Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y al gobierno de Michoacán a establecer mecanismos de coordinación para la rehabilitación y modernización de la red carretera de la entidad, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y del estado de Chiapas a adoptar medidas urgentes, integrales y efectivas de protección, investigación, resguardo de información y garantía de no repetición, a favor del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, AC, y de las personas defensoras de derechos humanos que lo integran, ante los allanamientos y robos reiterados ocurridos en sus oficinas en Tapachula, Chiapas, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconocer y atender la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, así como a implementar las recomendaciones en materia de desmilitarización y a garantizar los recursos para una política de justicia transicional, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a Pemex a fortalecer las acciones de apoyo a las comunidades pesqueras afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, a cargo del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y al gobierno de Michoacán a establecer mecanismos de coordinación para la rehabilitación y modernización de la red carretera de la entidad, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de todas las personas a la movilidad en condiciones de seguridad y accesibilidad.1 Este derecho implica no solo la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino hacerlo en condiciones que garanticen la integridad física, la dignidad y el acceso efectivo a oportunidades económicas, sociales y culturales.

Las vías de comunicación terrestre son fundamentales para el desarrollo económico del país, pues facilitan el transporte de bienes y de personas pasajeras, de tal manera que logran reducir los costos logísticos al entrelazar rutas más cortas que disminuyen los gastos del traslado, así como fomentar el comercio interno al conectar comunidades rurales a mercados urbanos.2

El estado de Michoacán enfrenta una problemática estructural y creciente en materia de infraestructura carretera. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, estima que el 90 por ciento de la red carretera de la entidad se encuentra en estado de deterioro, lo que la coloca entre las entidades más rezagadas del país en esta materia.3 Este dato resulta alarmante si se considera que la red carretera es un eje estratégico para la conectividad nacional.

El deterioro de las carreteras no es un fenómeno aislado ni reciente, pues influyen otros factores que contribuyen a su agravamiento, como la falta de mantenimiento preventivo, la insuficiencia de inversión y los efectos de fenómenos naturales. Por ejemplo, durante el paso del huracán John en 2024, diversas carreteras de Michoacán resultaron afectadas, entre ellas la carretera Uruapan-Lombardía, la carretera San Juan Nuevo-Tancítaro, la carretera Uruapan-Pátzcuaro, la carretera Uruapan-Paracho y la carretera libre cuatro caminos a Lázaro Cárdenas.4 Asimismo, el sismo del 19 de septiembre de 2022 dejó afectadas las carreteras que atraviesan la zona de Tierra Caliente y de la zona costera.5

Además, recientemente el presidente municipal de Sahuayo solicitó de manera expresa a intervención urgente de autoridades federales y estatales para rehabilitar la carretera federal 110, una de las vialidades más importantes de la región occidente del estado al ser un acceso clave que conecta Michoacán con entidades como Jalisco, Guanajuato y Colima, lo que la convierte en un corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico regional. De igual manera, se ha señalado que las acciones de mantenimiento preventivo son de carácter temporal, lo que resulta insuficiente frente al nivel de deterioro existente.6

Adicionalmente, destaca el caso de la autopista Carretera Federal 15D, particularmente en el tramo Atlacomulco–Maravatío–Morelia, la cual se encuentra en pésimas condiciones pese a ser una vía de cuota operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo que resulta especialmente grave considerando que las personas usuarias realizan un pago por su uso sin que ello se traduzca en condiciones adecuadas de seguridad y calidad; aunado a ello, el mal estado de este tramo ha derivado en un incremento de accidentes viales, ocasionados por baches, irregularidades en el pavimento y falta de mantenimiento, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan diariamente por esta vía; en consecuencia, el deterioro de la infraestructura carretera no solo incrementa la siniestralidad, sino que limita la actividad económica, afecta sectores productivos clave y profundiza las desigualdades territoriales, por lo que resulta indispensable que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Michoacán atiendan de manera urgente esta situación mediante acciones integrales de rehabilitación, mantenimiento y modernización que garanticen condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y desarrollo para la población.

A lo anterior, se suma un contexto complejo de seguridad pública que también impacta directamente en la movilidad. En distintos momentos recientes, carreteras en Michoacán han sido escenario de bloqueos y actos de violencia vinculados al crimen organizado, lo que ha interrumpido la circulación y puesto en riesgo a la población. Estas situaciones, además de agravar el deterioro físico, afectan la percepción de seguridad y funcionalidad de los corredores carreteros.

Por otra parte, la deficiente infraestructura carretera tiene consecuencias directas en la actividad económica. Sectores clave para Michoacán, como el agrícola, el industrial y el turístico, dependen en gran medida de la conectividad terrestre para el traslado de mercancías y personas. El mal estado de la red carretera incrementa los costos logísticos, generando pérdidas económicas y reduciendo la competitividad regional. Esta situación se vuelve crítica dado que la entidad tiene una vocación exportadora de productos como el aguacate que requiere cadenas de suministro eficiente.

Pese a que se han anunciado acciones y programas de mantenimiento, como la rehabilitación y bacheo de carreteras federales en el último trimestre de 2025 en diversos tramos de la entidad, siendo los destacados Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas,7 éstos esfuerzos han resultado insuficientes frente a la magnitud del problema.

Incluso, la administración estatal en turno ha reconocido que aún queda pendiente el 50 por ciento de reparación de la vía carretera, es decir, mil 600 kilómetros de los más de 3 mil que existen en la entidad, solicitando a la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el apoyo para los diversos proyectos con una inversión de $2 mil 670 millones de pesos.8

La situación descrita evidencia una omisión y falta de atención integral que debe ser corregida de manera urgente. El mantenimiento de la infraestructura carretera no puede entenderse como una acción aislada o reactiva, sino como una política pública permanente, planificada y coordinada entre los distintos órdenes de gobierno. La responsabilidad recae tanto en el ámbito federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como en el gobierno del estado de Michoacán, en lo que corresponde a la red estatal.

En este sentido, resulta impostergable la coordinación de la Secretaría federal y del gobierno estatal para que atiendan de manera prioritaria la rehabilitación, mantenimiento y modernización de la red carretera en la entidad, garantizando condiciones adecuadas de tránsito, seguridad vial y el desarrollo económico para la población.

La mejora de las carreteras en Michoacán no es únicamente una cuestión de infraestructura, sino una condición indispensable para recuperar la seguridad, fortalecer la economía regional y garantizar el bienestar de millones de personas que dependen diariamente de estas vías.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Michoacán, para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos de coordinación efectiva a fin de implementar, de manera prioritaria, acciones integrales de rehabilitación, mantenimiento y modernización de la red carretera de la entidad, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial, conectividad y movilidad para la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, adopten de manera inmediata las medidas necesarias para la rehabilitación, mantenimiento y modernización de la autopista Carretera Federal 15D, particularmente en el tramo Atlacomulco–Maravatío–Morelia, en virtud del grave deterioro que presenta y la insuficiencia de señalización, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial para las personas usuarias.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Prodeso, Cómo las carreteras impulsan el crecimiento económico y social en México, disponible en https://prodeso.com.mx/como-las-carreteras-impulsan-el-crecimiento-econ omico-y-social-en-mexico/

3 Indigo, Tres de cada 10 carreteras federales están en mal estado, revela Infraestructura y Comunicaciones, disponible en https://www.reporteindigo.com/nacional/tres-de-cada-10-carreteras-feder ales-estan-en-mal-estado-revela-infraestructura-y-comunicaciones-202601 06-0106.html

4 El Sol de Zamora, Afectadas al menos cinco carreteras de Michoacán por intensas lluvias, disponible en https://oem.com.mx/elsoldezamora/local/afectadas-al-menos-cinco-carrete ras-de-michoacan-por-intensas-lluvias-13275986

5 El Economista, Tras sismo, carreteras del estado de Michoacán tendrían las mayores afectaciones: CMIC, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tras-sismo-carreteras-del-estad o-de-Michoacan-tendrian-las-mayores-afectaciones-CMIC-20220921-0004.htm l

6 Excélsior, Retomará gobierno reparación de carreteras en Michoacán; Sheinbaum anuncia inversiones, disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/retomara-gobierno-reparacion-de-c arreteras-en-michoacan-sheinbaum-anuncia-inversiones

7 Meganoticias, Carreteras de Michoacán aún en malas condiciones, disponible en
https://www.meganoticias.mx/morelia/noticia/carreteras-de-michoacan-aun-en-malas-condiciones/639764

8 El Sol de Zamora, Alcalde de Sahuayo pide a autoridades federales y estatales rehabilitar Carretera Federal 110, disponible en https://oem.com.mx/elsoldezamora/local/alcalde-de-sahuayo-pide-a-autoridades-federales-y-estatales-rehabilitar-carretera-federal-110-29426669

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2026.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y del estado de Chiapas a adoptar medidas urgentes, integrales y efectivas de protección, investigación, resguardo de información y garantía de no repetición, a favor del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, AC, y de las personas defensoras de derechos humanos que lo integran, ante los allanamientos y robos reiterados ocurridos en sus oficinas en Tapachula, Chiapas, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Laura Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano no puede seguir normalizando que en el país se ataque, intimide, vigile, obstaculice o desarticule el trabajo de quienes defienden derechos humanos. Menos aun cuando esas agresiones recaen sobre una organización con casi tres décadas de labor ininterrumpida, ubicada en una de las regiones más complejas y sensibles del país en materia de movilidad humana, refugio, violencia y exclusión: la frontera sur, particularmente Tapachula, Chiapas. El caso del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. no constituye un incidente menor ni aislado; se trata, por el contrario, de un asunto paradigmático que exhibe de manera descarnada la insuficiencia institucional para garantizar el derecho a defender derechos humanos en México.

De acuerdo con la información pública del propio centro, su misión consiste en defender y promover los derechos humanos de personas en diversos contextos de movilidad en la región sur de México, mediante acompañamiento individual y colectivo, integración comunitaria e incidencia política1 . Entre los servicios que brinda de manera gratuita se encuentran el acompañamiento legal y emocional en procedimientos de refugio ante la Comar; la asesoría para el acceso a salud, trabajo, educación e identidad; los procesos de regularización migratoria; el acompañamiento ante denuncias por violaciones a derechos humanos; y el fortalecimiento de redes comunitarias entre personas que han tenido que huir de sus países.2 Esa labor, precisamente por su relevancia humanitaria, jurídica y social, demanda del Estado una protección reforzada y no indiferencia burocrática.

El 20 de marzo de 2026, el centro denunció públicamente que personas no identificadas ingresaron durante la madrugada a sus oficinas, intervinieron las cámaras de seguridad y sustrajeron computadoras, teléfonos y documentos directamente vinculados con su labor de acompañamiento y defensa. El propio comunicado subrayó un dato especialmente grave: pese a existir otros objetos de valor, éstos no fueron sustraídos, lo que sugería un objetivo específico orientado a obtener información relacionada con su labor de defensa. Además, el centro informó que, aun contando con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la respuesta tardó varias horas en llegar.3

Lejos de reaccionar con la diligencia reforzada que exigía la gravedad del caso, las autoridades permitieron que la situación escalara. El 23 de marzo de 2026, el centro emitió un segundo comunicado en el que denunció encontrarse en riesgo y responsabilizó al Mecanismo de Protección y a las autoridades de seguridad por cualquier agresión a su integridad, luego de haber sufrido un segundo allanamiento y robo el 22 de marzo de 2026. El comunicado fue inequívoco, ese segundo ataque ocurrió pese a que las autoridades ya tenían conocimiento de los hechos previos, pese a que existía una denuncia formal presentada desde el 20 de marzo y pese a que se había solicitado expresamente el resguardo de las oficinas, petición que no fue atendida de manera eficaz. Como consecuencia, el Centro anunció, con profunda preocupación, el cierre temporal de sus oficinas, algo inédito en 29 años de trabajo ininterrumpido.4

La situación se agravó todavía más cuando el 27 de marzo de 2026, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que las oficinas del centro habían sido allanadas por tercera vez el 26 de marzo. En ese pronunciamiento, suscrito por 88 organizaciones, la Red TDT fue contundente al señalar que las medidas adoptadas habían sido insuficientes, que el equipo del centro se encontraba en alto riesgo por su labor en defensa de la comunidad migrante, y que el Mecanismo de Protección había mostrado una insuficiencia estructural, además de omisiones reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones. La Red TDT responsabilizó al Estado mexicano, desde el ámbito local hasta el federal, por su ineficacia para atender diligentemente las solicitudes de protección e investigación.5

No se trata únicamente de daños patrimoniales, pues lo ocurrido entraña una amenaza múltiple: contra la integridad física y psicosocial de las personas defensoras; contra la continuidad de una labor esencial de acompañamiento; contra la libertad de asociación, documentación y denuncia; y, de manera especialmente alarmante, contra la confidencialidad y seguridad de información sensible relativa a personas migrantes, solicitantes de refugio, víctimas de violaciones a derechos humanos y personas en situación de especial vulnerabilidad. Cuando se sustraen equipos y documentos de una organización de defensa de derechos humanos que acompaña casos de movilidad humana, no sólo se ataca a la organización: se expone también a terceras personas cuyas trayectorias, datos, testimonios, expedientes o redes de apoyo pueden quedar comprometidos.

Ese componente obliga a mirar el caso con la máxima seriedad. La posible extracción de información relacionada con expedientes, estrategias jurídicas, testimonios, rutas de protección o datos personales de personas migrantes puede generar nuevos riesgos de persecución, revictimización, extorsión, localización indebida o inhibición del acceso a la justicia y al refugio. Desde una perspectiva de derechos humanos, ello conecta no sólo con la obligación general de proteger a las personas defensoras, sino también con el deber estatal de prevenir daños ulteriores a quienes son acompañadas por ellas y a quienes, en muchos casos, ya enfrentan contextos de violencia, desplazamiento, persecución o necesidad de protección internacional.

La gravedad del asunto se inserta, además, en un contexto más amplio de violencia contra personas defensoras en Chiapas y en el sur del país. El 8 de abril de 2026, la agencia de noticias CIMAC retomó información de la Red TDT, según la cual el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas registró 124 agresiones contra personas defensoras durante 2025, lo que representó un incremento de 25 por ciento con respecto a 2024. La misma nota refiere que la Red TDT documentó 40 asesinatos de personas defensoras durante 2025 en México.6 Esta información es consistente con la alerta sobre la intensificación de la violencia, el hostigamiento y la criminalización en la región, en contraste con discursos oficiales de pacificación que no se traducen en garantías reales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2024 sobre seguimiento a México, observó la persistencia de ataques e intimidaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y señaló la ineficacia de las medidas de protección en casos graves, por lo que estimó que el cumplimiento estatal seguía siendo sólo parcial. La comisión subrayó la necesidad de políticas de prevención más robustas y de medidas específicas y efectivas.7 Ese señalamiento internacional es particularmente pertinente aquí: lo que muestra el caso del Centro Fray Matías no es sólo una falla operativa puntual, sino un déficit institucional reiterado que coloca en entredicho la capacidad real del Estado para proteger de manera oportuna, suficiente y contextualizada a quienes están en riesgo por defender derechos.

En el plano nacional, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece con claridad que su objeto es implementar y operar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo por la defensa o promoción de derechos humanos; define como agresiones el hostigamiento, la intimidación y el daño a la integridad; y prevé medidas urgentes de protección, entre ellas la protección de inmuebles, así como la obligación de que las medidas sean idóneas, eficaces, temporales y orientadas a reducir al máximo la exposición al riesgo. El caso que motiva esta proposición sugiere, de manera preocupante, que esa promesa normativa no se tradujo en una protección material suficiente.

A su vez, el artículo 1 constitucional dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. La Ley General de Víctimas refuerza ese mandato al reconocer los derechos a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y no repetición. Cuando una organización de defensa de derechos humanos sufre tres allanamientos en menos de una semana, pese a contar con medidas de protección y haber solicitado resguardo expreso, el estándar constitucional y legal de debida diligencia aparece, cuando menos, seriamente comprometido.

En el plano internacional, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce la necesidad de brindar apoyo y protección a quienes promueven y protegen derechos humanos.8 La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha difundido que, en el Sistema Interamericano, tanto la comisión como la Corte Interamericana reconocen y protegen el derecho a defender los derechos humanos, aun cuando no esté expresamente enunciado en el texto de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento.9 Se trata, por tanto, de una obligación que no es retórica ni optativa: el Estado debe crear condiciones para que la defensa de derechos se realice en un entorno seguro, libre de intimidación y sin interferencias arbitrarias.

La identidad programática del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al que pertenezco, ofrece una pauta coherente para abordar este caso: los documentos básicos del partido destacan la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la libertad, la participación ciudadana, la deliberación pública y la necesidad de construir un país donde el poder esté al servicio de la sociedad; nuestro Programa de Acción sostiene, además, una perspectiva humanitaria respecto de las personas migrantes y la necesidad de garantizar sus derechos fundamentales.10 Desde esa lógica, guardar silencio frente a una agresión reiterada contra una organización que acompaña a población migrante y refugiada sería políticamente incongruente y éticamente inadmisible.

En razón de lo anterior, esta soberanía debe pronunciarse con claridad. No basta con lamentar los hechos, es indispensable exigir respuestas concretas, medibles y verificables. La rendición de cuentas en este caso no es un gesto simbólico: es una obligación democrática y un mínimo de seriedad institucional frente a la violencia que enfrentan las personas defensoras en el país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los allanamientos y robos perpetrados los días 20, 22 y 26 de marzo de 2026 en contra de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., en Tapachula, Chiapas, por constituir agresiones que vulneran el derecho a defender los derechos humanos y ponen en riesgo la integridad, seguridad, patrimonio, labor y continuidad operativa de una organización dedicada a la defensa de personas en contextos de movilidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que, de manera inmediata, revise, fortalezca, amplíe e implemente con carácter urgente las medidas individuales y colectivas de protección a favor del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., incluyendo medidas efectivas de protección de inmuebles, resguardo permanente, reacción inmediata, análisis contextualizado del riesgo y seguimiento continuo, con pleno consentimiento y participación de las personas beneficiarias.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Chiapas para que realice una investigación pronta, exhaustiva, seria, imparcial, con debida diligencia reforzada y con perspectiva de derechos humanos, que permita esclarecer los allanamientos y robos, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, agotar la línea de investigación vinculada con la labor de defensa de derechos humanos del centro, y establecer si existió acceso, sustracción, copia, uso o difusión indebida de información sensible de personas acompañadas por la organización.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, así como a las autoridades federales, estatales y municipales competentes, para que adopten de inmediato medidas de protección material y preventiva en favor del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., sus instalaciones, su equipo de trabajo y las personas defensoras que lo integran, y diseñen e implementen una ruta integral de protección, atención, investigación, resguardo de instalaciones y garantías de no repetición, bajo un enfoque integral, civil, preventivo, proporcional y respetuoso de los derechos humanos.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las instancias competentes del ámbito local, para que, en el marco de sus atribuciones, valoren y, en su caso, garanticen medidas de atención, acompañamiento, asistencia y protección integral para las personas defensoras afectadas, considerando los impactos materiales, psicosociales, laborales y colectivos derivados de los hechos.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que adopten medidas extraordinarias que eviten afectaciones ulteriores a los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y víctimas acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., particularmente cuando pudieran haberse comprometido datos personales, expedientes, testimonios o información sensible relacionada con su situación jurídica o de protección internacional.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas para que, en el marco de sus atribuciones, den seguimiento a los hechos, acompañen a las personas defensoras afectadas y emitan, en su caso, las medidas cautelares, pronunciamientos, acciones de observación o recomendaciones que resulten procedentes para salvaguardar el derecho a defender derechos humanos.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta al conjunto de autoridades federales y estatales competentes a reconocer expresamente que la defensa de los derechos humanos, en especial en contextos de movilidad humana, constituye una actividad de interés público democrático que debe realizarse sin amenazas, sin hostigamiento, sin criminalización y con plenas garantías de seguridad, libertad e integridad, adopten acciones estructurales de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos en la frontera sur.

Notas

1 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., “Nosotrxs”, disponible en:
https://cdhfraymatias.org/nosotrxs/. Consultado el 12 de abril de 2026.

2 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., “Preguntas frecuentes”, disponible en: https://cdhfraymatias.org/preguntas-frecuentes/. Consultado el 12 de abril de 2026.

3 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., “Denunciamos allanamiento y robo en nuestras oficinas”, Tapachula, Chiapas, 20 de marzo de 2026, disponible en: https://cdhfraymatias.org/wp-content/uploads/2026/03/Denunciamos-allana miento-y-robo-en-nuestras-oficinas.pdf. Consultado el 12 de abril de 2026.

4 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., “Denunciamos riesgo inminente a nuestra integridad por inoperancia de las autoridades”, Tapachula, Chiapas, 23 de marzo de 2026, disponible en: https://cdhfraymatias.org/wp-content/uploads/2026/03/Comunicado-2302202 6.pdf. Consultado el 12 de abril de 2026.

5 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, “Allanan por tercera vez oficinas del CDH Fray Matías: ¡Alto a las agresiones ya!”, Ciudad de México, 27 de marzo de 2026, disponible en: https://redtdt.org.mx/archivos/23495. Consultado el 12 de abril de 2026.

6 Rayón Garay, Wendy, “Incrementa violencia contra defensoras en el sur de México: Red TDT”, Cimacnoticias, 8 de abril de 2026, disponible en: https://cimacnoticias.com.mx/2026/04/08/incrementa-violencia-contra-def ensoras-en-el-sur-de-mexico-red-tdt/. Consultado el 12 de abril de 2026.

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual 2024. Capítulo V: México”, Organización de los Estados Americanos, 2025, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/capitulos/IA2024_5_MEX_ES.P DF. Consultado el 12 de abril de 2026.

8 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, Resolución A/RES/53/144, 9 de diciembre de 1998, disponible en: https://docs.un.org/es/A/RES/53/144.

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Apuntes para la defensa de los derechos humanos: el derecho a defender derechos”, México, 2024, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicacio nes/archivos/2024-12/DERECHO-DEFENDER.pdf. Consultado el 12 de abril de 2026.

10 Movimiento Ciudadano, “Documentos básicos”, disponible en: https://movimientociudadano.mx/documentos-basicos. Consultado el 12 de abril de 2026.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2026.

Diputada Laura Hernández García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconocer y atender la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, así como a implementar las recomendaciones en materia de desmilitarización y a garantizar los recursos para una política de justicia transicional, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Laura Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, mandata la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, lo cual incluye el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. La desaparición forzada de personas representa una de las violaciones más graves a la dignidad humana, constituyendo una afrenta directa a los principios de libertad y seguridad.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) ha determinado que en México la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática.1 El comité señala textualmente que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”.2 Esta determinación se sustenta en un contexto de impunidad estructural, donde el comité advierte que para 2021 “solo entre 2 por ciento y 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y que, a la fecha, solo se habían dictado 36 sentencias a nivel nacional”.3

El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, ha rechazado formalmente la decisión del comité calificándola de “tendenciosa y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno”.4 No obstante, el CED sostiene que los esfuerzos institucionales, han resultado “insuficientes e ineficaces”5 para revertir la tendencia creciente de desapariciones, que a inicios de 2026 superaba las 132,400 personas.6

Existe una confrontación directa entre la narrativa oficial de seguridad y los hallazgos internacionales. Mientras el Ejecutivo defiende el uso de las fuerzas armadas, el CED identifica una “estrecha correlación entre el aumento del número de desapariciones y la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ [...] cuando se aplicó una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para desempeñar funciones de seguridad pública”.7

La crisis forense en México representa una emergencia humanitaria insoslayable. A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de “72,000 restos humanos sin identificar”8 y el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas.9 El Estado debe transitar hacia un modelo de justicia transicional que de pie a “toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación”,10 y permita “reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, aumentar la confianza entre los individuos en la sociedad y la confianza de los individuos en las instituciones del Estado, y reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de derecho”,11 en lugar de insistir en un enfoque punitivo y militarizado que ha demostrado su fracaso.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal a atender y reconocer íntegramente la decisión y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED), aceptando la cooperación técnica y asistencia especializada para fortalecer los procesos de búsqueda e investigación exhaustiva de las desapariciones en México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un plazo no mayor a 90 días hábiles implemente un mecanismo de protección y verdad que cumpla con dos funciones simultáneas: 1) Proporcionar asistencia y protección directa a las familias que buscan a sus seres queridos, y 2) Extender estas medidas de protección a las organizaciones y defensores que brindan acompañamiento a las víctimas, aplicable a todas las etapas del proceso: desde la denuncia de desaparición y búsqueda inicial, recepción y difusión de información con fines de localización, hasta la ejecución de la sentencia, y en su caso, la reparación del daño correspondiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar, en el ámbito de sus atribuciones, la viabilidad presupuestaria para la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, dependiente de la Fiscalía General de la República, a fin de fortalecer la identificación de restos humanos y abatir el rezago existente en la materia.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política a considerar y, en su caso, proponer al pleno la creación de una comisión especial para el seguimiento de la situación de desaparición de personas en el país, con el objeto de fortalecer y dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de búsqueda e identificación de personas, así como vigilar la implementación de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en la materia.

Notas

1 Comité contra la Desaparición Forzada, CED/C/MEX/A.34/D/1, 19/03/26, consultada en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FMEX%2FA.
34%2FD%2F1&Lang=es

2 Op. Cit.

3 Ibid.

4 Secretaría de Gobernación, México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018, 02/04/26, consultado en https://www.gob.mx/segob/prensa/mexico-rechaza-informe-del-comite-de-de sapariciones-forzadas-de-la-onu-por-omitir-avances-contra-desaparicione s-forzadas-desde-2018-422922?idiom=en

5 Comité contra la Desaparición Forzada, CED/C/MEX/A.34/D/1, 19/03/26, consultada en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FMEX%2FA.
34%2FD%2F1&Lang=es

6 Op. Cit.

7 Ibid,

8 Ibidem

9 Ibid.

10 Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, 03/08/04, disponible en https://docs.un.org/es/S/2004/616

11 Asamblea General de las Naciones Unidas. Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, 09/08/12, disponible en https://docs.un.org/en/A/HRC/21/46

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2026.

Diputada Laura Hernández García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a Pemex a fortalecer las acciones de apoyo a las comunidades pesqueras afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, a cargo del diputado Sergio Gil Rullán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Sergio Gil Rullán, diputado federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, bajo de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 17 de abril, el grupo interinstitucional1 presentó un informe en el que reconoció que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México tuvo su origen en instalaciones de Pemex, específicamente en la zona de Abkatún.2

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, reconoció que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México tuvo su origen en instalaciones de Petróleos Mexicanos, específicamente en la zona de Abkatún, derivado de una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas.3

El director de Pemex señaló que desde el 6 de febrero se detectó la presencia de hidrocarburo en superficie y que el 8 de febrero se ubicó el punto exacto de la fuga; no obstante, el cierre total del flujo se realizó hasta el 14 de febrero, permitiendo que durante varios días el hidrocarburo se dispersara en el mar.4

Esta situación propició la formación de una mancha de gran extensión que, conforme a evidencia satelital y análisis científicos, alcanzó decenas de kilómetros y se desplazó hacia las costas de Veracruz y Tamaulipas, generando afectaciones ambientales y económicas significativas.5

Víctor Rodríguez Padilla señaló posibles irregularidades, como la falta de información oportuna a los niveles directivos de la empresa, la minimización inicial del incidente y la existencia de contradicciones entre la magnitud del derrame y la respuesta operativa desplegada, hechos que de acuerdo con el director de Pemex actualmente son materia de investigación por las autoridades competentes.6

Estos hechos no dejan lugar a dudas: hubo información desde el inicio y no se dijo la verdad. Mientras públicamente se sostenía que no se conocía el origen del derrame, en los hechos ya se tenían elementos técnicos, reportes operativos y evidencia suficiente desde los primeros días de febrero.

No fue falta de información, fue una decisión de no transparentarla y eso es grave. Porque cuando se oculta la verdad, no sólo se engaña a la gente, también se retrasa la respuesta, se agrava el daño ambiental y se deja en la incertidumbre a miles de familias que dependen del mar para vivir. Aquí no estamos frente a un error menor, estamos frente a una falta de transparencia que exige claridad, responsabilidades y, sobre todo, que no vuelva a repetirse.

En dicha conferencia se señalaron los apoyos que se han entregado por parte del gobierno federal:

- Donación de 100,000 litros de combustible.

- Inversión de 30 millones de pesos Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).

- Apoyo a 3,379 pescadores (15,000 pesos cada uno). 2,375 de 20 localidades de Cárdenas y Paraíso Tabasco y 1,004 pescadores de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Veracruz.

- Atención médica a 1,495 personas.7

La implementación de diversos apoyos económicos y en especie a través de programas como el PACMA y el Programa Bienpesca, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

En el estado de Veracruz, más de 35 mil personas dependen directamente de la actividad pesquera, de las cuales cerca de 25 mil son pescadores ribereños que subsisten del ingreso diario, lo que implica una alta vulnerabilidad ante la interrupción de sus actividades.8

En este contexto, los apoyos temporales otorgados no compensan las pérdidas acumuladas por semanas sin poder salir a pescar, ni cubren los daños materiales en redes, embarcaciones e infraestructura productiva, ni mucho menos restituyen la afectación a los ecosistemas de los cuales dependen.

Por ello, resulta indispensable reconocer que la respuesta institucional ha sido limitada e insuficiente y que se requiere una estrategia integral, sostenida y proporcional al impacto económico y social que enfrentan las comunidades pesqueras afectadas.

En ello radica la importancia y trascendencia del presente punto de acuerdo, en virtud de que tiene por objeto ampliar la cobertura de los programas de apoyo dirigidos a las comunidades pesqueras afectadas, así como actualizar y depurar los padrones del Programa Bienpesca, a fin de garantizar que los apoyos lleguen de manera efectiva, oportuna y suficiente a todas las personas que realmente resultaron afectadas por el derrame de hidrocarburos.

En Movimiento Ciudadano vamos a seguir defendiendo a las personas afectadas por el derrame, porque detrás de esta crisis hay familias veracruzanas que hoy necesitan respaldo, no discursos.

Por lo expuesto y fundado, presento a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen y fortalezcan acciones de apoyo dirigidas a las comunidades pesqueras afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, a través del Programa Bienpesca y el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, garantizando una atención integral, oportuna y suficiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que realice la actualización, revisión y depuración de los padrones de beneficiarios del Programa Bienpesca, a fin de garantizar que los apoyos lleguen de manera efectiva y oportuna a las personas pescadoras y acuacultoras afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Notas

1 En la conferencia estuvieron presentes Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía; Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades,Tecnología e Innovación;Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina;Marina Robles García, Subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;Víctor Rodríguez Padilla, Director general de Petróleos Mexicanos;Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales;Andrea González Hernández, Directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía Ambiente;Mariana Boy Tamborrell, Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

2 Conferencia de prensa Grupo Interinstitucional https://www.youtube.com/live/y2ZZBlHuqdE Consultado el 20 de abril de 2025.

3 Ibíd.

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 : Veracruz, quinto lugar nacional en producción y valor pesquero.
https://www.veracruz.gob.mx/2024/07/17/veracruz-quinto-lugar-nacional-en-produccion-y-valor-pesquero/

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 22 días de abril de 2026.

Diputado Sergio Gil Rullán (rúbrica)