Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del estado de Campeche a aclarar, a la brevedad y en estricto apego al debido proceso, la situación jurídica de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, y a la gobernadora Layda Sansores a respetar la autonomía universitaria y evitar intromisiones políticas en la vida interna de la universidad, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conafor a que fortalezcan las acciones de monitoreo, detección temprana, control y atención de la plaga del escarabajo barrenador que afecta a los manglares del país, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a fomentar el uso de comedores y cocinas comunitarias en los pueblos indígenas y afromexicanos para garantizar su alimentación adecuada y suficiente, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y al CJF a implementar la entrevista única forense en la cámara de GESELL como medidas para prevenir la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los servicios de salud del estado de Oaxaca a realizar y fomentar las ferias de medicina tradicional indígena en distintas regiones de la entidad, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la CDMX a presentar un plan integral, público y verificable para atender los efectos urbanos, sociales y operativos derivados de la realización del mundial de futbol, suscrita por los diputados Gibrán Ramírez Reyes y Juan Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a que evalúe la estrategia “2-30-100”, suscrita por el diputado Gibrán Ramírez Reyes, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite un pronunciamiento en relación con la situación de violaciones a derechos humanos en la República Islámica de Irán, suscrita por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas y los diputados Juan Zavala Gutiérrez y Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la Sedena, a la Semar y al Poder Legislativo a crear un Grupo de Trabajo Interinstitucional, cuyo objeto sea analizar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de infraestructura encabezados por las Fuerzas Armadas, en el marco del accidente del Tren Interoceánico, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a que realice el pago de la nómina y prestaciones de ley a las personas trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Zacatecas a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para derogar los cambios introducidos en la Ley del Notariado de esa entidad federativa, publicados el 18 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del gobierno de Zacatecas, a cargo de la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SER, así como las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a realizar los trabajos necesarios para la conformación de un congreso bicameral México-Estados Unidos y a la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad, suscrita por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Donaldo Colosio Riojas y los diputados Laura Irais Ballesteros Mancilla, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del estado de Campeche a aclarar, a la brevedad y en estricto apego al debido proceso, la situación jurídica de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, y a la gobernadora Layda Sansores a respetar la autonomía universitaria y evitar intromisiones políticas en la vida interna de la universidad, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos medios de comunicación reportaron que el lunes 12 de enero de 2026 fue detenido José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por presunta posesión de estupefacientes.

De acuerdo con declaraciones de Jackson Villacís Rosado, titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche:

“Derivado que hubo un reporte de una camioneta que iban personas armadas, hacen recorridos (los agentes de seguridad) y hacen la detención. Encuentran estupefacientes y por ello lo ponen a disposición de la Fiscalía... es por posesión simple”.1

Al respecto, la Universidad Autónoma de Campeche emitió un comunicado2 que, por su trascendencia, se transcribe íntegro a continuación:

“Comunicado

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en un estado de derecho.

Con gran preocupación observamos que, horas después de este acontecimiento, personal ajeno a esta institución ha intentado citar a este Consejo a una sesión con el aparente propósito de destituir al titular de la Rectoría, en una sede alterna a esta Universidad. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución.

La Universidad Autónoma de Campeche es una institución pública y autónoma, con plena capacidad de autogobierno, sustentada en su ley orgánica y en los principios constitucionales que garantizan la libertad académica, administrativa y de gestión. Ninguna autoridad externa, ningún actor ajeno a nuestra comunidad, tiene derecho a intervenir en sus decisiones, procedimientos o formas de organización.

La autonomía universitaria no es un privilegio: es una conquista histórica que resguarda la pluralidad, el pensamiento crítico y la función social de la educación superior. Vulnerarla significa debilitar a la Universidad Pública y, con ello, a la sociedad misma.

Por lo anterior.

1. Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche;

2. Demandamos el cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de nuestra institución;

3. Y reclamamos, con firmeza y responsabilidad institucional, la liberación inmediata de nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, en pleno respeto de sus derechos humanos y al debido proceso.

La universidad no se gobierna desde fuera. Se construye desde adentro, con legalidad, con diálogo y con responsabilidad histórica.

Hoy alzamos la voz no por confrontación, sino por convicción. No por interés particular, sino por la defensa de un principio que pertenece a toda la sociedad: el derecho a una universidad libre y autónoma.

Porque cuando se vulnera a una universidad, no sólo se agrede a una persona o a una institución: se lastima el porvenir colectivo.

Atentamente,

Consejeras y consejeros universitarios de la Universidad Autónoma de Campeche

Ciudad Universitaria, enero de 2026”.

En el mismo sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emitió también un comunicado3:

“Pronunciamiento sobre la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche

Ciudad de México, a 12 de enero de 2026.

Ante la detención del doctor José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por parte de elementos de la policía preventiva del estado y la confusión generada por las causas de su aprehensión, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exige a las autoridades competentes actúen con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento la autonomía universitaria y sus derechos humanos.

Para la ANUIES es fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos con una puntual aplicación de la ley y sin sesgos políticos.

Atentamente

El Consejo Nacional de la ANUIES”.

Apenas unas horas después de la detención, durante la madrugada del martes 13 de enero y en una sesión improvisada del Consejo Universitario resultó electa4 como nueva rectora de la Universidad quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Jurídicos, Fanny Guillermo Maldonado, hecho que por su premura e improvisación evidencia la motivación política de la detención de Abud Flores y confirma la intromisión en la vida interna de la Universidad, denunciada por sus consejeras y consejeros.

Resulta fundamental destacar que la detención de Abud Flores y su destitución como rector se dan en el contexto de un conflicto político con la gobernadora Layda Sansores, quien lo ha señalado como “operador político opositor a la Cuarta Transformación”, circunstancia que evidencia aún más la naturaleza política de la detención de Abud Flores y su destitución como rector.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Campeche a aclarar a la brevedad y en estricto apego al debido proceso la situación jurídica de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, detenido por presunta posesión simple de estupefacientes el 12 de enero de 2026.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora Layda Sansores a respetar plenamente la autonomía universitaria y evitar intromisiones políticas en la vida interna de la Universidad Autónoma de Campeche.

Notas

1 Animal Político. “Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Campeche por presunta posesión de drogas; acusan captura injustificada”. Disponible en: https://animalpolitico.com/estados/detienen-rector-universidad-autonoma -campeche-drogas-injustificada

2 Universidad Autónoma de Campeche. “Comunicado”. Disponible en: https://www.facebook.com/share/p/1bRu5M3bG7/

3 ANUIES. “Pronunciamiento sobre la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche”. Disponible en: https://www.facebook.com/share/p/1a5vLzbXRW/

4 Tribuna. “Fanny Guillermo es electa rectora de la UAC”. Disponible en: https://tribunacampeche.com/13/fanny-guillermo-es-electa-rectora-de-la- uac/733573/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conafor a que fortalezcan las acciones de monitoreo, detección temprana, control y atención de la plaga del escarabajo barrenador que afecta a los manglares del país, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo señalado por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

El escarabajo barrenador, Euwallacea fornicatus , también conocido como barrenador polígafo es un insecto que, en su etapa larval, barrena o perfora la madera, causando daños en árboles, estructuras y otros materiales.1 Es una especie invasora que proviene del sudeste asiático que se extendió a Norteamérica en 2002 y se ha convertido en una preocupación generalizada para California y el noroeste del Pacífico, ya que estos escarabajos no autóctonos tienen un apetito insaciable por los fresnos (Fraxinus ), como sugiere su nombre común.2 Esta plaga puede causar una gran mortandad y destrucción en las cinco especies autóctonas de fresnos y en otros árboles.

La presencia del escarabajo barrenador representa una amenaza grave para los ecosistemas forestales, ya que su mecanismo de infestación no se limita al daño mecánico que provoca al perforar la madera, sino que además introduce hongos patógenos que interrumpen el flujo de nutrientes del árbol, debilitándolo progresivamente hasta causar su muerte. Esta combinación de daño físico y biológico dificulta la detección temprana de la plaga y acelera su propagación, lo que incrementa los impactos ambientales, económicos y ecológicos en las zonas afectadas.

En nuestro país, en fechas recientes se ha alertado sobre la presencia de esta plaga principalmente en ecosistemas de manglar. Los manglares son comunidades de árboles de origen terrestre que, a lo largo de su evolución, se han adaptado para sobrevivir en ambientes inundables con altos niveles de salinidad. Se localizan principalmente en zonas tropicales y subtropicales, en áreas costeras, lagunas, ríos y deltas. En México existen cuatro especies de mangle: rojo (Rhizophora mangle ), negro (Avicennia germinans ), blanco (Laguncularia racemosa ) y botoncillo (Conocarpus erectus ).3

Los manglares representan un ecosistema altamente productivo, con una gran riqueza biológica y proporcionan una gran diversidad de recursos y servicios ambientales,4 México se encuentra entre los cinco países con mayor extensión de este ecosistema, desempeñan un papel fundamental en la protección de las costas, al funcionar como barreras naturales frente a tormentas, huracanes y fenómenos meteorológicos extremos, además de contribuir a la captura de carbono y a la conservación de la biodiversidad. Estos ecosistemas son hábitat y zona de reproducción de numerosas especies marinas y terrestres, y constituyen una fuente de sustento para comunidades que dependen de la pesca y otras actividades productivas. Por ello, la afectación de los manglares por plagas como el escarabajo barrenador no sólo representa un riesgo ambiental, sino también social y económico, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se atienden de manera oportuna.

La aparición y propagación de plagas forestales, como el escarabajo barrenador, no es un fenómeno aislado, sino que se encuentra estrechamente relacionada con factores como el cambio climático, el incremento de temperaturas, la alteración de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la falta de monitoreo y manejo oportuno de las áreas naturales. Estas condiciones generan escenarios propicios para la expansión de especies invasoras, debilitando la capacidad de resiliencia de los manglares y otros ecosistemas forestales, y evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control sanitario ambiental.

La expansión de la plaga representa riesgos considerables para:

• Ecosistemas forestales nativos del país;

• Infraestructura verde urbana, particularmente en zonas metropolitanas del norte;

• Actividades productivas estratégicas como la industria del aguacate y otras frutales;

• Las economías regionales que dependen del turismo y servicios ambientales.

La afectación de los manglares por plagas forestales implica una alteración profunda en el equilibrio ecológico de las zonas costeras, ya que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales para la regulación ambiental y la protección del territorio.5 Cuando los manglares se debilitan o pierden cobertura vegetal, se incrementa la vulnerabilidad frente a la erosión, la salinización de suelos y la pérdida de hábitats clave, lo que genera efectos en cadena que trascienden el ámbito ambiental y alcanzan dimensiones sociales y económicas.

En este contexto, en los últimos días han alertado sobre una plaga en los manglares negros en los tres estados de la Península de Yucatán, plaga que está perforándolos y en su interior cultivando un hongo que provoca la muerte de los manglares.6 La propagación de esta plaga representa un riesgo significativo, ya que puede extenderse rápidamente a otras zonas costeras, comprometiendo la continuidad y funcionalidad de estos ecosistemas estratégicos, cuya recuperación natural es lenta y compleja.

Asimismo, la pérdida de manglares genera efectos acumulativos en el entorno, como la disminución de la biodiversidad, la alteración de los ciclos hidrológicos y el debilitamiento de las barreras naturales que protegen a las comunidades costeras frente a fenómenos climáticos extremos,7 lo que incrementa la vulnerabilidad ambiental y social de la región.

Ante este panorama, resulta evidente que la presencia y expansión de plagas que afectan a los manglares constituye un desafío ambiental que requiere atención urgente, dada la importancia estratégica de estos ecosistemas para el equilibrio ecológico y la protección de las zonas costeras. La falta de una respuesta oportuna y preventiva podría derivar en daños de gran magnitud y difícil reversión, por lo que resulta indispensable visibilizar esta problemática y reconocer la necesidad de actuar de manera anticipada para evitar afectaciones mayores al patrimonio natural del país.

Por lo que resulta urgente impulsar medidas encaminadas a la atención, monitoreo y control de esta plaga, así como a la protección y restauración de los manglares afectados, a fin de prevenir su propagación y salvaguardar estos ecosistemas estratégicos, cuya pérdida tendría consecuencias ambientales, sociales y económicas de largo alcance para el país.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente que la presencia del escarabajo barrenador en los manglares del país constituye una amenaza ambiental de atención prioritaria, que exige una respuesta oportuna, coordinada y basada en criterios técnicos y científicos. La protección de los manglares no sólo es una obligación legal del Estado mexicano, sino una acción estratégica para la conservación de la biodiversidad, la mitigación de los efectos del cambio climático, la protección de las zonas costeras y el bienestar de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. En este sentido, es necesario fortalecer las acciones de monitoreo, control, atención y restauración ecológica, a fin de prevenir la expansión de la plaga y evitar daños irreversibles al patrimonio natural de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de monitoreo, control y atención de la plaga del escarabajo barrenador que afecta a los manglares del país, así como para que implemente medidas de restauración ecológica y prevención, con el objetivo de evitar su propagación y salvaguardar estos ecosistemas estratégicos.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para que, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, implemente y refuerce acciones técnicas de detección temprana, monitoreo, control y manejo de la plaga del escarabajo barrenador que afecta a los manglares de la Península de Yucatán, así como programas de protección, recuperación y restauración de las áreas impactadas, a fin de preservar la integridad ecológica de estos ecosistemas y prevenir daños irreversibles.

Notas

1 Escarabajo Barrenador Polífago Complejo Euwallacea fornicatus, Información Disponible en: https://mexico.inaturalist.org/taxa/885742-Euwallacea-fornicatus

2 Guardianes del bosque: Vigilancia del barrenador esmeralda del fresno antes de su llegada a California, Disponible en: https://sbbotanicgarden.org/es/insight/guardians-of-the-woodland/

3 Los manglares mexicanos Se realiza inversión histórica para restaurarlos; México ocupa el cuarto lugar mundial en extensión de humedales costeros después de Indonesia, Brasil y Australia., Información disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/manglares-mexicanos.

4 Manglares de México: Extensión y distribución, Disponible en: https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/mangl ares_de_mexico.pdf

5 En el Día de los Manglares: uno de los ecosistemas más productivos del planeta, Disponible en: https://ciencia.unam.mx/leer/1020/en-el-dia-de-los-manglares-uno-de-los -ecosistemas-mas-productivos-del-planeta

6 Alertan por Plaga de Escarabajo Barrenador en Campeche: Así Afecta Miles de Hectáreas, Información Disponible en: https://www.nmas.com.mx/foro-tv/programas/las-noticias-1800/videos/aler tan-plaga-escarabajo-barrenador-campeche-asi-afecta-miles-hectareas/

7 ¿Cómo la pérdida de manglares amenaza los ecosistemas costeros y los medios de vida de las comunidades?, Disponible en: https://maralliance.org/es/como-la-perdida-de-manglares-amenaza-los-eco sistemas-costeros-y-los-medios-de-vida-de-las-comunidades/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a fomentar el uso de comedores y cocinas comunitarias en los pueblos indígenas y afromexicanos para garantizar su alimentación adecuada y suficiente, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María de Fátima García León, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La desigualdad en la distribución de los ingresos en México conlleva a tener inequidad en el acceso a los servicios y a no poder cubrir las necesidades básicas, entre ellas la alimentación; la cual, a su vez, refleja una propensión a enfermedades, menor rendimiento educativo y pocas oportunidades futuras de un empleo que permita salir de una condición de marginación social. En Latinoamérica la seguridad alimentaria es cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos de forma suficiente, inocua y nutritiva para satisfacer sus necesidades y que les permita llevar una vida saludable; considerando cuatro pilares, los cuales son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad.1

La nutrición es el proceso mediante el cual los organismos asimilan los alimentos y líquidos que necesitan para el mantenimiento adecuado de sus funciones vitales; es un proceso orgánico de aprovechamiento de nutrientes, que se realiza de forma involuntaria una vez que los alimentos son ingeridos. Mientras que la alimentación se refiere a la acción voluntaria de ingerirlos; la alimentación está relacionada con la elección, preparación e ingesta de los alimentos.2

El problema de la inseguridad alimentaria en México es que afecta a personas en situación de mayor vulnerabilidad, en especial a aquellas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Pese a que el país tiene suficiente producción de alimentos, hay un acceso físico y económico deficiente para la población, comprometiendo el desarrollo físico y mental de las personas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México (Ensanut) es un instrumento que mide los indicadores de salud de la población mexicana, la cual midió indicadores de 2020 a 2023, mostrando que alrededor de 30 por ciento de los hogares rurales viven con inseguridad alimentaria, afectando sobre todo a las personas indígenas. Esto se traduce en 8 millones de hogares en México que tienen problemas para poder alimentarse de manera saludable y suficiente.3

En ese mismo punto, la encuesta mostró que 16.9 por ciento de las localidades rurales presentan mayores porcentajes de menores de cinco años con baja talla, mientras que en las comunidades indígenas es 27.4 por ciento. Lo anterior coloca a México en el séptimo lugar de desnutrición en América Latina.4 Además, el 45.8 por ciento de niñas, niños y adolescentes identifican la falta de recursos económicos como el principal obstáculo para alimentarse saludablemente y 26 por ciento de las infancias presentan obesidad o sobrepeso.5

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2 de cada 5 niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes sufre desnutrición.6 Estos datos reflejan que los apoyos sociales no han bastado para cubrir las necesidades fundamentales de la población, sino que también se requiere la formulación y fomento de políticas públicas, programas y acciones en favor de la salud.

Por otro lado, no sólo existe el problema de la desnutrición, sino de consumir alimentos procesados con exceso de azúcares que fomentan la prevalencia del sobrepeso y obesidad, arrojando datos alarmantes; pues en los últimos años 37 por ciento de las personas adultas mexicanas tiene obesidad mientras que 18 por ciento ya está diagnosticado con diabetes. En el caso de los niños y niñas en edad escolar, 37 por ciento tiene sobrepeso y obesidad, mientras que en adolescentes es 40 por ciento.7 La malnutrición se expresa en dos extremos: la carencia y exceso.

Los datos anteriores son alarmantes pues evidencian la urgente necesidad de brindar una adecuada alimentación y en suficiente cantidad a todas las personas, especialmente aquellas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, para garantizar el derecho a una nutritiva alimentación y el derecho a la salud. La alimentación nutritiva y de calidad no sólo es una ingesta mínima de alimentos, sino enfocarse en la diversidad y el equilibrio nutricional indispensables para una vida digna y saludable.

Con la reforma constitucional del año 2011 los tratados internacionales en materia de derechos humanos pasaron a ser parte de la normativa en México y se modificaron los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando la alimentación como un derecho fundamental para todas las mexicanas y mexicanos.

Por otro lado, en el artículo 2o. de la Constitución política mexicana,8 se estipula que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para las personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos; en concordancia con el artículo 27 se menciona que el Estado garantizará el desarrollo rural integral para el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos tienen el derecho de apropiarse y producir de manera sostenible, social y ambientalmente los alimentos que favorezcan su alimentación de forma balanceada y que incluyan ingredientes tradicionales y naturales de su región, para fomentar su gastronomía y satisfacer su necesidad de alimento nutritivo.

Asimismo, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible menciona en su artículo 3o.,9 lo siguiente:

“Artículo 3. Todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a una alimentación adecuada en todo momento, y a disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital que le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas y sin que ello dificulte el goce de otros derechos humanos”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.10 Mientras que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 menciona lo siguiente:

“1. Los estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los estados parte en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.11

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) describe los siguientes conceptos12 :

“1. Hambre: Sensación incomoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume la cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable.

2. Inseguridad alimentaria: Cuando hay carencia de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida saludable. Lo anterior puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos o la falta de recursos para obtenerlos. La inseguridad alimentaria se puede experimentar en diferentes niveles de severidad.

3. Malnutrición: Es un desequilibrio de nutrientes que se debe a una mala asimilación o ingesta de los alimentos, llevando a la desnutrición o al sobrepeso y obesidad.

4. Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos”.

La FAO menciona que las personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada ven reducida la calidad y/o cantidad de sus alimentos y no están seguras de su capacidad para obtener alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos. La inseguridad alimentaria moderada puede aumentar el riesgo de algunas formas de malnutrición, como el retraso en el crecimiento en los niños, las carencias de micronutrientes o la obesidad en los adultos. Las personas en situación de inseguridad alimentaria severa se han quedado sin alimentos y, en el peor de los casos, han pasado días sin comer.

Actualmente, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, evidencia que se está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030,13 dichos objetivos son globales y adoptados por Naciones Unidas para llamar a todos los países del mundo a garantizar que las personas puedan disfrutar de todos sus derechos de manera plena; siendo estos 17, en los cuales se aborda el tema del hambre, la desnutrición, la salud, la seguridad alimentaria, la educación, el cambio climático, el agua asequible, el fin de la pobreza, etcétera.

El ODS 2 “Hambre Cero” busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición y velar por el acceso de todas las personas a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año y en todas las etapas de su vida; mediante la promoción de las prácticas agrícolas sostenibles con el apoyo a los pequeños agricultores y en especial a las mujeres y personas pertenecientes a pueblos indígenas, propiciando el acceso igualitario a la tierra y otros insumos, con la implementación de sistemas de producción de alimentos sostenibles y con prácticas resilientes, logrando las metas sobre el retraso del crecimiento en la niñez, abordando las necesidades de nutrición en adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes y personas adultas mayores.

Por el grave problema que ha representado una mala alimentación, la ex Secretaría de Desarrollo Social en México implementó la Cruzada Nacional contra el Hambre,14 del año 2013 al 2018, el cual involucró a las comunidades en la operación de los comedores comunitarios, que otorgaban desayuno y comida a los beneficiarios. El objetivo era fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidieron para la reducción de la inseguridad alimentaria, sobre todo en aquellas regiones de mayor rezago y marginación social.

Dicha Cruzada tomó como base cinco puntos centrales en su implementación:

1. Erradicar el hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas que se encuentren en condición de pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda, mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.

4. Minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

La estrategia también involucró la implementación de huertos, con la finalidad de obtener una variedad de alimentos y fomentar la autosuficiencia del comedor. El programa benefició a las comunidades pues brindaba acceso, disponibilidad y cubría la necesidad básica de alimento a las personas. Pese a que el programa finalizó y tuvo algunas deficiencias en su implementación, sirvió como un precedente para que las personas consideraran su forma de alimentarse y que las comunidades pudiesen recuperar y mantener sus propios comedores, cocinas y huertos comunitarios, beneficiando a los habitantes de la localidad.

Otro ejercicio que resultó muy eficiente para procurar la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades con mayores índices de marginación, fue el implementado por el Sistema DIF Oaxaca, que estableció las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias,15 las cuales operaban bajo el marco del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria, puesto en marcha en el 2011, llegando a tener más de 2 mil 300 cocinas comedor nutricional comunitarias distribuidas en el estado de Oaxaca.

El objetivo del programa no es sólo el asistencialismo mediante la distribución y entrega de los insumos alimentarios, sino la participación activa de la comunidad en el proyecto en la elaboración de los alimentos; la construcción, mantenimiento y rehabilitación del espacio, el fomento de un estilo de vida saludable y la sustentabilidad de la cocina comedor nutricional. Además, el programa se enriqueció al rescatar las recetas ancestrales y tradicionales de las comunidades que recogían los insumos alimentarios endémicos de las regiones y que sumaban al aporte nutricional de los alimentos preparados.

Sumado a lo anterior, para fortalecer los servicios y el abasto de alimentos que ofrecían las cocinas comunitarias, se promovía el desarrollo de huertos y la crianza de animales de granja para complementar la dieta de los usuarios. Todo lo anterior se realiza considerando el Plato del Bien Comer como referencia adecuada que permita preparar una dieta balanceada y completa.

Una cocina comunitaria es un lugar perteneciente a la comunidad, en donde se prepara el alimento que beneficiara a la misma; siendo un espacio que surge como respuesta a la problemática que presenta la carencia alimentaria y la desnutrición que afecta a la localidad. La cocina no es solamente el espacio físico en el que se preparan y guisan distintos platillos, sino que es también un sitio de reunión y conveniencia que está determinada por distintos factores geográficos y culturales.16

Las cocinas y comedores comunitarios también sirvieron como un espacio para transmitir los conocimientos culinarios ancestrales, influyendo en la manera de hacer comunidad y fomentar el conocimiento de sus tradiciones. Por lo anterior, es que estas experiencias no sólo garantizan el acceso al derecho a una adecuada y suficiente alimentación, sino también a conocer y mantener la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Entre los beneficios que representa una cocina y comedor comunitario están los siguientes:

• Prevención y protección: a través de una adecuada alimentación y mediante el consumo de alimentos con un valor nutricio apropiado, se previenen enfermedades y discapacidades.

• Educación: son un centro de reunión en donde las pláticas y conversaciones se usan para explicar la correcta alimentación, higiene, consejos y sugerencias sobre salud.

• Derechos humanos: el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad es un derecho inalienable de todas las personas y constituye un beneficio óptimo en especial con los pueblos indígenas y afromexicanos que han sido mayormente rezagados y marginados.

• Sustentabilidad: se promueve el uso sustentable de los recursos, la optimización de energía, cultivo de vegetales, crianza de animales de granja y el uso sostenible, saneamiento y aprovechamiento del agua.

Con la modernización y la globalización el ritmo de vida se ha vuelto acelerado y ha impactado en las localidades rurales, incluso en los pueblos indígenas y afromexicanos, que han cambiado prácticas tradicionales, conocimientos heredados, estilos de vida y hábitos alimenticios; donde los resultados no propiamente han sido favorables. Como bien se mencionó anteriormente, cada vez más se consumen alimentos pobres en valor nutricional, con saborizantes y conservadores, grasas poco recomendables y bebidas con exceso de azucares; todos los productos antes nombrados han entrado a las mesas y cocinas de la población mexicana y de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el resultado de que comer bien es eclipsado por la mala alimentación.

Al romper el vínculo tradicional de los pueblos indígenas y afromexicanos con sus platillos y alimentos, se acentúa el circulo vicioso de marginación, desnutrición, enfermedad e invisibilización de la cultura. Al respecto Nuria Jiménez (2016)17 menciona que los espacios en los pueblos y comunidades adquieren su relevancia en el papel que fungen en la construcción de un sentido de lugar y pertenencia, a partir de los lugares donde se da la convivencia, reunión y socialización; pues en dichos lugares se refuerzan las redes sociales, familiares y religiosas.

Conforme a lo anterior, se expone el siguiente fragmento como experiencia del programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitarias en Oaxaca19 :

“...el programa se ha enriquecido con la aportación de las comunidades. Además de la gran diversidad de recetas, como las que se han presentado en los encuentros regionales efectuados, es posible saborear las tradiciones y costumbres de las comunidades oaxaqueñas. Causa verdadera satisfacción apreciar la capacidad creativa de sus mujeres y hombres que, con gran ingenio y candor, sorprenden cuando elaboran utensilios ecológicos, rescatan ingredientes exóticos, narran anécdotas, creencias, leyendas; o confeccionan vestimentas colmadas de una delicada estética. Ciertamente, el avance social puede ir de la mano con la tradición”.

Por su parte, Vizcarra (2018)19 realizó trabajos arqueológicos y etnográficos para documentar la cocina como espacio en donde sucedía una gran parte de las dinámicas familiares. Como parte de sus resultados, la autora señala que las mujeres indígenas se han encargado de cuidar los sistemas de creencias, tradiciones y costumbres mediante la cocina, la comida, la milpa y los huertos. La cocina es el valor cultural de una comunidad y se refuerza nuevamente citando el programa implementado en Oaxaca20 :

“La tradición culinaria se relaciona con muchos aspectos de la cultura popular, entre los que se pueden contar los mitos, los ritos, la cosmogonía, las formas sociales o la organización de la sociedad. En ese sentido es un valor cultural heredado que se convierte, gracias a la gran diversidad de sus métodos y procesos, en un vehículo o un motivo para la expresión del hacer humano. Se manifiesta por medio de festejos, de rituales o, simplemente, a través de los quehaceres cotidianos más sencillos. Si se mira lo que consume una población es posible tener una idea de cómo son sus habitantes, a qué se dedican, qué producen, cómo se organizan. De suerte que, la cocina, sirve como ventana por la cual mirar hacia una comunidad y como referencia para conocer más acerca de los orígenes de ésta”.

La forma de preparar y tomar los alimentos involucra un proceso creativo y complejo al ser un elemento central en rituales familiares y comunitarios de los pueblos indígenas y afromexicanos, en el que se integran y crean alianzas entre la comunidad. Por lo tanto, resignificar su valor y fomentar el uso de las cocinas y comedores comunitarios en los pueblos indígenas y afromexicanos ayuda a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural.

Como bien se expuso anteriormente, el Estado tiene la obligación de fomentar el consumo de alimentos adecuados, especialmente en localidades de alta marginación, por ello es necesario reemplazar los alimentos altamente procesados y poco variados, por aquellos alimentos locales y de mayor calidad nutritiva; para que así los pueblos indígenas y afromexicanos fomenten la interacción social, rescaten sus tradiciones y satisfagan sus propias de necesidades de forma autónoma, por lo cual someto a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que por conducto de las dependencias competentes, en el ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los recursos aprobados para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, fortalezcan e impulsen el uso de cocinas, comedores y huertos comunitarios en los pueblos indígenas y afromexicanos, para el rescate de sus tradiciones, platillos culinarios e impulsar la socialización de la comunidad y, a su vez, garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Roma, Italia. FAO, 1996. Consultado en: https://www.fao.org/4/w3613s/w3613s00.htm

2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. (2013). Colaboración, Encuentro y Celebración: Las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del Sistema DIF Oaxaca. Oaxaca, Oax. 157 pp.

3 Mundo Rosas V, et.al. (2024). Inseguridad Alimentaria y del Agua. Salud Pública de México. Vol. 66, no. 4. Consultado en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15853/12588

4 Rivera Dommarco JA, et.al. (2024). Mala nutrición en menores de cinco años. Salud Pública de México. Vol. 66, no. 4. Consultado en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15864/12569

5 Secretaría de Salud. (2024). Presentan resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2020-2023. Gobierno de México. Consultado en: https://www.gob.mx/salud/prensa/336-presentan-resultados-de-la-encuesta -nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut-2020-2023

6 El Heraldo de México. (2025). Día del Niño y la Niña en México: ¡1 de cada 5 niños en México sufre desnutrición! INEGI revela cifras alarmantes. Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=gjD7OAkfuSg

7 Shamah-Levy T, et.al. (2024). Sobrepeso y obesidad en la población escolar y adolescente. Salud Pública de México. Vol. 66, no. 4. Consultado en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15842/12570

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2025). Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. (2024). Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf

10 Asamblea General. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Consultado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translati ons/spn.pdf

11 Asamblea General. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consultado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf

12 ONU Nutrición. (2022). Estrategia de ONU-Nutrición para 2022-2030. Consultado en: https://www.unnutrition.org/sites/default/files/2023-03/UN-Nutrition-St rategy-2022-2030_WEB_28Oct2022_SP.pdf

13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s.f). ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Consultado en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals

14 Secretaría de Desarrollo Social. (s.f). Cruzada Nacional contra el Hambre. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120919/CruzadaNacionalCo ntraElHambre.pdf

15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. (2013). Colaboración, Encuentro y Celebración: Las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del Sistema DIF Oaxaca. Oaxaca, Oax. 157 pp.

16 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. (2013). Colaboración, Encuentro y Celebración: Las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del Sistema DIF Oaxaca. Oaxaca, Oax. 157 pp.

17 Jiménez, Nuria. (2016). Espacios y luchas femeninas. Usos y apropiaciones espaciales en la Costa Chica. Revista de Estudios de Género La Ventana. 142-186 pp. Consultado en: https://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v5n44/1405-9436-laven-5-44-00142.pd f

18 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. (2013). Colaboración, Encuentro y Celebración: Las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del Sistema DIF Oaxaca. Oaxaca, Oax. 157 pp.

19 Vizcarra, Ivonne. (2018). Volteando la tortilla. Género y maíz en la alimentación actual de México. México. Universidad Autónoma del Estado de México. 450 pp. Consultado en: http://bdjc.iia.unam.mx/items/show/152#lg=1&slide=0

20 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. (2013). Colaboración, Encuentro y Celebración: Las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del Sistema DIF Oaxaca. Oaxaca, Oax. 157 pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputada María de Fátima García León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y al CJF a implementar la entrevista única forense en la cámara de GESELL como medidas para prevenir la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María de Fátima García León, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México existen normativas que establecen derechos, garantías y obligaciones, todo esto con el objetivo de sobrellevar un práctico desenvolvimiento del debido proceso para poder llegar a un fin, qué es la justicia. Los funcionarios y servidores públicos encargados de impartir justicia deben de responder adecuadamente en su desempeño para garantizar la protección especial e integral de las personas que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual; especialmente en el caso de las niñas, niños y adolescentes.

Como parte de los procesos judiciales que involucran a menores de edad, debe existir atención digna y protección, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos. El interés superior de la niñez, siendo un principio rector en la actual política y agenda del país, exige el respeto de los derechos del menor de edad, no humillar o degradarlo, además de que se deben escuchar sus necesidades, deseos e intereses propios. Sobre el interés superior de la niñez, en el artículo 4o. constitucional se menciona lo siguiente en su onceavo párrafo:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.1

Al estar reconocido en la Constitución mexicana dicho principio, implica que la niñez en el país debe ser merecedora de la más amplia protección jurídica. Mientras tanto, la Ley General de Victimas expone lo siguiente, en el artículo 5o., respecto al principio antes mencionado:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”.2

Lo anterior indica que el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial cuando las autoridades tomen decisiones e implementen acciones que involucren menores de edad. Silvia González (2024) asevera respecto a la responsabilidad del Estado, que se debe garantizar el respeto a los derechos de niños y niñas a fin de protegerlos, para lo cual se requieren instrumentos procesales, eficaces y accesibles para lograr dicho fin.3

Siguiendo con lo anterior, dentro del sistema de justicia no puede existir la revictimización, la cual según la psicóloga Alejandra Rivera es un proceso en el que se produce sufrimiento añadido a la víctima al momento de esclarecer un acontecimiento.4 La forma en que se observa la revictimización es mediante malas acciones u omisiones de las autoridades al momento de recolectar información, evidencia o valorar las pruebas dentro del proceso de investigación penal.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, no mencionan explícitamente el concepto de revictimización, pero sí establecen la obligación de los estados de prevenir las violaciones a derechos humanos y de garantizar que las víctimas de delitos no sean expuestas a nuevas formas de daño o sufrimiento. Asimismo, hacen referencia a la vulneración que vive la niñez y adolescencia que ha sido agredida sexualmente, así como el proceder del Estado por medio de sus entidades o autoridades para actuar de forma correcta dentro del proceso.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el abuso sexual infantil implica toda interacción sexual en la que participa una niña, niño o adolescente en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el menor entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, pues es utilizado para la estimulación sexual de su agresor que puede ser un adulto conocido o desconocido, un pariente, otra niña, niño y adolescente, o algún observador.5

El problema de los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes es grave puesto que no solamente se vulnera la esfera física o privada de los menores, sino que la situación permea en el ámbito educativo, familiar, psicológico, sexual, etcétera. Según la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se han reportado más delitos contra personas de 0 a 17 años de enero a marzo de 2025, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional con un incremento de 4.8 por ciento respecto al año anterior.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además que según las cifras 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años y sólo 2 por ciento de los casos se denuncia, y menos de 1 por ciento recibe justicia y reparación del daño, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).6

Los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes son una pandemia que debe ser atendida y para ello se requiere de los mecanismos adecuados para brindar la atención oportuna y eficiente a las víctimas de la violencia sexual. El hecho de que un menor de edad sufra una agresión sexual durante la etapa de la infancia constituye una experiencia que los marca para siempre, comenzando en su desarrollo psicológico, físico y mental, sobre todo porque existen fallas y debilidades en el sistema de justicia, las cuales repercuten en que los menores abusados sean revictimizados.

Para evitar la revictimización y las violaciones a los derechos de los menores víctimas de delitos sexuales, se utiliza una herramienta jurídica y psicológica conocida como Cámara de Gesell; dicho instrumento se ha convertido en un elemento clave dentro del sistema penal mexicano, particularmente en los casos que involucran a menores de edad o personas en situaciones de vulnerabilidad.

La Cámara de Gesell sirve para recabar la declaración de las niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad; previniendo que sean susceptibles a intimidaciones, presiones o daños psicológicos que podrían ocurrir en un interrogatorio convencional. El espacio funciona mediante una sala que cuenta con un vidrio unidireccional, donde en un lado se encuentra la víctima acompañada por expertos en psicología o trabajo social quienes elaboran las preguntas conforme a su edad y nivel cognitivo; mientras que en el otro lado están los agentes ministeriales, defensores, jueces y familiares, quienes escuchan la entrevista sin que el menor perciba su presencia y puedan sentirse coaccionado. Dicho diseño busca garantizar un entorno sano y seguro para que la víctima pueda hacer su declaración sin someterse a estrés.

El mecanismo mencionado anteriormente se usa debido a que algunas situaciones realizadas por personal y servidores públicos de las instituciones, revictimizan a los menores mediante acciones como preguntar por la experiencia constantemente y por muchas personas buscando detalles específicos, hacer preguntas no adecuadas para su nivel cognitivo, hacer que vea a su agresor, ponerlo en lugares con mucha gente en los cuales no hay un control de situaciones estimulantes, no brindarle información acorde a su edad y nivel de comprensión.

Sumado a lo anterior, la entrevista policial o de investigación suele ser rígida y basarse en líneas de modo, lugar y tiempo ; dicha estructura no funciona cuando de debe entrevistar a una niña, niño o adolescente. Por lo tanto, la Cámara de Gesell no es el único instrumento utilizado para solucionar las problemáticas y posibles violencias generadas en los menores involucrados en un proceso de investigación, sino que se usa en conjunto con la entrevista única forense.

Dicha entrevista es un procedimiento de toma de declaración dirigido a la obtención de la información por medio de un entrevistador capacitado y entrenado en prácticas clínicas sobre la memoria del menor, en un ambiente propicio (Cámara de Gesell), libre de terceras personas y evitando la futura revictimización de la niña, niño o adolescente. La entrevista única forense usa distintos métodos dependiendo la edad y capacidad cognitiva del menor, además de que al ser una herramienta especializada disminuye la posibilidad de errores en relación a una entrevista común o diseñada para adultos.

Además, la entrevista es videograbada para ser utilizada durante el proceso de investigación y así evitar que el menor sea cuestionado en múltiples ocasiones y por diversas personas, lo cual vulnera, revictimiza y traumatiza a la niñez y adolescencia víctima de delitos sexuales. Como menciona la psicóloga citada anteriormente, el sistema de justicia está basado en la capacidad de comprender y actuar de las personas adultas, mientras que los niños tienen un sistema de pensamiento concreto y no entienden los pensamientos abstractos, de tal manera que el trato que se les ofrezca debe ser especial y acorde a su edad.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que los exámenes, entrevistas y otro tipo de investigaciones deben realizarse por personas profesionales capacitadas que procedan de manera sensible y respetuosa. Además, deben adaptarse los procedimientos, lo que puede incluir salas de entrevista adecuadas, salas de audiencia modificadas y un ajuste en los tiempos; como lo es la Cámara de Gesell o circuitos cerrados de televisión para seguir la declaración y minimizar los efectos revictamizantes.7

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, para asegurar efectivamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, los estados deben garantizar que los procesos se desarrollen en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a su edad, que les brinde privacidad y confianza. Asimismo, el personal encargado deberá estar capacitado para que las infancias y adolescencias se sienta respetadas y seguras al momento de expresar su opinión en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado.8

La importancia de implementar la entrevista única forense en la Cámara de Gesell durante los procesos de investigación de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, radica en que es un proceso complicado y extremadamente doloroso para la víctima y sus familiares; de tal manera que usar mecanismos especializados para menores beneficia el proceso penal, protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además que garantiza la obtención de información útil que pueda otorgar justicia a las víctimas. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, para que en las carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, la entrevista única forense en la Cámara de Gesell sea parte de su actuar y se incluya en los protocolos de actuación en dichos casos; apegándose al principio del interés superior de la niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, a que en apego a sus atribuciones se puedan emitir lineamientos, criterios orientadores o acuerdos generales sobre los mecanismos que prevengan la revictimización a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, como lo es la entrevista única forense en la Cámara de Gesell; para dar cumplimiento a sus derechos a la dignidad, acceso a la justicia y reparación del daño.

Notas

1 Congreso de la Unión. (2025). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Congreso de la Unión. (2024). Ley General de Víctimas. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

3 González Camejo, Silvia M. (julio-diciembre 2024). “Revictimización a menores víctimas de abuso sexual”. El interés superior del menor VS defensa adecuada del imputado. Revista transgresiones Año 4, No. 8. Consultado en: https://www.revistatransregiones.com/web/index.php/tr/article/view/108

4 Rivera Galán, Alejandra. (26 de mayo de 2021). Revictimización y resignificación del menor en el proceso de justicia. Obtenido de REVISTA JURIDICA. Consultado en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/ view/15884/16737

5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. Consultado en: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018- 04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

6 Huacuz, Fernando. (10 abril del 2025). México encabeza la lista mundial de abuso sexual infantil: una crisis de impunidad y desprotección. La Crónica de Hoy México. Consultado en: https://www.cronica.com.mx/nacional/2025/04/10/mexico-encabeza-la-lista -mundial-de-abuso-sexual-infantil-una-crisis-de-impunidad-y-desprotecci on/

7 SCJN. (2021). Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Derechos Humanos. México. Consultado en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos /archivos/2022-01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20 Infancia%20y%20Adolescencia.pdf

8 Corte IDH. (2018). Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Consultado en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputada María de Fátima García León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los servicios de salud del estado de Oaxaca a realizar y fomentar las ferias de medicina tradicional indígena en distintas regiones de la entidad, a cargo de la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María de Fátima García León, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los pueblos indígenas en México han recurrido a los conocimientos medicinales ancestrales para enfrentar la enfermedad, los accidentes, las lesiones e incluso la muerte. La medicina tradicional indígena se ha difundido mediante el aprendizaje teórico y práctico, por medio de la observación y la experimentación, a partir de la repetición exacta de sus principios e, igualmente, de las innovaciones que algunos individuos introducen gracias a su propia experiencia.

Cuando se habla de medicina tradicional indígena, se refiere a las prácticas médicas que tuvieron origen en las culturas prehispánicas y que desde entonces se han modificado al incorporar elementos conceptuales, teóricos, simbólicos y terapéuticos de las medicinas en las diferentes culturas que se han incorporado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional indígena es el pilar de la prestación de los servicios de salud o su complemento; pues en las comunidades más alejadas y remotas es la forma de atención de salud más asequible. Conforme a lo anterior, la OMS define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.1

Mientras que la Secretaría de Salud define la medicina tradicional indígena como la concreción de un cúmulo de saberes en torno a la salud y enfermedad que los pueblos indígenas han acopiado y organizado a lo largo de su historia; dichos conocimientos han sido ordenados en su cosmovisión que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la relación de las personas y los seres vivos con la naturaleza, las divinidades, el cosmos y en el equilibrio entre diferentes elementos y conceptos que se manifiestan físicamente en el organismo.2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 en su artículo 2o., apartado A, fracción VII, menciona lo siguiente en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

...

VII. Desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud”.

Según Aguirre Beltrán,4 las características de la medicina tradicional mexicana se constituyeron a partir de los saberes sobre los procesos de salud, enfermedad, atención y prevención que tenían los descendientes de los diferentes grupos prehispánicos; así como por las enfermedades y formas de atenderlas que introdujeron los europeos a partir de principios del siglo XVI; y, por último, por las enfermedades, concepciones y forma de curar traídas por la población africana. De tal manera que los tres conocimientos se relacionaron e influenciaron mutuamente; derivando en la medicina tradicional indígena que hoy en día conocemos.

Si bien la medicina tradicional indígena reconoce un origen étnico múltiple, la mayoría de los aspectos característicos de los conocimientos son de origen indígena. Por lo anterior se puede afirmar que es una parte fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, pues forma parte de su cosmovisión y estilo de vida. Al reconocer la medicina tradicional indígena, se refuerza como un conjunto de concepciones, saberes, prácticas y recursos manejados por los médicos indígenas y que han sido aprendidos de generación en generación, de tal forma que constituyen una manifestación cultural de los pueblos y comunidades indígenas, y nos permite ver cómo se concibe la salud y la enfermedad desde una perspectiva distinta a la médica y que es igualmente eficiente.

Sin embargo, los pueblos indígenas y afromexicanos han sido históricamente marginados, olvidados e incluso han sido tratados de exterminar; pero aún con lo anterior su cultura, tradiciones y saberes perseveran hasta nuestros días y es en estos tiempos que reconocemos su importancia no sólo histórica o diversa para el país, sino en conocimientos que otorgan grandes aportes a la ciencia y medicina. Aún con la crítica biomédica a la ineficacia y hasta peligrosidad de la medicina tradicional indígena, una parte de los estudios5 han rescatado que la incorporación de dichos saberes en los servicios de salud públicos aumenta la cobertura y mejora la accesibilidad, principalmente en aquellas poblaciones mayoritariamente indígenas y afromexicanas, o aquellas donde el acceso y cobertura de los sistemas de salud públicos es difícil o ineficiente.

A nivel nacional la tradición medicinal se ve reflejada en terapeutas especializados, por ejemplo, parteras, hierberos, hueseros, curanderos, como en las formas de curación o tratamiento, sanaciones o rituales, por mencionar algunos, están los masajes, sobadas, infusiones, cataplasmas, baños, barridas, limpias, así como en las plantas o animales y finalmente en elementos minerales o símbolos religiosos.6 En cada región de nuestro país los anteriores componentes de la medicina tradicional confluyen para diagnosticar, curar o mantener la salud física, emocional o espiritual, ya sea de forma individual, colectiva o comunitaria.

Actualmente, brindar de reconocimiento a las personas indígenas y afromexicanas que practican la medicina tradicional indígena es cuestionar la visión racista, cientificista y estigmatizante que se ha desarrollado sobre los saberes tradicionales y que han negado su validez, además de catalogarla de irracional. Por lo anterior, autores como Eduardo Menéndez (2023)7 cuestionan la sociedad actual, la globalización, el sistema capitalista y la biomedicina; por el autoritarismo que ejercen y la presión para el uso de fármacos, por lo cual menciona que la medicina de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han fomentado su autonomía, cultura, economía y política.

Durante los años de 1980 a 1990, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), impulsó una expansión biomédica, especialmente, en las áreas rurales, incluidas las zonas indígenas. Esto implicó el uso de los curadores tradicionales como promotores de salud y como practicantes de la medicina tradicional, sobre todo en el caso de las parteras; mientras tanto el Instituto Nacional Indigenista (INI, actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) impulsó la articulación de la medicina tradicional con el seguro social, manteniendo la autonomía de los curadores tradicionales sin ser subordinados a las concepciones médicas y con plena capacidad organizativa a e independiente, a través de los hospitales y centros de salud mixtos.8

Los esfuerzos antes mencionados planteaban que el personal de salud debía comprender que la medicina tradicional es de utilidad para brindar atención médica y en especial en el medio rural e indígena. Por lo anterior, es de suma importancia rescatar los saberes de medicina tradicional indígena que son parte del sistema de salud de los pueblos originarios pues tienen la capacidad de manejar dolencias y enfermedades, sobre todo en aquellas comunidades y pueblos donde los servicios de salud pública son escasos.

En el caso específico de Oaxaca, siendo del conocimiento que es el estado con el mayor número de población indígena y afromexicana, se afirma que la entidad tiene un papel fundamental en la conformación de la identidad nacional por su composición multicultural y multiétnica pues comprende 7 culturas, 570 municipios y 16 grupos étnicos, siendo los siguientes9 :

1. Amuzgo

2. Chatino

3. Chinanteco

4. Chocholteco

5. Cuicateco

6. Huave

7. Ixcateco

8. Mazateco

9. Mixe

10. Mixteco

11. Náhuatl

12. Triqui

13. Zapoteco

14. Zoque

15. Chontal de Oaxaca

16. Tacuates

Cada una de las etnias antes mencionadas tiene una rica tradición de medicina tradicional indígena que combina la herbolaria, los rituales y una cosmovisión integral para la salud; y no se enfoca solamente en los síntomas físicos, sino también en la dimensión espiritual y ritual del enfermo y de la enfermedad, buscando el equilibrio y la salud desde una perspectiva holística.

Según Katie Deeg (2010) hay estudios que concluyen que los programas de salud del gobierno que se han llevado a cabo en la población rural oaxaqueña no han sido eficientes y apropiados culturalmente porque tienen un sistema de atención diferente y no respetan el modelo ideológico de la gente indígena; además de que la falta de entrelazamiento entre el sistema de salud público y la medicina tradicional no ha sido fortalecido, lo cual es necesario para mejorar la calidad de los servicios de salud disponibles para la población de la entidad.10

Por lo antes mencionado, es indudable que la medicina tradicional indígena juega un papel crucial en la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos, tal es lo anterior que un artículo del Gobierno del estado de Oaxaca mencionó que el uso de la medicina tradicional en las comunidades de Oaxaca fue un complemento a la atención médica institucional durante la pandemia y los Servicios de Salud de Oaxaca reconocen los beneficios del sistema intercultural y terapéutico.11

Como menciona Katie Deeg en la entrevista realizada al doctor Ángel Quintero,12 donde él mencionó que para lograr mejores resultados en la atención a la salud en Oaxaca se necesita usar la medicina tradicional indígena y la medicina moderna, pues una separación de ambas no permite un avance y es contrario a la realidad cultural y la cosmovisión de las personas indígenas.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han realizado la Jornada de Salud en Medicina Tradicional y Medicinas Complementarias, con el propósito de fomentar el diálogo intercultural y fortalecer el bienestar integral de las comunidades. En el evento participaron médicos tradicionales, terapeutas de medicinas complementarias y más de 500 personas; quienes compartieron sus experiencias y saberes en los distintos módulos de atención donde se implementaron sobadas, masajes terapéuticos, curaciones de susto, limpias tradicionales, quiropraxia, asesoría en medicina herbolaria y planas medicinales, así como orientación en estrategias de autocuidado y prevención.13

Sumado a lo anterior, en la Constitución14 se establece lo siguiente en el artículo 2o.:

“B. La federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

...

V. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional con perspectiva intercultural, así como reconocer las prácticas de la medicina tradicional”.

De tal forma que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno propiciar y fomentar la medicina tradicional indígena como una práctica de salud entre la población. De igual forma la Ley General de Salud+ 15 menciona lo siguiente:

“Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

...

VI Bis. Promover el respeto, conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones dignas, incluida la partería tradicional...”.

Así como:

“Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud. De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos”.

Por su parte, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas16 establece lo siguiente:

“Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

...

XLIII. Promover el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, a través de sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la conservación de plantas medicinales, animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital.

...

XLIV. Apoyar y coadyuvar para el reconocimiento institucional de quienes ejercen la medicina tradicional en sus diferentes modalidades, así como la formación del personal médico en la materia, con perspectiva intercultural...”.

En virtud de lo que se ha desarrollado anteriormente, es innegable la importancia de la medicina tradicional indígena para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, especialmente en el estado de Oaxaca; pues no sólo reconoce su cultura y diversidad, sino que complementa a la medicina moderna y beneficia a aquellas comunidades alejadas de los servicios de salud públicos. En este sentido, las ferias de medicina tradicional indígena han sido un acercamiento interesante e importante de la población a la medicina complementaria, y también de los médicos a comprender y considerar los saberes ancestrales como válidos para ser usados en la atención y tratamiento de enfermedades, padecimientos y malestares. Por ello es que fomentar e impulsar las ferias en el estado de Oaxaca como un complemento a los servicios de salud públicos es benéfico para la entidad, por lo cual someto a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca, en coordinación con IMSS-Bienestar, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplíe jornadas o ferias de salud intercultural en las distintas regiones de la entidad, con la participación y el reconocimiento de las personas practicantes de medicina tradicional indígena, orientadas a acciones de promoción de la salud, prevención, orientación y canalización a los servicios médicos institucionales, cuando sea necesario, con apego a la normatividad sanitaria aplicable.

Notas

1 OMS. (2002). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002–2005. Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza. Consultado en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67314/WHO_EDM_TRM_2002.1_sp a.pdf?s

2 Secretaría de Salud. (02 de abril de 2025). Medicina Tradicional Indígena. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Consultado en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicina-tradicional

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2025) Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Aguirre Beltrán G. (1980). Medicina y magia: el proceso de aculturación en la estructura colonial. México: Instituto Nacional Indigenista. Consultado en: http://bibliotecadigital.inpi.gob.mx:8080/handle/123456789/984

5 Lozoya, Xavier. (s.f.). La medicina tradicional en la realidad político social de México. Facultad de Ciencias, UNAM. Consultado en: https://www.revistacienciasunam.com/es/159-revistas/revista-ciencias-14 /1377-la-medicina-tradicional-en-la-realidad-pol%C3%ADtico-social-de-m% C3%A9xico.html Menéndez, Eduardo. (2023). Orígenes y desarrollo de la medicina tradicional: una cuestión ideológica. Salud. Consultado en: https://doi.org/10.18294/sc.2022.4225 Organización Panamericana de la Salud. (1999). Incorporación del enfoque intercultural de la Salud en la Formación y Desarrollo de Recursos Humanos. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Consultado en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/30-Esp%20IND12.pdf

6 Alamilla, Lorena y Neyra, Lucila. (2020). Medicinal. CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Ciudad de México, México. Consultado en: https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/medicinal

7 Menéndez. Eduardo L. (2023). Medicina tradicional mexicana: los objetivos y las formas de estudiarla. Relaciones. Estudios de historia y sociedad. 149-171 pp. Consultado en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-3 9292023000200149

8 Ídem.

9 Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. (s.f.). Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Consultado en: https://catalogo.inpi.gob.mx/consulta-por-pueblo/

10 Deeg, Katie. (2010). La medicina alternativa en Oaxaca: Su Coexistencia con la Medicina Alópata. Independent Study Project (ISP) Collection. SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad. Consultado en: https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&htt psredir=1&article=1958&context=isp_collection

11 Gobierno del estado de Oaxaca. (21 de octubre de 2021). Medicina tradicional, gran aliada en medio de la Pandemia: SSO. Coordinación de Comunicación Social. Consultado en: https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/medicina-tradicional-gran-aliada -en-medio-de-la-pandemia-sso/#:~:text=%2D%20En%20el%20contexto%20actual %20de,de%20la%20atenci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20institucional.

12 Ídem.

13 Gobierno del estado de Oaxaca. (25 de abril del 2025). Impulsa SSO Jornada de medicina tradicional para intercambio de saberes ancestrales y practicas contemporáneas. Coordinación de Comunicación Social. Consultado en: https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/impulsa-sso-jornada-de-medicina- tradicional-para-intercambio-de-saberes-ancestrales-y-practicas-contemp oraneas/

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2025) Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

15 Ley General de Salud. (2024) Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

16 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2023) Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LINPI.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputada María de Fátima García León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la CDMX a presentar un plan integral, público y verificable para atender los efectos urbanos, sociales y operativos derivados de la realización del mundial de futbol, suscrita por los diputados Gibrán Ramírez Reyes y Juan Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Gibrán Ramírez Reyes, y quien suscribe, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La designación de la Ciudad de México como una de las sedes del mundial ha sido acompañada por el compromiso público del gobierno local de contar con un plan integral para atender los efectos urbanos, sociales y operativos asociados a su realización.1 Sin embargo, a la fecha, dicho plan no se ha presentado como un instrumento articulado, con objetivos claros, diagnósticos verificables y mecanismos de coordinación interinstitucional. En su lugar, lo que se ha hecho público corresponde a acciones aisladas, anuncios sectoriales y medidas parciales que no permiten identificar una estrategia urbana coherente ni una política integral de gestión del evento en el territorio de la ciudad.

La necesidad de un plan integral responde, en primer lugar, a la magnitud y transversalidad de los impactos que un evento de esta naturaleza genera sobre la vida urbana, los cuales rebasan con mucho el ámbito deportivo y afectan de forma simultánea la movilidad, el alojamiento, la seguridad, el espacio público y los servicios urbanos. En segundo término, un plan de esta naturaleza resulta indispensable para anticipar y gestionar los efectos distributivos del evento, evitando que las presiones extraordinarias sobre vivienda, transporte o seguridad se traduzcan en costos sociales desiguales para los habitantes de la Ciudad de México. Finalmente, la existencia de un plan integral constituye una condición mínima de gobernanza pública, en tanto permite coordinar a las distintas dependencias y niveles de gobierno bajo un mismo marco de responsabilidad, reducir la improvisación y asegurar que las decisiones adoptadas respondan a una visión de conjunto y no a respuestas fragmentadas ante contingencias inmediatas.

En última instancia, el Mundial de Futbol constituye un momento de condensación en el que convergen la ciudad, la nación y el Estado, junto con el deporte, la vida cotidiana, los gestos colectivos y los lenguajes públicos que los articulan. Resulta, por ello, preocupante que, frente a una coyuntura de esta magnitud, el gobierno no haya presentado todavía un plan integral que esté a la altura de las implicaciones urbanas, sociales y políticas que dicho acontecimiento entraña.2

Segunda. El Gobierno de la Ciudad de México no ha presentado un documento integral que presente un diagnóstico metodológicamente identificable del mercado de hospedaje en la ciudad. No existe, hasta ahora, un instrumento público que sistematice información verificable sobre número de habitaciones, localización, rangos de precio, condiciones de calidad y capacidad operativa, ni una propuesta clara de asignación diferenciada según los distintos perfiles de visitantes que concentrarán la demanda durante el evento.

Diversas notas periodísticas han advertido que el problema del hospedaje es el mayor reto rumbo al mundial. El Financiero destaca que hoy hay 42 mil habitaciones en hoteles y 26 mil habitaciones en Airbnb para los cinco millones de personas que se espera recibir.3 A ello se suma uno de los problemas más sensibles del esquema actual: la falta de mecanismos claros para el control de precios y la prevención de incrementos desproporcionados en las tarifas.4

Ante la falta de un plan integral, anfitriones de plataformas de alojamiento han solicitado5 al Gobierno de la Ciudad de México eliminar los límites de ocupación vigentes durante las semanas del Mundial, argumentando que la restricción de 50 por ciento de ocupación anual obstaculizaría la posibilidad de cubrir la alta demanda de visitantes esperados y podría distorsionar la oferta disponible en la ciudad. En su propuesta, también plantean impulsar una regulación basada en evidencia, certificaciones de calidad, esquemas fiscales equitativos y la institucionalización de la hospitalidad comunitaria, así como la creación de un organismo público especializado para coordinar la política de estancias eventuales.

Tercera . En materia de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México no ha hecho público un plan estratégico que detalle la estructura general de la política de seguridad, las responsabilidades específicas de cada cuerpo y nivel de autoridad, los protocolos de actuación ante incidentes ni los mecanismos de articulación con la planeación urbana y operativa del conjunto del evento. Aunque se ha anunciado la instalación de instancias de coordinación, como subcomités vinculados a la gestión de riesgos y a la protección civil,6 estos anuncios no se han acompañado de documentos técnicos que permitan conocer sus alcances reales, sus capacidades operativas ni los criterios bajo los cuales se tomarán decisiones en escenarios de alta complejidad.

La fragmentación resulta aún más evidente en la falta de instrumentos públicos de planeación relacionados con la delimitación de perímetros operativos, la definición de zonas de seguridad y los criterios de control en los entornos de los estadios y otros puntos estratégicos de la ciudad. Las comunicaciones oficiales se han concentrado en anuncios generales sobre la ampliación de la videovigilancia, la modernización de equipamiento y acciones de proximidad social,7 sin que se presente un esquema integral de control perimetral ni una explicación clara de cómo se garantizará la seguridad en accesos, corredores de movilidad y espacios de alta concentración de personas. Tampoco se han hecho públicos protocolos de operación conjunta ni mecanismos de comunicación en tiempo real entre instituciones, lo que impide conocer el grado de interoperabilidad entre los sistemas de seguridad, emergencia y protección civil, así como su capacidad efectiva de respuesta coordinada.

Finalmente, la gestión de riesgos y la capacidad de respuesta ante emergencias, componentes centrales de cualquier estrategia de seguridad urbana para eventos de gran escala, no han sido desarrolladas mediante planes verificables y de acceso público. La autoridad local ha señalado de manera general que se dará prioridad a la protección civil, en particular frente a riesgos sísmicos,8 pero no ha presentado protocolos específicos de evacuación, atención médica masiva, control de incendios ni continuidad operativa aplicados al contexto del evento.

Cuarta . En materia de movilidad, la información pública disponible no permite identificar la existencia de una estrategia integral formalizada en un documento operativo que describa, con precisión técnica, cómo se gestionarán los flujos extraordinarios de personas durante el desarrollo del evento, en particular en los días de mayor concentración. No se conoce cómo se articularán los distintos componentes del sistema de movilidad –conectividad aérea, transporte interurbano y transporte urbano– bajo una lógica unificada, verificable y susceptible de evaluación.

Uno de los vacíos más relevantes se refiere a la conectividad entre aeropuertos, zonas de alojamiento, estadios y espacios de concentración de visitantes. Aunque las autoridades han señalado de manera general que se fortalecerá el transporte público y la infraestructura urbana,9 no se ha presentado un plan operativo detallado que establezca rutas específicas, tiempos objetivo de traslado, esquemas de prioridad de paso ni mecanismos claros de coordinación entre dependencias responsables del tránsito, el transporte y la seguridad vial.

Por lo arriba expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único : La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor a 30 días naturales, presente un plan integral, público y verificable que especifique de manera clara, documentada y desagregada la forma en que la ciudad atenderá los efectos urbanos, sociales y operativos derivados de su condición de sede del Mundial.

Dicho plan deberá exponer el diagnóstico técnico que sustente la capacidad real de alojamiento disponible en la ciudad; los criterios de asignación diferenciada de hospedaje según los distintos perfiles de visitantes; los mecanismos de regulación y control de precios para prevenir distorsiones en el mercado de vivienda temporal; el diseño del esquema integral de seguridad urbana, incluyendo control perimetral, gestión de riesgos y atención de emergencias; así como la estrategia formal de movilidad y transporte vinculada al evento, que contemple la gestión de flujos extraordinarios, los esquemas de transporte especializado, el uso del espacio público y la eventual implementación de zonas de tránsito restringido.

El plan deberá precisar responsabilidades institucionales, cronogramas de implementación, instrumentos normativos y operativos aplicables, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y de supervisión, con el objetivo de asegurar que la organización del evento no genere afectaciones desproporcionadas al funcionamiento cotidiano de la ciudad, al derecho a la vivienda, a la movilidad urbana ni a la seguridad de la población residente, y permita al Poder Legislativo dar seguimiento puntual, informado y oportuno a las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Notas

1 Cfr. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Para el Mundial de Fútbol del 2026 la ciudad se transformará totalmente: jefa de Gobierno Clara Brugada Molina,” Turismo CDMX, 8 de mayo de 2025,

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/undial -de-futbol-del-2026-la-ciudad-se-transformara-totalmente-jefa-de-gobier no-clara-brugada-molina

2 Cfr. Ariel Rodríguez Kuri, Museo del universo. Los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968, El Colegio de México, 2019.

3 Cfr. Aldo Munguía, “Hospedaje: el reto mundialista de México para este 2026,” El Financiero, enero 05, 2026. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2026/01/05/hospedaje-el-reto-m undialista-de-mexico-para-este-2026/

4 Cfr. Sara González, “Los precios de hoteles en Ciudad de México se disparan hasta 961% rumbo al Mundial,” El País (México), 12 de diciembre de 2025, https://elpais.com/mexico/2025-12-12/los-precios-de-hoteles-en-ciudad-d e-mexico-se-disparan-hasta-961-rumbo-al-mundial.html

5 Cfr. Jonás López, “Anfitriones piden eliminar tope de alojamiento durante el Mundial en CDMX,” Excélsior, enero 12, 2026, https://www.excelsior.com.mx/ciudad-de-mexico/anfitriones-piden-elimina r-tope-alojamiento-mundial-cdmx

6 Cfr. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Instala Gobierno de la Ciudad de México Subcomité de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para la Copa Mundial FIFA 2026,” 24 de julio de 2025, Gobierno de la Ciudad de México, https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-gobier no-de-la-ciudad-de-mexico-subcomite-de-gestion-integral-de-riesgos-y-pr oteccion-civil-para-la-copa-mundial-fifa-2026.

7 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Para el Mundial de Fútbol del 2026 la ciudad se transformará totalmente: jefa de Gobierno Clara Brugada Molina”, op. cit.

8 Cfr. Gobierno de la Ciudad de México, “Proyectos estratégicos para la celebración de la Copa Mundial 2026,” Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/proyectos-estrategicos-para-la- celebracion-de-la-copa-mundial-2026

9 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Para el Mundial de Fútbol del 2026 la ciudad se transformará totalmente: jefa de Gobierno Clara Brugada Molina”, op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputados: Gibrán Ramírez Reyes, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a que evalúe la estrategia “2-30-100”, suscrita por el diputado Gibrán Ramírez Reyes, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien presenta, Gibrán Ramírez Reyes, y los suscritos Luis Donaldo Colosio Riojas y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde Chiapas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció la Estrategia “2-30-100”, con el fin de realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar.1 El objetivo era elevar la productividad en estos tres ámbitos y reducir los tiempos de espera de los derechohabientes.

En mayo, durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo precisó que para alcanzar los objetivos de la Estrategia se incrementaría la contratación de médicas y médicos –particularmente especialistas–, se fortalecería la consulta en turnos vespertinos, nocturnos y en fines de semana.2

A partir de julio y hasta octubre de 2025, el IMSS informó de manera periódica los avances en el cumplimiento de las metas de la Estrategia, la mayoría de ellos dados a conocer desde la propia conferencia presidencial. El 13 de enero de 2026, se informaron los resultados finales.

1. En julio, el IMSS informó que, desde el inicio de la Estrategia en abril y hasta el 18 de julio de 2025, se habían realizado 760 mil 277 cirugías, otorgado 12.3 millones de consultas de especialidad y 53 millones de consultas de medicina familiar. En esa ocasión, Robledo subrayó la existencia de inversiones históricas destinadas al fortalecimiento de la infraestructura médica, al mantenimiento y conservación de las unidades, a la contratación de personal y al abasto de medicamentos e insumos, así como a la asignación presupuestal correspondiente.3

2. En agosto, el IMSS reportó que se habían realizado 953 mil 872 cirugías, lo que representaba 47 por ciento de la meta 16.1 millones de consultas de especialidad, equivalentes a 53 por ciento de avance, y 63.1 millones de consultas de medicina familiar. Asimismo, se informó sobre la ampliación de turnos vespertinos en cirugía y consultas de especialidad, la apertura de consultorios en turnos nocturnos y la implementación de un programa permanente de seguimiento a hospitales con menor productividad.4

3. En septiembre, el IMSS informó que se había alcanzado 1 millón 148 mil cirugías; 19.7 millones de consultas de especialidad, además de 73.9 millones de consultas de medicina familiar, destacando la ampliación de turnos y atención continua en unidades médicas.5

4. En octubre, el IMSS informó que se habían realizado un millón 305 mil 431 cirugías, con un avance de 65 por ciento respecto a la meta; 22.6 millones de consultas de especialidad, con un avance de 73 por ciento, así como 81.6 millones de consultas de medicina familiar, con un avance de 81 por ciento.6

5. En noviembre, durante la comparecencia del director general del IMSS ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se informó que al cierre de octubre se habían otorgado 86 millones de consultas de medicina familiar, 24 millones de consultas de especialidad y que se habían realizado 1.4 millones de cirugías.7

6. En enero de 2026, el IMSS informó que durante 2025 se otorgaron más de 1 millón 787 mil cirugías, más de 29 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de medicina familiar.

Así, de acuerdo con los datos oficiales disponibles, el cumplimiento de las metas se resume de la siguiente forma:

Cabe destacar que Zoé Robledo anunció nuevas metas para 2026: 2 millones 158 mil 658 cirugías; 32.8 millones consultas de especialidad y 108.3 millones de consultas de medicina familiar.

Segunda. Desde el anuncio de la Estrategia 2-30-100, el director general del IMSS ha mencionado de manera reiterada que el cumplimiento de las metas planteadas sería posible mediante la contratación y retención de médicas y médicos especialistas, la apertura de turnos nocturnos y de fin de semana, así como a través de una mayor inversión en infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo.8 Bajo ese discurso, la Estrategia fue presentada como un esfuerzo orientado a reducir los tiempos de espera sin comprometer la calidad de la atención.

Sin embargo, la situación real del IMSS se impone. En los últimos años ha persistido el desabasto de medicamentos e insumos médicos, la insuficiencia de personal, la saturación de servicios y el agotamiento del personal de salud. Se tratan de condiciones ampliamente documentadas por medios de comunicación, organizaciones civiles y por las propias personas derechohabientes del IMSS y trabajadoras del Instituto.9

Pacientes han denunciado la dificultad de obtener citas oportunas, la cancelación de consultas y la falta de medicamentos en clínicas y hospitales,10 incluyendo hospitales de alta demanda como el Centro Médico Nacional La Raza, en el que, en diciembre de 2025, se hicieron filas de hasta cinco horas para conseguir citas:

“Esteban Martínez, de 62 años, fue operado de la próstata y le agendaron cita de valoración en Urología hasta el 15 de mayo. Otra paciente, con enfermedad oncológica, llegó al hospital a las 6:00 horas y logró que la atendieran a las 11:00 horas, pero su cita médica será hasta marzo”.11

Asimismo, personal médico y de enfermería ha denunciado que la sobrecarga se combina con la falta de insumos básicos, obligándoles a improvisar y a trabajar en condiciones que comprometen la seguridad del paciente y su propia seguridad. Testimonios de trabajadoras y trabajadores del IMSS señalan la ausencia recurrente de agujas, dispositivos para canalización y tiras reactivas para el control de pacientes con diabetes, entre otros insumos esenciales.12

Estas condiciones no sólo han deteriorado la calidad del servicio, sino que transforman la lógica de funcionamiento de los hospitales. De acuerdo con testimonios, la atención médica ha sido subordinada a una lógica de productividad y cumplimiento de cuotas, en la que se exige atender un mayor número de pacientes en tiempos cada vez más reducidos, con consultas que en muchos casos no superan los 15 minutos.13 Se trata, sin duda, de una dinámica que imposibilita una atención integral y humana.

En distintos hospitales generales del país, personal ha denunciado incluso presiones administrativas, recibiendo mensajes en los que se solicita valorar la realización de cirugías “sin atentar contra la seguridad del paciente”, a pesar de que no se cuentan con los materiales necesarios.14 En algunos casos, también se ha reportado la instrucción de reducir estudios preoperatorios con el objetivo de reducir el número de procedimientos. Asimismo, existen reportes de quirófanos que operan sin ventilación adecuada, al grado que el propio personal ha tenido que llevar ventiladores propios para mitigar el calor.15

A este escenario se suma el grave y persistente desabasto de medicamentos. En 2024, el IMSS dejó de surtir más de 4.5 millones de recetas, lo que se tradujo en más de 11.5 millones de piezas de medicamentos no entregadas a los derechohabientes.16 En 2025, año en el que se puso en marcha la Estrategia 2-30-100, el Instituto registró 21 mil 229 reportes de recetas no surtidas por desabasto, lo que representa 47 por ciento de los folios generados, los cuales, a su vez, corresponden a 845 claves de medicamentos y más de 44 mil piezas no entregadas.17

Así, la Estrategia 2-30-100 se implementó sobre una estructura con evidentes carencias materiales, con déficit de personal que además está experimentando un desgaste físico y mental acumulado. Incrementar metas de productividad en este contexto ha significado, en la práctica, trasladar el peso de la Estrategia al esfuerzo del personal de salud, sin que se hayan resuelto previamente los problemas estructurales que afectan al IMSS.

Es sobre esta precaria base material que comenzó a operar la Estrategia 2-30-100 durante 2025 y que ahora se anunció que seguiría en 2026. Por ello, resulta imperante evaluar la pertinencia de la Estrategia, considerando criterios de calidad, de seguridad del paciente y las condiciones laborales del personal de salud.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, realice una evaluación rigurosa de la Estrategia “2-30-100”, con el fin de identificar y corregir las deficiencias en su diseño e implementación, garantizando la calidad, la seguridad del paciente y las condiciones laborales del personal de salud. Dicha evaluación deberá realizarse en consulta con personal del Instituto y en coordinación con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en el marco de sus atribuciones.

Notas

1 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Anuncia Zoé Robledo estrategia “2-30-100” del IMSS para transformar la salud y el bienestar en Chiapas”. Marzo del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202503/
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2 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 27 de mayo de 2025”. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferen cia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-27-de-mayo-d e-2025?idiom=es

3 Instituto Mexicano del Seguro Social, “IMSS incrementó productividad en cirugías y consultas con estrategia 2-30-100: Zoé Robledo”. 30 de julio del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202507/379

4 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Avanza estrategia 2-30-100 del IMSS con 953 mil cirugías, 16 millones de consultas de especialidad y 63 millones de Medicina Familiar”. 19 de agosto del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202508/417

5 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Estrategia 2-30-100 del IMSS avanza: más de un millón de cirugías realizadas y 19.7 millones de consultas de especialidad.” 24 de septiembre del 2025. Disponible en:

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202509/484

6 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Estrategia 2-30-100 suma más de un millón 300 mil cirugías y supera 80 millones de consultas de Medicina Familiar” 22 de octubre del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202510/535

7 Instituto Mexicano del Seguro Social, “IMSS vive su mejor momento, atiende a más personas con mayor crecimiento en infraestructura: Zoé Robledo”. 9 de noviembre del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202511/566

8 Instituto Mexicano del Seguro Social, “IMSS incrementó productividad en cirugías y consultas con estrategia 2-30-100: Zoé Robledo”. 30 de julio del 2025. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202507/379

9 Arturo Daen, “Desabasto de medicinas: IMSS falla en surtir entre 28 mil y 70 mil recetas al día”. Animal Político, 24 de febrero del 2025. Disponible en: https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/desabasto- medicinas-imss-mexico-explainer. Y Fundar, “Derecho a la Salud: la mirada de 3 pacientes navegando el sistema de salud en México”. 9 de abril del 2024. Disponible en: https://fundar.org.mx/derecho-a-la-salud-la-mirada-de-3-pacientes-naveg ando-el-sistema-de-salud-en-mexico/

10 UnoTV, “Sin citas y medicamentos en hospitales del IMSS”. 8 de enero del 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Lx1toXrawwE

11 Vanguardia “Derechohabientes del Hospital La Raza del IMSS hacen filas por horas y los agendan hasta mayo”. 19 de diciembre del 2025. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derechohabientes-del-hospital -la-raza-del-imss-hacen-filas-por-horas-y-los-agendan-hasta-mayo-FK1865 4144

12 La Silla Rota “Hospitales del IMSS en Puebla; saturados y sin insumos básicos”. 10 de diciembre del 2025. Disponible en: https://lasillarota.com/estados/2025/12/10/hospitales-del-imss-en-puebl a-saturados-sin-insumos-basicos-573757.html

13 Ibidem.

14 E Consulta, “Sin insumos y con restricciones en estudios funciona el IMSS La Margarita”. 13 de julio del 2025. Disponible en: https://www.e-consulta.com/nota/2025-07-13/salud/sin-insumos-y-con-rest ricciones-en-estudios-funciona-el-imss-la-margarita

15 La Jornada Oriente “Personal de la clínica 15 del IMSS reporta escasez de material médico y fallas en infraestructura”. 6 de junio del 2025. Disponible en: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/imss-clinica-15-tehuacan-c arencias-material-medico/

16 El Universal, “Persiste desabasto; IMSS no surtió 11 millones de medicinas en 2024”. 14 de abril del 2025. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-no-surtio-11-millones-de-med icinas-en-2024/

17 El Financiero, “IMSS registró 21 mil recetas no surtidas en 11 meses”. 3 de noviembre del 2025. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/11/03/imss-registro-21-mi l-recetas-no-surtidas-en-11-meses/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputados: Gibrán Ramírez Reyes, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbricas).

Senador Luis Donaldo Colosio Riojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite un pronunciamiento en relación con la situación de violaciones a derechos humanos en la República Islámica de Irán, suscrita por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas y los diputados Juan Zavala Gutiérrez y Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Donaldo Colosio Riojas, Juan Zavala Gutiérrez y Laura Hernández García, senadores y diputados, respectivamente, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite un pronunciamiento en relación a la situación de violaciones a derechos humanos en la República Islámica de Irán.

Exposición de Motivos

I. El pasado 28 de diciembre de 2025, derivado de la grave crisis económica que ha traído consigo una inflación muy alta, la caída del valor de la moneda nacional (rial), el aumento de precios de alimentos y combustible, así como las presiones por sanciones internacionales y el deterioro del nivel de vida, un sector importante de la población en la República Islámica de Irán comenzó una serie de manifestaciones en las que inicialmente demandaban mejores condiciones de vida para posteriormente demandar mayores libertadas por parte de su gobierno.

Lo que inicialmente fue un movimiento económico y social, liderado por comerciantes y trabajadores, rápidamente evolucionó hacia demandas más amplias, incluyendo críticas al régimen teocrático y llamados a cambios políticos.

Derivado de estas manifestaciones, al día de hoy, diversos medios reportan que las protestas se han extendido por más de 100 a 180 ciudades a lo largo de las 31 provincias de Irán, con lo que miles de personas han salido a las calles en distintos momentos. Las cifras oficiales y las de organizaciones varían ampliamente debido al apagón y la censura: se estima que más de 3 mil personas podrían haber muerto en la represión. Otras cifras independientes estiman que el número de muertos ha alcanzado al menos 544, con más de 10 mil 600 detenidos. A su vez, Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el pasado lunes 12 de enero, que pudo verificar 648 muertes, entre ellas las de nueve menores, y miles de heridos, desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre. El grupo se apoya en una red de activistas dentro del país para sus reportajes y ha sido preciso en el pasado.

La respuesta del Gobierno iraní ha sido de cero tolerancia, represión y violencia hacia las personas que ejercen su derecho a la libre expresión y manifestación. No obstante, las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Guardia Revolucionaria (IRGC), han usado fuerza letal, provocando múltiples muertes y miles de detenciones. Asimismo, se ha reportado el bloqueo de comunicaciones con un apagón de internet y telecomunicaciones impuesto a nivel nacional para intentar frenar la coordinación entre manifestantes y limitar el flujo de información. Las mismas autoridades han calificado a los manifestantes de “alborotadores” o “terroristas” y han convocado marchas a favor del gobierno y “de luto nacional” por las víctimas. Lo más grave, es que el ministro de Exteriores advirtió que Irán está “preparado para la guerra” en caso de interferencia externa.

Entre los casos confirmados, hay relatos de asesinatos de manifestantes, como una estudiante a quien dispararon a quemarropa durante una protesta.

II. México ha sido históricamente promotor de una política exterior pacifista, del respeto a los derechos humanos y así como a las instituciones del derecho internacional. En congruencia con estos principios, nuestra política exterior se ha orientado hacia la paz, la no intervención y la construcción de acuerdos globales con enfoque humanitario.

Asimismo, el Gobierno de México ha señalado que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabaja activamente para promover soluciones diplomáticas ante los diversos conflictos armados, reforzando siempre la expectativa de que México no permanezca indiferente ante una crisis humanitaria.

En este contexto, la representación parlamentaria debe pronunciarse con firmeza en contra de las violaciones de derechos humanos en el contexto del país antes mencionado. Por las razones expuestas, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propone que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emita un pronunciamiento institucional frente a las graves violaciones a derechos humanos que se han documentado en la República Islámica de Irán. Siempre en estricto apego a nuestra doctrina diplomática y a los principios constitucionales de nuestra política exterior. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ante la situación de violaciones a derechos humanos en la República Islámica de Irán emite el siguiente:

Pronunciamiento

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación por los acontecimientos recientes en la República Islámica de Irán y condena de manera firme la violencia indiscriminada, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas sociales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un llamado a las autoridades del Gobierno de la República Islámica de Irán a cesar la represión, garantizar la integridad y la vida de las personas, respetar el derecho a la protesta pacífica y permitir el acceso de mecanismos internacionales de observación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y subraya que la dignidad humana, las libertades fundamentales y el estado de derecho deben ser respetados en todo momento y en cualquier circunstancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputados: Juan Zavala Gutiérrez, Laura Hernández García (rúbricas).

Senadores: Luis Donaldo Colosio Riojas, Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la Sedena, a la Semar y al Poder Legislativo a crear un Grupo de Trabajo Interinstitucional, cuyo objeto sea analizar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de infraestructura encabezados por las Fuerzas Armadas, en el marco del accidente del Tren Interoceánico, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a coordinar, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Poder Legislativo, un grupo de trabajo interinstitucional, cuyo objeto sea analizar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de infraestructura encabezados por las Fuerzas Armadas, en el marco del accidente del Tren Interoceánico, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Tren Interoceánico se planeó desde 2020 para ser un proyecto ferroviario sin precedentes, a través del cual se pudiera conectar a las regiones de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de permitir el transporte de carga y de pasajeros para reactivar la economía en el sur del país. Este proyecto, que comandó la Secretaría de Marina en el marco de la extensión de facultades de construcción y supervisión de megaobras para las Fuerzas Armadas, se inauguró en 2023 y continuó con su funcionamiento a pesar de diversas fallas de infraestructura documentadas por instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló, lo que dejó, al menos, 14 personas fallecidas y 109 personas heridas.

Esta asignación directa de proyectos a entidades militares ha generado opacidad en información clave como costos finales, modificaciones contractuales, criterios técnicos de diseño y esquemas de operación. Ejemplo de ello es la falta de información sobre los daños ecológicos provocados por el Tren Maya y su retención por cinco años por motivos de seguridad nacional , o las mismas fallas del Tren Interoceánico documentadas por medios de comunicación de circulación nacional.

De acuerdo con Expansión , la ASF ya había detectado que la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico, tramo en el que se dio el accidente, carecía de una planeación eficiente e informó que la obra dio inicio sin concluir los estudios de factibilidad técnica necesarios, dadas las pendientes y curvas pronunciadas en el terreno.1 Asimismo, la ASF identificó la existencia de sobrecostos en la rehabilitación de este tramo, así como la contratación de personal sin experiencia ni conocimientos relacionados con la materia ferroviaria.

El Estado mexicano atraviesa una etapa en la que las Fuerzas Armadas han asumido un papel protagónico en la planeación, construcción, administración y operación de proyectos estratégicos de infraestructura. Entre éstos destacan obras ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y de servicios logísticos, para los cuales se han destinado montos sin precedentes del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta participación ha generado interrogantes legítimas en torno a los mecanismos de supervisión, transparencia, rendición de cuentas y evaluación de riesgos que se han tomado ante estas nuevas tareas para el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Lo anterior, dado que no es la primera vez que un megaproyecto del Gobierno federal, realizado en las últimas dos administraciones, tiene un accidente. El Tren Maya ha registrado tres accidentes desde su inauguración: el descarrilamiento de un vagón por una falla en el sistema automatizado del tren, en Yucatán, en 2024; la volcadura de uno de los vagones de carga en Quintana Roo; y un choque entre dos unidades en Yucatán, en 2025.2

En este contexto, el reciente accidente del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec pone en evidencia la necesidad de que el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas entablen un diálogo institucional respecto de los proyectos que éstas encabezan.

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, como órgano que garantiza la continuidad del trabajo legislativo, tiene la responsabilidad de propiciar espacios de análisis y coordinación interinstitucional que permitan conocer y prevenir los riesgos, así como los planes de acción que se llevan a cabo en estas obras estratégicas. Por ello, la creación de este grupo de trabajo debe entenderse como un mecanismo de colaboración en el que, a través del diálogo directo, tanto personas legisladoras como integrantes de las Fuerzas Armadas identifiquen áreas de mejora, con el objetivo de prevenir futuros accidentes y fortalecer la legitimidad de los proyectos en curso.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido presentado como un proyecto clave para el desarrollo regional y la integración logística del país. Sin embargo, el accidente registrado recientemente ha generado preocupación entre comunidades locales, personas usuarias potenciales y especialistas en materia de transporte acerca de la eficiencia y seguridad de estos mega proyectos.

Si bien la Fiscalía General de la República ya está investigando las causas del descarrilamiento y la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que las víctimas de este accidente tendrán una reparación integral del daño,3 desde la Bancada Naranja creemos que es necesario que el Poder Legislativo cuente con información directa, técnica y oportuna por parte de las entidades responsables del proyecto. Por ello, estimamos necesario que, en coordinación con las Secretarías de Defensa y de Marina, se instale un grupo de trabajo interinstitucional bajo el cual se aborden aspectos en cuanto a seguridad, criterios técnicos y mecanismos de supervisión que se llevan a cabo en las obras.

Este grupo de trabajo, además, tendría como objetivos principales:

1. Establecer un canal permanente de comunicación entre el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas respecto de los proyectos de infraestructura que encabezan.

2. Analizar de manera técnica e integral el estado de los proyectos ferroviarios, con énfasis en el Tren Interoceánico.

3. Evaluar los riesgos operativos, financieros y sociales asociados a dichos proyectos.

4. Formular recomendaciones para mejorar la seguridad, transparencia y eficiencia.

5. Fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.

Desde Movimiento Ciudadano creemos que toda democracia se construye a través del diálogo republicano, con contrapesos y con información técnica y oportuna que permita la toma de decisiones informadas y, sobre todo, la prevención integral de riesgos en materia de seguridad para las personas usuarias de los proyectos comandados por las Fuerzas Armadas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a coordinar, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Poder Legislativo, un grupo de trabajo interinstitucional , cuyo objeto sea analizar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de infraestructura encabezados por las Fuerzas Armadas, en particular el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el marco del accidente recientemente ocurrido, con el fin de fortalecer la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Notas

1 Expansión Política . Las fallas que arrastra el Tren Interoceánico: deficiente planeación, falta de inspecciones y sobrecostos. Recuperado de https://politica.expansion.mx/mexico/2026/01/08/ya-habia-alertas-decarr ilamiento-tren-interoceanico-fallas

2 El País . El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2025-12-29/el-descarrilamiento-del-tren-inter oceanico-es-el-sexto-incidente-en-dos-anos-de-los-nuevos-trenes-de-los- gobiernos-de-morena.html

3 Excélsior . Sheinbaum pide a FGR acelerar investigación y reparación del daño por accidente del Tren Interoceánico. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/politica/tren-interoceanico-sheinbaum-pide -fgr-agilizar-investigacion-pago-reparacion-dano

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a que realice el pago de la nómina y prestaciones de ley a las personas trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que normalice el pago de la nómina y prestaciones de ley a la que tienen derecho las más de mil personas trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La labor que realizan las personas miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), es fundamental para la representación de México en el extranjero, así como para la asistencia y protección de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, más allá de nuestras fronteras. A pesar de la importancia de su trabajo, en especial en momentos de profunda incertidumbre política y social que vive la diáspora mexicana residente en Estados Unidos de América (EUA), se ha revelado que el personal del SEM vive en condiciones de pobreza debido a los bajos ingresos que perciben.

Desde el pasado 21 de julio de 2025, el periódico El País publicó un artículo titulado “El personal de los consulados mexicanos afronta la defensa de los migrantes en Estados Unidos al límite de la pobreza”, en el que se detallan las problemáticas que padecen las y los miembros del SEM, tales como jornada laborales extensas, acoso laboral, sueldos por debajo del salario mínimo o sueldos que demoran en ser pagados, en suma, condiciones que imposibilitan que el personal acceda a un modo de vida no sólo digna, sino suficiente para sobrevivir.

La problemática más alarmante de las personas que Instagram el SEM, es que su sueldo se ha mantenido sin cambios desde 1998. Es decir, en 27 años el coste de vida en EUA ha aumentado, sin que se hayan hecho ajustes inflacionarios al salario del personal, lo que “coloca a una buena parte de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la línea de pobreza en el país”, como refiere el artículo del El País .

Los bajos ingresos a los que se enfrenta el personal de esta institución no corresponden a los desafíos que enfrentan: jornadas laborales extendidas, aumento en el número de peticiones de ayuda y un pánico generalizado entre la comunidad mexicana migrante que ha sido víctima de operativos y redadas migratorias a gran escala. Estas problemáticas no son ajenas al suscrito senador, pues he recibido diversos testimonios de personas trabajadoras del SEM que, de manera anónima, compartieron a través de mi correo institucional sus experiencias y las condiciones reales que prevalecen al interior de la rama diplomático-consular y de la técnico-administrativa del SEM.

Estos testimonios, que fueron entregados al canciller Juan Ramón de la Fuente durante su comparecencia frente al Senado de la República el 8 de octubre de 2025, revelaron la pobreza persistente en el personal, el estancamiento de salarios y la insuficiencia de los mismos ante el costo de vida en el extranjero, la percepción de un salario base bajo, la discriminación a los puestos administrativos, la falta de apoyos para vivienda, guarderías, seguro médico, así como algunos casos de acoso.

Además de los bajos ingresos que perciben, el personal del Servicio Exterior Mexicano también padece retrasos en la nómina. El 9 de enero de 2026, las y los colaboradores del Servicio Exterior Mexicano denunciaron que más de mil trabajadores no han recibido su pago de nómina ni prestaciones de ley en lo que va del mes, por lo que solicitan la intervención de la presidenta de la República para garantizar el debido pago a las y los colaboradores. Este retraso resulta injustificado, toda vez que dichos recursos fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos del presente año.

En la carta, el SEM reitera que desde hace más de 25 años el sueldo del personal diplomático no ha sido objeto de revisión y que el caso de la rama técnica-administrativa, sus miembros viven con salarios por debajo de los límites de la pobreza. Además, señalan que, por ser extranjeros, difícilmente pueden acceder a un financiamiento en los países donde laboran.

El incumplimiento del pago impacta de manera dramática en la calidad de vida del personal del SEM y sus familias, no sólo al privarlos de adquirir víveres esenciales, sino lo que significa vivir en medio de un panorama hostil con la diáspora:

“(...) no es lo mismo estar en México, en nuestro hogar, que encontrarnos en alguna ciudad de Estados Unidos bajo el riesgo constante de desalojos, sorteando múltiples retos sin recursos, mientras se acumulan deudas y ansiedad al no poder solventarlas sin la paga mensual, ni en el corto plazo, en lugares donde los salarios ya eran insuficientes para llegar a fin de mes”.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el pago de nómina del personal del Servicio Exterior Mexicano en las representaciones fuera del país, correspondiente al mes de enero de este año, sería cubierto el lunes 12 de enero.

Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos solicitado al Gobierno de México que apoye y dignifique las condiciones del personal del Servicio Exterior Mexicano al otorgarles un mejor salario y prestaciones para atender la crisis y el asedio que enfrentan las y los mexicanos en el exterior, especialmente aquellos que radican en los EUA. Frente a la situación que enfrentan hoy los miembros del Servicio, exigimos que, con apego a la ley y sus derechos, el pago del personal sea normalizado a la brevedad para evitar futuros retrasos.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a normalizar de manera inmediata el pago de la nómina y de las prestaciones de ley a la que tienen derecho las más de mil personas trabajadoras en el Servicio Exterior Mexicano, correspondientes al mes de enero, así como a cumplir puntualmente con sus obligaciones patronales, a fin de garantizar la no repetición de retrasos en el futuro.

Segundo. Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar los tabuladores salariales de la Rama Técnico Administrativa del Servicio Exterior Mexicano considerando la inflación real sostenida, el principio de equidad salarial y prestaciones entre la Rama Técnico-Administrativa y la Rama Diplomático-Consular y el reconocimiento de las labores que desempeña dicha Rama que son necesarias para el funcionamiento de los consulados de México en el extranjero, con el propósito de que dicho personal logre cubrir sus necesidades básicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de Zacatecas a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para derogar los cambios introducidos en la Ley del Notariado de esa entidad federativa, publicados el 18 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del gobierno de Zacatecas, a cargo de la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Amalia Dolores García Medina, senadora de la República en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Zacatecas a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para derogar los cambios introducidos en la Ley del Notariado de esa entidad federativa, publicados el 18 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas, al tenor de los siguientes

Hechos y consideraciones

1. Hechos

En sesión celebrada el 16 de diciembre de 2025, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a través de su LXV Legislatura, aprobó algunas modificaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas. La reforma fue aprobada con 15 votos a favor y 10 en contra, toda vez que fue avalado, en lo general y en lo particular, el dictamen presentado por la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.

El 18 de diciembre de 2025 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas (Tomo CXXXV, número 101) el decreto número 315 por el cual se reforma la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas. De manera específica, la reforma establece lo siguiente:

Artículo 9

Se establecen como facultades del titular del Poder Ejecutivo del Estado, las que ejercerá por sí, o a través de la Coordinación General Jurídica o de sus dependencias, las siguientes:

I. Determinar la creación de nuevas notarías o declarar vacantes para que sean cubiertas, para satisfacer los requerimientos que del servicio demande la sociedad;

II. Delegar en personas con licenciatura en derecho el ejercicio de la función notarial en el Estado de manera ordinaria o, excepcionalmente, de manera directa, con las restricciones que impone esta Ley;

(Fracción reformada Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, POG, 18-12-2025)

Artículo 50

El ingreso al notariado tendrá lugar de manera ordinaria, mediante el sistema de oposición, que se compone por dos exámenes: el de aspirante a notario y el de notario.

(Fracción reformada POG 18-12-2025)

De manera extraordinaria, podrá tener lugar mediante la designación directa del titular del Poder Ejecutivo durante su periodo de mandato, hasta por un máximo de dos notarias y dos notarios, cuando a su juicio la necesidad del servicio lo requiera.

(Fracción adicionada POG 18-12-2025)

Artículo 66 Bis

La persona a la que se le otorgue la patente de notario o notaria mediante la designación directa deberá presentar ante la Dirección de Notarias y el Colegio de Notarios un calendario de estudio y trabajo, con duración máxima de 20 meses, dentro de los cuales deberá:

a) Adecuar el espacio físico en el que prestará los servicios notariales, conforme a la normatividad aplicable;

b) Prepararse para el ejercicio de la función notarial mediante actividades formativas, académicas y prácticas que acrediten su profesionalización.

El Colegio de Notarios podrá hacer observaciones al calendario y vigilará su cumplimiento.

Concluido el plazo, la persona titular de la notaría deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos tanto a la Dirección de Notarias como al Colegio de Notarios.

(Artículo adicionado POG 18-12-2025)

2. Consideraciones

Las nuevas disposiciones establecidas en la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas representan un retroceso en materia de seguridad jurídica para los habitantes de la entidad, pues no podrán tener la certeza de que serán atendidos por personas notarias profesionales, capaces e imparciales.

Zacatecas logró avanzar de manera importante en la profesionalización de la actividad notarial, cuando en agosto de 2006 se publicó la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas (la cual entró en vigor el 2 de octubre de 2006) que establecía el sistema de examen de oposición como única forma de acceso para la función notarial.

En virtud de que la reforma faculta al Ejecutivo estatal a designar de manera directa a notarios, la fe pública ahora se politiza, lo que compromete la autonomía del notario frente al poder, lo que sin duda es un retroceso histórico que vulnera la seguridad jurídica de la sociedad zacatecana, toda vez que la función notarial es un pilar del estado de derecho, y su eficacia reside en la independencia y la alta preparación técnica de sus depositarios.

Asimismo, la designación directa de notarios vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de los juristas que cuentan con los requisitos para desempeñar la función notarial y que carecen de la oportunidad para demostrarlo. Por ello, el examen de oposición es la única garantía de que los ciudadanos sean atendidos por profesionales capaces e imparciales, porque es un proceso que se caracteriza por ser una examinación transparente y accesible para todas aquellas personas que cuenten con las características físicas, intelectuales y morales.

Por otro lado, es jurídicamente inadmisible y alarmante que esta reforma permita otorgar una patente notarial y conceder 20 meses de “preparación” posteriores. En el sistema de Notariado Latino, la capacidad se acredita antes de recibir la fe pública. Permitir que personas sin evaluación técnica validen actos jurídicos pone en riesgo la estabilidad patrimonial y la validez de escrituras y testamentos de las familias zacatecanas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Zacatecas a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para derogar los cambios introducidos en la Ley del Notariado de esa entidad federativa, publicados el 18 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Senadora Amalia Dolores García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SER, así como las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a realizar los trabajos necesarios para la conformación de un congreso bicameral México-Estados Unidos y a la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad, suscrita por los senadores Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Donaldo Colosio Riojas y los diputados Laura Irais Ballesteros Mancilla, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Juan Ignacio Zavala Guitérrez y Pablo Vázquez Ahued, diputados; Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas, senadores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores para la conformación de un Congreso Bicameral México-Estados Unidos de América, así como a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a realizar la integración e instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

Exposición de Motivos

Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional establece de manera expresa en sus artículos 561 y 12 la existencia, integración y funciones de una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual debe conformarse por tres senadoras o senadores y tres diputadas o diputados, con el objeto de analizar, evaluar, supervisar y dar seguimiento a las políticas, acciones y acuerdos en materia de seguridad nacional implementados por el Estado mexicano.

De manera particular, dicha Comisión tiene la responsabilidad de conocer y vigilar los acuerdos de cooperación, coordinación y colaboración en materia de seguridad suscritos con gobiernos o instancias extranjeras, dada la relevancia y sensibilidad que éstos representan para la soberanía, la integridad territorial y el interés nacional.

La existencia de esta Comisión no constituye una facultad discrecional del Congreso de la Unión, sino una obligación legal y constitucional derivada del principio de control parlamentario y del equilibrio entre poderes que rige nuestro sistema constitucional. En ese sentido, la no instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional impide al Poder Legislativo ejercer de manera plena y efectiva las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria le confieren, particularmente en lo relativo a la supervisión democrática de las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

A pesar de tener a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional como mecanismo de control parlamentario sobre la actuación de las distintas instituciones encargadas de la seguridad nacional, cabe destacar que durante la LXVI Legislatura esta Comisión no ha sido integrada ni instalada.

Esta omisión institucional y constitucional debilita los mecanismos de rendición de cuentas, limita la transparencia en la toma de decisiones estratégicas del Estado mexicano y reduce la capacidad del Congreso para evaluar los alcances, impactos y riesgos de las acciones y acuerdos adoptados en esta materia. Ello resulta especialmente grave en un contexto nacional e internacional caracterizado por amenazas complejas, como la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de armas, la cooperación en tareas de seguridad con otros estados y la creciente militarización de funciones civiles, que demandan un escrutinio legislativo constante, informado y responsable.

Por lo anterior, resulta urgente y necesario proceder a la integración e instalación inmediata de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a fin de restituir el pleno ejercicio de las funciones constitucionales del Poder Legislativo, fortalecer el control democrático sobre las políticas de seguridad nacional y garantizar que cualquier acción o acuerdo en esta materia se conduzca con estricto apego a la Constitución, a la ley y al interés superior de la nación. Con ello, el Congreso de la Unión podrá cumplir cabalmente con su papel como contrapeso institucional y contribuir, desde su ámbito de competencia, a la defensa del interés nacional, la soberanía y los derechos del pueblo de México.

Contexto reciente sobre las amenazas de la soberanía nacional por el presidente Donald Trump

Desde el inicio de su primer mandato en 2017, el presidente Donald Trump impulsó una política de “máxima presión” que ha evolucionado de la imposición de sanciones económicas3 a pronunciamientos explícitos durante su campaña de 2024 y su gestión en 2025-2026, en los que la invocación de la Doctrina Monroe sugiere una pretensión de administrar la soberanía y los recursos venezolanos.

En este contexto, la región ha presenciado tensiones políticas que comprometen la autonomía de los órganos legislativos, cuya independencia no sólo constituye un contrapeso frente al Poder Ejecutivo, sino también la expresión directa de la voluntad ciudadana. La restricción de la capacidad parlamentaria para legislar y fiscalizar de manera autónoma fractura el orden constitucional y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

Después de los hechos del 3 de enero de 2026, cuando el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), encabezado por el presidente Donald Trump, ejecutó una operación militar unilateral en territorio venezolano que culminó con la aprehensión de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal en Nueva York, bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.4 Posteriormente, la relación bilateral entre México y EUA ha atravesado un periodo de alta tensión pues el pasado 9 de enero, el presidente Trump afirmó que su administración iniciaría ataques terrestres directos contra los cárteles del narcotráfico bajo la premisa de que estas organizaciones criminales “gobiernan México”.5

Ante esta amenaza la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que pediría al canciller Juan Ramón de la Fuente una reunión con el secretario de Estado y de ser posible con el presidente Trump, esto derivó en una llamada telefónica realizada el 12 de enero de 2026, en la que ambos mandatarios buscaron distender el conflicto. Según lo informado por el Gobierno mexicano, tras la conversación la opción de una intervención militar estadounidense ha quedado oficialmente descartada, acordando en su lugar fortalecer la coordinación en inteligencia y seguridad bajo un marco de respeto mutuo y responsabilidad compartida.6

Este contexto, en el que un actor externo ha intervenido militarmente en un estado soberano vecino para ejecutar la detención de su jefe de estado sin un mandato claro del sistema de Naciones Unidas, ni autorización previa de un órgano colegiado como el Congreso de los Estados Unidos, pone de manifiesto la urgencia de que los parlamentos del mundo y, en particular, el Congreso de la Unión de México, fortalezcan sus mecanismos de vigilancia, análisis y respuesta frente a escenarios de alta sensibilidad internacional que pueden repercutir en nuestra seguridad, nuestra política exterior y la estabilidad regional.

En este sentido, la falta de instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional –órgano legalmente previsto para analizar, evaluar y dar seguimiento a las políticas, acciones y acuerdos de cooperación en materia de seguridad nacional, especialmente aquellos que involucren a gobiernos extranjeros– constituye una omisión institucional que impide al Poder Legislativo cumplir de forma plena con sus atribuciones constitucionales de control y supervisión democrática sobre asuntos de seguridad nacional.

Ante este escenario de alta complejidad y riesgo geopolítico, resulta aún más necesario que el Poder Legislativo no se mantenga al margen de estos hechos y de sus posibles repercusiones en los intereses y la soberanía de México, ya que la ausencia de análisis parlamentario oportuno y riguroso debilita la capacidad de nuestra nación para anticipar, comprender y responder a crisis internacionales que pueden tener impactos directos o indirectos en nuestro entorno estratégico y en la seguridad de nuestra población.

Por esta misma razón, resulta fundamental que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice, de manera proactiva y coordinada, los trabajos diplomáticos, técnicos e institucionales necesarios para la conformación de un Congreso Bicameral México-EUA, como un mecanismo permanente de diálogo interparlamentario que permita fortalecer la cooperación bilateral desde una perspectiva de respeto mutuo, soberanía y corresponsabilidad. En un contexto regional marcado por tensiones en materia de seguridad, migración, comercio y cooperación internacional, el establecimiento de este espacio de interlocución legislativa contribuiría a generar canales formales de comunicación que permitan anticipar riesgos, reducir conflictos y promover soluciones conjuntas basadas en el derecho internacional y en los intereses legítimos de ambos países.

La participación activa de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos trabajos resulta indispensable para garantizar que la conformación del Congreso Bicameral se realice en congruencia con la política exterior del Estado mexicano , los principios constitucionales que la rigen y los compromisos internacionales asumidos por México. La articulación entre el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, y el Poder Legislativo permitirá dotar a este mecanismo de una agenda clara, reglas de funcionamiento y objetivos estratégicos, fortaleciendo la diplomacia parlamentaria como herramienta para la defensa del interés nacional, la protección de la soberanía y la construcción de una relación bilateral basada en el diálogo institucional, la cooperación y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar los trabajos diplomáticos, técnicos e institucionales necesarios para la conformación de un Congreso Bicameral México–EUA, como un mecanismo de diálogo y cooperación interparlamentaria que contribuya al fortalecimiento de la relación bilateral, en apego a los principios constitucionales de política exterior y en defensa del interés nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a llevar a cabo, a la brevedad, la designación de las personas legisladoras integrantes, así como la integración e instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de fortalecer el control parlamentario y la supervisión democrática en materia de seguridad nacional.

Notas

1 Artículo 56. Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por 3 Senadores y 3 Diputados. La presidencia de la Comisión será rotativa y recaerá alternadamente en un senador y un diputado. Párrafo adicionado DOF 26-12-20

2 Artículo 57. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones: I. Solicitar informes concretos al Centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades; II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto; III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta Ley; IV. Conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo; V. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al director general del Centro; VI. Conocer de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Centro y las Acciones que realicen en cumplimiento de esos Acuerdos; VII. Requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución; VIII. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y IX. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

3 U.S. Department of State. (s.f.). Venezuela-Related Sanctions. Recuperado de https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions

4 BBC News Mundo. (2026, 5 de enero). Explosiones y tensiones en Caracas en medio de conflicto regional. BBC News Mundo. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgx1v4evjxo

5 Infobae , Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”. Infobae, disponible en https://www.infobae.com/mexico/2026/01/09/trump-dice-que-eeuu-empezara- ataques-terrestres-contra-carteles-controlan-mexico

6 El Economista . (2026, 12 de enero). Sheinbaum niega intervención militar de EU en México tras llamada con Trump. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/videos/sheinbaum-niega-intervencion-mil itar-eu-mexico-llamada-trump-20260112-794894.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2026.

Diputados: Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued (rúbricas).

Senadores: Luis Donaldo Colosio Riojas, Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas)