Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la Conade, en coordinación con las autoridades correspondientes de las ciudades sede y con la FMF, a realizar las gestiones necesarias ante la FIFA, a fin de promover condiciones de accesibilidad, equidad y beneficio económico local en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que, en coordinación con las autoridades correspondientes de las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y, en su caso, con la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., realicen las gestiones necesarias ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), a fin de promover condiciones de accesibilidad, equidad y beneficio económico local en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y con el compromiso de velar por los intereses de la nación mexicana, particularmente en materia de deporte, turismo y desarrollo económico inclusivo, presenta el presente punto de acuerdo.

México, junto con Estados Unidos y Canadá, será coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026, un evento de trascendencia global que representa una oportunidad histórica para promover el deporte, fomentar el turismo y generar beneficios económicos para nuestras comunidades. En territorio mexicano, las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey han sido designadas como sedes, lo que implica una inversión significativa en infraestructura, seguridad, transporte y activaciones culturales para garantizar el éxito del torneo.

Sin embargo, a escasos meses del inicio del certamen, surgen preocupaciones fundadas sobre las decisiones adoptadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), organismo rector del evento. Estas decisiones han generado un desequilibrio estructural que contradice los principios de accesibilidad, inclusión y equidad que deberían regir el mayor evento deportivo internacional. En particular, se destacan los siguientes aspectos:

1. Precios elevados y modelo de precios dinámicos para boletos: Los precios de las entradas, que oscilan entre cientos y miles de dólares, han indignado a los aficionados mexicanos e internacionales. Este modelo de precios variables, que incrementa los costos en función de la demanda, prioriza la maximización de ingresos sobre la accesibilidad, excluyendo a amplios sectores de la población, incluyendo residentes de las sedes anfitrionas que también son contribuyentes. Esto contrasta con la misión de la FIFA de promover el fútbol de manera inclusiva y accesible globalmente, convirtiendo la Copa Mundial 2026 en el evento más excluyente financieramente en la historia del torneo.

2. Carga financiera excesiva sobre las ciudades anfitrionas: Las sedes mexicanas, al igual que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, enfrentan costos operativos millonarios derivados de los contratos de sede firmados en 2017 y 2018. Estos incluyen gastos en seguridad, transporte, activaciones para aficionados y otros requerimientos logísticos, estimados en cientos de millones de pesos por ciudad. La FIFA, que proyecta ingresos superiores a los 11 mil millones de dólares para esta edición, minimiza sus contribuciones, trasladando la carga a los gobiernos locales y estatales. Además, las limitaciones impuestas por la FIFA en materia de patrocinios prohibiendo acuerdos con empresas en categorías ya ocupadas por sus patrocinadores globales han dificultado la recaudación de fondos por parte de los comités organizadores locales, dejando un déficit colectivo estimado en millones de dólares.

3. Impacto en activaciones para aficionados y beneficios locales: Como resultado de estas restricciones financieras, algunas sedes han reducido o cancelado planes para “Fan Fests ” y otros eventos públicos gratuitos o de bajo costo, que son esenciales para incluir a los aficionados que no pueden acceder a los estadios. Estos eventos no solo alivian las consecuencias de los altos precios de boletos, sino que también impulsan el comercio local, el turismo y la participación comunitaria. Sin apoyo de la FIFA, las ciudades mexicanas arriesgan no maximizar los beneficios económicos prometidos, como el impacto turístico y el derrame en sectores como hotelería, restauración y transporte, mientras que los estudios comisionados por la FIFA sobre “impacto económico” han sido cuestionados por economistas independientes por su falta de rigor.

En este contexto, es relevante destacar que legisladores de Estados Unidos, representando a 23 estados y todas las sedes estadounidenses, han enviado una carta similar a la FIFA exigiendo medidas correctivas. México, como nación soberana y coanfitrión, no puede permanecer pasiva ante estas inequidades, especialmente considerando que nuestras sedes enfrentan desafíos adicionales derivados de contextos socioeconómicos locales, como la necesidad de invertir en infraestructura resiliente y garantizar la inclusión de comunidades vulnerables.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, reconoce el derecho al deporte como un medio para el desarrollo integral de la persona, y el artículo 25 establece la obligación del Estado de fomentar el crecimiento económico equilibrado. Asimismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte promueve la accesibilidad al deporte de alto rendimiento. Por ello, es imperativo que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, interceda diplomáticamente ante la FIFA para rectificar estas políticas, asegurando que el evento beneficie genuinamente a México y no se convierta en una carga parasitaria que extrae recursos sin reciprocidad.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para que, en coordinación con las autoridades correspondientes de las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y, en su caso, con la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., realicen las gestiones necesarias ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), a fin de promover:

1. La distribución de los boletos restantes para la Copa Mundial 2026 a precios asequibles, priorizando la accesibilidad para aficionados mexicanos e internacionales.

2. El compromiso de regresar a un modelo de precios estáticos en torneos futuros, eliminando los precios dinámicos que fomenta la especulación y la exclusión.

3. Apoyo financiero directo o alivio en las obligaciones contractuales para cubrir costos operativos de las sedes mexicanas, incluyendo seguridad, transporte y activaciones para aficionados, con el fin de mitigar el déficit estimado y garantizar la realización plena de eventos como “Fan Fests ”.

4. La flexibilización de las limitaciones en patrocinios locales, permitiendo a los comités organizadores firmar acuerdos con empresas regionales en categorías no conflictivas, para facilitar la recaudación de fondos y maximizar beneficios económicos locales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para que, informen a la opinión pública todas las acciones emprendidas y los acuerdos definidos con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Tercero. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y remítase a las instancias correspondientes para su conocimiento y efectos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales a revisar los mecanismos de inspección laboral, fiscal y de seguridad social en el municipio de San Quintín, Baja California, garantizando que se apliquen bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y acompañamiento institucional, así como a implementar acciones para combatir las extorsiones que afectan al sector productivo agrícola, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Eva María Vásquez Hernández, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a revisar los mecanismos de inspección laboral, fiscal y de seguridad social en el municipio de San Quintín, Baja California, garantizando que se apliquen bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y acompañamiento institucional, así como a implementar acciones para combatir las extorsiones que afectan al sector productivo agrícola, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Productores agrícolas de la región de San Quintín, Baja California, han manifestado su preocupación por el incremento de revisiones, inspecciones y procedimientos administrativos realizados por diversas autoridades vinculadas con la supervisión de las relaciones laborales y obligaciones fiscales, entre ellas instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de autoridades hacendarias. Si bien la verificación del cumplimiento de la legislación laboral y fiscal constituye una facultad legítima del Estado para garantizar los derechos de las y los trabajadores, distintos actores del sector productivo han señalado que, en la práctica, estas revisiones se han caracterizado por una frecuencia y un enfoque que perciben como excesivos, privilegiando la imposición de sanciones y multas por encima de esquemas de acompañamiento, prevención o regularización gradual.

De acuerdo con testimonios de productores, asociaciones agrícolas y representantes del sector empresarial de la región, la dinámica actual de inspecciones y auditorías ha generado un clima de presión administrativa constante que, lejos de incentivar el cumplimiento normativo mediante orientación y fortalecimiento institucional, tiende a traducirse en procedimientos sancionatorios que impactan directamente la operación de las unidades productivas. Esta situación resulta particularmente compleja en una región como San Quintín, donde gran parte de la actividad agrícola se desarrolla en condiciones logísticas, de infraestructura y de servicios públicos limitadas, lo que exige políticas públicas sensibles a la realidad territorial y productiva del municipio.

Diversos representantes del sector han advertido que esta percepción de acoso administrativo genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión, la generación de empleo formal y la expansión de proyectos productivos en la región. Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que la actividad agrícola en San Quintín constituye uno de los principales motores económicos de Baja California y una fuente fundamental de empleo para miles de jornaleros agrícolas y sus familias.

En ese sentido, resulta indispensable que las políticas de inspección laboral, fiscal y de seguridad social se conduzcan bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad de las actividades productivas. Un enfoque que privilegie exclusivamente el carácter punitivo de la supervisión gubernamental puede derivar en efectos contraproducentes, al desalentar la formalidad, inhibir la inversión y afectar el dinamismo económico de una región estratégica para la producción agrícola nacional.

Por ello, distintos sectores sociales y productivos han planteado la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión y coordinación institucional entre autoridades federales, estatales y municipales, a fin de garantizar que las acciones de inspección contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones laborales del sector jornalero, sin generar cargas administrativas desproporcionadas que terminen afectando el desarrollo económico, la generación de empleo y la estabilidad productiva de San Quintín.

En paralelo, el sector productor agrícola de San Quintín también ha manifestado una profunda preocupación por el incremento de extorsiones y amenazas provenientes del crimen organizado, situación que pone en riesgo no solo la actividad económica de la región, sino también la seguridad de trabajadores, productores y sus familias.

Este sector ha señalado además la falta de coherencia entre el discurso oficial de justicia social y las condiciones reales que enfrentan quienes generan empleo y producción en la región. A ello se suma la ausencia de infraestructura y servicios públicos suficientes para implementar determinadas disposiciones o políticas públicas, lo que genera cargas adicionales sin que existan condiciones materiales adecuadas para su cumplimiento.

El cúmulo de estas problemáticas refleja la necesidad de que las autoridades en los distintos órdenes de gobierno asuman con responsabilidad los retos que enfrenta el sector productivo agrícola en San Quintín, garantizando condiciones de certeza jurídica, seguridad y equilibrio regulatorio que permitan el desarrollo económico y la protección de los derechos laborales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales competentes en materia laboral, fiscal y de seguridad social, en particular a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las autoridades hacendarias, para que revisen los mecanismos de inspección, supervisión y auditoría aplicables al sector agrícola en el municipio de San Quintín, Baja California, a fin de garantizar que se conduzcan bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y acompañamiento institucional, privilegiando esquemas de prevención, orientación y regularización gradual sobre el carácter punitivo.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales competentes a fortalecer la coordinación institucional en materia de inspección laboral, fiscal y de seguridad social, con el objetivo de evitar duplicidades, reducir cargas administrativas desproporcionadas y generar condiciones que incentiven el cumplimiento normativo, la formalidad y el desarrollo económico del sector agrícola en San Quintín.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno a implementar estrategias efectivas de prevención y combate a las extorsiones y amenazas que afectan al sector productor agrícola en San Quintín, Baja California, a fin de garantizar la seguridad de trabajadores, productores y sus familias, así como la continuidad de las actividades productivas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la gobernadora del estado de Baja California y a la alcaldesa del ayuntamiento de San Quintín, de dicha entidad, a implementar acciones urgentes para atender el deterioro de los servicios públicos, garantizar apoyo efectivo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, combatir las extorsiones que afectan al sector productivo agrícola y atender las demandas de la sociedad civil organizada, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Eva María Vásquez Hernández, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California y a la alcaldesa del Ayuntamiento de San Quintín, Baja California, a implementar acciones urgentes para atender el deterioro de los servicios públicos, garantizar apoyo efectivo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, combatir las extorsiones que afectan al sector productivo agrícola y atender las demandas de la sociedad civil organizada, al tenor de las siguientes

Consideraciones

San Quintín, Baja California, es una de las regiones con mayor dinamismo productivo en el sector agrícola del país, además de contar con una amplia diversidad social y económica integrada por comunidades agrícolas, ejidales, empresariales, religiosas, turísticas y de la sociedad civil organizada. Sin embargo, a pesar de su relevancia económica y social, en los últimos años se ha profundizado una percepción generalizada de abandono institucional, deterioro de los servicios públicos y debilitamiento de las capacidades gubernamentales para atender las necesidades de la población.

Diversos sectores sociales han manifestado su creciente preocupación por la falta de servicios públicos básicos, situación que impacta directamente en la calidad de vida de las familias de la región. La insuficiencia en materia de infraestructura, servicios municipales, planeación urbana y atención institucional ha generado un ambiente de frustración y desencanto entre la ciudadanía, que percibe una brecha cada vez mayor entre las promesas gubernamentales y la realidad cotidiana.

Particularmente preocupante resulta la situación que enfrentan los colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, quienes han señalado de manera reiterada que requieren más que expresiones de solidaridad o discursos institucionales. De acuerdo con sus testimonios, es indispensable contar con coordinación efectiva entre autoridades, capacitación especializada, recursos suficientes, equipo adecuado para las labores de búsqueda, así como acceso a los hallazgos que ellas mismas realizan, además de mecanismos claros y eficientes para la identificación de restos humanos.

Asimismo, las madres buscadoras han señalado la necesidad de mayor transparencia, acompañamiento institucional y atención efectiva por parte de las autoridades competentes, particularmente en lo relativo a la actuación de la Fiscalía y del Ayuntamiento, con el fin de evitar la revictimización y garantizar que los esfuerzos de búsqueda contribuyan realmente al acceso a la verdad y la justicia.

En paralelo, el sector productor agrícola de San Quintín ha manifestado una profunda preocupación por el incremento de extorsiones millonarias y amenazas provenientes del crimen organizado, situación que pone en riesgo no solo la actividad económica de la región, sino también la seguridad de trabajadores, productores y sus familias.

Este sector ha señalado además la falta de coherencia entre el discurso oficial de justicia social y las condiciones reales que enfrentan quienes generan empleo y producción en la región. A ello se suma la ausencia de infraestructura y servicios públicos suficientes para implementar determinadas disposiciones o políticas públicas, lo que genera cargas adicionales sin que existan condiciones materiales adecuadas para su cumplimiento.

Por otra parte, representantes de la sociedad civil organizada, integrada por sectores empresariales, religiosos, agrícolas, arquitectos, actores turísticos, vinícolas, activistas, ejidatarios y despachos jurídicos, han expresado que San Quintín no solo enfrenta estancamiento institucional, sino que en diversos aspectos ha experimentado un retroceso en la provisión de servicios públicos básicos.

Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran la percepción de un vacío de autoridad, la existencia de posibles actos de corrupción administrativa, denuncias sobre cobros ilegales vinculados con la ley de ingresos municipal, la falta de una política clara de vivienda, así como la necesidad de llevar a cabo una auditoría a las finanzas municipales que permita garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, se ha subrayado la urgencia de atender la rehabilitación de la Carretera Transpeninsular, infraestructura fundamental para la movilidad, la seguridad vial, el desarrollo económico y la conectividad regional.

El cúmulo de estas problemáticas refleja la necesidad de que las autoridades estatales y municipales asuman con responsabilidad y seriedad los retos que enfrenta San Quintín, atendiendo las demandas legítimas de la ciudadanía y garantizando que el ejercicio del poder público se traduzca en soluciones concretas, transparencia institucional y condiciones reales de seguridad, desarrollo y bienestar.

Por ello, resulta indispensable que tanto el Gobierno del Estado de Baja California como el Ayuntamiento de San Quintín implementen medidas inmediatas para atender estas problemáticas y rindan cuentas claras a la sociedad sobre las acciones que se emprenderán para revertir el deterioro institucional y social que preocupa a la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a la Alcaldesa del Ayuntamiento de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen acciones urgentes y coordinadas para fortalecer la prestación de servicios públicos básicos en el municipio de San Quintín, garantizando condiciones adecuadas de infraestructura, planeación y atención institucional para la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California y a la Alcaldesa de San Quintín a establecer mecanismos efectivos de coordinación, capacitación, asignación de recursos y dotación de equipo para apoyar las labores de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región, garantizando además acceso a la información relacionada con hallazgos, procesos de identificación de restos humanos, transparencia institucional y atención digna por parte de las autoridades competentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California y a la Alcaldesa de San Quintín a implementar estrategias efectivas de prevención y combate a las extorsiones y amenazas que afectan al sector productor agrícola, en coordinación con las autoridades de seguridad pública competentes, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de San Quintín a informar a la opinión pública sobre el estado que guardan las finanzas municipales, las acciones emprendidas para garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos y las medidas adoptadas para atender las denuncias relacionadas con posibles cobros ilegales vinculados con la ley de ingresos municipal.

Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California y a la Alcaldesa de San Quintín a diseñar e implementar una política integral de desarrollo urbano y vivienda que permita atender las necesidades actuales y futuras de la población del municipio.

Sexto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California para que, en coordinación con las autoridades competentes, impulse acciones para la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Transpeninsular, dada su relevancia estratégica para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la CFE a efectivizar el subsidio tarifario y garantizar la continuidad del suministro eléctrico en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eva María Vásquez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a efectivizar el subsidio tarifario y garantizar la continuidad del suministro eléctrico en el municipio de Mexicali, Baja California, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El municipio de Mexicali, Baja California, no es solo una demarcación geográfica; es una de las zonas habitadas más extremas del planeta. Con temperaturas que superan habitualmente los 45°C y sensaciones térmicas que rozan los 50°C, la relación del mexicalense con la energía eléctrica no es de consumo ordinario, sino de supervivencia.

La presente proposición con punto de acuerdo surge de una doble crisis: la administrativa, derivada del retraso en la aplicación del subsidio de verano, y la operativa, manifestada en apagones sistemáticos que dejan a la población en total vulnerabilidad. No estamos ante un simple ajuste de tarifas, sino ante la defensa del derecho a la vida y a la salud.

A diferencia del resto del país, Baja California opera bajo un sistema eléctrico aislado. El Sistema Interconectado Baja California (SIBC) no está unido a la Red Nacional de Transmisión. Esta condición de “isla energética” nos hace dependientes de la generación local y de las importaciones de energía de California, EE. UU.

Históricamente, la demanda de verano en Mexicali supera la capacidad instalada. Cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declara estados operativos de alerta, Mexicali es la primera en sufrir. Los “apagones ” no son fallas fortuitas; son el síntoma de una infraestructura rebasada que la CFE no ha modernizado al ritmo del crecimiento demográfico.

El subsidio a la tarifa 1F no es una dádiva gubernamental; es un mecanismo de compensación por la desigualdad climática.

1. El Retraso Administrativo: Cada año, el convenio entre el Gobierno del Estado y la CFE parece estar sujeto a voluntades políticas de último minuto. Este año, la falta de claridad en el inicio de la facturación con subsidio ha generado recibos impagables para miles de familias que, ante el calor extremo, no pueden apagar sus equipos de refrigeración.

2. Impacto en la Economía Familiar: En Mexicali, un recibo de luz sin subsidio puede consumir hasta el 60% del ingreso mensual de una familia de clase trabajadora. La demora en la aplicación del convenio empuja a los ciudadanos al endeudamiento o al corte del servicio, lo cual es inhumano bajo las condiciones climáticas actuales.

Los cortes de energía que se han suscitado en las últimas semanas en diversas zonas de la ciudad y el valle de Mexicali representan una negligencia institucional.

1. Daños Patrimoniales: Las variaciones de voltaje han quemado electrodomésticos y equipos de aire acondicionado, los cuales son costosos y esenciales. ¿Quién indemniza al ciudadano por la ineficiencia de la paraestatal?

2. Riesgo Sanitario: Sin luz no hay refrigeración de alimentos ni agua potable (por el uso de bombas eléctricas). Esto dispara los casos de enfermedades gastrointestinales y, de manera crítica, los golpes de calor.

3. Inseguridad: Las calles a oscuras y los comercios sin sistemas de vigilancia incrementan la incidencia delictiva, creando un entorno de miedo para las familias mexicalenses.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o, garantiza el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano.

“El Estado debe garantizar que los servicios públicos esenciales sean accesibles, continuos y de calidad”.

La energía eléctrica en zonas de calor extremo es un habilitador de derechos. Sin ella, no se puede garantizar el derecho a la vivienda digna ni a la integridad física. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido precedentes sobre la importancia de la progresividad en los servicios públicos; retroceder en la calidad del suministro o retrasar los apoyos tarifarios es una violación directa a este principio.

Es imperativo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CFE dejen de tratar el subsidio de Mexicali como un evento extraordinario. Debe institucionalizarse de forma permanente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para evitar la zozobra anual de la firma del convenio.

Además, el mantenimiento de los transformadores y la red de distribución en Mexicali debe ser diferenciado. El calor degrada los materiales eléctricos a una tasa mucho mayor que en el centro del país. La CFE debe aplicar un Criterio de Excepcionalidad Climática para la inversión en infraestructura local.

No podemos permitir que Mexicali siga siendo tratado como una periferia olvidada. La diputada Eva María Vásquez, en representación de los ciudadanos, exige respuestas claras. No pedimos privilegios, pedimos que el Estado cumpla con su función básica: que la luz llegue, que sea pagable y que no se corte cuando más se necesita para seguir viviendo.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece la obligación de todas las autoridades de garantizar el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa, incluyendo el acceso al agua, la alimentación nutritiva y el bienestar de las personas.

“Artículo 4.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley .”

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31, fracción X, establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan.

“X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan ;”

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 3o establece la obligación de la Comisión de procurar la justicia energética para el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos y el desarrollo sustentable de las actividades de generación, almacenamiento, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad.

“Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como objeto procurar la justicia energética para el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos y el desarrollo sustentable de las actividades de generación, almacenamiento, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad, así como contribuir en la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones con el Estado Mexicano .”

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 10 establece la facultad de la Comisión para celebrar con el Gobierno federal, estatal y municipal toda clase de actos, convenios y contratos, así como realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto para el cumplimiento de sus fines.

“Artículo 10.- Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad puede celebrar con el Gobierno federal, estatal, municipal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales para las obligaciones contraídas por sí o por sus empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

La Comisión Federal de Electricidad está facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto.

Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto pueden incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación aplicable en las materias que corresponda ”

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus facultades, y que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación del presente, revise y autorice de manera inmediata la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica de verano para el municipio de Mexicali, Baja California, garantizando así el derecho a la protección de la salud y una vivienda digna para sus habitantes.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, en cumplimiento de sus atribuciones haga efectiva la justicia energética en el municipio de Mexicali a través de un suministro eléctrico continuo, confiable y de calidad, atendiendo de manera urgente las fallas e interrupciones en el servicio (apagones) que ponen en riesgo la integridad de la población.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Gobierno del Estado de Baja California a que formalicen a la brevedad los convenios y actos jurídicos necesarios para dar certeza presupuestal al apoyo tarifario, evitando que la burocracia administrativa postergue un beneficio vital frente a las temperaturas extremas de la región.

Cuarto.- Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presente a esta, en un periodo máximo de quince días naturales, un informe técnico detallado sobre el estado actual de la infraestructura de distribución en Mexicali, así como el plan de inversión destinado a la modernización de transformadores y redes para prevenir futuros colapsos en el sistema eléctrico local durante el periodo estival.

Quinto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno del Estado de Baja California, a que informen a la opinión pública de manera fundada y motivada las razones por las cuales el subsidio a la tarifa eléctrica de verano no ha sido aplicado de manera oportuna en el municipio de Mexicali, Baja California, a diferencia de otras zonas con condiciones climáticas similares, como el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde dicho subsidio ha sido implementado desde el 1 de abril y con una ampliación en su periodo de vigencia. Asimismo, se les exhorta a revisar y corregir cualquier criterio administrativo, técnico o de gestión que esté generando un trato desigual en perjuicio de las familias mexicalenses, garantizando condiciones de equidad, oportunidad y justicia energética en el acceso a este apoyo fundamental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Conapesca a fortalecer el programa de apoyo para el Bienpesca, afín que sea otorgado tres veces al año de manera cuatrimestral y se realice una revisión y depuración del padrón de beneficiarios para garantizar que el apoyo llegue exclusivamente a pescadores, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Antecedentes

La pesca ribereña constituye uno de los pilares económicos, sociales y alimentarios de miles de comunidades costeras en México. Se estima que en el país existen más de 300 mil pescadores ribereños y cerca de 80 mil embarcaciones menores , que diariamente salen al mar, lagunas y esteros para proveer alimento a millones de familias mexicanas.

Este sector no solo genera empleo directo, sino que sostiene cadenas productivas completas vinculadas con la comercialización, transporte, procesamiento y turismo gastronómico en diversas regiones del país. En entidades costeras como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán, la pesca representa una actividad económica fundamental para miles de hogares que dependen directamente del mar para su subsistencia.

No obstante, a pesar de su importancia estratégica para la economía y la seguridad alimentaria nacional, el sector pesquero ribereño enfrenta desde hace años un deterioro progresivo en sus condiciones de vida, productividad y estabilidad económica.

Diversos diagnósticos señalan que:

• Más del 60% de los pescadores ribereños viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

• Más del 70% de las cooperativas pesqueras carecen de acceso a financiamiento o programas de modernización.

• Durante los últimos años, diversos programas de apoyo productivo al sector pesquero fueron eliminados o reducidos, afectando la capacidad de desarrollo de miles de comunidades costeras.

A esta situación se suman factores estructurales que afectan directamente la economía de los pescadores:

• Las vedas pesqueras, indispensables para la preservación de especies, pero que dejan sin ingresos a los pescadores durante meses.

• Los fenómenos meteorológicos, como huracanes, tormentas y marejadas, que impiden salir a pescar durante largos periodos.

• El incremento en los costos de operación, particularmente combustibles, mantenimiento de embarcaciones y artes de pesca.

• La falta de infraestructura pesquera, financiamiento y acompañamiento técnico.

Frente a este escenario, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca) se ha convertido en uno de los pocos instrumentos de apoyo directo que reciben los pescadores del país.

Este programa inicio otorgando un apoyo anual de 7,500 pesos por pescador, y ahora se actualizo a 8,000 pesos el cual, si bien representa un respaldo importante, resulta claramente insuficiente para garantizar estabilidad económica durante todo el año.

En términos prácticos, dicho apoyo equivale aproximadamente a 667 pesos mensuales, monto que resulta limitado frente a los periodos en los que los pescadores no pueden realizar su actividad debido a vedas o contingencias climáticas.

Esta situación afecta principalmente a los pescadores ribereños de pequeña escala, quienes cuentan con menos recursos económicos, menor acceso a financiamiento y dependen completamente de la captura diaria para sostener a sus familias.

Durante periodos de veda, o después de fenómenos meteorológicos, miles de pescadores se quedan completamente sin ingresos, lo que genera endeudamiento, abandono de la actividad o migración hacia otras actividades informales.

Fortalecer el programa Bienpesca no solo representa un acto de justicia social hacia quienes diariamente proveen alimento al país, sino también una estrategia para preservar la estabilidad económica de miles de comunidades pesqueras y garantizar la continuidad de una actividad fundamental para la seguridad alimentaria nacional.

Por ello, resulta necesario que el apoyo económico que actualmente se otorga una sola vez al año sea transformado en un esquema de apoyo periódico, que permita a los pescadores contar con respaldo económico en distintos momentos del año.

Establecer tres entregas cuatrimestrales del apoyo , por un monto de 8,000 pesos cada una , permitiría brindar mayor estabilidad económica a los pescadores durante los periodos más difíciles de la actividad, como las temporadas de veda, contingencias climáticas o baja captura.

Esta medida permitiría:

• Brindar mayor certidumbre económica a los pescadores ribereños.

• Reducir la vulnerabilidad social de miles de familias costeras.

• Fortalecer la permanencia de las comunidades pesqueras en la actividad.

• Reconocer el papel estratégico que desempeña el sector pesquero en la economía nacional.

Asimismo, distintos pescadores y organizaciones del sector han señalado la necesidad de revisar y depurar el padrón de beneficiarios del programa, a fin de garantizar que los apoyos lleguen exclusivamente a quienes realmente se dedican a la actividad pesquera.

En diversas regiones del país existen denuncias sobre personas que no realizan actividades pesqueras pero que reciben el apoyo del programa, lo que genera inconformidad entre los verdaderos pescadores y limita el alcance del programa.

Por ello, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen una revisión, actualización y depuración del padrón de beneficiarios, asegurando transparencia, equidad y justicia en la entrega de los apoyos .

México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, siendo Baja California Sur el estado con más litorales en el país abarcando más de 2,700 km de costa, dividida entre el Océano Pacífico al oeste y el Golfo de California (Mar de Cortés) al este. El mar ha sido históricamente una fuente de trabajo, identidad cultural y alimentación para millones de mexicanos. Sin embargo, los pescadores continúan siendo uno de los sectores productivos más olvidados por las políticas públicas, a pesar de la importancia estratégica que representan.

Es momento de reconocer el valor del trabajo de quienes diariamente arriesgan su vida en el mar para llevar alimento a las mesas de millones de familias mexicanas.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y adecuen el Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (BIENPESCA), a fin de que el apoyo económico sea otorgado en tres ministraciones cuatrimestrales durante el año, por un monto de 8,000 pesos cada una, en beneficio de los pescadores ribereños del país , con el propósito de brindar estabilidad económica durante los periodos de veda, contingencias climáticas o temporadas de baja captura.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que realicen una revisión, actualización y depuración del padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (BIENPESCA), con el objetivo de garantizar que los apoyos sean otorgados exclusivamente a pescadores y acuicultores que acrediten efectivamente el ejercicio de esta actividad , asegurando así la correcta aplicación de los recursos públicos y evitando irregularidades en la entrega del apoyo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de marzo de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a presentar un informe detallado a la opinión pública donde den seguimiento, de manera desagregada, verificable y conforme a la normatividad aplicable, a los 65 mil millones de pesos de gasto público por aclarar, detectados en la Cuenta Pública de 2024, así como a las acciones de control, solventación, recuperación, investigación y, en su caso, sanciones correspondientes, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que subscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez , y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

La rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos no es una concesión discrecional de la administración en turno, sino una obligación constitucional indeclinable que da sentido al pacto federal y al sistema de pesos y contrapesos. Más allá de ser un mero procedimiento administrativo, constituye un deber republicano vinculado a los principios rectores del servicio público: legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez. Por ello, cuando el órgano técnico de fiscalización superior identifica montos significativos pendientes de comprobación, no se está ante omisiones menores de carácter subsanable o diferencias contables de trámite. Se trata, en rigor, de una señal de alerta institucional que evidencia posibles fallas estructurales en los mecanismos de control, supervisión y vigilancia del gasto.

De acuerdo con la tercera entrega de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Cámara de Diputados, el monto total por aclarar asciende a 65,169.1 millones de pesos (mdp). Esta cifra representa los recursos que, al cierre del ejercicio, las entidades fiscalizadas no lograron respaldar con la documentación suficiente, idónea y concluyente para acreditar su correcta aplicación. La relevancia de esta cantidad no solo reside en su magnitud presupuestal superior, por ejemplo, al presupuesto asignado a Medio Ambiente para 2026, que es de 44,000 millones de pesos , sino en lo que revela sobre las debilidades en la comprobación del gasto a lo largo de diversos programas y entes públicos.

En total, la ASF practicó 2,264 auditorías durante todo el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2024, de las cuales 1,566 correspondieron a esta tercera entrega. Este despliegue, calificado como el mayor en la historia de la institución, refleja un esfuerzo de cobertura sin precedentes, pero también subraya la necesidad de que los hallazgos no queden como una mera estadística y deriven en procesos efectivos de sanción, recuperación de recursos y deslinde de responsabilidades.

La dimensión de los recursos observados adquiere una connotación particular por corresponder al último año completo del sexenio anterior. En el cierre de cualquier ciclo gubernamental, sería deseable que la integración documental y la comprobación del gasto reflejaran un esmero especial en la rendición de cuentas. Sin embargo, la Cuenta Pública 2024 muestra un volumen extraordinario de recursos pendientes de aclarar, lo que no solo afecta la percepción ciudadana sobre el manejo de los fondos federales, sino que también plantea interrogantes legítimas sobre la calidad de los controles internos, la trazabilidad del gasto y la eficacia de los mecanismos preventivos en la administración pública saliente.

La distribución de los 65,169 millones de pesos pendientes de comprobación revela patrones preocupantes sobre la gestión de los recursos. La mayor parte se concentra en el gasto federalizado, con 59,345 millones de pesos, lo que representa más del 90.0 por ciento del total observado. Este rubro es especialmente sensible, ya que comprende las transferencias de la Federación a estados, municipios y otros ejecutores del gasto para la prestación de servicios públicos, infraestructura y programas sociales.

De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, dentro del gasto federalizado, la ASF realizó 1,846 auditorías que abarcaron una muestra de 2.5 billones de pesos. Los hallazgos se distribuyen de la siguiente manera:

• Municipios: Acumulan 35,350.3 mdp por aclarar, siendo el nivel de gobierno con mayor monto observado.

• Estados: Concentran 21,585.6 mdp pendientes de comprobación.

• Universidades Públicas Estatales: Presentan observaciones por 2,008.6 mdp.

• Poderes locales: Incluyendo judiciales, congresos y fiscalías, suman 419.3 mdp.

Geográficamente, las entidades con mayores montos por aclarar son el Estado de México (13,198.7 mdp), Nuevo León (4,539.7 mdp) y Chiapas (4,499.7 mdp). Un dato revelador es que el 88.2 por ciento del total observado en este rubro se debe a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

En el rubro de Desarrollo Económico, la ASF identificó una de suma 3,705 millones de pesos por aclarar, donde se destaca el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La empresa productiva del estado no pudo comprobar 1,762.9 millones de pesos como resultado de 33 auditorías . De este monto, el proyecto del Campo Quesqui, en Tabasco, concentra la observación más alta, con 1,315.1 millones de pesos pendientes de aclarar. Le siguen la revisión de contratos del campo Comalcalco Fase II (174.3 mdp) y el suministro de productos químicos para regiones marinas (163.7 mdp). Incluso la refinería de Dos Bocas registró montos por aclarar por 33.4 millones de pesos.

En el ámbito de Desarrollo Social, la ASF identificó 1,409 millones de pesos por aclarar, las observaciones más relevantes se concentran en el sector salud, que representa el 53.6 por ciento de este total. Destacan los 353.4 millones de pesos pendientes de comprobación en el Hospital General de México y las observaciones al ISSSTE en Baja California Sur y Coahuila. En el sector educativo, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) registra 581.8 millones de pesos por aclarar, mientras que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acumulan 255 millones de pesos y 173.1 millones de pesos, respectivamente.

Por último, en el sector medio ambiente, la ASF identificó que los proyectos hídricos de alta complejidad concentran observaciones por 225.7 millones de pesos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal entidad observada, con proyectos como “Agua Saludable para La Laguna” (85.7 mdp), el “Proyecto Ecológico Lago de Texcoco” (62.7 mdp) y la “Planta Potabilizadora Durango” (33 mdp) donde se identificaron pagos por trabajos no ejecutados.

En suma, la dispersión sectorial de las observaciones evidencia que las debilidades en el control y la comprobación del gasto no son un fenómeno aislado, sino que atraviesan áreas estratégicas de la administración pública. Esto subraya la urgencia de contar con información desagregada y verificable, así como de fortalecer las capacidades institucionales para garantizar que ningún recurso público quede sin una justificación plena y oportuna, convirtiendo la fiscalización en una herramienta efectiva de mejora y no en un mero ejercicio de rendición de cuentas formal.

La información pública disponible señala, además, observaciones relevantes en entes federales como el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral, así como montos importantes pendientes de comprobación en proyectos vinculados con infraestructura y actividades productivas. En el caso de PEMEX, por ejemplo, se reportaron observaciones vinculadas con trabajos de perforación no comprobados en campos petroleros; mientras que en infraestructura se identificaron irregularidades en distintos proyectos del país.

No debe normalizarse que un monto de tal dimensión quede sujeto a aclaración sin que exista una explicación pública, accesible y técnicamente desagregada sobre el origen de las observaciones, los entes responsables, los plazos de solventación, las acciones de recuperación y el eventual inicio de procedimientos administrativos, resarcitorios o penales. La ciudadanía tiene derecho a conocer no sólo cuánto dinero está pendiente de aclarar, sino quién lo ejerció, bajo qué programa o fondo, qué documentación faltó y cuáles serán las consecuencias jurídicas en caso de no solventarse.

Más aún, la propia información difundida refiere que las entidades fiscalizadas cuentan con un plazo inicial para presentar documentación aclaratoria y que posteriormente la Auditoría Superior de la Federación deberá emitir el dictamen final correspondiente. Precisamente por ello, resulta indispensable que, antes de que concluya dicho proceso, exista la mayor transparencia posible respecto del universo de observaciones determinadas y del seguimiento institucional que se dará a cada una de ellas.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Cuando la fiscalización superior detecta recursos sin acreditar o con documentación insuficiente, existe una presunción razonable de incumplimiento a estos principios, al menos en términos de control y comprobación.

Asimismo, el artículo 79 constitucional reconoce a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; así como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos públicos federales. En consecuencia, los resultados de sus auditorías no pueden quedar en la opacidad ni reducirse a una referencia mediática aislada: deben traducirse en información pública útil, verificable y orientada a la rendición de cuentas.

La gravedad del hallazgo no se limita al monto global. También pone en evidencia debilidades persistentes en los sistemas de control interno, seguimiento documental, vigilancia del gasto federalizado y coordinación entre las instancias responsables de administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar el uso de recursos públicos. Si no existe una respuesta institucional contundente, el mensaje que se envía es de permisividad frente a la opacidad, la mala administración o incluso posibles desvíos.

Por ello, es necesario exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de cabeza del sistema presupuestario federal; a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como autoridad responsable del control interno, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en el ámbito del Ejecutivo federal; y a la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de fiscalización superior, para que presenten información clara, completa y verificable a la opinión pública sobre el estado que guardan los recursos observados en la Cuenta Pública 2024.

No basta con informar un monto agregado. Se requiere una explicación puntual y desagregada que precise el origen institucional y programático de las observaciones, el estatus de la solventación, las acciones de recuperación patrimonial, la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, la presentación de denuncias y cualquier otra medida que garantice que los recursos públicos no queden en la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los 65 mil 169.1 millones de pesos por aclarar detectados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2024, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el ámbito de sus atribuciones y como conducto institucional con la Auditoría Superior de la Federación, solicite a dicho órgano técnico de fiscalización superior remitir a un informe público detallado, que contenga información complementaria, actualizada y desagregada sobre los 65 mil 169.1 millones de pesos por aclarar detectados en la revisión de la Cuenta Pública 2024, incluyendo el ente fiscalizado, fondo o programa, monto observado, tipo de irregularidad, estatus de solventación y acciones promovidas, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe a la opinión pública, sobre el seguimiento presupuestario y la situación del ejercicio de los recursos federales involucrados en las observaciones de la Cuenta Pública 2024, así como las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de control, registro y trazabilidad del gasto público federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe a la opinión pública, sobre las acciones de control interno, seguimiento, investigación y, en su caso, substanciación de responsabilidades administrativas, así como sobre la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, derivadas de posibles irregularidades relacionadas con el ejercicio de los recursos observados en la Cuenta Pública 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)