abarrotes y otros comercios, muchas veces como castigo por negarse a pagar las cuotas impuestas. Estos actos no solo generan pérdidas económicas directas, sino que siembran el miedo entre los empresarios, provocando cierres de locales y afectando la economía local .”2

Dicha publicación, aunado a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resaltan que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para los comerciantes y empresarios locales, generando temor, cierres de negocios y afectaciones directas al desarrollo económico, lo que confirma la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, denuncia y combate a este ilícito por parte de las autoridades municipales y estatales.

Ante estos sucesos se ha hecho la implementación de la denuncia anónima a través del número 089 es una herramienta fundamental para combatir la extorsión, sin embargo, su efectividad depende de la confianza de la ciudadanía y de los resultados de las sanciones de los responsables.

Conforme a lo establecido en el artículo 21 Constitucional “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución ...”

Por todo lo anterior, resulta indispensable que la ciudadanía conozca información clara y verificable respecto al número de negocios afectados, denuncias presentadas, casos judicializados y sentencias obtenidas, así como las acciones implementadas para apoyar a las víctimas y prevenir este delito en el Municipio de Cuautla, Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía, así como de manera pública y detallada a la ciudadanía, sobre el número de denuncias por el delito de extorsión recibidas en el municipio de Cuautla y en el resto del Estado de Morelos durante el año 2025 a la fecha, así como el estado procesal de dichas denuncias, precisando cuántas han sido judicializadas, cuántas se encuentran en trámite y en cuántas se ha obtenido sentencia condenatoria, especificando los casos resueltos y las acciones de investigación, persecución del delito y coordinación interinstitucional implementadas para combatir la extorsión y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la denuncia.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos para que, en el ámbito de su competencia, informe a esta Soberanía y a la ciudadanía sobre los programas, acciones y apoyos económicos implementados en favor de los comercios establecidos que han sido víctimas del delito de extorsión; asimismo para que establezca o fortalezca mecanismos que permitan el acceso al “Fondo Morelos” para las víctimas de extorsión, como medida de respaldo, reactivación económica y preservación de los empleos y refuerce la coordinación con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia para prevenir el cierre de negocios y promover el desarrollo económico en el Estado de Morelos, especialmente en el Municipio de Cuautla, Morelos.

Tercero.- Se exhorta al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, C. Jesús Corona Damián, para que a través de la Dirección de Industria y Comercio del municipio, para que informe a esta Soberanía y a la ciudadanía, el número de comercios establecidos afectados por el delito de extorsión en el municipio durante el año 2025 a la fecha, así como informe sobre las acciones realizadas para fortalecer la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos para facilitar el acceso de los comerciantes víctimas de extorsión a los programas de apoyo económico, incluido el “Fondo Morelos” y se difunda entre los comerciantes y la población en general, los mecanismos de denuncia anónima 089 apoyo institucional, con el fin de fomentar la cultura de la denuncia y fortalecer la confianza en la ciudadanía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2026.

Senadora Juanita Guerra Mena

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y la Senasica a diseñar e implementar una estrategia integral de atención, sanidad y fortalecimiento productivo del sector citrícola en el estado de Nuevo León, que contemple acciones de prevención, control y manejo de plagas y enfermedades, mediante esquemas sostenibles con apoyo técnico y científico, a cargo del senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, senador Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, diseñe e implemente una estrategia integral de atención, sanidad y fortalecimiento productivo del sector citrícola en el Estado de Nuevo León, que contemple acciones de prevención, control y manejo de plagas y enfermedades, mediante esquemas sostenibles con apoyo técnico y científico, a partir de las siguientes

Consideraciones

El sector citrícola constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico, social y agroalimentario del Estado de Nuevo León, al generar empleo, dinamizar las cadenas de valor vinculadas a la agroindustria, el comercio y la exportación, y contribuir de manera relevante a la seguridad alimentaria regional.

Asimismo, representa el principal sustento de numerosas comunidades rurales, por lo que su fortalecimiento resulta indispensable para un desarrollo agropecuario equilibrado, sostenible y con arraigo territorial.

En los últimos años, los productores citrícolas de municipios como Montemorelos, Allende, Linares, General Terán, Cadereyta Jiménez y Hualahuises han enfrentado afectaciones severas derivadas de plagas y enfermedades que comprometen la sanidad vegetal y reducen de manera significativa la productividad de los cultivos.

A ello, se suman problemáticas estructurales relacionadas con el acceso insuficiente a la asistencia técnica especializada, equipamiento productivo, estudios nutricionales de suelo y mecanismos oportunos, sostenibles y eficaces de control fitosanitario.

De manera paralela, la citricultura en Nuevo León ha sido impactada por condiciones climáticas adversas. Las sequías prolongadas, la disminución de los niveles de las presas y la sobreexplotación de los mantos acuíferos han provocado un estrés hídrico constante en las huertas, incrementando su vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades. Asimismo, las heladas atípicas registradas en años recientes han ocasionado daños en brotes nuevos y árboles jóvenes, afectando la capacidad de recuperación productiva del sector.

A estas problemáticas se suma el incremento sostenido en los costos de insumos estratégicos como fertilizantes, combustibles y mano de obra, los cuales no se reflejan de manera proporcional en los precios pagados al productor, generando una reducción en la rentabilidad de la actividad.

Esta situación ha propiciado que pequeños productores opten por vender sus tierras para usos urbanos o industriales, lo que ha derivado en la disminución de la superficie agrícola y de la mancha verde del Estado.

Adicionalmente, una proporción significativa de las huertas citrícolas continúa operando con sistemas de riego por inundación o canales, prácticas que resultan insostenibles ante el actual contexto de escasez hídrica.

La transición hacia sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo o microaspersión, implica inversiones elevadas que se ven agravadas por la reducción de programas federales de apoyo, limitando la capacidad de los productores para invertir en innovación, investigación aplicada y control de plagas.

Estas condiciones han impactado negativamente tanto el volumen como la calidad de la producción citrícola, afectando la competitividad y la viabilidad económica del sector, así como su contribución a la agroindustria regional y nacional.

Ante este escenario, resulta indispensable impulsar acciones coordinadas desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con los productores de la zona citrícola de Nuevo León, instituciones académicas y organismos especializados, orientadas a la recuperación del sector mediante un enfoque integral que priorice el control biológico de plagas, la capacitación técnica, el fortalecimiento del manejo sanitario y el diálogo directo con los actores productivos.

La implementación de estas estrategias debe sustentarse en la innovación científica, la coordinación interinstitucional y las mejores prácticas de política pública agroalimentaria con viabilidad técnica y operativa comprobada.

Asimismo, resulta fundamental que las soluciones se construyan a partir de la escucha activa de los productores y del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, centros de investigación e instituciones educativas, con el fin de atender de manera estructural los retos sanitarios, productivos y económicos del sector.

En este sentido, se estima indispensable que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos desconcentrados, en coordinación con el Gobierno del Estado de Nuevo León y los municipios productores, diseñen e implementen una estrategia integral de atención y fortalecimiento del sector citrícola, con un enfoque territorial, sanitario y de sostenibilidad, que permita mejorar la productividad, proteger la sanidad vegetal y garantizar la viabilidad económica de esta actividad estratégica, en beneficio de los productores y de la economía regional.

Con base en lo expuesto, resulta claro que la citricultura en el Estado de Nuevo León enfrenta una coyuntura crítica que exige una respuesta institucional coordinada, oportuna y con visión de largo plazo. La atención a los retos sanitarios, productivos, climáticos y económicos que afectan al sector no puede abordarse de manera fragmentada ni reactiva, sino mediante una estrategia integral sustentada en criterios técnicos y científicos, que fortalezca la sanidad vegetal, impulse la productividad y preserve la viabilidad económica de una actividad fundamental para el desarrollo regional y el bienestar de miles de familias rurales.

En consecuencia, el presente punto de acuerdo busca exhortar respetuosamente a las autoridades competentes a asumir un papel activo en la recuperación y fortalecimiento del sector citrícola de Nuevo León, promoviendo la coordinación interinstitucional, el diálogo con los productores y la aplicación de soluciones sostenibles con enfoque territorial.

Con ello, se pretende no solo atender las problemáticas inmediatas que enfrenta la citricultura, sino sentar las bases para un desarrollo agroalimentario más resiliente, competitivo y socialmente justo, en beneficio de la economía estatal y de la seguridad alimentaria del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, diseñe e implemente una estrategia integral de atención, sanidad y fortalecimiento productivo del sector citrícola en el Estado de Nuevo León, que contemple acciones de prevención, control y manejo de plagas y enfermedades, mediante esquemas sostenibles con apoyo técnico y científico.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a fortalecer, en coordinación con instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos especializados, los programas de control biológico, capacitación técnica, transferencia de tecnología, estudios nutricionales de suelo y dotación de equipamiento productivo, con el objetivo de elevar la productividad, calidad y competitividad de los cítricos producidos en el Estado de Nuevo León.

Tercero. La Comisión Permanente en pleno respeto al federalismo exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que, a través de la dependencia competente en materia de desarrollo agropecuario y en coordinación con las autoridades federales y municipales, establezca mecanismos permanentes de diálogo, mesas de trabajo y atención territorial con productores, empacadores y comercializadores del sector citrícola, a fin de identificar necesidades prioritarias y construir soluciones con viabilidad técnica, operativa y regional.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades federales competentes a considerar la incorporación del sector citrícola del Estado de Nuevo León dentro de los programas, estrategias y acciones de alcance nacional en materia agroalimentaria y de sanidad vegetal, con el propósito de fortalecer su sostenibilidad, resiliencia y desarrollo económico frente a los retos sanitarios, climáticos y productivos que enfrenta actualmente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2026.

Senador Waldo Fernández González (rúbrica)