Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a remover de sus cargos a diversos funcionarios de la SRE, por su omisión sistemática y su falta de acciones contundentes para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, a la CNBV y al Banxico a garantizar el reconocimiento pleno y sin restricciones de la credencial para votar expedida en el extranjero como identificación oficial válida en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a garantizar atención y protección consular urgente e inmediata a todas y todos los mexicanos que se encuentren fuera del país y enfrenten redadas migratorias, detenciones u otras situaciones que vulneren sus derechos, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a reducir las altas tarifas de peaje que actualmente se cobran en la región de Los Altos de Jalisco, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a realizar las acciones necesarias a efecto de que se destinen los recursos suficientes para el reencarpetado y la rehabilitación integral de la carretera federal 80 en la totalidad del tramo que comprende a Los Altos de Jalisco, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar que para el próximo ejercicio fiscal se generen condiciones estructurales para apoyar el tránsito de bienes propiedad de las familias migrantes en el retorno a su país, a cargo del diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a adoptar medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento del Instituto Electoral del estado, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 congresos estatales y a la CDMX a instrumentar las acciones legislativas necesarias a efecto de establecer la entrada libre y gratuita a parques, deportivos, unidades deportivas y espacios públicos afines a estos, a cargo de la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a informar a la opinión pública sobre la situación de controladores aéreos en funciones y los accidentes que se han dado por errores humanos en este servicio aéreo, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a remover de sus cargos a diversos funcionarios de la SRE, por su omisión sistemática y su falta de acciones contundentes para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, y las y los diputados federales de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, a remover de sus cargos al embajador Esteban Moctezuma Barragán y al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, por su omisión sistemática y su falta de acciones contundentes para proteger a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, así como por el abandono de las responsabilidades diplomáticas y consulares a su cargo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno migratorio ha ido evolucionando de manera significativa desafiando las capacidades institucionales del Estado. Históricamente, México juega un papel estratégico en la materia como país de origen, tránsito y destino.

Con el incremento de las caravanas migrantes desde el 2018 y sumado al endurecimiento de las políticas migratorias de parte del gobierno estadounidense nuestro país debe asumir mayores responsabilidades en lo que respecta al control de los flujos migratorios irregulares, sin embargo, nuestro gobierno no ha podido contener la complejidad del fenómeno y, en lo que va del año esta situación está alcanzando niveles críticos, como ejemplo tenemos localidades como Tapachula, Chiapas que han llegado a un punto de saturación que deja en evidencia el colapso operativo en cuanto a la atención migratoria.

La magnitud de este colapso es tal que no solo se ha desbordado en los centros de alojamiento para las y los migrantes, sino también en la nula prestación de servicios de salud y seguridad.

Otra prueba de ello son las redadas masivas que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas está llevando a cabo contra las y los migrantes que habitan en los Ángeles, California, deteniendo y criminalizando hasta el momento más de 100 personas.

Se han registrado operativos dirigidos a comunidades enteras de migrantes, incluyendo a mujeres, adolescentes, niñas, niños y solicitantes de asilo que aún se encontraban en proceso de evaluación. Las deportaciones “exprés” derivadas de estas redadas han provocado un retorno forzado y desorganizado hacia la frontera norte de México, en condiciones de precariedad y sin mecanismos de coordinación binacional eficaces que solo ha generado un efecto de acumulación y hacinamiento en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, cuyos sistemas de albergue y atención humanitaria se encuentran actualmente colapsados o en riesgo de serlo.

En este contexto, resulta lamentable constatar el abandono institucional en el que se encuentran nuestros migrantes. Los funcionarios encargados de su defensa en el exterior han demostrado una profunda indiferencia y falta de resultados tangibles en medio de un contexto internacional cada vez más hostil hacia ellos.

De manera específica, el embajador Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo, han incurrido en una omisión grave frente al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, así como ante la amenaza de medidas fiscales que afectan directamente las remesas enviadas por nuestros compatriotas.

Estos funcionarios han adoptado una postura pasiva ante las graves afectaciones de los derechos humanos de las y los migrantes generando graves consecuencias en el territorio nacional, por ejemplo, las deportaciones aceleradas que han generado flujos de retorno desorganizados que llegan sin acompañamiento institucional, sin coordinación binacional y sin garantías mínimas de protección.

La ausencia de una política exterior activa y estratégica, así como de mecanismos de protección consular oportunos, no solo deja en estado de indefensión a miles de mexicanos en el exterior, sino que también transfiere de facto toda la carga del fenómeno migratorio a los gobiernos locales y a la sociedad civil organizada, quienes operan sin recursos suficientes ni respaldo normativo.

Esta omisión institucional representa una falla estructural en la defensa de los derechos de los mexicanos migrantes y en la gestión integral del fenómeno migratorio en su conjunto.

Por tal motivo, es urgente que el Ejecutivo federal tome medidas correctivas. No podemos permitir que los cargos diplomáticos y consulares se utilicen como premios políticos, ni que quienes los ocupan permanezcan inactivos mientras nuestros migrantes son criminalizados, ignorados o explotados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, a remover de sus cargos al embajador Esteban Moctezuma Barragán y al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, por su omisión sistemática y su falta de acciones contundentes para proteger a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, así como por el abandono de las responsabilidades diplomáticas y consulares a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, a la CNBV y al Banxico a garantizar el reconocimiento pleno y sin restricciones de la credencial para votar expedida en el extranjero como identificación oficial válida en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el reconocimiento pleno y sin restricciones de la credencial para votar expedida en el extranjero como identificación oficial válida en todo el territorio nacional. Lo anterior incluye instruir a las instituciones financieras para su aceptación en igualdad de condiciones que las emitidas en territorio nacional, así como reforzar campañas informativas, nacionales e internacionales, sobre su validez y establecer mecanismos eficaces de atención a quejas cuando dicha credencial no sea reconocida por instituciones públicas o privadas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y participación ciudadana en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha fortalecido sus mecanismos para que las y los mexicanos que residen en el exterior tengan la posibilidad de contar con una credencial para votar y así, ejercer su derecho al voto fuera del país. Esta credencial, expedida en consulados y embajadas, cuenta con los mismos elementos de seguridad, validez y reconocimiento que las emitidas dentro del territorio nacional, y constituye un avance significativo para la integración plena de las y los connacionales en el territorio nacional.

Sin embargo, a pesar de este avance normativo persisten obstáculos administrativos y de desconocimiento institucional que impiden el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de quienes han tramitado su credencial en el extranjero cuando se encuentran en México ya que se han enfrentado a la negativa por parte de instituciones bancarias, dependencias gubernamentales, entre otros lugares, para aceptar su credencial como identificación oficial válida, a pesar de estar vigente y debidamente activada.

Derivado de reuniones con mexicanas y mexicanos que radican en Chicago y sus alrededores, escuche sus testimonios respecto a que las credenciales para votar emitidas en el extranjero no les fueron aceptadas para distintos trámites bancarios o administrativos al regresar o visitar México.

Este tipo de situaciones no solo afectan el acceso a servicios básicos, sino que envían un mensaje de exclusión hacia una población que continúa participando activamente en la vida cívica y económica de nuestro país desde el exterior y resulta contrario a que, mientras el Estado mexicano reconoce el valor de las remesas como motor económico nacional y promueve el voto en el extranjero, se obstaculice el uso de la credencial del INE como medio de identificación al interior del país.

El artículo 35, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares, así como el artículo 133, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que será obligación del Instituto Nacional Electoral brindar las facilidades necesarias para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero formen parte del padrón electoral desde el extranjero y, el artículo 143 del mismo cuerpo normativo, el derecho a la expedición de su credencial para votar con fotografía.

Por su parte, el INE, mediante sus canales oficiales, ha confirmado que la credencial tramitada fuera del país tiene la misma validez y por tanto, la misma utilidad que las emitidas en territorio nacional, tanto para efectos de participación electoral como para uso como identificación oficial, por tal motivo, esta debe tener pleno reconocimiento por todas las autoridades e instituciones públicas y privadas en territorio mexicano, sin distinciones arbitrarias.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, para que instruyan a las instituciones financieras del país a aceptar en igualdad de condiciones las credenciales para votar emitidas en el extranjero por el Instituto Nacional Electoral, sin imponer restricciones arbitrarias relacionadas con el domicilio del titular o su país de residencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral para que refuerce sus campañas informativas, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la validez oficial de la credencial para votar expedida en el extranjero, y establezca mecanismos eficaces de atención y seguimiento a quejas cuando dicha credencial no sea aceptada por instituciones públicas o privadas dentro del territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a garantizar atención y protección consular urgente e inmediata a todas y todos los mexicanos que se encuentren fuera del país y enfrenten redadas migratorias, detenciones u otras situaciones que vulneren sus derechos, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Diego Ángel Rodríguez Barroso y las y los diputados federales de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya de manera inmediata a toda la red consular de México en el exterior a garantizar atención y protección consular urgente e inmediata a todas y todos los mexicanos que se encuentren fuera del país y enfrenten redadas migratorias, detenciones u otras situaciones que vulneren sus derechos, brindando para ello un servicio ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de asegurar una protección efectiva y permanente a nuestras comunidades migrantes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los recientes operativos migratorios y las crecientes medidas restrictivas adoptadas por diversas autoridades en países de destino, particularmente en los Estados Unidos de América mediante acciones que derivan en detenciones arbitrarias, separación de familias y un ambiente de vulnerabilidad, incertidumbre y miedo que lastima a nuestros connacionales pone en manifiesto la frágil política migratoria que mantiene el gobierno federal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las oficinas consulares, tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos de las y los migrantes en el exterior, otorgar apoyo humanitario, expedir documentación oficial y brindar orientación jurídica inmediata. Dicha atención debe ser efectiva, oportuna y permanente especialmente en países con alta concentración de migrantes.

Sin embargo, diversos testimonios, así como reportes de organizaciones especializadas en materia migratoria han evidenciado que los consulados mexicanos en el exterior enfrentan limitaciones operativas significativas que dificultan el cumplimiento eficaz de sus funciones, entre los cuales, se han identificado horarios de atención restringidos, insuficiencia de personal capacitado, procesos administrativos poco ágiles y una deficiente capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Estas condiciones han generado cuellos de botella en la prestación de servicios consulares que siguen afectando a nuestros connacionales que requieren asistencia urgente en contextos de detenciones, redadas migratorias u otras circunstancias que vulneran sus derechos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de operación de la red consular, así como de garantizar una atención permanente, oportuna y con enfoque de protección a los derechos humanos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha emitido declaraciones llamando a no criminalizar a las y los migrantes, lo cual, es insuficiente ante la gravedad de los hechos. Resulta necesario que el Poder Ejecutivo federal demuestre una postura más firme mediante acciones contundentes, no basta con declaraciones diplomáticas, por el contrario, se necesita garantizar inmediatamente que todos los consulados de México en el exterior operen con enfoque de urgencia, de derechos humanos y servicio 24/7 para proteger a nuestros compatriotas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya de manera inmediata a toda la red consular de México en el exterior a garantizar atención y protección consular urgente e inmediata a todas y todos los mexicanos que se encuentren fuera del país y enfrenten redadas migratorias, detenciones u otras situaciones que vulneren sus derechos, brindando para ello un servicio ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de asegurar una protección efectiva y permanente a nuestras comunidades migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a reducir las altas tarifas de peaje que actualmente se cobran en la región de Los Altos de Jalisco, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José Mario Iñiguez Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, reduzca las altas tarifas de peaje que actualmente se cobran en la región de Los Altos de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la red carretera federal concesionada es un pilar fundamental para la movilidad de personas y mercancías. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el país cuenta con 53,985 kilómetros de red federal de carreteras; de ellas, 43,371 kilómetros corresponden a carreteras libres de peaje y 10,614 a carreteras de cuota.1 A partir del 10 de enero del presente año, Caminos y Puentes Federales (Capufe); aplicó un aumento en las tarifas del peaje en múltiples autopistas del país.

La operación de las autopistas y puentes de cuota consiste en realizar de manera eficiente y oportuna el cobro de peaje a los usuarios que utilizan estas vías, por medio del pago en efectivo o medios electrónicos de pago.2 A lo largo de los años, el alza en el costo de este derecho ha sido sustancial; no así, el poder adquisitivo.

Dentro de las principales causas de los aumentos, señalan que estos se encuentran vinculados a la inflación, el aumento en los materiales de construcción como materiales fundamentales para el mantenimiento de las vías, lo que, según se justifica. Sin embargo, año con año las supuestas mejoras no son tangibles y la seguridad vial empeora.

El área de Los Altos de Jalisco es un lugar de gran importancia en términos económicos y productivos, tanto a nivel estatal como nacional. Se distingue por su sector agroalimentario y ganadero, además de su valor comercial y turístico, junto con su conectividad estratégica, en especial hacia los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí.

En nuestra región, los precios elevados en las casetas de peaje representan un obstáculo significativo para los habitantes, ya que deben desembolsar más dinero, afectando su economía familiar.

El pago más caro en la región de Los Altos de Jalisco es la caseta denominada “La Misión” o tramo Bucerías/Aeropuerto, que se encuentra en la Vía Corta Guadalajara–Puerto Vallarta. Forma parte de una carretera nueva habilitada en 2024 y, desde enero del 2025, su tarifa para automóvil es de $483 pesos. 3 Estos pagos no son acordes a la realidad de la zona.

De acuerdo con diversos datos consultados, las casetas en Los Altos de Jalisco para este año son:

1. Guadalajara ? Tepatitlán ? Arandas ? Jalostotitlán ? Lagos de Moreno (Altos de Jalisco)

Según el Semanario7días, las tarifas para automóviles desde el 10 de enero de 2025 son:

-Guadalajara – Tepatitlán: $201 MXN

-Guadalajara – Entronque Arandas: $246 MXN

-Jalostotitlán (caseta): $202 MXN

-Guadalajara – Acatic: $146 MXN

Otro ejemplo señalado es hasta Jalostotitlán: alrededor de 649 MXN, pero si vas más lejos hacia Lagos de Moreno, oscilaría entre los $800–$900 MXN, dependiendo de las casetas específicas.

En la ruta Guadalajara ? Puerto Vallarta (Vía Corta), a partir de enero de 2025, los costos son:

-El Arenal: $205 MXN

-Plan de Barrancas: $306 MXN

-Amado Nervo: $205 MXN

-La Peñita: $181 MXN

-Bucerías $483 MXN

Con una tarifa excesivamente alta, la caseta de Bucerías, ubicada casi al concluir la ruta corta Guadalajara-Puerto Vallarta, que conecta el poblado de Bucerías, en Nayarit, con el Aeropuerto Internacional del municipio costero jalisciense, tiene un precio el doble que otras. Varios medios informativos destacan que es una de las más costosas tanto de la región como de México, si se considera el precio por cada kilómetro transitado.

En nuestra región se presentan peajes altos y que no son acordes a los ingresos de las comunidades o poblaciones aledañas a la vía, toda vez que los habitantes se encuentran en bajos deciles de ingresos.

El incremento constante en las tarifas afecta la competitividad de productores, transportistas y usuarios en general, encareciendo los costos logísticos y limitando la movilidad cotidiana y, no solo eso, estos costos van directo a los usuarios, quienes tienen que absorber los aumentos.

Por ello, solicitamos que se reduzcan las tarifas, favoreciendo la economía local, así como, la equidad en el acceso a la infraestructura vial, al equilibrar las oportunidades de movilidad en la zona.

En este sentido, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con base en las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene la facultad de revisar las cuotas de las autopistas que administra y las concesionarias y realizar los ajustes necesarios en beneficio de la población.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) faculta expresamente a la SICT para acordar las tarifas, las mismas que deben ser justas, equitativas, atendiendo el interés social. En este ordenamiento, señalan en su artículo 5 que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como, el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares, correspondiendo a la Secretaría establecer las bases generales de regulación tarifaria.

El pago de peaje comprende la prestación de servicios a los usuarios, tales como servicios médicos prehospitalarios, arrastre con grúa, información carretera y sanitarios. Simultáneamente, se realizan acciones de supervisión para verificar que el cobro se realice de manera correcta y los servicios se presten de acuerdo con los estándares establecidos.4

Los incrementos acumulados en los últimos cinco años han impactado de manera directa en el costo logístico del transporte de mercancías y la movilidad de personas. En un contexto de inflación y aumento de costos logísticos, reducir las tarifas que se cobran en las casetas en Los Altos de Jalisco no solo beneficiaría a los habitantes y productores locales, sino que también impulsaría la competitividad, reduciría el costo de los bienes y favorecería el turismo en la región.

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales aplicables, es necesario exhortar a la SICT para que se logre una reducción en las tarifas de las casetas de cuota que operan en Los Altos de Jalisco, favoreciendo así a miles de familias afectadas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus facultades, reduzca las tarifas de peaje en las casetas de la región Los Altos de Jalisco con el fin de aliviar la carga económica sobre los usuarios y fomentar, mediante precios justos, la competitividad y el desarrollo regional.

Notas:

1 Gobierno Federal (febrero, 2025). Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025–2030. Recuperado de https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2025/02/26febrero 25-Infraestructura-Carretera.pdf

2 Gobierno de México (s. f.), CAPUFE presente en la vida de México. Recuperado de https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/ParticipacionCiudadana/Pr esentacion-EPC-2015.pdf

3

4 Gobierno Federal (s.f) -Capufe presente en México. Recuperado de https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/ParticipacionCiudadana/Pr esentacion-EPC-2015.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado José Mario Iñiguez Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a realizar las acciones necesarias a efecto de que se destinen los recursos suficientes para el reencarpetado y la rehabilitación integral de la carretera federal 80 en la totalidad del tramo que comprende a Los Altos de Jalisco, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José Mario Iñiguez Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 6, Fracción I; y 79, Numeral 1, Fracción II y Numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, realice las acciones necesarias a efecto de que se destinen los recursos suficientes para el reencarpetado y la rehabilitación integral de la Carretera Federal 80 en la totalidad del tramo que comprende a los Altos de Jalisco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde hace años, las vías de comunicación se encuentran completamente deterioradas, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La Carretera Federal 80, a su paso por el estado de Jalisco, es una vía de comunicación de gran relevancia para la región, ya que conecta a comunidades rurales y zonas turísticas, siendo clave para el transporte de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, dependiendo cientos de familias alteñas.

Con datos del gobierno de Jalisco, en el Plan de Infraestructura Carretera 2019-2024, hasta esa fecha, en la entidad existen 6,616 kilómetros de vías, de los cuales la mayoría (4,420.9) pertenecen a la red estatal. El resto son federales (2,196) y autopistas de cuota (599).1 De estas últimas, la gran mayoría se encuentra en condiciones lamentables.

Con fecha 12 de noviembre del 2024, presenté un punto de acuerdo para que de manera urgente fueran asignados recursos para atender la Carretera Federal 80 en el estado de Jalisco, principalmente el trayecto que comprende a los Altos de Jalisco, el cual no fue considerado al no haberse designado los recursos económicos suficientes que atendieran la totalidad de esta vía.

Nuevamente, en el mes de agosto del 2025, en la Comisión Permanente en el Senado de la República, presenté este exhorto solicitando se atienda esta Carretera de manera integral, mismo que no fue dictaminado.

Puntualizando que el objetivo del presente exhorto es para seguir solicitando se atienda de manera urgente la reparación de la Carretera Federal 80 específicamente en el tramo antes mencionado, derivado de las malas condiciones en que se encuentra y que, por falta de atención, no solo se han generado pérdidas económicas, sino también se han ocasionado accidentes lamentables donde diversos ciudadanos han perdido la vida.

En fechas recientes se ha anunciado el barreo en diversos puntos de este trayecto de carretera; sin embargo, no es suficiente. El fresado que habían realizado en algunos espacios no ha sido sostenible, dado que, tras las intensas lluvias, muchos de estos ya se han levantado, hoy en día lo siguen haciendo igual. Basta con pasar esa vía para ver que estos trabajos no han sido viables y no han dado los resultados que la población necesita, ya que solo ha sido un bacheo con malos materiales y realmente no se cubren ni siquiera la mayoría de esos baches.

Es fácil ver que los trabajos son de baja calidad, con material que no garantiza que sean duraderos. La logística de reparación es lenta y eso afecta a toda la población con lo que pueden durar horas varados para poder llegar a su destino.

La información disponible muestra que, en el documento “100 pasos para la transformación”, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum plantea los que serían sus proyectos prioritarios para el sexenio, dentro del tema de infraestructura carretera no está enlistada la Carretera Federal 80, una obra que en campaña prometió durante su visita en Autlán de Navarro.

Lo anterior a pesar de que, durante el periodo electoral 2023-2024, Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de México se comprometió a rehabilitar toda la carretera para beneficio de Autlán y de todos los municipios que están en esta zona de Jalisco. Cabe señalar que la Carretera Federal 80 recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y en Jalisco atraviesa Autlán y varios municipios de la región y los conecta con Guadalajara la capital del estado jalisciense y con Barra de Navidad, por el lado de la costa.

Diversos medios periodísticos señalaron en su momento que, en su visita en abril del 2024 a Autlán, Jalisco2 , prometió contemplar la rehabilitación de esta importante vía de comunicación, por lo que exhortamos que en el presupuesto 2025 fuera contemplada en su totalidad esta carretera y no solo quedara en una promesa.

De acuerdo con estimaciones técnicas, se requiere la rehabilitación de por lo menos poco más de 160 kilómetros del tramo carretero que comprende los Altos de Jalisco. De acuerdo con Semanario 7 días , solo se contemplan 47 kilómetros, detallando que esto lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum como respuesta a la solicitud de rehabilitación de cuatro carreteras federales en Jalisco. Lo que corresponde de Zapotlanejo a Lagos de Moreno, área contemplada como los Altos de Jalisco solo ha sido maquillada con bacheos de mala calidad, con trabajos deficientes lo que no garantiza su durabilidad.

Reiteran que “A decir del gobierno estatal, de los 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales, hay 680 kilómetros, el 31 por ciento, en estado crítico, y 873 kilómetros, el 40 por ciento, en mal estado”.3

No obstante, esta vía se encuentra en condiciones deplorables desde hace años. Lamentablemente, por falta de mantenimiento se han perdido vidas humanas, se han reportado baches profundos, asfalto deteriorado, señalizaciones insuficientes, lo que ha provocado daños a vehículos y afectaciones a la movilidad, sumado a las afectaciones de la economía de la región.

Según los datos de la licitación registrada en el portal Compranet, bajo el código de expediente E-2024-000998454 , señalan que la intervención con estas obras se estará llevando a cabo en cuatro tramos específicos de la ruta; uno será del kilómetro 29+000 al 36+500, en el municipio de Cocula; otros dos serán en el municipio Autlán de Navarro, entre los kilómetros 139+500 y el 150+300. Detallan que será entre El Corcovado y la glorieta de acceso norte de la ciudad, así como del kilómetro 159+000 al 170+500, aproximadamente de la glorieta de acceso sur hasta el sitio conocido como el Puerto Los Mazos.

Dentro de los datos de la licitación señalan la conservación periódica de estas vías mediante trabajos de fresado de 5 centímetros y carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm con una meta de 47.3 kilómetros, ambos cuerpos, del km 29+000 al kilómetro 36+500, tramo: Acatlán-Autlán, carretera: Guadalajara - barra de navidad y; del kilómetro 139+500 al kilómetro 150+300, del kilómetro 159+000 al kilómetro 170+500 y del kilómetro 251+600 al kilómetro 261+600, tramo: Autlán-Barra de navidad, carretera: Guadalajara - barra de navidad, en el estado de Jalisco.5 detallando que la inversión consta de $106,464,522.06, aclarando que este tramo considerado no pasa por Los Altos de Jalisco, ignorando a los alteños.

El cuarto espacio a re encarpetar será del kilómetro 251+600 al 261+600, en el municipio Cihuatlán, en donde indican que este corresponde a una sección de 10 kilómetros que terminan en la entrada a la población de Melaque.

En total, se contempla rehabilitar el equivalente a 47.3 kilómetros, considerando ambos sentidos de circulación, lo que, a decir de la SICT, requerirá una inversión aproximada de 106.5 millones de pesos y 3 meses de trabajos.

Sin embargo, al ser una carretera en donde circula transporte pesado como tráiler, camiones específicos para la industria agrícola, equipos pesados, remolques propios del traslado de ganado, transporte de pasajeros, entre otros, se requiere el encarpetamiento total de la vía en ambos sentidos y no solo un bacheado o maquillado en ciertas zonas.

El encarpetado, en el ámbito de la infraestructura vial, consiste en la aplicación de una nueva capa de asfalto sobre la superficie existente de una carretera, con el objetivo de rehabilitar, proteger y prolongar la vida útil del camino. Esta técnica es esencial cuando la carpeta asfáltica original presenta daños significativos, como baches, fisuras o desgaste por el tránsito constante y condiciones climáticas adversas. Al realizar el re encarpetado, se asegura una superficie más uniforme y segura para las personas usuarias, reduciendo riesgos de accidentes y facilitando el flujo eficiente de vehículos y mercancías.

En el caso de la Carretera Federal 80, el re encarpetado y la rehabilitación integral lo quitar maleza, balizamiento, señalamientos, entre otros, lo que resulta fundamental para atender los segmentos que han sufrido deterioro extremo, representando una de las intervenciones de mayor impacto para devolver funcionalidad y seguridad a la vía.

El abandono de esta vía no es nuevo; desde hace mucho tiempo los ciudadanos se han llenado de promesas vacías, lo que ha sido denunciado por autoridades municipales, medios de comunicación y habitantes de la región que tienen que vivir esta problemática.

Lo señalamos y lo reiteramos: el presupuesto para la construcción y mantenimiento de diversas carreteras federales en la entidad no ha sido suficiente; la falta de atención integral ha propiciado que diversas áreas viales se encuentren en pésimas condiciones, volviéndose sumamente peligrosas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que realice las acciones necesarias a efecto de que se destinen los recursos suficientes para el re encarpetado y la rehabilitación de la Carretera Federal 80 en la totalidad del tramo que comprende a los Altos de Jalisco.

Notas:

1 Gobierno de Jalisco (2019-2024) Plan de Infraestructura Carretera 2019-2024. Infraestructura y Obra Pública. Recuperado de https://siop.jalisco.gob.mx/sites/siop.jalisco.gob.mx/files/plan-de-inf raestructura-carretera-2019-2024.pdf

2 Rodríguez, S. (2024, abril 04) Sheinbaum se compromete a rehabilitar la carretera federal 8. Letrafría. Recuperado de https://letrafria.com/sheinbaum-se-compromete-a-rehabilitar-la-carreter a-federal-80/

3 Semanario7días (2025, 03 de enero) Sheinbaum promete arreglar 47km de carretera en los Alt6os de Jalisco.https://semanario7dias.com.mx/sheinbaum-promete-arreglar-47-kil ometros-de-la-carretera-80/

4 Gobierno México (s.f.) Compranet. Recuperadode https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detal le/95a1a64fbfc642faa7184a33ce5965fd/procedimiento

5 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputado José Mario Iñiguez Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a garantizar que para el próximo ejercicio fiscal se generen condiciones estructurales para apoyar el tránsito de bienes propiedad de las familias migrantes en el retorno a su país, a cargo del diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado integrante de la LXVI Legislatura, con fundamento en la facultad que otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 77; 78; 99, párrafo 1, fracción II y correlativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa a mi cargo, con proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias y entidades competentes, y en particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones y en solidaridad con las familias de migrantes mexicanos deportadas de los Estados Unidos de América, garanticen que en el Paquete Fiscal 2026, particularmente en las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 y de Ley Federal de Derechos, se generen condiciones estructurales para apoyar el tránsito de bienes propiedad de las familias migrantes en el retorno a su país, de conformidad con los siguientes:

Considerandos

Como hemos establecido en otras proposiciones con punto de acuerdo, “el desarrollo humano es el proceso en el cual una nación o región geográfica invierte un porcentaje de sus recursos económicos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Generalmente se produce a través de la creación de las condiciones para que las necesidades fundamentales de la población sean satisfechas y sus derechos humanos básicos respetados”.

Es de reconocer que, como país, no hemos podido cumplir con esas expectativas y por eso, año con año, mexicanos salen de nuestro país buscando mejores horizontes de vida. “México es un país representativo de la migración internacional. Entre 2018 y 2023, 1.2 millones de personas emigraron del país. La mayoría (87.9 por ciento) se mudó a Estados Unidos, el 6.0 por ciento se fue a Canadá; el 1.3 por ciento, a España y el 3.5 por ciento restante, a otros países”.1

Hoy, que en el vecino país del norte se han endurecido las políticas migratorias, tenemos una deuda con quienes se ven obligados a regresar. Esto no es retórico. No existe hasta el momento una estrategia institucional por parte del gobierno federal que coadyuve con quienes son obligados a regresar, o con quienes por voluntad propia deciden el retorno a su tierra y buscan traer los bienes conseguidos a través de años de trabajo y esfuerzo.

“Las familias mexicanas que retornan al país luego de que sus seres queridos fueron deportados desde Estados Unidos, no solo enfrentan la separación forzada, sino que deben lidiar con altos cobros por parte de las autoridades aduanales mexicanas, de acuerdo con información del Diario MX.

Muchos connacionales regresan con la intención de comenzar una nueva vida en México, pero se encuentran con tarifas que superan los 130 mil pesos para ingresar sus pertenencias, además de otros cobros derivados del traslado de vehículos y uso de bodegas.

Además de los impuestos por ingresar la mudanza, las familias deben pagar entre mil y mil 500 dólares (aproximadamente entre 19 mil y 28 mil pesos) en las agencias aduanales por el uso de bodegas, señaló Rogelio Ávila, presidente del Consejo Internacional de Migrantes México-Americanos, con sede en Chicago.

En ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, los impuestos por importar vehículos usados alcanzan hasta los 100 mil pesos, sobre todo para modelos de 2015 o más antiguos, lo que vuelve aún más difícil el retorno.

Los paisanos que regresan no son turistas ni visitantes temporales, subrayó Ávila. Son familias que buscan reconstruirse tras una deportación. Muchos de estos casos involucran a esposos que fueron arrestados en sus lugares de trabajo y deportados inmediatamente, dejando a sus parejas e hijos sin su principal sustento.

De igual manera, enfrentan restricciones al cruzar herramientas de trabajo, esenciales para que los paisanos puedan ejercer oficios como jardinería, plomería, electricidad, hojalatería, pintura o construcción. Según las denuncias, en algunos casos no se les permite ingresar dichos equipos o se les exige el pago de tarifas elevadas.

Desde Matamoros, Gladys Cañas, activista y presidenta de la asociación civil ´Ayudándoles a Triunfar´, aseguró que muchas de estas personas regresan al país sin la información adecuada. ´En la red de Consulados de México en Estados Unidos deben de orientarlos, de decirles con qué se van a topar´, indicó.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente un nuevo programa de apoyo a los connacionales en su conferencia mañanera del viernes, activistas aseguran que, en la práctica, persisten las trabas.

Los representantes de migrantes piden que se modifiquen las leyes aduanales para que las familias deportadas no enfrenten cobros abusivos al regresar. ´No son visitas, son mexicanos que están regresando a su país tras ser expulsados´, insistió Ávila”.2

Cañas también criticó que los recursos ahorrados por los migrantes para iniciar una nueva etapa en México terminen siendo destinados a pagos y trámites ante autoridades mexicanas.

En México residen poco más de 38.2 millones de niños. En términos relativos, la cifra representa 30.4 por ciento de la población total y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 63 por ciento de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación.3

Así las cosas, nuestros connacionales no sólo enfrentan una política hostil en el país de residencia, que deben abandonar; enfrentan también la total ausencia de empatía y solidaridad de las autoridades de su propio país:

“Ya no es sólo la persecución de las autoridades estadounidense, sino que también para ser expulsados junto con sus pertenencias deben pagar exorbitantes montos por las mismas o perderlas.

El presidente del Consejo Internacional de Migrantes México-Americanos, Rogelio Ávila, dijo al diario Reforma que se dispararon los mensajes de casa para las familias de paisanos deportados que se regresan para reintegrarse en México y hacer una nueva vida.

Denunció: ´Enfrentamos muchas trabas y cobros exagerados, ridículos´.

A estos enormes montos se les suman las cuentas de 1,000 a 1,500 dólares (entre 19 y 28 mil pesos) de usar las bodegas de las agencias aduanales.

Explicó que en los consulados les dicen: ´tienes que llevar los bienes de los paisanos a una bodega de un agente aduanal´. Allí se generan gastos de hasta 1,500 dólares”.4

Sabíamos que la política migratoria se iba a endurecer en nuestro vecino país del norte y no se hizo nada por apoyar a los migrantes mexicanos que allá residen. Peor aún, sigue sin hacerse nada. Una revisión de los requisitos para la introducción de menaje de casa en páginas web del gobierno federal nos muestra la falta de empatía con nuestros connacionales; nos muestra que no se ha entendido que estamos frente a una auténtica emergencia migratoria:

Residentes permanentes y nacionales repatriados o deportados

Los residentes permanentes y nacionales repatriados o deportados, podrán introducir su menaje de casa libre de impuestos al comercio exterior siempre que se sujeten al siguiente procedimiento:

Obtener en el consulado mexicano más próximo a su domicilio, la declaración certificada de menaje de casa, en la cual deberá manifestar:

Nombre del importador.

Domicilio donde estableció su residencia en el extranjero.

Lugar en el que establecerá su residencia en México.

Descripción y cantidad de la mercancía que integra el menaje de casa.

Tiempo de residencia en el extranjero, el cual no podrá ser menor a seis meses.

Manifestar bajo protesta de decir verdad los datos del pedimento de importación de menaje de casa anterior, en el caso de existir.

Al final del texto correspondiente a la certificación del menaje de casa, se deberá declarar la siguiente leyenda:

“Para los efectos legales a que haya lugar, se procede a expedir el presente certificado por cuadruplicado, sin prejuicios de la calificación definitiva que las autoridades aduaneras hagan en su caso, debiendo acompañar al pedimento de importación copia de su tarjeta migratoria o su forma migratoria múltiple donde se aprecie el sello de la autoridad migratoria

Anexar a dicha declaración, copia del pedimento de importación de menaje de casa anterior, si lo hubo?.

La importación deberá efectuarse a través de agente aduanal, quien deberá formular un pedimento A1, en el que declare, la fracción arancelaria 9804.00.01, en el campo correspondiente a la misma.

Contacto:

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem)

Teléfonos 01 (55) 33 00 75 00 en México, D.F.

Página de Internet: www.caaarem.mx

Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA)

Teléfonos 01 (55) 1107-8515 / 1107-8592 Lada Nacional

Página de Internet: www.claa.org.mx?

El interesado no deberá presentar facturas comerciales ni estar inscrito en el padrón de importadores.

El importador deberá acreditar su calidad migratoria en la aduana de despacho.

Cuando se trate de segundo o posteriores menajes de casa que quieran importar los residentes permanentes, deberán solicitar autorización ante la Administración General Jurídica, dentro del año siguiente al que se haya efectuado la primera importación de menaje de casa.

Fundamento Legal: artículos 61, fracción VII de la Ley Aduanera, artículos 100, 101 y 104 de su Reglamento, regla 3.3.5. de las Reglas Generales de Comercio Exterior”?.5

Hacemos eco en la necesidad de reformar la legislación para que el regreso de estas familias se dé en condiciones más dignas y accesibles. 6 Por ello, a través de esta proposición con punto de acuerdo, proponemos exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias y entidades competentes y en particular, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones y en solidaridad con las familias de migrantes mexicanos deportadas de los Estados Unidos de América, garanticen que en el Paquete Fiscal 2026, particularmente en las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 y de Ley Federal de Derechos, se generen condiciones estructurales para apoyar el tránsito de bienes propiedad de las familias migrantes en el retorno a su país.

Estamos en el momento procesal oportuno para que se realicen los ajustes necesarios en el Paquete Fiscal 2026, y en particular, en las iniciativas de leyes ya citadas, con el fin de contemplar un verdadero sistema que apoye a nuestros connacionales y que de verdad les haga saber y sentir que están regresando a su tierra.

Por lo anteriormente expuesto y dando seguimiento a los trabajos desarrollados en la legislatura inmediata anterior, así como con el objetivo de apoyar a nuestros hermanos mexicanos que regresan a su tierra, someto a la elevada consideración de esta asamblea legislativa la siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de las dependencias y entidades competentes, y en particular, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones y en solidaridad con las familias de migrantes mexicanos deportadas de los Estados Unidos de América, garanticen que en el Paquete Fiscal 2026, particularmente en las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026 y de Ley Federal de Derechos, se generen condiciones estructurales para apoyar el tránsito de bienes propiedad de las familias migrantes en el retorno a su país.

Notas:

1 Ver: https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/migracion/

2 Familias de deportados enfrentan cobros de hasta 130 mil pesos en aduanas mexicanas. El Imparcial. Por Anneth Marín, 20 de julio 2025. Ver: https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/21/familias-de-deportados-en frentan-cobros-de-hasta-130-mil-pesos-en-aduanas-mexicanas/

3 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Niña 2022. Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Di aNina22.pdf

4 Ver: https://www.tiempo.com.mx/noticia/el_colmo_cobran_aduanas_130_mil_depor tados_mudanza_denuncian_20_julio_2025/.

5 Ver: https://anam.gob.mx/residentes-permanentes-y-nacionales-repatriados-o-d eportados/

6 Ver: https://centralnoticiastamaulipas.com/2025/07/21/familias-de-deportados -enfrentan-altos-costos-en-aduanas-mexicanas-al-regresar-al-pais/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a adoptar medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento del Instituto Electoral del estado, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Zacatecas, a adoptar medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento del Instituto Electoral del estado de Zacatecas, asegurando la continuidad de sus labores, el respeto a los derechos laborales de su personal y la preservación de su autonomía como organismo público local electoral, al tenor lo siguiente:

Consideraciones

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), encabezado por Juan Manuel Frausto Ruedas, enfrenta una crisis financiera para lo que resta del año, el organismo ha solicitado una ampliación presupuestal de entre 22 y 23 millones de pesos con el fin de cubrir el pago de nómina, aguinaldos y prestaciones de los trabajadores que garantizan la operación institucional.

Esto se debe al recorte del 68 por ciento al presupuesto autorizado para el ejercicio 2025, lo que ha generado un déficit que impide al instituto cubrir sus obligaciones laborales más básicas. Ante este panorama, el propio organismo se vio obligado a utilizar recursos destinados a finiquitos para solventar la primera quincena de septiembre, lo que refleja el nivel de urgencia y vulnerabilidad en que se encuentra.

La falta de suficiencia presupuestal no solo amenaza los derechos laborales de las y los trabajadores del IEEZ, sino que también compromete su capacidad de operación y la correcta organización de los futuros procesos electorales en Zacatecas, debilitando de manera directa la certeza y la autonomía que deben caracterizar a los organismos electorales locales.

El gobernador del Estado, David Monreal Ávila, ha manifestado que no existen recursos adicionales para atender la solicitud de ampliación presupuestal por 23 millones de pesos presentada por el IEEZ, destinados al pago de nómina y prestaciones de su personal.

En sus declaraciones, sostuvo que el gobierno prioriza el financiamiento de programas sociales, dependencias estatales y otros órganos autónomos, y recordó que en meses anteriores ya se otorgaron 60 millones de pesos extraordinarios al IEEZ para la organización de elecciones judiciales. Bajo este argumento, consideró innecesario destinar más recursos al organismo electoral.

Asimismo, ha señalado que debe realizarse una revisión profunda de los gastos del IEEZ para justificar la solicitud de ampliación, postura que coloca en riesgo la autonomía presupuestal del organismo y genera incertidumbre sobre su capacidad para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

El gobernador manifestó, también, que el IEEZ “ya no es funcional” y ha advertido que la permanencia o desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) será uno de los temas centrales en la reforma electoral 2025. Aunado al planteamiento que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con la estructura para asumir funciones electorales que actualmente realizan los OPLES, lo que sugiere una intención de centralizar competencias electorales estatales en la autoridad federal.

Estas declaraciones generan preocupación de que el gobierno estatal esté preparando un traslado de facultades y recursos que, de concretarse, debilitaría la autonomía funcional, técnica y financiera del IEEZ, lo que pone en riesgo el principio constitucional de elecciones libres, imparciales y la garantía de que los ciudadanos cuenten con organismos electorales locales fuertes.

La falta de suficiencia presupuestal en el IEEZ afecta de manera inmediata a su personal, integrado por casi 100 trabajadoras y trabajadores que han visto comprometido el pago oportuno de sus salarios y prestaciones. La utilización de recursos originalmente destinados a finiquitos para solventar la primera quincena de septiembre es una muestra de la gravedad de la crisis financiera que atraviesa el organismo. Más allá de la afectación laboral, el desfinanciamiento compromete la organización de futuros procesos electorales en la entidad, lo que representa un riesgo directo para los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir la vida democrática del estado. Un organismo sin recursos suficientes carece de condiciones para planear, organizar y supervisar elecciones confiables.

La combinación de precariedad laboral y debilitamiento institucional puede interpretarse como una forma de presión política hacia un organismo autónomo que, por mandato constitucional, debe ejercer sus funciones con independencia del Poder Ejecutivo.

Esta situación vulnera la confianza ciudadana y pone en entredicho el compromiso del gobierno estatal con la democracia y el respeto a los derechos político-electorales de la población.

La problemática radica en que el IEEZ enfrenta una severa crisis financiera derivada de un recorte presupuestal del 68 por ciento que lo mantiene sin condiciones para cumplir con sus obligaciones laborales y operativas, situación agravada por la negativa del gobernador David Monreal Ávila a otorgar la ampliación de 23 millones de pesos solicitada para cubrir nómina y prestaciones.

Esta postura no solo pone en riesgo los derechos de los trabajadores, sino que también debilita la autonomía y funcionalidad del organismo electoral, al tiempo que las declaraciones del Ejecutivo sobre la posible desaparición de los OPLES evidencian un intento de minar la fortaleza institucional del IEEZ, lo que compromete directamente la certeza, legalidad e imparcialidad de los procesos democráticos en Zacatecas.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a los organismos electorales como autoridades dotadas de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con la finalidad de garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas. Este mandato obliga a que los poderes públicos aseguren las condiciones materiales y presupuestales necesarias para que dichos organismos cumplan con sus atribuciones sin depender de la discrecionalidad del Ejecutivo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. (Artículo. 41)

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Apartado B...

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

En este sentido, la negativa del gobierno del estado de Zacatecas a otorgar la ampliación presupuestal solicitada por el IEEZ compromete su autonomía y vulnera su independencia técnica y de gestión. La suficiencia presupuestal no constituye un beneficio opcional, sino un requisito indispensable para que el organismo organice procesos electorales con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia.

La CPEUM establece que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Cuando un organismo electoral carece de los recursos suficientes para cumplir con su mandato, dichos principios se ven comprometidos y, en consecuencia, también se vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía, que depende de instituciones sólidas para ejercer el sufragio en condiciones de igualdad y transparencia.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases (Artículo. 41)

La insuficiencia presupuestal del IEEZ, agravada por la negativa del Ejecutivo estatal a otorgar recursos extraordinarios, coloca en riesgo directo la capacidad del instituto de organizar y supervisar procesos electorales confiables. Esta situación amenaza con debilitar la confianza ciudadana en la democracia y puede traducirse en un retroceso para Zacatecas, donde la garantía del voto libre y auténtico debe ser una prioridad del Estado.

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar el derecho al trabajo y al salario digno de todas las personas. La falta de suficiencia presupuestal en el IEEZ afecta de manera directa a trabajadoras y trabajadores, quienes han visto comprometido el pago oportuno de su nómina y prestaciones. Esta situación no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también contraviene compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley

Ley Federal del Trabajo

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo (Artículo 2)

Al utilizar recursos originalmente destinados a finiquitos para solventar quincenas, el IEEZ revela la precariedad financiera en la que se encuentra y el riesgo de incumplir obligaciones laborales en lo que resta del año. Esta omisión por parte del Ejecutivo estatal no puede interpretarse únicamente como una limitación presupuestal, sino como una posible forma de presión hacia un organismo autónomo, lo que agrava la afectación a los derechos de las y los trabajadores y compromete la estabilidad institucional.

Las declaraciones del gobernador, en el sentido de que el IEEZ “ya no es funcional” y de que la permanencia o desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales será discutida en la reforma electoral de 2025, revelan una intención de debilitar la institucionalidad electoral en Zacatecas. Plantear que el INE cuenta con la estructura suficiente para asumir estas funciones refuerza la narrativa de centralizar las atribuciones, en detrimento del federalismo electoral y de la capacidad de los estados para organizar sus propios procesos.

Este tipo de posicionamientos generan un ambiente de incertidumbre y de presión política sobre un organismo autónomo, lo que pone en riesgo la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones electorales. La debilitación intencional del IEEZ, mediante restricciones presupuestales y cuestionamientos a su existencia, constituye un retroceso democrático que concentra poder en el Ejecutivo y socava los contrapesos que garantizan elecciones libres y auténticas en la entidad.

El artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, otorga al gobernador la facultad de promulgar, ejecutar y hacer cumplir las leyes aprobadas por la Legislatura, entre ellas el Presupuesto de Egresos del Estado. En consecuencia, corresponde al titular del Ejecutivo ordenar las erogaciones autorizadas y garantizar que los órganos autónomos, como el IEEZ, dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Artículo 82. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado

I al III...

IV. Proponer a la Legislatura, a más tardar el treinta de noviembre de cada año, las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos e incluir en ellas la provisión de los recursos correspondientes al propio Legislativo y al Poder Judicial, de conformidad con los principios de equilibrio y separación de Poderes y mediante mecanismos que garanticen que, una vez aprobados, sean ejercidos con plena autonomía. En la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, de conformidad con el artículo 160 de esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

...

V al XXIV...

La Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Zacatecas, en su artículo 27 establece que la Secretaría de Finanzas es la dependencia encargada de administrar los recursos financieros del Estado, formular y aplicar el Presupuesto de Egresos, así como autorizar las ampliaciones, reducciones y adecuaciones presupuestales que se requieran. Por lo tanto, es la instancia directamente responsable de atender la solicitud de ampliación presentada por el IEEZ.

Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Zacatecas

Artículo 27.

Son atribuciones de la Secretaría de Finanzas las siguientes:

I a la XIV...

XV. Analizar y autorizar, en conjunto con la Coordinación Estatal de Planeación, las modificaciones y transferencias al presupuesto de las dependencias y entidades; además de las ampliaciones presupuestales que procedan conforme a la normatividad emitida al respecto;

XVI a la XLIV ...

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Zacatecas, en sus artículos 54 y 55 prevén que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá otorgar ampliaciones líquidas y presupuestales cuando se justifique la necesidad de recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de los entes públicos. Este marco legal habilita expresamente al gobierno del Estado para proveer al IEEZ de los recursos extraordinarios solicitados, en aras de salvaguardar su operación y autonomía.

Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios .

Artículo 45. Las partidas del presupuesto podrán ampliarse por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el caso de que los ingresos públicos lo permitan, siempre que no resulten afectados los gastos previstos expresamente en el propio presupuesto y de conformidad con la disponibilidad financiera.

Artículo 81. Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto de los entes públicos a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las cuales en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos.

Cuando en el ejercicio que corresponda, los entes públicos observen una disminución presupuestal al rubro de los servicios personales con respecto al ejercicio anterior, se podrá otorgar ampliación presupuestal hasta por un monto equivalente a la reducción de la misma.

Cuando por el resultado de las revisiones contractuales que lleven a cabo los entes, y que éstas representen un monto mayor al presupuestado, se podrán hacer las adecuaciones presupuestales que correspondan para el cumplimiento de las obligaciones que de ellas se deriven.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Zacatecas para que, en el marco de sus facultades, adopte las medidas necesarias a efecto de aprobar una ampliación presupuestal con el objetivo de garantizar el pleno funcionamiento del Instituto Electoral del estado de Zacatecas, asegurando la continuidad de sus labores, el respeto a los derechos laborales de su personal y la preservación de su autonomía como organismo público local electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 congresos estatales y a la CDMX a instrumentar las acciones legislativas necesarias a efecto de establecer la entrada libre y gratuita a parques, deportivos, unidades deportivas y espacios públicos afines a estos, a cargo de la diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Paola Milagros Espinosa Sánchez, diputada federal por el estado de Jalisco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los 32 Congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, instrumenten las acciones legislativas necesarias a efecto de establecer la entrada libre y gratuita a parques, deportivos, unidades deportivas y espacios públicos afines a estos, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El paquete económico estatal y municipal 2025

En nuestro país, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente años, es el periodo en el que, de acuerdo con la legislación vigente en cada una de las 32 entidades federativas, se presenta, discute, analiza, modifica y, se aprueban, los paquetes económicos que serán aplicables en el próximo ejercicio fiscal del año 2026, en cada una de las entidades federativas del país, así como sus respectivos municipios.

De acuerdo con la consulta realizada a la legislación vigente en cada una de las entidades federativas de nuestro país, diversas entidades federativas comienzan en el mes de octubre del presente año, con el análisis de los respectivos paquetes económicos para el ejercicio fiscal 2026, a saber:

De acuerdo con la información revisada, se tiene que, en el mes de noviembre del presente año, tendrá lugar el análisis de los paquetes económicos para el ejercicio fiscal 2026, en las entidades federativas que se mencionan a continuación:

2. Ley de Ingresos estatal y municipal

El paquete económico que es entregado a los congresos locales para su eventual aprobación está integrado por los Proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos que, será aplicable en cada una de las entidades federativas, así como las leyes de ingresos que regirán en sus respectivos municipios.

Con respecto a la Ley de Ingresos estatal, es oportuno mencionar que este documento, se presenta como un ordenamiento jurídico, que se presenta ante el Congreso local, el cual contiene, a manera de propuesta por parte del titular del Poder Ejecutivo estatal que corresponda, aquellos conceptos bajo los cuales, se podrán captar los recursos financieros que permitan solventar los gastos de la entidad federativa, en el ejercicio fiscal correspondiente.

De esta manera, los ingresos públicos se clasifican en dos grandes categorías, a saber:

- Ingresos ordinarios: aquellos que son recaudados de manera regular por el Estado, a saber: los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales,

- Ingresos extraordinarios: aquellos recursos que, a diferencia de los anteriores, no se obtienen de manera regular por parte del Estado, y que pueden ser aquellos que se obtienen por la enajenación de bienes nacionales, la contratación de créditos externos e internos (empréstitos).

En el caso de los municipios, se tiene que, la Ley de Ingresos, se presenta como un documento jurídico, el cual, puede ser elaborado y presentado por el mismo municipio, o bien, por el titular del ejecutivo estatal, para ser presentado ante el Congreso local que corresponda, para su eventual aprobación.

De manera similar a la Ley de Ingresos estatal, en el ámbito municipal, este documento contiene los conceptos y montos que serán considerados como ingresos a recaudar, durante un ejercicio fiscal, los cuales, serán destinados a sufragar los gastos en obras y servicios que requieren los habitantes del municipio en cuestión.

En este sentido, se advierte que, las principales áreas de donde obtienen sus ingresos los municipios, es por el cobro de conceptos como los impuestos, derechos, contribuciones de mejora, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios. En estos últimos, se consideran los fondos, programas y convenio federales, así como transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, y otros ingresos

3. Consulta a las iniciativas de Ley de Ingresos estatales y municipales vigentes

Para la elaboración de la presente iniciativa, fue necesario llevar a cabo un proceso de consulta y revisión a leyes de ingresos estatales y municipales, con el objetivo de identificar si en algunas de ellas, existía registro de algún ingreso por el pago de derecho de acceso a usuarios de parques públicos, unidades deportivas, o cualquier otro espacio similar a éstos, y en caso de ser así, conocer cuál es la tarifa propuesta.

De esta manera, se llevó a cabo la consulta de algunas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2025, correspondientes a los estados de Aguascalientes y Puebla, en las cuales se detectó que, en ambos casos, se propone establecer una tarifa para el acceso a unidades deportivas estatales, mismas que se muestran a continuación:

En el resto de las entidades federativas, es preciso mencionar que, en algunos casos, no obstante, al estar publicadas, éstas no presentaban una tarifa para el acceso a parques, unidades deportivas o cualquier otro espacio similar.

4. Las leyes de ingresos municipales

En el caso de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2025, se llevó a cabo el mismo ejercicio de consulta y revisión de dichos documentos, a efectos de identificar si en algunas de ellas, existía un concepto de pago de derechos, por el acceso a parques públicos, unidades deportivas, o cualquier otro similar y en caso de ser así, cuál es la tarifa que se propone.

Resultado de lo anterior, solo fue posible consultar la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, del municipio de Aguascalientes, en la que se detectó una tarifa para el acceso a un parque público, a saber:

5. La práctica deportiva y el ejercicio físico

De acuerdo con datos publicados por el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en el año 2024, el 41.1 por ciento de las personas de 18 años y más, Realizó actividad física en su tiempo libre. Esta cifra no obstante a que nuestro incremento respecto al año anterior se encuentra debajo del dato registrado en el año 2014. Lo anterior se muestra en la gráfica que a continuación se presenta:

De la gráfica anterior, resalta que, en el periodo que comprende del año 2013 al 2022, es en el año de 2020, cuando se registra el porcentaje más bajo de 38.9, de población activa físicamente, dato que contrasta significativamente con el registrado en el año de 2014, que fue de 45.4 por ciento.

Otro dato que resalta de dicho estudio es el que da cuenta del lugar en donde se llevó a cabo la actividad física o deportiva, por parte de la población, siendo los espacios públicos como son los parques, calles, campos, plazas, etc., los que registraron mayor preferencia por parte de la población activa físicamente. Lo anterior, se refleja en la gráfica que a continuación se presenta:

5. La actividad física entre las prioridades actuales de la salud pública

La actividad física debe considerarse en un lugar prioritario en tema de salud pública, según lo afirma el Observatorio de Actividad Física de la Universidad Veracruzana (Obafuv). Desde esta manera, el reto principal para las autoridades públicas se encuentra en la búsqueda de estrategias para impulsar la práctica de la actividad física en la población, donde la principal apuesta se dirige hacia el “ejercicio verde”, el cual se presenta como una estrategia que se plantea como la idónea para que las personas se ejerciten en espacios naturales, lo cual produce una mayor sensación de bienestar psicológico, menor insatisfacción con la imagen corporal y mayor persistencia en la práctica del ejercicio físico.

Al respecto, es importante mencionar que, de acuerdo con un estudio publicado por Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS), de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la estrategia de facilitar espacios públicos, como parques o senderos, resulta más eficaz desde una perspectiva de salud pública en razón de que estos espacios, generan un mayor impacto positivo en la población que se interesa en acudir a ellos para realizar alguna actividad física o deportiva.

Los resultados de dicho estudio sobre instalaciones deportivas y espacios públicos abiertos mostraron que, éstos últimos registraron un tiempo medio de uso 3.3 veces superior que las instalaciones deportivas, y tal diferencia se incrementaba sustancialmente en los grupos sociales con mayor carga de morbilidad y más necesitados de actividad física. Por lo anterior, es que las conclusiones de dicho estudio giran en torno a promover una mayor salud pública a través de inversiones en espacios públicos abiertos que permitan la actividad física para prácticamente cualquier persona, sin importar su edad.

Al respecto, es importante mencionar que, un estudio publicado por la Universidad de Sevilla afirma que, en los últimos años, los especialistas en el diseño de ciudades han mostrado una gran preocupación por la existencia de espacios que propicien la realización de actividades físicas, lo que sin lugar a duda trae como consecuencia, impactos positivos en la comunidad, tanto en el comportamiento humano como en la creación de ciudades más saludables.

Lo anterior, trae por consecuencia en pensar un poco sobre la necesidad que existe de impulsar políticas públicas en las que participen, tanto el sector público como la iniciativa privada para incrementar la oferta de espacios más seguros, con el equipo adecuado y lo más importante, con áreas verdes en donde las personas puedan acudir a practicar actividad física o deporte.

Respecto a este último punto, es preciso mencionar que, en el caso particular de nuestro país, en el periodo de gobierno 2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó la rehabilitación de más de 200 proyectos deportivos, con una inversión cercana a los 6 mil 500 millones de pesos (mdp), a los que se suman los equipamientos deportivos y obras de infraestructura deportiva, dando como resultado mil 200 nuevos lugares funcionales y de calidad para realizar alguna actividad física o practicar algún deporte en nuestro país.

Sin embargo, no obstante, a esa importante inversión para el desarrollo de infraestructura deportiva en nuestro país, o rehabilitación de la ya existente, considero que, estos esfuerzos no son suficientes para lograr el objetivo de garantizar a toda persona, sin ningún tipo de distinción, su derecho humano al deporte y la actividad física, reconocido en nuestra Constitución federal, desde el año 2011. Es menester que, en el marco de facultades concurrentes en los tres órdenes de gobierno, mismo que se establece en la Ley General de Cultura Física y Deporte, se considere la adopción de aquellas medidas que sean necesarias para contribuir a lograr la efectividad en el ejercicio pleno de este derecho.

Por lo expuesto hasta este momento, considero de gran relevancia, promover desde esta Cámara de Diputados que, en el próximo ejercicio fiscal 2026, los gobiernos estatales y municipales, adopten por primera vez, y se institucionalice como estrategia para fomentar la práctica de la actividad física y el deporte entre sus habitantes, establecer la entrada libre y gratuita para todas las personas que acudan a parques, deportivos y unidades deportivas y espacios públicos afines a éstos.

Por esta razón es que surge la propuesta de presentar a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, el cual, tiene por finalidad, exhortar de manera respetuosa a los Congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, instrumenten las acciones legislativas necesarias a efecto de que, en el próximo ejercicio fiscal 2026, sean eliminadas de su marco jurídico todas aquellas tarifas relacionadas con el derecho de acceso a parques, deportivos, unidades deportivas y espacios públicos afines a éstos, estableciendo la entrada libre y gratuita a dichos espacios públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, instrumenten las acciones legislativas necesarias a efecto de que, en el próximo ejercicio fiscal 2026, sean eliminadas de su marco jurídico todas aquellas tarifas aplicables por el derecho de acceso a parques, deportivos, unidades deportivas y espacios públicos afines a éstos, estableciendo así la entrada libre y gratuita de personas a dichos espacios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de septiembre de 2025.

Diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a informar a la opinión pública sobre la situación de controladores aéreos en funciones y los accidentes que se han dado por errores humanos en este servicio aéreo, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 26 de junio del 2025, durante la sesión de la Comisión Permanente, la suscrita presentó el punto de acuerdo con el siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, por conducto de los Servicios Aéreos a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que de cara a la celebración del Mundial de Fútbol en 2026, se remita a esta Comisión Permanente, un informe sobre el número de controladores aéreos en funciones, su situación laboral, la expectativa de contratación, el tipo de capacitación existente, los requisitos de ingreso, el proceso mediante el cual se da su alta y los accidentes que se han dado por errores humanos en este servicio aéreo.

En dicha propuesta se refiere que, la nota de Aldo Munguía “Incidentes aéreos en México crecen 53 por ciento en el primer cuatrimestre” publicada el 17 de junio pasado en El Financiero,1 señala que en el primer cuatrimestre de 2025, los incidentes aéreos en México aumentaron 53 por ciento anual, alcanzando 75 casos de enero a abril de este año, debido a fallas en el control de tránsito aéreo y un déficit de 350 controladores, a pesar de que el director general de los Servicios Aéreos a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Javier Vega, presumió recientemente que los incidentes aéreos en México se redujeron 42 por ciento en el 2024.”

En dicho escrito, se presumió que, de seguir la misma dinámica, podrían alcanzarse más de 220 incidentes graves en este 2025.

La misma nota citada, refiere que problemas como la falta de capacitación adecuada, errores en la separación de aeronaves y deficiencias en las comunicaciones ponen en riesgo la seguridad aérea. Aunque el gobierno planea contratar a 80 controladores adicionales, de los 350 que hacen falta, el déficit y las condiciones laborales precarias siguen siendo un obstáculo crítico para el sector.

El hecho, y como ya lo habíamos señalado es que existen reportes de diferentes incidencias, ocurridas entre febrero y septiembre, en donde se ha comprometido la seguridad de las operaciones debido a las deficiencias en el control aéreo.

Una aeronave de Aeroméxico estuvo a punto de chocar con un grupo de militares que realizaban tareas de paracaidismo en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); una avioneta bimotora se desplomó en el municipio de Salto de Agua, al norte de Chiapas, y una avioneta tipo Cessna 207, con matrícula XB-MLO, se desplomó en una zona boscosa de difícil acceso en Quitupan, Jalisco, con saldo de siete personas fallecidas.

El pasado 21 de julio, un avión de Aeroméxico estuvo a punto de chocar contra otro de Delta Air Lines, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El avión habría estado a punto de aterrizar encima de la otra aeronave que estaba a punto de despegar.2

El martes 9 de septiembre de 2025, un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) efectuó un aterrizaje de emergencia en la base aérea militar número 1, ubicada junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). No se reportaron personas lesionadas ni víctimas.3

Sabemos que existe un deficiente proceso de admisión para aspirantes a controlador aéreo, los cuales llegan a ingresar al servicio sin cumplir los requisitos mínimos que exige su función, como el manejo del idioma inglés.

También se informó que, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, confirmó que el gobierno contratará a 80 controladores adicionales a los que se encuentran en funciones, debido a que la Secretaría de Hacienda ya aprobó los recursos para contratarlos.

Los controladores en funciones continúan exigiendo un aumento salarial del 65 por ciento, pues en los últimos años sus sueldos no han crecido, ni siquiera en función de la inflación acumulada. “Ser controlador aéreo no es una tarea que se aprenda rápido. Según datos de la Secretaría de Economía, se requieren 13.7 años de escolaridad en promedio. El salario es de unos 34,400 pesos al mes, una cifra que no siempre compensa el nivel de exigencia que implica la profesión.

Desafortunadamente, el pasado 27 de septiembre, supimos de un nuevo incidente, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando las frecuencias de la torre de control del principal aeropuerto del país colapsaron.4

De acuerdo a la nota de El Financiero, al tiempo que se registró la falla, el AICM informó que debido a la intensa lluvia de esta tarde, las operaciones en el aeropuerto se llevaron a cabo solo en una pista.

De acuerdo con el sistema de itinerarios, al menos una decena de vuelos se retrasaron. Y, según el sistema de retrasos de plataformas como Flightaware, los despegues presentaron retrasos de 26 minutos en promedio, mientras que los aterrizajes promedian demoras de 40 minutos.

En tanto, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) indicó que, por las intensas lluvias, se paralizaron las operaciones en el AICM, lo que ocasionó patrones de espera de las aeronaves y el envío de vuelos a puertos aéreos alternos.

Sinacta señaló en un mensaje en la red social X (antes Twitter), que hay pocos controladores bajo intensas jornadas, que trabajan bajo protesta, y son el último bastión contra cualquier contingencia en el espacio aéreo. Afirman que las autoridades aún no reconocen esta labor mitigando la falta de Controladores y bajos salarios.5

Mientras que en Estados Unidos de América, su secretario de Transporte, Sean P. Duffy, anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) alcanzó su meta de contratación de controladores de tránsito aéreo correspondiente al año fiscal 2025, al incorporar 2,026 nuevos empleados, superando el objetivo establecido de 2,000 para este periodo,6 en México parece que tenemos un problema preocupante al respecto.

Es necesario que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de los Servicios Aéreos a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), dé a conocer el número de controladores aéreos en funciones, su situación laboral, la expectativa de contratación, el tipo de capacitación existente, los requisitos de ingreso, el proceso mediante el cual se da su alta y los accidentes que se han dado por errores humanos en este servicio aéreo.

Lo anterior cobra mayor relevancia, sabiendo que México tendrá una importante afluencia turística por la realización de la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, y que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

La seguridad aeroportuaria es de importancia vital para proteger a pasajeros, tripulaciones y al público en general de actos ilícitos y accidentes prevenibles. Su propósito es mantener la confianza en la aviación civil, y, sobre todo la seguridad de las personas, lo cual se logra mediante protocolos estrictos, tecnología avanzada y una actuación responsable por parte de las autoridades responsables.

No puede ponerse en riesgo la vida de miles de pasajeros por criterios de supuesta austeridad o ahorro, no podemos ignorar que la falta de personal puede provocar un accidente fatal que lamentaríamos.

Por lo anterior, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de los Servicios Aéreos a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para que, se informe ante la opinión pública, el número de controladores aéreos en funciones, su situación laboral, la expectativa de contratación, el tipo de capacitación existente, los requisitos de ingreso, el proceso mediante el cual se da su alta y los accidentes que se han dado por errores humanos en este servicio aéreo.

Notas:

1 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/06/17/incidentes-aereos-e n-mexico-crecen-53-en-el-primer-cuatrimestre/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

2 Véase: https://www.nmas.com.mx/nacional/accidente-aeropuerto-aicm-hoy-21-de-ju lio-2025-avion-casi-aterriza-sobre-otro/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

3 Véase: https://www.infobae.com/mexico/2025/09/10/avion-de-la-fuerza-aerea-mexi cana-sufre-percance-en-el-aifa/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

4 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/09/27/nuevo-incidente-en- el-aicm-comunicacion-con-aeronaves-esta-colapsada/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

5 Véase: https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/lluvias-colapsan-el-aicm -y-controladores-operan-con-personal-minimo-denuncia-sindicato/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

6 Véase: https://a21.com.mx/aeropuertos/2025/09/24/supera-faa-meta-de-contrataci on-de-controladores-aereos-para-2025/ Consultado el 28 de septiembre de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2025.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)