Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Actas Convocatorias Invitaciones

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las Comisiones siguientes:

1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de humanismo mexicano).

Presentada por la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4277.

Sexta sección.

2.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de inteligencia artificial).

Presentada por la diputada Martha Amalia Moya Bastón y por el diputado Federico Döring Casar, PAN.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4282.

Cuarta sección.

3.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia del Sistema Nacional de Cuidados).

Presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4304.

Cuarta sección.

4.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de salario mínimo).

Presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4305.

Quinta sección.

5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4316.

Segunda sección.

6.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, PVEM.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 4318.

Cuarta sección.

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2026

Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica)

Presidenta


Comunicaciones

De la Secretaría de Bienestar, con la que remite el informe de la planeación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2026

Ciudad de México, a 24 de julio de 2026.

Diputada Kenia López Rabadán

Presidenta de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la fracción XII del apartado A del numeral 4.1 del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2026, me permito enviarle en archivo anexo el informe que contiene la planeación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2026.

Dicho informe contiene la planeación de los recursos FAIS realizada por los siguientes componentes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); dicha planeación es reportada en primera instancia a la Secretaría de Bienestar, a través de su registro en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) por las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, y posteriormente es enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dicha secretaría cargue esa información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

José Antonio Aguilar Castillejos (rúbrica)

Director General de Desarrollo Regional

(Turnada a la Comisión de Bienestar. Agosto 5 de 2026.)


Iniciativas

Que reforma el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, recibida de la diputada Sirley Reyes Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

La que suscribe, diputada Norma Sirley Reyes Cabrera , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud de las personas con discapacidad no puede entenderse como una garantía limitada a una etapa específica de la vida. Las necesidades de atención, rehabilitación, habilitación, seguimiento y apoyos pueden mantenerse, transformarse o surgir en distintos momentos del ciclo vital, por lo que la respuesta institucional debe ser capaz de acompañar a la persona de manera continua.

La legislación vigente contempla diversas acciones en materia de salud para las personas con discapacidad.

No obstante, el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no establece expresamente la transición y continuidad de la atención integral especializada durante las distintas etapas de la vida.

La presente propuesta encuentra sustento en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 1o. establece: que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.1

Por su parte el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, constituyendo uno de los derechos fundamentales cuya garantía corresponde al Estado mediante la organización y prestación de los servicios de salud.

Bajo el principio de convencionalidad, el marco nacional se robustece con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4o. dice: Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.2

De igual forma, en el artículo 25, inciso b), menciona: Los Estados Parte proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;

La relevancia de este marco normativo se refleja con claridad al analizar el panorama estadístico actual.

1. En 2024, en México había 9.5 millones de personas (7.3 por ciento) de la población general con discapacidad; de estas, 50.9 por ciento tenía 60 años y más, 32 por ciento eran adultos. Mientras que la población de infantes y jóvenes registró los porcentajes más bajos: 7.8 y 9.3 por ciento respectivamente.

2. De las 9.5 millones de personas con discapacidad, 5.1 millones (53.4 por ciento) eran mujeres y 4.4 millones (46.6 por ciento), hombres.3

Nota: El porcentaje se calcula con respecto al total de la población con discapacidad. Los grupos de edad se agrupan de la siguiente manera: Infantes (0 a 14 años); Jóvenes (15 a 29 años); Adultos (30 a 59 años); Personas adultas mayores (60 años y más).4

Las cifras muestran que más del 80 por ciento de las personas en México con discapacidad son adultas y no constituye una condición limitada a una etapa específica de la vida, sino una realidad que acompaña a millones de personas durante la adultez y la vejez.

En consecuencia, el diseño de las políticas públicas en materia de salud debe responder a un enfoque de continuidad de la atención, evitando que las transiciones entre etapas de la vida o entre modelos de atención se traduzcan en barreras para el ejercicio efectivo del derecho a la salud.

Esta ausencia de servicios puede generar una discontinuidad en la atención, particularmente durante la transición de la adolescencia a la vida adulta, cuando las personas dejan de recibir atención bajo modelos pediátricos y deben incorporarse a servicios dirigidos a la población adulta. La mayoría de edad, sin embargo, no implica la desaparición de las necesidades de atención ni de los apoyos que una persona con discapacidad pueda requerir.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que casi la mitad de las personas con discapacidad en México viven en situación de pobreza, enfrentando graves rezagos de salud.

En 2020, el 31.8 por ciento de esta población presentaba carencia por acceso a estos servicios primordiales, lo que evidencia que aún existen barreras para el ejercicio efectivo de este derecho y refuerza la necesidad de fortalecer la continuidad de la atención dentro del Sistema Nacional de Salud.5

Por su parte la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1 mil 300 millones de personas, equivalentes al 16 por ciento de la población mundial, viven con una discapacidad significativa.

La OMS declara que las personas con discapacidad tienen dos veces más riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, el asma, la diabetes, el ictus, la obesidad o problemas de salud bucodental. Además, que los establecimientos de salud inaccesibles suponen una dificultad hasta 6 veces mayor para las personas con discapacidad.6

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que, aun cuando los servicios de salud se encuentran disponibles, con frecuencia se prestan de manera fragmentada, con escasa coordinación entre niveles de atención y sin responder de manera integral a las necesidades de las personas. Esta fragmentación dificulta la continuidad de la atención, particularmente para quienes requieren servicios permanentes o de largo plazo, como ocurre con muchas personas con discapacidad.7

En conjunto, estos datos evidencian que la discapacidad constituye una condición que acompaña a millones de personas durante gran parte de su vida, y exige considerar tres premisas fundamentales:

1. Garantía de continuidad del cuidado : La respuesta del Estado no puede limitarse a intervenciones aisladas o focalizadas en determinadas etapas; sino que debe garantizar la continuidad de la atención médica, terapéutica y social en cada etapa del desarrollo humano.

2. Riesgo de colapso del sistema público : De acuerdo con las tendencias globales de envejecimiento y prevalencia, la población adulta con discapacidad aumentará exponencialmente. De no estructurar hoy un modelo de atención para la vida adulta, el sistema de salud y asistencia social podría colapsar ante la demanda desatendida y el costo de la dependencia evitable.

3. Invisibilización y diagnóstico tardío : Por razones de estigma social y vacíos en el sector salud, miles de personas mayores y adultas viven con discapacidades o condiciones del neurodesarrollo no diagnosticadas. La falta de detección oportuna en la adultez perpetúa la vulnerabilidad y sobrecarga a las familias como únicas redes de apoyo.

En consecuencia, resulta prioritario reformar el marco normativo para fortalecer a la Secretaría de Salud con atribuciones que garanticen una atención continua, coordinada y de largo alcance. La protección del derecho a la salud debe dejar de ser una respuesta episódica para convertirse en una cobertura integral durante todas las etapas de la vida.

Si bien el artículo 7 de la Ley General para las Personas con Discapacidad contempla acciones de prevención, detección, rehabilitación y habilitación, ninguna de sus disposiciones incorpora expresamente el principio de continuidad de la atención durante el ciclo de vida, ni prevé mecanismos orientados a favorecer la transición entre los distintos modelos de atención. En ese contexto, la presente iniciativa tiene el propósito de incorporar expresamente estos nuevos conceptos.

Las modificaciones propuestas no crean nuevas estructuras administrativas ni programas presupuestarios; fortalecen las atribuciones existentes de la Secretaría de Salud mediante la incorporación de criterios de continuidad, coordinación e integralidad en la prestación de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad.

Para una mejor comprensión se muestra la propuesta de reforma al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el cuadro comparativo que a continuación se presenta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de este órgano legislativo el siguiente el proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforma el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad. Para ello, favorecerá la transición y continuidad de la atención integral especializada durante todo el ciclo de vida, mediante un enfoque interdisciplinario e interinstitucional.

Los programas y servicios del Sistema Nacional de Salud se diseñarán y proporcionarán bajo estrictos criterios de calidad, especialización, género, accesibilidad universal, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, diagnóstico oportuno , estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación para las diferentes discapacidades, considerando sus necesidades específicas ;

II. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permitan ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales se extenderán a las regiones rurales, las comunidades indígenas y afromexicanas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía, accesibilidad universal, continuidad de los servicios, atención específica y necesidades de las personas con discapacidad;

III. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, incluyendo contenidos sobre la transición entre los servicios pediátricos y los servicios para personas adultas, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;

IV. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, así como tecnologías de apoyo, medicinas de uso restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad y demás apoyos funcionales que favorezcan la autonomía e independencia;

V. Fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, para personas con discapacidad en desamparo, donde sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos, favoreciendo además programas comunitarios que promuevan la vida independiente y la inclusión social, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley;

VI. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación científica y conocimiento sobre la materia de discapacidad a lo largo del curso de vida ;

VII. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización, incluyendo la eliminación de barreras actitudinales y la atención diferenciada conforme a la etapa de vida, dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención de la población con discapacidad;

VIII. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico, acompañamiento psicosocial y asesoría para la transición a la vida adulta, para las personas con discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención;

IX. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los servicios de salud y asistencia social, incorporando criterios de continuidad de la atención integral para las personas con discapacidad por parte del sector público, social y privado;

X. Crear programas de orientación, educación, rehabilitación sexual y reproductiva con perspectiva de autonomía y consentimiento informado para las personas con discapacidad, sus familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención;

XI. Garantizar el acceso efectivo y sin discriminación de las personas con discapacidad durante todas las etapas de la vida a los servicios públicos de salud, en términos de la legislación aplicable; y

XII. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Art. 1 Párr. 3

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Consultado en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

3 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 2025, consultado en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Pe rsDiscap_25.pdf

4 Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), 2024.

5 Coneval; https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/IEP DS_2022.pdf Recuperado: 21-07-2026

6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-heal th. Recuperado: 20-07-2026

7 https://www.who.int/health-topics/integrated-people-centered-care. Recuperado: 20-07-2026.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 5 de agosto de 2026.

Diputada Norma Sirley Reyes Cabrera (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Agosto 5 de 2026)

Que adiciona un artículo 108 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de garantía gradual y efectiva de asistencia de intérprete para personas indígenas, recibida de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

La que suscribe, diputada federal Rosario del Carmen Moreno Villatoro , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 108 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema: la brecha entre el derecho reconocido y su ejercicio efectivo.

En México, 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años y más son hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivale a 6.1 por ciento de la población total de ese rango de edad; de ellas, un 11.8 por ciento no habla español.1

El derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérprete ya se encuentra reconocido en al menos cinco ordenamientos: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.2 Sin embargo, ninguno de estos ordenamientos precisa el procedimiento que la autoridad debe seguir para designar a ese intérprete, ni la consecuencia jurídica de omitirlo por completo.

La existencia del derecho en la ley no garantiza su ejercicio efectivo en la práctica: la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado que, en la práctica, se nombran “traductores prácticos” sin agotar previamente las vías institucionales para obtener un intérprete profesional, lo que compromete la precisión de la asistencia y, con ella, el debido proceso.3

II. La doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte: un estándar gradual que hoy no está codificado.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, desde 2013, que la designación de intérprete a una persona indígena sujeta a proceso penal debe seguir un estándar de tres pasos:4

1. Primero, la autoridad debe requerir a las instituciones oficiales, estatales o federales, que asignen un intérprete certificado, incluso por medios electrónicos;

2. Segundo, solo si ninguna institución resuelve favorablemente la solicitud, puede nombrarse un intérprete práctico respaldado por la comunidad o con algún tipo de certificación institucional;

3. Tercero, únicamente si lo anterior tampoco fue posible, puede nombrarse a una persona de la que se tengan elementos para determinar que conoce la lengua y la cultura de la persona indígena, verificando además su dominio del español.

Este estándar reconoce expresamente que, dada la gran diversidad de lenguas y variantes lingüísticas del país, en muchos casos será muy complicado encontrar de inmediato un intérprete oficial que domine la variante específica del inculpado, por lo que permite de manera excepcional y ordenada recurrir a un intérprete práctico.5

El problema es que este estándar es, hasta hoy, únicamente jurisprudencia: no está escrito como texto de ley en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su aplicación depende del conocimiento y criterio de cada juzgador o agente del Ministerio Público de primera instancia. La propia CNDH, en su Recomendación General 45/2021, solicitó al Congreso de la Unión legislar sobre esta materia.6

III. Por qué la obligatoriedad absoluta de peritos certificados no es la solución correcta.

Una alternativa aparentemente más contundente sería obligar, sin excepción, a que todo intérprete provenga de un padrón certificado como el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli) que ya opera el Inali.7 Sin embargo, esta opción se descarta expresamente en la presente iniciativa: dado que el Panitli no cuenta con intérpretes certificados para la totalidad de las lenguas y variantes lingüísticas del país, una obligatoriedad absoluta correría el riesgo de paralizar procesos penales completos en las regiones y lenguas sin cobertura, produciendo el efecto contrario al buscado: en vez de garantizar el acceso a la justicia, lo bloquearía indefinidamente.

Por ello, esta iniciativa no impone un mandato rígido de exclusividad, sino que codifica el estándar gradual ya validado por la Primera Sala, dando prioridad clara al intérprete certificado, pero sin cerrar la puerta a las alternativas que la propia Corte reconoció como necesarias ante la diversidad lingüística real del país. La consecuencia de nulidad se reserva para el supuesto en que la autoridad no haya siquiera intentado agotar ninguno de los tres pasos, no para los casos en que actuó de buena fe conforme al estándar.

IV. Marco Internacional

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona indígena a ser asistida gratuitamente por intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma del procedimiento.8

V. Contenido de la Reforma

Con base en lo anterior, se propone adicionar un artículo 108 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales que:

4. Codifique el estándar gradual de tres pasos ya reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte para la designación de intérprete a personas indígenas;

5. Reconozca al Panitli como primera vía institucional a agotar, sin hacerlo requisito exclusivo ni excluyente;

6. Establezca que la falta total de asistencia de intérprete, es decir, no haber agotado ninguno de los tres pasos será causa de nulidad de la actuación correspondiente.

Esta propuesta no crea fondo, programa ni plaza presupuestal nueva: eleva a rango de ley un criterio jurisprudencial ya existente, por lo que su impacto presupuestal es mínimo o nulo.

VI. Competencia del Congreso de la Unión

Con fundamento en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de procedimientos penales mediante la expedición de la legislación única en la materia, de la cual forma parte el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Decreto por el que se adiciona un artículo 108 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales

Único: Se adiciona un artículo 108 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 108 Bis. Cuando una persona indígena sujeta a un procedimiento penal no comprenda o no hable el idioma español, la autoridad ministerial o judicial deberá agotar, en el siguiente orden, los medios para garantizarle la asistencia de intérprete:

I. Solicitar a las instituciones oficiales, estatales o federales, la asignación de una persona intérprete certificada, incluida su intervención por medios electrónicos, dando preferencia al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas;

II. En caso de que ninguna institución resuelva favorablemente la solicitud, designar a una persona intérprete práctica respaldada por la comunidad o con algún tipo de certificación institucional; o

III. De no ser posible lo anterior, designar a una persona de la que se tengan elementos para determinar que conoce la lengua y la cultura de la persona indígena, verificando su dominio del idioma español.

La omisión total de los pasos anteriores será causa de nulidad de la actuación correspondiente, en términos de la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (2022); y Censo de Población y Vivienda 2020: 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena (6.1 por ciento de la población total de ese rango de edad); Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero concentran 50.5 por ciento de dichos hablantes.

2 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 108, fracción XI, y artículo 45; Ley General de Víctimas, artículo 7, fracción XXXI; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, artículos 52 y 59 Quáter; Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 35; Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, artículos 7, 9 y 10.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General 45/2021, “Sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, 2021, en la que se solicitó al Congreso de la Unión legislar sobre la creación de una instancia especializada con capacidad operativa, técnica y presupuestaria para dicha asistencia.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 1, página 808, que establece el estándar de tres pasos para la designación de intérprete a personas indígenas sujetas a proceso penal.

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2013 (10a.), sobre la procedencia excepcional de la designación de intérpretes prácticos ante la dificultad de contar con un intérprete oficial que domine la variante lingüística específica del inculpado.

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General 45/2021

7 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli).

8 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), artículo 13.2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 5 de agosto de 2026.

Diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de justicia, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Agosto 5 de 2026)

Que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de uso obligatorio de casco de seguridad para personas usuarias de motocicletas, bicicletas eléctricas, monopatines y scooters eléctricos, recibida del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 5 de agosto ded 2026

El suscrito, diputado Juan Carlos Varela Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quinquies y 49 Sexies a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de uso obligatorio de casco de seguridad para personas usuarias de motocicletas, bicicletas eléctricas, monopatines y scooters eléctricos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad vial constituye actualmente uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial. Cada año, más de 1.19 millones de personas pierden la vida en hechos de tránsito y millones más sufren lesiones permanentes derivadas de accidentes viales, siendo las personas usuarias de motocicletas uno de los grupos más vulnerables. (Organización Mundial de la Salud, OMS, Global Status Report on Road Safety, 2023).

En México, el crecimiento acelerado del uso de motocicletas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y demás vehículos de movilidad personal motorizados ha transformado profundamente la movilidad urbana en los últimos años. Lo que anteriormente representaba un medio alternativo de transporte, hoy constituye una herramienta cotidiana de trabajo, reparto y traslado para millones de personas.

Sin embargo, este incremento también ha venido acompañado de un preocupante aumento en accidentes, lesiones craneoencefálicas y fallecimientos relacionados con vehículos de dos ruedas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2023 se registraron más de 79 mil accidentes de tránsito relacionados con motocicletas en México, cifra que continúa incrementándose de manera sostenida.

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 2024).

Asimismo, organismos especializados en seguridad vial han advertido que las lesiones en cabeza representan una de las principales causas de muerte entre motociclistas involucrados en hechos de tránsito.

El Instituto Mexicano del Transporte ha señalado que el uso correcto del casco constituye la medida de protección más importante para reducir el riesgo de muerte y lesiones incapacitantes en motociclistas. (Instituto Mexicano del Transporte, IMT, Indispensable el uso de casco para transitar en motocicletas, 2017).

De igual forma, estudios internacionales han sostenido que el uso adecuado del casco puede reducir hasta en un 42 por ciento el riesgo de muerte y hasta en 69 por ciento el riesgo de traumatismos craneales graves. (Organización Mundial de la Salud, OMS, Helmets: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners, 2006).

Pese a ello, diariamente es posible observar en calles y avenidas del país a personas conduciendo motocicletas, scooters eléctricos o bicicletas eléctricas sin casco de seguridad, utilizando cascos no certificados o trasladando acompañantes sin ninguna medida mínima de protección.

La problemática se ha agravado particularmente con el crecimiento de plataformas digitales de reparto y mensajería, donde miles de jóvenes utilizan motocicletas y vehículos eléctricos ligeros como herramienta principal de trabajo, muchas veces bajo condiciones de alto riesgo vial.

La presente iniciativa parte de una premisa fundamental: el uso del casco no debe seguir viéndose como una recomendación opcional, sino como una acción indispensable para salvar vidas.

Porque cada casco utilizado correctamente puede evitar una tragedia.

Porque detrás de cada accidente existe una familia afectada.

Porque detrás de cada lesión craneal existe una vida que puede cambiar para siempre.

La presente propuesta legislativa busca fortalecer y concientizar el uso obligatorio del casco mediante un modelo innovador de corresponsabilidad social y prevención vial.

El objetivo central de esta iniciativa no consiste únicamente en sancionar conductas de riesgo, sino en generar una nueva cultura nacional de protección, responsabilidad y prevención.

Por ello, se propone incorporar mecanismos novedosos orientados a incentivar el cumplimiento efectivo del uso obligatorio del casco de seguridad.

La lógica de esta medida radica en reconocer que la seguridad vial no puede recaer exclusivamente en la autoridad, sino que requiere la participación coordinada de sociedad, gobierno y sectores económicos.

Diversos países han fortalecido sus políticas de prevención mediante medidas integrales de corresponsabilidad, educación vial y restricciones administrativas orientadas a proteger a personas usuarias de vehículos de dos ruedas. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Road Safety Annual Report, 2022).

En España, las autoridades han endurecido las disposiciones relacionadas con el uso obligatorio de casco para motocicletas y vehículos de movilidad personal, incluyendo scooters eléctricos, estableciendo sanciones e incluso inmovilización de unidades para quienes incumplen las normas de seguridad vial. (Dirección General de Tráfico, DGT, Normativa de Vehículos de Movilidad Personal, 2024).

De igual forma, en Francia el uso obligatorio del casco constituye una de las principales medidas preventivas en materia de seguridad vial para personas usuarias de vehículos ligeros motorizados. (République Française, Code de la Route, 2023).

México no puede permanecer rezagado frente a una problemática que diariamente cobra vidas, particularmente entre jóvenes trabajadores y personas que utilizan motocicletas como medio de subsistencia.

Asimismo, la presente iniciativa reconoce una realidad que hasta ahora ha sido insuficientemente atendida por la legislación nacional: el crecimiento exponencial de scooters eléctricos, monopatines eléctricos y bicicletas eléctricas.

Muchos de estos vehículos alcanzan velocidades considerables y circulan diariamente en avenidas, carriles vehiculares y zonas de alta afluencia, sin que exista una cultura suficiente de protección personal.

Legislar únicamente sobre motocicletas tradicionales implicaría ignorar las nuevas dinámicas de movilidad urbana que actualmente predominan en diversas ciudades del país.

Por ello, la iniciativa incorpora expresamente a los vehículos de movilidad personal motorizados, fortaleciendo el marco jurídico nacional en materia de prevención y seguridad vial.

La presente propuesta busca consolidar un nuevo paradigma de movilidad responsable, donde el casco deje de verse como una molestia y comience a entenderse como lo que verdaderamente representa: una herramienta para salvar vidas.

Porque ninguna entrega, trabajo o trayecto vale más que la vida de una persona.

Y porque el Estado mexicano tiene la obligación de impulsar políticas públicas modernas, preventivas y eficaces que protejan la integridad física de quienes diariamente utilizan vehículos de dos ruedas para trabajar, estudiar o trasladarse.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adicionan los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quinquies y 49 Sexies a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Decreto

Único. Se adicionan los artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quinquies y 49 Sexies a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 49 Bis. Del uso obligatorio de casco de seguridad.

Toda persona conductora o acompañante de motocicletas, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, monopatines eléctricos o cualquier vehículo de movilidad personal motorizado que circule en vías públicas del territorio nacional deberá portar casco de seguridad certificado, debidamente ajustado y colocado.

El casco deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas y especificaciones técnicas emitidas por las autoridades competentes en materia de seguridad vial.

La omisión del uso de casco será considerada una conducta de riesgo grave en materia de movilidad y seguridad vial, por poner en peligro la vida e integridad física de las personas usuarias y terceros.

En el caso de menores de edad, será responsabilidad solidaria de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, permitir o autorizar el traslado sin las medidas de protección correspondientes.

Artículo 49 Ter. Los establecimientos comerciales dedicados al arrendamiento temporal o préstamo comercial de scooters eléctricos, bicicletas eléctricas o vehículos de movilidad personal motorizados, estarán obligados a proporcionar casco de seguridad a las personas usuarias previo al inicio del servicio.

La autoridad competente establecerá los lineamientos de identificación visual y verificación razonable para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

El incumplimiento por parte de los establecimientos podrá dar lugar a sanciones administrativas conforme a la legislación aplicable.

Artículo 49 Quáter. Las personas sancionadas por conducir sin casco de seguridad deberán acreditar, además de la sanción económica correspondiente, un curso obligatorio de concientización en materia de seguridad vial y prevención de accidentes.

En caso de reincidencia dentro de un periodo de doce meses, las autoridades competentes podrán aplicar adicionalmente:

I. Suspensión temporal de licencia o permiso para conducir;

II. Retención preventiva de la unidad hasta acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad;

III. Restricción temporal para operar vehículos destinados a servicios de reparto, mensajería o transporte mediante plataformas digitales;

IV. Registro de reincidencia dentro de las bases de datos de movilidad y seguridad vial correspondientes.

Las entidades federativas establecerán mecanismos digitales para el seguimiento de reincidencias relacionadas con conductas de riesgo vial.

Artículo 49 Quinquies. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán implementar campañas permanentes de sensibilización dirigidas principalmente a jóvenes y personas usuarias de motocicletas y vehículos eléctricos ligeros, sobre los riesgos asociados a conducir sin casco de seguridad.

Las campañas deberán incluir acciones en escuelas, plataformas digitales, establecimientos comerciales, empresas de reparto y puntos de alta concentración vial.

Artículo 49 Sexies. Las plataformas digitales, empresas de mensajería, reparto o transporte que empleen motocicletas o vehículos eléctricos ligeros deberán garantizar que sus conductores utilicen casco certificado durante la prestación del servicio.

El incumplimiento reiterado podrá derivar en sanciones administrativas, suspensión temporal de permisos o medidas correctivas determinadas por las autoridades competentes.

Las autoridades promoverán convenios con el sector privado para fortalecer una cultura nacional de prevención de accidentes y protección de la vida de las personas usuarias de vehículos motorizados ligeros.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales para armonizar su legislación local conforme al presente decreto.

Tercero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las autoridades competentes, emitirá las disposiciones técnicas relativas a los cascos certificados y criterios de aplicación para vehículos de movilidad personal motorizados.

Cuarto. Las autoridades competentes deberán implementar campañas nacionales de prevención y concientización dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de agosto de 2026.

Diputado Juan Carlos Varela Domínguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Movilidad. Agosto 5 de 2026)

Que adiciona el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de identidad digital segura, protección de las personas usuarias y prevención de perfiles falsos utilizados para fraude, extorsión, robo de identidad y captación ilícita de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, recibida del diputado Juan Carlos Varela Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

El suscrito diputado Juan Carlos Varela Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente; iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de identidad digital segura, protección de las personas usuarias y prevención de perfiles falsos utilizados para fraude, extorsión, robo de identidad y captación ilícita de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado de manera profunda la forma en que las personas interactúan, trabajan, estudian, realizan operaciones comerciales y participan en la vida pública. El entorno digital se ha convertido en una extensión de la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Actualmente, México supera los 100 millones de usuarios de Internet, cifra que representa más del 83 por ciento de la población de seis años y más, consolidando al país como una de las naciones con mayor crecimiento en conectividad digital en América Latina (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2024).

Este crecimiento ha generado beneficios extraordinarios para la economía, la educación, la participación ciudadana y el acceso a la información. Sin embargo, también ha dado origen a nuevas amenazas que afectan directamente la integridad física, emocional, patrimonial y digital de las personas usuarias. Entre ellas destaca la proliferación de perfiles falsos, cuentas fraudulentas y mecanismos de suplantación de identidad utilizados para engañar, extorsionar, defraudar o manipular a terceros.

La creación de identidades ficticias en redes sociales y plataformas digitales se ha convertido en una herramienta recurrente para la comisión de conductas ilícitas. Los delincuentes ya no requieren necesariamente una presencia física para afectar a sus víctimas; basta la creación de una cuenta falsa para generar confianza, obtener información personal, establecer relaciones engañosas o perpetrar fraudes financieros. Esta realidad ha obligado a numerosos países a replantear el papel de las plataformas digitales en la protección de las personas usuarias.

El problema ha alcanzado dimensiones particularmente preocupantes cuando se analizan sus efectos sobre niñas, niños y adolescentes. La utilización de perfiles falsos para establecer contacto con menores de edad constituye una de las modalidades más frecuentes del denominado grooming, conducta mediante la cual una persona adulta crea una identidad ficticia para ganarse la confianza de un menor con fines de explotación, manipulación o abuso. Organismos internacionales han advertido que el anonimato utilizado con fines ilícitos representa uno de los principales desafíos de seguridad digital de la actualidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, diversos informes sobre seguridad digital infantil).

La presente iniciativa parte de una premisa fundamental: la protección de las personas usuarias en el entorno digital no debe entenderse como una limitación a la libertad de expresión, sino como una obligación legítima del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en espacios digitales donde interactúan millones de personas todos los días.

Resulta indispensable señalar que esta propuesta no busca regular contenidos, opiniones, posturas ideológicas, expresiones políticas ni manifestaciones protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco pretende imponer mecanismos de identificación pública obligatoria para todas las personas usuarias. Su finalidad consiste en establecer obligaciones razonables para que las plataformas digitales implementen herramientas de autenticidad, mecanismos de denuncia y sistemas de prevención frente a perfiles fraudulentos utilizados para causar daños a terceros.

Diversas experiencias internacionales demuestran que la tendencia regulatoria contemporánea no se orienta hacia la censura de contenidos, sino hacia la construcción de entornos digitales más seguros. La Unión Europea aprobó el denominado Digital Services Act (DSA), considerado uno de los instrumentos regulatorios más importantes del mundo en materia digital. Dicho ordenamiento establece obligaciones para las grandes plataformas en aspectos relacionados con transparencia, mitigación de riesgos, trazabilidad de usuarios comerciales, mecanismos de denuncia y protección de las personas usuarias, especialmente menores de edad (Consejo de la Unión Europea, Digital Services Act, 2024).

El Digital Services Act parte del reconocimiento de que las plataformas digitales poseen capacidades tecnológicas suficientes para detectar comportamientos fraudulentos, actividades coordinadas maliciosas y riesgos sistémicos que afectan a millones de usuarios. En consecuencia, impone obligaciones de prevención y gestión de riesgos sin intervenir en la libertad de expresión legítima de las personas. Esta aproximación regulatoria constituye una referencia relevante para el caso mexicano.

De igual forma, el Reino Unido promulgó el Online Safety Act de 2023, legislación que establece deberes específicos para que las plataformas digitales identifiquen, mitiguen y administren riesgos asociados con actividades ilegales, protección de menores de edad y seguridad de las personas usuarias. Un aspecto particularmente relevante de dicha legislación es que contempla mecanismos de verificación de identidad voluntaria para usuarios adultos, reconociendo que la autenticidad digital puede fortalecer la confianza y reducir riesgos sin eliminar el anonimato legítimo (Government of the United Kingdom, Online Safety Act, 2023).

El modelo británico resulta especialmente ilustrativo porque demuestra que es posible fortalecer la autenticidad de las interacciones digitales sin afectar derechos fundamentales. La propia legislación establece expresamente que las medidas de seguridad deben coexistir con la protección de la libertad de expresión y la privacidad de las personas usuarias.

En el ámbito europeo, las autoridades comunitarias han intensificado la supervisión de las grandes plataformas tecnológicas cuando estas no implementan mecanismos adecuados para proteger a las personas usuarias. Durante la aplicación del Digital Services Act, diversas investigaciones han señalado deficiencias relacionadas con sistemas de denuncia, autenticidad de cuentas, transparencia y prevención de riesgos digitales, confirmando una tendencia internacional orientada a exigir mayores responsabilidades a las plataformas tecnológicas respecto de la seguridad de sus usuarios.

México no puede permanecer ajeno a esta evolución regulatoria internacional.

El fenómeno de la suplantación de identidad constituye una de las manifestaciones más preocupantes de la criminalidad digital contemporánea. El robo de identidad genera consecuencias económicas, jurídicas y sociales que pueden extenderse durante años para las víctimas. La utilización indebida de datos personales permite la contratación fraudulenta de créditos, la apertura de cuentas bancarias, la realización de operaciones financieras ilícitas y la comisión de diversos delitos utilizando la identidad de terceros.

Especialistas en seguridad digital han advertido que las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en una de las principales fuentes de obtención de información utilizada para la comisión de este tipo de conductas. Fotografías, nombres, ubicaciones, relaciones familiares y otros datos personales son frecuentemente utilizados para construir perfiles fraudulentos que aparentan pertenecer a personas reales.

La dimensión del problema se refleja también en las crecientes denuncias relacionadas con fraude digital. Diversos análisis especializados y foros académicos realizados en México han advertido un crecimiento acelerado de los delitos digitales vinculados con phishing, vishing, robo de identidad y fraudes electrónicos, situación que ha impulsado llamados para fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad digital y protección de usuarios.

Las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a este fenómeno. La utilización de perfiles falsos para establecer relaciones de confianza, simular vínculos afectivos o promover inversiones inexistentes ha generado pérdidas económicas considerables para miles de familias en distintas partes del mundo. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan crecientes riesgos derivados de cuentas fraudulentas que utilizan su identidad comercial para engañar a consumidores.

Las plataformas digitales poseen capacidades tecnológicas extraordinarias para enfrentar esta problemática. Actualmente utilizan algoritmos avanzados, sistemas de inteligencia artificial, análisis de comportamiento y herramientas automatizadas para personalizar publicidad, recomendar contenidos y segmentar mercados. Resulta razonable que parte de dichas capacidades también se destinen a la protección de las personas usuarias frente a actividades fraudulentas.

La presente iniciativa reconoce que ninguna plataforma puede eliminar completamente la existencia de perfiles falsos. No obstante, sí puede exigirse que implementen medidas razonables para disminuir riesgos evidentes, facilitar la denuncia de cuentas fraudulentas, fortalecer mecanismos voluntarios de autenticidad y adoptar medidas especiales de protección para grupos vulnerables.

La propuesta se sustenta en el principio de corresponsabilidad digital. Así como las instituciones financieras implementan procesos de autenticación para proteger operaciones bancarias y prevenir fraudes, las plataformas digitales deben asumir responsabilidades mínimas cuando sus servicios son utilizados de manera sistemática para la comisión de conductas que afectan la seguridad de las personas.

Es importante destacar que la reforma propuesta no crea facultades de censura gubernamental, no establece controles previos sobre publicaciones ni permite la eliminación arbitraria de contenidos. Por el contrario, incorpora expresamente el deber de respetar la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, dicha libertad no puede ser utilizada como argumento para justificar esquemas de fraude, robo de identidad o captación ilícita de menores de edad mediante perfiles ficticios. La protección de los derechos fundamentales exige encontrar mecanismos que permitan preservar simultáneamente la libertad y la seguridad de las personas.

En consecuencia, la presente iniciativa propone fortalecer la protección de las personas usuarias mediante la incorporación de obligaciones orientadas a la prevención de perfiles fraudulentos, la atención de denuncias por suplantación de identidad, la implementación de mecanismos voluntarios de autenticidad digital y la adopción de medidas reforzadas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Con esta reforma, México avanzaría hacia estándares regulatorios que ya se observan en democracias consolidadas como el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea, donde la discusión ya no gira en torno a si las plataformas tienen alguna responsabilidad frente a los riesgos digitales, sino sobre cuál es el alcance razonable de dicha responsabilidad para proteger a millones de personas usuarias.

Por ello, resulta necesario actualizar esta ley, para incorporar herramientas jurídicas que permitan fortalecer la identidad digital segura, proteger a las personas usuarias y promover entornos digitales más confiables, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de decreto por el que se adiciona el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

Decreto por el que se adiciona el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de identidad digital segura, protección de las personas usuarias y prevención de perfiles falsos utilizados para fraude, extorsión, robo de identidad y captación ilícita de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales

Único. Se adiciona el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 191 Bis. Las plataformas digitales, redes sociales y servicios de interacción en línea que operen en territorio nacional deberán implementar mecanismos razonables y técnicamente viables destinados a fortalecer la autenticidad de las cuentas de usuario y reducir la utilización de perfiles falsos empleados para la comisión de fraudes, robo de identidad, extorsión, acoso, captación ilícita de personas menores de edad u otras conductas que puedan afectar la seguridad de las personas usuarias.

Para tal efecto deberán:

I. Poner a disposición de las personas usuarias mecanismos voluntarios de verificación de identidad;

II. Establecer procedimientos ágiles para denunciar cuentas falsas o casos de suplantación de identidad;

III. Implementar herramientas de detección de perfiles fraudulentos o cuentas automatizadas utilizadas con fines ilícitos;

IV. Adoptar medidas reforzadas de protección para niñas, niños y adolescentes;

V. Contar con mecanismos de atención prioritaria para denuncias relacionadas con fraude, extorsión digital o robo de identidad.

Las medidas previstas en este artículo deberán implementarse respetando en todo momento la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitirá los lineamientos correspondientes para la aplicación del presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de agosto de 2026.

Diputado Juan Carlos Varela Domínguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Agosto 5 de 2026)

Que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para crear el reconocimiento nacional Guardianas y Guardianes de la Sabiduría, recibida de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario del Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

La que suscribe, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

México cuenta con 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por 7 millones 364 mil 645 personas de tres años y más, de las cuales 11.8 por ciento no habla español; muchas de estas lenguas y variantes enfrentan un riesgo creciente de desaparición.1

Detrás de cada lengua y cada saber tradicional –medicina herbolaria, partería, agricultura ancestral, artesanía, música y organización comunitaria– hay personas concretas que los poseen y transmiten. El envejecimiento de quienes conservan estos conocimientos, la migración de las juventudes y la falta de reconocimiento institucional aceleran su pérdida.

II. Marco jurídico existente: qué protege y qué no protege

México ya cuenta con un marco robusto en esta materia. Desde 2022 está en vigor la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que reconoce la propiedad colectiva de los pueblos sobre su patrimonio cultural, opera un registro nacional y un sistema de protección, y sanciona penal y administrativamente la apropiación indebida.2

No hay algún ordenamiento que cree un mecanismo de reconocimiento individual y honorífico de la persona que posee y transmite el saber como patrimonio, ni distinguiendo públicamente en vida, a quien dedicó su existencia a preservarlo y enseñarlo, esa es precisamente la brecha que esta iniciativa busca cerrar.

III. Un modelo que ya funciona en México, pero de forma discrecional y sólo estatal

El reconocimiento individual y honorífico a portadores de saberes tradicionales no es una idea nueva ni experimental: ya opera, con buenos resultados, en al menos cuatro entidades federativas. Puebla, Guanajuato, Baja California y Oaxaca cuentan con programas estatales de tesoros humanos vivos, que distinguen anualmente a personas mayores de 65 o 70 años que preservan y transmiten patrimonio cultural inmaterial, con apoyos económicos de entre 60 mil y 100 mil pesos financiados a través del Programa de Apoyos a la Cultura de la Secretaría de Cultura federal.3

El problema es que este reconocimiento depende de que cada gobierno estatal decida, año con año, emitir la convocatoria correspondiente: no es un derecho garantizado ni una política de Estado permanente, y puede desaparecer con cada cambio de administración local. Esta iniciativa propone llevar ese modelo, ya probado, a rango de ley general y de aplicación nacional permanente, sin crear un fondo nuevo, aprovechando el mecanismo presupuestal existente.

IV. Marco internacional

En 1993, a propuesta de la República de Corea, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO invitó a los Estados miembros a establecer sistemas nacionales de tesoros humanos vivos para identificar y reconocer oficialmente a los portadores de patrimonio cultural inmaterial.4

La convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, obliga a los Estados Parte a adoptar medidas de identificación, documentación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial (artículos 2.3, 12 y 13).5

V. Derecho comparado

Chile opera un sistema nacional de “tesoros humanos vivos”, a través de su Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con ceremonias oficiales de reconocimiento encabezadas por la Presidencia de la República.6 Francia distingue a sus artesanos de excelencia con el título de Maître d’Art desde 1994; Japón reconoce desde 1950 a los depositarios de bienes culturales inmateriales importantes, y la República de Corea cuenta con su propio sistema desde 1964.7

VI. Contenido de la reforma

Se propone adicionar un artículo 19 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que:

1. Cree el reconocimiento honorífico de “Guardiana o Guardián de la Sabiduría” para personas que posean, practiquen y transmitan saberes o técnicas tradicionales de alto valor para su comunidad;

2. Instruya a la Secretaría de Cultura a coordinar con las entidades federativas un proceso anual y permanente de reconocimiento público, aprovechando los mecanismos y recursos ya previstos en los programas existentes de apoyo a la cultura comunitaria;

3. Precise que este reconocimiento es de carácter honorífico y no sustituye ni afecta los derechos de propiedad colectiva ya reconocidos en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Al aprovechar el Programa de Apoyos a la Cultura ya existente y los programas estatales que ya operan modelos equivalentes, esta propuesta tiene un impacto presupuestal mínimo, pues no crea fondo, plaza ni estructura administrativa nueva.8

VII. Competencia del Congreso de la Unión

Con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de cultura, facultad en ejercicio de la cual se expidió la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Único. Se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. Se reconoce como guardiana o guardián de la sabiduría a la persona que, de manera individual, posea, practique y transmita saberes, técnicas o conocimientos tradicionales de alto valor para su comunidad, en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Cultura.

La Secretaría de Cultura, en coordinación con las entidades federativas, establecerá un proceso anual y permanente de reconocimiento público a las personas Guardianas de la Sabiduría, con cargo a los programas de apoyo a la cultura comunitaria y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial ya existentes.

El reconocimiento a que se refiere este artículo es de carácter honorífico y no sustituye ni afecta los derechos de propiedad colectiva reconocidos en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Cultura emitirá los lineamientos para el reconocimiento de guardianas y guardianes de la sabiduría dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (comunicado de prensa número 430/22). Inegi, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Pu eblosind22.pdf

2 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2022). Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (DOF, 17 de enero de 2022), https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPCPCIA.pdf

3 Gobierno de Puebla (2026). Gobierno estatal reconocerá a seis tesoros humanos vivos mediante convocatoria, https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/19082-gobierno-estata l-reconocera-a-seis- tesoros-humanos-vivos-mediante-convocatoria

4 UNESCO. Directrices para crear sistemas nacionales de “tesoros humanos vivos”. Sección del Patrimonio Inmaterial. Disponible en https://ich.unesco.org/doc/src/00031-ES.pdf (consultado el 24 de julio de 2026).

5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n

6 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile (sin fecha). Reconocimiento Tesoros Humanos Vivos. Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio, https://www.sigpa.cl/seccion/reconocimiento-tesoros- humanos-vivos

7 Wikipedia (sin fecha). Living Human Treasure, https://en.wikipedia.org/wiki/Living_Human_Treasure

8 Secretaría de Cultura (2025). Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal de 2025, https://www.cultura.gob.mx/reglas_operacion/RO_2025/Programa_de_Apoyos_ a_la_Cultura_2025_ROS268.pdf

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de agosto de 2026.

Diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía. Agosto 5 de 2026)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de regulación del suelo urbano y periurbano, recibida de la diputada Claudia García Hernández, del Grupo Parlamentario del Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

Quien suscribe, Claudia García Hernández, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 y adiciona el 89 Bis a la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el largo período que se extiende de 1911 a 1992 se entregaron a los campesinos mexicanos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del nuestro territorio. Gracias a las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30 mil ejidos y comunidades. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70 por ciento de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Entre 1980 y 2017 la población de México creció un promedio anual de 2.4 por ciento, mientras que la superficie de sus ciudades lo hizo a un ritmo de 5.4 cada año; es decir, 2.3 veces más rápido (ONU Hábitat, 2018).

Colonias, pueblos y ciudades surgieron de manera espontánea y sin ninguna planeación técnica o formal en la propiedad agraria, los ejidatarios y comuneros -bajo el amparo, pero también al margen de las legislaciones vigentes- se convirtieron en urbanizadores y promotores de la tenencia irregular dejando de lado el motivo social del reparto agrario y dando origen a solares rústicos, urbanos o periurbanos al margen de la normativa, los cuales en muchas ocasiones difieren y complican alcanzar las metas planteadas en los planes o programas de desarrollo urbano emprendidos por los gobiernos municipales.

A escala nacional, se estima el surgimiento anual de 90 mil lotes irregulares (Sedatu, 2020). Hoy no hay un inventario preciso de asentamientos irregulares. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que 27 por ciento de las viviendas urbanas en el país no cuenta con escrituras, lo que equivale a 6.3 millones de viviendas (Inegi, 2018). En el caso de la entidad federativa a la que represento y de acuerdo a un análisis del el Arq. David Alejandro Carrillo Muñoz, de la Universidad de Guadalajara, quien con base en la cartografía del Registro Agrario Nacional y la información geoestadística del Inegi, estima la existencia hoy día en el estado de Jalisco de aproximadamente 160 mil predios irregulares en suelo social distribuidos en más de 10 mil 200 manzanas que albergan a 510 mil 439 habitantes, así como 476 localidades rurales que albergan 148 mil 303 habitantes (Inegi,2020).

La suscrita, durante sus funciones como diputada local y siendo Presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso del Estado de Jalisco, junto con los integrantes del Órgano Técnico de la misma Comisión, convocamos a sesiones de trabajo para analizar y discutir la existencia de asentamientos humanos irregulares en suelo de propiedad social agraria en el estado de Jalisco abriendo así un debate del papel que pudiera desempeñar el legislativo en la búsqueda de soluciones que permitan regularizar y a la vez ordenar dichos asentamientos. De igual modo, promovimos diversos acuerdos legislativos que buscaban exhortar a los 125 Ayuntamientos del estado de Jalisco, para que actualicen su programas y planes municipales de desarrollo urbano y emprendieran acciones administrativas y legales para restringir y contrarrestar actos tendientes a la subdivisión, lotificación o enajenación de lotes que pretendan tener características urbanas, aun permaneciendo como parte del suelo ejidal así como a la Delegación Ja de la Procuraduría Agraria, para que emprenda jornadas de capacitación a los núcleos agrarios y visitadores agrarios del Estado, en relación con las restricciones normativas y las consecuencias administrativas y legales a las que pueden ser objeto al intentar lotificar las parcelas de la tierra que en su momento fue propiedad ejidal.

Ocupación irregular del suelo en México

Desde luego, la problemática de la irregular tenencia del suelo no es exclusiva de Jalisco. En otros estados de la república mexicana se reproduce con igual gravedad, reflejando una crisis estructural en la gestión del territorio. Tan es así que, según datos del Registro Agrario Nacional (2020), cerca del 40 por ciento de la superficie de solares urbanos y periurbanos que contienen asentamientos en el país se encuentra bajo régimen de propiedad social. Esta situación representa un enorme rezago en materia de regularización del suelo, ya que dichos asentamientos humanos, en su mayoría, únicamente cuentan con un título de posesión que avala su aprovechamiento urbano, sin que ello implique un cambio en el régimen de propiedad. A pesar de que muchas de estas zonas ya se encuentran integradas funcional y físicamente al tejido urbano consolidado.

La ocupación irregular ha sido fomentada por la expectativa de desregulación de la tierra ejidal que fue concretada con la neoliberal Ley Agraria de 1992, que generó y sigue generando una especulación sobre los usos y precios del mercado formal en las periferias urbanas, reduciendo así la oferta de suelo para los grupos de población de menor ingreso (Iracheta, 2015).

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en el periodo 1993-2019 se emitieron en el país 3 millones de títulos de propiedad de solar urbano en ejidos y comunidades certificadas para su aprovechamiento como zonas de urbanización y reservas de crecimiento. El 43 por ciento de los títulos de propiedad se ha concentrado en las entidades con mayor proporción de población urbana y periurbana del país. La falta de una oferta de suelo asequible ha motivado la ocupación informal de asentamientos humanos localizados en suelo ejidal en el que, a pesar de ser posesionarios, sus habitantes han carecido por años de la seguridad jurídica de la propiedad, excluyéndose así del acceso a los beneficios que ofrece la urbanización (Sedatu, 2020).

Pese a las acciones y estrategias de regularización por parte de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (actualmente, Instituto Nacional de Suelo Sustentable), desde 1974 a la fecha, los resultados de su incidencia en la conformación de las ciudades mexicanas no han sido los deseados. Al contrario, se envió un claro mensaje a los propietarios de tierra y a los demandantes de vivienda en el sentido de que la urbanización irregular es una manera rentable de operar, conformando un círculo vicioso que promueve la consolidación del mercado informal de suelo y reproduce el modelo de urbanización inversa.

El modelo de urbanización inversa refiere a que primero la población ocupa un predio carente de condiciones para uso urbano, luego se construye la vivienda, posteriormente se le dota de infraestructura y servicios, y al final se otorga la certeza jurídica sobre la propiedad. Dicho proceso tendría que ocurrir en el orden inverso, procurando que la población ocupe un asentamiento luego de que éste haya sido urbanizado conforme a lo establecido en la normatividad (Pírez, 2016).

Las condiciones de desigualdad que existen en México no han permitido que, a la fecha, se logren superar las innegables ventajas de lo informal sobre lo formal. Las lógicas de formalidad e informalidad se retroalimentan, de modo que los llamados productores del espacio construido interactúan y las ciudades crecen dentro de una coexistencia de reglas y prácticas formales e informales (Salazar, 2012).

Se observan por tanto contradicciones en esta coexistencia, ya que no todas las personas que poseen suelo son actores económicos que pretenden ser desarrolladores con el afán de competir en el mercado. La gran mayoría de quienes acceden al suelo en condiciones de irregularidad, lo hacen principalmente por necesidad, por falta de alternativas y lo consideran a lo largo de su ciclo de vida como un patrimonio familiar.

Costos del modelo de crecimiento urbano en México

En un contexto de debilidad de las políticas de planeación urbana y con la presencia de mercados de suelo mal regulados, se ha propiciado un acceso inequitativo al mercado de suelo formal y bien localizado, cuyo resultado ha sido el incremento en las condiciones de pobreza y segregación socio espacial en las ciudades mexicanas. Como consecuencia de este proceso de periurbanización expansiva y desigual, se han reproducido múltiples costos públicos y sociales con impactos negativos en la calidad de vida de sus habitantes.

Un estimado de aproximadamente 90 mil lotes irregulares surgen anualmente en el país (Sedatu, 2020) en donde el costo de la introducción y prestación de servicios son, en promedio, entre dos y tres veces mayores en comparación con zonas interurbanas. Adicionalmente, uno de los costos indirectos relacionados con la ocupación irregular del suelo es que dichas zonas no están integradas a los sistemas fiscales municipales, por lo que anualmente los municipios dejan de cobrar aproximadamente 11 mil millones de pesos de ingresos propios en zonas irregulares que no pagan impuesto predial (ONU Hábitat, 2018).

Por otro lado, el costo ambiental de la incorporación masiva de suelo urbano sobre zonas agrícolas o áreas naturales, ha debilitado la salud de los ecosistemas y reducido la biodiversidad. En el periodo de 1993 a 2011 se transformaron 5 millones de hectáreas de áreas naturales en terrenos agropecuarios y zonas urbanas y periurbanas lo que representó un cambio de 3.8 por ciento de la superficie total de espacios naturales en tan sólo 18 años. De mantenerse esta tendencia para 2030, se podrían perder entre 3 y 5 millones de hectáreas de bosques, matorrales, pastizales y selvas (ONU Hábitat, 2018).

Un costo más o consecuencia que no debe pasar desapercibida, es la inseguridad y violencia generada por las bajas condiciones de habitabilidad y accesibilidad, repercutiendo también en la sana convivencia y la cohesión social de las comunidades. La percepción de inseguridad ha motivado a la población a dejar de frecuentar algunos espacios y privarse de realizar ciertas actividades, lo que inhibe la manifestación de la vida social (Sedesol, 2007).

Las parcelas ejidales y comunales son indivisibles

Las tierras parceladas por disposición de Ley son indivisibles, es decir, el titular del derecho (el cual se acredita con certificado parcelario inscrito en el Registro Agrario Nacional) no puede realizar ninguna acción tendiente a la lotificación o fracción de su parcela, menos aún enajenar alguna de estas fracciones no obstante que se encuentre en áreas de reserva urbana de algún Plan o Programa de Desarrollo Urbano. Estas acciones se tipifican como delitos; por ejemplo el artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco establece una pena de hasta 13 años de prisión a quien promueva, transmita o enajene inmuebles ejidales o comunales sin contar con las autorizaciones correspondientes.

El artículo 389 Bis del Código Penal Federal define que comete delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad sobre cualquier terreno sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, estableciendo una pena hasta de 12 años de prisión.

Toda parcela para incorporarse a las reservas urbanas de algún centro de población, previamente debe renunciar a formar parte del ejido, y constituirse como propiedad privada, a este proceso, dentro de La Ley Agraria se le denomina obtención de dominio pleno. Una vez siendo propiedad privada podrá regirse por el derecho civil y acatar la normatividad aplicable en cada entidad federativa.

Como referencia importante a esta afirmación puede consultarse la circular 03/0217 emitida por el Registro Agrario Nacional, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual pese a no ser su objetivo realiza la siguiente aclaración:

Ni en el artículo 23 (relativo a la competencia de la asamblea) ni en ningún otro , se faculta a la asamblea para cambiar el destino de las tierras formalmente parceladas, lo que sí acontece con las tierras de uso común, según lo dispuesto en el artículo 23, fracción X.

Con base en lo anterior, la asamblea de ejidatarios sólo está facultada para cambiar el destino de las tierras de uso común a tierras parceladas o áreas de asentamientos humanos, por lo que no deberá admitirse ningún trámite por el que se solicite cambiar el destino de tierras parceladas.

Problemática por resolver a través de la presente iniciativa

Los asentamientos humanos irregulares ubicados en suelo de propiedad social, particularmente aquellos desarrollados sobre parcelas delimitadas, enfrentan múltiples limitantes para su debida integración al desarrollo urbano. Estas formas de urbanización se caracterizan por su localización dispersa y aislada, carentes de infraestructura básica, sin certeza jurídica para sus residentes, y frecuentemente ubicadas en zonas de riego o con restricciones por cuerpos de agua o cauces. Se trata de una situación que ha rebasado la capacidad de actuación de las autoridades municipales, las cuales, debido a presiones políticas y sociales, han evitado emprender procedimientos administrativos como clausuras, sanciones o demoliciones, y con mayor razón se han abstenido de denunciar esta clase de delitos cometidos por ejidatarios, comuneros o promotores de fraccionamientos ilegales.

Como consecuencia de esta permisividad institucional, los municipios se han visto forzados, a reconocer de facto dichos asentamientos, destinando recursos públicos a la instalación de obras de infraestructura básica como redes de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público. Se trata de obras que, constitucionalmente, no corresponden a la autoridad municipal ejecutar en estos contextos, sino más bien recibir de manera formal por parte del urbanizador, para posteriormente asumir su administración y mantenimiento. Esta situación genera presiones considerables sobre las finanzas públicas municipales, especialmente porque estos asentamientos, al no contar con regularización jurídica, no son sujetos de cobro efectivo del impuesto predial.

Hoy en día existen parcelas ocupadas por asentamientos irregulares en las que el titular del certificado parcelario ya falleció, y su sucesor no tiene ningún interés en obtener el dominio pleno de la misma por tener que responder por los trámites y gestiones administrativas para urbanizar. El delito no puede ser heredable, entonces: ¿Qué puede hacer la asamblea ejidal?; ¿A quiénes pueden recurrir los vecinos que demandan la certeza jurídica del suelo que habitan?; no existe ninguna ruta trazada ante ese supuesto, que cada vez se volverá más recurrente conforme dejemos pasar el tiempo. O en su defecto, si el titular siguiese vivo, ¿Quién debe denunciar el delito? En el caso de Jalisco su Código Penal del contempla que, en caso de que el afectado deba ser desalojado, la reparación del daño consistirá en el valor del inmueble conforme avalúo, pero el avecindado lo último que quiere es irse de donde ya invirtió y construyó un patrimonio. Por lo que tampoco en este supuesto hay un camino definido que permita regularizar y concluir el proceso de producción del hábitat.

Propuesta de solución

La presente Iniciativa propone una reforma a la Ley Agraria que facilite la realización de acciones de regularización integral del suelo urbano y periurbano. Esto implica no sólo alcanzar certeza jurídica sobre la tenencia del suelo mediante títulos o escrituras, sino también consolidar un proceso ordenado de incorporación al desarrollo urbano, con arreglo a los instrumentos de planeación, con obras de urbanización progresiva, gestión de reservas territoriales y creación de espacios públicos adecuados.

La iniciativa que proponemos plantea el fortalecimiento del papel del municipio como primer actor responsable de identificar y contrarrestar la ocupación y enajenación irregular de parcelas ejidales o comunales. La reforma que se propone faculta a los Ayuntamientos para emitir un dictamen técnico en el que se exponga la magnitud y condiciones de la ocupación de la parcela con fines habitacionales, turísticos o similares por parte de personas identificadas como posesionarios o avecindados. Esta ocupación podrá acreditarse mediante la presencia de elementos físicos como cercas, bardas, delimitaciones de predios y especialmente con construcciones permanentes. En la presente propuesta se establece como umbral mínimo el 40 por ciento de ocupación de la superficie total de la parcela, que deberá ser debidamente acreditado para que el Tribunal Agrario valore la evidencia, reconozca las irregularidades cometidas por el titular del certificado parcelario y valide la existencia material del asentamiento, su demanda de servicios, así como la inexistencia de actividades agropecuarias en dicha parcela.

Una vez corroboradas estas evidencias, el Tribunal Agrario podrá requerir al Registro Agrario Nacional la disolución de la parcela señalada, con lo cual ésta dejaría de formar parte del suelo social del núcleo agrario al que pertenecía, permitiendo así que el municipio inicie formalmente el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, conforme a las normativas locales. Citamos como ejemplo En el caso de Jalisco donde dicho proceso se llevaría a cabo conforme a la ley para la regularización y titulación de predios urbanos.

Como medida adicional, el Tribunal Agrario requerirá que la persona que ostentaba la titularidad del certificado parcelario al momento de la ocupación irregular –y que aún se encuentre con vida– elabore, a través de un profesional competente, el proyecto definitivo de urbanización correspondiente a la totalidad de la superficie de la parcela. Este proyecto deberá apegarse a las normativas urbanas locales y estatales, y tendrá como finalidad la regularización formal del asentamiento. En caso de que el titular del certificado haya fallecido, los vecinos posesionarios y avecindados podrán convenir con la autoridad municipal los términos y plazos para la elaboración y presentación del proyecto.

Finalmente, el municipio procederá a la regularización integral del asentamiento, otorgando certeza jurídica mediante convenios de colaboración con los residentes y con el comisariado ejidal o comunal. En dichos convenios se establecerán claramente las responsabilidades compartidas para la ejecución progresiva de las obras de urbanización. Los lotes que resulten del proyecto y que no se encuentren ocupados, se titularán a favor del núcleo agrario correspondiente, integrándose formalmente a su patrimonio.

Para mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley Agraria el texto del conjunto de reformas y adiciones que se proponemos en esta iniciativa:

Con base en los argumentos expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria

Único. Se reforma la fracción V y se adicionan la VI y VII del artículo 33, así como el artículo 89Bis, a la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado

I. a IV. ...

V. Comparecer ante el Tribunal Agrario y las autoridades municipales en relación con los procedimientos de regularización de asentamientos humanos en parcelas que fueron propiedad ejidal o comunal;

VI. Suscribir convenio con avecindados y autoridades municipales para la ejecución progresiva de obras de infraestructura en el área de asentamiento humano o urbanización de lotes propiedad del núcleo agrario previamente regularizados; y

VII. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 89Bis. Cuando se presuma o sospeche que de manera irregular la persona titular del derecho parcelario o las personas integrantes del comisariado hayan enajenado fracciones de una parcela y ello hubiera dado origen a un asentamiento irregular, las autoridades del gobierno municipal están facultadas para realizar un dictamen técnico que corrobore y confirme la existencia de dicho asentamiento haciéndolo del conocimiento de la delegación de la Procuraduría Agraria y Tribunal Agrario que corresponda.

El dictamen técnico y la notificación referidas en el párrafo anterior serán condición y uno de los requisitos para una ulterior regularización de la propiedad territorial siempre y cuando la parcela se encuentre en un área con uso de reserva urbana o turístico campestre de conformidad a los programas o planes de desarrollo urbano del municipio y la misma se encuentre con más del 40% de su superficie ocupada o lotificada por elementos físicos. A anterior condición deberá ser acreditada en el dictamen técnico.

El Tribunal Agrario habiendo corroborado las irregularidades cometidas por la persona titular del certificado parcelario o por las personas integrantes del comisariado ejidal o comunal solicitará al Registro Agrario Nacional disolver la parcela que dio origen al asentamiento irregular del régimen de propiedad social; este procedimiento se llevará a cabo únicamente con fines de regularización indistintamente si se trata de una parcela ejidal o comunal.

El proceso de regularización contenido en el presente artículo no exime de la comisión de delitos a las personas que ostentaban la titularidad original del certificado parcelario o a las personas integrantes del comisariado. No obstante la autoridad jurisdiccional podrá valorar en descargo de esos delitos el que las personas involucradas en la comisión de los mismos presenten ante el Tribunal Agrario un proyecto definitivo de urbanización que cumpla con la normatividad municipal correspondiente.

En caso de que la persona que ostentaba la titularidad original del certificado parcelario hubiera fallecido o se rehúse a presentar un proyecto definitivo de urbanización, los vecinos posesionarios y avecindados podrán convenir con la autoridad municipal los términos y plazos para la elaboración y presentación del proyecto.

Los lotes que se deriven del proyecto definitivo de urbanización y que no se encuentren ocupados serán titulados a favor del núcleo agrario, integrándose a su patrimonio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas contaran con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para actualizar sus respectivas leyes en materia.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Bibliografía

Inegi (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018, https://www.inegi.org INEGI (2020). Censo de Población y Vivienda de 2020, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

Iracheta, A. (2015). “Ciudad informal y precaria: la otra cara de la urbanización mexicana”, en Guillermo Olivera (coordinador), La urbanización social y privada del ejido. Ensayos sobre la dualidad del desarrollo urbano en México. UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/crim-unam/20170505054638/pdf_133 7.pdf

ONU Hábitat (2018). Vivienda y ODS en México. Ciudad de México. ONU Hábitat, http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf

Pírez, P. (2016). Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América Latina. Territorios. Universidad del Rosario, http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n34/n34a05.pdf

Salazar, C. E. (2012.). Irregular. Suelo y mercado en América Latina. El Colegio de México, https://libros.colmex.mx/tienda/irregular-suelo-y-mercado-en-america-la tina/

Sedatu (2020). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Política Nacional de Suelo, https://www.gob.mx/insus/documentos/politica-nacional-de-suelo

Sedesol (2007). Secretaria de Desarrollo Social. Documento diagnóstico de rescate de espacios públicos, http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnos tico/Diagnostico_PRE P.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de agosto de 2026.

Diputada Claudia García Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Agosto 5 de 2026)

Que adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

La que suscribe, diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tienes por objeto introducir la lactancia incluyente, entendida esta como aquella que se da en espacios accesibles, visibles, dignos y de manera pronta y oportuna. La lactancia materna es una alternativa, cuando la lactancia no es posible por indicación médica.

La lactancia al pecho es un derecho fundamental que protege la dignidad, la igualdad y la libertad de la madre y el niño, sin importar su origen, género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica. Es un acto que respeta y promueve los derechos humanos a la vida, la salud, la igualdad, la no discriminación, la dignidad, el interés superior del niño, la educación, la información, la privacidad, la autonomía y la alimentación adecuada.

La lactancia materna es un acto de amor y nutrición esencial para el ser humano en los primeros años de vida, y se encuentra protegida y vinculada con los ideales universales de la humanidad como son los derechos humanos.1

Durante los últimos años se ha evidenciado la contribución que tiene la lactancia materna en la salud de niñas, niños, mujeres, así como en el potencial impacto positivo en la sociedad, en la mejora en la calidad de vida, el capital humano y en la salud. México continua con tasas muy bajas de lactancia materna, esto debido a las barreras existentes que hacen se dificulte el llevar a cabo esta práctica tal y como la OMS la recomienda. México está lejos de la meta de la Asamblea Mundial de Nutrición para lograr el 50% de lactancia materna exclusiva para el año 2025.

Existe un número importante de barreras en los distintos ámbitos de acción, la falta de acciones y políticas contundentes desde hace décadas para proteger, apoyar y promover la lactancia materna, los cuales han tenido implicaciones importantes en la morbilidad y mortalidad de infantes y mujeres, y en costos económicos por atención en salud y muerte prematura y, en pérdidas en capital humano para nuestro país.2

Además, existen vacíos en el marco legal para que las acciones de apoyo a la lactancia en el ámbito laboral y la regulación de la comercialización de las fórmulas comerciales infantiles. Se requieren acciones que mejoren el trato a mujeres después del embarazo y periodo de lactancia para garantizar un trato digno y sin discriminación en centros de trabajo públicos y privados, se requiere que las mujeres decidan de manera informada respecto a brindar o no lactancia materna a sus hijos. Por todo lo anterior mencionado es que se torna necesario fortalecer e implementar estrategias y acciones que coadyuven a la promoción, apoyo y protección de la lactancia en nuestro país.

La lactancia materna es insustituible, es nutrición, es defensa, es amor y es desarrollo. Esta forma de entender a la lactancia con la finalidad de que las mujeres con discapacidad, indígenas y trabajadoras cuenten con condiciones dignas para ejercer su derecho a la lactancia.3

Solo 3 de cada 10 bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva en México, a pesar de que la evidencia científica demuestra que esta práctica es la intervención nutricional más costo-efectiva en salud pública.

La prevalencia de lactancia materna en México es del 34.2 por ciento para menores de 6 meses, muy por debajo de la meta del 70 por ciento establecida por la OMS para 2030. Las brechas son severas: la tasa cae al 14.3 por ciento en mujeres con empleo remunerado y al 20.5 por ciento en mujeres sin escolaridad. El costo económico anual de las prácticas subóptimas de lactancia supera los 200 mil millones de pesos. La alimentación complementaria enfrenta sus propios desafíos: introducción precoz, baja diversidad alimentaria y penetración creciente de ultraprocesados desde los primeros meses de vida.4

De acuerdo con UNICEF, la lactancia materna beneficia la salud física y emocional de niñas, niños y madres, independientemente del contexto económico y social en el que vivan. La lactancia en los primeros seis meses ayuda a disminuir la incidencia de asma, alergias, enfermedades respiratorias e infecciones del oído, gastrointestinales y urinarias. El inicio temprano de la lactancia (en la primera hora después del parto) reduce la mortalidad neonatal en un 22 por ciento. A largo plazo, la lactancia favorece el desarrollo cognitivo y previene el desarrollo de obesidad, diabetes, cáncer y colesterol alto. Además, está relacionada con ahorros económicos sustanciales para la familia, porque evita el gasto en fórmulas, biberones, consultas médicas y medicamentos.

La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM), implementada en 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México, muestra que dos de cada tres niños menores de seis meses a nivel nacional no reciben lactancia materna exclusiva, y que persisten retos importantes para hacer cumplir la normatividad vigente sobre lactancia en nuestras instituciones de salud.5

Esta organización mundial afirma que, en México, se estima que el costo asociado a la salud de la niña o el niño por una mala práctica de lactancia materna va de $745.6 millones a $2,416.5 millones anuales, y de estas cifras el costo de la fórmula infantil representa del 11 por ciento al 38 por ciento. Además, señala que el ingreso de la mujer a la actividad productiva ha crecido notablemente, mientras que en los años setenta la tasa de participación era de 16.4 por ciento, hoy esa cifra es de 43.2 por ciento.6

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. El Estado lo garantizará, además ese mismo marco constitucional, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. La leche materna cumple, con creces a cumplir con esta finalidad.

Por otra parte, el artículo 24.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño establece: “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. En particular, el inciso e) de esta Convención señala: e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos.8

La lactancia incluyente en Europa se refiere a la promoción y apoyo a la lactancia materna, así como a la protección de la lactancia, en un contexto que considera las diferencias culturales, sociales y económicas. Esto incluye la creación de políticas y programas que fomenten la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la complementación hasta los dos años o más. Además, se busca abordar las barreras que pueden afectar la duración y calidad de la lactancia, como el tiempo disponible para mantener el apoyo social y la conciliación laboral.9

La Alianza Europea de Consultoras en Lactancia (ELACTA) busca unir fuerzas para proteger y promover la lactancia materna en Europa, ofreciendo un espacio para el desarrollo de proyectos que incluyan actividades de probada eficacia.

La Liga de La Leche (LLLI) enfatiza la importancia de la unión madre-bebé y ha sido influyente en la formulación de políticas de la OMS / UNICEF sobre la lactancia.

Estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con la salud y el bienestar de los bebés y las madres en Europa, promoviendo prácticas de lactancia que son inclusivas y adaptadas a las necesidades de las familias.

Sin embargo, y a pesar de que nuestra legislación reconoce la lactancia materna esta no se ha considerado que sea una lactancia incluyente.

La lactancia deberá ser incluyente, darse en un lugar accesible, visible, digno, y de manera pronta y oportuna.

La lactancia está comprobada en cuanto su eficiencia para el niño y la madre sin embargo los lactarios deben de tomar en cuenta a las mujeres con discapacidad, a las mujeres integrantes de pueblos indígenas y afroamericanos, a las mujeres migrantes, etc. O sea, debe de incluir a todas. Con ello se asegura el derecho de niñas, niños y de todo aquel que lo necesita.

La accesibilidad es vital para que una mujer madre con discapacidad pueda amantar a su hijo en lugares sin barreras físicas, que no sea en lugares en los que el acceso sólo sea a pie.

El local en el que se amante no este oculto o en lugares escondidos, en donde sepan unos cuantos. El local tiene que estar próximo a todas las personas que necesitan ejercer la lactancia.

Oportuna, cuando lo requiere el infante y no a una hora determinada. La hora de los niños no es la hora de los adultos. Ellos nos darán pistas de los horarios en los que se deberá recibir la leche materna.

Para mayor comprensión de la adición que en este instrumento se propone, se anexa el siguiente comparativo:

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VII del 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VII del 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I a VI. ...

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

La lactancia deberá ser incluyente, darse en un lugar accesible, visible, digno, pronta, oportuna

VIII a XVIII....

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Notas

1 https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2024/apms243c.pdf

2 https://portal.insp.mx/lactancia

3 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/7/28/lactancia-materna-par a-todos-como-funciona-la-plataforma-digital-que-acompana-madres-las-24- horas-del-dia-858319.html

4 https://isnc.mx/lactancia-materna-en-mexico/

5 https://www.unicef.org/mexico/informes/pr%C3%A1cticas-de-lactancia-mate rna-en-m%C3%A9xico

6 https://www.unicef.org/mexico/informes/lactancia-en-el-lugar-de-trabajo

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

9 https://worldbreastfeedingweek.org/2026/wp-content/uploads/2026/07/Acti on-Folder_wbw2026_Spanish.pdf

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de agosto de 2026.

Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Agosto 5 de 2026)

Que reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la normatividad en materia de inteligencia artificial, recibida de la diputada Gabriela Jiménez Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de agosto de 2026

La que suscribe, diputada Gabriela Jiménez Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la normatividad en materia de inteligencia artificial al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La inteligencia artificial (en adelante IA) se ha convertido en una tecnología de propósito general que atraviesa la economía, la administración pública, la salud, la seguridad, la educación, la creación intelectual y la vida cotidiana de las personas.

La inteligencia artificial es una herramienta que facilita tareas en el hogar, en el trabajo y el acceso a productos y servicios. En términos sencillos, una explicación clara de la IA se encuentra en la definición del físico Stephen Hawking, quien la describió así:

“La inteligencia artificial es el mayor desafío de nuestra época. Es una tecnología con el potencial de mejorar nuestras vidas de muchas maneras, pero también podría utilizarse para causar daños. Debemos ser cuidadosos en la forma en que la desarrollamos y la usamos”.

De acuerdo con el estudio Inteligencia artificial y derecho de autor. Apuntes sobre la generación de contenidos , las primeras propuestas conceptuales de IA surgieron entre las décadas de 1940 y 1960, a partir de sistemas informáticos “autónomos”. Dicho estudio apunta que, en 1950, Alan Turing planteó la pregunta “¿Pueden pensar las máquinas?”, con la cual estableció un criterio operativo para valorar si un sistema podía comportarse de manera indistinguible de un ser humano. Posteriormente, en 1955, John McCarthy propuso organizar el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, basado en la idea de que todo aspecto del aprendizaje o de la inteligencia podía describirse con suficiente precisión para diseñar una máquina capaz de simularlo. Y, en la década de 1990 inició el proceso de masificación del internet, lo que ocasionó un crecimiento descomunal en la capacidad de compartir información a nivel global.

No obstante, una definición formal se encuentra en la Primera Reglamentación de IA, aprobada por el Parlamento Europeo en 2021, que establece que:

“Por sistema de IA se entiende un sistema basado en máquinas diseñado para operar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar adaptabilidad tras su implementación, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar resultados como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales” (artículo 3, del Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial). Sin embargo, a pesar de su importancia, México carece hoy de una facultad constitucional expresa que habilite al Congreso de la Unión para legislar de manera general en esta materia.

Desde 2023, las iniciativas para regular la inteligencia artificial se han acumulado sin prosperar. El servicio de investigación de la Cámara de Diputados ha planteado que la cuestión ya no es si México debe regular la inteligencia artificial, sino qué tipo de marco necesita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al revisar una norma estatal en la materia, ha advertido ella misma la ausencia de un marco federal. Las entidades federativas, entre ellas Sinaloa, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y San Luis Potosí, han actuado con responsabilidad para proteger a sus poblaciones, legislando sobre inteligencia artificial y contenidos sintéticos en ejercicio de sus atribuciones desde 2024.

La ausencia de una base federal común, sin embargo, ha producido regímenes heterogéneos cuya armonización exige la competencia que esta propuesta establece, en alianza con las legislaturas locales y no en sustitución de ellas. Sin una competencia federal, México se encamina hacia treinta y dos regímenes paralelos cuya coexistencia resta certeza a las personas y a los sectores productivos.

Un vacío en materia de propiedad intelectual que el Congreso ha comenzado a cerrar con la reforma del 14 de mayo de 2026 a la Ley Federal del Derecho de Autor introdujo la exigencia de consentimiento previo, expreso y por escrito para la clonación por inteligencia artificial de una interpretación o de una voz identificables, y la adición correlativa a la Ley Federal del Trabajo estableció deberes contractuales y de remuneración por el uso de la imagen y la voz mediante sistemas de inteligencia artificial.

La SCJN, en el Amparo Directo 6/2025, confirmó que la autoría, para efectos del derecho de autor mexicano, corresponde a las personas físicas. Entre tanto, las cuestiones que se multiplican con mayor velocidad, el uso de obras protegidas como datos de entrenamiento, la titularidad de las invenciones y productos generados con asistencia de inteligencia artificial, y la ejecución de los derechos de propiedad intelectual frente a la falsificación y la clonación escaladas por inteligencia artificial, carecen de respuesta en instrumento mexicano alguno. Esta reforma aporta el ancla constitucional que esas respuestas requieren y compromete a la ley general a entregarlas como capítulo integral y no como nuevos fragmentos.

II. Derecho comparado

Ninguna constitución en el mundo menciona actualmente a la inteligencia artificial. Chile constitucionalizó los “neuroderechos” en 2021 y Brasil elevó a rango constitucional la protección de datos personales y la competencia federal sobre la materia en 2022.

México podría ser el primer país en incorporar la inteligencia artificial a su Constitución, con lo que fija el estándar que otras naciones habrán de estudiar.

En América Latina, la mayoría de las propuestas regulatorias sobre IA en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y México se orientan a establecer un marco general.

Otros países, como Chile, cuentan con iniciativas para regular el contenido falso; Costa Rica, que cuenta con propuestas que se enfocan en contenido electoral; y Brasil, donde se propone atender cuestiones de educación.

En 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció a Chile con el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial , consolidándolo como líder regional junto con Brasil y Uruguay. Este índice es una herramienta clave para identificar avances, brechas y oportunidades de mejora en los ecosistemas de IA de la región, así como para enfrentar los principales desafíos de América Latina y el Caribe en materia de transformación digital.

El estudio aporta un dato que México debe atender con urgencia: Brasil y México concentran 68 por ciento de los investigadores activos en IA y, junto con Colombia, Chile y Argentina, generan 90 por ciento de las publicaciones en la materia.

El citado estudio destaca el liderazgo regional de Chile en el acceso a internet, tanto en hogares conectados como en servicios de internet seguros. Chile cuenta con 12 mil 300 servidores de internet seguros, más de seis veces el promedio regional, con estándares que resguardan los datos y la información mediante autenticación de usuarios, cifrado y protección frente a ataques cibernéticos.

Así se explica que 25 por ciento de la legislación chilena en esta materia se concentre en el contenido falso. En otras palabras, se trata de una regulación diseñada conforme a sus condiciones y necesidades, lo que ha fortalecido su liderazgo regional.

En México, en 2024, 28.8 millones de hogares contaban con acceso a internet, lo que equivale a 73.6 por ciento del total nacional. Los datos son reveladores: mientras el promedio regional de hogares con acceso a internet es de 63.82 por ciento, en Chile esta cifra supera el 90 por ciento .

Estos resultados evidencian que, pese a los avances significativos en términos de penetración del uso de internet en México, las condiciones de acceso y conectividad siguen siendo desiguales, particularmente en las zonas rurales, donde persisten mayores limitaciones asociadas a la cobertura de infraestructura, la asequibilidad de los servicios y las condiciones geográficas.

III. Políticas públicas implementadas por el Gobierno federal en 2025-2026

a) Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Actualmente, el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha situado a la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo nacional. Ello se refleja en la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (en adelante Agencia), así como en políticas orientadas a modernizar al Estado y acercarlo a la ciudadanía.

La Agencia, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 tiene como meta garantizar el acceso a internet para toda la población. En materia de IA, la Agencia es semillero de oportunidades laborales a nivel nacional e internacional para las y los profesionales del sector tecnológico, a través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial del Gobierno de México, que desarrolla un programa de capacitación en colaboración con empresas líderes en tecnología y con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información.

En los últimos años México ha experimentado un crecimiento en el número de incidentes de ciberseguridad, convirtiéndose en uno de los países más atacados en America Latina. Se han identificado tres amenazas: el cibercrimen organizado, las amenazas geopolíticas y las amenazas emergentes en la era de la IA.

En este sentido, la Agencia ha anunciado la elaboración de un proyecto de Ley General de Ciberseguridad para dotar al Estado mexicano de un marco jurídico moderno que regule la protección del ciberespacio nacional, la gestión de incidentes de seguridad cibernética, la protección de infraestructuras críticas y las responsabilidades institucionales en esta materia.

Cabe señalar que, junto con esta propuesta, las y los diputados aprobamos en el Presupuesto de Egresos de 2026, una asignación de 3 mil 800 millones de pesos para la Agencia, a fin de que este año brinde 500 servicios especializados a entidades del Gobierno federal para proteger los sistemas de información públicos y construir un entorno digital confiable, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos digitales y acceder a servicios públicos con la certeza de que su información está protegida.

En ese contexto, la IA representa grandes oportunidades económicas, pero también desafíos éticos, regulatorios y sociales que deben atenderse con responsabilidad.

b) Plan México

En México, la IA fue incorporada al Plan México (en adelante el Plan), estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable orientada a la prosperidad compartida. Dentro de sus 18 acciones, la número 15, se enfoca en “Mayor inversión para investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para el registro de patentes” , y prevé la creación de un laboratorio nacional de inteligencia artificial.

En este sentido, recientemente, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) presentaron la iniciativa denominada Impulsora de Innovación México Proyectos Ciudadanos, como un instrumento estratégico del Plan orientado a fortalecer la innovación tecnológica y la IA.

El programa invita a empresas mexicanas innovadoras con potencial de escalamiento a postularse para presentar proyectos. Para ello, Nafin y Bancomext destinarán hasta 800 millones de pesos, y la Secretaría de Economía aportará otros 800 millones.

Se recibieron 345 proyectos con una participación destacada de personas emprendedoras de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Querétaro.

Esto evidencia la disposición del Gobierno federal para impulsar la inversión y avanzar, al mismo tiempo, hacia una nueva regulación.

c) Foros para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes

Para abrir la discusión sobre la regulación del uso de dispositivos digitales, la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, impulsó el diálogo con comunidades escolares, madres, padres, tutores y familias mediante la realización de tres foros que se llevarán a cabo en los estados de Nuevo León, Chiapas y Guerrero. El objetivo es construir, a partir del debate nacional y el consenso, una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes , que sea presentada al Congreso de la Unión para proteger a las infancias y juventudes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, más de 70 por ciento de la población de 6 años o más usa internet, cifra que aumenta a 90 por ciento entre adolescentes. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que las personas jóvenes de entre 15 y 24 años conforman el grupo más conectado del planeta; por ello, el uso de tecnología, dispositivos digitales y redes sociales constituye un debate de alcance mundial.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, entre 2015 y 2024, la población mexicana de 6 años y más que utilizó internet aumentó 25.7 por ciento . De ese total, 86.9 por ciento correspondió al ámbito urbano y 68.5 por ciento al rural.

Este debate también se desarrolla en otros países. Recientemente, Francia fue el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años; por su parte, Australia reformó su legislación e implementó la primera prohibición para menores de 16 años en plataformas como Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch y X.

IV. La regulación de la inteligencia artificial en México

En México aún no existe una normatividad específica que regule la IA. No obstante, la protección de datos personales constituye un antecedente relevante dentro del marco previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , la cual tutela el tratamiento de datos personales sujetos al consentimiento de la persona titular, ya sea de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos u ópticos, mediante signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. Asimismo, obliga a las personas físicas o morales de carácter privado a informar, mediante el aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos dichos datos para alimentar sus plataformas.

Asimismo, las recientes reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (en adelante LFDA) establecen un esquema de protección para los derechos de autores, artistas intérpretes y ejecutantes, que contempla lo siguiente:

• Protección de la voz de las personas autores, artistas intérpretes, frente a resultados generados por sistemas de IA o cualquier otra tecnología. Su uso o publicación sólo podrá realizarse con su consentimiento expreso, el de sus representantes o el de las personas titulares de los derechos correspondientes;

• Prohibición de suplantar ejecuciones de autores y artistas intérpretes mediante sistemas de IA que generen clones de sus interpretaciones o simulen su voz de forma identificable, y

• Protección de los programas de IA, siempre que no causen efectos nocivos a otros programas o equipos ni vulneren derechos de terceros.

Estos marcos jurídicos contienen elementos iniciales para abordar temas vinculados con la IA.

V. Impacto económico de la inteligencia artificial en México

La IA ha tenido un impacto positivo en la economía mexicana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México ha aumentado su participación en insumos como equipo de cómputo y electrónicos, así como en sectores vinculados con tecnologías avanzadas en Estados Unidos de América (EUA). En particular, las exportaciones relacionadas con inteligencia artificial como proporción del producto interno bruto (PIB) pasaron de 1.5 por ciento en 2023 a 4.7 por ciento en 2025.

Asimismo, diversos estudios estiman que la IA podría aportar hasta 305 mil millones de dólares al PIB de México hacia 2038. La inversión extranjera directa en niveles récord y el auge del nearshoring requieren certeza regulatoria estable, que sólo un marco constitucional, permanente frente a los cambios de administración, puede ofrecer.

Los beneficios también se pueden analizar como una recuperación de pérdidas de escala nacional. México, como el décimo exportador mundial y principal socio comercial de EUA, absorbe pérdidas recurrentes y documentadas en prácticamente todos los sectores: robo al autotransporte de carga, piratería y falsificación, defraudación fiscal aduanera y de combustibles, robo de energía eléctrica, pérdidas de agua, degradación ambiental y mercado ilícito de medicamentos.

En su conjunto, estas pérdidas se estiman de manera conservadora entre 1.2 y 5.3 por ciento del PIB anual, según la fuente y el rubro considerados. Cada una de ellas es, en el fondo, un problema de monitoreo, verificación y trazabilidad, para el que la IA gobernada y auditable resulta particularmente idónea, siempre bajo autoridad humana. Las pérdidas por falsificación y por medicamentos ilícitos son, además, fallas de ejecución de la propiedad intelectual a escala nacional, que las unidades especializadas y el régimen de procedencia previstos en esta iniciativa atienden de manera directa.

Esto también se extiende al sector salud. México avanza hacia un sistema de salud pública universal y gratuito que implica una importante carga fiscal. La IA permite hacerlo sostenible mediante mecanismos automatizados: valoración y triaje inicial desde dispositivos móviles que orienten a cada persona al nivel de atención adecuado antes de su traslado, con cada valoración registrada, auditable y autorizada por personal médico; descongestión de hospitales y clínicas; trazabilidad de la cadena de suministro de medicamentos frente al mercado ilícito; y reducción de costos administrativos. En todos los casos, la IA prepara y el personal facultado decide, regla que el capítulo de salud de la ley general eleva a norma.

VI. La innovación digital en la Ciudad de México

En 2018 se expidió la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México , con el objetivo de establecer un modelo de gobierno digital y gobernanza tecnológica en la administración pública local, mediante la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (en adelante Agencia CDMX), órgano con autonomía técnica y de gestión adscrito a la Jefatura de Gobierno.

Como resultado de este marco normativo, se creó el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CDIT) Vallejo-i, uno de los proyectos más relevantes impulsados por la Agencia CDMX. El Centro inició actividades el 23 de septiembre de 2021 y cuenta con infraestructura científico-tecnológica orientada al desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

Por otra parte, en 2025, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital se ha consolidado como referente de gobierno digital moderno y centrado en la ciudadanía. Para ello, simplificó trámites esenciales, amplió el acceso a la información, hizo más eficiente la administración y el gasto público, y fortaleció la seguridad informática. Actualmente, más de 60 por ciento de los trámites gubernamentales está digitalizado, con más de 220 procesos disponibles en línea, lo que ha generado ahorros significativos de tiempo y recursos para el gobierno y la ciudadanía.

El Inegi señala que, en 2024, la Ciudad de México encabezó a las entidades con mayor porcentaje de hogares con internet, con 84.4 por ciento, seguida de Sonora, también con 84.4 por ciento, y Nuevo León, con 83.7 por ciento. Así, la Ciudad de México se proyecta como un espacio digitalmente incluyente, donde la tecnología contribuye al bienestar y al ejercicio de derechos, y no se concibe como un privilegio.

VII. Alineación con los Objetivos de la Agenda 2030

La presente iniciativa contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ya que, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley sobre el uso y la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, se avanza en las metas del Objetivo 9: “Industria, innovación e infraestructura”, al establecer un marco jurídico que fortalezca la capacidad tecnológica de los sectores industriales, impulse la innovación y garantice un entorno normativo propicio ; del Objetivo 3, “Salud y bienestar” , mediante el capítulo de aplicaciones en salud y la trazabilidad farmacéutica; y del Objetivo 8, “Trabajo decente y crecimiento económico” , mediante la protección de los ingresos de las personas creadoras e inventoras frente a la apropiación no autorizada de su obra y de su identidad.

VIII. Propuesta de modificación

La presente iniciativa propone reformar la fracción XVII del artículo 73 constitucional, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y la implementación de sistemas de IA.

La incorporación del término “sistema” se sustenta en los siguientes argumentos normativos:

• La primera reglamentación de inteligencia artificial, aprobada por el Parlamento Europeo en 2021, define la inteligencia artificial como un “sistema”, y

• La LFDA reconoce la inteligencia artificial como un sistema.

Dada la relevancia del tema, se propone que, una vez aprobada la reforma constitucional, el Congreso de la Unión convoque a las legislaturas locales para recabar sus opiniones y propuestas, con el fin de enriquecer el proyecto de ley.

El objeto es establecer un marco normativo integral que asegure que el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en México se realicen bajo principios de legalidad, transparencia, equidad, supervisión humana, precaución, sustentabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro comparativo las modificaciones.

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 73. ...

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, el uso y la implementación de los sistemas de inteligencia artificia l, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. a XXXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Para ello, solicitará previamente la opinión de las legislaturas de las entidades federativas.

Cuarto. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Referencias

- Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Naciones Unidas, Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (2025)

- Gobierno de la Ciudad de México, Primer Informe de Gobierno 2024-2025, (2025)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet. Ver. Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet (2026)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (2026)

- Ley Federal del Derecho de Autor (1996)

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (2025)

- Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México (2020)

- Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/

- Núñez Rocha, Hernan. Inteligencia Artificial y Derecho de Autor. Apuntes sobre la Generación de Contenidos. Universidad de Alcalá. España (2025). Ver https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/ view/20220/20484

- Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Ver https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2 025-2030-391771 (2025)

- Presidencia de la República, Plan México. Ver https://www.planmexico.gob.mx/

- Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se Establecen Normas Armonizadas sobre Inteligencia Artificial. Ver. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401689

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2025-2026 y Pre-Criterios de Política Económica 2027, (2025-2026).

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, Ver https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/P3f26115/PEF2026/y6k1r4r1/d ocs/55/r55_aae.pdf

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de agosto de 2026.

Diputada Gabriela Jiménez Godoy (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 5 de 2026)


Actas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la quinta reunión extraordinaria, efectuada el lunes 10 de agosto de 2026

Presidenta

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores

Secretario

Diputado José Luis Hernández Pérez

Quórum inicial: 14; quórum final: 20

Hora de inicio: 12:00 horas; hora de término: 13:30 horas

Orden del Día

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Conocimiento del acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que autoriza la ampliación de plazo para dictaminar los asuntos turnados.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de inclusión laboral con perspectiva de género.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos b) y d) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de atención médica domiciliaria.

7. Presentación a cargo del licenciado Édgar Olivares Agustín, subdirector jurídico del Inapam, sobre los “Principios de los Pendientes Legislativos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (20 minutos).

8. Conocimiento de los asuntos turnados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

9. Asuntos generales.

10. Clausura.

Con fecha 31 de julio de 2026, las diputadas y los diputados secretarios de la comisión solicitaron la celebración de una reunión extraordinaria, en virtud de que la reunión correspondiente al mes de junio fue suspendida y durante julio no se convocó a reunión de la Comisión, con el propósito de dar continuidad al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos legislativos pendientes.

La diputada presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) da la bienvenida a las diputadas y diputados asistentes a la quinta reunión extraordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXVI Legislatura, solicitó al diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM) fungir como secretario de la reunión, quien aceptó desempeñar dicha función, y dio cuenta del registro de asistencia.

Como primer punto del orden del día, se informó a la Presidencia un registro previo de 14 diputadas y diputados, de los cuales 12 se encuentran registrados mediante la aplicación remota y 2 de manera presencial, por lo que se declara la existencia de quórum legal y se abre la reunión.

Previo al desahogo del segundo punto, diversas diputadas y diputados manifiestan dificultades para escuchar con claridad debido a problemas técnicos con el sistema de audio. La diputada presidenta solicita el apoyo del área técnica y de sonido para realizar las verificaciones correspondientes, señalando que no se continuará con los trabajos hasta que las y los integrantes que participan de manera remota puedan escuchar adecuadamente.

Después de realizar diversas pruebas de audio y ajustes técnicos, las diputadas y diputados manifiestan que la transmisión se escucha con mayor claridad, por lo que se continúa con el desarrollo de la reunión.

Como segundo punto del orden del día, la diputada presidenta instruye al diputado secretario para dar lectura al Orden del Día y someterlo a consideración de la asamblea. El diputado secretario José Luis Hernández Pérez (PVEM) da lectura al orden del día consultó en votación económica si es de aprobarse. La Secretaría informa que existe mayoría por la afirmativa, por lo que se aprueba el Orden del Día.

La diputada presidenta da la bienvenida a las diputadas Norma Sirley Reyes Cabrera y Juana Acosta Trujillo, ambas del Grupo Parlamentario de Morena, quienes se incorporan a los trabajos de la Comisión.

Como tercer punto del orden del día, se hace del conocimiento de las y los integrantes que, mediante acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se autorizó la ampliación del plazo para dictaminar los asuntos turnados. Se informa que el cuadro correspondiente fue enviado en tiempo y forma a los correos institucionales de las diputadas y diputados integrantes y a sus asesores. En consecuencia, se tiene por comunicado el Acuerdo y se solicita actualizar los registros parlamentarios de la comisión.

Como cuarto punto, se procede a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de inclusión laboral con perspectiva de género.

Se informa que el documento fue enviado en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión, por lo que, por economía procesal, se solicita a la Secretaría consultar si se dispensa su lectura. La dispensa de la lectura es aprobada por mayoría y se pone a discusión el dictamen.

La diputada María Leonor Noyola Cervantes (PVEM) señala que el dictamen representa un paso importante para fortalecer las condiciones que permitan a las personas con discapacidad acceder a un empleo digno, desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos laborales. Destaca que la propuesta incorpora expresamente la perspectiva de género en las políticas de inclusión laboral, reconociendo las condiciones de doble discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad.

Asimismo, señala que la reforma establece que la Secretaría del Trabajo deberá diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas de inclusión laboral, atendiendo las competencias laborales de las personas con discapacidad y favoreciendo su capacitación, contratación, empleo digno y derechos laborales, tanto en el sector público como en el privado. Finalmente, manifiesta el respaldo del Partido Verde Ecologista de México al dictamen.

No habiendo más intervenciones, se solicitó a la Secretaría Técnica habilitar la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para recabar la votación de las diputadas y diputados que se encuentran a distancia. Se solicita que quienes realicen su voto mediante la aplicación no lo hagan también de viva voz, con el propósito de evitar duplicidad.

Se emitieron 17 votos a través de la aplicación remota de asistencia y votación y 3 votos de viva voz, dando un total de 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones .

Lista de votación a favor:

1. Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM)

2. Alejandro Calderón Díaz (Morena)

3. Catalina Díaz Vilchis (Morena)

4. Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

5. José Luis Hernández Pérez (PVEM)

6. Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano)

7. Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

8. Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

9. María Rosete (Morena)

10. María del Carmen Nava García (PVEM)

11. Mayra Dolores Palomar González (Morena)

12. Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

13. Norma Sirley Reyes Cabrera (Morena)

14. Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

15. Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

16. Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

17. Petra Romero Gómez (Morena)

18. Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

19. Tania Palacios Kuri (PAN)

20. Juana Acosta Trujillo (Morena)

En consecuencia, el dictamen es aprobado y se remite a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.

Como quinto punto, se procede a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se informa que el documento fue enviado en tiempo y forma a los correos institucionales, por lo que, por economía procesal, se solicita la dispensa de su lectura. La dispensa es aprobada por mayoría y se pone a discusión el dictamen.

La diputada María Rosete (Morena) señala que la responsabilidad encomendada a la Comisión constituye una de las tareas más nobles y exigentes del Congreso, al tratarse de generar condiciones de justicia e igualdad para quienes durante años han enfrentado situaciones de exclusión. Asimismo, hace un llamado a que los trabajos de la comisión se conduzcan con estricto apego a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento aplicable.

Destaca la importancia de dar continuidad a los asuntos pendientes durante el mes de agosto y reconoce el trabajo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera y de las y los integrantes de la subcomisión encargada de los trabajos relacionados con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, la diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) felicita los trabajos realizados por la subcomisión y solicita establecer un acercamiento con el Instituto Federal de la Defensoría Pública para analizar mecanismos de colaboración y canalización de casos relacionados con personas con discapacidad. Asimismo, invita a las y los integrantes de la Comisión al foro para visibilizar la atrofia muscular espinal, a celebrarse el 14 de agosto.

La diputada presidenta manifiesta su disposición para establecer los mecanismos de colaboración correspondientes.

No habiendo más intervenciones, se solicita a la Secretaría Técnica habilitar la aplicación remota de asistencia y votación. Se informa que se emitieron 17 votos mediante la aplicación remota y 3 votos de viva voz, dando un total de 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones .

Lista de votación a favor:

1. Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM)

2. Alejandro Calderón Díaz (Morena)

3. Catalina Díaz Vilchis (Morena)

4. Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

5. José Luis Hernández Pérez (PVEM)

6. Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano)

7. Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

8. Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

9. María Rosete (Morena)

10. María del Carmen Nava García (PVEM)

11. Mayra Dolores Palomar González (Morena)

12. Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

13. Norma Sirley Reyes Cabrera (Morena)

14. Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

15. Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

16. Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

17. Petra Romero Gómez (Morena)

18. Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

19. Tania Palacios Kuri (PAN)

20. Juana Acosta Trujillo (Morena)

En consecuencia, el dictamen es aprobado y se remite a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.

Antes de someter a votación el siguiente dictamen, la diputada presidenta concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), promovente de la iniciativa correspondiente, quien expresa su agradecimiento por el respaldo de las y los integrantes de la Comisión.

La diputada Elizabeth Martínez Álvarez destaca que la reforma representa un paso importante para garantizar a las personas adultas mayores una vida más digna, saludable, autónoma y acompañada. Señala que la iniciativa fortalece el acceso preferente a los servicios de salud, incorpora la atención médica domiciliaria cuando así sea determinada por personal de salud competente y promueve estrategias para conservar las capacidades funcionales y favorecer un envejecimiento saludable.

Asimismo, reconoce el trabajo de la diputada presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores y de las y los integrantes de la comisión, así como la colaboración de las dependencias del Ejecutivo Federal y del Senado de la República para la construcción del dictamen.

Como sexto punto, se procede a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos b) y d) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de atención médica domiciliaria.

Se informa que el documento fue enviado previamente a las y los integrantes de la Comisión, por lo que se solicita la dispensa de su lectura. La dispensa es aprobada por mayoría y se pone a discusión el dictamen.

La diputada María Leonor Noyola Cervantes (PVEM) señala que la reforma va más allá de la atención de una enfermedad, al incorporar el concepto de envejecimiento saludable y buscar conservar y fortalecer las capacidades funcionales de las personas adultas mayores, favoreciendo su autonomía, independencia y participación en la vida familiar y comunitaria. Destaca que la atención médica domiciliaria representa una atención más cercana, preventiva y humana, que puede contribuir a evitar complicaciones, mantener la calidad de vida y garantizar que las personas adultas mayores puedan permanecer en su entorno con dignidad.

No habiendo más intervenciones, se solicita a la Secretaría Técnica habilitar la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos. Se emitieron 17 votos mediante la aplicación remota de asistencia y votación y 3 votos de viva voz, dando un total de 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones .

Lista de votación a favor:

1. Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM)

2. Alejandro Calderón Díaz (Morena)

3. Catalina Díaz Vilchis (Morena)

4. Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

5. José Luis Hernández Pérez (PVEM)

6. Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano)

7. Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

8. Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

9. María Rosete (Morena)

10. María del Carmen Nava García (PVEM)

11. Mayra Dolores Palomar González (Morena)

12. Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

13. Norma Sirley Reyes Cabrera (Morena)

14. Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

15. Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

16. Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

17. Petra Romero Gómez (Morena)

18. Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

19. Tania Palacios Kuri (PAN)

20. Juana Acosta Trujillo (Morena)

En consecuencia, el dictamen es aprobado y se remite a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.

Como séptimo punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al licenciado Édgar Olivares Agustín, subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), quien realiza una presentación sobre los principios y pendientes legislativos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El licenciado Édgar Olivares Agustín agradece la invitación de la comisión y transmite un saludo del encargado de la Dirección General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval. Durante su exposición señala que el marco jurídico mexicano en materia de derechos de las personas adultas mayores debe continuar evolucionando para responder a las nuevas necesidades sociales y fortalecer la dignidad, igualdad, autonomía e independencia de este sector.

Destaca como retos legislativos el combate al edadismo, el reconocimiento del derecho al cuidado y la construcción de un sistema nacional y progresivo de cuidados. Asimismo, señala la importancia de fortalecer el acceso efectivo a la justicia, la orientación jurídica y los mecanismos institucionales de protección.

Expone que, a partir de un muestreo de 934 solicitudes de asesoría jurídica a nivel nacional, se identificaron como principales problemáticas la violencia familiar, abandono económico, conflictos de convivencia, restricción de visitas, divorcios, despojo e inseguridad patrimonial, sucesiones intestamentarias, arrendamientos, desalojos, agresiones, violencia psicológica, fraudes, falsificación de firmas y diversas barreras burocráticas e institucionales.

Asimismo, plantea cuatro ejes para fortalecer el marco jurídico: transitar de la sustitución de la voluntad hacia un modelo de autonomía con salvaguardas; fortalecer la tutela penal y procesal efectiva; avanzar en la simplificación administrativa y la identidad digital interoperable; y fortalecer la homologación convencional y coercitiva administrativa.

De igual manera, informa sobre diversos trabajos y logros institucionales del Inapam durante 2025 y lo que va de 2026, entre ellos convenios de colaboración con instituciones públicas, gobiernos estatales y municipales, acciones de capacitación, fortalecimiento de la Red de Formadores Gerontológicos, vinculación con el sector privado y social, así como actividades de promoción de derechos y participación ciudadana.

Finalmente, señala que la evolución del marco jurídico debe colocar a las personas adultas mayores en el centro de la actuación del Estado, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos a lo largo de la vida.

Concluida la presentación, la diputada presidenta agradece al licenciado Édgar Olivares Agustín su participación y consulta a las y los integrantes si desean formular alguna pregunta o comentario.

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) agradece la información proporcionada y manifiesta su interés en que el Inapam participe en el Parlamento de Adultos Mayores.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) agradece la información y solicita que se considere la instalación de una mesa del Inapam en la Cámara de Diputados, con la finalidad de informar sobre los beneficios que ofrece el Instituto y, en su caso, brindar el servicio de credencialización para las personas adultas mayores que acuden al recinto legislativo.

La diputada presidenta señala que el Inapam participará en el Parlamento de Adultos Mayores y agradece al licenciado Édgar Olivares Agustín su participación.

Asimismo, agradece al licenciado Luis Manuel Muñoz Cardoso, jefe del Departamento Técnico de la Unidad de Enlace Legislativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por el trabajo realizado en relación con las opiniones de las dependencias del Ejecutivo Federal.

Posteriormente, se da la bienvenida al licenciado José Ulises Menéndez, director técnico del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), quien expone los proyectos y trabajos que se desarrollan en materia de deporte paralímpico y formula diversas invitaciones a las y los integrantes de la Comisión.

El licenciado José Ulises Menéndez destaca la colaboración entre el Copame y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y señala diversos proyectos deportivos, entre ellos los primeros Juegos Panamericanos de la Discapacidad Intelectual, que se llevarán a cabo del 21 al 26 de noviembre de 2026, así como los Juegos Centroamericanos de Baloncesto en Silla de Ruedas, que tendrán como sede la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Asimismo, plantea la necesidad de impulsar la creación de un Centro Paralímpico Mexicano que permita contar con instalaciones propias para la preparación de atletas paralímpicos y reitera la disposición del Copame para continuar trabajando conjuntamente con la comisión.

El diputado Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano) agradece la participación del representante del Copame y manifiesta su respaldo a la propuesta de impulsar un presupuesto destinado al deporte paralímpico y a la creación de instalaciones dignas para la preparación de atletas con discapacidad.

La diputada presidenta agradece al licenciado José Ulises Menéndez su participación y reconoce al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, licenciado Carlos Peña Ortiz, por el apoyo brindado para la realización de los eventos deportivos programados.

Como octavo punto del orden del día, se da a conocer a las y los integrantes los asuntos turnados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mismos que fueron enviados previamente en tiempo y forma, vía electrónica, a los correos institucionales de las diputadas y diputados integrantes y a sus asesores. No habiendo intervenciones, se tienen por comunicados.

Como noveno punto, correspondiente a Asuntos Generales, el diputado Alejandro Calderón Díaz (Morena) señala la importancia de dar seguimiento a los asuntos pendientes de la Comisión y manifiesta su interés en que se celebre la reunión ordinaria correspondiente durante el mes de agosto.

La diputada presidenta señala que, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por la Comisión, la reunión ordinaria se encuentra prevista para el 26 de agosto de 2026, precisando que la reunión extraordinaria celebrada modificó la programación original. Asimismo, explica que los predictámenes remitidos requirieron diversas correcciones y adecuaciones de técnica legislativa, por lo que fue necesario realizar un trabajo adicional de revisión.

Señala que a la fecha ya se han recibido las opiniones correspondientes de las dependencias del Ejecutivo Federal, mismas que constituyen un insumo importante para fortalecer y complementar el análisis de los asuntos. Asimismo, solicita que en lo sucesivo los predictámenes sean elaborados conforme al formato institucional de la comisión, que se incorporen oportunamente las opiniones de las dependencias del Ejecutivo cuando corresponda y que los documentos sean remitidos con la anticipación suficiente para permitir su revisión técnica.

La diputada Petra Romero Gómez (Morena) manifiesta su respaldo a los trabajos de la Comisión y señala la importancia de que las iniciativas sean atendidas conforme a derecho y al Reglamento.

La diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena) señala que, como coordinadora de la subcomisión encargada de los predictámenes de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los trabajos realizados se han desarrollado con apego a la legalidad y al Reglamento. Asimismo, solicita continuar fortaleciendo la coordinación para obtener oportunamente las opiniones de las dependencias del Ejecutivo Federal, a fin de avanzar en las iniciativas pendientes.

La diputada presidenta reconoce el trabajo realizado por la subcomisión y señala que desde la Presidencia se ha solicitado oportunamente a las dependencias correspondientes el envío de las opiniones necesarias para continuar con los trabajos legislativos.

La diputada Mayra Dolores Palomar González (Morena) reconoce los trabajos realizados durante la reunión y señala la importancia de continuar avanzando en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como de mantener el apego a la técnica legislativa correspondiente.

La diputada presidenta destaca los trabajos de la subcomisión relacionada con la condición del espectro autista y señala que la legislación en la materia debe construirse de la mano de las personas autistas, sus familias, organizaciones, especialistas y de la propia comunidad. Asimismo, reconoce los mecanismos de participación realizados por la Comisión, entre ellos el Parlamento Abierto y las mesas de trabajo.

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) reconoce el trabajo de la diputada presidenta y de las personas que participaron en la elaboración de los Dictámenes aprobados durante la reunión. Asimismo, recuerda que al día siguiente iniciaría el Parlamento de Adultos Mayores e invita a las y los integrantes a participar.

La diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) reconoce el trabajo de la Presidencia y de las subcomisiones y realiza una invitación al foro que se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2026 en la Cámara de Diputados, relacionado con mujeres con discapacidad.

La diputada María del Carmen Nava García manifiesta su preocupación respecto del funcionamiento de la aplicación remota de asistencia y votación y solicita precisar el mecanismo que se utilizará para las próximas reuniones. Asimismo, reconoce el trabajo realizado por la Presidencia y por las subcomisiones encargadas de la elaboración de los Dictámenes aprobados.

La diputada presidenta señala que se verificará el funcionamiento del sistema APRAV y que se tomarán en consideración las circunstancias particulares de las y los integrantes que participan a distancia, incluyendo los problemas de conectividad.

El diputado Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano) plantea la conveniencia de que la Comisión formule un pronunciamiento respecto del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente para impulsar un incremento de los recursos destinados a las personas con discapacidad y fortalecer los programas de inclusión laboral, educativa y deportiva.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) reitera su solicitud de establecer un acercamiento con el Instituto Federal de la Defensoría Pública para canalizar casos relacionados con personas con discapacidad. Asimismo, solicita información sobre las subcomisiones de la Comisión y plantea la necesidad de considerar ajustes razonables para facilitar la participación y votación de las diputadas y diputados que lo requieran.

La diputada presidenta manifiesta su disposición para coordinar la invitación de representantes de la Defensoría Pública y señala que se hará llegar información sobre las subcomisiones a las y los integrantes que aún no participan en alguna de ellas.

La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) manifiesta su preocupación respecto de que sus votos pudieran no haber sido registrados debido a problemas de conectividad y solicita que, en futuras reuniones, se confirme expresamente a las y los integrantes que participan a distancia cuando sus votos hayan sido contabilizados.

La diputada presidenta confirma que los votos de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra fueron considerados en los tres dictámenes sometidos a votación.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) solicita nuevamente apoyo técnico para resolver las dificultades relacionadas con la aplicación APRAV y plantea la posibilidad de instalar una mesa del Inapam en la Cámara de Diputados para proporcionar información y, en su caso, servicios de credencialización para personas adultas mayores.

La diputada presidenta agradece las intervenciones y señala que se dará seguimiento a las solicitudes planteadas.

No habiendo más asuntos que tratar, la diputada presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) da por concluida la quinta reunión extraordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXVI Legislatura , solicitando a las y los integrantes realizar su registro de salida.

Lista de asistencia final:

1. Casandra Prisilla De Los Santos Flores (PVEM)

2. Alejandro Calderón Díaz (Morena)

3. Catalina Díaz Vilchis (Morena)

4. Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

5. José Luis Hernández Pérez (PVEM)

6. Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano)

7. Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

8. Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

9. María Rosete (Morena)

10. María del Carmen Nava García (PVEM)

11. Mayra Dolores Palomar González (Morena)

12. Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

13. Norma Sirley Reyes Cabrera (Morena)

14. Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

15. Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

16. Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

17. Petra Romero Gómez (Morena)

18. Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

19. Tania Palacios Kuri (PAN)

20. Juana Acosta Trujillo (Morena)

Asistencia justificada:

1. Beatriz Carranza Gómez (Morena)

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2026.

Aprobada por la diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores

Presidenta

De la Comisión de Gobernación y Población, relativa a la decimoquinta reunión de junta directiva, celebrada el martes 9 de junio de 2026

A las 11:40 horas de martes 9 de junio de 2026, en el salón E del edificio G, sito en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunieron las y los legisladores integrantes de la junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la LXVI Legislatura, en la modalidad semipresencial , con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 146, numerales 1 y 2; 155, 160, 167, 168 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con la convocatoria realizada y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 8 de junio de 2026, para el desahogo del siguiente

Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo concerniente a los asuntos cuya decisión se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Graciela Ortiz González, dio la bienvenida a las diputadas y los diputados que integran la junta directiva de la Comisión y solicitó a la Secretaría verificar el cómputo de asistencia, informando que se contó con la asistencia de 13 diputadas y diputados, confirmándose el quórum legal correspondiente.

Constatado el quórum, la presidenta declaró formalmente la validez de la sesión.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría de la Comisión puso a consideración de las y los integrantes de la junta directiva el orden del día, sin que existiera intervención de algún integrante. Aprobándose por unanimidad en sus términos.

3. Dispensa de la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior

Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría de la Comisión puso a consideración de las y los integrantes de la junta directiva, dispensar la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la lectura de la sesión anterior en un solo acto, sin que existiera intervención de algún integrante.

Procedió a abrirse la votación, aprobándose por unanimidad en sus términos.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de orden del día correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población

Sobre el orden del día previamente circulado, la presidenta puso a consideración de las y los integrantes de la junta directiva el retiro del proyecto contenido en el numeral 4.6, referente al dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en materia de máquinas tragamonedas, toda vez que esta Presidencia recibió el día de ayer opinión institucional de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, propuso a la asamblea el retiro del proyecto contenido en el numeral 4.7 del orden del día referente al dictamen, en sentido positivo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, toda vez que esta Presidencia recibió el 4 de junio de 2026 opinión institucional de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En ambos casos, las opiniones recibidas contienen algunas precisiones que consideramos relevante valorar, permitiendo el fortalecimiento del contenido de ambos dictámenes. De considerarlo pertinente para esta próxima reunión ordinaria, quedarían entonces a discusión seis proyectos de dictamen que resuelven 13 iniciativas turnadas a esta Comisión.

Adicionalmente les informó que hace unos minutos recibimos oficio del diputado Pedro Haces Barba, solicitando el retiro del dictamen correspondiente a su iniciativa para ampliar el estudio y hacer aportaciones que enriquezcan el proyecto.

Solicitó, con estas precisiones el retiro de dos dictámenes del orden del día previamente circulado, pidiendo a la Secretaría, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, diera lectura al orden del día propuesto para la decimotercera reunión ordinaria, se someta a discusión y consulte a las y los diputados si era de aprobarse el orden del día con estas dos modificaciones, en un solo acto.

Lectura del orden del día propuesto:

Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos:

4.1. Dictamen, en sentido positivo, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 22, 25 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de actualización.

4.2. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de la y el Optometrista.

4.3. Dictamen, en sentido positivo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la y el Jornalero Agrícola.

4.4. Dictamen por el que se desechan diversas iniciativas que declaran días nacionales, presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

4.5. Dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declara el 2026 como año de Jaime Sabines.

4.6. Dictamen, en sentido positivo, concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas.

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del tercer informe semestral de actividades de la Comisión de Gobernación y Población.

6. Asuntos generales.

6.1. Actualización del estado de los asuntos a cargo de la Comisión de Gobernación y Población.

7. Clausura.

Tras lo cual, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría puso a consideración de las y los integrantes de la junta directiva la aprobación de la propuesta del orden del día, no habiendo lista de oradores se procedió a su votación económica aprobándose por unanimidad en los términos presentados.

5. Acuerdo por el que se determinan los asuntos que se considera prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Continuando con el orden del día, la Presidencia sometió a consideración de la junta directiva de la Comisión, acuerdo LXVI/CGP/JD/04/2026, de los asuntos que se considera prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Acto seguido, la Secretaría consultó si alguna diputada o diputado deseaba registrar intervención sobre el acuerdo y no habiendo oradores registrados, la Secretaría, por instrucción de la presidenta, procedió a consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y se aprobaba en un solo acto el acuerdo previamente señalado. Aprobándose en sus términos por unanimidad.

El siguiente punto del orden del día correspondió a Asuntos generales , en el cual la Secretaría consultó a las y los integrantes de la Comisión sobre si había algún asunto general que se quisiera desahogar.

Acto seguido, agotada esta etapa y no habiendo oradores registrados, se prosiguió con la clausura.

6. Clausura

Tras haberse agotado los asuntos del orden del día, la presidenta declaró concluidos los trabajos de la Comisión a las 12:00 horas del mismo día de celebración, cerrando la sesión con un registro de 13 legisladoras y legisladores pertenecientes a este órgano legislativo.

Votación del acta

A favor

Diputados: Graciela Ortiz González, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Francisco Adrián Castillo Morales, Armando Corona Arvizu, Irma Juan Carlos, Jorge Alberto Mier Acolt, José Luis Sánchez González, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Eva María Vásquez Hernández, Joaquín Zebadúa Alva.

Ausentes

Diputados: Ana Érika Santana González, Miguel Ángel Sánchez Rivera.

De la Comisión de Gobernación y Población, referente a la decimotercera reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 9 de junio de 2026

A las 12:09 horas del martes 9 de junio de 2026, en el salón E del edificio G, sito en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunieron las y los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación y Población de la LXVI Legislatura, en la modalidad semipresencial, con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 146, numerales 1 y 2, 155, 160, 167, 168 y 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con la convocatoria realizada y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 8 de junio de 2026, para el desahogo del siguiente

Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos:

4.1. Dictamen, en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 22, 25 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de actualización.

4.2. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como el “Día Nacional de la y el Optometrista”.

4.3. Dictamen, en sentido positivo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la y el Jornalero Agrícola”.

4.4. Dictamen por el que se desechan diversas iniciativas que declaran días nacionales, presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

4.5. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 2026 como año de Jaime Sabines.

4.6. Dictamen, en sentido positivo, concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas).

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral de actividades de la Comisión de Gobernación y Población.

6. Asuntos generales.

6.1. Actualización del estado de los asuntos a cargo de la Comisión de Gobernación y Población.

7. Clausura.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

En uso de la palabra, la diputada Graciela Ortiz González, en su calidad de presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a las y los integrantes de la Comisión, quienes se reunieron de forma semipresencial y solicitó al diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, en su carácter de secretario de la Comisión, hacer del conocimiento de las y los asistentes el resultado del cómputo de asistencia a la reunión. En uso de la palabra, la Secretaría informó que existía quórum para iniciar la sesión con un registro de 30 legisladoras y legisladores presentes.

Constatado el quórum, la presidenta declaró formalmente la validez de la sesión.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

Acto seguido, la presidenta solicitó a la Secretaría dar lectura al orden del día, el cual presentó modificaciones al previamente distribuido conforme a lo acordado en la decimoquinta reunión de junta directiva, y se consultara a las y los diputados presentes si era de aprobarse, sin que existiera intervención de algún integrante, fue aprobado en los términos presentados por unanimidad.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la decimosegunda reunión ordinaria

La presidenta, diputada Graciela Ortiz González, solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea si era de dispensarse la lectura del acta referente a la decimosegunda reunión ordinaria de la Comisión, en virtud de que había sido previamente distribuida a las y los integrantes de la Comisión y, si era de aprobarse en un mismo acto.

Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría de la Comisión sometió a votación económica de las y los integrantes la dispensa de lectura del acta de la decimosegunda reunión ordinaria de la Comisión y su aprobación, sin que existiera intervención de algún integrante. Aprobándose con 25 votos a favor, en los términos planteados.

Se instruyó al secretario técnico se llevaran a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.1. Dictamen, en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 25 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de actualización

En lo referente al punto 4.1 la diputada Graciela Ortiz González comentó lo siguiente: el dictamen puesto a discusión propone armonizar la denominación de la Ciudad de México, en sustitución de Distrito Federal, así como la actualización de las sanciones en orden con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y creación de la unidad de medida y actualización.

La modificación propuesta responde a un ejercicio de técnica legislativa adecuado y constituye, además, una medida necesaria para dar cumplimiento al proceso de desindexación previsto en la Constitución.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado.

Agotada esta etapa y al no haber oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensa la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, se declaró aprobado por mayoría el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 25 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de actualización.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.2. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de la y el Optometrista

Continuando con el orden del día, la Presidencia presentó el dictamen correspondiente al numeral 4.2. con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de la y el Optometrista.

La presidenta, diputada Graciela Ortiz González, comentó que el proyecto coincide con las diversas iniciativas presentadas, reafirmando que la salud visual constituye una expresión específica del derecho humano a la salud. Asimismo, reconoce a las y los profesionales en optometría, quienes desempeñan una función estratégica como primer punto de contacto entre la población y los servicios de salud visual, tan importantes hoy en día.

Se coincide con los promoventes en que la formación profesional en optometría en nuestro país cuenta con una trayectoria histórica respaldada por instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio, por lo que en ese sentido, declarar un día nacional en conmemoración de quienes se dedican a esta profesión resulta congruente y permite visibilizar la preparación técnica y científica que exige esta disciplina, así como dignificar el ejercicio profesional de licenciadas y licenciados en optometría.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes de la Comisión si alguien deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado, registrándose las y los diputados Verónica Pérez Herrera y Theodoros Kalionchiz de la Fuente, en su calidad de promoventes, y la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Acto seguido, se cedió el uso de la voz a la diputada Verónica Pérez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), quien en síntesis comentó:

“Declarar el 5 de marzo como el Día Nacional de la y del Optometrista, representa mucho más que establecer una fecha conmemorativa, representa un reconocimiento institucional a una profesión que ha construido una importante trayectoria académica, científica y social en nuestro país y que hoy forma parte esencial de la atención primaria de la salud visual.

Quiero expresar mi agradecimiento muy especial al doctor Abraham, presidente del Consejo de Optometría en México, por su liderazgo, por su dedicación, por su compromiso con la profesión y por el enorme trabajo que ha realizado durante años para impulsar el reconocimiento de la optometría en nuestro país.

Su experiencia y sus aportaciones fueron fundamentales para la construcción de esta iniciativa y, pues, por eso el día de hoy estamos aquí y me da muchísimo gusto que estén, hoy, esta mañana presentes.

De igual manera, agradezco profundamente a la licenciada Norma Hernández, quien acompañó este esfuerzo desde el inicio y cuya dedicación, constancia y compromiso hicieron posible que esta propuesta pudiera avanzar hasta llegar a esta etapa.

Mi reconocimiento también para las universidades, colegios, consejos profesionales, estudiantes y especialistas que respaldaron esta causa. Este dictamen es resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas que creen en la importancia de fortalecer la salud visual y dignificar a quienes la hacen posible.

Celebro que hoy podamos construir este consenso, porque cuando reconocemos a quienes cuidan la salud de las y los mexicanos también enviamos un mensaje claro sobre el valor que tienen su trabajo, su preparación y su vocación de servicio”.

A continuación, se dio el uso de la voz al diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, quien en síntesis comentó:

“Definitivamente, mi postura como legislador es continuar apoyando a los profesionistas de la salud. Este momento es de apoyar a los licenciados en optometría en esta encomienda como especialista de la salud visual, lo cual vale mucho la pena resaltar, ya que en nuestro país la discapacidad visual ocupa el segundo lugar, por lo que realmente la labor de quienes cuidan de nuestros ojos, de nuestra salud visual, debe ser aplaudida y reconocida.

Felicito, asimismo, a las diputadas promoventes, Verónica Pérez y Cintia Cuevas, quienes han presentado también su propuesta para que juntos logremos la aprobación de un dictamen para que se declare el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Optometría”.

Acto seguido, la diputad Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, comentó: “Nuevamente, compañeras y compañeros. Felicitar a todas las personas, pues, que trabajan para nuestra salud visual; en este caso muy particular, a las y los optometristas. Felicitar a quienes promovieron esta iniciativa, en especial a una gran compañera y amiga, la diputada de Torreón, Cintia Cuevas Sánchez, una gran legisladora que hoy, pues trae la voz de las y los coahuilenses a esta Cámara de Diputados”.

A continuación, la Presidencia cedió el uso de la voz al ciudadano Christian Alfonso García Moreno, presidente nacional del Colegio de Optometristas, de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría (AMFECCO), quien acude como invitado a la sesión:

“AMFECCO es la asociación nacional que agrupa a todos los colegios y consejos de optometría en nuestro país. Es el organismo que, incluso, fue fundado por el doctor Abraham Bromberg, que está aquí presente, al cual reconocemos desde AMFECCO. Y, actualmente más de 15 universidades del país tienen esta carrera en todo México: desde Tijuana hasta Chiapas, lo que nos llena de orgullo por el trabajo de la profesionalización que ha tenido la optometría y la presencia en nuestro país.

Reconocer de manera oficial el trabajo que realizamos en la atención visual primaria representa un gran avance para el reconocimiento de nuestra carrera.

Acto seguido, se cede el uso de la voz al ciudadano Abraham Bromberg, quien acude en su calidad de invitado a la sesión y quien comenta, en síntesis:

“En realidad, lo que quiero es dar las gracias. Todos necesitamos alguna vez en nuestra vida de un licenciado en optometría. Y aquí, los que traemos anteojos y los que los tenemos guardados damos constancia de eso y de lo importante que es la visión para todos nosotros”.

Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención.

Por lo tanto, fue aprobado por mayoría el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como el Día Nacional de la y el Optometrista.

Se instruyó al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.3. Dictamen, en sentido positivo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la y el Jornalero Agrícola

Continuando con el orden del día, la Presidencia presentó el dictamen correspondiente al numeral 4.3. con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la y el Jornalero Agrícola, la presidenta, diputada Graciela Ortiz González, comentó que el proyecto que se pone a discusión resalta la labor de las y los jornaleros agrícolas para el sostenimiento de la seguridad alimentaria de México, pues su experiencia y conocimiento es fundamental para la obtención de los productos que alimentan a diario a millones de familias mexicanas.

De igual forma, su participación en la cosecha de productos destinados al mercado internacional hace de este sector una fuente de carácter estratégica de divisas para la economía nacional, gracias a esas exportaciones.

Este proyecto busca también visibilizar las condiciones laborales, sociales y económicas que las y los jornaleros agrícolas atraviesan para atender las necesidades alimentarias nacionales, buscando con ello impulsar condiciones dignas para su tan importante labor.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado, registrándose las y los diputados: Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, y la diputada Leticia Barrera Maldonado, en su calidad de promoventes; así como el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena; Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena; Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN; María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena y Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Acto seguido, se cedió el uso de la voz al diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, quien en síntesis comentó:

“Estamos presentando esta iniciativa con una profunda convicción, pero sobre todo con el corazón puesto en las mujeres y hombres que trabajan la tierra y hacen posible que los alimentos lleguen a nuestras mesas.

Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de jornaleros agrícolas que, con todo y familia, sumarían 8 millones de fuerza laboral, de los cuales, 330 mil son trabajadores agrícolas migrantes y generan un aproximado de 62 mil millones de dólares de divisas, 62 millones de dólares en divisas.

Bueno, entonces, esta parte de los trabajadores que conforman la fuerza nacional es muy sensible porque ellos están en la estructura básica de lo que es la economía de nuestro país. Ellos sostienen la parte más complicada y más difícil, porque son trabajos de mucho esfuerzo físico. Es una demanda que les exige a ellos casi la totalidad de su vida, porque ellos agotan su curva de vida por la demanda del trabajo que ellos le imprimen a su jornada laboral. Y sus jornadas laborales pues son extenuantes, dedicadas, pero al mismo tiempo tienen un gran temple y una gran fortaleza para emprenderla.

Por ello, el reconocer el 29 de noviembre como el Día del Jornalero y la Jornalera Agrícola es un día muy significativo para ellos. Para que se les reconozca el trabajo, como lo ha venido haciendo nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, emblemáticamente en San Quintín.

San Quintín, que ha representado una fuerza simbólica del movimiento para reconocer al trabajador agrícola y para reconocer el impacto en nuestra economía y, por supuesto, que también sostienen la economía, una buena parte de la economía de nuestro país vecino.

Entonces, reconocerlos a ellos y dar los primeros pasos el Gobierno federal hacia la mejora de sus condiciones, de su temporalidad en las tierras, la mejora y el ver sus temas de salud, temas de vivienda, como ya lo está iniciando el Gobierno federal, pues es para nosotros hoy muy importante, porque alineamos, desde el Congreso, desde el Legislativo, desde la casa del pueblo, una disposición de justicia histórica alineada con una política pública que está implementando el Gobierno federal.

Entonces, es una muestra de sensibilidad legislativa, por supuesto, y también de acompañamiento hacia los esfuerzos de política pública que se hacen para defender a nuestros trabajadores agrícolas. Y ellos, pues, qué les digo, pues son quienes, hoy, quien tenemos el privilegio de contar con los alimentos en la mesa, gran parte y el gran motivo de ello es el sostenimiento de todos estos trabajadores y sus familias.

Por eso, el reconocerles este día para abrir la ruta hacia unos mejores componentes de vida es esencial, porque ellos merecen, dentro de las posibilidades que pueda aportar el Estado mexicano, también tener una oportunidad de progreso y de superar con sus familias, con sus hijos y sus próximas generaciones, sus condiciones de calidad de vida.

Por eso, muchas gracias a esta Comisión por la disposición, por el tiempo y, sobre todo, por la celebración, para que podamos contar el 29 de noviembre como el Día del Jornalero Agrícola. Muchas gracias, diputada presidenta”.

Acto seguido, la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó, en síntesis:

“Aparte de ser legisladora por parte del Grupo Parlamentario del PRI, soy la presidenta de la Confederación Nacional Campesina. Hemos venido luchando a lo largo de la historia de la organización para reconocer los derechos de los campesinos y muy en particular de los jornaleros y jornaleras agrícolas de nuestro país.

Y muchos de ellos, que también nos debemos de sentir orgullosos, mucha de esa mano de obra, de esa producción primaria donde ellos participan, pues nos pone en otras partes del mundo en un alto estándar, gracias también al trabajo agrícola que se hace contando con la mano de obra de ellos. Entonces, mi reconocimiento y mi agradecimiento.

Desde el 2015, en el Congreso de Sonora, se presentó una iniciativa por la diputada Iris Sánchez Chiu, quien es nuestra representante de los jornaleros y jornaleras agrícolas de la confederación, quedando ya en las jornaleras y jornaleros agrícolas al igual que usted a todo el equipo y a todos los que integran la Comisión.

Porque les hacemos –si se vota a favor esta iniciativa– un reconocimiento muy sentido al trabajo que hacen los compañeros jornaleros, que no solamente se desplazan de un lugar a otro para buscar un sustento para sus familias, sino que también en ocasiones y en la gran mayoría de ellos pues las familias se trasladan con ellos a estos lugares de trabajo en donde vamos a seguir empujando para que su trabajo y su instancia en esos lugares sean en condiciones dignas, en condiciones que verdaderamente reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hacen los jornaleros agrícolas.

De verdad estoy muy emocionada, muy contenta, y yo les pediría a los integrantes de la Comisión que, más que un voto a favor del diputado promovente junto con su servidora, es un voto en reconocimiento de nuestros hermanos jornaleros que tanto trabajan para sus familias, pero también trabajan para alimentar a los mexicanos.

Y muchos de ellos que también nos debemos de sentir orgullosos, mucha de esa mano de obra, de esa producción primaria donde ellos participan, pues nos pone en otras partes del mundo en un alto estándar gracias también al trabajo agrícola que se hace contando con la mano de obra de ellos. Entonces, mi reconocimiento y mi agradecimiento y pedirles el voto a favor de esta iniciativa que es noble y que sin duda va a ser muy bien recibida por la comunidad de jornaleras y jornaleros de nuestro país. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a los integrantes de la Comisión”.

A continuación, solicitó el uso de la voz el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, quien señaló, en síntesis:

“Soy de Zacatecas y conozco perfectamente también a las jornaleras y jornaleros que año con año en distintas temporadas van a Zacatecas o van a distintos estados a trabajar en el campo para llevar alimento a las mesas de las mexicanas y de los mexicanos, pero también en materia de exportación de productos sobre todo a los Estados Unidos y que, como bien se decía en la propuesta, se trasladan junto con sus familiares a distintas entidades en condiciones no siempre sencillas, no siempre fáciles, pero que tiene un enorme mérito el trabajo que realizan, el compromiso que tienen con México, su esfuerzo, su dedicación, sus familias se dedican precisamente a una tarea fundamental para los mexicanos y para los ingresos o divisas provenientes también del ámbito de la exportación.

Así es que, felicidades, nos parece una propuesta sensible, justa, necesaria, que contribuye a dignificar a las y los jornaleros de México y a colocar sus derechos en la agenda pública nacional. Enhorabuena”.

Acto seguido, la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó el uso de la voz quien en síntesis comentó:

“Para felicitar a las y los jornaleros agrícolas quienes contribuyen muchísimo al desarrollo de nuestro país y son quienes, a pesar de las circunstancias adversas del clima, del tiempo, pues ahí están trabajando para que tengamos los sagrados alimentos en la mesa, son quienes soportan las lluvias, el sol, la helada, las sequías, etcétera, etcétera. Entonces, hay que felicitar a las jornaleras y jornaleros agrícolas, en primer lugar.

Asimismo, observa que el contenido del dictamen en el apartado de antecedentes. El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde, presentó, de acuerdo al texto de este dictamen, la iniciativa el 20 de noviembre de 2025, pero aparece en segundo lugar en este antecedente. Y la diputada Leticia Barrera, del PRI, presentó esta iniciativa el 19 de marzo de 2026, o sea, al año siguiente, pero aparece en el lugar número uno. Solicita se ordenen en los antecedentes conforme a la fecha de presentación y se verifique que siempre se haga de esta forma.

Acto seguido, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó el uso de la voz quien, en síntesis, comentó:

“Hay que celebrarlo, porque normalmente estas personas van viajando por todo el país con sus familias. Puede ser la cosecha, al día siguiente puede ser la pizca y al día siguiente puede ser la siembra.

Y sin jornaleros agrícolas, no tendríamos o no estaríamos encaminando hacia la soberanía alimentaria que tanto estamos buscando en estos tiempos de la transformación. Enhorabuena, felicidades”.

A continuación, solicitó el uso de la voz el diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN, quien señaló, en síntesis:

“Creo que la mayor preocupación, y es un exhorto a todos los diputados que integramos esta legislatura, debería ser al integrar el Presupuesto de Egresos y pensar en políticas públicas que verdaderamente ayuden a abatir los rezagos en los que ellos se encuentran, a pensar en programas que puedan resolver las necesidades que se tienen.

No basta con hoy reconocerles en un día en específico, creo que tenemos que ir más allá. Y esto no tiene que ver con colores, no tiene que ver con ideologías. Se trata de sentido común, se trata de tener sensibilidad ante la actividad que ellos realizan todos los días. Es cuánto”.

Acto seguido, la diputada María del Rosario Orozco Caballero, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó el uso de la voz quien comentó, en síntesis:

“En este sector, que son los jornaleros agrícolas, aunque al parecer los centramos siempre en la zona norte de nuestro país, a lo largo y a lo ancho de todo el país tenemos jornaleros y jornaleras que todos los días de madrugada y a la hora que haya que ser, con el sol y las inclemencias del tiempo que produce el campo y alimentarnos tanto a nosotros como poder mandar al extranjero nuestros productos.

Entonces, creo que, efectivamente, a lo largo del año hay que ir pensando y planteando ¿cómo solucionar un poco su trabajo?, ¿cómo solucionar un poco su economía?, porque generalmente son de los trabajadores más sacrificados, los que menos apoyo económico tienen, los que menos programas de salud reciben. La doctora Claudia Sheinbaum efectivamente ha estado haciendo un gran esfuerzo y volteando a verlos, pero creo que tenemos que continuar en esa línea y trabajar mejor”.

Acto seguido, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, solicitó el uso de la voz quien comentó, en síntesis:

“Hoy es un día importante para nuestras jornaleras y jornaleros agrícolas. A mí me gustaría destacar que ahora también se visibiliza la labor de la mujer en el campo. Hace algunos meses nosotros, en la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobamos una reforma en materia de seguridad social para jornaleras y jornaleros agrícolas. Esperemos que ya esté vigente.

Entonces, no se trata solamente de celebrar un día por celebrarlo, nada más como para reconocerlos, sino tenerlos presente cada año, saber que es un sector importante de la población, pero, más que eso, poder atender las necesidades apremiantes. Las mujeres y los hombres que se dedican al campo, es necesario que tengan algún tipo de seguridad, que cuando ellos pongan su producto a disposición del comercio o bien a precios de garantía, pues que se les den todos los derechos y todas las garantías para que ellos puedan tener un buen ingreso.

Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 29 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, fue aprobado por mayoría.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.4. Dictamen por el que se desechan diversas iniciativas que declaran días nacionales, presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios

Continuando con el orden del día, la Presidencia presentó el dictamen correspondiente al numeral 4.4. por el que se desechan diversas iniciativas que declaran días nacionales, presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios, la presidenta, diputada Graciela Ortiz González, comentó que el dictamen que se presenta atiende diversas iniciativas, que proponen declarar el 11 de septiembre de cada año como Día Nacional del Rock Mexicano y el 10 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Salud Mental en el Deporte.

Esta Comisión reconoce que las declaratorias de días nacionales tienen una función simbólica, pedagógica y de memoria pública, pues permiten visibilizar causas, acontecimientos históricos, expresiones culturales o sectores sociales relevantes para la vida nacional. No obstante, dicha función conmemorativa exige que el Congreso de la Unión observe criterios de racionalidad normativa y de pertinencia institucional, por lo que, tras valoración de éstas, se advirtió que dichas propuestas no resultan viables, por lo esbozado en este dictamen.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado, registrándose la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Acto seguido, la diputada Irma Juan Carlos solicitó el uso de la voz quien comentó, en síntesis: “Reconoce siempre la objetividad con la que se trabaja en la Comisión, y siempre me gusta también observar cuando algo creo que ha sido un error humano, posiblemente, y que se puede corregir. Entonces, en ese sentido es que han sido mis intervenciones, incluida esta que hoy estoy solicitando en este momento.

En primer lugar, se reconocen las argumentaciones en los considerandos para desechar estas iniciativas. Solamente observar la iniciativa de la diputada Rosa María Hernández Espejo. Ahí dice Rosa Hemández Espejo, pero su nombre completo es Rosa María Hernández Espejo, hoy presidenta municipal del puerto de Veracruz. Ella solicitó licencia el 31de marzo de 2025, pero la iniciativa dice que fue presentada el 1o. de abril de 2025. Vamos a suponer que ambas fechas pueden revisarse y ambas son antes del día 29 de mayo, que fue la séptima reunión ordinaria de esta Comisión.

Solamente observar eso, no concuerdan las fechas, en todo caso, si la iniciativa se hubiera inscrito el 1 de abril de 2025, se hubiera dictaminado de manera conjunta, en particular en la sesión del día 29 de mayo de 2025.

La presidenta, diputada Graciela Ortiz González, pidió a la Secretaría Técnica revise y analice el planteamiento hecho por la diputada Juan Carlos y se atiendan sus observaciones.

Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 27 votos a favor, 0 votos en contra y 1 en abstención. Por lo tanto, aprobado por mayoría.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.5. Dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declara el año 2026 como el año de Jaime Sabines

La presidenta, diputada Graciela Ortiz González, comentó que si bien la iniciativa sometida a estudio parte de una motivación cultural profundamente legítima y de indudable valor para la vida pública del país, el proyecto a su consideración señala que el honorable Congreso de la Unión ya declaró oficialmente al presente año como “2026, año de Margarita Maza Parada”, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025, por lo que no resulta atendible la propuesta planteada.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado.

Agotada esta etapa y al no haber oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, ha sido aprobado por mayoría el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declara el año 2026 como el año de Jaime Sabines.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.6. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas

Continuando con el orden del día, la Presidencia presentó el dictamen correspondiente al numeral 4.6 con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas.

El dictamen coincide con el iniciante sobre la importancia de establecer la atribución de la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con las entidades federativas, puedan responder a la continuidad del servicio educativo.

La falta del profesorado, con independencia del motivo que lo justifique, pone en riesgo el aprendizaje de las y los estudiantes. Esta problemática se agrava cuando nos referimos a los niveles básicos, pues las infancias se encuentran en una edad clave para adquirir los conocimientos necesarios para su formación y crecimiento.

El Estado tiene la obligación de garantizar la educación en forma tal que toda persona pueda acceder a este derecho esencial para la construcción de un futuro prominente para nuestra nación, superando las desigualdades y garantizando siempre un desarrollo sostenido.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado, registrándose el diputado Gerardo Olivares Mejía, en su calidad de iniciante y el diputado José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A continuación, se cedió el uso de la voz al diputado Gerardo Olivares Mejía, quien señaló en síntesis:

“Quiero compartirles que esta reforma tiene una gran importancia allá en las escuelas de educación básica donde la ausencia de una maestra o un maestro se traduce en verdaderas dificultades para los estudiantes y para el personal docente.

Porque uno de los problemas más presentes del sistema educativo nacional es la falta de maestras y maestros en escuelas públicas de educación básica, situación agravada por la demora en la realización de los nombramientos por parte de las autoridades correspondientes.

Esas vacantes pueden ser originadas por diversos factores, como el cambio de adscripción de un maestro o maestra, el deceso de alguien, la jubilación o la renuncia, comisiones o becas de estudio, lo que genera un vacío en las escuelas, causando que los educandos se queden sin clases al no tener a la maestra o maestro sustituto.

Yo soy maestro de vocación en escuelas secundarias, tengo 26 años como director. En los últimos años las vacantes del personal docente suelen prolongarse durante mucho tiempo. Esto obliga a buscar soluciones que no son las apropiadas, como habilitar a personas que trabajan en la misma escuela, que no son docentes y no tienen el perfil para atender al grupo sin profesorado.

Esta situación afecta el desarrollo de los alumnos, porque al no tener maestros o ser atendidos por personas que no tienen la formación y las herramientas apropiadas, los ponen una clara desventaja en el aprovechamiento educativo y precisamente este es el principal motivo de la iniciativa que propusimos, proteger el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de excelencia.

Desde luego, esta reforma también beneficia al personal docente, cuando una ausencia de profesores se prolonga mucho tiempo, provoca sobrecargas de trabajo en las escuelas.

La propuesta de la iniciativa es establecer en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que las autoridades educativas asignen a los profesores sustitutos en las escuelas públicas de educación básica en un plazo breve, que los alumnos no pasen semanas o meses o hasta años sin maestro.

El dictamen hace modificaciones pertinentes, de tal forma que se retoma nuestra propuesta y se afina para establecer que las autoridades educativas deberán diseñar, promover y coordinar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en las escuelas públicas de educación básica, mediante la atención oportuna y prioritaria de las ausencias o vacantes del profesorado.

En conclusión, con esta reforma se aportan elementos normativos para hacer más efectivo el derecho a la educación de excelencia pública, laica, inclusiva y emancipadora para las niñas, niños y jóvenes, sobre todo a los que viven en condiciones de desigualdad y desventaja social. Nuevamente, gracias por su apoyo al dictamen y muchísimas gracias a todos, diputados y diputadas”.

Acto seguido, se cedió el uso de la voz al diputado José Luis Sánchez González, quien comentó en síntesis lo siguiente:

“Quisiera empezar diciendo que esta iniciativa es bondadosa, es justa y generosa y responde a una necesidad imperiosa que se presenta en el ámbito educativo y sobre todo quiero destacar, si usted me lo permite, la trayectoria, las cualidades y los atributos de excelencia de mi compañero Gerardo Olivares, quien es maestro de una zona recóndita del estado de Guerrero, cuya escuela se encuentra en uno de los municipios más marginados y pobres de esta entidad, que lleva el nombre, por cierto, de un gran luchador social como es Othón Salazar.

El compañero antes mencionado es integrante también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se ha distinguido siempre por su amor por la educación y por la niñez. Es obviamente impulsor y partidario de la educación pública y se refleja su preocupación y su interés en el mejoramiento del sistema educativo nacional con esta propuesta elevada, noble, generosa, que busca evitar la interrupción del ciclo educativo y garantizar la permanencia o la presencia segura de mentores al frente de los grupos educativos, para que no se presenten vacíos lamentables que resultan onerosos en virtud de que en México no estamos en condiciones de dilapidar el tiempo porque tenemos deficiencias aun cuando hemos mejorado y tenemos una educación que no es mala, pero que aspiramos a que sea excelente.

Por eso creo que esta iniciativa y el dictamen debe de ser aprobado de manera solidaria. Mi reconocimiento, mi respeto y mi aplauso para mi gran compañero Gerardo Olivares, un gran apóstol de la educación en México”.

Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, fue aprobado por mayoría el dictamen, en sentido positivo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral de actividades de la Comisión de Gobernación y Población

La presidenta, diputada Graciela Ortiz González, comentó sobre este punto que, durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 137 turnos entre iniciativas, minutas y proposiciones. En conjunto con las proposiciones con punto de acuerdo, a la fecha se informa se han atendido, retirado o concluido 51 por ciento de los asuntos turnados.

Quince asuntos de la Comisión han sido aprobados en el pleno de la Cámara, cuatro de los cuales hoy son ley, incluyendo la modernización de la administración pública federal, y once asuntos se encuentran pendientes en el Senado, mismos que estamos monitoreando, esperando se conviertan en realidad por nuestras compañeras y compañeros Senadores de la República.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría, consultar a las y los integrantes de la Comisión, si alguno deseaba registrar alguna intervención en relación con el tercer informe de labores de la Comisión de Gobernación.

A continuación, solicitaron el uso de la voz el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, el diputado Joaquín Zebadúa Alva y el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, quienes reconocieron el trabajo de la Comisión, su eficiencia y profesionalismo. Siendo esta una de las más productivas de la Legislatura.

La presidenta agradeció a todas y todas sus expresiones, reconociendo el trabajo de quienes integran la junta directiva, y a todos los integrantes de la Comisión. La voluntad política, la disposición y el compromiso con México de todas y todos ustedes nos ha permitido avanzar.

Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación nominal, si se dispensaba la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el tercer informe de labores de la Comisión de Gobernación.

Tras lo cual, previa verificación del quórum legal, la Secretaría informó a la Presidencia que se emitieron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, fue aprobado por mayoría el tercer informe de labores de la Comisión de Gobernación.

Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

6. Asuntos generales

El siguiente punto del orden del día correspondió a Asuntos generales, en el cual la presidenta, diputada Graciela Ortiz, comentó que fue distribuido por correo electrónico el listado con el estatus de los asuntos que han sido turnados a la Comisión.

7. Clausura

Tras haberse agotado los asuntos del orden del día, la presidenta declaró concluidos los trabajos de la Comisión a las 13:40 horas del mismo día de celebración, cerrando la sesión con un registro de 30 legisladoras y legisladores. Firmando la presente las legisladoras y legisladores pertenecientes a este órgano legislativo.

Votación del acta

A favor

Diputados: Graciela Ortiz González, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Francisco Adrián Castillo Morales, Armando Corona Arvizu, Irma Juan Carlos, Jorge Alberto Mier Acolt, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Ana Érika Santana González, Eva María Vásquez Hernández, Joaquín Zebadúa Alva, Alejandro Avilés Álvarez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Rosa María Castro Salinas, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Arturo Madrazo Silva, María del Rosario Orozco Caballero, Sandra Patricia Palacios Medina, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Fernando Torres Graciano.

Ausentes

Diputados: Adrián González Naveda, Asael Hernández Cerón, David Alejandro Cortés Mendoza, Javier Taja Ramírez, José Luis Sánchez González, Manuel Vázquez Arellano, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mary Carmen Bernal Martínez.


Convocatorias

De la Comisión de Seguridad Ciudadana

A la duodécima reunión de junta directiva, que tendrá lugar de manera semipresencial el martes 18 de agosto, a las 17:00 horas, en el patio norte.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la junta directiva.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la reunión ordinaria, con los siguientes asuntos:

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

IV. Asuntos generales.

V. Clausura.

4. Acuerdo número 006/2026 de la junta directiva por el que determinan los asuntos que se considera conveniente prorrogar, en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Jessica Saiden Quiroz

Presidenta

De la Comisión de Seguridad Ciudadana

A la novena reunión plenaria, que se llevará a cabo de manera semipresencial el martes 18 de agosto, a las 17:30 horas, en el patio norte.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la reunión anterior.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Jessica Saiden Quiroz

Presidenta

De la Comisión de Seguridad Social

A la decimonovena reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 19 de agosto, a las 11:00 horas, en el vestíbulo principal de la Biblioteca Legislativa, situado en el edificio C, segundo piso, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimoctava reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 304-A de la Ley del Seguro Social.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Social, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 46 de la Ley del Seguro Social.

6. Asuntos generales.

7. Clausura de la reunión.

Atentamente

Diputado Arturo Olivares Cerda

Presidente

De la Comisión de Defensa Nacional

A la decimoquinta reunión de junta directiva, que tendrá lugar el martes 25 de agosto, a las 10:30 horas, el salón de protocolo del edificio A, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo 05/2026 de la junta directiva de la Comisión de Defensa Nacional por el que determinan los asuntos que se considera conveniente prorrogar, en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la vigésima primera reunión ordinaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Luis Arturo Oliver Cen

Presidente

De la Comisión de Defensa Nacional

A la vigésima primera reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 25 de agosto, a las 11:00 horas, el salón de protocolo del edificio A, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima reunión ordinaria, celebrada el 16 de julio de 2026.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, en sentido positivo con modificaciones, a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, presentadas por los diputados Laura Iraís Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Mario Alberto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Luis Arturo Oliver Cen

Presidente

De la Comisión de Asuntos Frontera Sur

A la decimonovena reunión de junta directiva, que en modalidad semipresencial tendrá verificativo el jueves 27 de agosto, a las 10:00 horas, en la oficina de la convocante, sita en el primer piso del edificio F.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del acta correspondiente a la decimoctava reunión de junta directiva.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita para la siguiente reunión.

Atentamente

Diputada Tey Mollinedo Cano

Presidenta

De la Comisión de Asuntos Frontera Sur

A la decimonovena reunión ordinaria, que se llevará a cabo –en modalidad semipresencial– el jueves 27 de agosto, a las 10:30 horas, en las oficinas del órgano convocante, ubicadas en el primer piso del edificio F.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta referente a la decimoctava reunión ordinaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Tey Mollinedo Cano

Presidenta

De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

A la duodécima reunión de junta directiva, que se realizará el martes 8 de septiembre, a las 9:30 horas, en el salón E del edificio G, en modalidad presencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Presentación, comentarios u opiniones al proyecto de acta de la séptima reunión ordinaria de esta comisión.

4. Presentación, comentarios u opiniones al programa anual de trabajo 2026-2027 del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

5. Presentación, comentarios u opiniones al segundo informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

6. Presentación, comentarios u opiniones al proyecto de opinión de la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de Fondos de Aportaciones Federales”, a cargo de la diputada Carmen Rocío González Alonso, así como diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente

Diputada Carmen Rocío González Alonso

Presidenta

De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

A la octava reunión ordinaria, que se realizará el martes 8 de septiembre, a las 10:00 horas, en el salón E del edificio G, en modalidad presencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo 2026-2027 del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de opinión de la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de Fondos de Aportaciones Federales”, a cargo de la diputada Carmen Rocío González Alonso, así como diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente

Diputada Carmen Rocío González Alonso

Presidenta


Invitaciones

De la Comisión de Radio y Televisión

Al foro Dialogo legislativo “Libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias, que se realizará el lunes 17 de agosto, a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Programa

9:30 a 10:00. Registro de participantes y asistentes

10:00 a 10:10. Inicio del foro y palabras de bienvenida, a cargo del diputado presidente de la comisión, Miguel Ángel Monraz Ibarra

10:10 a 10:30. Mensaje de las y los diputados.

– Participación de un diputado por cada grupo parlamentario

10:30 a 11:30. Mesa 1

– Ponentes por confirmar

11:30 a 12:30. Mesa 2

– Ponentes por confirmar

12:30 a 13:30. Mesa 3

– Ponentes por confirmar

13:30. Clausura

Atentamente

Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra

Presidente

De la Comisión de Juventud

Al “Parlamento la Red 2026”, que se llevará a cabo en modalidad presencial el jueves 20 de agosto, de las 9:00 a 18:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Programa

Bloque matutino

9:00 horas

• Registro y recepción

10:00 horas

• Inauguración

– Bienvenida institucional (5 minutos)

– Mensaje de bienvenida (5 minutos)

– Intervención invitados especiales (10 minutos)

– Constitución del pleno, quórum y orden del día (5 minutos)

– Fotografía oficial (5 minutos)

10:30 horas

• Iniciativa 1

11:20 horas

• Iniciativa 2

12:10 horas

• Iniciativa 3

13:00 horas

• Receso y comida

Bloque vespertino

14:00 horas

• Iniciativa 4

14:50 horas

• Iniciativa 5

15:40 horas

• Iniciativa 6

16:30 horas

Colchón operativo

16:40 horas

• Clausura

– Mensaje de cierre (5 minutos)

– Invitados especiales, (en su caso 10 minutos)

– Entrega de reconocimientos y fotografías (20 minutos)

– Clausura formal (5 minutos)

Atentamente

Diputado Carlos Gutiérrez Mancilla

Presidente