Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar acciones que restablezcan la seguridad de las carreteras en el territorio nacional, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Baja California, a la SHCP y a la SEP a implementar un mecanismo de retención fiscal unificada en la nómina magisterial, a fin de evitar distorsiones en el cálculo del ISR en trabajadores de la educación con percepciones concurrentes, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias y al gobierno del estado de Baja California a garantizar el acceso a vivienda adecuada para el personal docente y demás trabajadores de la educación en Cabo San Lucas, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la SE y a Pemex a presentar un informe público sobre el balance fiscal de la renta petrolera generada por la empresa productiva del Estado, así como sobre los apoyos presupuestarios otorgados a la misma durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar acciones que restablezcan la seguridad de las carreteras en el territorio nacional, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Armando Tejeda Cid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad en las carreteras federales de México se ha convertido en un problema urgente que compromete la integridad de millones de personas. Transportistas, familias, turistas, trabajadores y comerciantes utilizan diariamente la red nacional de vías de comunicación, enfrentando riesgos crecientes relacionados con asaltos, secuestros, extorsiones, bloqueos, desapariciones y agresiones armadas.

Diversas organizaciones de transportistas han documentado un aumento en delitos cometidos en autopistas estratégicas del país, afectando la actividad económica, el traslado de mercancías y la movilidad cotidiana. Los hechos de violencia carretera no sólo generan pérdidas económicas millonarias, sino que vulneran derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la seguridad y la vida.

Con datos recabados en por la encuesta realizada en marzo de este año por MITOFSKY, el 66 por ciento de los encuestados consideró que las carreteras son muy o algo peligrosas, y solo el 33.3 por ciento no las considera peligrosas, ese estudio se basa en mil entrevistas a ciudadanos, en donde se observa que 47.6 por ciento de los mexicanos utiliza las carreteras al menos una vez a la semana por lo que resulta imperante resolver el tema de seguridad en ellas. La percepción de inseguridad en este estudio refleja que ha aumentado en comparación del año pasado ya que el 43.4 por ciento de los encuestados consideró que las carreteras son más peligrosas que hace un año.

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 20241 , durante el 2023, se registraron 160 probables robos y asaltos sucedidos en carreteras de jurisdicción federal. Del total, 65.6 por ciento se registró en camiones de carga, siendo el Estado de México con la mayor cantidad de robos y asaltos en las carreteras y puentes federales con 36 registros, Puebla con 27, Veracruz con 18, Guanajuato 15, Jalisco y Michoacán con 11 siento estos 6 estados los que presentan mayores incidencias en las carreteras. Las cifras oficiales de seguridad pública federal muestran un aumento en los robos de vehículos en carretera, pasando de 1,860 en 2022 a 3,204 en 2023. La mayoría de estos robos (65.6 por ciento) afectan al transporte de carga, pero los autos particulares también son objetivo.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Aguascalientes manifestó que más del 60 por ciento de los empresarios afiliados a este organismo han sufrido algún tipo de incidente durante el traslado de mercancías, desde robos de carga hasta paros o agresiones a operadores.

Se estima que cada robo sufrido en carreteras puede llegar a costar más de un millón de pesos, considerando pérdida de mercancía, deducibles, primas de seguro, escoltas y retrasos, no solo son los robos sino también son las quemas de unidades que también sufren los transportistas día a día.

El 86 por ciento de los robos a transportistas se cometen con violencia y con armas de fuego, lo que evidencia el nivel de riesgo en carreteras. En muchos casos, las bandas criminales utilizan jammers, dispositivos que bloquean la comunicación y permiten interceptar y vaciar la carga sin posibilidad de auxilio inmediato.

Los productos más robados son alimentos de abarrotes, afectando a empresas y cadenas de distribución, alrededor de 25 conductores u operadores de transportes son asaltados cada día en promedio esto con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2023.

Existe una gran discrepancia entre los datos que tiene el gobierno y lo que pasa en la realidad, sumándose a ello también el hecho de las denuncias que no se realizan, el gobierno federal en turno ha manifestado que implementarán un plan nacional para llevar seguridad a las carreteras denominado “Plan Cero Robos” ese plan se enfoca en tres autopistas que es México- Querétaro, México- Puebla y Mazatlán – Culiacán.

La nota periodística emitida por El Economista publicada el 27 de julio del 2025, se señala que las carreteras más peligrosas del país son: Querétaro – Irapuato, San Luis PotosíLagos de Moreno, México - Toluca, México -Cuernavaca - Acapulco, Cancún-Tulum, La Tinaja - Coatzacoalcos, México - Veracruz, Monterrey -Nuevo Laredo, Puebla - Córdoba, México - Veracruz, Monterrey - Nuevo Laredo, Puebla – Córdoba, México - Pachuca, Guadalajara - Tepic, Morelia -Uruapan, Chilpancingo - Acapulco, Saltillo - Monterrey, Mazatlán - Los Mochis, Zacatecas -Aguascalientes y Tepic- Mazatlán, de las cuales solo tres fueron incluidas en el “Plan Cero Robos”, dejando a 17 que se consideran más peligrosas fuera de este.

Sin embargo, consideramos necesario que se hagan acciones de manera urgente en todas las carreteras, desgraciadamente la inseguridad ha crecido de manera impresionante en los últimos años, en lugar de utilizar a la guardia nacional para tapar baches, es necesario que su presencia este de manera permanente en todas las carreteras del país para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos, brindar la seguridad es clave para un buen gobierno, es un derecho fundamental que debemos de proteger y garantizar, que todos vivan seguros en tierra mexicana.

El derecho al libre tránsito y, sobre todo, el derecho a la vida y a la integridad física. Sin embargo, para miles de mexicanos, transitar por las vías federales se ha convertido en un acto de fe y, frecuentemente, en una ruleta rusa.

Las estadísticas no mienten, aunque a veces se intenten maquillar. La percepción de inseguridad en las carreteras sigue siendo altísima, superando el 50 por ciento de la población que se siente vulnerable. Y esta percepción está anclada en hechos reales y dolorosos.

Los transportistas de carga, pilares de nuestra economía, viven bajo la constante amenaza del crimen organizado. Se reportan miles de robos cada año, con un aumento del 16 por ciento solo en 2025. Esto no solo encarece los productos básicos y afecta a las familias, sino que convierte la noble labor de los conductores en un trabajo de alto riesgo, generando un déficit de choferes que temen por su vida.

Y los automovilistas particulares, las familias que viajan por trabajo o para visitar a sus seres queridos, tampoco están a salvo. Hemos visto reportes de métodos violentos, como el lanzamiento de piedras para obligar a los vehículos a detenerse y asaltar a sus ocupantes.

En los últimos años, la falta de recursos en la conservación de las carreteras es otro problema con el que nos enfrentamos, para el 2026, el gobierno federal en el presupuesto solo destino 27,720 millones de pesos para las carreteras, siendo un 23 por ciento menos a los utilizados en el presupuesto del 2025.

La seguridad pública es una responsabilidad compartida entre la Federación, los estados y los municipios; sin embargo, la protección de la red de carreteras federales corresponde principalmente a la Guardia Nacional. Resulta indispensable fortalecer su presencia, mejorar los mecanismos de vigilancia, reforzar la coordinación con autoridades estatales y municipales, incrementar el uso de tecnología, así como garantizar rutas seguras para usuarios y transportistas.

El 5 de abril de 2026, la Secretaría de Gobernación sostuvo públicamente que “no existe razón alguna para manifestarse” frente al anuncio de bloqueos por parte de organizaciones de transportistas y productores del campo; en esa misma línea, destacó que se habían mantenido mesas de diálogo y que muchas organizaciones habían decidido no movilizarse.2

No obstante, las propias notas periodísticas y el comunicado oficial muestran que sí existía un conflicto real: la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) mantuvieron su convocatoria de paro y bloqueos, argumentando falta de respuesta suficiente en materia de seguridad carretera, peajes, combustibles y condiciones para el campo. Es decir, el contraste entre la postura gubernamental y la insistencia de los manifestantes revela una brecha entre la narrativa oficial de atención y la experiencia concreta de quienes siguen considerando que sus demandas no han sido resueltas.3

El 6 de abril de 2026 esa tensión se tradujo en afectaciones reales. La propia Secretaría de Gobernación informó que al inicio de la jornada se registraron 11 bloqueos carreteros en 9 estados y que, tras el diálogo y la intervención institucional, se redujeron a cinco vialidades afectadas. Por su parte, reportes periodísticos documentaron bloqueos y afectaciones concretas en distintos puntos del país, incluyendo la carretera federal 90 Pénjamo-La Piedad, así como afectaciones relevantes en accesos y autopistas de alta circulación. Se confirma que existe un malestar acumulado en sectores que transportan mercancías, sostienen cadenas productivas y representan actividades esenciales para la economía nacional. Cuando el reclamo de seguridad alcanza ese nivel de presión, el Estado no puede responder solo con comunicados; debe responder con presencia efectiva, coordinación real y resultados verificables.4

Frente a esta realidad, el Estado mexicano no puede conformarse con respuestas reactivas ni focalizadas de manera temporal. Resulta indispensable reforzar de inmediato la presencia operativa y los esquemas de vigilancia en las carreteras federales, particularmente en los tramos con mayor incidencia delictiva; fortalecer la coordinación entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y municipales; mejorar los tiempos de respuesta ante reportes ciudadanos; y asumir que la seguridad carretera es una condición mínima para proteger el libre tránsito, la vida, la integridad y la economía de las familias mexicanas. Las protestas recientes no deben leerse solo como una molestia coyuntural, sino como un llamado urgente de quienes hoy siguen sintiendo que la protección del Estado llega tarde o no llega.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal a implementar acciones que restablezcan la seguridad en las carreteras en el territorio mexicano.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional a reforzar, de manera inmediata, la presencia operativa y los esquemas de vigilancia en las carreteras federales del país, prioritariamente en los tramos con mayor incidencia delictiva.

Tercero. Se exhorta a la Guardia Nacional a fortalecer los mecanismos de coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, así como con autoridades municipales, a fin de implementar operativos conjuntos, patrullajes mixtos y atención rápida a reportes ciudadanos.

Notas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024: resultados [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 2024 [citado 2026 abr 7]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2024/doc/cnspf_2024 _resultados.pdf

2. La Redacción. Segob advierte sobre el bloqueo de transportistas: “no existe razón para manifestarse” [Internet]. Ciudad de México: Proceso; 2026 abr 5 [citado 2026 abr 7]. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/4/5/segob-advierte-sobre-el-bl oqueo-de-transportistas-no-existe-razon-para-manifestarse-371636.html

3. Dina E. Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación [Internet]. Ciudad de México: El Universal; 2026 abr 5 [citado 2026 abr 7]. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/segob-reitera-que-no-existe-razon -del-paro-de-transportistas-y-agricultores-asegura-atender-cualquier-ma nifestacion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril del año 2026.

Diputado Armando Tejeda Cid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Baja California, a la SHCP y a la SEP a implementar un mecanismo de retención fiscal unificada en la nómina magisterial, a fin de evitar distorsiones en el cálculo del ISR en trabajadores de la educación con percepciones concurrentes, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Pelayo Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, el sistema de pago de la nómina educativa se encuentra sustentado en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) , cuyo objetivo ha sido garantizar orden, transparencia y control en el ejercicio de los recursos destinados al magisterio.

Sin embargo, en entidades federativas como Baja California Sur , persisten condiciones estructurales que han generado un sistema mixto de percepciones para las y los docentes, derivado de:

- Plazas no federalizadas.

- Compensaciones estatales históricas.

- Crecimiento de la matrícula sin respaldo presupuestal suficiente.

- Rezagos acumulados en la regularización de la nómina educativa.

Esta realidad ha provocado que un número importante de trabajadores de la educación perciban ingresos tanto de origen federal como estatal.

Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación de acumular todos los ingresos para efectos fiscales, en la práctica cada fuente de pago realiza retenciones de manera independiente, generando distorsiones en el cálculo del impuesto.

En el caso particular de Baja California Sur, esta situación se agrava debido a:

- Las limitaciones presupuestales del estado.

- El histórico déficit en el sector educativo.

- La necesidad de cubrir compromisos laborales con recursos propios.

Lo anterior se traduce en:

- Retenciones desarticuladas del ISR.

- Incremento en la carga fiscal efectiva al momento de la declaración anual.

- Percepción generalizada entre el magisterio de estar siendo sujeto a una “doble tributación”.

- Inconformidad social y presión sindical.

Es importante señalar que el problema no radica en la legislación fiscal, sino en la falta de coordinación institucional entre autoridades federales y estatales, particularmente entre:

- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- El Servicio de Administración Tributaria.

- La Secretaría de Educación Pública.

- El gobierno del estado de Baja California Sur.

Esta falta de articulación genera incertidumbre fiscal en las y los docentes, afecta su economía familiar y debilita la confianza en las instituciones públicas.

En un estado como Baja California Sur, donde el desarrollo social y económico depende en gran medida de la estabilidad de sus servicios públicos y del fortalecimiento del tejido social, resulta indispensable garantizar condiciones justas y transparentes para quienes forman a las nuevas generaciones.

Por ello, se vuelve urgente establecer mecanismos que permitan corregir estas distorsiones, mediante una retención fiscal más justa, coordinada y transparente , sin generar cargas adicionales para el erario ni para los trabajadores.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, diseñen e implementen un mecanismo de retención del Impuesto Sobre la Renta con base en el ingreso acumulado , aplicable a trabajadores de la educación que perciban ingresos concurrentes de origen federal y estatal, con especial atención a entidades con rezago estructural como Baja California Sur.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a establecer un sistema de integración de información y conciliación de percepciones para fines fiscales y administrativos de la nómina magisterial y trabajadores del sector educativo, incluyendo aquellas financiadas con recursos estatales.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, a fin de:

- Garantizar el intercambio de información fiscal en tiempo real.

- Homologar criterios de retención del ISR.

- Reducir las distorsiones en la carga fiscal de las y los docentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas federales y del estado de Baja California Sur a implementar herramientas de consulta e integración clara de la información de nómina, que permita a las y los trabajadores identificar de manera precisa:

- Su ingreso total acumulado.

- El ISR retenido de forma consolidada.

- El origen de los recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de abril de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias y al gobierno del estado de Baja California a garantizar el acceso a vivienda adecuada para el personal docente y demás trabajadores de la educación en Cabo San Lucas, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Pelayo Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El municipio de Los Cabos, particularmente Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, ha experimentado en los últimos años un crecimiento demográfico acelerado derivado de su dinamismo turístico y económico, lo que ha generado una presión significativa sobre los servicios públicos, especialmente en materia de vivienda y educación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el municipio de Los Cabos registró un crecimiento poblacional superior al 47 por ciento entre 2010 y 2020, lo que evidencia la magnitud del reto urbano y social que enfrenta la región.

Este crecimiento no ha sido acompañado por una política de vivienda acorde a las condiciones del mercado inmobiliario local, caracterizado por una alta plusvalía, incremento sostenido en el valor del suelo y encarecimiento de los desarrollos habitacionales, lo que ha limitado el acceso a vivienda adecuada para sectores clave como el magisterio. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el encarecimiento del suelo urbano constituye uno de los principales factores que restringen el acceso a vivienda en zonas con alta actividad económica, situación que se ve reflejada en el incremento sostenido de los precios de la vivienda reportado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

En este contexto, el personal docente enfrenta serias dificultades para acceder a créditos de vivienda suficientes, lo que deriva en condiciones de vida adversas, tales como traslados prolongados, hacinamiento o la imposibilidad de adquirir una vivienda en la zona donde laboran. Lo anterior se inserta en una problemática más amplia de desigualdad en el acceso a derechos sociales, como lo ha señalado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada y decorosa, lo que implica la obligación del Estado de generar condiciones efectivas para su acceso. Este derecho ha sido reconocido también a nivel internacional como un elemento fundamental para el desarrollo humano, de acuerdo con los estándares promovidos por ONU-Hábitat.

Los instrumentos institucionales de acceso a vivienda para trabajadores del Estado, particularmente a través del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), resultan insuficientes frente a las condiciones reales del mercado inmobiliario en zonas de alta plusvalía, como Cabo San Lucas, donde los costos de vivienda superan significativamente los montos de crédito disponibles, conforme a las reglas y esquemas vigentes de dicho organismo.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha señalado que el encarecimiento del suelo urbano y la especulación inmobiliaria constituyen factores estructurales que limitan el acceso a vivienda en regiones con alta actividad económica y turística, lo cual se ve agravado por el incremento sostenido en los precios de la vivienda, como lo reporta la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Esta problemática no puede analizarse de manera aislada, ya que se inserta en un contexto más amplio de presión sobre los servicios públicos, particularmente en el sector educativo, donde el crecimiento poblacional ha incrementado la demanda de servicios sin que existan condiciones adecuadas para garantizar la permanencia y estabilidad del personal docente, como lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La falta de acceso a vivienda adecuada para el magisterio incide directamente en la calidad educativa, al generar condiciones de inestabilidad laboral y dificultades para la permanencia del personal en zonas de alta demanda, lo cual se vincula con las brechas en el acceso a derechos sociales señaladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La problemática descrita ha sido expuesta directamente por representantes del magisterio de Baja California Sur en reuniones de trabajo sostenidas con legisladores federales, en las que se ha manifestado la necesidad urgente de revisar los esquemas de acceso a vivienda, particularmente en Cabo San Lucas, donde los créditos actuales resultan insuficientes frente al valor real del mercado inmobiliario.

En dichas reuniones se planteó la necesidad de impulsar acciones legislativas que permitan visibilizar esta problemática y generar condiciones para su atención mediante mecanismos institucionales adecuados, por lo que se acordó promover un punto de acuerdo en la materia.

En este sentido, resulta indispensable que las autoridades competentes analicen y ajusten los instrumentos de política pública en materia de vivienda, a fin de que respondan a las condiciones territoriales específicas, especialmente en regiones con alta plusvalía inmobiliaria, en concordancia con los lineamientos de la política nacional de vivienda impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Lo anterior implica la necesidad de diseñar mecanismos diferenciados que atiendan las particularidades de cada región, tal como lo establece la política nacional de vivienda, la cual reconoce la existencia de contextos territoriales con dinámicas económicas distintas que requieren soluciones específicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de la Comisión Nacional de Vivienda; del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como del gobierno del estado de Baja California Sur, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias:

1. Revisen y adecuen los esquemas de acceso a vivienda para el personal docente y demás trabajadores de la educación que labora en zonas de alta plusvalía, particularmente en Cabo San Lucas;

2. Fortalezcan los montos de crédito y, en su caso, diseñen mecanismos diferenciados que permitan al magisterio acceder a una vivienda adecuada acorde al valor real del suelo en la región;

3. Evalúen la incorporación del personal docente y demás trabajadores de la educación en programas federales de vivienda, garantizando condiciones de equidad frente a otros sectores beneficiarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de abril de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la SE y a Pemex a presentar un informe público sobre el balance fiscal de la renta petrolera generada por la empresa productiva del Estado, así como sobre los apoyos presupuestarios otorgados a la misma durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, para que presenten un informe público sobre el balance fiscal de la renta petrolera generada por la empresa productiva del Estado, así como sobre los apoyos presupuestarios otorgados a la misma durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, bajo los siguientes

Considerandos

Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta actualmente una situación financiera compleja que ha generado una preocupación creciente en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas, la viabilidad económica de la empresa productiva del Estado y la capacidad del gobierno federal para seguir absorbiendo los costos de su deterioro operativo y fiscal. Lejos de tratarse de una coyuntura aislada, el caso de Pemex refleja un problema estructural acumulado durante años: altos niveles de endeudamiento, una plataforma de producción debilitada, crecientes presiones presupuestarias y una dependencia cada vez mayor de transferencias públicas para sostener su operación. En este contexto, la situación de la petrolera ya no sólo compromete su propio funcionamiento, sino que comienza a trasladar riesgos directos al balance fiscal del Estado mexicano.

De acuerdo con información publicada por el periódico La Jornada el 10 de marzo de 2026, con base en datos analizados por la organización México Evalúa, durante el año 2025 se registró por primera vez en más de dos décadas un fenómeno inédito en las finanzas públicas del país: el gobierno federal aportó más recursos a Petróleos Mexicanos de los que la empresa generó en ingresos para el Estado. Este dato resulta especialmente grave porque rompe con la lógica histórica bajo la cual Pemex, aun con sus deficiencias, continuaba siendo una fuente neta de recursos para la Hacienda pública. Según ese análisis, la caída se explica por una combinación de menores ingresos petroleros y transferencias públicas significativas canalizadas a la empresa, lo que derivó en un saldo neto negativo para el Estado mexicano.

El análisis referido señala que desde el año 2000 y hasta 2024 la renta petrolera había representado un saldo positivo para las finanzas públicas, generando ingresos relevantes para el Estado mexicano y constituyendo uno de los soportes históricos del financiamiento público nacional. Sin embargo, el deterioro financiero de la empresa, sumado a elevados compromisos de deuda, menores niveles de producción, una menor captación por concepto de ingresos petroleros y la necesidad de apoyos presupuestarios cada vez más cuantiosos, ha provocado que este balance se invierta por primera vez en un cierre anual. De acuerdo con cifras difundidas en distintos análisis periodísticos basados en información oficial, en 2025 el gobierno obtuvo alrededor de 239 mil 800 millones de pesos de renta petrolera proveniente de Pemex, pero al mismo tiempo le transfirió 396 mil millones de pesos, lo que produjo una pérdida neta aproximada de 156 mil 400 millones de pesos para el erario.

Lo anterior implica, en términos prácticos, que Pemex dejó temporalmente de fungir como una palanca de ingresos para el Estado y pasó a constituir una carga neta sobre las finanzas públicas. Se trata de una señal de alerta mayor, no sólo por el monto de los recursos comprometidos, sino por las implicaciones que ello tiene sobre la asignación presupuestaria, la presión sobre el gasto público y el costo de oportunidad que representa destinar cientos de miles de millones de pesos a sostener financieramente a la petrolera en lugar de canalizarlos a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad, infraestructura o inversión productiva. Esta circunstancia exige una revisión seria del modelo de rescate, de la eficiencia de los apoyos otorgados y de los resultados concretos obtenidos con cargo al presupuesto público.

Más aún, este fenómeno ocurre en un momento en que la discusión pública sobre Pemex ya no puede limitarse únicamente a la defensa política de la soberanía energética, sino que debe incorporar criterios estrictos de sostenibilidad fiscal, evaluación de resultados y rendición de cuentas. Si el Estado mexicano está transfiriendo más recursos de los que recibe de la empresa, entonces resulta indispensable transparentar bajo qué instrumentos, con qué objetivos, bajo qué métricas de desempeño y con qué horizonte de recuperación financiera se están realizando dichos apoyos. La opacidad o insuficiencia de información en esta materia debilita el control parlamentario, impide una valoración objetiva de la política energética y compromete el principio constitucional de administración eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada de los recursos públicos.

Diversos análisis sobre el comportamiento reciente de las finanzas públicas y del sector energético nacional indican que durante 2025 el gobierno federal obtuvo aproximadamente 239 mil 800 millones de pesos en ingresos petroleros provenientes de Petróleos Mexicanos; sin embargo, de manera paralela, destinó 396 mil millones de pesos en apoyos financieros a la empresa por conducto de la Secretaría de Energía, lo que derivó en una renta petrolera neta negativa de alrededor de 156 mil 400 millones de pesos. Este dato constituye una señal de alarma para la Hacienda pública, pues evidencia que los recursos transferidos por el Estado para sostener a la empresa superaron ampliamente los beneficios fiscales que ésta generó para la Federación durante ese mismo periodo. En términos estrictamente presupuestarios, no se trata sólo de una disminución en la aportación de Pemex, sino de una inversión completa en la lógica histórica de su relación con las finanzas públicas nacionales.

Este fenómeno implica que, en términos fiscales, Petróleos Mexicanos dejó de operar como una fuente neta de ingresos para el Estado mexicano y pasó a representar una carga presupuestaria significativa para las finanzas públicas. La gravedad del dato radica no sólo en su cuantía, sino en el precedente que sienta: por primera vez en al menos un cuarto de siglo, el balance neto entre lo que Pemex aporta y lo que recibe del erario resultó adverso para el Estado. Ello obliga a replantear con seriedad el costo fiscal del actual modelo de rescate de la empresa, así como sus consecuencias sobre la sostenibilidad presupuestaria del país.

Históricamente, la industria petrolera ha sido uno de los pilares del financiamiento público en México.

Durante décadas, la renta petrolera ha contribuido de manera relevante al gasto público, al financiamiento del desarrollo nacional y a la estabilidad macroeconómica del país. Los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos permitieron, durante distintos periodos, fortalecer la recaudación pública, respaldar el gasto programable y otorgar al Estado un margen adicional de maniobra presupuestaria. Precisamente por ello, el hecho de que la empresa petrolera del Estado haya dejado de generar un beneficio neto para la Federación no puede entenderse como una variación menor o coyuntural, sino como una alteración de fondo en uno de los soportes tradicionales de las finanzas públicas mexicanas.

No obstante, la evolución reciente de las finanzas de Pemex refleja una tendencia preocupante caracterizada por altos niveles de endeudamiento, una reducción sostenida en la producción de hidrocarburos, elevados costos operativos y una dependencia creciente de apoyos fiscales por parte del gobierno federal. A ello se suma la insuficiencia de resultados proporcionales frente al volumen de recursos públicos comprometidos para su rescate. En otras palabras, el problema no consiste únicamente en que el Estado apoye financieramente a una empresa estratégica, sino en que dichos apoyos no han logrado revertir de manera estructural sus desequilibrios financieros ni restaurar plenamente su capacidad de generación de valor público.

Esta situación plantea interrogantes de la mayor relevancia sobre la sostenibilidad del modelo actual de financiamiento de la empresa productiva del Estado, así como sobre los impactos que estos apoyos pueden tener en la estabilidad de las finanzas públicas y en la disponibilidad de recursos para otros sectores prioritarios del desarrollo nacional. Cada peso canalizado a Pemex a través de transferencias, estímulos o apoyos extraordinarios representa también un costo de oportunidad para rubros como salud, educación, seguridad, infraestructura o inversión pública productiva. Por ello, resulta indispensable contar con información clara, verificable y técnicamente sustentada sobre el destino, justificación, resultados e impacto presupuestario de los recursos públicos asignados a la empresa.

Más aún, el hecho de que esta situación haya sido identificada a partir de análisis especializados y retomada en la discusión pública demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, evaluación y control parlamentario sobre la política energética y fiscal vinculada con Petróleos Mexicanos. Cuando una empresa pública que históricamente fue fuente de ingresos para la nación se convierte en receptora neta de recursos fiscales, el Congreso no sólo tiene la facultad, sino la obligación de exigir explicaciones, indicadores de desempeño y una ruta clara de corrección institucional. En un Estado constitucional y democrático, la relevancia estratégica de una empresa pública no puede traducirse en opacidad presupuestaria ni en ausencia de rendición de cuentas.

Asimismo, resulta indispensable que el gobierno federal informe de manera clara, completa y transparente a la opinión pública sobre el monto total de los recursos fiscales que han sido transferidos a Petróleos Mexicanos, los instrumentos presupuestarios y mecanismos financieros utilizados para su rescate, así como los resultados efectivamente obtenidos en términos de estabilidad financiera, reducción de pasivos, fortalecimiento operativo y recuperación de la producción. La exigencia de esta información no responde únicamente a una necesidad de claridad administrativa, sino a una obligación democrática elemental: cuando una empresa productiva del Estado recibe apoyos multimillonarios con cargo al erario, la sociedad tiene derecho a conocer con precisión cuánto se ha destinado, bajo qué justificación, con qué objetivos y con qué resultados concretos.

La relevancia de transparentar estos recursos se vuelve todavía mayor si se considera que no basta con identificar el monto agregado de los apoyos, sino que resulta necesario desagregar su naturaleza y destino: transferencias directas, apoyos patrimoniales, estímulos fiscales, reducciones en la carga tributaria, aportaciones vía Secretaría de Energía u otros esquemas de respaldo financiero. Sólo mediante esa desagregación será posible evaluar si dichos recursos han contribuido realmente al saneamiento de la empresa o si, por el contrario, han servido únicamente para postergar desequilibrios estructurales sin corregir de fondo los problemas de deuda, rentabilidad y productividad que arrastra Petróleos Mexicanos desde hace años. La transparencia, en este sentido, no es un asunto accesorio, sino una condición indispensable para que exista evaluación pública, control parlamentario y rendición de cuentas efectiva.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Este mandato constitucional no constituye una fórmula declarativa ni una referencia retórica, sino un parámetro vinculante de actuación para todo ente público y para toda decisión que involucre la asignación, ejercicio y evaluación de recursos públicos. En consecuencia, los apoyos canalizados a Pemex deben estar plenamente justificados no sólo desde el punto de vista político o estratégico, sino también desde una lógica de desempeño, racionalidad presupuestaria y beneficio público verificable.

En este sentido, el Congreso de la Unión, en su carácter de órgano de representación nacional y responsable del control parlamentario sobre el ejercicio del gasto público, tiene la obligación de solicitar información clara, verificable, oportuna y técnicamente sustentada sobre el uso de los recursos públicos destinados a las empresas productivas del Estado. Dicha responsabilidad se vuelve aún más relevante cuando se trata de una empresa del tamaño, relevancia estratégica e impacto presupuestario de Pemex, cuya situación financiera no sólo incide en la política energética nacional, sino también en el equilibrio de las finanzas públicas, en la percepción de riesgo soberano y en la disponibilidad de recursos para otros rubros prioritarios del desarrollo nacional. Guardar silencio, minimizar la discusión o escatimar información sobre estos apoyos equivaldría a debilitar una de las funciones esenciales del Poder Legislativo: vigilar que el dinero público se ejerza conforme a la Constitución y en beneficio del interés general.

La transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados a Petróleos Mexicanos es, por tanto, indispensable para fortalecer y garantizar la sostenibilidad fiscal del país y permitir una evaluación objetiva, seria y técnicamente fundada de la política energética nacional. Sin información suficiente, accesible y verificable, resulta imposible determinar si el rescate financiero de Pemex está corrigiendo efectivamente sus problemas estructurales o si sólo está trasladando crecientemente sus costos al presupuesto federal. La opacidad en esta materia afecta la confianza pública, dificulta la toma de decisiones informadas y limita la capacidad del Estado para construir una política energética sostenible, financieramente responsable y compatible con las prioridades del desarrollo nacional.

Desde esta perspectiva, exigir informes públicos detallados sobre los recursos fiscales transferidos a Pemex no constituye un acto de confrontación política, sino una medida elemental de responsabilidad institucional. Cuando el Estado destina recursos extraordinarios a una empresa pública, debe acreditar no sólo la legalidad de tales decisiones, sino también su eficacia y conveniencia para el interés nacional. En un contexto en que la renta petrolera neta ha mostrado señales de deterioro y en que la empresa depende cada vez más del respaldo presupuestario federal, la obligación de transparentar, justificar y evaluar cada apoyo otorgado adquiere una importancia central para la defensa de las finanzas públicas en México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones:

a) Presenten a la opinión pública un informe detallado sobre el balance fiscal de la renta petrolera generada por Petróleos Mexicanos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, especificando los ingresos obtenidos por el Estado mexicano derivados de la actividad petrolera.

b) La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente a la opinión pública un informe único, consolidado, desagregado y explicado sobre los apoyos otorgados a Petróleos Mexicanos, incluyendo aportaciones de capital, transferencias o apoyos presupuestarios y financieros, así como beneficios fiscales, particularmente aquellos relacionados con el derecho por la utilidad compartida y su transición al nuevo régimen fiscal, precisando montos, ejercicios fiscales, fundamento jurídico, objetivos, resultados esperados y estatus actual.

c) Presenten un análisis técnico que explique las causas que llevaron a que por primera vez en más de 25 años el gobierno federal haya destinado más recursos a Pemex de los que recibió en ingresos petroleros, así como las medidas que se implementarán para corregir esta situación y garantizar la sostenibilidad fiscal del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2026.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)