Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FG del estado de Oaxaca a agilizar y garantizar la investigación de la desaparición forzada y feminicidio de la abogada y defensora indígena Ayuuk Sandra Domínguez Martínez, y a la CEAV, para garantizar la reparación integral del daño para su familia, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la FG del estado de Oaxaca a agilizar y garantizar la investigación de la desaparición forzada y feminicidio de la abogada y defensora indígena Ayuuk Sandra Domínguez Martínez, y a la CEAV, para garantizar la reparación integral del daño para su familia, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 1, fracción XX, del artículo 3; numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones III y IV, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual solicito sea tramitada como de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

El caso de la abogada indígena Mixe y defensora de derechos humanos Sandra Domínguez constituye uno de los ejemplos más graves de violencia e impunidad en contra de mujeres defensoras en México y de la sanción a quienes denuncia estructuras de poder misóginas y sexistas.

La defensora Sandra Domínguez, mujer indígena mixe, fue desaparecida el 4 de octubre de 2024, tras haber denunciado redes de violencia sexual y posibles actos irregulares vinculados incluso a estructuras de poder. Luego de seis meses, su cuerpo fue localizado en abril de 2025 en una fosa clandestina en el Estado de Veracruz, lo que confirmó el peor desenlace, tras el caminar de la familia exigiendo su presentación con vida

Aun año del hallazgo persiste una situación alarmante:

• La investigación no ha arrojado resultados concluyentes, no se han ejecutado más ordenes de aprensión contra autores materiales e intelectuales

• No se ha garantizado justicia integral para la víctima y su familia, ni las condiciones de subsistencia de la hija de la defensora por la CEAV.

• Se han señalado omisiones institucionales y posibles intentos de desvirtuar la trayectoria de la víctima.

Este caso no puede analizarse de manera aislada, ya que se inserta en un contexto nacional caracterizado por:

• Altos índices de violencia contra mujeres en el Estado de Oaxaca, el cual tiene al menos 1300 mujeres desaparecidas en lo que va del sexenio de Salomón Jara.1

• Riesgos estructurales para personas defensoras de derechos humanos.

• Condiciones agravadas cuando se trata de mujeres indígenas, quienes enfrentan discriminación interseccional.

México ha sido señalado reiteradamente por organismos internacionales como un país de alto riesgo para personas defensoras, particularmente aquellas que denuncian abusos de poder o violaciones a derechos humanos.

En este sentido, el Estado mexicano tiene obligaciones claras derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en materia de derechos humanos (artículo 1º), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ?la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la obligación de investigar con debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado.

La falta de resultados en este caso no solo representa una omisión institucional, sino que perpetúa la impunidad y envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra mujeres defensoras, y evidencia que el Estado falló en dos momentos críticos: primero, al no protegerla en vida; y segundo, al no garantizar justicia tras su muerte.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y agilice la investigación del asesinato de la abogada y defensora indígena Sandra Domínguez, garantizando que se realice con: ?perspectiva de género, enfoque intercultural y con enfoque de derechos humanos.

Segundo. Se exhorta a dicha Fiscalía para que agote todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas relacionadas con las denuncias previas realizadas por la víctima en contra de posibles actores vinculados a estructuras de poder, evitando cualquier forma de revictimización o descalificación de su labor como defensora.

Tercero. Se solicita que se transparenten los avances de la investigación, informando de manera periódica a la familia de la víctima y a la sociedad, garantizando el derecho a la verdad.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes a garantizar medidas de reparación integral del daño para la familia de Sandra Domínguez, conforme a los estándares nacionales e internacionales, en especial a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que la del estado de Oaxaca carece de presupuesto y de personal calificado para atender este caso.

Nota

Esto de acuerdo con el registro de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2026.

Diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (rúbrica)