Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7010-II-5, martes 7 de abril de 2026

Iniciativas

De decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Tecnológico Nacional de México”, suscrita por los diputados Humberto Ambriz Delgadillo y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Humberto Ambriz Delgadillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este honorable pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tecnológico Nacional de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como propósito reconocer la trascendencia histórica, educativa y social del Tecnológico Nacional de México mediante la inscripción de su nombre en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, espacio que simboliza la memoria colectiva de la nación y en el que se rinde homenaje a quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo del país.

Este recinto parlamentario ha sido, a lo largo del tiempo, un referente institucional en el que convergen los valores que han dado forma al Estado mexicano, incorporando tanto a personajes como a instituciones cuya labor ha sido determinante en la construcción del México contemporáneo.

En este contexto, la educación superior tecnológica se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, científico y social del país.

El Tecnológico Nacional de México representa la máxima expresión de este modelo educativo, al constituirse como la institución de educación superior tecnológica más grande de México y una de las más relevantes de América Latina. De acuerdo con datos institucionales, el Tecnológico Nacional de México cuenta con más de 250 campus distribuidos en las 32 entidades federativas, lo que le permite atender a una matrícula superior a los 600 mil estudiantes, lo que representa aproximadamente 40 por ciento de la matrícula nacional en ingeniería y tecnología. Esta cobertura territorial lo posiciona como un instrumento clave para garantizar el acceso equitativo a la educación superior, especialmente en regiones con menor desarrollo económico.

Asimismo, el Tecnológico Nacional de México desempeña un papel central en la formación de capital humano especializado, ya que cada año egresan de sus aulas decenas de miles de profesionistas en áreas estratégicas como ingeniería industrial, tecnologías de la información, energías renovables, mecatrónica y desarrollo sustentable. Se estima que uno de cada tres ingenieros en México ha sido formado en alguna de las instituciones que integran este sistema, lo que evidencia su impacto directo en la estructura productiva del país.

Esta contribución resulta particularmente relevante si se considera que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los sectores industriales y tecnológicos aportan más de 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre la educación tecnológica y el crecimiento económico.

El modelo educativo del Tecnológico Nacional de México se caracteriza por su vinculación con el sector productivo, lo que se traduce en altos niveles de empleabilidad de sus egresados. Diversos estudios han señalado que una proporción significativa de sus egresados se incorpora al mercado laboral en los primeros seis meses posteriores a la conclusión de sus estudios, particularmente en industrias manufactureras, automotrices, energéticas y de servicios tecnológicos. Además, la institución participa activamente en proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, colaborando con empresas y organismos públicos para generar soluciones a problemáticas concretas del país.

El reconocimiento a instituciones educativas en el Muro de Honor cuenta con precedentes dentro del Congreso de la Unión, lo que evidencia una práctica parlamentaria orientada a destacar a aquellas entidades que han contribuido al desarrollo nacional desde el ámbito del conocimiento. En este sentido, la inscripción del Tecnológico Nacional de México resulta congruente con dichos antecedentes, al tratarse de una institución que ha incidido de manera directa en la transformación social y económica del país. Su presencia en todo el territorio nacional ha permitido reducir brechas educativas, fomentar la movilidad social y fortalecer las capacidades productivas en regiones estratégicas.

Por otro lado, es importante destacar que el Tecnológico Nacional de México no sólo tiene un impacto cuantitativo, sino también cualitativo. Su contribución a la innovación se refleja en el número creciente de proyectos de investigación, patentes y desarrollos tecnológicos generados por su comunidad académica. Asimismo, ha sido un actor clave en la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo tecnológico y la formación de talento especializado, lo que lo posiciona como un aliado estratégico del Estado mexicano en la construcción de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento.

En el contexto global actual, caracterizado por la acelerada transformación digital, la automatización de procesos productivos y la transición hacia economías basadas en la innovación, la educación tecnológica adquiere una relevancia aún mayor. Organismos internacionales han señalado que el crecimiento económico de los países está directamente vinculado con su capacidad para formar capital humano altamente calificado en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En este sentido, el Tecnológico Nacional de México se erige como una institución fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI, al preparar a las nuevas generaciones para integrarse a un entorno global altamente competitivo.

El reconocimiento del Tecnológico Nacional de México mediante su inscripción en el Muro de Honor no sólo constituye un acto simbólico, sino también un mensaje político e institucional sobre la importancia de la educación como motor del desarrollo nacional. Este acto reconoce la labor de millones de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores que han contribuido, desde las aulas y los laboratorios, a la construcción de un país más justo, competitivo e innovador. Asimismo, fortalece la identidad nacional al visibilizar el papel de la educación tecnológica en la historia y el futuro de México.

En suma, la inscripción del Tecnológico Nacional de México en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, representa un reconocimiento justo y necesario a una institución que ha transformado la vida de cientos de miles de mexicanos y que ha sido pieza clave en el desarrollo económico, científico y social del país. Se trata de una decisión que honra el pasado, reconoce el presente y proyecta el futuro de México hacia una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la igualdad de oportunidades.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, integrantes de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tecnológico Nacional de México

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro “Tecnológico Nacional de México”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- Cámara de Diputados. Compilación de inscripciones en el Muro de Honor. consultado en: www.diputados.gob.mx

- Cámara de Diputados. Boletines de comunicación social sobre el Muro de Honor. consultado en: www5.diputados.gob.mx

- Tecnológico Nacional de México. Información institucional y estadística. consultado en: www.tecnm.mx

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicadores económicos y educativos. consultado en: www.inegi.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputados: Humberto Ambriz Delgadillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Uno de los pilares fundamentales de todo estado democrático y constitucional de derecho es la seguridad jurídica hacía los particulares. El feminicidio es un delito que agravia sensiblemente a la sociedad mexicana. Actualmente, el ilícito está regulado de diferente manera por cada entidad federativa, provocando con ello la existencia de pluralidad de sanciones aplicables a un mismo tipo penal. Hoy, el común denominador de este delito, es que se sancione con pena de prisión que va de 40 a 60 años con multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, pero aún existen estados que lo regulan con sanciones menores que van desde los 25 años de prisión como mínimo, a los 50 años de prisión como pena máxima, lo que ha provocado discrepancias en el modo de sancionar el delito y en modo negativo, la percepción general de justicia. Así, el objetivo de esta iniciativa es homologar a nivel nacional el parámetro básico o mínimo del quantum aplicable a la pena por este delito, para que no quede impune y pueda sancionarse de acuerdo con su gravedad.

Exposición de Motivos

El 25 de cada mes se conmemora de forma permanente el “día naranja”, como parte de las políticas internacionales para la eliminación de la violencia contra la mujer. Una fecha creada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objeto de concientizar a las comunidades del orbe, sobre la importancia de erradicar conductas indeseables que afectan la integridad de las mujeres en el mundo, especialmente el feminicidio.

El tema es de relevancia mundial, pues la violencia contra las mujeres no es exclusiva de un país o región, sino que se presenta en diferentes latitudes y sectores de la sociedad. Por esa razón, la comunidad internacional ha emitido varias convenciones con el ánimo de erradicar ese tipo de conductas, tales como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belém Do Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras.

Justamente, en el primero de los citados ordenamientos, se establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y que, entre otras obligaciones, los estados parte deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y tomar todas las medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

Asimismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para el 2030, emitida por la ONU, se advierte la Meta 5.2, que consiste en: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado...”,1 con lo que se refrenda el compromiso y preocupación que la comunidad internacional tiene para eliminar este tipo de prácticas.

En ese contexto, el Estado mexicano expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la que establece, en sus artículos 2o. y 49, fracción XXIV, que la federación, las entidades federativas y los municipios, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Así, de entre los diversos tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, la más grave es la feminicida, que es definida en el artículo 21 de dicho ordenamiento de la siguiente manera: “Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.

No obstante, la existencia de un marco normativo nacional y la regulación generalizada del ilícito en todos los códigos penales de las entidades federativas, actualmente México sigue presentando cifras serias en cuanto a la violencia feminicida. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de septiembre de 2024, van 598 feminicidios cometidos.2 Y en los últimos cinco años, se han presentado más de 4 mil 321 casos.3

En este contexto, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias ha sufrido dos reformas. En la primera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012,4 se estableció que la penalidad para el delito de feminicidio sería la establecida en el Código Penal Federal, a fin de asegurar la tipicidad de dicho ilícito en todo el territorio nacional; sin embargo, ello creó un desfase legislativo, pues se limitó el poder de las entidades federativas para establecer penas más altas dependiendo de las circunstancias propias de su entorno, por lo que el 29 de abril de 20225 se publicó una nueva reforma en el Diario Oficial de la Federación, para establecer que en los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva, dejando con ello abierta la posibilidad de que los congresos locales pudieran imponer penas mayores a ese delito.

No obstante, uno de los reclamos más constantes de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de analizar el tema, es que el delito de feminicidio no está homologado en toda la República Mexicana, empezando por el quantum de la pena, pues hay estados en donde la sanción es muy baja.

Prueba de ello, es el siguiente cuadro donde se advierten las penas establecidas por cada entidad federativa para el delito de feminicidio:

Cuadro comparativo

Sanciones aplicables al delito de feminicidio en los estados de la República Mexicana

De la información anterior, destaca que 50 por ciento de los códigos penales estatales prevén, como pena, la prisión de 40 a 60 años, por lo que ésta puede considerarse el común denominador a nivel nacional.

Asimismo, que nueve entidades federativas (Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas) tienen sanciones de baja penalidad en comparación con la media nacional, yendo de los 25 a los 50 años de prisión, que tres entidades federativas (Campeche, Nuevo León y Sonora) tienen sanciones medias-altas (de 45 a 60 de prisión), y cinco entidades federativas (Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Veracruz) tienen sanciones altas (superiores a los 60 años).

De lo anterior se aprecia que no hay uniformidad en cuanto a las sanciones impuestas por el delito de feminicidio, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para el inculpado como para las víctimas, pues mientras que, en ciertos estados se puede imponer la pena de prisión de 40 a 70 años, en otra entidad como Yucatán la pena va de 30 a 45 años máximo. De ahí que resulta incongruente que en ciertas entidades el máximo de la pena a imponer sea apenas el mínimo de otras, cuando el delito tiene las mismas repercusiones y crea el mismo daño a la víctima y sus familiares.

Aunado a ello, si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la llamada competencia residual o excluyente a favor de los estados de la República Mexicana, irrogándoles competencia en todas aquellas materias que no sean competencia de la federación, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis P. VII/2007, estableció:

“Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional . La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales”.7

Por lo que, al ser la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, una ley general, es decir, aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano, es que la adecuación de este ordenamiento no afecta la esfera competencia de los congresos locales.

En tal virtud, la propuesta de iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

En los casos de feminicidio se aplicarán las penas previstas en la legislación penal sustantiva, cuyo parámetro de sanción no podrá ser inferior a 40 años de prisión y mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Los congresos locales de las entidades federativas tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para adecuar sus legislaciones penales sustantivas y considerar en la penalidad del delito de feminicidio los parámetros mínimos de sanción establecidos en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas

1 Consultable en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-genera l-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 18/11/2024 13:53 hrs.

2 Consultable en: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Información sobre Violencia contra las Mujeres https://drive.google.com/file/d/1-yrAi8X3q9rUa2ziHxsDkO6w1HTWl2OO/view 18/11/2024 17:00 hrs.

3 Ídem.

4 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/ 2012#gsc.tab=0

5 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650590&fecha=29/04/ 2022#gsc.tab=0

6 Unidad de Medida y Actualización (UMA)

7 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/17273918/11/2024 19:34 hrs.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Que reforma los artículos 12 y 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 12 y la fracción IV del artículo 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El derecho a la movilidad requiere, para su pleno ejercicio, que se cumpla con el principio de accesibilidad. Éste, a su vez, sólo es posible cuando los medios de transporte son asequibles, es decir, que su coste no sea una barrera para su disfrute y ejercicio. Por comodidad, eficiencia y seguridad, diversos usuarios de las vías generales de comunicación (carreteras) deciden circular por aquellas sujetas a una concesión, sin embargo, los costos por usar dichas vialidades rebasan el ingreso promedio mensual de una persona, llegando a niveles que son inaccesibles para muchas familias. Por lo que se propone que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implemente programas de descuento temporal en las tarifas de las concesiones en carreteras de cuota o peaje, durante periodos vacacionales o de alta afluencia vehicular, a fin de disminuir la carga económica de las familias vacacionistas y facilitar sus traslados en un entorno de plena movilidad.

Exposición de Motivos

1. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y reconoce el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha definido a la movilidad como el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral que les permita el efectivo desplazamiento en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.1

Asimismo, señaló que el derecho a la movilidad tiene tanto una dimensión individual como una dimensión colectiva. En su dimensión individual, el derecho a la movilidad se traduce en la posibilidad que tiene cada persona de decidir libremente tanto sus movimientos como la manera de desarrollarlos, mientras que, en su dimensión colectiva, supone el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de varias formas de movilidad, que respondan a diversos modos de vida, y que permitan la satisfacción de necesidades.2

2. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en sus artículos 4, fracción I; 9 y 13, establecen que la movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia.

Así como que dicho derecho se rige por el principio de accesibilidad , que implica garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones , restricciones físicas, culturales, económicas.

De esta manera, como una extensión del principio de accesibilidad, la movilidad debe estar al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación de género, edad, discapacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna.

De igual forma, el artículo 14, fracción IV, de la misma ley, refiere que las leyes y reglamentos en la materia contendrán las previsiones necesarias para garantizar, entre otras cosas, que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de difícil acceso, así como en los territorios insulares contemplen las rutas y los servicios más seguros, incluyentes, accesibles y asequibles para las personas.

Por lo tanto, la asequibilidad (entendida como la posibilidad de conseguir o pagar algo, es decir, tener acceso a bienes, servicios o derechos, asegurando que su coste no sea una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales, tales como la vivienda, el agua o la educación) es un elemento fundamental en la ejecución del principio de accesibilidad, pues permite garantizar que cualquier persona, sin importar su condición económica, pueda usar y disfrutar plenamente de los diversos medios de transporte y movilidad que ofrece el Estado y el mercado.

3. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan y que las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Por su parte, el artículo 3o., fracción II, en relación con el diverso 7, fracción XI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales, establecen que son bienes nacionales los de uso común, entre los que encuadran los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, y que para su aprovechamiento especial se requiere concesión.

Asimismo, los artículos 2, fracción I; 3, 5, fracción VIII, y 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establecen que existen caminos o carreteras que en su totalidad o, en su mayor parte, sean construidos por la federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, mismas que son parte de las vías generales de comunicación, incluidos los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que las integran, que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene, entre sus atribuciones, establecer las bases generales de regulación tarifaria, y que se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

4. Que por comodidad, eficiencia y seguridad, diversos usuarios de las vías generales de comunicación (carreteras) deciden circular por aquellas sujetas a una concesión, coloquialmente conocidas como “de cuota, paga o peaje”. Para tal efecto, deben cubrir el monto de la tarifa que le resulte aplicable dependiendo de la extensión de la vialidad y del tipo de vehículo a circular. Tarifa que es fijada por el Poder Ejecutivo de la federación, a través de la SICT.

De acuerdo con el documento Estadística mensual del sector infraestructura, comunicaciones y transportes , correspondiente a diciembre 2025, en el país hay 11 mil 496 caminos de cuota.3 Asimismo, hay un tránsito diario promedio anual de un millón 646 mil 167 vehículos, de los cuales un millón 126 mil 13 son automóviles; 51 mil 636 autobuses y 468 mil 519 son camiones. En cuanto a los ingresos, la autoridad reportó que, en promedio, el cruce de unidades genera alrededor de 122 mil 860 millones de pesos diarios.4

Dichas cifras aumentan significativamente en periodos vacacionales, con incrementos de tráfico que suelen reportarse en torno a 8.8 a 12 por ciento por encima del promedio diario en diversos tramos carreteros. En puntos de alto flujo, como la autopista 57, el aumento puede ser drástico, alcanzando hasta 70 por ciento. Por ejemplo, el organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) prevé un aforo de 67 millones de cruces vehiculares, lo que representa un promedio de 1.29 millones diario.5

5. Si bien los gastos por pago de casetas son variables, de acuerdo con la herramienta de internet de la SICT “traza tu ruta”, los costos por usar este tipo de vialidades oscilan entre los 250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para viajes cortos, como en la carretera México-Querétaro o la México Puebla, lo que implica un gasto promedio de 500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) de ida y vuelta; hasta alcanzar los mil 500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para viajes más largos, especialmente con destino de playa, como México-Acapulco o México-Ixtapa, llegando a gastar más de 3 mil (tres mil pesos 00/100 M.N.) por el viaje completo de ida y vuelta.6

Todo ello, sumado al gasto por gasolina, comidas, hospedaje y entretenimiento, puede llegar a generar gastos generales en periodo vacacional de 25 mil (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) o más en promedio para cada familia.7

Ello es un contraste muy drástico considerando que el ingreso promedio en México es de 7 mil 674 pesos mensuales por persona; 11 mil 549 pesos los profesionistas y 25 mil 955 pesos por hogar al trimestre.8

6. Por lo expuesto, es que la presente iniciativa tiene por finalidad establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que la SICT podrá implementar programas de descuento temporal en las tarifas de las concesiones en carreteras de cuota o peaje, durante periodos vacacionales o de alta afluencia vehicular, a fin de disminuir la carga económica de las familias vacacionistas y facilitar sus traslados en un entorno de plena movilidad accesible y asequible.

En tal virtud, la propuesta de iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 12 y la fracción IV del artículo 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforma el artículo 12 y la fracción IV del artículo 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 12. La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte estrictamente necesario, de conformidad con los reglamentos respectivos. Asimismo, podrá implementar programas de descuento temporal en las tarifas durante periodos vacacionales o de alta afluencia vehicular ”.

“Artículo 15. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. a III. ...

IV. Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, considerando lo previsto en el artículo 12 de esta Ley ;

V. a IX. ...”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase: Registro digital: 2027627, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 70/2023 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, noviembre de 2023, Tomo III, página 2350, Tipo: Jurisprudencia, rubro: “DERECHO A LA MOVILIDAD. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y COLECTIVA”

2 Ídem.

3 Véase: Estadística Mensual del Sector Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT,
https://micrs.sct.gob.mx/images/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2025/CI_Diciembre-2025.pdf

4 Ídem.

5 Véase: https://www.tyt.com.mx/nota/capufe-preve-67-millones-de-cruces-vehicula res-en-las-vacaciones-de-verano-2025

6 Véase: https://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRut a

7 Véase: https://www.elimparcial.com/dinero/2026/03/24/vacaciones-de-semana-sant a-costaran-165-mas-familias-gastaran-hasta-25000-en-viajes-salidas-y-ac tividades-estima-anpec/

8 Véase: INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/
10073#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20un%20hogar%20tiene%20un%20ingreso,as%C3%AD%20como%20transporte
%20y%20comunicaciones%20(19.5%20%25).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputado Yericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La expansión de sistemas de inteligencia artificial generativa ha permitido crear, alterar o simular imágenes, audios y videos con un alto grado de realismo. Entre sus usos más lesivos se encuentra la elaboración de contenido sexual a partir de fotografías, videos, voz o rasgos biométricos de personas reales sin su consentimiento, práctica que vulnera la dignidad, la vida privada, la propia imagen, la integridad psicoemocional y la autodeterminación informativa de las víctimas. La Constitución protege estos bienes jurídicos al establecer que la manifestación de las ideas no puede atacar la vida privada o los derechos de terceros, y al reconocer expresamente el derecho a la protección de datos personales.1

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México (Unicef, por su sigla en inglés) publicó un artículo denominado IA y deepfakes: nuevos riesgos de violencia sexual contra la niñez. El impacto de la inteligencia artificial en la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes ”.2

En el cual se aborda una de las principales problemáticas que se enfrentan respecto de las nuevas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial y los riesgos que ésta representa para el interés superior de la niñez.

Y es que en las últimas semanas el escenario internacional vio cómo las distintas inteligencias artificiales que existen incrementaron de manera dramática la creación de imágenes y contendidos sexuales explícitos, en los cuales incluyen imágenes de niñas y niños, así como también a personas cercanas o conocidas.

Comparto algunos fragmentos de la publicación antes mencionada por Unicef para poder dimensionar el problema.

“La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) ha transformado muchas áreas de nuestra vida digital, desde la educación hasta la comunicación. Sin embargo, también ha generado nuevos retos críticos, especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Entre estos retos, uno de los más alarmantes y graves es el uso de herramientas de IA para crear contenidos falsos (como los llamados deepfakes ), que representan una forma de violencia sexual digital con consecuencias reales y dañinas para la infancia y la adolescencia”.

Aquí podemos darnos cuenta que este fenómeno ya cuenta con una denominación a la cual se refieren como “deepfakes ” ésta es observada en todo el mundo y se conceptualizan de la siguiente manera.

“Los deepfakes son imágenes, videos o audios generados o manipulados mediante inteligencia artificial con apariencia de realidad. Originalmente utilizados para entretenimiento o efectos visuales, su uso se ha sofisticado rápidamente y ahora se emplean para crear contenidos falsos que parecen reales, incluyendo materiales de abuso sexual infantil”.

La cantidad de niñas y niños afectados es por demás alarmante y podría alcanzar a toda la población infantil si no se realizan acciones de prevención y sanción de manera inmediata.

“Un estudio internacional liderado por Unicef, ECPAT e Interpol encontró que al menos 1.2 millones de niños y niñas en 11 países, entre ellos México, reportaron haber sido afectados por manipulaciones de sus imágenes mediante deepfakes con contenido sexual explícito en el último año. En algunos contextos, esto equivale a 1 de cada 25 niñas o niños en un salón de clases típico”.

Debe quedar claro que la IA puede crear imágenes y videos de sexo explícito de cualquier persona y de cualquier edad, quien sea víctima de uno de esto videos creados por la IA puede sufrir consecuencias de diferentes tipos, sin embargo, tratándose de niñas, niños y adolescentes las afectaciones se multiplican de manera exponencial.

“Aunque la generación de estas imágenes no utilice material original de la víctima, el impacto en niñas, niños y adolescentes puede ser profundo y duradero. Entre los efectos documentados están:

- Aislamiento emocional y daño psicológico, incluso años después de la difusión.

- Estigma y vergüenza social, que pueden afectar la vida escolar y personal.

- Extorsión o amenazas, cuando la creación de contenido falso se usa para presionar a la víctima o a su entorno.

Además, los propios niños y niñas están conscientes de este riesgo: en algunas encuestas, hasta dos terceras partes expresaron preocupación de que la IA pudiera usarse para falsificar imágenes o videos suyos con fines sexuales”.

Para dar una inmersión en el tema de manera frontal se cita al periódico El País que publicó un artículo que aborda lo sucedido a finales de 2025 y principios de 2026.

“El Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCCDH, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves, junto a The New York Times , un estudio sobre las imágenes que generó Grok, la IA de Elon Musk, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero.

El resultado: los usuarios que usaron esa herramienta crearon una imagen sexualizada cada 41 segundos durante once días.

En conjunto, se trataría de tres millones de imágenes de contenido sexual explícito, de las que al menos 23 mil mostraban a menores. Son 190 por minuto”.3

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión4 ya contiene bases normativas para intervenir en esta materia. Su artículo 1 señala que la ley regula telecomunicaciones, radiodifusión, derechos de usuarios y audiencias; el artículo 3 define a la plataforma digital como el servicio digital que prestan intermediarios a través de Internet para ofrecer, proveer, comercializar o intermediar contenidos; el artículo 209 reconoce facultades de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos y publicidad, incluso respecto de plataformas digitales; y los artículos 281 y 292 prevén sanciones por infracciones en materia de contenidos audiovisuales y publicidad. Sin embargo, la ley todavía no contiene una prohibición expresa del contenido sexual sintético no consentido generado con inteligencia artificial.

La necesidad de esta reforma es aún más evidente si se considera que el marco federal ya reconoce esta problemática en normas paralelas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias5 define la violencia digital como la difusión o compartición de imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento, y autoriza a la autoridad ministerial o judicial a ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación del contenido. Por su parte, el Código Penal Federal sanciona tanto la elaboración de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento como la difusión de material íntimo que no corresponde con la persona identificada en el mismo.

Esta iniciativa busca cerrar el vacío existente en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para impedir que concesionarios, programadores, operadores de señales y plataformas digitales produzcan, transmitan, difundan, alojen, comercialicen o promuevan contenido sexual sintético no consentido generado con inteligencia artificial a partir de personas reales. Asimismo, se establecen mecanismos expeditos de retiro, preservación de evidencia digital y sanciones específicas. Para una mejor identificación de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo.

Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

En atención a lo anterior expuesto, acudo a esta soberanía para someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adicionan las fracciones I Bis, I Ter y I Quáter al artículo 3; se reforma la fracción XI del artículo 209; se adicionan los artículos 232 Bis y 232 Ter; se adiciona una fracción IX Bis al artículo 250; y se reforman las fracciones II y III del artículo 292 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. ...

I. Bis. Contenido sexual sintético no consentido: todo material de audio, imagen fija, video o audiovisual, total o parcialmente generado, alterado, manipulado, recreado o modificado mediante sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, técnicas de síntesis digital, edición automatizada o cualquier otra herramienta tecnológica, que represente desnudez real o aparente, actos de naturaleza sexual o partes íntimas del cuerpo, utilizando la imagen, voz, rasgos faciales, datos biométricos o cualquier otro elemento identificable de una persona real, sin su consentimiento expreso, previo, informado, específico y verificable;

I. Ter. Persona identificable: aquella que pueda ser reconocida directa o indirectamente a partir de su imagen, voz, rasgos físicos o faciales, datos biométricos, nombre, alias, contexto de difusión o cualquier otro elemento razonablemente apto para individualizarla, y

I. Quáter. Sistemas de inteligencia artificial generativa: los modelos, programas, aplicaciones o herramientas tecnológicas capaces de producir, modificar o sintetizar audio, imagen, video, texto u otros contenidos digitales a partir de datos, instrucciones, patrones o entrenamiento automatizado.

II. a LXXXI. ...

Artículo 209. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a VIII. ...

XI. Vigilar y supervisar que la publicidad que se transmita mediante servicios de radiodifusión, de televisión o audio restringidos y en plataformas digitales, no contravenga las disposiciones previstas en el artículo 232 de esta Ley; asimismo, vigilar y supervisar el cumplimiento de las prohibiciones y obligaciones establecidas en los artículos 232 Bis y 232 Ter de esta Ley. En caso de advertir incumplimiento o cuando medie solicitud u orden de autoridad competente, la Secretaría de Gobernación ordenará, de manera precautoria y previo apercibimiento, la suspensión inmediata de la transmisión, distribución, promoción, acceso o puesta a disposición del contenido, sin perjuicio de dar vista a las autoridades competentes, y

XII. ...

...

Artículo 232 Bis. Queda prohibido a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, a los programadores, operadores de señales y a las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional:

I. Producir, reproducir, alterar, manipular, recrear, generar, transmitir, distribuir, difundir, ofertar, alojar, comercializar, publicitar o poner a disposición contenido sexual sintético no consentido;

II. Monetizar, promocionar, recomendar algorítmicamente o amplificar la circulación de contenido sexual sintético no consentido, y

III. Proveer, ofrecer o facilitar herramientas, funciones o servicios específicamente dirigidos a generar contenido sexual sintético no consentido a partir de fotografías, videos, audios o datos biométricos de personas reales, cuando no se acredite el consentimiento expreso, previo, informado, específico y verificable de la persona titular de la imagen, voz o identidad digital utilizada.

Tratándose de niñas, niños o adolescentes, la prohibición prevista en este artículo será absoluta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y en materia de protección de datos personales a que haya lugar.

Artículo 232 Ter. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo anterior deberán:

I. Habilitar mecanismos accesibles, gratuitos, visibles, permanentes y expeditos de denuncia para reportar contenido sexual sintético no consentido;

II. Atender de manera inmediata las órdenes emitidas por autoridad competente para la interrupción, bloqueo, desindexación, destrucción, eliminación o suspensión del acceso al contenido denunciado;

III. Resolver, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, las denuncias presentadas por la persona afectada o por su representante legal, cuando se aporten elementos razonables para identificar el contenido denunciado y su localización digital;

IV. Preservar por noventa días naturales, o por el plazo mayor que determine la autoridad competente, los datos de trazabilidad, metadatos, registros de carga, difusión y monetización del contenido denunciado, para efectos de investigación y procuración de justicia;

V. Adoptar medidas razonables y proporcionales para evitar la reaparición, redistribución o republicación del contenido previamente retirado o bloqueado;

VI. Notificar de manera fundada al usuario que hubiere subido o difundido el contenido, informándole sobre la medida adoptada y el medio interno de aclaración, sin que ello suspenda la medida de protección otorgada a la víctima, y

VII. Contar con políticas claras de prohibición, moderación y baja de contenido sexual sintético no consentido, así como con personal o sistemas adecuados para su atención prioritaria.

Artículo 250. ...

Son derechos de las audiencias:

I. a IX. ...

IX Bis. A que no se transmitan, distribuyan o promocionen, por los concesionarios sujetos a esta Ley, contenidos sexuales sintéticos no consentidos que utilicen la imagen, voz o elementos identificables de personas reales, y

IX. ...

Artículo 292. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, la publicidad y propaganda establecida en el artículo 232 de la Ley, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo siguiente:

I. ...

II. Con apercibimiento por una sola vez o multa por el equivalente de 0.76 por ciento hasta 2.5 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado, programador o plataforma digital, por:

a) ...

b) Exceder del tiempo de duración en la transmisión de patrocinios tratándose de concesionarios de uso público;

c) No atender a la clasificación y sus categorías descriptivas conforme a lo que establece esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, o

d) Incumplir las obligaciones previstas en el artículo 232 Ter de esta Ley.

III. ...

a) ...

b) Recibir patrocinios en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

c) Incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 232 de la Ley;

d) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 232 Bis de esta Ley, o

e) Reincidir en el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 232 Ter.

Tratándose de infracciones a los artículos 232 Bis y 232 Ter, la Secretaría de Gobernación podrá ordenar, como medida precautoria, la suspensión inmediata de la transmisión, distribución, promoción, acceso o puesta a disposición del contenido, así como dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de protección de datos personales.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán emitir o adecuar las disposiciones administrativas, lineamientos y criterios técnicos necesarios para la aplicación del presente decreto en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se integra el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, corresponderá al Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercer las atribuciones que procedan conforme al régimen transitorio vigente.

Tercero. Los concesionarios, programadores, operadores de señales y plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en territorio nacional deberán adecuar sus mecanismos de denuncia, atención, preservación de evidencia y retiro de contenidos en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la emisión de los lineamientos referidos en el transitorio anterior.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

2 https://www.unicef.org/mexico/historias/ia-y-deepfakes-nuevos-riesgos-d e-violencia-sexual-contra-la-ni%C3%B1ez

3 https://elpais.com/tecnologia/2026-01-22/los-usuarios-de-grok-generaron -tres-millones-de-imagenes-sexualizadas-en-x-en-11-dias-incluidas-mas-d e-23000-de-menores.html.

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmtr.htm.

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

El desarrollo reciente de herramientas de inteligencia artificial generativa ha hecho posible crear imágenes, audios y videos falsos con apariencia altamente realista a partir de fotografías, videograbaciones, voz, rasgos faciales o cualquier otro elemento identificable de una persona real. En el ámbito sexual, estas tecnologías permiten fabricar material íntimo o pornográfico falso, pero verosímil, sin consentimiento de la persona afectada, lesionando su dignidad, su intimidad, su imagen, su seguridad, su salud psicoemocional y su libre desarrollo de la personalidad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México (Unicef, por su sigla en inglés) publicó un artículo denominado, IA y deepfakes: nuevos riesgos de violencia sexual contra la niñez. El impacto de la inteligencia artificial en la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes ”.1

Comparto algunos fragmentos de la publicación antes mencionada por Unicef para poder dimensionar el problema.

La cantidad de niñas y niños afectados es por demás alarmante y podría alcanzar a toda la población infantil si no se realizan acciones de prevención y sanción de manera inmediata.

“Un estudio internacional liderado por Unicef, ECPAT e Interpol encontró que al menos 1.2 millones de niños y niñas en once países, entre ellos México, reportaron haber sido afectados por manipulaciones de sus imágenes mediante deepfakes con contenido sexual explícito en el último año. En algunos contextos, esto equivale a 1 de cada 25 niñas o niños en un salón de clases típico”.

- Aislamiento emocional y daño psicológico, incluso años después de la difusión.

- Estigma y vergüenza social, que pueden afectar la vida escolar y personal.

- Extorsión o amenazas, cuando la creación de contenido falso se usa para presionar a la víctima o a su entorno.

Para dar una inmersión en el tema de manera frontal se cita al periódico El País que publicó un artículo que aborda lo sucedido a finales de 2025 y principios de 2026.

“El Centro para contrarrestar el Odio Digital (CCCDH, por su sigla en inglés) ha publicado este jueves, junto a The New York Times , un estudio sobre las imágenes que generó Grok, la IA de Elon Musk, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero.

El resultado: los usuarios que usaron esa herramienta crearon una imagen sexualizada cada 41 segundos durante once días.

En conjunto, se trataría de tres millones de imágenes de contenido sexual explícito, de las que al menos 23 mil mostraban a menores. Son 190 por minuto”.2

Nuestra Carta Magna3 reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, así como el deber estatal de garantizar una vida libre de violencias, con deberes reforzados de protección hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños.

El Código Penal Federal4 ya contiene bases relevantes en esta materia. El artículo 199 Octies sanciona a quien divulgue contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento y también a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore ese tipo de material sin autorización. El artículo 199 Nonies prevé la misma sanción cuando las imágenes, videos o audios no correspondan con la persona identificada en ellos. El artículo 199 Decies agrava la pena en ciertos supuestos, y el artículo 202 sanciona la pornografía de personas menores de dieciocho años o de personas que no pueden comprender o resistir el hecho. Sin embargo, el texto vigente no menciona de manera expresa la generación, alteración, simulación, clonación o recreación de contenido sexual mediante inteligencia artificial a partir de fotos o videos de personas reales, lo que hace conveniente cerrar el vacío interpretativo mediante una reforma puntual.

Esta iniciativa propone reformar los artículos 199 Octies y 199 Nonies para incorporar expresamente la generación o manipulación sexual sintética no consentida mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología análoga. Asimismo, se reforma el artículo 202 para proteger de manera expresa a personas menores de edad y a personas que no puedan comprender el significado del hecho o resistirlo cuando se utilicen sus fotografías, videos, voz o elementos identificables para fabricar material pornográfico falso o simulado.

Para una mejor identificación de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo.

Código Penal Federal

En atención a lo anterior expuesto, acudo a esta soberanía para someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 199 Octies; se reforma el artículo 199 Nonies; se adiciona una fracción VII al artículo 199 Decies; y se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 202 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique, trasmita o comercialice imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Asimismo, comete este delito quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima, elabore, genere, altere, manipule, modifique, simule, clone, recree o produzca, total o parcialmente, imágenes, videos o audios con contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización.

Estos supuestos aplicarán también cuando para ello utilice fotografías, videograbaciones, audios, voz, rasgos faciales, rasgos físicos, datos biométricos o cualquier otro elemento identificable de una persona real, mediante el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático, síntesis digital o cualquier otro medio tecnológico.

Estas conductas se sancionarán con una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 199 Nonies. Se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, generen, alteren, simulen, clonen, reproduzcan o pongan a disposición no correspondan con la persona que es señalada, nombrada, identificada o razonablemente identificable en los mismos, incluyendo cuando el contenido haya sido creado total o parcialmente mediante inteligencia artificial o cualquier otro medio tecnológico.

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos, describirlos o utilizarlos para crear, generar, alterar, manipular, simular, clonar o recrear material sexual o pornográfico mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.

A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme, describa, elabore, genere, altere, manipule, simule, clone, recree o modifique actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen, aparezcan o sean representadas una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, incluyendo el uso de fotografías, videos, audios, voz, rasgos faciales, datos biométricos o cualquier otro elemento identificable de una persona real, se le impondrá la pena de ocho a catorce años de prisión y de mil a tres mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe, exporte o ponga a disposición el material a que se refieren los párrafos anteriores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/historias/ia-y-deepfakes-nuevos-riesgos-d e-violencia-sexual-contra-la-ni%C3%B1ez.

2 https://elpais.com/tecnologia/2026-01-22/los-usuarios-de-grok-generaron -tres-millones-de-imagenes-sexualizadas-en-x-en-11-dias-incluidas-mas-d e-23000-de-menores.html.

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2026.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputado Yericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acelerado desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa ha permitido crear imágenes, audios y videos sintéticos con apariencia realista a partir de fotografías, videograbaciones, voz, rasgos faciales, datos biométricos y otros elementos identificables de personas reales. Una de las manifestaciones más lesivas de esta tecnología es la producción de contenido íntimo o sexual no consentido, práctica que vulnera de manera directa la dignidad humana, la privacidad, la autodeterminación informativa, el derecho a la propia imagen y la integridad psicoemocional de las víctimas. La afectación no surge únicamente con la difusión del contenido, sino desde el momento mismo en que los datos personales de una persona son utilizados para generar, alterar, simular o recrear material sexual sin autorización.