Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se solicita a la SICT y a la SEP a que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos de coordinación para incorporar en la educación media superior planes de formación destinados a la capacitación de operadores de autotransporte, para fortalecer la profesionalización del sector, mejorar la seguridad vial y cubrir la demanda de personal calificado, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Conanp, a la Conafor, a la Profepa, a la GN y a la Sedena para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones de protección, conservación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, derivado de la explotación indebida de los recursos forestales, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Morelos para que, con base en sus atribuciones y facultades, realice una investigación expedita, transparente, con perspectiva de género, libre de omisiones y garantizando el derecho a la verdad respecto al caso de Maylin “N” que fue encontrada muerta en Tlayacapan, Morelos, el pasado 31 de julio de 2025, a cargo del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la SICT, al INEGI, al Secretariado Ejecutivo del SNSP y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer el registro estadístico de conductas de riesgo en la conducción, particularmente el uso de direccionales, así como a implementar campañas de educación vial, fortalecer los procesos de formación en la expedición de licencias de conducir y promover la armonización normativa en materia de movilidad y seguridad vial, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Semar, para que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias competentes, evalúe e implemente la instalación de un servicio de transporte desde el AICM destinado a los usuarios, con el propósito de trasladarlos a puntos seguros donde puedan acceder a medios de transporte público, a cargo de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas autoridades impulsar la asignación de recursos a la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora y que fortalezcan sus programas de formación, certificación, profesionalización, equipamiento, actualización tecnológica e infraestructura institucional, a cargo de la diputada Jessica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente al honorable ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a llevar a cabo gestiones necesarias a fin de que se implemente una adecuación de la infraestructura hídrica para el uso racional y sustentable del agua, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Condusef, así como a los titulares de las Fiscalías Generales de Justicia de todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, a implementar acciones coordinadas y de colaboración para orientar oportunamente a los cuentahabientes afectados por presuntos fraudes, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a comenzar con la inscripción de la tradición de Día de Muertos del Pueblo de San Andrés Mixquic, de la Alcaldía de Tláhuac, como Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, considerando que esta festividad representa una invaluable riqueza cultural, cuya preservación resulta indispensable por su origen prehispánico y su condición como una de las tradiciones más emblemáticas de la Ciudad de México, a cargo del diputado Roberto Mejía Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita respetuosamente a la Sedatu, a realizar y emitir dictámenes técnicos, normas y documentos de planeación, enfocados en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, habitabilidad de vivienda y gestión de riesgos, en las colonias irregulares de la alcaldía Tláhuac, con objeto de asegurar a la población la protección de sus derechos a un patrimonio habitacional digno, a la no discriminación y a la convivencia en condiciones de equidad e inclusión social, a cargo del diputado Roberto Mejía Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se le solicita respetuosamente a la Conafor y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro a fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales en el estado de Querétaro, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se solicita a la SICT y a la SEP a que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos de coordinación para incorporar en la educación media superior planes de formación destinados a la capacitación de operadores de autotransporte, para fortalecer la profesionalización del sector, mejorar la seguridad vial y cubrir la demanda de personal calificado, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Francisco Javier Borrego Adame, diputado en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La movilidad de bienes y personas constituye un elemento esencial para el desarrollo económico y social de los países, particularmente en economías como la mexicana, donde el autotransporte representa el principal medio de traslado de mercancías en el territorio nacional. Este sector no sólo garantiza el abasto oportuno de insumos y productos, sino que incide directamente en la competitividad, la productividad y la integración de las cadenas logísticas.

En México, el autotransporte de carga moviliza la mayor parte de las mercancías que se consumen y producen en el país, consolidándose como un pilar estratégico de la economía nacional. No obstante, a pesar de su relevancia, el sector enfrenta diversos retos estructurales, entre los que destaca la creciente escasez de operadores capacitados, situación que impacta negativamente en la eficiencia operativa, incrementa los costos logísticos y limita su capacidad de crecimiento.

La escasez de operadores de autotransporte en México es un problema creciente que impacta directamente en la eficiencia y competitividad del sector. Al cierre de 2025, existían aproximadamente 12.3 millones de vehículos de carga registrados, mientras que únicamente 1.28 millones de conductores contaban con la formación adecuada para operarlos, según datos de la Secretaría de Economía y Data México. Esta brecha estructural limita la capacidad de crecimiento del sector, aumenta los costos logísticos y genera presión sobre la seguridad vial, debido a la elevada proporción de operadores formados de manera empírica.1

A esta problemática se suma la ausencia de esquemas sistemáticos de formación y profesionalización de operadores, ya que, en muchos casos, la capacitación se adquiere de manera empírica o mediante procesos no estandarizados. Ello genera disparidades en el nivel de habilidades, limita la adopción de buenas prácticas y eleva los riesgos asociados a la operación de vehículos de autotransporte.

La evolución tecnológica de los vehículos pesados y la creciente complejidad de las operaciones logísticas exigen operadores con formación certificada y alineada a estándares modernos. Programas como los impartidos por el Centro de Manejo Integral (Cedemi), respaldado por Daimler Truck México y la Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales (ADAVEC), demuestran que la capacitación integral —incluyendo manejo preventivo, normatividad y uso de simuladores— mejora significativamente la seguridad, reduce riesgos y garantiza la empleabilidad formal de los conductores. Sin embargo, la limitada cobertura de estos programas evidencia la necesidad de ampliar la profesionalización y vincularla con la educación formal desde etapas tempranas.2

En este contexto, la seguridad en las vías de comunicación constituye un tema de interés público prioritario, dado que los hechos de tránsito representan una de las principales causas de muerte y lesiones en el país. Por ello, la capacitación y certificación de los operadores se vuelve un factor determinante para reducir riesgos, prevenir accidentes y salvaguardar la vida e integridad de las personas usuarias de las vías generales de comunicación.

Cabe destacar que la seguridad vial no sólo debe entenderse como un asunto de movilidad o infraestructura, sino como un problema de salud pública que exige un enfoque integral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, los siniestros de tránsito constituyen una causa significativa de muerte, discapacidad y carga para los sistemas de salud, generando impactos sociales y económicos de gran magnitud, en su mayoría prevenibles mediante intervenciones adecuadas en factores como el comportamiento humano, la capacitación y la regulación.3

Desde esta perspectiva, la formación y profesionalización de los operadores de autotransporte adquiere una dimensión estratégica, en tanto que la capacitación adecuada no sólo contribuye a mejorar la eficiencia del sector, sino que constituye una medida preventiva fundamental para reducir riesgos, salvar vidas y disminuir los costos asociados a la atención de lesiones derivadas de hechos de tránsito.

En congruencia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece como eje rector la consolidación de un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad, en el que la formación de capital humano, la educación y el fortalecimiento de sectores estratégicos resultan fundamentales para el desarrollo nacional. Asimismo, dicho instrumento de planeación prevé el impulso a la educación media superior, la ampliación de oportunidades de formación y la articulación de políticas públicas orientadas a mejorar la empleabilidad y las condiciones del trabajo, lo que evidencia la necesidad de vincular de manera más efectiva el sistema educativo con las demandas del sector productivo, particularmente en actividades clave como el autotransporte.4

En este sentido, la formación técnica de los operadores no debe concebirse únicamente como una necesidad del sector productivo, sino como una política pública integral que incide en la seguridad vial, el desarrollo económico y el bienestar social.

Por otra parte, el nivel de educación media superior representa una etapa clave en la formación de capital humano, al constituir un puente entre la educación básica y la inserción al mercado laboral. En este nivel es posible desarrollar competencias técnicas específicas que respondan a las necesidades de sectores estratégicos, mediante esquemas de educación tecnológica, capacitación para el trabajo y formación dual.

En este contexto, el fortalecimiento de la vinculación entre la educación media superior y el sector del autotransporte favorecería el desarrollo de trayectorias formativas orientadas a la capacitación de operadores, así como la adquisición, desde etapas tempranas de la formación académica, de habilidades pertinentes y certificables por parte de las y los estudiantes.

En este contexto, el país cuenta con instrumentos institucionales que permiten avanzar en la estandarización y certificación de competencias laborales, como los promovidos a través del Sistema Nacional de Competencias, coordinado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer),5 organismo sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo es promover, coordinar y consolidar un sistema nacional de competencias que favorezca la empleabilidad, la productividad y la movilidad laboral.

Dicho mecanismo permite evaluar y certificar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes conforme a estándares de competencia, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos, lo que facilita el reconocimiento formal de capacidades laborales y su eventual vinculación con las necesidades del sector productivo, particularmente en actividades especializadas como el autotransporte.

Finalmente, la coordinación entre autoridades educativas y sectoriales resulta fundamental para diseñar e implementar políticas públicas eficaces que atiendan problemáticas complejas y transversales. En este sentido, la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes permitiría alinear esfuerzos para fortalecer la formación de operadores, elevar los estándares de profesionalización y contribuir a mejorar la seguridad en las carreteras del país.

En virtud de lo anterior, resulta pertinente exhortar a dichas dependencias a establecer mecanismos de coordinación que impulsen la incorporación de contenidos y trayectorias formativas orientadas a la capacitación de operadores de autotransporte en la educación media superior, como una medida que contribuya a atender la demanda de personal calificado, fortalecer la seguridad vial y promover el desarrollo del sector.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos de coordinación para incorporar en la educación media superior planes de formación destinados a la capacitación de operadores de autotransporte, para fortalecer la profesionalización del sector, mejorar la seguridad vial y cubrir la demanda de personal calificado.

Notas

1 Secretaría de Economía y Data México, Estadísticas de operadores de transporte de carga en México, consultado el 6 de abril de 2026 en: https://www.elfinanciero.com.mx/transporte-y-movilidad/2026/01/28/profe sionalizacion-de-operadores-el-reto-silencioso-del-transporte-de-carga/

2 The Logistics World, Escasez de conductores: un problema creciente en la logística latinoamericana, consultado el 6 de abril de 2026 en: https://thelogisticsworld.com/actualidad-logistica/escasez-de-conductor es-un-problema-creciente-en-la-logistica-latinoamericana/

3 INSP, Seguridad Vial y Salud Pública, consultado el 2 de abril de 2026 en: https://www.insp.mx/informacion-relevante/seguridad-vial-y-salud-public a

4 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, consultado el 2 de abril de 2026 en:: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/966672/pnd-completo-2025 -2030.pdf

5 Secretaría de Educación Pública, CONOCER, consultado el 2 de abril de 2026 en: https://www.gob.mx/sep/articulos/certifica-tus-competencias-labores-con oce-el-conocer

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Conanp, a la Conafor, a la Profepa, a la GN y a la Sedena para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones de protección, conservación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, derivado de la explotación indebida de los recursos forestales, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Iván Millán Contreras, diputado federal de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones de protección y conservación del Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl, derivado de la explotación indebida de los recursos forestales.

Exposición de Motivos

México es un país rico en biodiversidad. Alberga una amplia variedad de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos, montañas, costas, entre otros tipos de ecosistemas.

La protección de los ecosistemas a nivel global se ha centrado en la creación de las Áreas Naturales Protegidas, que son porciones terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas de un país o de una región en donde el ambiente original no ha sido modificado de forma significativa. Son importantes no sólo para la conservación de los ecosistemas y sus especies, sino también para permitir la continuidad de los procesos ecosistémicos que proveen servicios ambientales a la sociedad.1

En ese sentido, para preservar la riqueza natural y garantizar el uso sostenible de los recursos, México ha establecido Áreas Naturales Protegidas, las cuales desempeñan un papel de suma importancia en la conservación de los ecosistemas de nuestro país.

La fracción II, del artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define a las Áreas Naturales Protegidas como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requiere ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la ley.

En ese sentido, las áreas naturales protegidas son lugares que preservan los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos y la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los servicios ambientales, de los cuales dependemos y formamos parte los seres humanos.

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 232 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal que representan 98,0009,719 hectáreas y apoya 602 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 1,301,037.94 hectáreas, en 29 entidades federativas.2

Los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas son los de preservar ambientes naturales representativos del país y los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar la diversidad genética de las especies, asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; preservar de manera particular especies endémicas, raras o que se encuentren en alguna categoría de riesgo; proporcionar un campo para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; generar, rescatar y divulgar conocimientos que permitan la preservación y aprovechamiento sustentable; proteger todo aquello ubicado en los alrededores de zonas forestales en montañas donde se origine el ciclo hidrológico en cuencas, ya sea poblados, vías de comunicación, aprovechamientos agrícolas, entre otros y; proteger áreas de importancia para la recreación, cultura, identidad nacional o de los pueblos indígenas, como las zonas arqueológicas, que se encuentren en los alrededores de la zona protegida.

El Estado de México, cuenta con 90 Áreas Naturales Protegidas. Es la entidad con mayor número de ella en el país. Suman un total de 999,718.32 hectáreas, que representan aproximadamente el 44.46 por ciento del territorio estatal.3

Una de esas áreas naturales protegidas es el Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl, con una superficie total de 39819.09, se encuentra en los municipios de Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Ozumba, Texcoco y Tlalmanalco.

El parque nacional Izta-Popo es reconocido por su destacada biodiversidad y la riqueza de sus ecosistemas, que aportan tantos servicios ambientales como bienes faunísticos, vegetales y minerales que han sido aprovechados por los habitantes de la región de los volcanes y su área de influencia.

Su variedad faunística es amplia y destacan varias especies endémicas (exclusivas de esta zona) como: la rana leopardo de Moctezuma, el Chipe Rojo, la culebra parda mexicana, el conejo de los volcanes, el Mirlo Pinto, el murciélago mula mexicano, el saltaparedes y el vencejo nuca blanca, entre muchos otros. También cuenta con flora endémica como el cebollín, el zacate de escobillas, la flor de Gueguecho, el enebro azul, la soromuta y el gordolobo. Su vegetación se caracteriza por bosques de coníferas y encinos, pastizales y vegetación inducida.

Sin embargo, a pesar de las acciones para la protección y conservación de las áreas naturales, realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esta área protegida está amenazada por la excesiva y desmedida tala ilegal por parte del crimen organizado, esto debido a la falta de vigilancia que hay en algunas zonas de estos enormes bosques, donde grupos dedicados al tráfico de madera se aprovechan de estas deficiencias y extraen grandes cantidades de pino y oyamel para después comercializarlos de forma ilegal, aunado a que las autoridades tanto municipales como la Fiscalía hacen caso omiso a las múltiples denuncias que hacen los habitantes de esta zona del Estado de México.

La deforestación y la tala ilegal de los pulmones del Estado de México no sólo implica menos árboles, Sino que derivado de la tala ilegal desatara una crisis hídrica, toda vez que esto cumplen un papel sumamente importante el captación e infiltración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos que abastecen a distintos municipios de la zona oriente del Estado de México.

Aunado a lo anterior, con la deforestación y tala ilegal se pierden año con año cientos de hectáreas de hábitats naturales de especies endémicas del lugar como lo son el teporingo, el venado de cola blanca, entre otros.

Por ello, es necesario que se refuercen las acciones de protección al parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl, y se implementen nuevas estrategias de conservación y protección a esta Área Nacional Protegida, esto con el objeto de conservar las distintas especies de flora y fauna endémicas de la región de los volcanes en el Estado de México.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional Forestal, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones de protección, conservación del Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl, derivado de la explotación indebida de los recursos forestales.

Notas

1 Áreas Naturales Protegidas. https://gisviewer.semarnat.gob.mx/bol/20_02/

2 Las Áreas Naturales Protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los

ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.

https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-pro tegidas-278226

3 áreas Naturales Protegidas https://cepanaf.edomex.gob.mx/areas_naturales_protegidas

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los catorce días de abril de 2026.

Diputado Iván Millán Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Morelos para que, con base en sus atribuciones y facultades, realice una investigación expedita, transparente, con perspectiva de género, libre de omisiones y garantizando el derecho a la verdad respecto al caso de Maylin “N” que fue encontrada muerta en Tlayacapan, Morelos, el pasado 31 de julio de 2025, a cargo del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Agustín Alonso Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con las versiones que circulan en medios locales del estado de Morelos, el día 20 de junio del año 2025, Maylin “N” desapareció sin que se levantara una denuncia ante las autoridades. (Pie de página, 2025)

Ricardo “N”, la presunta pareja de Maylin “N”, informó a los padres acerca de su desaparición el lunes 23 de junio del año 2025 y fue en ese día en el que el padre de la víctima acudió ante la Fiscalía General del estado de Morelos a levantar una denuncia por la desaparición de su hija, misma que emitió una ficha de búsqueda.

En dicha denuncia, el padre de la víctima señaló a Ricardo “N” como el principal sospechoso por la desaparición de Maylin “N” pues afirmaba que existían antecedentes de violencia entre pareja y amenazas muy puntuales respecto a terminar con su vida.

De acuerdo con el sitio de noticias por internet “infobae”, Maylin “N” había sobrevivido previamente a un intento de feminicidio cuando tenía 17 años logrando una sentencia contra su agresor, sin embargo, en esta ocasión el sistema de justicia no veló por su integridad ni ha funcionado a su favor. (Viedma, J. 2025)

Vecinos de la colonia Vivianas, en el municipio de Tlayacapan, Morelos, alertaron que el día 22 de junio, el padre de Ricardo “N” había utilizado maquinaria pesada para enterrar un caballo en uno de sus predios.

En consecuencia y, a petición de los padres de Maylin “N” la fiscalía realizó un cateo en dicho predio el día 27 de junio, sin embargo, no encontraron algo que aportará pruebas al caso.

Poco más de un mes después, el día 31 de julio y, debido a presiones sociales, se realizó un segundo cateo en el mismo predio, sin embargo, esta vez sí se halló un cuerpo.

Prácticamente un mes después, el día 29 de agosto del año 2025, la Fiscalía General del estado de Morelos hizo el reconocimiento de dicho cuerpo, el cual fue identificado como el de Maylin “N”. El cuerpo de Maylin “N” fue entregado a sus familiares. (FGEM, 2025).

De acuerdo con el padre de Maylin “N”, el Fiscal General del estado de Morelos se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para dar con el responsable de este crimen.

Meses después de lo sucedido, el día 14 de marzo de 2026, el padre de Maylin “N” le hizo la entrega de un pliego petitorio a este servidor, mismo que fue complementado con un segundo documento el día 18 de marzo del mismo año.

Dicho pliego petitorio me solicitaba de forma muy puntual que, por medio de mis atribuciones como diputado federal, se exhortara desde el Congreso de la Unión a la Fiscalía General del estado de Morelos para que realice una investigación expedita, transparente, con perspectiva de género, libre de omisiones y, a su vez, garantice el derecho a la verdad y la justicia pronta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Fiscalía General del estado de Morelos a que, con base en sus atribuciones y facultades, realice una investigación expedita, transparente, con perspectiva de género, libre de o misiones y garantizando el derecho a la verdad respecto al caso de Maylin “N” que fue encontrada muerta en Tlayacapan, Morelos, el pasado 31 de julio del año dos mil veinticinco.

Bibliografía

1 FGEM. (2025) FGE MORELOS EFECTÚA ENTREGA DE CUERPO DE ANDREA MAYLIN CHINO RAMOS. Consultado el día 26 de marzo de 2026. Disponible en: https://info.fiscaliamorelos.gob.mx/2025/08/30/fge-morelos-efectua-entr ega-de-cuerpo-de-andrea-maylin-chino-ramos/

2 Pie de Página. (2025) Cuando la justicia te falla dos veces: el doble feminicidio de Maylin. Publicado el 15 de noviembre de 2025. Consultado el día 26 de marzo de 2026.https://piedepagina.mx/cuando-la-justicia-te-falla-dos-veces-el-do ble-feminicidio-de-maylin/

3 Viedma, J. (06 de septiembre de 2025) Infobae. Consultado del día 26 de marzo de 2026. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2025/09/07/tras-feminicidio-de-andrea-ma ylin-familia-busca-audiencia-con-la-gobernadora-de-morelos-acusa-neglig encia-de-autoridades/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de abril del año 2026.

Diputado Agustín Alonso Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la SICT, al INEGI, al Secretariado Ejecutivo del SNSP y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer el registro estadístico de conductas de riesgo en la conducción, particularmente el uso de direccionales, así como a implementar campañas de educación vial, fortalecer los procesos de formación en la expedición de licencias de conducir y promover la armonización normativa en materia de movilidad y seguridad vial, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Marcela Michel López, diputada integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y a los gobiernos de las entidades federativas, a fortalecer el registro estadístico de conductas de riesgo en la conducción, particularmente el uso de direccionales, así como a implementar campañas de educación vial, fortalecer los procesos de formación en la expedición de licencias de conducir y promover la armonización normativa en materia de movilidad y seguridad vial.

Exposición de Motivos

La seguridad vial constituye uno de los desafíos estructurales más relevantes en materia de salud pública, movilidad urbana, desarrollo sostenible y protección de derechos fundamentales. Los siniestros de tránsito representan una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo y generan impactos multidimensionales que trascienden la estadística, afectando directamente a familias, sistemas de salud, productividad económica y cohesión social.

La Organización Mundial de la Salud, en el Global Status Report on Road Safety 2024, estima que 1.19 millones de personas fallecen cada año en el mundo a causa de siniestros viales, mientras que entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones, muchas de ellas con consecuencias permanentes o discapacidad de largo plazo. El mismo informe subraya que los traumatismos por tránsito constituyen la principal causa de muerte entre personas de 5 a 29 años, y que más del 50 por ciento de las víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables de la vía, particularmente peatones, ciclistas y motociclistas.1

La OMS advierte además que los siniestros viales generan pérdidas económicas equivalentes a aproximadamente el 3 por ciento del Producto Interno Bruto en numerosos países, debido a costos médicos directos, rehabilitación, daños materiales, pérdida de productividad y afectaciones económicas indirectas a hogares y comunidades. En consecuencia, la seguridad vial no es únicamente un problema de tránsito, sino un asunto de desarrollo y sostenibilidad fiscal.

En el plano multilateral, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/RES/74/299, estableció el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con la meta de reducir al menos en 50 por ciento las muertes y lesiones por siniestros de tránsito al año 2030, exhortando a los Estados a fortalecer la aplicación efectiva de la legislación, mejorar los sistemas de recopilación de datos y promover políticas públicas preventivas basadas en evidencia.2

México enfrenta una situación que confirma la urgencia de adoptar medidas de fortalecimiento institucional. De acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se registraron 14,986 defunciones por accidentes de transporte, lo que equivale a más de 40 personas fallecidas diariamente por esta causa.3 Esta cantidad coloca a los siniestros viales entre las principales causas de muerte por hechos no intencionales en el país.

Asimismo, la desagregación por sexo y grupo de edad evidencia un impacto particularmente severo en hombres jóvenes en edad productiva, lo que implica no solo una tragedia humana sino una afectación estructural a la productividad nacional y a la economía de los hogares. De acuerdo con las propias estadísticas de mortalidad, la mayoría de las víctimas fatales corresponden a hombres, concentrándose significativamente en rangos de edad económicamente activos. Esta realidad genera efectos intergeneracionales, especialmente en familias donde la persona fallecida constituía el principal sostén económico.

Las Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del mismo Instituto reportaron para 2022 más de 377 mil accidentes, con miles de personas lesionadas y fallecidas.4 La clasificación por tipo de accidente muestra una incidencia significativa de colisiones laterales, por alcance y por cambio de carril , categorías que guardan relación directa con fallas en la anticipación y comunicación de maniobras.

A ello se suma que las zonas metropolitanas y los corredores carreteros federales concentran un volumen considerable de siniestros, debido a la alta densidad vehicular y a la interacción constante entre distintos modos de transporte. En dichos entornos, la previsibilidad en las maniobras resulta determinante para reducir conflictos de trayectoria y minimizar riesgos, particularmente para usuarios vulnerables como motociclistas y ciclistas.5

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra anualmente miles de carpetas de investigación por homicidio culposo y lesiones culposas derivadas de hechos de tránsito6 , lo que evidencia que determinadas conductas imprudentes no solo generan responsabilidad administrativa, sino también penal, con implicaciones jurídicas y sociales de mayor gravedad.

Desde la perspectiva sanitaria, la magnitud de los siniestros viales se refleja de manera directa en la demanda de servicios hospitalarios en el país. De acuerdo con el Informe de Seguridad Vial 2023-2024, las lesiones por hechos de tránsito continúan ubicándose entre las principales causas de atención en los servicios de urgencias y hospitalización, particularmente por traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y lesiones internas graves.7

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Información en Salud, reporta miles de egresos hospitalarios anuales relacionados con accidentes de transporte, lo que evidencia no solo la frecuencia de estos eventos, sino también su severidad clínica.

Un elemento estructural que agrava el escenario es el crecimiento sostenido del parque vehicular. El Inegi reporta más de 50 millones de vehículos de motor registrados en circulación, incluyendo un incremento significativo de motocicletas en los últimos años.8

El aumento del parque vehicular intensifica la interacción entre distintos modos de transporte y eleva la probabilidad de conflicto en maniobras de incorporación, cambio de carril o giro.

En este contexto, la obligación de señalizar oportunamente las maniobras mediante luces direccionales e intermitentes no constituye una formalidad secundaria, sino un mecanismo esencial de comunicación vial. La direccional representa un lenguaje técnico que permite anticipar trayectorias, reducir incertidumbre y evitar colisiones.

Sin embargo, se identifica un vacío institucional específico: los sistemas de información oficiales no desagregan de manera sistemática la omisión del uso de direccionales como causa específica en los siniestros viales . Las categorías actuales agrupan conductas como “cambio intempestivo de carril” o “maniobra imprudente”, pero no permiten medir con precisión la incidencia del incumplimiento de la obligación de señalización. Esta limitación estadística dificulta el diseño de intervenciones focalizadas, la evaluación de campañas de cumplimiento normativo y la medición de impacto de acciones preventivas. Por lo tanto, resulta imperativo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) intervenga en la actualización de los instrumentos de captación de datos, permitiendo que esta conducta sea registrada de forma autónoma para generar políticas públicas basadas en evidencia científica.

El fortalecimiento de la educación vial, la supervisión efectiva del cumplimiento normativo y la mejora sustantiva en la calidad, desagregación y sistematización de la información estadística constituyen acciones plenamente congruentes con el enfoque de Sistema Seguro adoptado a nivel internacional y asumido por el Estado mexicano como parámetro rector de política pública. Dicho enfoque parte de la premisa de que los siniestros viales son prevenibles y que la reducción de muertes y lesiones graves exige intervenciones coordinadas en materia normativa, institucional, educativa y de gestión de datos.

En el ámbito interno, estos principios encuentran sustento directo en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial , la cual establece las bases para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, así como el principio de responsabilidad compartida entre las autoridades y las personas usuarias de la vía.

En efecto, el artículo 4, fracción XV, señala que:

“Seguridad. Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.”9

Este principio reconoce que los siniestros viales no constituyen hechos inevitables, sino eventos que pueden prevenirse mediante políticas públicas adecuadas, el cumplimiento de la normativa vigente y la adopción de conductas responsables por parte de las personas usuarias de la vía.

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la citada ley dispone que:

“Las medidas que deriven de la presente ley tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos”.10

Lo anterior refuerza la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la prevención de riesgos en la movilidad, así como a la reducción de muertes y lesiones derivadas de siniestros de tránsito.

Asimismo, el artículo 7 establece que:

“El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial, de los tres órdenes de gobierno”11

Este mecanismo refleja el carácter concurrente y coordinado de las políticas públicas en la materia, al prever la participación articulada de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la implementación de acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el país.

Esta coordinación resulta fundamental para que el Estado mexicano pueda cumplir con los compromisos asumidos en el ámbito internacional. En particular, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la seguridad vial como un componente esencial del desarrollo sostenible.

En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.6 establece como meta:

“Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo”.12

Por su parte, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 , relativo a ciudades y comunidades sostenibles, prevé en su meta 11.2 que:

“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público...”13

Estas directrices internacionales no solo legitiman las acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial, sino que también demandan esfuerzos institucionales y legislativos encaminados al cumplimiento efectivo de la normativa vigente y al fortalecimiento de los sistemas de información que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

En este contexto, si bien el problema público identificado se relaciona principalmente con la falta de registro estadístico específico y con el incumplimiento del uso de direccionales como una conducta de riesgo frecuente en la circulación vehicular, los resolutivos del presente punto de acuerdo proponen una respuesta institucional más amplia que incorpora acciones complementarias en materia de educación vial, procesos de expedición de licencias de conducir y armonización normativa en las entidades federativas.

Estas medidas, como la implementación de campañas de concientización, el fortalecimiento de la formación vial en los procesos de obtención de licencias de conducir y la revisión de los marcos normativos locales, buscan impulsar un enfoque preventivo integral que contribuya a modificar conductas de riesgo y a fortalecer la cultura de cumplimiento de las normas de tránsito.

En consecuencia, la intervención institucional propuesta no se limita únicamente al ámbito estadístico, sino que incorpora instrumentos de política pública orientados a mejorar la educación vial, fortalecer la supervisión normativa y promover la armonización legislativa entre los distintos órdenes de gobierno.

En el plano constitucional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”14

Igualmente, en su párrafo vigésimo reconoce que:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”15

Este mandato constitucional impone al Estado la obligación de adoptar medidas preventivas frente a riesgos previsibles que puedan afectar la integridad física de la población, entre los cuales los siniestros viales ocupan un lugar particularmente relevante por su magnitud, frecuencia e impacto social.

Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-C, +++++++++++++++16++++++++++++++ faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial bajo el principio de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, lo que sustenta la competencia federal para establecer bases generales en la materia y para emitir pronunciamientos orientados a fortalecer su implementación.

En mérito de lo expuesto, resulta impostergable fortalecer, desde una perspectiva institucional y preventiva, las acciones orientadas a consolidar una cultura de cumplimiento normativo en materia de seguridad vial, mejorar los mecanismos de supervisión y robustecer los sistemas de información que permitan identificar con mayor precisión los factores conductuales que inciden en la ocurrencia de siniestros. La magnitud de las pérdidas humanas documentadas por las estadísticas oficiales, el impacto sanitario y económico que generan, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, exigen medidas consistentes, coordinadas y basadas en evidencia.

La señalización oportuna de maniobras mediante luces direccionales e intermitentes forma parte de los estándares mínimos de conducción responsable y constituye un elemento esencial del principio de previsibilidad que rige la circulación vehicular. Su observancia no solo deriva de disposiciones normativas vigentes, sino que responde a una lógica elemental de protección recíproca entre personas usuarias de la vía. En consecuencia, impulsar acciones que fortalezcan su cumplimiento, supervisión y registro estadístico representa una medida razonable, proporcional y alineada con el marco jurídico nacional e internacional en materia de movilidad y seguridad vial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través de la Guardia Nacional y en el ámbito de sus atribuciones en carreteras federales, y en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fortalezca las acciones de vigilancia, prevención y, en su caso, sanción relacionadas con conductas de riesgo asociadas a la omisión del uso de luces direccionales o intermitentes en giros y cambios de carril, conforme a los reglamentos de tránsito aplicables y a los principios de seguridad vial previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana de las treinta y dos entidades federativas a diseñar e implementar campañas de comunicación social y educación vial, utilizando sus tiempos oficiales, espacios de difusión institucional y canales digitales, orientadas a fortalecer la cultura de señalización de maniobras vehiculares, prevenir colisiones derivadas de la omisión del uso de luces direccionales e impulsar la protección de personas usuarias vulnerables de la vía, particularmente motociclistas, ciclistas y peatones.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las autoridades de tránsito competentes de las entidades federativas a considerar la incorporación o fortalecimiento de contenidos específicos, reactivos de evaluación y material informativo en los procesos de expedición y renovación de licencias de conducir, relativos a la correcta señalización de maniobras vehiculares y a las implicaciones legales y de seguridad vial derivadas de su omisión, con el propósito de fortalecer la formación y cultura de conducción responsable.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la viabilidad de actualizar los protocolos y formatos de registro de siniestros viales, a fin de desagregar e identificar la omisión del uso de luces direccionales o intermitentes como una variable específica de causalidad, con el objetivo de fortalecer la generación de información estadística y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia en materia de movilidad y seguridad vial.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las Legislaturas de las treinta y dos entidades federativas a revisar y, en su caso, fortalecer sus marcos normativos en materia de tránsito y seguridad vial, a fin de promover la correcta señalización de maniobras vehiculares y su observancia por parte de las personas conductoras, en congruencia con los principios de prevención, seguridad vial y responsabilidad compartida establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2024). Global Status Report on Road Safety 2024. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517

2 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/74/299. https://undocs.org/es/A/RES/74/299

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). https://www.inegi.org.mx/programas/edr/

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.https://www.gob.mx/sesnsp

7 Secretaría de Salud. (2024). Informe de seguridad vial 2023-2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1047013/Informe_SV__2023 -2024.pdf

8 INEGI. Vehículos de motor registrados en circulación.https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

9 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Art. 4https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

10 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Art. 5https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

11 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Art. 7https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

12 Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://sdgs.un.org/2030agenda

13 Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://sdgs.un.org/2030agenda

14 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

15 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

16 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2026.

Diputada Marcela Michel López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Semar, para que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias competentes, evalúe e implemente la instalación de un servicio de transporte desde el AICM destinado a los usuarios, con el propósito de trasladarlos a puntos seguros donde puedan acceder a medios de transporte público, a cargo de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Magda Erika Salgado Ponce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que, respetuosamente, se solicita a la Secretaría de Marina (Semar), medio de transporte eficiente para los usuarios del AICM.

Exposición de Motivos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) representa la principal infraestructura aeroportuaria del país y uno de los nodos estratégicos más relevantes para la conectividad aérea en América Latina. Su operación no solo es fundamental para el traslado de pasajeros, sino también para el desarrollo económico, turístico y logístico de México. No obstante, en los últimos años, esta terminal aérea ha enfrentado una problemática creciente en materia de movilidad, accesibilidad y gestión del tránsito vehicular, particularmente en las inmediaciones de sus terminales, lo que ha derivado en escenarios recurrentes de saturación, desorden y caos vial.

La problemática del congestionamiento vehicular en el AICM no es un fenómeno aislado, sino el resultado de diversos factores estructurales y coyunturales. Entre ellos destacan las obras de remodelación y modernización en curso, la insuficiente planeación en la gestión de accesos, la alta demanda de servicios de transporte, así como la coexistencia conflictiva entre distintos modelos de movilidad. Diversos reportes periodísticos han documentado que estas condiciones han generado afectaciones directas a los usuarios, quienes enfrentan retrasos significativos, incertidumbre y, en algunos casos, riesgos para su seguridad personal.

En este sentido, se ha señalado que las obras de rehabilitación han provocado un escenario de “caos vial y riesgo para los viajeros”, obligando incluso a pasajeros a descender de sus vehículos y caminar largas distancias con equipaje para evitar perder sus vuelos.1 Esta situación no solo vulnera el derecho a una movilidad adecuada, sino que también pone en evidencia la falta de medidas eficaces de mitigación por parte de las autoridades responsables.

Aunado a lo anterior, se ha reportado que el cierre parcial o intermitente de accesos, así como la deficiente organización del flujo vehicular, pueden generar retrasos de hasta 45 minutos en trayectos relativamente cortos hacia las terminales.2 Este tipo de afectaciones incide directamente en la eficiencia operativa del aeropuerto y en la experiencia de los usuarios, generando costos adicionales tanto económicos como sociales.

Otro elemento que agrava la problemática es la tensión existente entre los distintos servicios de transporte que operan en la zona aeroportuaria. En fechas recientes, bloqueos realizados por grupos de taxistas en los accesos al aeropuerto provocaron interrupciones significativas en la circulación vehicular durante varias horas, afectando a cientos de pasajeros3 . Este tipo de conflictos refleja la ausencia de una regulación clara, equitativa y funcional que permita la convivencia ordenada entre servicios concesionados y plataformas digitales.

En relación con lo anterior, también se ha documentado que las restricciones impuestas al uso de aplicaciones de transporte dentro del perímetro del aeropuerto obligan a los usuarios a desplazarse fuera de las instalaciones para poder acceder a estos servicios.4 Esta situación incrementa la saturación en las vialidades externas, genera desorganización en los puntos de ascenso y descenso, y expone a los pasajeros a condiciones de inseguridad, particularmente durante horarios nocturnos o en contextos de alta afluencia.

Por otra parte, las condiciones de saturación del AICM responden también a una problemática estructural más amplia: la sobrecapacidad de la terminal. Durante años, el aeropuerto ha operado por encima de su capacidad diseñada, lo que ha derivado en una presión constante sobre su infraestructura y servicios. Las obras de modernización, si bien necesarias, no han sido acompañadas de una estrategia integral de movilidad que permita garantizar el flujo ordenado de personas y vehículos.5

Desde una perspectiva de política pública, resulta fundamental reconocer que la movilidad en torno al AICM no puede ser abordada únicamente desde una lógica operativa, sino que requiere un enfoque integral que articule infraestructura, regulación, seguridad y accesibilidad. La falta de alternativas de transporte eficientes, seguras y accesibles desde el interior del aeropuerto hacia puntos estratégicos de conexión con transporte público contribuye significativamente al congestionamiento vehicular y a la desorganización en los accesos.

En este contexto, es pertinente considerar la implementación de soluciones innovadoras que atiendan de manera directa esta problemática. Una de ellas es la creación de un sistema de transporte interno o perimetral que permita trasladar a los usuarios hacia puntos seguros y estratégicos donde puedan acceder a medios de transporte público, tales como estaciones de Metro, Metrobús o zonas autorizadas para servicios de transporte privado.

Esta medida no solo contribuiría a reducir la carga vehicular en los accesos inmediatos al aeropuerto, sino que también permitiría mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar los tiempos de traslado y fortalecer las condiciones de seguridad. Asimismo, facilitaría una mejor distribución de los flujos de pasajeros, disminuyendo los puntos de congestión y promoviendo un uso más eficiente del espacio público.

Cabe destacar que experiencias internacionales han demostrado que la implementación de sistemas de transporte interno en aeropuertos de alta demanda puede generar beneficios significativos en términos de movilidad, eficiencia operativa y satisfacción de los usuarios. En este sentido, el AICM tiene la oportunidad de adoptar medidas que lo alineen con estándares internacionales en materia de gestión aeroportuaria.

Por lo anterior, se considera necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de Marina (Semar), en su calidad de autoridad responsable de la administración del AICM, para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe e implemente mecanismos que permitan mejorar la movilidad en las inmediaciones del aeropuerto, particularmente mediante la instalación de un servicio de transporte que conecte a los usuarios con puntos estratégicos de acceso a transporte público.

Dicha intervención contribuiría de manera significativa a mitigar el caos vehicular, mejorar la seguridad de los usuarios y garantizar condiciones más eficientes en la operación de esta importante terminal aérea, en beneficio de millones de personas que diariamente hacen uso de sus instalaciones. Asimismo, representaría un paso importante hacia la consolidación de un sistema aeroportuario más moderno, ordenado y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Marina (Semar), para que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias competentes, evalúe e implemente la instalación de un servicio de transporte desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) destinado a los usuarios, con el propósito de trasladarlos a puntos seguros donde puedan acceder a medios de transporte público.

Notas

1 https://www.reporteindigo.com/reporte/retrasos-y-filas-caos-en-el-aicm- por-obras-de-remodelacion/

2 https://mvsnoticias.com/nacional/2025/12/1/caos-por-obras-en-el-aicm-es -un-desmadre-617890.html

3 https://elpais.com/mexico/2026-03-11/caos-en-el-aeropuerto-de-ciudad-de -mexico-taxistas-bloquean-la-terminal-1.html

4 https://elpais.com/mexico/2026-04-04/tomar-un-taxi-por-aplicacion-en-el -aeropuerto-una-carrera-de-obstaculos.html

5 https://889noticias.mx/noticias/viven-usuarios-del-aicm-caos-por-remode lacion/ 1 https://www.reporteindigo.com/reporte/retrasos-y-filas-caos-en-el-aicm- por-obras-de-remodelacion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.

Diputada Magda Erika Salgado Ponce (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas autoridades impulsar la asignación de recursos a la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora y que fortalezcan sus programas de formación, certificación, profesionalización, equipamiento, actualización tecnológica e infraestructura institucional, a cargo de la diputada Jessica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Jessica Saiden Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora es una institución pública especializada en la formación, capacitación y profesionalización de los recursos humanos vinculados con la seguridad pública en la entidad; jurídicamente, se encuentra configurada como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.1

En ese tenor, su objeto consiste en integrar personal altamente capacitado que contribuya al mejoramiento de la operación y coordinación de los distintos ámbitos de la seguridad pública, incluyendo la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social; así como, promover el desarrollo de las ciencias y técnicas relacionadas con esta materia, lo que la convierte en una pieza estratégica para fortalecer la capacidad institucional y la profesionalización policial en Sonora.

La Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora no constituye un componente accesorio del sistema de seguridad, sino una pieza estratégica para la consolidación de instituciones policiales más profesionales, técnicas y confiables, ya que en ella descansa buena parte de la formación inicial, la actualización permanente, la especialización y el fortalecimiento de capacidades del personal encargado de la prevención, reacción e investigación en materia de seguridad pública.

Por ello, fortalecerla institucional y presupuestariamente no solo implica mejorar una institución educativa especializada, sino robustecer, en sentido amplio, la capacidad del Estado para responder con mayor eficacia a los retos de seguridad y para contar con corporaciones mejor preparadas al servicio de la ciudadanía.

Sin embargo, diversas referencias periodísticas y oficiales permiten advertir que la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora enfrenta una presión operativa y presupuestaria creciente, como lo he constatado personalmente, que justifica valorar un fortalecimiento financiero; por una parte, en octubre de 2023 se informó que la institución había egresado 968 cadetes en dos años y que mantenía alrededor de 400 personas en lista de espera para iniciar su formación inicial, lo que revela una demanda superior a su capacidad inmediata de atención.2

Por otra parte, en noviembre de 2024 se reportó que el titular del Poder Ejecutivo estatal impulsaba mayores recursos para seguridad, subrayando la necesidad de robustecer instalaciones, infraestructura, equipamiento y capacidades institucionales,3 contexto del que razonablemente se desprende que fortalecer a la universidad encargada de formar a los futuros integrantes de las corporaciones de seguridad resulta no solo pertinente, sino estratégicamente necesario para la entidad.

Contar con instituciones policiales sólidas y financieramente blindadas genera beneficios directos para la seguridad pública y para la estabilidad institucional del Estado, porque permite sostener de manera continua los procesos de reclutamiento, formación inicial, certificación, actualización, equipamiento y especialización del personal, evitando que la insuficiencia presupuestaria se traduzca en cuerpos de seguridad improvisados, rezagos tecnológicos, debilidad operativa o discontinuidad en la profesionalización.

En el caso específico de Sonora, fortalecer a la Universidad de la Seguridad Pública del Estado representa un beneficio directo para la entidad, porque permite formar y actualizar personal mejor preparado para atender una realidad territorial especialmente compleja, marcada por la amplitud geográfica del estado, su condición fronteriza, la necesidad de coordinación entre distintos órdenes de gobierno y la exigencia de contar con instituciones de seguridad dignas, profesionales, técnicas y estables.

En ese sentido, robustecer financieramente a la universidad no solo mejora la capacitación y especialización de quienes integran o integrarán las corporaciones de seguridad, sino que también fortalece la capacidad de respuesta del estado frente a los retos de prevención, proximidad, investigación, reacción y construcción de paz, en congruencia con el marco jurídico local que concibe a la seguridad pública como una función prioritaria y con la planeación estatal que identifica a la seguridad y protección ciudadana como un eje estratégico para proteger la integridad de las personas y consolidar entornos más seguros en todo el territorio sonorense.

Por otro lado, la celebración de convenios de colaboración con instancias del orden federal se justifica plenamente porque la seguridad pública, por mandato constitucional y legal, es una función concurrente que exige coordinación permanente entre la Federación y las entidades federativas, especialmente en materias como formación inicial, certificación, profesionalización, homologación de estándares, desarrollo institucional y fortalecimiento de capacidades técnicas.

En ese sentido, la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México implicaría coadyuvar, dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante esquemas de colaboración que permitan transferir asistencia técnica, mejores prácticas, lineamientos, acompañamiento institucional y, en su caso, acceso a mecanismos de apoyo previstos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho lo anterior, no debemos perder de vista que la presente propuesta se enmarca en los compromisos internacionales de los que México forma parte. Particularmente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).4

En ese sentido, esta proposición se vincula de manera principal con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, relativo a promover sociedades pacíficas e inclusivas y a construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, ya que fortalecer presupuestal e institucionalmente a la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora contribuye directamente a mejorar la formación, profesionalización, certificación y capacidad operativa de quienes integran las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Asimismo, también guarda relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, en tanto la propuesta plantea mecanismos de coordinación y convenios de colaboración entre el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, lo que se traduce en una lógica de alianzas institucionales y cooperación intergubernamental para consolidar capacidades públicas más sólidas, técnicas y eficaces frente a los desafíos en materia de seguridad

Adicionalmente, la presente propuesta se relaciona de manera directa con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, toda vez que dicho instrumento reconoce como ejes rectores la coordinación con las entidades federativas, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la consolidación de procesos de profesionalización en materia de seguridad, objetivos que resultan plenamente congruentes con el propósito de fortalecer a la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora como espacio estratégico para la formación inicial, la certificación, la actualización técnica y la especialización de los cuerpos encargados de la seguridad pública.5

En ese sentido, destinar mayores recursos a dicha institución y promover convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México no constituye una acción aislada, sino una medida alineada con la política nacional de seguridad, en la medida en que contribuye a contar con personal mejor preparado, instituciones más sólidas y capacidades operativas más eficaces para atender los desafíos de violencia e inseguridad desde una lógica de coordinación, profesionalización y fortalecimiento institucional.

Consecuentemente, esta propuesta solicita, por una parte, al gobierno del estado de Sonora y a las autoridades competentes que evalúen y, en su caso, amplíen los recursos destinados a la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora; y, por otra, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México que, en coordinación con el gobierno estatal, promueva convenios de colaboración orientados a fortalecer la formación, certificación, profesionalización, equipamiento, actualización tecnológica e infraestructura de dicha institución.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Sonora por conducto de las autoridades competentes, en materia hacendaria y de seguridad pública; así como del órgano directivo correspondiente, que, con pleno respeto a su autonomía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la disponibilidad presupuestaria, evalúen y, en su caso, impulsen la asignación o ampliación de recursos a la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el gobierno del estado de Sonora, celebre o promueva convenios de colaboración con la Universidad de la Seguridad Pública del estado de Sonora, con el objeto de fortalecer sus programas de formación, certificación, profesionalización, equipamiento, actualización tecnológica e infraestructura institucional.

Notas

1 Gobierno del Estado de Sonora, Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para el Estado de Sonora, Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, edición especial, 9 de diciembre de 2025, arts. 4, fracc. XXVIII, y transitorios relativos al cambio de denominación de la Secretaría, Hermosillo, Sonora, https://boletinoficial.sonora.gob.mx/images/boletines/2025/12/EE0912202 5.pdf

2 El Sol de Hermosillo, “Casi mil cadetes han egresado de la Universidad de Seguridad Pública en los últimos dos años,” El Sol de Hermosillo, 12 de octubre de 2023, https://oem.com.mx/elsoldehermosillo/policiaca/casi-mil-cadetes-han-egr esado-de-la-universidad-de-seguridad-publica-en-los-ultimos-dos-anos-19 109184

3 Leonor Hernández, “Durazo busca más recursos para seguridad en Paquete Presupuestal 2025 con ISPT,” El Imparcial, 19 de noviembre de 2024, https://www.elimparcial.com/son/sonora/2024/11/20/durazo-busca-mas-recu rsos-para-seguridad-en-paquete-presupuestal-2025-con-ispt/

4 Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, consultado el 17 de marzo de 2026.

5 Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consultado el 17 de marzo de 2026, https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/estrategia-nacional-de-seguridad-p ublica-2024-2030-408338

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.

Diputada Jessica Saiden Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente al honorable ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a llevar a cabo gestiones necesarias a fin de que se implemente una adecuación de la infraestructura hídrica para el uso racional y sustentable del agua, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Evangelina Moreno Guerra, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El paradigma de la sustentabilidad en torno al tema del agua involucra su uso eficiente y la gestión de los volúmenes disponibles y la utilización de recursos que permitan disminuir el estrés hídrico en las regiones. Las aguas residuales se erigen como la fuente alterna de aprovechamiento especialmente las aguas tratadas, cuya premisa parte de que su uso sólo excluye al consumo humano, pudiéndose ocupar para distintas actividades.

La acumulación de aguas residuales es un fenómeno que se encuentra estrechamente vinculado al crecimiento demográfico, generándose principalmente en centros de población cuya demanda del agua limpia para el consumo humano es muy alta y que, ante la carencia de una planeación efectiva del uso sustentable del agua, no se potencializa la reutilización de las aguas residuales tratadas.

Es por ello que consideramos de suma importancia el empleo de las fuentes alternativas del agua, como una oportunidad para adaptar el reúso de las aguas residuales tratadas en un marco de planeación de sustentabilidad que permita aprovecharlas eficientemente y sin riesgos de contaminación para los suelos, los acuíferos, y mantenimiento forestal de las grandes urbes.

La nueva Ley General de Agua expedida el año pasado define que los servicios municipales de agua y saneamiento consisten en el almacenamiento, conducción, distribución y medición de agua potable, así como del drenaje sanitario, drenaje pluvial, alcantarillado, disposición y saneamiento o tratamiento de las aguas residuales y reúso de aguas residuales tratadas , facturación y cobro del suministro de agua para centros de población y asentamientos humanos en un municipio a cargo de los organismos operadores de agua.

Es menester que las autoridades en materia de agua implementen acciones sustentables para trabajar por una mejor gestión de los recursos hídricos cuyos volúmenes puedan por una parte garantizar el abastecimiento a la población y por otra a aprovechar el agua residual para su tratamiento y que ésta pueda reutilizarse para otros fines distintos al consumo humano como lo es en el riego urbano, lo que traerá como beneficio que el agua potable se utilice prioritariamente para las necesidades de los hogares.

En el municipio de Tijuana, Baja California, el cual es la demarcación con más población del país con dos millones de habitantes, se advierte que la escasez de los recursos hídricos se transforma cada día más en una amenaza que está llegando al límite de sus fuentes propias de agua. La ciudad fronteriza está ubicada en una región hidrológico–administrativa de disponibilidad natural muy baja y presión fuerte sobre sus recursos hídricos, lo que hace imperiosa la necesidad de recurrir a las fuentes alternas para hacer un uso más eficiente del agua.

En este tenor, la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil como Unidos por Tijuana, A.C., han promovido iniciativas encaminadas a solucionar esta problemática del municipio como es el uso del agua residual tratada para el riego de jardines y parques, ya que se ha tenido conocimiento que en parques importantes como el Parque de la Amistad, ubicado en Mesa de Otay de dicha Ciudad de Tijuana, se utiliza agua potable para el riego, lo cual no es congruente con el principio de sustentabilidad del agua, ya que el agua limpia debe destinarse prioritariamente para el consumo humano, por lo que para el riego de parques y jardines debe de emplearse el uso de agua tratada para contribuir a la sustentabilidad.

Por todo lo anterior, se somete a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al honorable ayuntamiento de Tijuana, Baja California, llevar a cabo gestiones necesarias a fin de que se implemente una adecuación de la infraestructura hídrica para el uso racional y sustentable del agua.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que formule políticas de gestión sostenible que promuevan el uso de aguas residuales tratadas en el riego de parques públicos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026.

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Condusef, así como a los titulares de las Fiscalías Generales de Justicia de todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, a implementar acciones coordinadas y de colaboración para orientar oportunamente a los cuentahabientes afectados por presuntos fraudes, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Evangelina Moreno Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace más de cinco décadas, en nuestro país se ofrecen servicios digitales bancarios, entre estos servicios tenemos el uso de cajeros automáticos. Actualmente, los cajeros automáticos forman parte de la cotidianeidad de millones de mexicanos, ya que representan una herramienta útil para los usuarios de la banca quienes pueden disponer de los fondos de sus cuentas, sin embargo, aunque el empleo de estas máquinas cumple con ciertas medidas de seguridad, los cuentahabientes no están exentos de riesgos.

Tal es el caso de las modalidades de fraude que emplean delincuentes con el ánimo de obtener ilícitamente los fondos de las cuentas, siendo el intercambio de tarjetas o bien, la obtención mediante engaño de los códigos de seguridad, lo cual es muy recurrente que se efectúen contra personas adultas mayores, pese a las campañas de información emprendidas por la Comisión Nacional de Defensa para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como de las instituciones bancarias.

Las Fiscalías de Justicia de los Estados han exhortado a los usuarios de los cajeros automáticos tomar medidas de seguridad ante la alerta para que eviten ser víctimas de robo o fraude mediante el intercambio de tarjetas bancarias por parte de delincuentes, cuyo modus operandi consiste en que desconocidos interactúan con las personas que acuden a hacer uso de los cajeros automáticos y simulando no haber podido hacer un retiro por supuestas fallas en el sistema, piden al usuario, que ingrese su tarjeta y sin que se percate se la cambian y obtienen el código de seguridad para rápidamente realizar compras o retirar fondos. La persona afectada posteriormente se percata de que fue víctima de un delito al enterarse de los movimientos que fueron hechos con su tarjeta bancaria.

Esta forma de operar es muy recurrente en personas de la tercera edad, debido a que muchas de ellas no utilizan los servicios de las aplicaciones bancarias, o bien no las saben utilizar, lo cual los hace vulnerables ya que pueden pasar días para que se percaten de los movimientos que los delincuentes han realizado en sus cuentas.

Ahora bien, cuando el usuario víctima se percata de los movimientos que no reconoce haberlos hecho, lo primero que hace es ponerse en contacto con el banco con quien contrató la apertura de su cuenta, ya sea por llamada telefónica o de manera presencial, en donde de forma inmediata el personal del banco a solicitud del cliente bloquea la tarjeta para evitar a partir de dicho momento se le siga dando uso indebido. Lamentablemente en esta modalidad de fraude al consumarse los movimientos, es difícil actuar con prontitud, ya que al haberse empleado el código de seguridad del usuario, se libera al banco de responsabilidad toda vez que dicho código se equipara a la firma de puño y letra, lo cual hace que solamente se pueda evidenciar la autoría del fraude por medio de videos y testigos, para lo cual es imperioso que el afectado interponga su denuncia ante el Ministerio Público por hechos constitutivos de delito de fraude en su agravio, ya que dicho órgano de representación social si cuenta con las facultades para poder solicitar y recabar todas las pruebas que puedan haber para el esclarecimiento de los hechos.

Los adultos mayores generalmente desconocen los modus operandi de los defraudadores, siendo este desconocimiento la condición propicia para poder conseguir las tarjetas y las claves de seguridad. Y así perpetrar los fraudes.

El grupo de población de adultos mayores representa un sector vulnerable ante los riesgos de ser defraudados, lo que se comprueba con el hecho de que las personas pertenecientes a este sector son las que más acuden a la CONDUSEF para interponer quejas contra bancos.

Siendo así una problemática que se presenta para este segmento de la población, es el desconocimiento sobre las características o funcionamiento de los productos y servicios financieros, situación que se observa en todos los estados del país, ya que se reporta desde hace varios años, que una de cada 3 personas que acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a presentar una controversia, es un adulto mayor, cifra que ha incrementado en los últimos años en la medida en que avanza la inclusión financiera y la dispersión de diversos programas sociales.1

Pero lo que verdaderamente se puede apreciar en perjuicio de los cuentahabientes defraudados, es que dejan pasar tiempo valioso para que la autoridad pueda recabar pruebas para el esclarecimiento de los hechos, ya generalmente optan primero por acudir a la CONDUSEF a interponer una queja, y dada la naturaleza de dicha institución al ser sólo un ente conciliador, no tiene la facultad de investigar los hechos, lo que repercute a que el usuario espere el acuerdo de dicha institución y de no ser procedente la pretensión de la queja, se deje a salvo el derecho del usuario para acudir a otra instancia, siendo que ya habrá pasado demasiado tiempo para que el Ministerio Público pueda actuar oportunamente para solicitar videos si es que se tienen sobre quién pudo haber cometido los fraudes.

Por todo lo expuesto, es necesario que se implementen acciones coordinadas para hacer frente a esta situación, ya que no basta con la información preventiva sobre estas modalidades de fraudes contra los adultos mayores, sino que se requiere que las autoridades encargadas de prevenir e investigar los delitos que se deriven de estas actividades implementen mecanismos de atención e investigación oportuna sobre los hechos ilícitos expuestos.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a los titulares de las Fiscalías Generales de Justicia de todas las entidades federativas de la República Mexicana, a implementar acciones coordinadas y de colaboración para orientar y canalizar oportunamente a los cuentahabientes afectados por presuntos fraudes.

Notas

1 Consultado en: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1117&idcat=

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026

Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a comenzar con la inscripción de la tradición de Día de Muertos del Pueblo de San Andrés Mixquic, de la Alcaldía de Tláhuac, como Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, considerando que esta festividad representa una invaluable riqueza cultural, cuya preservación resulta indispensable por su origen prehispánico y su condición como una de las tradiciones más emblemáticas de la Ciudad de México, a cargo del diputado Roberto Mejía Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Roberto Mejía Méndez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se plantea la presente solicitud debido a la importancia que tiene para la demarcación, dar seguimiento al punto de acuerdo que presento Rigoberto Salgado Vázquez el 18 de noviembre de 2020 como Diputado Local del Distrito VIII de la Ciudad de México, donde menciona que:

“México es un país de tradiciones, festividades y celebraciones de arraigo, donde se involucran distintos sectores de la sociedad; una de las más representativas es la del Día de Muertos, la cual, además de ser un culto, forma parte de un legado ancestral, plasmado en las distintas culturas prehispánicas.

Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, lo cual les impidió entender el significado que los indígenas le daban, donde atribuían a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir, un destino diferente. Tras la conquista, la unión del catolicismo español, con las creencias indígenas, forjaron un carácter religioso único, colorido, festivo, conservando los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas.

De acuerdo con la mitología azteca, Mictecacíhuatl representa a la reina del Mictlán , la región de los muertos, el lugar en donde llegaban todos los que hubieran perecido de manera natural; también existía el Tonatiuhichan , espacio para aquellos que fallecían en guerra o en labor de parto; el Tlalocán , donde iban los difuntos a causa de agua, rayos o enfermedades y por último el Tonacacuauhtitlan , lugar para los niños que no habían probado el maíz, y por tanto no tenían contacto con la muerte; en este sitio eran alimentados por el árbol que da sustento y ahí permanecían hasta recibir la oportunidad de una segunda vida y con ello reencarnar.

La figura de Mictecacíhuatl es de una diosa descarnada con una cabeza de calavera, con los pechos expuestos y numerosos pliegues en su abdomen que simbolizan sus múltiples partos. En el Mictlán no existía el infierno ni el paraíso, sin embargo, los muertos debían pasar por distintas pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, y finalmente conseguir su eterno descanso, librarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh , Dios del Sol.1 ”

En nuestro país la celebración de día de muertos se realiza desde; el día 31 de octubre donde es dedicado a los niños menores de 12 años; el primero de noviembre se considera como el día de Todos los Santos, evocando la memoria de quienes partieron por causas naturales o a consecuencia de alguna enfermedad; y el 2 de noviembre, después del mediodía, las almas de los difuntos parten.

El pueblo de San Andrés Mixquic, ubicado en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, se constituye como uno de los centros ceremoniales más representativos de la celebración del Día de Muertos en el país, esta tradición hunde sus raíces en la cosmovisión prehispánica de los pueblos originarios que habitaron la cuenca del lago de Chalco desde el siglo XI.

Dicha tradición se distingue por el ritual conocido como “La Alumbrada”, ceremonia en la que el panteón local se ilumina con miles de veladoras e incienso la noche del 2 de noviembre, acompañada de ofrendas, flores de cempasúchil, cantos, danzas tradicionales y gastronomía típica, todo ello organizado y transmitido de generación en generación por la propia comunidad, lo que le confiere el carácter de patrimonio cultural intangible vivo, insustituible e irreproducible fuera de su contexto originario.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y la Alcaldía Tláhuac, en 2022 la festividad convocó aproximadamente 300 mil visitantes; para 2024, esa cifra se proyectó en más de 4 millones de asistentes en toda la alcaldía durante los días 28 de octubre al 3 de noviembre; y para 2025, solo en el pueblo de Mixquic se estimó la llegada de entre 1.5 y 2 millones de personas, lo que evidencia un crecimiento exponencial de más de 500% en tan solo tres años, consolidando a esta celebración como uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en la Ciudad de México.

Que la magnitud del fenómeno turístico y cultural descrito no solo acredita la dimensión e importancia de la festividad, sino que pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México adopten medidas formales de reconocimiento, protección y preservación de esta expresión cultural, a fin de garantizar su continuidad y salvaguardar su autenticidad frente a los riesgos que conlleva la masificación turística, la comercialización excesiva y la pérdida gradual de su significado ritual y comunitario.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único .- La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México , comenzar con la Inscripción de la tradición de Día de Muertos del pueblo de San Andres Mixquic de la Alcadía de Tláhuac , como Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México , considerando que esta festividad representa una invaluable riqueza cultural, cuya preservación resulta indispensable por su origen prehispánico y su condición como una de las tradiciones más emblemáticas de la Ciudad de México.

Nota:

1. Día de Muertos en México.https://www.xataka.com.mx/otros-1/el-dia-de-muertos-en-mexico-es -mucho-mas-que-lo-la-mayoria-de-la-gente-cree

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026

Diputado Roberto Mejía Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita respetuosamente a la Sedatu, a realizar y emitir dictámenes técnicos, normas y documentos de planeación, enfocados en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, habitabilidad de vivienda y gestión de riesgos, en las colonias irregulares de la alcaldía Tláhuac, con objeto de asegurar a la población la protección de sus derechos a un patrimonio habitacional digno, a la no discriminación y a la convivencia en condiciones de equidad e inclusión social, a cargo del diputado Roberto Mejía Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Roberto Mejía Méndez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se plantea la presente solicitud debido a la importancia que tiene para la demarcación, dar seguimiento al punto de acuerdo que presento Rigoberto Salgado Vázquez el 18 de noviembre de 2020 como Diputado Local del Distrito VIII de la Ciudad de México, donde menciona que:

“La Alcaldía Tláhuac se localiza al sur oriente de la Ciudad de México, colindando al norte y noreste con la Alcaldía Iztapalapa; al oriente y nororiente con el municipio de Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México, al poniente con las Alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa y al sur con la Alcaldía Milpa Alta.1

La superficie de la Alcaldía es de 8,534.62 hectáreas (5.74% de la superficie total de la Ciudad de México), de las cuales 2,064.80 hectáreas corresponden a suelo urbano (24.19% de su superficie) y 6,469.82 hectáreas corresponden a suelo de conservación (75.81%).2

Hasta la década de los setenta Tláhuac era considerada una de las Alcaldías semirrurales junto con Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, por presentar procesos poco significativos de inmigración, arraigadas tradiciones culturales y extensas superficies del suelo de conservación (75.81% de su territorio), destinadas al desarrollo de actividades del Sector Primario (agricultura, ganadería, piscicultura). Hacia la década de los ochenta inicia un intempestivo proceso de poblamiento con la construcción de Unidades Habitacionales en la zona Norponiente de la Alcaldía, reconociéndose un incremento del 551.28% entre 1970 y 2005, al pasar de 62,419 a 344,106 habitantes (incremento neto de 281,687 habitantes); en tanto que la Alcaldía Cuauhtémoc en el mismo periodo se redujo en un 43.77% al pasar de 927,242 a 521,348 habitantes (reducción neta de 405,894 habitantes).3

Los pueblos de Tláhuac tienen su origen en la época prehispánica y su posesión sobre la tierra resistió el vaivén de la historia. En 1919 la Secretaría de la Reforma Agraria realizó la primera dotación de tierra al ejido de San Juan Ixtayopan, en 1918 dota a San Andrés Mixquic, en 1922 dota a Santiago Zapotitlán; en 1923 se publica la dotación de tierra a los ejidos de San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tláhuac; finalmente en 1924 se dotan a San Nicolás Tetelco y Santa Catarina Yecahuizotl, respectivamente sumando 4,608.99 has.; sin embargo se realizan 44 acciones agrarias entre expropiaciones, ampliaciones, devoluciones, permutas, segregaciones y cesiones que modifican esta superficie, por lo que actualmente se tienen 3,066.16 has de propiedad social.4 ”

El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la Alcaldía Tláhuac registra una población total de 392,313 habitantes, de los cuales 175,886 personas se encuentran en condición de pobreza moderada y 87,271 en pobreza extrema. La Universidad Nacional Autónoma de México, según su Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad en el artículo titulado “Ciudad de México y sus desigualdades socio territoriales ” indica que Tláhuac figura entre las alcaldías con mayor concentración de viviendas con pisos y techos precarios en toda la Ciudad de México, lo que revela rezagos estructurales persistentes en las condiciones habitacionales de su población. Adicionalmente, el 54.9% de la población de Tláhuac carece de acceso a seguridad social, posicionándola como la tercera alcaldía con mayor déficit en esta materia en toda la capital, según la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL (INEGI 2020).

En lo que respecta a los asentamientos humanos irregulares, Tláhuac es una de las demarcaciones de mayor presión territorial. debido a la necesidad de salvaguardar los derechos a un patrimonio habitacional digno, a la no discriminación y a la convivencia en condiciones de equidad e inclusión social, para 2025, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un plan de regularización que contempla 288 colonias asentadas irregularmente, con el objetivo de gestionar escrituras, servicios básicos y mejoras de infraestructura, correspondiendo la mayoría de ellas a las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Este escenario evidencia que, de mantenerse las tendencias actuales, los procesos de irregularidad continuarán a una tasa cercana a 5,000 personas por año, lo que ocasionaría mayores índices de marginación social y precariedad, por lo que en congruencia con el crecimiento de la población y la necesidad de una vivienda digna, es indispensable analizar la viabilidad de regularizar todos los asentamientos humanos de nuestra demarcación.

El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene como objetivos, establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial, así como, Garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional.

La SEDATU como meta se propone que debe de contar con un marco institucional de gestión eficaz, coordinado y sostenible para la conducción de la política territorial, basada en los derechos humanos individuales y colectivos de las personas con enfoque regional y perspectiva transversal para la gestión integral de riesgos y la gestión del suelo, a fin de alcanzar el desarrollo y bienestar colectivo, en este tenor, el ejercicio de planeación urbana determina, en un marco de responsabilidades y acciones conjuntas, la necesidad de otorgar certeza respecto al patrimonio inmobiliario de los particulares, mediante la ejecución de acuerdos sobre políticas, estrategias y líneas de acción idóneos que permitan a la Administración Pública colocarse al frente de los acontecimientos, con el fin de controlarlos y encausarlos conforme al interés mayoritario, en aras de lograr el ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único .- La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a realizar y emitir dictámenes técnicos, normas y documentos de planeación, enfocados en ordenamiento territorial, desarrollo urbano, habitabilidad de vivienda y gestión de riesgos, en las colonias irregulares de la Alcaldía Tláhuac, con el objeto de asegurar a la población la protección de sus derechos a un patrimonio habitacional digno, a la no discriminación y a la convivencia en condiciones de equidad e inclusión social.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2026

Diputado Roberto Mejía Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se le solicita respetuosamente a la Conafor y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro a fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales en el estado de Querétaro, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se le solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales en el Estado de Querétaro , misma que tiene sustento con las siguientes consideraciones

Consideraciones

En los últimos meses, el estado de Querétaro ha enfrentado un incremento significativo en la incidencia de incendios forestales, particularmente en Áreas Naturales Protegidas, lo cual representa una amenaza directa al equilibrio ecológico, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades.

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, en lo que va del año 2026 se han registrado más de 400 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas consumidas por incendios, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer las acciones institucionales.1

Los incendios forestales generan impactos profundos, entre los que destacan:

• Pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad.

• Degradación del suelo y disminución de su capacidad productiva.

• Afectación a la recarga de mantos acuíferos.

• Emisión de contaminantes que deterioran la calidad del aire.

• Riesgos directos a la salud y seguridad de la población.2

Cabe señalar que, conforme a datos históricos, la mayoría de los incendios forestales en México son provocados por actividades humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional, lo que hace indispensable fortalecer la prevención y la cultura ambiental. En el estado de Querétaro, tan solo en 2026 se han registrado 1,150 incendios, los cuales han afectado más de 8,000 hectáreas. Si bien hubo incendios en Áreas Naturales Protegidas, se registró un gran número en zonas no forestales, agrícolas y urbanas.3

Asimismo, factores como el cambio climático, las altas temperaturas, la sequía prolongada y las condiciones de viento han intensificado la frecuencia y severidad de estos siniestros, lo que exige una respuesta más contundente, coordinada y con visión preventiva.

La protección de las Áreas Naturales Protegidas debe ser una prioridad, no solo por su valor ecológico, sino también por los servicios ambientales que brindan, como la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad. La pérdida de estas zonas representa un retroceso significativo en materia ambiental y compromete el desarrollo sostenible de la entidad.

Es fundamental fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la participación de las comunidades locales, ejidos y organizaciones civiles, quienes juegan un papel clave en la detección temprana, el combate inicial de incendios y la conservación del territorio.

En este contexto, resulta indispensable reforzar las capacidades operativas, incrementar los recursos destinados al combate de incendios, implementar tecnologías de monitoreo y detección temprana, así como intensificar las campañas de prevención dirigidas a la población.

La atención de esta problemática no puede ser reactiva; debe ser preventiva, estratégica y permanente. Solo mediante un enfoque integral será posible mitigar los impactos ambientales, sociales y económicos derivados de los incendios forestales.

En este contexto, si bien la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro tienen atribuciones específicas en la materia, la situación actual demanda redoblar esfuerzos, fortalecer capacidades operativas y mejorar la coordinación interinstitucional para hacer frente a esta problemática.

Ante estas consideraciones, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales en el estado de Querétaro.

Notas:

1. Publímetro (10 de abril de 2026) https://www.publimetro.com.mx/queretaro/2026/04/10/van-mas-de-400-hecta reas-de-anp-consumidas-por-incendios-en-queretaro/

2. Comisión Nacional Forestal (2010) http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3% A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf

3. El Queretano Digital (9 de abril de 2026) https://elqueretano.info/sensorama/reportan-1150-incendios-forestales-e n-lo-que-va-del-ano/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2026

Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)