Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7015-III-2, martes 14 de abril de 2026
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a realizar las investigaciones correspondientes e informar a la opinión pública sobre los trámites otorgados de forma preferencial a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, para obtener el estatus de donataria autorizada, con el propósito de transferir ayuda humanitaria a Cuba, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, realicen las investigaciones correspondientes e informen a la opinión pública sobre los trámites otorgados de forma preferencial a la Asociación Civil “Humanidad con América Latina”, para Obtener el estatus de Donataria Autorizada, con el propósito de transferir ayuda humanitaria a Cuba, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día 9 de marzo de 2026 se constituyó la Asociación Civil “Humanidad con América Latina”, misma que, de manera inusual y sin precedentes conocidos en la práctica administrativa, obtuvo en ese mismo día su registro como Donataria Autorizada ante el Servicio de Administración Tributaria. La asociación civil se encuentra identificada con el RFC HAL260217NZ8 y tiene en su registro bajo la dirección de correo electrónico carlospellicerlopez@gmail.com, con el nombre del sobrino de Carlos Pellicer Cámara, maestro y mentor político de López Obrador.1
Este hecho resulta particularmente relevante no por el objeto social declarado de la organización, sino por la celeridad extraordinaria con la que se otorgó dicho estatus, lo cual rompe con los tiempos ordinarios y los estándares de revisión establecidos en la normativa fiscal vigente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en la Resolución Miscelánea Fiscal aplicable, el proceso de autorización como Donataria implica una revisión exhaustiva por parte de la autoridad fiscal, la cual en condiciones normales puede tomar entre tres y seis meses. Dicha revisión comprende la validación del objeto social, la verificación de cláusulas de patrimonio y liquidación, así como el análisis de riesgos relacionados con operaciones ilícitas, incluyendo posibles esquemas de lavado de dinero.
En este contexto, la autorización en menos de 24 horas genera indicios razonables de una posible omisión de los procedimientos de debida diligencia, lo que podría configurar un acto administrativo viciado por discrecionalidad indebida, trato preferencial o incluso tráfico de influencias que la autoridad fiscal debe revisar.
En consecuencia, la figura de Donataria Autorizada no puede entenderse como un simple reconocimiento administrativo, sino como un mecanismo que implica un subsidio fiscal indirecto por parte del Estado, lo que obliga a un escrutinio reforzado sobre su otorgamiento y operación.
Aunado a lo anterior, el inicio inmediato de una campaña de recaudación masiva al día siguiente de su constitución, acompañado de una estrategia de difusión en medios de comunicación y redes sociales, así como la participación de figuras públicas, evidencia una planeación previa que resulta incompatible con la supuesta naturaleza técnica y rigurosa del procedimiento de autorización. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que el proceso administrativo pudo haber sido acelerado de manera indebida para facilitar la operación inmediata de la asociación.
Particularmente es preocupante la vinculación pública de dicha asociación con la figura del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que genera una percepción fundada de intervención política indebida en la promoción de una entidad privada que goza de beneficios fiscales vigentes. Este elemento introduce un componente de responsabilidad política que trasciende el ámbito estrictamente administrativo y compromete la imparcialidad institucional del aparato fiscal.
Adicionalmente, el destino de los recursos recaudados hacia un gobierno extranjero plantea riesgos relevantes en materia de seguridad nacional y control del financiamiento internacional. La utilización de una donataria autorizada para canalizar recursos deducibles de impuestos hacia el extranjero podría constituir un mecanismo indirecto mediante el cual el Estado mexicano subsidia flujos de capital sin la intervención de los canales institucionales correspondientes, particularmente aquellos bajo la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este esquema abre la posibilidad de triangulación de recursos y de elusión de controles financieros internacionales.
La información pública disponible, incluyendo registros oficiales del Servicio de Administración Tributaria, publicaciones en medios de comunicación y reportajes de investigación, apunta a la existencia de un posible esquema de autorización en vía rápida que vulnera el principio de igualdad ante la ley y debilita la confianza en las instituciones fiscales. De confirmarse estas irregularidades, se estaría frente a un caso paradigmático de utilización de instrumentos fiscales con fines distintos a los previstos en la ley, lo cual representa un riesgo estructural para la Hacienda Pública y el Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicios de Administración Tributaria, informen a la opinión pública sobre el trámite preferencial otorgado a la Asociación Civil “Humanidad con América Latina” para obtener el estatus de donataria autorizada.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, inicie una auditoría integral y el correspondiente procedimiento de investigación en torno al otorgamiento de la autorización como Donataria Autorizada a la Asociación Civil ‘Humanidad con América Latina’, y difunda ante la opinión pública los hallazgos del proceso, así como las responsabilidades administrativas o consecuencias legales que, en su caso, se deriven de presuntas irregularidades en dicho proceso.
Notas
1 https://latinus.us/mexico/2026/3/15/humanidad-con-america-latina-la-aso ciacion-civil-de-reciente-creacion-que-lopez-obrador-promueve-para-apoy ar-cuba-167046.html
2 https://lasillarota.com/nacion/2026/3/15/que-sabemos-de-la-asociacion-c ivil-humanidad-con-america-latina-con-la-que-amlo-invita-donar-para-cub a-590467.html
Palacio legislativo, a 14 de abril de 2026.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la ASF a realizar las investigaciones sobre los contratos otorgados por la Empresa Pública Petróleos Mexicanos a la empresa privada Petro Servicios Integrales México, SA de CV, respecto de los actos de corrupción difundidos en medios de comunicación respecto de los contratos otorgados por parte de Pemex a Petro Servicios Integrales México, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar el uso de los recursos públicos, incluyendo aquellos asignados a entidades fiscalizadas como la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de garantizar la transparencia y el combate frontal a la corrupción, un problema que ha sido frecuente en estos 7 años.
En concordancia con este mandato, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obligan a las autoridades a investigar y sancionar cualquier acto de nepotismo, tráfico de influencias o irregularidad en la adjudicación de contratos públicos que comprometa el patrimonio nacional.
No obstante, ha trascendido a la opinión pública información documental y periodística que señala presuntas irregularidades en contratos otorgados por la empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), a favor del ciudadano Juan Carlos Guerrero Rojas y la empresa Petroservicios Integrales México, S.A. de C.V., según los registros públicos de contratación, dicha empresa ha sido beneficiaria de recursos que superan los 4 mil 117 millones de pesos mediante dos instrumentos principales: el primero, un concurso abierto en 2019 para intervenciones de pozos, y el segundo, una adjudicación directa formalizada en noviembre de 2023 por un monto de 2 mil 119 millones de pesos, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2026. Petroservicios Integrales México fue constituida en enero de 2004.1
Resulta de especial preocupación que la asignación de contratos de tal magnitud, particularmente bajo la modalidad de adjudicación directa, carezca de la transparencia y la rigurosa justificación técnica que la normativa vigente exige. Esta opacidad se ve agravada por las denuncias ratificadas ante la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados, las cuales detallan severas inconsistencias financieras. Destaca, de manera crítica, el reporte de adeudos por 563 millones de pesos acumulados hasta marzo de 2025; una cifra que no solo compromete la viabilidad de los proyectos, sino que genera sospechas fundadas sobre el manejo de los flujos de efectivo y la posible comisión de actos de malversación de fondos.
Aunado a lo anterior, la reciente exhibición de opulencia en eventos de alto perfil sugiere un flagrante quebrantamiento de los principios de austeridad y ética pública. Un caso concreto es la ostentosa celebración de una fiesta de quince años en el estado de Tabasco, la cual ha provocado una enérgica condena social. Los indicios señalan que dicho evento habría sido financiado con recursos provenientes de contratos irregulares y aportaciones de empresarios vinculados a Pemex.
Este escenario configura un posible conflicto de interés y refuerza los señalamientos de corrupción, al evidenciar un nexo directo entre el beneficio particular de servidores públicos y el uso discrecional del erario.
Esto reaviva las especulaciones sobre corrupción, involucrando figuras públicas y recursos de Pemex que deben ser investigadas a la brevedad, lo que afecta la credibilidad de las instituciones y el uso adecuado de recursos públicos.
El contraste entre el discurso institucional de probidad y la percepción social de enriquecimiento ilícito de contratistas vinculados al entorno de la anterior administración de Pemex, específicamente con las áreas de dirección y administración, afecta gravemente la credibilidad de las instituciones y exige una revisión exhaustiva de los criterios de asignación en los procesos de licitación y asignación.
Ante estos hechos, es prioritario que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la empresa pública Petróleos Mexicanos, tienen la responsabilidad de investigar estos hechos para esclarecer si existieron violaciones a la ley, que se sustentan jurídicamente en el artículo 217 del Código Penal Federal por uso ilícito de los servidores públicos relativo a peculado y enriquecimiento ilícito.
El marco jurídico, a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece un sistema de sanciones rigurosas y diferenciadas para combatir la corrupción en las licitaciones públicas. Para los servidores públicos, las sanciones por faltas graves —como el cohecho o el desvío de recursos— incluyen la destitución del cargo y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual puede extenderse hasta por veinte años. Estas medidas buscan no solo castigar el acto individual, sino erradicar la impunidad dentro de la administración pública y proteger la integridad del erario ante el uso ilícito de atribuciones.
Por otro lado, la normativa vigente extiende su brazo sancionador hacia los particulares y empresas que participan en actos irregulares, como la colusión o el tráfico de influencias en contratos de entidades como Pemex. Las sanciones para las personas morales pueden ser rígidas en términos comerciales, incluyendo multas económicas equivalentes al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación para participar en adquisiciones y arrendamientos con cualquier ente público. En casos de extrema gravedad, el marco legal permite, incluso, la suspensión de actividades o la disolución de la sociedad, garantizando que las empresas que se benefician de la corrupción queden excluidas definitivamente del mercado estatal.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar las investigaciones correspondientes sobre los contratos otorgados por la empresa pública Petróleos Mexicanos a la empresa privada Petroservicios Integrales México, S. A. de C. V., así como a las empresas vinculadas con su propietario, por identificación de posibles hechos de corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos y desvío de recursos públicos, y en el caso de existir las irregularidades administrativas y penales, se realicen las denuncias correspondientes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Fiscalía General de la República, para que, en el caso de los hechos denunciados públicamente en medios de comunicación sobre delitos por hechos de corrupción, se abran las carpetas de investigación.
Notas
1 https://x.com/JJDiazMachuca/status/2030771694764425313#:~:text=%C2%A1YA %20SALI%C3%93%20EL%20PEINE!%20Uno%20de%20varios,es%20due%C3%B1o%20de%20 inmobiliarias%2C%20gasolineras%20y%20a
2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/sorprende-millonario-con-fiesta- de-xv-anos-es-contratista-de-pemex/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de abril de 2026.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a las instituciones correspondientes a fin de informar y entregar a la ciudadanía un informe completo y actual sobre el programa de vivienda y regularización implementado por el mismo, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a las instituciones correspondientes, a fin de informar y entregar a la ciudadanía un informe completo y actual sobre el Programa de Vivienda y Regularización, implementado por el mismo gobierno federal.
Consideraciones
La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, en un principio presentó el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.
El objetivo principal de este programa, a palabras del Ejecutivo federal, es el de brindar vivienda para quien más lo necesita; “no es construir viviendas por construir viviendas, esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación’’, destacó la presidenta al presentar dicho programa.
Mencionó también una inversión de 600 mil millones de pesos; que iniciarían en 2025 con la construcción de 165 mil viviendas: (Sedatu) creando el Programa de Vivienda en renta para jóvenes, con precios asequibles de arrendamiento: (Conavi)
Explicó que, del millón de viviendas nuevas, 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la población derechohabiente, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizará otras 500 mil para personas no derechohabientes, cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar (Finabien).
El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y, particularmente, las y los jóvenes, tengan acceso a la vivienda”, agregó.
Puntualizó que este programa tiene como principal objetivo garantizar el derecho al techo, lo que no sucedía en gobiernos neoliberales, donde la construcción de viviendas estaba pensada como un proyecto de desarrollo inmobiliario y no como obras para garantizar los derechos del pueblo de México.1
Es decir, el Programa de Vivienda y Regularización 2025, lanzado por el gobierno federal, busca transformar el panorama habitacional en México al construir un millón de viviendas y entregar un millón de escrituras durante el sexenio.
Este programa describe lo siguiente:
Construcción de un millón de viviendas:
• 500 mil viviendas destinadas a derechohabientes a través del Infonavit.
• 500 mil viviendas para no derechohabientes, financiadas por la Conavi y con apoyo de la Financiera para el Bienestar (Finabien).
Entrega de un millón de escrituras:
• Regularización de predios a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), FOVISSSTE e INFONAVIT.
Además, para dicho programa se especifica una inversión de 600 mil millones de pesos, donde se especifica que el programa generará alrededor de 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos, beneficiando a todas las regiones del país:
Sur: 325 mil viviendas.
Centro: 239 mil 400 viviendas.
Centro-Norte: 228 mil 800 viviendas.
Norte: 206 mil 800 viviendas.
Y según el programa planteado por el gobierno federal busca revertir las fallas de administraciones pasadas, donde las viviendas construidas estaban alejadas de los centros urbanos y carecían de servicios básicos. Ahora, el enfoque está en proporcionar viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas, impulsando un modelo que prioriza el derecho al techo como un derecho humano esencial.
Además, de este programa la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega, informó durante conferencia que la meta inicial del programa —un millón de viviendas nuevas— fue rebasada y ampliada a 1.8 millones.
De ese total, destacó la funcionaria, al menos un millón 250 mil viviendas ya cuentan con ruta de conclusión.
Es decir, el nuevo alcance considera:
1.2 millones de viviendas a través del Infonavit
500 mil mediante la Conavi
100 mil más por parte del FOVISSSTE
Según los avances presentados, en 2025 se suscribieron 393 mil 686 viviendas entre Infonavit y Conavi, lo que supera la meta anual y beneficia a 1.4 millones de personas.2
Sin embargo, aun y con toda esta información el programa sabemos enfrentaría y enfrenta problemas de ejecución.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanza a paso lento en la construcción de casas del programa de Vivienda y Regularización 2024-2030, con el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca ampliar el acceso a un inmueble de personas con bajos recursos.
Este programa se puso como objetivo construir 1.8 millones de viviendas sociales para 2030, además de remodelar casi medio millón de hogares en zonas prioritarias y escriturar un millón de casas. Sin embargo, Moody’s Local señaló que el proyecto presenta rezagos y complicaciones que ponen en duda sus resultados.3
El Programa “Vivienda para el Bienestar” ha mostrado avances cuantitativos importantes —con miles de unidades suscritas, metas ampliadas y acciones de regularización jurídica— y beneficios concretos para familias de bajos ingresos. Sin embargo, el ritmo de construcción y la ejecución física de proyectos aún enfrenta rezagos, lo que significa que el cumplimiento total de las metas sexenales dependerá de acelerar obras, resolver cuellos de botella administrativos y reforzar la coordinación institucional entre los distintos organismos del sector vivienda
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y a las instituciones correspondientes, a fin de informar y entregar a la ciudadanía un informe completo y actual sobre el Programa de Vivienda y Regularización, implementado por el mismo gobierno federal.
Notas
1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-pres enta-nuevo-programa-de-vivienda-y-regularizacion
2 https://www.eluniversalhidalgo.com.mx/tendencias/programa-vivienda-para -el-bienestar-avanza-con-casi-394-mil-viviendas-suscritas-en-2025/?utm_ source=chatgpt.com
3 https://elceo.com/bienes-raices/infonavit-mantiene-rezago-en-construcci on-de-vivienda-meta-de-2026-inalcanzable/?utm_source=chatgpt.com
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, en coordinación con la SHCP, la SE y a través de la estructura programática de la CFE, a considerar los recursos suficientes destinados al fortalecimiento, mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura eléctrica en el estado de Guanajuato, con base en un diagnóstico técnico sobre las fallas recurrentes del suministro, la capacidad instalada y las necesidades de inversión, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al tenor siguiente
Consideraciones
En el contexto actual de desarrollo económico y crecimiento urbano que experimenta el país, el suministro de energía eléctrica constituye un elemento esencial para garantizar la continuidad de las actividades productivas, el funcionamiento de los servicios públicos y la calidad de vida de la población. En este sentido, la infraestructura eléctrica no puede entenderse únicamente como un componente técnico, sino como un pilar estratégico para el desarrollo regional y nacional.
Guanajuato se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los principales ejes de desarrollo industrial del país, destacando por su participación en sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero, logístico y agroindustrial. Esta dinámica económica ha implicado un incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica, lo que exige una infraestructura robusta, moderna y eficiente capaz de responder a las necesidades actuales y futuras.
No obstante, en diversos municipios de la entidad, se han registrado fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica, manifestadas a través de apagones, variaciones de voltaje y cortes prolongados del servicio. Estas fallas no sólo generan afectaciones económicas a las empresas y comercios, sino que también impactan de manera directa en la vida cotidiana de las personas, al comprometer el funcionamiento de equipos, servicios básicos y condiciones mínimas de bienestar.
Municipios como Celaya e Irapuato han reportado de manera constante este tipo de problemáticas, y han durado hasta por tres días, lo que evidencia una presión creciente sobre la infraestructura eléctrica existente. La recurrencia de estas fallas pone de manifiesto la necesidad de realizar inversiones estratégicas en mantenimiento, modernización y ampliación de la red eléctrica, particularmente en zonas con alta actividad económica y crecimiento urbano acelerado.
Las causas de estas fallas pueden ser diversas, incluyendo la saturación de redes, el envejecimiento de la infraestructura, la insuficiente capacidad de distribución, así como factores climáticos cada vez más adversos. Sin embargo, más allá de las causas específicas, resulta evidente que existe una brecha entre la demanda energética actual y la capacidad instalada para atenderla de manera eficiente.
En este contexto, si bien la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la responsable de la operación del sistema eléctrico nacional, el fortalecimiento de la infraestructura depende en gran medida de la disponibilidad de recursos presupuestales suficientes. La inversión en infraestructura energética requiere planeación de largo plazo, asignaciones presupuestales oportunas y una visión estratégica que permita anticipar el crecimiento de la demanda.
En la Carta Magna, en el artículo 27, la nación mexicana cuenta con la facultad exclusiva para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica. Por lo que la energía es un derecho humano, que no puede ser letra muerta, y debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales (tesis aislada, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 959).
Derivado de lo anterior, la asignación de recursos públicos no es un ejercicio neutro, sino una decisión política que define las prioridades del Estado. En ese sentido, destinar mayores recursos a la infraestructura eléctrica en Guanajuato, ante el problema de suficiencia energética, no sólo responde a una necesidad técnica, sino a una estrategia de desarrollo que busca garantizar condiciones de competitividad y estabilidad.
La falta de inversión oportuna en infraestructura eléctrica puede traducirse en afectaciones significativas para la economía regional, incluyendo interrupciones en procesos productivos, pérdidas económicas, disminución de la competitividad y desincentivo a la inversión. Asimismo, desde una perspectiva social, las fallas en el suministro eléctrico afectan directamente la calidad de vida de las personas, particularmente en lo relativo al acceso a servicios básicos, seguridad y bienestar.
En este sentido, las fallas en el suministro de energía eléctrica que ya llevan un año, no sólo generan afectaciones a la población en su vida cotidiana, sino que impactan de manera directa en la competitividad del estado de Guanajuato, al tratarse de una entidad con alta vocación industrial y una importante participación en cadenas productivas nacionales e internacionales.
La continuidad y calidad del servicio eléctrico constituye un elemento esencial para el adecuado funcionamiento de los ciclos productivos, particularmente en sectores como el automotriz, manufacturero, agroindustrial y logístico, los cuales dependen de procesos continuos y altamente tecnificados. Las interrupciones en el suministro eléctrico generan paros en la producción, pérdidas económicas, afectaciones en la calidad de los productos y retrasos en las cadenas de suministro, lo que disminuye la eficiencia operativa de las empresas.
Asimismo, la inestabilidad en el servicio eléctrico puede traducirse en mayores costos para las unidades económicas, al obligarlas a implementar mecanismos alternativos de generación o protección de equipos, lo que impacta negativamente en su productividad y competitividad frente a otras regiones del país o del extranjero.
En un entorno globalizado, donde las decisiones de inversión se encuentran estrechamente vinculadas a la disponibilidad de infraestructura confiable, la recurrencia de fallas en el suministro eléctrico puede constituir un factor de riesgo que desincentive la llegada de nuevas inversiones o la permanencia de las ya establecidas en la entidad.
Por lo anterior, garantizar un suministro eléctrico continuo, eficiente y de calidad no sólo es una obligación del Estado en materia de servicios públicos, sino una condición indispensable para el desarrollo económico, la estabilidad de los procesos productivos y la competitividad regional.
Por otra parte, es importante considerar que el crecimiento urbano e industrial de algunos municipios ha superado, en algunos casos, la capacidad de respuesta de la infraestructura existente. Esta situación exige una intervención decidida por parte del Estado para actualizar y fortalecer las redes eléctricas.
En un contexto de transición energética y modernización del sistema eléctrico, resulta indispensable que las inversiones en infraestructura no sólo respondan a las necesidades actuales, sino que también se orienten a garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema en el largo plazo.
Asimismo, la mejora en la calidad del suministro eléctrico contribuye a fortalecer la confianza de los sectores productivos y de la ciudadanía en las instituciones, al garantizar un servicio esencial que impacta de manera directa en múltiples dimensiones de la vida económica y social.
En este sentido, es fundamental reconocer que el desarrollo regional equilibrado requiere de infraestructura suficiente y de calidad, y que la energía eléctrica es un insumo básico para el funcionamiento de cualquier actividad productiva. Por ello, garantizar su suministro continuo y eficiente debe ser una prioridad en la agenda pública.
Finalmente, es importante señalar que la atención a las fallas en el suministro eléctrico no sólo implica una respuesta reactiva, sino la implementación de políticas preventivas que permitan anticipar y evitar futuras interrupciones, mediante inversiones estratégicas y planeación adecuada.
Por lo anterior, esta proposición con punto de acuerdo exhorta un servicio eficiente, continuo y de calidad, del servicio eléctrico.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de la estructura programática de la Comisión Federal de Electricidad, consideren los recursos suficientes destinados al fortalecimiento, mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura eléctrica en el estado de Guanajuato, con base en un diagnóstico técnico sobre las fallas recurrentes del suministro, la capacidad instalada y las necesidades de inversión.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para que emita un informe detallado a la opinión pública, sobre la situación actual de la infraestructura eléctrica en el estado de Guanajuato, que incluya:
I. Diagnóstico de las fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica;
II. Identificación de los municipios con mayor incidencia de interrupciones;
III. Estado de la infraestructura de generación, transmisión y distribución en la entidad;
IV. Acciones de mantenimiento, modernización y ampliación realizadas y programadas;
V. Proyección de inversión necesaria para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.
Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, por conducto de la SRE, a realizar e intensificar las gestiones diplomáticas necesarias ante el gobierno de Estados Unidos de América, a efecto de exigir el esclarecimiento pleno, transparente y expedito del fallecimiento del ciudadano mexicano José Guadalupe Ramos Solano, originario del municipio de Silao, Guanajuato, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso e integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La protección de las personas mexicanas en el exterior constituye una obligación fundamental del Estado mexicano, derivada no solo de su marco constitucional, sino también de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos por lo que, el actuar del Estado frente a situaciones que vulneren la integridad, la vida o la dignidad de sus connacionales fuera del territorio nacional debe ser oportuno, eficaz y firme, privilegiando en todo momento la defensa del interés nacional y la salvaguarda de los derechos de las personas.
De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, se estima que más de 12 millones de personas mexicanas residen en Estados Unidos de América, de los cuales, aproximadamente 98 por ciento lo hace en Estados Unidos.1
En este contexto, el Estado mexicano debe fortalecer su política de protección a personas migrantes, particularmente ante el incremento en la implementación de operativos migratorios y redadas en Estados Unidos de América. Diversas fuentes han documentado que dichos operativos, en ciertos casos, se han llevado a cabo en condiciones que implican riesgos a los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas migrantes.
Prueba de ello es el preocupante fallecimiento del ciudadano mexicano José Guadalupe Ramos Solano, originario del municipio de Silao, Guanajuato, ocurrido el pasado 25 de marzo, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias en los Estados Unidos. Este hecho exige una actuación clara, decidida y transparente por parte del Estado mexicano, a fin de garantizar el esclarecimiento pleno de las circunstancias en que ocurrió, así como el acceso a la verdad, la justicia y la debida reparación del daño a sus familiares, toda vez que, de acuerdo con declaraciones de sus familiares, dichos elementos no han sido plenamente garantizados.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, corresponde al Estado mexicano, a través de sus representaciones diplomáticas y consulares, proteger la dignidad, los derechos y los intereses de las personas mexicanas en el extranjero. Esta obligación no se limita a la asistencia consular básica, sino que implica el deber de desplegar acciones oportunas, eficaces y suficientes para salvaguardar su integridad, así como para acompañar y dar seguimiento a sus legítimas reclamaciones frente a autoridades extranjeras, particularmente en aquellos casos en los que se presuma la vulneración de sus derechos humanos.
En este sentido, resulta indispensable garantizar plena transparencia respecto de las acciones emprendidas por el Estado mexicano en este tipo de casos. La rendición de cuentas no solo permite evaluar la eficacia y oportunidad de las gestiones diplomáticas y consulares, sino que constituye un elemento esencial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, particularmente en lo relativo a la protección y defensa de las personas mexicanas en el exterior.
Por ello, resulta indispensable contar con información detallada, oportuna, verificable y sistematizada sobre las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas que el Estado mexicano ha emprendido ante el gobierno de Estados Unidos de América en relación con los connacionales que han fallecido en el contexto de operativos migratorios y redadas. Dicha información debe permitir conocer con claridad el alcance de las gestiones realizadas, los mecanismos de coordinación interinstitucional activados, el seguimiento puntual de cada caso y los resultados obtenidos en términos de acceso a la justicia, esclarecimiento de los hechos y reparación del daño a las víctimas y sus familias.
Resulta fundamental identificar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo los protocolos de actuación consular, los esquemas de asistencia jurídica, así como las acciones preventivas orientadas a mitigar riesgos y evitar la repetición de hechos que vulneren la vida y la integridad de los connacionales en el extranjero. La ausencia de información clara y accesible no solo limita la evaluación de la actuación institucional, sino que debilita la capacidad del Estado para responder de manera integral y articulada frente a estos desafíos.
La gravedad de estos acontecimientos exige una respuesta institucional firme, oportuna y sustentada en los principios que rigen la política exterior mexicana, particularmente aquellos relativos a la protección y promoción de los derechos humanos, la cooperación internacional y la defensa efectiva de sus nacionales en el extranjero.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realicen y, en su caso, se intensifiquen de manera urgente, las gestiones diplomáticas necesarias ante el gobierno de Estados Unidos de América, a efecto de exigir el esclarecimiento pleno, transparente y expedito del fallecimiento del ciudadano mexicano José Guadalupe Ramos Solano, originario del municipio de Silao, Guanajuato, garantizando el acceso a la verdad, la justicia y la debida reparación del daño a sus familiares.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a la opinión pública sobre las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas emprendidas por el Estado mexicano ante el gobierno de Estados Unidos de América, en relación con los connacionales que han fallecido en el contexto de operativos migratorios y redadas en ese país, incluyendo las gestiones realizadas para la protección de sus derechos humanos, el seguimiento de los casos y las medidas adoptadas para evitar la repetición de estos hechos.
Nota
1 https://www.cronista.com/mexico/actualidad-mx/es-oficial-habra-nuevos-b eneficios-del-gobierno-de-mexico-para-mexicanos-que-viven-en-el-exterio r/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.
Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios afectados por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, a diseñar e implementar una estrategia integral de atención y recuperación regional, bajo un enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional, garantizando la participación de las comunidades afectadas, a cargo de la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Bienestar, de Turismo y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios afectados por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, diseñen e implementen una estrategia integral de atención y recuperación regional, bajo un enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional, garantizando la participación de las comunidades afectadas, en términos de las siguientes:
Consideraciones
I. Contexto y hechos
Recientemente, se registró en las costas del Golfo de México un derrame de hidrocarburos que ha generado impactos significativos en el medio ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades cercanas, especialmente en el estado de Veracruz.
Este incidente no solo implica daños ecológicos, sino también afectaciones a la salud pública, pérdida de ingresos de las familias dedicadas a la pesca, turismo y comercio local, así como daños en los ecosistemas que sustentan las economías regionales.
De acuerdo con información pública y reportes preliminares, el derrame ha causado afectaciones a lo largo de 630 kilómetros de las costas entre Tabasco y Veracruz, y se identificaron al menos 51 sitios desde Paraíso, Tabasco, hasta el norte de Veracruz, en donde hay contaminación de playas y ecosistemas clave como, arrecifes, manglares, y la Laguna del Ostión en el municipio de Pajapan, Veracruz.1
Datos recientes aportados por organizaciones civiles, académicos y los propios habitantes de las zonas afectadas, señalan que la extensión del litoral del Golfo de México afectado por la presencia de hidrocarburos se incrementó esta semana a alrededor de 900 kilómetros, y cuestión alarmante sobremanera es que en varias zonas costeras se ha reportado la limpieza de la playa, pero han ocurrido nuevos arribazones, lo que hace suponer que el origen del problema no está controlado.2
Respecto a los daños ambientales, hay diversos señalamientos por parte de comunidades, como el caso de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, quienes denunciaron que aparecieron dos nuevas tortugas muertas y peces pintados de chapopote, muestra que el derrame sigue afectando a la fauna acuática y a las playas.3
Además de lo anterior, este tipo de derrames puede tener impactos de mediano y largo plazo, incluyendo la contaminación persistente de suelos y agua, disminución de biodiversidad y riesgos a la salud por exposición a compuestos tóxicos.
Si bien el marco jurídico establece la responsabilidad de quienes generan daño ambiental, los mecanismos de reparación suelen implicar procesos técnicos y jurídicos que no responden a la urgencia de las necesidades sociales. En este sentido, resulta indispensable que el Estado actúe de manera subsidiaria para garantizar condiciones mínimas de bienestar mientras se determinan y ejecutan las responsabilidades correspondientes.
II. Diagnóstico del problema público
El problema en comento no es exclusivamente en el ámbito medioambiental, sino también en el social y económico de las comunidades cercanas a la zona del derrame.
Una de las actividades más importantes de la región, como el turismo, sufrió la afectación previo a la fecha de mayor afluencia de vacacionistas, la Semana Santa. Comerciantes se dijeron preocupados por la falta de clientes, ya que la afluencia en estas fechas no alcanzó ni 50 por ciento de lo que registraban en años anteriores, cuestión que por supuesto repercutió directamente en la economía de vendedores ambulantes, propietarios de restaurantes, lancheros, entre otros prestadores de servicios turísticos.4
Sobre la pesca, el gremio se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, pues las jornadas de pesca se suspendieron formalmente desde la primera semana de marzo, cuando las manchas de chapopote comenzaron a invadir las zonas de captura.
Expertos también han observado un reciente rechazo en centros de abasto de pescados y mariscos, como La Viga en la Ciudad de México y en Progreso, Yucatán, a productos provenientes de Tabasco y Veracruz, por el temor de que lleguen contaminados.5
Y si bien se dio a conocer que se otorgará un apoyo extraordinario de 15 mil pesos a los pescadores afectados por el derrame en el Golfo de México, a través de Bienpesca, los propios trabajadores del sector reconocen que son insuficientes, ya que estiman que han dejado de percibir ingresos fundamentales para el sustento familiar durante este periodo de inactividad forzada.
Aunado a ello, los efectos de la contaminación por hidrocarburos no se limitan al momento del incidente, sino que pueden extenderse durante semanas, meses o incluso años. Esta característica agrava la situación de las comunidades afectadas, ya que prolonga la imposibilidad de reanudar sus actividades económicas con normalidad.
III. Fundamento jurídico
Es menester considerar que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de las personas a un entorno sano, conforme al artículo 4o. constitucional, y además la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece la responsabilidad de prevenir, mitigar y reparar daños ambientales.
Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental determina que quien cause un daño al ambiente está obligado a repararlo o compensarlo, esto en caso de que se determine que el incidente haya sido provocado por factor humano, sea de privados o de la Pemex.
Y si bien el principio de responsabilidad ambiental establece que quien genera un daño debe repararlo, es igual de necesario tener en cuenta que los procesos de reparación suelen ser largos, dejando en desprotección a las víctimas en el corto plazo.
En este sentido, se señala que es facultad del Estado implantar medidas de atención emergente y procedimientos de apoyo económico cuando eventos extraordinarios afectan el bienestar de la población; la intervención oportuna del gobierno no solo es un acto de justicia social, sino también una medida para prevenir crisis económicas y sociales en las regiones impactadas.
Además de atender las consecuencias inmediatas, es fundamental que las autoridades competentes adopten medidas que fortalezcan los mecanismos de supervisión, control y prevención, a fin de evitar la repetición de este tipo de incidentes.
Es por lo antes fundado y motivado, que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios afectados por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, diseñen e implementen una estrategia integral de atención y recuperación regional, bajo un enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y desarrollo regional, garantizando la participación de las comunidades afectadas, que contemple, al menos, las siguientes acciones:
I. Inmediatas
a) La realización de un censo integral de personas afectadas, incluyendo pescadores, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y otros sectores productivos;
b) La implementación de apoyos económicos emergentes suficientes y oportunos, considerando la duración real de la afectación, con base en el censo de personas afectadas;
c) La activación de programas temporales de empleo en labores de limpieza, restauración ambiental y mantenimiento de zonas costeras;
II. Mediano plazo:
a) El establecimiento de programas de reactivación productiva, incluyendo financiamiento, créditos blandos y apoyos a pequeñas y medianas empresas locales;
b) El desarrollo de campañas de certificación y confianza sanitaria para productos pesqueros de la región;
c) La implementación de estrategias de promoción turística una vez que existan condiciones ambientales seguras;
III. Largo plazo:
a) La ejecución de programas de restauración ecológica en manglares, arrecifes y zonas costeras afectadas;
b) El fortalecimiento de mecanismos de monitoreo ambiental permanente;
c) El diseño de protocolos de prevención, atención y respuesta inmediata ante futuros derrames o contaminación por hidrocarburos, con enfoque interinstitucional.
Notas
1 N+ (2026), Derrame en Golfo de México: Habitantes de Tabasco y Veracruz Detectan 51 Puntos Afectados, consultado en: https://www.nmas.com.mx/nacional/derrame-petroleo-golfo-de-mexico-habit antes-tabasco-y-veracruz-detectan-puntos-afectados/
2 El Economista (2026), Derrame en el Golfo de México ya afecta 900 kilómetros de litoral, alertan organizaciones, consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/derrame-golfo-mexico-afecta-90 0-kilometros-litoral-alertan-organizaciones-20260404-807197.html
3 El Universal (2026), Protestan pobladores de Veracruz por daños ambientales tras derrame, consultado en: https://es-us.noticias.yahoo.com/protestan-pobladores-veracruz-da%C3%B1 os-ambientales-184736156.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly 93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIbaTQk42L0NFMC9_FdrCSJ poC18NUNnpBgaptgFCNKqbOwXEGFS-EdxrND_wsMfQLNIcZw9VVfsO9xWr-c_baFsd80mvH 5UOXdOHfQj_WXUeZyMunBlaQoKbbrRm9NLcwOAvTg05tR-seC0qYnprxFJq4J5MTiC4HFLh sEqOGxT
4 El Diario de Coahuila (2026), Derrame de petróleo afecta el turismo en Veracruz, consultado en: https://eldiariodecoahuila.com.mx/2026/04/05/derrame-de-petroleo-afecta -el-turismo-en-veracruz/
5 Imagen Radio (2026), Derrame de petróleo en el Golfo de México: las claves para entender la afectación ambiental y económica, consultado en: https://www.imagenradio.com.mx/derrame-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexic o-las-claves-para-entender-la-afectacion-ambiental-y
Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de abril de 2026.
Diputada María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica)