Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a revisar, fortalecer y, en su caso, incrementar los protocolos de seguridad, control de acceso y coordinación interinstitucional en museos, zonas arqueológicas y sitios turísticos de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a deslindar responsabilidades y garantizar el abastecimiento tras el incendio que consumió el complejo federal de alimentación para el bienestar en Zacatecas, a cargo de la diputada Fuensanta Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a revisar e investigar el mal uso y desvió de los recursos asignados en la nómina del municipio de Sombrerete, Zacatecas, en perjuicio de las obras asignadas para el beneficio de la ciudadanía, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, a realizar un censo de los cultivos afectados por la granizada del pasado 19 de abril, en la localidad de Villa de Cos, Zacatecas, y otorgue los apoyos necesarios para resarcir el daño a los campesinos de la región, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la GN y a la división de seguridad en carreteras a reforzar de manera inmediata las acciones de vigilancia, prevención y control sobre la circulación de tráileres de doble remolque en las carreteras federales y estatales de todas las entidades, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar a que atienda de manera urgente el desabato de insumos y las necesidades de equipo e infraestructura del hospital de alta especialidad de Veracruz, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a revisar, fortalecer y, en su caso, incrementar los protocolos de seguridad, control de acceso y coordinación interinstitucional en museos, zonas arqueológicas y sitios turísticos de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las zonas arqueológicas, museos y sitios turísticos del país forman parte del patrimonio cultural de la nación y constituyen espacios de alto valor histórico, cultural, social y simbólico. Estos recintos resguardan bienes materiales e inmateriales que dan cuenta de la historia, identidad y diversidad cultural de México, y cumplen además funciones educativas, científicas, formativas y de proyección internacional. En este sentido, no sólo representan espacios de disfrute y conocimiento para la ciudadanía, sino también activos estratégicos del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.

Por su naturaleza abierta al público, los museos y zonas arqueológicas concentran diariamente a miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, lo que los convierte en espacios de alta afluencia y, simultáneamente, en puntos sensibles desde una perspectiva de seguridad pública y protección civil. En consecuencia, la atención institucional sobre estos espacios no debe limitarse a su conservación física, operación administrativa o promoción turística, sino que debe comprender de manera integral medidas eficaces de prevención, control, vigilancia y reacción, orientadas a salvaguardar la integridad de las personas que los visitan y laboran en ellos, así como la protección del patrimonio bajo su custodia.

Los hechos ocurridos el 20 de abril de 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde se registró un ataque armado con saldo de una persona fallecida y varias lesionadas, constituyen un evento de extrema gravedad que obliga a una revisión objetiva y profunda de los mecanismos de seguridad existentes. Dicho acontecimiento evidencia la necesidad de analizar si los sistemas actuales de prevención, detección de metales, control de accesos, vigilancia y respuesta institucional están siendo adecuados, suficientes y efectivamente aplicados, particularmente en sitios considerados estratégicos por su relevancia histórica y turística.

La gravedad de estos hechos se intensifica al considerar que Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del país. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, difundidas por Datatur de la Secretaría de Turismo, la Zona Arqueológica de Teotihuacán con museo de sitio registró durante 2025 un total de 1,785,275 visitantes, de los cuales 525,497 fueron extranjeros. Estas cifras confirman que se trata de un espacio de altísima afluencia nacional e internacional, lo cual incrementa de manera significativa el nivel de riesgo y la responsabilidad institucional de garantizar condiciones óptimas de seguridad y control.

Cualquier falla en los mecanismos de seguridad y control de acceso en espacios de esta naturaleza no sólo pone en riesgo la integridad física de las personas, sino que también puede generar impactos negativos en múltiples dimensiones: desde la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y los visitantes, hasta la imagen internacional de México como destino turístico, cultural y sede confiable de eventos de gran relevancia. En ese contexto, la seguridad en museos y zonas arqueológicas deja de ser un asunto meramente administrativo y se convierte en un tema de interés público y de seguridad nacional.

No se trata, además, de una preocupación abstracta. El propio Instituto Nacional de Antropología e Historia ha informado, como parte de operativos recientes, que en zonas arqueológicas y museos no se permite el ingreso de armas, explosivos, bebidas alcohólicas, estupefacientes u otros objetos prohibidos. Ello confirma la existencia de una lógica institucional orientada al control de accesos y a la prevención de riesgos. Sin embargo, los hechos ocurridos obligan a cuestionar si dicha lógica se traduce de manera efectiva en procedimientos operativos sistemáticos, permanentes y homogéneos en todos los recintos, o si existen deficiencias en su implementación, supervisión o actualización.

Asimismo, la normatividad interna del INAH contempla la existencia de comités y mecanismos de seguridad para museos y sitios bajo su control, con el objeto de promover, coordinar y verificar acciones de protección de las instalaciones, del patrimonio cultural y de las personas. Este marco normativo refuerza la idea de que el problema no radica en la inexistencia formal de reglas o atribuciones, sino en la necesidad de evaluar su suficiencia práctica, su cobertura territorial y su grado de cumplimiento efectivo en el terreno.

En ese sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia establece, en su artículo 12, fracción XIV, que corresponde al Instituto establecer normas de seguridad y protocolos aplicables a sus museos, así como promover la actualización del equipamiento necesario para garantizar la seguridad del personal, de los asistentes y de los edificios y colecciones bajo su custodia. Complementariamente, el artículo 16 del mismo ordenamiento atribuye a la Secretaría Técnica del instituto la responsabilidad de supervisar la aplicación de protocolos de seguridad, protección y custodia para la salvaguardia del patrimonio cultural, museos, zonas arqueológicas, monumentos históricos, bienes de interés paleontológico, escuelas y demás recintos institucionales.

Este marco jurídico demuestra que existe una base institucional clara y definida en materia de seguridad; sin embargo, los acontecimientos recientes evidencian la necesidad de valorar si los controles previstos son realmente suficientes, permanentes, proporcionales al nivel de riesgo y aplicados de manera uniforme en todos los espacios culturales y turísticos del país, especialmente en aquellos con mayor afluencia de visitantes.

La relevancia de esta evaluación se incrementa de forma significativa cuando el Estado mexicano es sede o participante de eventos de alcance mundial, los cuales generan un aumento considerable en el número de visitantes, en la exposición mediática internacional y en los riesgos asociados a concentraciones masivas de personas. En este contexto, los museos y zonas arqueológicas no solo funcionan como atractivos culturales, sino como espacios emblemáticos que proyectan hacia el exterior la capacidad organizativa, institucional y de gobernanza del país.

La falta de protocolos de seguridad robustos, actualizados y efectivamente aplicados en estos espacios no sólo pone en peligro a la ciudadanía y a los visitantes, sino que puede afectar gravemente la confianza internacional, la imagen del país y la protección del patrimonio cultural. Por el contrario, contar con medidas preventivas claras, coordinadas y proporcionales al nivel de riesgo contribuye a generar entornos seguros, ordenados y compatibles con la relevancia histórica y simbólica de estos espacios.

Por ello, resulta indispensable que el Estado mexicano fortalezca la coordinación interinstitucional entre las autoridades culturales, turísticas y de seguridad pública, mediante el establecimiento de protocolos claros, permanentes y evaluables, que atiendan de forma diferenciada las condiciones específicas de cada museo, zona arqueológica o sitio turístico, garantizando así la protección integral de la ciudadanía, del patrimonio cultural y de la imagen del país ante el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera enérgica y prioritaria a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Turismo, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales y administrativas, se pueda garantizar que los museos, zonas arqueológicas y sitios turísticos del país operen bajo condiciones efectivas de seguridad, particularmente en contextos de alta concentración de personas y en escenarios de proyección internacional o eventos de alcance mundial, salvaguardando a la ciudadanía, a los visitantes y al patrimonio cultural de la nación:

1. Realicen una revisión integral, urgente y exhaustiva de los protocolos de seguridad, control de acceso, detección de objetos prohibidos, vigilancia y reacción ante incidentes, actualmente aplicables en museos, zonas arqueológicas y sitios turísticos de alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales;

2. Fortalezcan y actualicen dichos protocolos, asegurando que su diseño e implementación sean proporcionales al nivel de riesgo y al volumen de visitantes de cada recinto, con especial atención a aquellos considerados estratégicos por su relevancia histórica, simbólica y turística;

3. Garanticen la aplicación efectiva, permanente y homogénea de los mecanismos de control de acceso, a fin de prevenir el ingreso de armas, explosivos u objetos que representen un riesgo para la integridad de las personas, la seguridad pública y la protección del patrimonio cultural bajo resguardo del Estado;

4. Refuercen los esquemas de coordinación interinstitucional entre autoridades culturales, turísticas y de seguridad pública, estableciendo canales claros de comunicación, supervisión y reacción inmediata ante situaciones de riesgo o emergencia;

5. Evalúen las responsabilidades administrativas y operativas derivadas de fallas, omisiones o deficiencias en la aplicación de los protocolos existentes, cuando éstas pongan en peligro a visitantes, personal o bienes culturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.

Diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a deslindar responsabilidades y garantizar el abastecimiento tras el incendio que consumió el complejo federal de alimentación para el bienestar en Zacatecas, a cargo de la diputada Fuensanta Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 21 de abril de 2026 , un incendio de enormes proporciones consumió en su totalidad el complejo federal de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, ubicado en la salida norte de la ciudad de Zacatecas.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el siniestro arrasó con dieciséis bodegas que resguardaban cientos de toneladas de abarrotes, granos y víveres destinados a la distribución en tiendas del Bienestar, así como media docena de vehículos y montacargas, en lo que las propias autoridades estatales han calificado como pérdida total .

La dimensión del fuego obligó a la movilización de cuerpos de Protección Civil y bomberos de cinco municipios (Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Calera y Trancoso), además de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El incendio no ocurrió en el vacío. Se registró en el marco de una prolongada protesta de productores de frijol provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco, quienes durante meses han denunciado irregularidades graves en el programa de acopio extraordinario de 10 mil toneladas y, en general, en la operación del esquema federal de precios de garantía.

Las autoridades estatales han vinculado el origen del siniestro con la quema de neumáticos realizada por manifestantes, mientras que los productores aseguran que el fuego que ellos encendieron permaneció en todo momento fuera del perímetro de las instalaciones.

Hoy, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, mantienen abiertas carpetas de investigación, sin que existan aún conclusiones periciales definitivas sobre las causas del incendio.

Más allá de la atribución inmediata del incendio, resulta indispensable reconocer el contexto estructural que lo antecede. Zacatecas es el principal estado productor de frijol en el país, con una cosecha histórica estimada en cerca de 400 mil toneladas para el ciclo 2025-2026.

Sin embargo, Alimentación para el Bienestar apenas ha acopiado poco más de 96 mil toneladas, dejando al margen del programa oficial a más de tres cuartas partes de la producción.

El resultado es una tragedia repetida: los pequeños y medianos productores, aquellos a quienes el programa prometió proteger, han quedado nuevamente a merced de los intermediarios y coyotes que el propio esquema juró erradicar.

Desde enero del presente año, los productores zacatecanos han bloqueado la carretera federal 45, tomado las oficinas de Alimentación para el Bienestar y denunciados públicamente centros de acopio que no operan, falta de costales para empaque, padrones incompletos, presunto desvío de volúmenes hacia intermediarios y el incumplimiento de acuerdos firmados previamente con autoridades federales en la Ciudad de México.

Las irregularidades señaladas se replican en municipios como Calera, Enrique Estrada, Morelos, Miguel Auza, Sombrerete y Río Grande. El incendio del 21 de abril es, en los hechos, el punto más visible de una crisis de confianza que lleva meses acumulándose sin respuesta institucional adecuada.

No pasa desapercibido para quien suscribe que el inmueble siniestrado formó parte del aparato institucional de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una dependencia que desde su creación en 2019 ha sido señalada de manera reiterada por la Auditoría Superior de la Federación por pagos en exceso, expedientes incompletos, bodegas irregulares e inventarios que nunca cuadraron.

La opacidad y las deficiencias de control interno que arrastra el modelo no son un dato menor al momento de valorar qué se perdió en Zacatecas y, sobre todo, qué se estaba resguardando ahí . La ciudadanía merece certeza, no versiones oficiales apresuradas que atribuyen responsabilidades antes de que concluyan los peritajes.

Con independencia del resultado que arrojen las investigaciones en curso, el Estado mexicano tiene frente a sí una obligación ineludible: garantizar el abastecimiento alimentario de las familias zacatecanas que dependen de las tiendas del Bienestar, reponer los víveres y granos perdidos, y asegurar que ni un solo productor vea afectada su comercialización por el colapso de la bodega central.

El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede quedar supeditado a la ineficiencia operativa ni a la opacidad administrativa de una dependencia federal.

La magnitud del daño exige dos respuestas simultáneas y de la misma intensidad. Por un lado, una investigación imparcial, técnica y exhaustiva que determine las causas del incendio, identifique a los responsables, sean quienes sean, y finque las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, incluyendo, en su caso, las responsabilidades por omisión o negligencia del personal directivo de Alimentación para el Bienestar.

Por otro lado, un plan emergente de atención que restituya el abasto pague a los productores afectados, reactive el acopio en condiciones de transparencia y ofrezca cuentas claras a la sociedad zacatecana. No basta con señalar culpables: es indispensable reconstruir la confianza y asegurar que este episodio no se convierta en pretexto para profundizar el desamparo del campo mexicano.

Como representantes populares no podemos permanecer indiferentes ante un suceso de esta gravedad. Lo ocurrido en Zacatecas no es un hecho aislado ni un simple accidente ; es la manifestación más visible de una política pública que ha fallado en su diseño, en su ejecución y en sus controles.

Desde esta soberanía tenemos el deber de acompañar a los productores, de exigir al Ejecutivo federal una respuesta a la altura de la emergencia y de vigilar que la investigación se conduzca con estricto apego a derecho, sin simulaciones ni chivos expiatorios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que conduzcan con absoluta imparcialidad, rigor técnico y apego al debido proceso las carpetas de investigación abiertas con motivo del incendio ocurrido el 21 de abril de 2026 en el complejo de Alimentación para el Bienestar en la ciudad de Zacatecas; determinen sus causas y deslinden las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan, sin distinción alguna y con pleno respeto a los derechos de las partes involucradas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, por conducto de Alimentación para el Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a implementar, de manera inmediata, un plan emergente que garantice el abastecimiento de los víveres, granos y productos básicos que se perdieron en el siniestro, a fin de no comprometer la operación de las tiendas del Bienestar ni el derecho a la alimentación de las familias zacatecanas.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Alimentación para el Bienestar a hacer público, en un plazo no mayor a treinta días naturales, un informe pormenorizado sobre los inventarios existentes al momento del incendio, el valor estimado de las pérdidas materiales, el destino previsto de los bienes almacenados, las condiciones de seguridad y protección civil del inmueble, así como las medidas correctivas que se instrumentarán para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en otros complejos bajo su administración.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Alimentación para el Bienestar y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a revisar a profundidad la operación del programa de acopio extraordinario de frijol en el estado de Zacatecas; a auditar los veinte centros de acopio instalados en la entidad y a sus responsables; a transparentar los padrones de beneficiarios y los volúmenes efectivamente recibidos; a investigar y, en su caso, sancionar, la intervención de intermediarios o “coyotes” en el proceso; y a garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos previamente suscritos con los productores.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control en Alimentación para el Bienestar a iniciar, en el marco de sus atribuciones, las investigaciones administrativas que permitan determinar si existió negligencia, omisión o responsabilidad imputable a personal directivo u operativo de la dependencia en la custodia y resguardo de las instalaciones siniestradas, así como en la conducción del programa de acopio en el estado de Zacatecas.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 22 de abril del 2026.

Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a revisar e investigar el mal uso y desvió de los recursos asignados en la nómina del municipio de Sombrerete, Zacatecas, en perjuicio de las obras asignadas para el beneficio de la ciudadanía, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Luvianka Guadalupe Partida Chávez, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio de Sombrerete ubicado en el estado de Zacatecas es una localidad y municipio ubicado al noroeste del estado, colindante con el estado de Durango, dicho municipio se extiende a lo largo de 3,571 kilómetros cuadrados y funge como la cabecera municipal de varias comunidades que lo rodean, el municipio limita con los municipios de Miguel Auza, Río Grande, Sain Alto, Fresnillo, Valparaíso, Jiménez del Téul y Chalchihuites y con el estado de Durango al oeste y al norte.

La economía de la zona depende de la minería, la ganadería, la agricultura y el turismo, la zona es rica en minerales, incluida la plata, y cuenta con minas en funcionamiento, desde la década de 1940 se han explorado nuevos yacimientos de mercurio.

Sombrerete, además se caracteriza por tener una de las poblaciones coloniales más sobresalientes del norte de México, lo que le valió para ser declarado a partir de febrero de 2012 Pueblo Mágico de México y convertirse en su momento en el tercero de la lista del estado de Zacatecas.

No solo eso, Sombrerete puede presumir de ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, su centro histórico forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, esa ruta colonial que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, en Nuevo México, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2010.

Como tal, al ser un pueblo mágico, el municipio requiere de una gran inversión que le permita mantener su arquitectura colonial, pero a la vez pueda ofrecer condiciones de seguridad, infraestructura, alumbrado, limpieza de sus calles, para seguir captando la visita de turistas, en beneficio de la economía de la ciudadanía.

Desde el inicio de esta administración se ha detectado que existe irregularidades en la nómina de apoyo con sueldos altos y compensaciones sin motivos fundamentados para ciertos funcionarios que colaboran en el municipio.

Existen denuncias públicas de presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal 2024-2025, en los cuales se han detectado pagos inflados, adjudicaciones sin sustento legal y opacidad en el uso de los recursos, particularmente en obras públicas y programas sociales.

Esto se vio reflejado en diciembre de 2025, cuando el congreso del estado aprobó un paquete de 58 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2026, las cuales fueron aprobadas en conjunto, exceptuando la del municipio de Sombrerete tras señalarse deficiencias técnicas y jurídicas en la propuesta, además de incrementos de más de 20 por ciento en impuestos para las y los sombreretenses, sin justificación técnica

Esto generó que a principios de año el tesorero municipal haya presentado una solicitud de adelanto de participaciones fundamentada en la precaria situación de las arcas públicas, con el fin de mantener la operatividad básica del municipio, nos hace pensar que la estrategia de la administración actual no es la ideal o que se está haciendo un mal uso de los recursos presupuestados.

Si bien se ha señalado que el municipio cuenta con pasivos que rondan los 800 millones de pesos heredados, también es necesario advertir que la falta de una política de recaudación eficiente y la dependencia excesiva de recursos estatales han profundizado la crisis durante el último año.

El municipio continúa sufriendo de inestabilidad, lo que sugiere que en esta administración no se han logrado implementar los mecanismos de saneamiento prometidos al inicio de su mandato, y se han inflado las nóminas y apoyos al personal, lo que mantienen al municipio en un estado de vulnerabilidad financiera.

Es por eso, por lo que el presente punto de acuerdo pretende que, tanto las autoridades estatales como federales, realicen una auditoría extraordinaria, para revisar las denuncias de mal uso de recursos del municipio de sombrerete.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a revisar y auditar los recursos ejercidos por el municipio de Sombrerete, Zacatecas, con el fin de detectar y evitar el mal uso y desvío de recursos asignados por la federación para obras y servicios del municipio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Zacatecas y al titular de la Auditoría Superior del estado de Zacatecas, a revisar e investigar los presuntos malos usos de los recursos en la nómina del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.

Diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, a realizar un censo de los cultivos afectados por la granizada del pasado 19 de abril, en la localidad de Villa de Cos, Zacatecas, y otorgue los apoyos necesarios para resarcir el daño a los campesinos de la región, a cargo de la diputada Luvianka Guadalupe Partida Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Luvianka Guadalupe Partida Chávez, Fuensanta Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno que se refiere a las alteraciones de las temperaturas y de los patrones climáticos, los cuales pueden obedecer a factores naturales como lo son las variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, sin embargo, las actividades humanas han sido la principal causa de estas circunstancias debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, entre otras situaciones.

La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas.

Esto se ha venido traduciendo en fenómenos meteorológicos inesperados y fuera de tiempo que se han suscitado en diversas regiones del país, como sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.

Hoy por eso vemos que existen grandes sequías en el norte del país, graves inundaciones en el centro y sur, y fenómenos meteorológicos inesperados como las recientes granizadas en el estado de Zacatecas.

El pasado 20 de abril se suscitó una granizada atípica en Zacatecas que sorprendió a los habitantes y automovilistas en Villa de Cos, donde se reportó acumulación de hielo de hasta 10 centímetros sobre la carretera federal 54, en el tramo Zacatecas-Saltillo.

Zacatecas es un estado netamente agrícola, durante 2024 produjo 8,355,891 toneladas de productos agrícolas, la superficie cosechada fue de 1,151.877 hectáreas, por lo que el rendimiento agrícola estatal promedio quedó en 7.3 toneladas por hectárea (solo considerando los cultivos cuya producción se mide en toneladas), esto según los datos oficiales de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), la dependencia gubernamental encargada de generar estadística e información geográfica en materia agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El cultivo más importante de la entidad, en términos de producción obtenida, fue maíz forrajero en verde, con 2,941,101 toneladas, es decir, el 35.2 por ciento del total estatal, al que le siguieron alfalfa, avena forrajera en verde, maíz grano, chile verde y pastos y praderas. En cuanto a la superficie cosechada, frijol lideró con 615,299 toneladas, y en cuanto al rendimiento promedio, agave lideró con 90.3 toneladas por hectárea.

Los municipios con mayor vocación agrícola en Zacatecas fueron: Fresnillo que produjo 1,278,276 toneladas, correspondientes al 15.3 por ciento del total estatal, le siguieron Villanueva con 670 931 toneladas y Villa de Cos con 596 337 toneladas.

Por lo que la granizada que se suscitó en Villa de Cos, Zacatecas en la zona norte del estado, no solamente trajo complicaciones viales y caos en la ciudad, sino que afectó los cultivos de los campesinos de la región.

Dicha afectación, se viene a sumar a la exigencia de los campesinos por la falta de respuesta gubernamental para la adquisición de los cultivos a los precios de garantía establecido por las autoridades, por lo que los agricultores han denunciaron irregularidades en el programa de acopio de frijol, al haber señalado que al menos 200 productores, han quedado sin cobertura ni beneficios del programa federal.

Aunado a esto los altos costos de los fertilizantes, los cuales se han incrementado en casi un 50 por ciento, hacen casi imposible seguir desarrollando sus actividades.

Dichos factores impactarían en la productividad, lo que puede hacer que el costo de cultivos se incremente y se traslade a los consumidores a través de mayores precios de alimentos.

Es por eso, que el presente exhorto pretende solicitar al gobierno del estado de Zacatecas, la creación y puesta en marcha de un programa emergente de apoyo a los campesinos del estado, y en especial a los afectados por las fuertes granizadas suscitadas en días pasados.

Esto contribuye para que las y los campesinos no se vean perjudicadas en su producción y cosecha, ante las o inclemencias derivadas por las alteraciones generadas por el cambio climático que cada vez tiene una mayor frecuencia a lo largo de las diferentes regiones

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, para que, a través de las instancias correspondientes de su administración, realicen un censo de los cultivos afectados por la granizada del pasado 20 de abril, en la localidad de Villa de Cos, Zacatecas y otorgue los apoyos necesarios para resarcir el daño a los campesinos de la región.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.

Diputados: Luvianka Guadalupe Partida Chávez (rúbrica), Fuensanta Guerrero Esquivel (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a la GN y a la división de seguridad en carreteras a reforzar de manera inmediata las acciones de vigilancia, prevención y control sobre la circulación de tráileres de doble remolque en las carreteras federales y estatales de todas las entidades, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Miguel Alonso Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

La seguridad vial en México enfrenta desafíos crecientes derivados del tránsito de vehículos de carga pesada, particularmente de los tráileres de doble remolque. Diversos estudios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)1 y de la Guardia Nacional2 han documentado que este tipo de unidades presenta un riesgo significativamente mayor de siniestros debido a su peso, longitud y dificultad de maniobra; por su parte, Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud,3 recomiendan limitar el uso de configuraciones de carga que superen estándares de seguridad, pues incrementan la probabilidad de colisiones fatales.

En el estado de Zacatecas, esta problemática se ha agudizado de manera alarmante. Las carreteras federales y estatales que atraviesan la entidad —entre ellas la Carretera Federal 45 y la autopista Zacatecas–Aguascalientes— constituyen corredores estratégicos para el transporte de mercancías entre el norte y el centro del país. Su uso intensivo por parte de unidades de doble remolque ha derivado en un incremento sostenido de accidentes con consecuencias trágicas.

En octubre de 2024, un accidente en el municipio de Guadalupe,4 protagonizado por un tractocamión de doble remolque cargado con maíz, dejó víctimas mortales y evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura carretera ante este tipo de unidades. Apenas en febrero de 2025, otro siniestro en la autopista Zacatecas–Aguascalientes,5 en el que participaron varios tráileres, provocó la muerte de dos personas y dejó cuatro lesionados. Estas tragedias no son hechos aislados: de acuerdo con cifras oficiales citadas en tribuna por el en 2024 se registraron más de 2,400 accidentes de tránsito en Zacatecas,6 con un saldo de 74 muertes, muchas de ellas vinculadas al transporte de carga pesada.

Este problema se explica por diversos factores. La orografía zacatecana presenta curvas pronunciadas y pendientes que dificultan la maniobra de unidades de gran longitud. La alta densidad vehicular en tramos como Fresnillo, Guadalupe y la zona metropolitana de la capital incrementa el riesgo de colisiones. A ello se suma el deterioro acelerado de la infraestructura carretera provocado por el tránsito constante de dobles remolques, lo que genera mayores costos de mantenimiento y afecta la competitividad regional.

Las mercancías que comúnmente transportan estas unidades —granos, productos agrícolas, minerales, combustibles, materiales peligrosos y bienes industriales— incrementan el riesgo en caso de accidente, especialmente cuando se trata de sustancias inflamables o de alto impacto ambiental.

La magnitud de estos hechos refleja que la circulación de dobles remolques no solo representa un riesgo para los conductores de transporte de carga, sino también para pasajeros de autobuses y automovilistas particulares. La longitud y peso excesivo de estas unidades dificultan las maniobras en curvas y pendientes, comunes en la geografía zacatecana, aumentando la probabilidad de colisiones fatales.

Además, el tránsito constante de dobles remolques contribuye al deterioro acelerado de la infraestructura carretera, generando mayores costos de mantenimiento para el estado, otras entidades y la federación.7 Esta situación afecta directamente la competitividad regional y la seguridad de quienes transitan por las vías de comunicación.

La población zacatecana ha manifestado reiteradamente su preocupación por la inseguridad vial derivada de estos vehículos. Familias de víctimas, asociaciones civiles y transportistas responsables han solicitado que se revisen las normas que permiten su circulación, privilegiando la protección de la vida sobre la eficiencia económica.

El Congreso de la Unión tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad pública y la integridad de las personas. Ante la evidencia de que los tráileres de doble remolque representan un riesgo elevado en Zacatecas, resulta indispensable exhortar a las autoridades competentes a reforzar la vigilancia, revisar la normatividad vigente y establecer medidas inmediatas que reduzcan la siniestralidad en las carreteras de la entidad.

La población zacatecana ha manifestado su preocupación y exigencia de que se priorice la seguridad sobre la eficiencia económica que pudiera derivarse del uso de estas unidades. El Congreso de la Unión, en coordinación con autoridades estatales y municipales, tiene la obligación de atender esta demanda ciudadana y garantizar que las carreteras de Zacatecas sean espacios seguros para todos.

Los principales puntos que causan problemas son los siguientes:

• Alta siniestralidad: Los dobles remolques han estado involucrados en accidentes graves en la entidad. Su longitud y peso dificultan maniobras en pendientes y curvas, comunes en la geografía zacatecana.

• Consecuencias fatales: Los accidentes suelen tener un saldo elevado de víctimas mortales y lesionados, además de daños materiales significativos.

• Infraestructura deteriorada: El tránsito constante de estas unidades acelera el desgaste de las carreteras, generando altos costos de mantenimiento para el estado y la federación.

• Riesgo social: La población percibe a los dobles remolques como una amenaza constante en las carreteras, lo que ha derivado en demandas ciudadanas para su regulación o prohibición.

Los factores de riesgo específicos en Zacatecas

• Orografía compleja: Carreteras con curvas pronunciadas y pendientes que dificultan la maniobra de unidades largas.

• Tramos de alta densidad vehicular: Especialmente en las entradas a la capital y municipios conurbados como Guadalupe y Fresnillo.

• Deficiencia en vigilancia: La Guardia Nacional enfrenta limitaciones de personal y recursos para controlar eficazmente la circulación de dobles remolques.

• Normatividad insuficiente: Aunque existen límites de peso y longitud, la aplicación es laxa y las sanciones poco disuasivas.

Los principales impactos sociales y económicos

• Pérdida de vidas humanas: Decenas de muertes anuales vinculadas a accidentes de carga pesada.

• Costos económicos: Daños materiales, gastos médicos y deterioro de infraestructura.

• Afectación a la competitividad regional: El mal estado de las carreteras y la inseguridad vial desincentivan la inversión y el turismo.

• Desconfianza ciudadana: La percepción de inseguridad en las carreteras afecta la movilidad y la calidad de vida de los zacatecanos.

La seguridad vial es un asunto de interés público que exige la atención prioritaria de las autoridades competentes. En las carreteras federales y estatales de nuestro país, la circulación de vehículos de carga pesada con doble remolque ha generado un problema creciente que afecta directamente la vida, la integridad y el patrimonio de miles de ciudadanos en todas las entidades del país.

Las estadísticas de accidentes muestran que los tráileres de doble remolque presentan un mayor índice de siniestralidad en comparación con otras modalidades de transporte de carga. Su longitud y peso dificultan las maniobras, incrementan los riesgos de colisiones y volcaduras, y ponen en peligro tanto a los conductores como a terceros que transitan por las mismas vías en diversas entidades.

Además, el impacto negativo de estos vehículos se extiende al deterioro acelerado de la infraestructura carretera, lo que implica mayores costos de mantenimiento para el Estado y una afectación directa al erario público. A ello se suma la contaminación ambiental derivada del consumo excesivo de combustible y las emisiones que producen, contraviniendo los compromisos nacionales e internacionales en materia de sustentabilidad.

Si bien el transporte de mercancías es indispensable para la economía nacional, no puede ni debe anteponerse al derecho fundamental a la seguridad y a la vida. La experiencia internacional demuestra que existen alternativas viables, como el fortalecimiento del transporte ferroviario, la modernización de la flota vehicular y la implementación de tecnologías de seguridad, que permiten garantizar la movilidad de bienes sin comprometer la seguridad pública.

A nivel nacional, los accidentes con vehículos de doble remolque en México representan un problema grave: en el año de 2023, se estimó que en México mueren más de 5,000 personas al año por accidentes viales, y en 1,600 casos está involucrado un tráiler, particularmente de doble remolque8 y en el 2024, están relacionados con aproximadamente 1,000 muertes anuales en las carreteras mexicanas

Estadísticas nacionales sobre accidentes con doble remolque, indican que ocupa:

1. Participación en transporte y accidentes

• En México existen más de 561,000 unidades de autotransporte de carga registradas.

• Aproximadamente 35% del transporte de carga opera con doble remolque, lo que coincide con tu dato.

• Estos vehículos están involucrados en una proporción relevante de accidentes, especialmente en carreteras federales de alto tránsito.

2. Número de muertes

• Inegi y Sin Embargo MX (2023)9 : Más de 5,000 muertes viales al año en México.

• En 1,600 casos está involucrado un tráiler, particularmente de doble remolque.

• Cámara de Diputados (2022): Se estima que los dobles remolque provocan más de 1,000 muertes anuales, lo que ha motivado iniciativas legislativas para prohibirlos.

3. Incendios y riesgos adicionales

• Los dobles remolque que transportan combustibles o químicos han ocasionado incendios graves, con evacuaciones y daños ambientales.

• Estos eventos requieren más tiempo y recursos para ser controlados, aumentando el riesgo para comunidades cercanas.

4. Obstrucción de vialidades

• Por su tamaño, un accidente con doble remolque puede bloquear varios kilómetros de autopista.

• Los cierres suelen durar entre 3 y 8 horas, afectando el tránsito de mercancías y pasajeros, con pérdidas económicas millonarias.

5. Deterioro de la infraestructura carretera

• El peso excesivo de estas unidades acelera el desgaste del pavimento y puentes.

• La SCT estima que los tramos con alto tránsito de doble remolque requieren hasta 40% más inversión en conservación respecto a tramos con tránsito ligero.

Por ello, resulta indispensable exhortar a las autoridades federales y estatales competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen y fortalezcan el marco normativo vigente y se establezcan medidas más estrictas de revisión y supervisión para limitar y sustituir gradualmente la circulación de los tráileres de doble remolque en las carreteras del país.

Este exhorto busca que las autoridades actúen con responsabilidad y urgencia, privilegiando siempre el interés superior de la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo en todas las entidades, garantizando que las carreteras mexicanas sean espacios seguros para todos los usuarios.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional, división de seguridad en carreteras, para se implementen de manera inmediata y estricta acciones de vigilancia, prevención y control sobre la circulación de tráileres de doble remolque en las carreteras federales del país, particularmente en los tramos de mayor incidencia de accidentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con los gobiernos estatales, establecer un programa de restricción progresiva para la circulación de dobles remolques que transporten mercancías de alto riesgo como combustibles, gas LP y materiales peligrosos, privilegiando la seguridad de la población sobre la eficiencia económica.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional a incrementar la presencia de elementos en los tramos carreteros de mayor densidad vehicular y a implementar operativos de revisión de peso y longitud de las unidades, con sanciones efectivas en caso de incumplimiento de la normatividad vigente.

Notas

1 Microsoft Word - 5to Informe de Labores_SICT_VF v2.docx

2 Seguridad vial en México | Caminos y Puentes Federales | Gobierno | gob.mx

3 Seguridad vial - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud

4 Autobús cae a barranco tras impactarse contra tractocamión en Zacatecas: 24 muertos – La Crónica de Hoy

5 «Trágico accidente en la autopista Zacatecas-Aguascalientes: 2 muertos y 4 heridos» – Visión Digital

6 Accidentes de tránsito /www.inegi.org.mx/temas/accidentes/

7 SAPI-ISS-03-19_18feb19.pdf

8 Tráileres asesinos: muertos todos los días | Sin Embargo MX

9 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.

Diputado Miguel Alonso Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar a que atienda de manera urgente el desabato de insumos y las necesidades de equipo e infraestructura del hospital de alta especialidad de Veracruz, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Considerandos

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es un hospital de tercer nivel, operado por IMSS-Bienestar.1 Cuenta con 46 especialidades médicas, destacando: Neurología, Neumología, Oncología, Algología, Genética, Cardiología, Nefrología, Infectología y Reumatología.2

Este importante hospital regional se encuentra en una grave situación en materia de desabasto y capacidad de atención Médica; de hecho, médicos y enfermeros denunciaron que, ante la falta de insumos e infraestructura necesaria, el director general ha ordenado la realización de procedimientos quirúrgicos que datan de hace más de 70 años.3

A decir verdad, la situación es tan grave que dicho director ha exigido a sus médicos que las suturas del tejido aponeurótico del abdomen se realicen con materiales inadecuados, poniendo en peligro la integridad de los pacientes, pues dicho tipo de sutura requiere de ciertos insumos que de no utilizarse podrían en evisceraciones, hernias y complicaciones graves durante la recuperación, incluso meses después de la cirugía.4 Además, los médicos y enfermeros han señalado que la falta de insumos y la presión administrativa por realizar procedimientos sin los recursos necesarios, han generado que ellos tengan que buscar alternativas propias o incluso comprar con su propio dinero los insumos necesarios para proteger la salud de los pacientes.5

Por su parte, los usuarios han denunciado además la falta de atención. A través de un video difundido en redes sociales, se denunció que una persona lleva más de mes y medio internada esperando a que se le pueda realizar una Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (Cpre),6 el cual constituye un procedimiento médico avanzado que combina la endoscopia y la toma de radiografías para diagnosticar y tratar problemas en los conductos biliares y pancreáticos.7 Este estudio se solicita cuando hay sospecha de cálculos biliares, tumores, estenosis o inflamación pancreática y por tanto de confirmarse algunos de estos padecimientos se requiere de intervención quirúrgica.

Lo anterior es grave porque no está garantizando el derecho humano a la salud. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece la obligación de la autoridad a garantiza de manera gratuita los servicios médicos necesarios para que las y los mexicanos puedan vivir una vida sana. Este derecho comprende un amplio conjunto de factores que van desde la entrega de medicamentos hasta la integración de hospitales con servicios médicos gratuitos.

Sin embargo es evidente que el Estado no ha cumplido con su obligación, de hecho se advierte que en los últimos años hemos visto un deterioro sistemático de los servicios de salud del Estado Mexicano, con la creación del IMSS- Bienestar se desmanteló el sistema de salud que sí funcionaba durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y se centralizó sin la existencia de infraestructura y organización generando graves problemas de desabasto, acceso al servicio y debilitamiento de las políticas de salud pública. Todo esto trajo como consecuencia que en México los servicios de salud sean insuficientes y deficientes, además de que se incrementó el número de personas sin servicio social.

Se destaca la falta de estructura hospitalaria, la falta de médicos y la mala atención, lo cual provoca que las personas fallezcan en los hospitales que se encuentran rebasados y son incapaces de atender a todas las personas que requieren del servicio.

Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2024 se registraron 44. 5 millones de mexicanos sin acceso a la salud, esto representa el 34. 2 por ciento de la población nacional.8

Además, el rezago estructural que se generó en los servicios de salud causó como consecuencia un rezago en la esperanza de vida de los mexicanos. De hecho, de acuerdo con la a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la esperanza de vida de México es de 75 años, lo que significa que nuestra esperanza de vida es 5 años por debajo del promedio de los países miembro, registrando altos niveles de mortalidad prevenible y tratable.9

Cabe señalar que, a raíz del convenio suscrito por el gobierno del estado de Veracruz, actualmente el Hospital de Alta Especialidad está a cargo y bajo la operación del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Es evidente que resulta necesario y urgente atender la situación de la salud a fin de salvaguardar la integridad de los pacientes. Por lo anterior, se emite la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud y al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), para que atiendan de manera urgente el desabasto de insumos y las necesidades de equipo e infraestructura del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a fin de garantizar la debida atención y la protección de la salud de los pacientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz para que vigile el cumplimiento del Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social, que celebran la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se atienda de manera urgente el desabasto de insumos y las necesidades de equipo e infraestructura del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a fin de garantizar la debida atención y la protección de la salud de los pacientes.

Notas

1 Servicio de Salud del Estado. https://www.ssaver.gob.mx/saluddigital/
cartera-de-servicios-a-distancia/hospital-de-alta-especialidad-de-veracruz/#:~:text=El%20Hospital%20de%20Alta
%20Especialidad%20de%20Veracruz,Coloproctolog%C3%ADa%20*%20Gastroenterolog%C3%ADa%20*%20Oftalmolog
%C3%ADa%20*%20Ginecolog%C3%ADa

2 Ibidem.

3 ¡Alerta en Veracruz! Director del Hospital Regional pone en riesgo la vida de pacientes por falta de insumos
https://reportajeveracruzano.com/2025/10/alerta-en-veracruz-director-del-hospital-regional-pone-en-riesgo-la-vida-de
-pacientes-por-falta-de-insumos/

4 Ibidem.

5 Ibidem

6 . La Silla Rota Veracruz en X: “ “La gente aquí se muere”: en medio de las lágrimas, el hijo de un paciente del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz acusa que en mes y medio no pudieron hacerle un estudio CPRE a su padre. ??Exige al gobierno atender los hospitales. https://t.co/dpLAAcSXJV” / X

7 MedlinePlus. CPRE https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007479.htm

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Medición de la Pobreza Multidimensional. México en
https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/

9 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/salud-mexico-2025-baja-espe ranza-vida-alta-mortalidad-prevenible-ocde-20251115-786756.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 de abril del 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)