Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7010-III-1, martes 7 de abril de 2026
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a crear una Comisión Intersecretarial para la Coordinación e Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, y suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios
La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la facultad del titular del Ejecutivo federal para constituir comisiones intersecretariales de carácter transitorio o permanente para el despacho de asuntos en que deben intervenir varias secretarías de Estado y, en su caso, de las entidades de la administración pública paraestatal, cuando se trate de temas relacionados con su objeto;
Segunda. Que el 15 de abril de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en la presentación se menciona la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados como una de las grandes transformaciones del sexenio, reconociendo y redistribuyendo el trabajo de cuidados entre el Estado, la sociedad y las familias.
Asimismo, en dicho plan se traza la Estrategia T1.2.2 sobre impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, con enfoque intersectorial e intergubernamental, que garantice la corresponsabilidad y el acceso equitativo a servicios de cuidado de calidad.
Dentro de los cien compromisos para el segundo piso de la transformación, el número 55, indica la creación del Sistema Nacional de Cuidados con el IMSS y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Tercero. Que en el Anexo Transversal 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se visibiliza por primera vez recursos presupuestales que apoyan a una sociedad del cuidado, con 466 mil 674.9 millones de pesos (mdp) (4.6 por ciento del gasto neto total y 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Las erogaciones que plantea el anexo se configuran de programas existentes, sin recursos adicionales ni una nueva estrategia de política pública. Se identifica que los Programas Presupuestarios (PPs) con objetivos directamente vinculados al cuidado suman 38 mil 596 millones de pesos, 18.6 por ciento menos que en 2025, debido a recortes y fusiones de programas clave.
Cuarto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 31 de 2025 ha reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo. Esta opinión establece que el cuidado es una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos y comprende tres dimensiones inseparables: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. La Corte determinó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y presupuestarias que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad al cuidado, así como de promover su reconocimiento social y económico.1
México, en el cumplimiento y garantía de los derechos humanos, considera indispensable tener en cuenta los otros derechos interdependientes del derecho al cuidado, como el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud, entre otros, desde una perspectiva de cuidados, concibiendo al cuidado como un derecho transversal a los demás derechos humanos.2
Quinta. El trabajo de cuidados es una labor fundamental para mantener el derecho a la vida. Es por ello que la necesidad de cuidado de las personas que lo requieren ya sea por enfermedad, limitaciones por ciclo de vida o discapacidad, no está cubierta, ya que estas labores generalmente se realizan sin retribución e incluso en ocasiones comprometen la fuente de ingreso de las personas ya que, ante el requerimiento de cuidar a sus familiares, quienes cuidan tienen que ausentarse de sus centros laborales. Por todo ello, se origina la carga de responsabilidad indiscriminada hacia la mujer, la precariedad laboral, incremento en la rotación del personal o en el ausentismo laboral o reducción en el desempeño, accidentes de trabajo y la productividad laboral.
Sexta. Con el objetivo de avanzar en la consolidación de una agenda público–privada en materia de cuidados, la Secretaría de Economía, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han trazado una agenda de cuidados en empresas y parques industriales, un espacio de diálogo orientado a definir modelos de infraestructura de cuidados que promuevan la productividad, la inclusión y la corresponsabilidad social.3
Por todas las consideraciones expuestas, se propone que esta honorable asamblea solicite, respetuosamente, al gobierno de México la creación e integración de una Comisión Intersecretarial a fin de establecer un mecanismo de coordinación y conducción colegiada de acciones para la implementación de las políticas federales en materia de un sistema nacional de cuidados, por lo cual se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, crear una Comisión Intersecretarial para la coordinación e implementación de un sistema nacional de cuidados.
Notas:
1 Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/OC-31-2025/
2 Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/7_mexico.pdf
3 Consultado en: https://www.gob.mx/se/prensa/economia-el-bid-y-la-cepal-impulsan-la-con struccion-de-infraestructura-de-cuidados-en-empresas-y-parques-industri ales?idiom=es-MX
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2026.
Diputados: Evangelina Moreno Guerra (rúbrica), Gilberto Herrera Solórzano (rúbrica), Fausto Gallardo García (rúbrica), Patricia Mercado Castro (rúbrica), Laura Hernández García (rúbrica), María de Fátima García León (rúbrica), Laura Ivonne Ruíz Moreno (rúbrica), Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica), Yerico Abramo Masso (rúbrica), Ana Isabel González González (rúbrica), Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica), Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica), María del Rosario Orozco Caballero (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a revisar su gasto administrativo, a fin de fortalecer los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Herminia López Santiago, diputada a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El ejercicio del gasto público constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado, en tanto implica la administración de recursos que pertenecen a la sociedad y que deben destinarse a la satisfacción de necesidades colectivas, bajo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En este sentido, el principio de austeridad republicana se ha consolidado como un eje rector de la administración pública en México, orientado a evitar el dispendio, los gastos innecesarios y el uso indebido de recursos públicos, privilegiando en todo momento el bienestar de la población.
En el contexto actual, caracterizado por presiones económicas, demandas sociales crecientes y la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para responder eficazmente a dichas exigencias, resulta indispensable consolidar una política de disciplina financiera que permita maximizar el impacto del gasto público. Diversos análisis coinciden en que la racionalización del gasto administrativo, particularmente en estructuras burocráticas, representa una vía legítima y necesaria para liberar recursos que pueden destinarse a prioridades sustantivas como la seguridad, la infraestructura, la salud y el desarrollo social.
Bajo esta lógica, la conducción de la política pública federal ha privilegiado un enfoque orientado a la contención del gasto corriente y a la optimización de los recursos públicos, partiendo de la premisa de que un gobierno eficaz no necesariamente es aquel que más gasta, sino aquel que mejor administra. Este enfoque resulta consistente con los principios constitucionales que rigen el ejercicio del gasto público y con una visión de Estado que prioriza el interés general sobre estructuras administrativas sobredimensionadas.
Sin embargo, para que esta visión se traduzca en resultados tangibles y sostenibles, es indispensable que exista una corresponsabilidad efectiva entre los distintos órdenes de gobierno. La federación, por sí sola, no puede garantizar un uso óptimo de los recursos públicos si en los ámbitos estatal y municipal persisten inercias de gasto que no responden a criterios de eficiencia o que privilegian rubros administrativos por encima de necesidades sociales.
En este sentido, el Congreso de la Unión, como órgano de representación nacional, tiene la responsabilidad de impulsar, mediante los instrumentos a su alcance, la coordinación y armonización de políticas públicas que fortalezcan el uso racional del gasto en todo el país. El presente punto de acuerdo no pretende invadir competencias, sino coadyuvar a la consolidación de una política pública de carácter nacional, basada en la austeridad, la disciplina financiera y la responsabilidad en el ejercicio de los recursos.
Así, el exhorto que se plantea encuentra sustento no sólo en la necesidad de acompañar una visión de gobierno orientada a la eficiencia, sino también en la obligación de este Poder Legislativo de promover condiciones que permitan una mejor administración de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
Por ello, resulta pertinente invitar, respetuosamente, a los Congresos de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país a revisar su gasto administrativo, a fin de identificar áreas de oportunidad para su racionalización, reducción o reorientación, fortaleciendo con ello un modelo de gestión pública más eficiente, transparente y orientado a resultados.
Por todo lo anterior, vengo a proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a los Congresos de las entidades federativas y a los ayuntamientos del país para que, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Realicen una revisión integral de su gasto administrativo, a fin de identificar áreas de oportunidad para su racionalización y optimización;
II. Implementen medidas de austeridad, disciplina financiera y uso eficiente de los recursos públicos, privilegiando el gasto en programas y acciones que generen un impacto directo en el bienestar de la población;
III. Fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de marzo de 2026.
Diputada Herminia López Santiago (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la SICT y a la CNDH para que, en el ámbito de sus atribuciones, den seguimiento puntual al caso de discriminación contra la ciudadana Lilia del Carmen Manrique Ceca, a cargo de la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Kenia Gisell Muñiz Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El 16 de marzo de 2026, en el municipio de Akil, Yucatán, la ciudadana Lilia del Carmen Manrique Ceca, en adelante “Lili Manrique” , como es públicamente conocida, denunció públicamente1 que personal de una unidad de Autobuses Mayab, una línea regional de “Mobility ADO”,2 le impidió abordar por su discapacidad motriz argumentando que no podía viajar sola y debía hacerlo en compañía de otra persona. De acuerdo con la denuncia difundida por la propia usuaria y retomada por medios de comunicación, el operador invocó una supuesta “política” de la empresa para condicionar la prestación del servicio. Posteriormente, tras la visibilización pública del hecho, la Agencia de Transporte de Yucatán informó que activó mecanismos de atención, seguimiento y verificación operativa, estableció contacto con la persona afectada e inició una revisión técnica y operativa en coordinación con la empresa involucrada.3
El hecho reviste especial gravedad porque no constituye un simple desacuerdo operativo ni una incidencia aislada del servicio, sino un presunto acto de discriminación que impacta de manera directa en derechos humanos fundamentales de una persona con discapacidad. En palabras propias de la ciudadana Lili Manrique:
“Hoy me están impidiendo viajar y tuve que pelear por este derecho que tengo. Me acaban de informar que es la última vez que me permiten viajar sola”4
Además, ocurre en una entidad en la que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022,5 Yucatán registró el mayor porcentaje de población de 18 años y más que manifestó haber sido víctima de discriminación, con 32.1 por ciento, por encima de Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. En ese contexto, negar o condicionar el transporte a una persona con discapacidad no sólo reproduce barreras sociales históricas, sino que profundiza un entorno estructural de exclusión.
No estamos frente a un simple desacuerdo en la prestación del servicio, sino ante la negación de un derecho: el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad. Como diputada federal y, además, como mujer con discapacidad, no puedo ni debo ser indiferente ante estos hechos. Conozco de primera mano las barreras físicas, sociales e institucionales que enfrentamos las personas con discapacidad cuando ejercemos nuestro derecho a la movilidad. Sé lo que significa que se nos cuestione nuestra autonomía, que se nos impongan condiciones indebidas o que se nos trate como sujetos incapaces de decidir sobre nuestra propia vida.
Es por ello, que no puedo quedarme callada ante actos que vulneran la dignidad, la libertad y los derechos de las personas con discapacidad. Lo ocurrido con la ciudadana Lili Manrique no es un caso aislado, es reflejo de una cultura que aún arrastra prejuicios, estigmas y prácticas discriminatorias que deben erradicarse desde todos los ámbitos: institucional, empresarial y social.
El marco constitucional mexicano es claro, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe derechos y libertades. A su vez, la propia Constitución reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, así como el derecho de toda persona a viajar por el territorio nacional. Desde esa perspectiva, ninguna práctica empresarial, reglamento interno o criterio operativo puede válidamente colocarse por encima del mandato constitucional de igualdad, accesibilidad y libre tránsito.
A ello se suma el marco convencional aplicable. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/61/106 el 13 de diciembre de 2006, fue abierta a firma el 30 de marzo de 2007. México la firmó ese mismo día y la ratificó en diciembre de 2007. Tras la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte integran el parámetro de regularidad constitucional. La Convención establece como principios generales el respeto a la dignidad y autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.
En el plano de la legislación federal, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone en su artículo 16 que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y que deben emitirse normas, lineamientos y reglamentos que garanticen su libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. De manera complementaria, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación reconoce como formas de discriminación tanto la falta de accesibilidad en el transporte y en servicios abiertos al público, como la denegación de ajustes razonables que garanticen el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. En el ámbito local, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del estado de Yucatán reconoce en sus artículos 61 a 64 el derecho de acceso al transporte público en igualdad de condiciones y sin discriminación, y mandata a las autoridades promover accesibilidad, seguridad, capacitación de conductores y el acceso de silla de ruedas, perros guía y aparatos ortopédicos.
En consecuencia, resulta jurídicamente procedente que la Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, toda vez que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los servicios de autotransporte federal que operan en caminos federales, y que corresponde a la Secretaría otorgar los títulos habilitantes y vigilar su cumplimiento. La propia ley señala que para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de pasaje se requiere permiso otorgado por la Secretaría. Por ello, cuando una empresa prestadora del servicio incurre presuntamente en prácticas discriminatorias o tolera políticas contrarias a derechos humanos, existe base legal para solicitar a la autoridad federal competente que dé seguimiento al caso y verifique el cumplimiento de las obligaciones que derivan del marco normativo aplicable.
La intervención de la autoridad estatal de transporte es relevante y debe reconocerse; sin embargo, no agota la necesidad de actuación federal. Si la prestación del servicio se encuentra sujeta al régimen de autotransporte federal de pasajeros, la SICT no sólo puede, sino que debe revisar si la conducta denunciada revela una práctica aislada del operador o una instrucción, protocolo o política empresarial incompatible con la Constitución, la legislación general en materia de discapacidad y no discriminación, así como con los estándares convencionales asumidos por el Estado mexicano. La actuación legislativa, por tanto, no invade competencias: busca activar la esfera de responsabilidad de la autoridad federal en un asunto donde confluyen movilidad, accesibilidad, no discriminación y supervisión del servicio público concesionado o permisionado.
Por todo ello, la presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto solicite respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento puntual al caso de la ciudadana Lilia del Carmen Manrique Ceca, verifique si existieron actos u omisiones contrarios a los derechos humanos de la persona afectada, revise la observancia de las obligaciones de accesibilidad y no discriminación por parte de la empresa involucrada y, en su caso, impulse las medidas correctivas, preventivas y de supervisión que correspondan.
Aunado a lo anterior, se considera necesario solicitar también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en virtud de su mandato constitucional como organismo autónomo encargado de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el país. La naturaleza del caso que nos ocupa no sólo implica la posible comisión de una irregularidad en la prestación de un servicio de transporte, sino que trasciende al ámbito de los derechos humanos al evidenciar una presunta práctica discriminatoria en perjuicio de una persona con discapacidad.
En ese sentido, la intervención de la CNDH es fundamental para realizar una investigación integral, imparcial y con enfoque de derechos humanos que permita determinar si existieron violaciones a los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la movilidad en condiciones de accesibilidad y dignidad. Asimismo, su participación contribuirá a la emisión de recomendaciones que no sólo atiendan el caso concreto, sino que establezcan criterios, directrices y medidas de no repetición que fortalezcan la actuación de autoridades y empresas prestadoras del servicio. La actuación de la CNDH permitirá, además, visibilizar la problemática estructural que enfrentan las personas con discapacidad y avanzar hacia la consolidación de un sistema de transporte verdaderamente inclusivo.
No podemos olvidar que garantizar la movilidad de las personas con discapacidad no es una concesión graciosa ni una excepción operativa: es una obligación constitucional, convencional y legal del Estado mexicano y de quienes prestan servicios al público.
No se trata únicamente de revisar un caso concreto, se trata de evitar que este tipo de prácticas se repitan. Se trata de garantizar que ninguna persona con discapacidad vuelva a ser bajada de un autobús, cuestionada por su autonomía o condicionada en el ejercicio de sus derechos, se trata de enviar un mensaje claro:
¡En México, la discriminación no es tolerada!
Desde esta tribuna, hoy y siempre levantaré la voz por todas las personas con discapacidad que han vivido situaciones de discriminación y que muchas veces no denuncian por miedo, por cansancio o por normalización de la exclusión. Hoy, este caso nos obliga a actuar, nos obliga a revisar, a corregir y a transformar. Porque la inclusión no puede ser discurso, debe ser una realidad tangible en cada espacio público, en cada servicio y en cada decisión.
Hoy más que nunca...
¡Es tiempo de inclusión!
Por lo anteriormente expuesto, someto consideración de esta Cámara la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento puntual al caso de la ciudadana Lilia del Carmen Manrique Ceca, a fin de verificar la posible comisión de actos de discriminación en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros por parte de Autobuses Mayab, una línea regional de “Mobility ADO” para que revise las políticas, protocolos y prácticas operativas de la empresa involucrada para garantizar su apego a los principios de accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación previstos en la Constitución y en la legislación aplicable; y, en su caso, implemente o fortalezca mecanismos de supervisión, capacitación y verificación dirigidos a las empresas del sector, así como la emisión o actualización de lineamientos que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad en condiciones de dignidad, autonomía e igualdad.
Segundo.- La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a emitir una recomendación integral sobre los hechos relacionados con el presunto acto de discriminación cometido en perjuicio de la ciudadana Lilia del Carmen Manrique Ceca, en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros por parte de Autobuses Mayab, una línea regional de “Mobility ADO” a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles violaciones a derechos humanos, particularmente al derecho a la igualdad y no discriminación, así como al derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, dignidad y autonomía; determine las responsabilidades que correspondan; y formule las medidas necesarias de reparación integral, no repetición y garantía de accesibilidad en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, incluyendo la emisión de directrices y recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes y a las empresas concesionarias o permisionarias para asegurar el respeto pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Notas:
1 Transmisión en Vivo a través de la Plataforma Facebook, desde el perfil personal Lili Manrique, consultado de: https://www.facebook.com/share/v/1CRMh2w4Wn/
2 Persona con discapacidad denuncia política discriminatoria en línea Mayab de ADO en Yucatán. Proceso. Consultado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/3/17/persona-con-disca pacidad-denuncia-politica-discriminatoria-en-linea-mayab-de-ado-en-yuca tan-370419.html
3 Comunicado Publicado en el Perfil Institucional de “Agencia de Transporte de Yucatán” en la plataforma Facebook: Consultado de: https://www.facebook.com/share/1CbVDyWF73/
4 Ibidem. Proceso.
5 Consultado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ ENADIS_Nal22.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.
Diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita respetuosamente a las 32 personas gobernadoras para que a través de sus organismos de evaluación estatal hagan públicos los avances en la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a una menstruación digna en sus estados, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena
Quién suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Problemática
La implementación de acciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas, todos y todes, debe ser la parte fundamental del actuar público tanto nacional como estatal.
Así pues, con el reconocimiento del derecho a una menstruación digna como parte de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes, así como, por los estudios, análisis y encuestas que se han realizado en torno al tema, tanto de organismos nacionales, internacionales e incluso desde la sociedad civil.
Tenemos un panorama general de las necesidades y retos que aún faltan para consolidar un modelo nacional y estatal que garantice el pleno ejercicio del derecho a una menstruación digna; tanto es así que, ante los incipientes esfuerzos realizados dentro de los congresos locales para empezar a visibilizar el tema, en muchos estados aún continúan sin una política pública sólida que garantice en todo momento el derecho a una menstruación digna.
Por ello, la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se han implementado a nivel estatal para garantizar el derecho a una menstruación digna, con un enfoque en derechos humanos.
Considerandos
Primero.- Que la menstruación digna no solo es un concepto abstracto, es también conocido como un derecho llave, ya que su reconocimiento y ejercicio implica la ejecución de otros derechos, entre los que se encuentran el derecho a la salud, a la vida libre de violen cia, a la educación, al acceso al agua, el derecho al acceso a la cultura, el esparcimiento entre otros.
Segundo.- Que ante esta multidimensionalidad de factores que influyen en la implementación de políticas públicas y acciones legislativas enfocadas en garantizar el derecho a una menstruación digna, la entrega gratuita de productos de gestión menstrual es solo una de las acciones que deberían realizarse como política pública para garantizar dicho derecho.
Tercero.- Que a raíz del impulso y acompañamiento de asociaciones, sociedad civil y colectivos enfocados en garantizar el derecho a una menstruación digna, se han llevado a cabo importantes procesos legislativos en diferentes estados del país, tanto para el reconoci miento del derecho a una menstruación digna como para la implementación de políticas públicas enfocadas en garantizar el derecho a una menstruación digna.
Cuarto.- Que entre los estados de la República mexicana que han empezado a implementar diferentes acciones en favor del derecho a una menstruación digna, se encuentran la Ciudad de México y el estado de Jalisco.
Quinto.- Que de acuerdo a UNICEF el derecho a la salud menstrual se concibe no como un derecho individual, sino como un mecanismo que engloba diferentes derechos humanos que en su conjunto reconocen y garantizan el derecho a una menstruación digna entre los cuales se encuentran:
El derecho a la salud: Tenemos derecho a contar con las condiciones, suministros y servicios necesarios para gestionar nuestra salud menstrual como, por ejemplo, baños limpios y privados, agua potable, productos saludables y seguros para gestionar la menstruación y una adecuada atención médica.
El derecho a la educación: Para que nuestra educación sea de calidad, esté adaptada a nuestras necesidades de aprendizaje y sea accesible para todas las niñas y adolescentes, debe incluir ESM en sus programas educativos.
El derecho a la no discrminación: Los estigmas y las normas relacionadas con la menstruación refuerzan prácticas discriminatorias.
El derecho a vivir una vida libre de violencia: Las violencias que se pueden vivir por menstruar son: acoso y burlas, prohibiciones y restricciones en nuestras actividades cotidianas, que no escuchen nuestras necesidades de salud o que nos hagan hacer cosas que nos ponen en peligro y nos incomodan.
El derecho al agua y saneamiento : Para poder tener salud menstrual, tenemos derecho a contar con instalaciones de agua y saneamiento, como baños privados y seguros que tengan suficiente agua potable.
El derecho a salud sexual y reproductiva: Cuando somos adolescentes tenemos derecho a conocer sobre nuestra fertilidad y nuestro cuerpo para saber cómo evitar embarazos no deseados
El derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales: Tener la menstruación no debe limitar ninguna de estas actividades, como el deporte y los juegos.
Derecho al trabajo y la autonomía económica : Las adolescentes y mujeres que trabajen tienen derecho a no ser discriminadas en sus trabajos por menstruar, a contar con acceso a sanitarios limpios, agua potable, pausas suficientes para ir al baño y licencias por problemas de salud menstrual.1
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a las 32 personas gobernadoras para que, a través de sus organismos de evaluación estatal, hagan públicos los avances en la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a una menstruación digna en sus estados.
Notas:
1 https://www.unicef.org/mexico/media/7201/file/Manual%20para%20niñas,%20 niños%20y%20adolescentes.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Semar, a la SICT, a la AFAC y a los administradores aeroportuarios del país para que diseñen e implementen un circuito de transporte colectivo mediante autobuses de alta capacidad en los aeropuertos internacionales, donde participen tanto el servicio público “Taxis” como las plataformas digitales de transporte, con la finalidad de desahogar la carga vehicular, reducir cuellos de botella y mejorar la movilidad de las personas usuarias, particularmente con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a cargo de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Magda Erika Salgado Ponce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a los Administradores Aeroportuarios del País, para que diseñen e implementen un circuito de transporte colectivo mediante autobuses de alta capacidad en los aeropuertos internacionales, donde participen tanto el servicio público “taxis” como las plataformas digitales de transporte, con la finalidad de desahogar la carga vehicular, reducir cuellos de botella y mejorar la movilidad de las personas usuarias, particularmente con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Exposición de Motivos
México será sede,1 junto con Estados Unidos y Canadá, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel global, que implicará la llegada de cerca de 5.5 millones de visitantes internacionales,2 aunado a ello, se pretende que México pase de ser del sexto, al quinto país más visitado del mundo, lo que genera una presión significativa sobre la infraestructura aeroportuaria, los sistemas de movilidad y los servicios públicos asociados. Dejando una derrama económica de cerca de 3,000 millones de dólares3 Por lo que la infraestructura, diseño y movilidad, entre otras cosas, es la primera impresión y última, que tienen todas las personas extranjeras que arriban y salen por nuestros aeropuertos.
No obstante, resulta pertinente señalar las razones que motivan el presente punto de acuerdo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en particular la Terminal 2, constituye uno de los puntos de mayor afluencia en el país, lo que convierte esta problemática en un asunto urgente y de alta relevancia. Su atención impacta directamente en la dinámica económica de miles de personas trabajadoras que dependen de los servicios de transporte vinculados a dicho recinto.
Como legisladora, me encuentro profundamente interesada en la salud mental tanto de las personas conductoras como de quienes arriban a nuestro país. Ello implica velar porque los niveles de estrés — tanto de turistas como de prestadores del servicio— sean atendidos desde medidas aparentemente simples, pero de alto impacto. Lo anterior cobra especial relevancia ante la creciente afluencia vehicular en las vías de comunicación, la cual genera condiciones de presión, saturación y riesgo que deben ser atendidas de manera preventiva y estructural.
Esto no solo contribuye a proyectar una buena imagen, sino que sienta las bases de la percepción que se construye sobre nuestro país. La forma en que México es experimentado, narrado y valorado por quienes lo visitan incide directamente en cómo somos vistos a nivel internacional. Por ello, atender estos aspectos no es menor: la gestión de la imagen y de la experiencia del usuario resulta fundamental para fortalecer la confianza, la reputación y la proyección del país.
Debemos considerar que, ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resulta indispensable fortalecer y priorizar el uso de este tipo de transporte para las y los visitantes. Lo anterior no solo responde a criterios de eficiencia y movilidad, sino también a la necesidad de impulsar alternativas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, reduciendo la carga vehicular y las emisiones contaminantes en las principales vías de acceso.
En este contexto, existen cerca de 664 aeropuertos internacionales en el país, particularmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, constituyen el primer punto de contacto de las personas visitantes con el territorio nacional. La calidad, seguridad y eficiencia de los servicios de transporte terrestre disponibles en dichos recintos inciden directamente en la percepción internacional del país.
Actualmente, en diversas terminales aeroportuarias existen limitaciones normativas y operativas que restringen el acceso de plataformas digitales de transporte, generando escenarios de oferta limitada, tarifas elevadas y, en algunos casos, condiciones que no garantizan plenamente la transparencia ni la libre elección de las personas usuarias. Esta situación contrasta con las mejores prácticas internacionales, donde los aeropuertos han transitado hacia modelos de movilidad integrados, regulados y tecnológicamente interoperables.
En este sentido, resulta necesario avanzar hacia un modelo que no excluya a los prestadores tradicionales del servicio, sino que los incorpore a un esquema de modernización mediante herramientas digitales que permitan competir en condiciones equitativas, transparentes y seguras. La interoperabilidad entre taxis concesionados y plataformas digitales representa una solución viable, gradual y medible, que puede implementarse bajo un esquema piloto en zonas aeroportuarias, sin necesidad de modificar de inmediato el marco legal vigente.
Dicho modelo permitiría que las personas usuarias, nacionales y extranjeras, puedan acceder a una interfaz digital donde se presenten distintas opciones de transporte, con información clara sobre tarifas, tiempos de espera y condiciones del servicio, fortaleciendo así la confianza, la seguridad y la eficiencia en los traslados.
Asimismo, la implementación de este tipo de esquemas contribuiría a prevenir prácticas abusivas, fortalecer la supervisión institucional, garantizar la trazabilidad de los servicios y posicionar a México como un país capaz de responder a los estándares internacionales de movilidad en eventos de alta relevancia global.
La preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo implica infraestructura física, sino también la construcción de sistemas inteligentes de gestión de servicios, donde la tecnología, la regulación y la competencia converjan en beneficio de las personas.
Bajo esta lógica, la interoperabilidad entre el servicio de taxis concesionados y las plataformas digitales de transporte no debe entenderse como una sustitución de modelos, sino como un proceso de integración funcional que permite armonizar esquemas tradicionales con herramientas tecnológicas contemporáneas. Este enfoque responde a una tendencia internacional en materia de movilidad, donde los sistemas híbridos han demostrado ser más eficientes al reducir asimetrías de información, optimizar tiempos de espera y transparentar la formación de precios.
La existencia de dos esquemas paralelos — uno concesionado y otro digital — sin puntos de convergencia genera distorsiones en el mercado, limita la libre elección de las personas usuarias y propicia condiciones en las que pueden presentarse prácticas discrecionales o abusivas. En contraste, la interoperabilidad permite establecer un entorno regulado donde ambos modelos operan bajo reglas claras, con mecanismos de supervisión y trazabilidad que fortalecen la certeza jurídica y la confianza en el servicio.
Desde la perspectiva de derechos, resulta fundamental garantizar que las personas usuarias cuenten con la posibilidad real de elegir el medio de transporte que mejor se adecúe a sus necesidades, con base en información accesible, verificable y previa a la contratación del servicio. La libertad de elección no puede ser meramente formal; debe traducirse en condiciones materiales que permitan comparar opciones en términos de costo, tiempo, seguridad y calidad.
En materia de seguridad, la integración de plataformas digitales introduce elementos de trazabilidad que resultan altamente relevantes en contextos de alta afluencia como los aeropuertos internacionales. La posibilidad de identificar al conductor, registrar el trayecto en tiempo real y contar con mecanismos de seguimiento y evaluación del servicio contribuye a reducir riesgos y a fortalecer la protección de las personas usuarias, particularmente de visitantes extranjeros que no conocen el entorno local.
Asimismo, la transparencia tarifaria constituye un elemento central en la legitimidad del servicio. La interoperabilidad permite que las tarifas — tanto de taxis concesionados como de plataformas — sean visibles antes de la contratación, eliminando incertidumbre y evitando cobros desproporcionados. Este elemento no solo protege al usuario, sino que también incentiva una competencia más equilibrada entre prestadores del servicio, basada en calidad, eficiencia y precio.
Desde una perspectiva económica, la implementación de esquemas interoperables favorece la competencia efectiva, al evitar la consolidación de mercados cerrados o con barreras de acceso indirectas. La coexistencia regulada de ambos modelos permite ampliar la oferta, mejorar la calidad del servicio y generar incentivos para la innovación, sin desconocer los derechos adquiridos de los concesionarios.
Finalmente, en el contexto de un evento de carácter global como la Copa Mundial de la FIFA 2026, resulta indispensable que México proyecte una imagen de modernidad institucional, eficiencia operativa y respeto a los derechos de las personas usuarias. La adopción de modelos de movilidad inteligentes, basados en la integración tecnológica y la regulación equilibrada, no solo responde a una necesidad operativa inmediata, sino que constituye una oportunidad estratégica para sentar las bases de un sistema de transporte aeroportuario más competitivo, seguro y orientado al usuario.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a los Administradores Aeroportuarios del País, para que diseñen e implementen un circuito de transporte colectivo mediante autobuses de alta capacidad en los aeropuertos internacionales, donde participen tanto el servicio público “taxis” como las plataformas digitales de transporte, con la finalidad de desahogar la carga vehicular, reducir cuellos de botella y mejorar la movilidad de las personas usuarias, particularmente con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Notas
1 https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/m exico/mexico-city
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/mundial-2026-dejaria-3-000-mdd -mexico-asi-busca-pais-capitalizar-turismo-deportivo-20251115-786758.ht ml
3 Ídem
4 HYPERLINK
“https://www.proyectosmexico.gob.mx/como-invertir-en-infraestructura-en-mexico/ciclo-inversion/
aeropuertos/”https://www.proyectosmexico.gob.mx/como-invertir-en-infraestructura-en-mexico/ciclo-inversion/aeropuertos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026
Diputada Magda Erika Salgado Ponce (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Sener a incorporar la BIOMASA, con énfasis en la proveniente del nopal mexicano (Opuntia SPP.), en las políticas y planes de transición energética soberana, a cargo de la diputada Nadia Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Nadia Sepúlveda García, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México enfrenta uno de los mayores desafíos estructurales de su historia contemporánea: consolidar una transición energética que sea simultáneamente ambientalmente responsable, económicamente viable y socialmente justa.
La crisis climática global no es una hipótesis futura, sino una realidad presente. Sequías prolongadas, desertificación acelerada y fenómenos meteorológicos extremos impactan de manera directa a las regiones más vulnerables del país. En este contexto, el Estado mexicano, como signatario del Acuerdo de París, ha asumido compromisos internacionales claros en materia de reducción de emisiones y aumento de energías limpias en la matriz energética nacional.
Sin embargo, la transición energética no puede limitarse a la importación tecnológica ni a la replicación de modelos ajenos a nuestra realidad territorial. Debe construirse desde nuestras propias vocaciones productivas, nuestros ecosistemas y nuestros recursos endógenos.
En ese marco, la biomasa representa una de las alternativas estratégicas con mayor potencial para México. A diferencia de otras fuentes renovables intermitentes, la biomasa permite generación continua y estable de energía eléctrica y térmica, además de posibilitar la producción de biogás y biocombustibles mediante procesos como la digestión anaeróbica y la gasificación.
Particular relevancia adquiere el nopal (Opuntia spp.), especie endémica profundamente vinculada a la identidad histórica y productiva del país. México posee más del sesenta por ciento de su territorio en condiciones de aridez o semiaridez, donde el nopal prospera con mínimos requerimientos hídricos, sin competir con cultivos alimentarios estratégicos ni con suelos de alto valor agrícola.
Estudios técnicos han demostrado que la biomasa de nopal presenta alto rendimiento energético por hectárea y condiciones óptimas para la producción de metano renovable, con costos competitivos frente a otros cultivos energéticos convencionales. Esta característica lo convierte en una opción particularmente adecuada para zonas rurales marginadas, donde el acceso a la red eléctrica nacional resulta limitado o costoso.
La incorporación del nopal a la política energética nacional no es solamente una decisión técnica: es una decisión estratégica de soberanía. Significa impulsar una fuente energética cultivada en suelo mexicano, por manos mexicanas, generando valor agregado en comunidades campesinas e indígenas.
Además, el modelo de aprovechamiento energético del nopal se inscribe plenamente en los principios de economía circular. El digestato derivado del proceso puede utilizarse como biofertilizante orgánico de alta calidad, reduciendo la dependencia de insumos químicos importados. Asimismo, las fibras del nopal tienen aplicaciones en industrias como la textil, la construcción y los empaques biodegradables, ampliando su impacto económico.
La Ley de Transición Energética, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Energía para el Campo establecen con claridad la obligación del Estado de promover el desarrollo de energías renovables. No obstante, los programas vigentes carecen de líneas específicas de fomento dirigidas a la biomasa agrícola, particularmente a la derivada del nopal.
En consecuencia, resulta necesario exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Energía para que incorpore de manera explícita esta alternativa dentro de los planes nacionales de transición energética, bajo un enfoque de desarrollo regional, justicia territorial y soberanía energética.
La transición energética debe ser también una transición productiva y social. Apostar por el nopal como biomasa energética significa convertir una planta emblemática de nuestra historia en un pilar del futuro energético nacional.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Energía del gobierno de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya de manera explícita y prioritaria a las biomasas, en especial la proveniente del nopal mexicano (Opuntia spp.), dentro de sus políticas públicas, programas de fomento y planes de transición energética nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Energía a incorporar el enfoque de economía circular en los proyectos de biomasa, garantizando el aprovechamiento integral de los residuos generados, incluido el digestato, como biofertilizantes y subproductos industriales, maximizando los beneficios ambientales, sociales y económicos.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Energía que, en un plazo no mayor a noventa días naturales, haga pública la información sobre las acciones programadas y medidas adoptadas para la incorporación de la biomasa de nopal dentro de la estrategia nacional de transición energética.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril del 2026.
Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al IMPI a incorporar criterios de sostenibilidad, economía circular, uso eficiente del agua y transición energética en los estudios técnicos para el otorgamiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, a cargo de la diputada Nadia Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo quinto, reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas; asimismo, el artículo 25 constitucional mandata que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, garantizando la competitividad y la equidad con una visión de largo plazo.
II. Que el Estado mexicano es signatario del Acuerdo de París, instrumento internacional mediante el cual se comprometió a implementar acciones de mitigación y adaptación ante la crisis climática en todos los sectores productivos, incluyendo los ámbitos agroalimentario y artesanal.
III. Que las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG) son herramientas de propiedad industrial que vinculan la calidad y reputación de un producto con su territorio de origen. En nuestro país, estas son administradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Las indicaciones geográficas pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, ya que fomentan la preservación del entorno natural, de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales, al tiempo que añaden valor comercial a los productos vinculados a su origen.1
IV. Que México posee un patrimonio de 19 Denominaciones de Origen y diversas Indicaciones Geográficas que incluyen sectores estratégicos: bebidas (Tequila, Mezcal, Bacanora y Sotol), productos del campo (Arroz del estado de Morelos, Chile Habanero de la Península de Yucatán, Vainilla de Papantla y Mango Ataulfo del Soconusco), cafés de especialidad y artesanías (Talavera y Equipales de Zacoalco de Torres). Dichos productos dependen intrínsecamente de la salud de los ecosistemas, los acuíferos y la calidad del suelo.
La economía circular es un sistema de soluciones sistémicas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el incremento de residuos y la contaminación, basándose en tres principios: eliminar residuos y contaminación, circular productos y materiales, y regenerar la naturaleza.2
V. Que la degradación ambiental, el estrés hídrico y la pérdida de biodiversidad representan amenazas críticas para la viabilidad de estos bienes protegidos. La crisis climática no solo pone en riesgo la producción, sino también la identidad cultural y el sustento económico de miles de familias productoras y artesanas.
VI. Que la economía circular representa un modelo de producción y consumo que garantiza el aprovechamiento máximo de los recursos y la reducción de residuos. Integrar este enfoque en las DO e IG permitiría cerrar ciclos biológicos y técnicos sin comprometer la autenticidad ni los factores humanos que otorgan valor a los productos.
VII. Que la gestión hídrica es una prioridad nacional. Procesos vinculados al cultivo de agaváceas, cacao y café, así como la manufactura de cerámica y textiles, requieren un uso eficiente del agua para asegurar la permanencia de la actividad productiva ante la creciente escasez en diversas regiones del país.
La gestión sostenible del agua en los procesos productivos no es solo una necesidad ambiental, sino una prioridad económica; la resiliencia de los ecosistemas hídricos es la base fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la continuidad de las cadenas de valor territoriales frente al calentamiento global.3
VIII. Que la transición hacia energías limpias en las etapas de transformación y destilación reduciría significativamente la huella de carbono de los productos mexicanos, aumentando su competitividad en mercados internacionales que demandan, con rigor creciente, estándares de responsabilidad ambiental.
IX. Que existen referentes internacionales, particularmente en la Unión Europea, donde las normativas de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ya incorporan criterios de sostenibilidad en sus pliegos de condiciones, marcando una tendencia global hacia la propiedad intelectual con conciencia ecológica.
X. Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) promueve la alineación de la propiedad intelectual con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente con los objetivos 6 (Agua limpia), 12 (Producción y consumo responsables), 13 (Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
XI. Que el marco jurídico nacional, integrado por la Ley General de Cambio Climático y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, obliga a las autoridades administrativas a transversalizar criterios de sustentabilidad en sus procedimientos y políticas públicas.
XII. Que, por lo expuesto, es imperativo que el IMPI4 fortalezca los requisitos técnicos para la protección de estos bienes, asegurando que la excelencia de los productos mexicanos sea sinónimo de responsabilidad con el patrimonio natural de la nación.
XIII. Que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial faculta al IMPI para administrar y proteger estos signos distintivos. No obstante, la administración de la propiedad industrial debe ejercerse en armonía con la preservación del entorno que les da origen, exigiendo que quienes se beneficien de una protección estatal también contribuyan a la restauración de los ecosistemas y la sostenibilidad del territorio.5
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la suficiencia presupuestaria, realice las siguientes acciones:
Primero. Incorpore, como requisito en los estudios técnicos previos al otorgamiento de nuevas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, una evaluación de impacto y sostenibilidad ambiental que analice la viabilidad de los procesos productivos en relación con la conservación de los ecosistemas del territorio de origen.
Segundo. Establezca, en las declaratorias de protección correspondientes, la obligatoriedad de que los consejos reguladores o grupos de productores presenten un Plan de Sostenibilidad y Economía Circular, enfocado en la reducción de residuos y el aprovechamiento integral de subproductos.
Tercero. Incluya, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), criterios específicos de uso eficiente y gestión responsable de los recursos hídricos para la obtención y renovación de las declaratorias de protección, particularmente en zonas de alto estrés hídrico.
Cuarto. Promueva, de manera conjunta con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esquemas de apoyo y acompañamiento técnico para que los productores transiten hacia el uso de energías limpias y renovables en sus procesos de transformación y manufactura.
Quinto. Desarrolle, en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, lineamientos técnicos que incentiven la restauración de suelos, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad dentro de las zonas geográficas protegidas.
Sexto. Haga público en un plazo no mayor a noventa días hábiles a partir de la notificación del presente, sobre la ruta de implementación de estas medidas y los avances en el diagnóstico ambiental de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas vigentes.
Notas:
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Las indicaciones geográficas: un instrumento para el desarrollo sostenible (Ginebra: OMPI, 2021), 12.
2 Ellen MacArthur Foundation, Completar la imagen: El papel de la economía circular en la lucha contra el cambio climático (Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2021), 7.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacer las paces con la naturaleza: Plan científico para hacer frente a las emergencias climática y de biodiversidad (Nairobi: PNUMA, 2021), 34.
4 (IMPI), gob.mx/impi
5 Fuentes Principales de Consulta y Verificación: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI / WIPO) wipo.int/geo_indications/es/, ellenmacarthurfoundation.org,
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.
Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la SHCP, a la Sener, a la CFE y al gobierno del estado de Baja California a que el subsidio de verano aplicable a las tarifas eléctricas en el estado de Baja California, particularmente en los municipios de Mexicali y San Felipe, dé inicio a partir del día primero de abril, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 numeral I, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El estado de Baja California se caracteriza por presentar condiciones climáticas extremas, particularmente en diversas regiones de su territorio, lo que lo posiciona como una de las entidades con mayores temperaturas a nivel nacional. De acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en distintas zonas del estado se han documentado temperaturas que superan de manera recurrente los 45°C durante la temporada de verano, alcanzando incluso valores cercanos o superiores a los 50°C en años recientes. Asimismo, la duración de la temporada cálida se extiende por varios meses, iniciando desde la primavera y prolongándose hasta inicios del otoño, con periodos sostenidos de calor intenso.1
A nivel técnico, el Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas del municipio de Mexicali confirma que el territorio se ubica dentro de una zona de clima árido-seco y extremoso, con escasa precipitación y temperaturas máximas promedio que en verano rebasan los 45°C, pudiendo alcanzar hasta los 52°C en registros históricos. Este mismo instrumento señala que las temperaturas máximas promedio han mostrado una tendencia al alza, pasando de aproximadamente 47°C en 1985 a casi 49°C en 2020, lo que evidencia un incremento sostenido en la intensidad térmica del municipio. De manera similar, el municipio de San Felipe presenta condiciones climáticas extremas propias de zonas desérticas costeras del Golfo de California, con temperaturas que durante el verano superan de forma recurrente los 40°C y sensaciones térmicas aún mayores debido a la humedad, lo que agrava los efectos del calor en la población.2
En este contexto, durante el mes de marzo se registraron temperaturas históricas que reflejan la gravedad del fenómeno. El 18 de marzo se alcanzó una temperatura máxima de 42.2°C, superando el récord previo de 37.5°C establecido en 2017; un día después, el 19 de marzo, el termómetro ascendió a 42.7°C, rompiendo nuevamente la marca histórica para esa misma fecha. Estas cifras no solo rebasan registros recientes, sino que constituyen las temperaturas más altas documentadas para un mes de marzo desde 1948, año en que la Comisión Nacional del Agua inició el monitoreo oficial en la región. Ante este escenario, la Unidad Municipal de Protección Civil advirtió la permanencia de un sistema de alta presión que mantendría temperaturas superiores a los 40°C, exhortando a la población a adoptar medidas preventivas como la hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a grupos vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.3
Por ello, el uso de sistemas de climatización, particularmente el aire acondicionado, no constituye un consumo discrecional, sino una necesidad indispensable para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. En consecuencia, el consumo eléctrico en Baja California no puede analizarse bajo parámetros convencionales de demanda, sino como una respuesta directa a factores climáticos estructurales, persistentes y ajenos al control de la población.
Adicionalmente, la evidencia científica y los escenarios de cambio climático proyectados tanto por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), coinciden en que se prevé un aumento adicional en la temperatura media, así como una mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor en la región. El propio análisis local señala que estas tendencias continuarán en el corto y mediano plazo, lo que incrementará la presión sobre el consumo energético y la vulnerabilidad de la población.4
En contextos de temperaturas extremas como las que se presentan en los municipios de Mexicali y San Felipe, el acceso a la energía eléctrica trasciende su carácter de servicio público para constituirse como un elemento indispensable para la protección de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la salud y a la vida. La exposición prolongada a temperaturas superiores a los 40°C y 45°C, respectivamente, genera condiciones fisiológicas de alto riesgo, en las que el cuerpo humano pierde su capacidad de regulación térmica, lo que puede derivar en deshidratación severa, daño orgánico e incluso la muerte.
La evidencia empírica demuestra que el calor extremo no es un riesgo potencial, sino un fenómeno con consecuencias directas y medibles. Estudios como el del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, documentan que, entre 2002 y 2023, se registraron al menos 332 defunciones por golpe de calor en Mexicali, alcanzando un máximo de 45 muertes en un solo año (2023), lo que refleja una tendencia creciente en la letalidad asociada a las altas temperaturas.5
Asimismo, registros de salud pública y reportes oficiales indican que durante eventos de calor extremo se presentan incrementos significativos en casos de golpe de calor y deshidratación, ejemplificando en un periodo analizado de siete años se documentaron 175 personas afectadas, de las cuales más de la mitad correspondieron a golpes de calor, confirmando la relación directa entre temperatura extrema y afectaciones a la salud.6
A nivel nacional, la magnitud del problema refuerza su carácter estructural. Durante 2023, México registró al menos 419 muertes asociadas a temperaturas extremas, además de más de 4,300 atenciones médicas por afectaciones relacionadas con el calor, lo que posiciona a las olas de calor como un problema de salud pública de creciente relevancia.7
En este contexto, la energía eléctrica cumple una función crítica como mecanismo de mitigación del riesgo. Permite la refrigeración de espacios habitacionales, reduciendo la exposición térmica; garantiza la conservación de medicamentos sensibles a la temperatura, como insulina; y posibilita el funcionamiento de equipos médicos esenciales en el hogar. La ausencia de electricidad, o su acceso limitado por razones económicas, incrementa de manera directa la vulnerabilidad de las personas frente a eventos de calor extremo.
En consecuencia, el acceso a la electricidad en zonas con condiciones climáticas extremas debe ser entendido como un componente esencial de política pública con enfoque de derechos humanos. La asequibilidad del servicio eléctrico no solo impacta el bienestar, sino que incide directamente en la capacidad de la población para proteger su salud y preservar la vida.
El consumo de energía eléctrica en el estado de Baja California, derivado de condiciones climáticas extremas, genera una presión económica significativa sobre los hogares, particularmente durante los meses de verano. En este contexto, el gasto en electricidad deja de ser un componente ordinario del gasto familiar para convertirse en un egreso estructural, necesario para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso promedio trimestral por hogar en México asciende a aproximadamente 81,920 pesos, lo que evidencia que los hogares operan con márgenes limitados frente a incrementos en gastos básicos como la energía eléctrica.8
En este escenario, el concepto de pobreza energética adquiere relevancia para dimensionar el problema. De acuerdo con documentos oficiales en materia energética, un hogar se considera en situación de pobreza energética cuando destina más del 10 por ciento de su ingreso al pago de energía. Este umbral, ampliamente reconocido en la literatura y en el diseño de políticas públicas, permite identificar cuándo el gasto energético se vuelve desproporcionado y compromete la satisfacción de otras necesidades básicas. En municipios como Mexicali y San Felipe, donde el uso de aire acondicionado es indispensable durante varios meses del año, este porcentaje puede incrementarse considerablemente, situando a miles de hogares en una condición de vulnerabilidad económica estructural.9
A nivel nacional, la magnitud del fenómeno confirma su carácter sistémico. De acuerdo con análisis de política pública, alrededor del 14.1 por ciento de la población en México (equivalente a 17.9 millones de personas) vive en condiciones de pobreza energética, mientras que cerca de 4.9 millones de hogares enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades energéticas básicas. Asimismo, estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) sugieren que hasta 36.7 por ciento de los hogares mexicanos experimentan algún grado de pobreza energética, lo que refleja la amplitud del problema más allá del acceso formal al servicio eléctrico.10
En términos prácticos, esta situación se traduce en una presión económica directa sobre los hogares de Baja California durante los meses de verano. Bajo el esquema tarifario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la región opera con tarifa 1F, la cual establece límites de consumo subsidiado; sin embargo, al rebasarlos, el costo por kilowatt-hora puede incrementarse de manera significativa, pasando de tarifas subsidiadas a costos de hasta 3.6 pesos por kWh en consumo excedente.11
Casos documentados y testimonios recurrentes en la región evidencian esta problemática: familias que limitan el uso de aire acondicionado a horarios nocturnos para reducir el costo del recibo, adultos mayores que enfrentan el calor sin climatización por no poder cubrir el gasto, o trabajadores que destinan una parte sustancial de su ingreso mensual al pago de electricidad durante el verano.
Esta situación ha sido ampliamente reportada en municipios como Mexicali y San Felipe, donde medios locales han documentado incrementos abruptos en los recibos de luz durante la temporada de calor (denominados comúnmente como “recibos locos”). Por ejemplo, se han registrado casos de usuarios con facturaciones de más de 26 mil pesos, cuando previamente pagaban cantidades significativamente menores, evidenciando incrementos desproporcionados en periodos de calor. Asimismo, reportes periodísticos documentan recibos que oscilan entre 10 mil y hasta más de 52 mil pesos, generando incluso riesgo de corte del servicio para las familias afectadas. Estas situaciones reflejan una realidad en la que el consumo energético no responde a preferencias, sino a condiciones de supervivencia, lo que agrava las desigualdades sociales existentes.12
En consecuencia, el costo de la electricidad en contextos de altas temperaturas, presenta un carácter regresivo, ya que impacta de manera más severa a los hogares de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de sus recursos a cubrir este servicio indispensable. Esta condición no solo profundiza la desigualdad económica, sino que limita la capacidad de las familias para garantizar su bienestar integral. Por ello, el diseño de políticas públicas en materia energética, particularmente los esquemas de subsidio, debe considerar el fenómeno de pobreza energética como un criterio central para garantizar equidad, justicia social y protección efectiva.
El consumo de energía eléctrica en México presenta diferencias estructurales derivadas de las condiciones climáticas regionales. Mientras que en entidades del centro del país, como la Ciudad de México o el Estado de México, las temperaturas promedio oscilan entre los 12°C y 26°C durante gran parte del año, en el estado de Baja California se registran de manera recurrente temperaturas superiores a los 40°C, alcanzando en diversas regiones niveles por encima de los 45°C durante la temporada de verano. Esta brecha térmica implica que, en el centro del país, el uso de sistemas de enfriamiento es ocasional, mientras que en el norte constituye una necesidad sostenida durante varios meses, lo que incrementa de forma significativa la demanda energética.13
En respuesta a estas condiciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha establecido un esquema de tarifas domésticas diferenciadas (1A a 1F), determinadas con base en la temperatura media mínima anual. Mientras que en zonas del centro del país predominan tarifas como la 1, 1A o 1B, con menores rangos de consumo subsidiado debido a una menor demanda estructural, en el estado de Baja California, particularmente en sus regiones de mayor intensidad térmica, se aplica la tarifa 1F, que contempla límites de consumo subsidiado más amplios. No obstante, aún bajo este esquema, la severidad de las condiciones climáticas propicia niveles de consumo que con frecuencia rebasan dichos umbrales, generando costos significativamente más elevados para los usuarios en comparación con los registrados en regiones de clima templado.14
En este contexto, la diferencia en condiciones climáticas se traduce en una desigualdad material en el acceso y costo de la energía. Mientras que en el centro del país el gasto eléctrico representa una proporción menor del ingreso familiar, en el norte puede incrementarse de manera considerable debido al consumo intensivo necesario para mantener condiciones habitables.
El subsidio eléctrico de verano implementado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) constituye un mecanismo de política pública orientado a mitigar el impacto económico del consumo energético en regiones con altas temperaturas. Este apoyo se aplica mediante tarifas diferenciadas, como la tarifa 1F, que permite a los usuarios domésticos acceder a rangos de consumo más amplios a menor costo durante los meses más cálidos del año, reduciendo el precio por kilowatt-hora y evitando incrementos abruptos en el recibo eléctrico. Dicho subsidio es financiado con recursos federales en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene una vigencia estacional aproximada de seis meses.15
No obstante, la implementación de este esquema presenta una problemática estructural relacionada con su temporalidad. Diversos reportes y fuentes institucionales señalan que el subsidio eléctrico en el estado de Baja California entra en vigor hasta el mes de mayo, a pesar de que las temperaturas extremas comienzan desde marzo o abril en distintas regiones de la entidad. Esta situación ha sido confirmada por la propia Comisión Federal de Electricidad, la cual ha mantenido el inicio del subsidio en mayo, pese a registrarse temperaturas superiores a los 40°C en semanas previas.16
Asimismo, esta problemática ha generado posicionamientos por parte de actores económicos y sociales. Organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) han solicitado públicamente el adelanto del subsidio eléctrico, argumentando que las altas temperaturas impactan directamente en los costos de las familias y las empresas desde antes del periodo oficial de aplicación.17
En consecuencia, el desfase entre la temporalidad del subsidio y la realidad climática genera una carga económica anticipada para los hogares, precisamente en el inicio de la temporada de calor, cuando el uso de sistemas de enfriamiento se vuelve indispensable. Esta brecha entre el diseño de la política pública y las condiciones ambientales efectivas evidencia la necesidad de revisar y adecuar el periodo de aplicación del subsidio eléctrico, a fin de garantizar su eficacia como instrumento de protección social y económica en zonas de altas temperaturas.
En este contexto, resulta relevante señalar que recientemente se ha planteado la gestión de un subsidio adicional por aproximadamente 1,350 millones de pesos para los municipios de Mexicali y San Felipe, con el objetivo de hacer frente al incremento en el consumo eléctrico derivado de las altas temperaturas (Punto Norte, 2026). Esta solicitud refleja el reconocimiento institucional de que el esquema actual de subsidios resulta insuficiente para cubrir la demanda energética real en la región durante los meses de calor extremo. Asimismo, evidencia la necesidad de fortalecer y ajustar los mecanismos de apoyo existentes, no solo en términos de monto, sino también en su oportunidad de aplicación, a fin de evitar que las familias enfrenten cargas económicas desproporcionadas desde el inicio anticipado de la temporada de calor, como ya ocurre desde los meses de marzo y abril.18
El diseño, autorización y aplicación de los esquemas de subsidio eléctrico en México corresponde al ámbito federal, en el que intervienen la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus atribuciones en materia energética y presupuestaria. Estas instancias son responsables de establecer los criterios bajo los cuales se determinan los apoyos tarifarios, incluyendo su alcance, temporalidad y condiciones de operación, a partir de variables técnicas, financieras y de política pública.
En este sentido, cualquier modificación al esquema vigente, particularmente en lo relativo a la temporalidad del subsidio eléctrico, requiere la intervención de dichas autoridades, a través de la revisión de los parámetros que actualmente regulan su aplicación. Por ello, resulta necesario que la adecuación del subsidio se analice bajo un enfoque técnico que permita alinear su implementación con las condiciones reales de cada región, garantizando su eficacia como instrumento de protección económica y social.
El subsidio eléctrico en México tiene su origen en la política pública derivada de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, consolidándose posteriormente como un mecanismo de apoyo social dirigido a los usuarios domésticos. A lo largo del tiempo, este esquema ha evolucionado mediante la implementación de tarifas diferenciadas y subsidios estacionales, particularmente en regiones con condiciones climáticas extremas, como es el caso de Baja California.
En el contexto específico de Baja California, el subsidio de verano ha sido aplicado de manera recurrente como resultado de acuerdos entre autoridades federales y estatales, con el objetivo de mitigar el impacto económico del consumo eléctrico durante los meses de mayor calor. Asimismo, existen antecedentes de gestiones y solicitudes por parte de autoridades locales y sectores sociales para ampliar o ajustar su alcance, lo que demuestra que el esquema ha sido objeto de revisión en función de las condiciones climáticas y las necesidades de la población.
En consecuencia, la propuesta de adecuar la temporalidad del subsidio eléctrico no constituye la creación de un nuevo mecanismo, sino el perfeccionamiento de una política pública existente, cuya viabilidad ha sido previamente acreditada. Este antecedente permite sostener que su ajuste resulta técnica y administrativamente posible, particularmente cuando responde a condiciones objetivas como el incremento anticipado de las temperaturas en la región.
La evidencia climatológica y los estudios locales han documentado una tendencia al alza en las temperaturas máximas, así como una prolongación de los periodos de calor extremo, lo que incrementa de manera directa la demanda energética y la vulnerabilidad de la población. Este escenario proyecta que las condiciones actuales no solo persistirán, sino que se intensificarán en el corto y mediano plazo, generando mayores presiones sobre los hogares y sobre la eficacia de los mecanismos de apoyo existentes.
Tal es así que, resulta indispensable que las políticas públicas en materia energética se actualicen bajo un enfoque de adaptación climática, que permita responder de manera oportuna a las nuevas condiciones ambientales. Mantener esquemas rígidos frente a fenómenos dinámicos limita la capacidad del Estado para proteger a la población, particularmente en regiones con condiciones extremas. Por ello, la adecuación de la temporalidad del subsidio eléctrico no solo responde a una necesidad actual, sino a la obligación de anticipar y atender los efectos del cambio climático, garantizando la pertinencia y eficacia de las acciones gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno del estado de Baja California para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mediante los mecanismos de coordinación que correspondan, realicen los ajustes presupuestarios, regulatorios y operativos necesarios con el propósito de que el esquema de subsidio de verano en las tarifas eléctricas en el estado de Baja California, particularmente en los municipios de Mexicali y San Felipe, inicie su aplicación a partir del 1 de abril, garantizando su implementación oportuna y priorizando a los hogares y personas en condiciones de vulnerabilidad.
Notas:
1 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (13 de julio
de 2020). Alcanza Mexicali temperaturas de 49.5 grados Celsius en lo
que va del verano en Baja California. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563139/OPCBC_13072020.pdf
2 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM). (2024). Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas (ARVC) del municipio de Mexicali, Baja California. Recuperado de https://pactodealcaldes-la.org/wp-content/uploads/2024/03/8.-ARVC-Mexic ali.pdf
3 Sánchez, J. (20 de marzo de 2026). Mexicali rompe récord histórico de calor en marzo. Baja News. Recuperado de https://bajanews.mx/Cali-Baja/53902/Mexicali-rompe-record-historico-de- calor-en-marzo?
4 Ídem 2
5 García Cueto, R., & Ley García, J. (2024). Las ondas cálidas en Mexicali, Baja California, México: morbilidad, mortalidad y vulnerabilidad al calor. Investigaciones Geográficas, (114). https://doi.org/10.14350/rig.60848
6 Ídem 5
7 Santiago, V. (15 de enero de 2024). Provoca calor en México récord de muertes en 2023. Quinto Elemento Lab. Recuperado de https://quintoelab.org/project/record-calor-muertes-2023-mexico
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). (30 de julio de 2025). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares 2024 (ENIGH): Resultados. Recuperado de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enigh/ENIGH2024_RR.pdf
9 Secretaría de Energía (SENER). (2022). Servicios
energéticos, pobreza energética y eficiencia energética en México
(Cuaderno de investigación No. 8). Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710897/Cuaderno8_PobrezaEnerg_tica_V140322.pdf
10 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (18 de enero de 2023). Hablemos sobre pobreza energética. Recuperado de https://imco.org.mx/hablemos-sobre-pobreza-energetica/
11 N+. (18 de abril de 2024). Subsidio CFE en Baja California: ¿Cuándo inicia y en qué consiste? Recuperado de https://www.nmas.com.mx/tijuana/subsidio-cfe-en-baja-california-cuando- inicia-y-en-que-consiste/
12 Le cobra CFE 52 mil pesos de luz; el recibo subirá
a 70 mil le advierten. (2024, November 29). OEM.
https://oem.com.mx/lavozdelafrontera/local/le-cobra-cfe-52-mil-pesos-de-luz-el-recibo-subira-a-70-mil-le-advierten-13144903
13 Ídem 2
14 Comisión Federal de Electricidad (CFE). (s. f.). Esquema tarifario vigente – Hogar. Recuperado de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx
15 Tribuna económica. (n.d.). https://tribunaeconomica.com.mx/publicaciones/seccion/economia/gobierno -federal-destinara-mas-de-87-mil-millones-de-pesos-al-subsidio-electric o-de-verano-2026/
16 Galarza, C. (2026, March 30). Subsidio eléctrico para Mexicali llegará hasta mayo. OEM. https://oem.com.mx/lavozdelafrontera/local/subsidio-electrico-para-mexi cali-llegara-hasta-mayo-29257233
17 Tribuna económica. (n.d.).
https://tribunaeconomica.com.mx/publicaciones/seccion/ec onomia/gobierno-federal-destinara-mas-de-87-mil-millones-de-pesos-al-su bsidio-electrico-de-verano-2026
18 Punto Norte (2026). Buscan subsidio de la CFE por 1,350 millones de pesos para Mexicali y San Felipe. https://puntonorte.info/2026/03/31/buscan-subsidio-de-la-cfe-por-1350-m illones-de-pesos-para-mexicali-y-san-felipe/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.
Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)