Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a suspender el incremento a las tarifas de peaje en la red carretera federal aplicado recientemente, así como para que transparenten los criterios técnicos de dichos ajustes y presenten un plan urgente de mantenimiento para las carreteras del estado de Sinaloa, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que suspendan el incremento a las tarifas de peaje en la Red Carretera Federal aplicado recientemente; así como para que transparenten los criterios técnicos de dichos ajustes y presenten un plan urgente de mantenimiento para las carreteras del estado de Sinaloa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. A partir del pasado lunes 13 de abril de 2026, Caminos y Puentes Federales (Capufe) oficializó un nuevo incremento en las tarifas de peaje de la red de autopistas y puentes federales bajo su administración.1 Este ajuste, que entró en vigor de manera inmediata tras la conclusión del periodo vacacional de Semana Santa, representa una carga económica adicional para millones de usuarios que transitan diariamente por las vías más importantes del país, con aumentos que impactan rutas estratégicas como la México-Querétaro, México-Puebla y la Autopista del Sol.2

Resulta sumamente cuestionable que las autoridades federales implementen este tipo de medidas de manera unilateral y sin una socialización previa que permita a los sectores productivos ajustar sus costos de operación. La falta de sensibilidad al aplicar este aumento justo al terminar un periodo vacacional evidencia una política recaudatoria que no toma en cuenta la estabilidad financiera de las familias mexicanas, quienes ven reducida su capacidad de movilidad y consumo ante el encarecimiento constante de los servicios básicos y de conectividad.

Segunda. El impacto de este incremento no se limita al uso de vehículos particulares, sino que golpea de manera frontal a la competitividad y logística de todo el país, al elevar los costos de operación del transporte de carga y de pasajeros. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) ha manifestado su profunda preocupación, señalando que estos ajustes alimentan la espiral inflacionaria al encarecer el traslado de mercancías básicas, lo cual repercute finalmente en el precio que pagan los consumidores finales en los mercados y tiendas de autoservicio.3

Desde una perspectiva logística, el aumento arbitrario en las casetas disminuye la eficiencia de las cadenas de suministro y desincentiva la inversión en el sector transporte (Antac).4 No se puede aspirar a un crecimiento económico sostenido cuando los insumos básicos para la producción y distribución, como lo es el uso de la infraestructura carretera, sufren incrementos que no corresponden a una mejora en la calidad del servicio ni a una estrategia de fomento a la productividad nacional.

Tercera. Existe una contradicción inaceptable entre el aumento constante de las tarifas de peaje y el estado físico actual de la red carreteras federales, donde la inseguridad vial y el deterioro de la carpeta asfáltica son la constante. Mientras Capufe justifica estos incrementos bajo la premisa de mantenimiento y operación, los usuarios denuncian diariamente la presencia de baches profundos, falta de señalización adecuada y tramos en reparación eterna que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por ellas.

La exigencia de rendición de cuentas es urgente, pues no hay claridad sobre el destino real de los recursos recaudados por concepto de peaje. Es imperativo que las autoridades presenten informes transparentes que demuestren que este dinero se está invirtiendo efectivamente en garantizar carreteras seguras y modernas, y no simplemente en cubrir boquetes financieros de la administración federal, dejando a los ciudadanos a merced de una infraestructura obsoleta y peligrosa por la que están obligados a pagar cada vez más.

Cuarta. De manera particular, el estado de Sinaloa se ve gravemente afectado por esta medida, ya que su economía depende fundamentalmente de la conectividad terrestre para la exportación de productos agrícolas y el movimiento comercial entre sus principales ciudades.5 En el norte del estado, la caseta de San Miguel Zapotitlán registró un aumento que eleva el costo para automóviles a 107 pesos, mientras que el transporte de carga de mayor capacidad ahora debe pagar hasta 342 pesos por un solo cruce.

Este incremento es percibido por la sociedad sinaloense como un abuso, especialmente en tramos como la autopista Mazatlán-Culiacán, donde la tarifa para autos subió de 191 a 199 pesos.6 Para una entidad que aporta gran parte de la seguridad alimentaria del país, encarecer el tránsito por sus carreteras es castigar directamente a los productores y a las mujeres empresarias que dependen de la logística eficiente para mantener sus negocios a flote, afectando la competitividad regional de Sinaloa frente a otros mercados.

Quinta . Es responsabilidad de esta Cámara de Diputados alzar la voz frente a decisiones que, bajo el amparo de facultades administrativas, vulneran la economía popular y la competitividad del Estado. No se trata de un simple ajuste inflacionario, sino de una medida que carece de proporcionalidad y que no viene acompañada de un compromiso real para rehabilitar tramos que hoy se encuentran en condiciones deplorables, como la carretera México 15 a su paso por Sinaloa.

Por lo tanto, la exigencia ciudadana es clara: frenar el aumento arbitrario a las casetas y establecer mesas de diálogo reales con los sectores afectados para revisar las tarifas bajo criterios de justicia y eficiencia. Como representantes populares, no podemos ser omisos ante el reclamo de los sinaloenses que exigen carreteras dignas a precios justos, por lo que resulta indispensable que la SICT y Capufe den marcha atrás a estos incrementos hasta que se garantice un plan de mantenimiento integral que justifique el cobro a los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que de manera inmediata suspendan el incremento a las tarifas de peaje en la Red Carretera Federal aplicado a partir del 13 de abril de 2026, a fin de proteger la economía de las familias y la competitividad del sector transporte.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que haga del conocimiento público el estado que guarda la infraestructura carretera en el estado de Sinaloa, detallando el programa de mantenimiento preventivo y correctivo programado para el ejercicio 2026 en los tramos de cuota de dicha entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a Caminos y Puentes Federales (Capufe) a transparentar los criterios técnicos y financieros utilizados para determinar el porcentaje de incremento en las plazas de cobro de Sinaloa, así como el desglose del destino de los recursos recaudados en las casetas de San Miguel y la autopista Mazatlán-Culiacán durante el último año.

Notas

1 El Economista. (2026). Capufe aumenta el costo de casetas para autos a partir de este lunes. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/capufe-aumenta-costo-casetas-a utos-partir-lunes-20260413-808483.html.

2 La Jornada. (2026). Capufe aumenta peaje en casetas tras concluir vacaciones de Semana Santa. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/04/13/economia/capufe-aumenta-p eaje-en-casetas-tras-concluir-vacaciones-de-semana-santa.

3 La Razón. (2026). ANTAC expresa ‘preocupación’ por alza en casetas de México; urge a ‘mesas de diálogo reales’. Recuperado de: https://www.razon.com.mx/mexico/2026/04/15/antac-expresa-preocupacion-p or-alza-en-casetas-de-mexico-urge-a-mesas-de-dialogo-reales/.

4 Ídem.

5 Los Noticieristas. (2026). Alza en casetas golpea competitividad y logística en Sinaloa: Ammje Los Mochis. Recuperado de: https://losnoticieristas.com/sinaloa/2026/04/alza-en-casetas-golpea-com petitividad-y-logistica-en-sinaloa-ammje-los-mochis-1034897/.

6 El Debate. (2026). Usuarios de la autopista Mazatlán-Culiacán califican de injusto el aumento al peaje de 191 a 199 pesos. Recuperado de: https://www.debate.com.mx/amp/sinaloa/mazatlan/usuarios-de-las-autopist a-mazatlan—culiacan-califican-de-injusto-el-aumento-al-peaje-de-191-a-1 99-pesos-20260413-0114.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril de 2026.

Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, al SAT y a la FGR a fortalecer los mecanismos de verificación, registro, fiscalización e investigación de ofertas de empleo y actividades de intermediación laboral, a fin de prevenir conductas ilícitas y proteger la integridad de las personas buscadoras de empleo, a cargo del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Antecedentes

En México, la búsqueda de empleo constituye una actividad cotidiana para miles de personas que buscan incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y seguras.

El crecimiento del uso de plataformas digitales y redes sociales ha facilitado el acceso a oportunidades laborales; sin embargo, también ha propiciado la proliferación de ofertas de empleo sin verificación, emitidas por personas o supuestas agencias que operan fuera de cualquier control institucional.

En diversos casos, se ha documentado que personas son citadas a entrevistas en domicilios particulares o lugares no identificables, sin información clara sobre la identidad del oferente o la naturaleza real del empleo, lo que genera condiciones de vulnerabilidad.

En el entorno digital actual, diversas plataformas y redes sociales han sido utilizadas para difundir ofertas de empleo sin mecanismos mínimos de identificación o verificación, lo que dificulta rastrear a los responsables y limita la actuación de las autoridades. Esta situación ha permitido la operación de esquemas fraudulentos, simulación de actividades laborales e incluso posibles vínculos con conductas delictivas.

La ausencia de mecanismos de registro, verificación y control de intermediarios laborales dificulta la prevención de abusos, así como la actuación oportuna de las autoridades en caso de posibles conductas ilícitas.

Asimismo, la falta de coordinación entre autoridades laborales, fiscales y de procuración de justicia limita la capacidad del Estado para identificar patrones de riesgo, detectar esquemas irregulares y prevenir la operación de redes fraudulentas.

Consideraciones

México enfrenta un reto importante en materia de regulación de la intermediación laboral, particularmente en lo relativo a la identificación de quienes ofrecen empleo y las condiciones en que se desarrollan los procesos de reclutamiento, especialmente en entornos digitales.

La falta de controles mínimos en esta materia genera un entorno propicio para engaños, abusos, fraudes y la posible comisión de delitos, afectando principalmente a personas jóvenes y en búsqueda de su primer empleo.

El Estado mexicano cuenta con instituciones con atribuciones en la materia, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, por lo que resulta pertinente fortalecer la coordinación entre dichas instancias.

El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de impulsar acciones que contribuyan a la protección de la ciudadanía, particularmente en contextos donde la digitalización ha ampliado los riesgos asociados a la simulación de ofertas laborales.

Resulta necesario avanzar hacia mecanismos mínimos de trazabilidad, identificación y coordinación institucional que permitan cerrar espacios a la simulación de ofertas laborales, particularmente en medios digitales, sin generar cargas administrativas excesivas, pero sí garantizando condiciones básicas de certeza y seguridad.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la importancia de garantizar condiciones de seguridad, certeza y transparencia en los procesos de búsqueda de empleo en el país, especialmente en entornos digitales.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a:

- Fortalecer los mecanismos de supervisión de intermediarios laborales.

- Analizar la viabilidad de implementar un registro nacional de intermediarios laborales con identificación verificable.

- Promover el desarrollo de herramientas digitales públicas que permitan verificar la autenticidad de ofertas de empleo, incluyendo mecanismos de consulta accesibles para la ciudadanía sobre intermediarios laborales registrados.

- Analizar la viabilidad de establecer criterios mínimos de identificación para intermediarios laborales que operen en plataformas digitales.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Servicio de Administración Tributaria a:

- Fortalecer las acciones de verificación y fiscalización respecto de personas físicas o morales que realicen actividades de intermediación laboral, particularmente aquellas que operan en plataformas digitales o redes sociales.

- Implementar mecanismos de cruce de información que permitan identificar posibles esquemas de simulación de actividades económicas o evasión fiscal vinculados a la oferta de empleo.

- Analizar la viabilidad de establecer criterios de identificación fiscal verificable para quienes promocionen vacantes con fines lucrativos en medios digitales.

- Fortalecer la coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el intercambio de información que permita detectar actividades irregulares.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República a:

- Fortalecer las acciones de investigación relacionadas con ofertas de empleo falsas o engañosas difundidas en entornos digitales.

- Desarrollar líneas de investigación que permitan identificar patrones recurrentes y posibles redes vinculadas a esquemas de reclutamiento fraudulento.

- Analizar la posible vinculación de estas conductas con delitos como fraude, trata de personas u otras conductas ilícitas.

- Impulsar mecanismos de coordinación con autoridades laborales y fiscales para integrar investigaciones de manera más eficaz.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales y estatales a promover la coordinación interinstitucional incluyendo el intercambio de información y acciones conjuntas en entornos digitales, para la prevención de riesgos

Sexto. La Cámara de Diputados manifiesta su respaldo a las personas buscadoras de empleo, en especial a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, reconociendo la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, certeza y transparencia en los procesos de reclutamiento laboral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2026.

Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbrica)