Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN y al OAJ a realizar la concentración en un solo órgano jurisdiccional de los diversos juicios y procesos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a efecto de garantizar la unidad de criterio, la coherencia en las resoluciones judiciales y la protección integral de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia de la rebeldía frente a la injusticia y del conocimiento como única herramienta frente a la opresión en el México posrevolucionario no puede comprenderse sin la presencia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero. Esta institución, con una profunda tradición de lucha social, brindado educación y formación política a jóvenes de origen campesino y de escasos recursos, procedentes de las regiones más marginadas de Guerrero y de otras entidades del país.

Entre sus egresados más destacados se encuentran Othón Salazar Ramírez, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, figuras centrales de los movimientos sociales del siglo XX y fundadores de organizaciones como el Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Guerrerense, las cuales fueron objeto de una intensa persecución durante la llamada guerra sucia, ejecutada por el Estado mexicano contra la disidencia política.

Este largo historial de represión encuentra uno de sus episodios más recientes y trágicos en el crimen de Estado perpetrado contra 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en septiembre de 2014, lo cual revivió la memoria histórica de resistencia que caracteriza a esta emblemática institución.

A más de una década de los trágicos acontecimientos de Iguala, el Estado mexicano continúa en deuda con los estudiantes desaparecidos, con sus familias, y con la justicia misma. Desde las más altas esferas del poder público durante el periodo neoliberal, se tejió una compleja red de simulaciones, omisiones y encubrimientos que, aún hoy, impide que la verdad se esclarezca plenamente, que la justicia alcance a los responsables y que el consuelo llegue a los padres de los 43 normalistas.

No ha sido el azar ni la confusión lo que ha frenado el acceso a la verdad, sino los entramados burocráticos, la colusión institucional y las complicidades arraigadas que, como muros de impunidad, continúan bloqueando el camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la restauración del Estado de derecho.

Si bien los acontecimientos han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y conocidos por la sociedad, resulta necesario, en aras de la memoria histórica y la justicia, hacer un recuento puntual de los hechos.

Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera1 :

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se dirigió a la ciudad de Iguala con el propósito de tomar autobuses, una práctica recurrente en las normales rurales que se emplea para facilitar la asistencia a movilizaciones sociales. En esta ocasión, buscaban participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. La actividad era pacífica y ninguno de los estudiantes portaba armas. Participaron aproximadamente 100 normalistas, quienes lograron retener cinco autobuses: Costa Line 2012, Costa Line 2510, Estrella de Oro 1531, Estrella de Oro 1568 y Estrella Roja 3278.

Desde un inicio fue evidente la participación de todos los órdenes de gobierno, así como del crimen organizado. Las autoridades daban seguimiento a los hechos mediante el C4, en el que incluso interviene el Ejército.

Después de asegurar los cinco autobuses y emprender el regreso hacia la Normal, diversas corporaciones policiales —municipales, estatales y federales— actuaron de manera concertada para interceptarlos y dispararles. Una de las agresiones más graves ocurrió en la intersección de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, donde se encontraban los autobuses Costa Line 2012 y 2510, así como el Estrella de Oro 1568. En ese punto se registraron al menos dos ataques. El primero ocurrió alrededor de las 21:40 horas, lo que motivó a los estudiantes sobrevivientes a pedir ayuda a sus compañeros, incluidos quienes permanecían en la Escuela Normal.

La violencia por parte del Estado fue brutal. Los impactos de bala y los rastros de sangre eran visibles por todo el lugar. Ante tal escenario, los compañeros que acudieron en auxilio (incluido el suscrito que promueve el presente punto de acuerdo) consideraron indispensable denunciar públicamente la masacre perpetrada por las corporaciones policiacas. Sin embargo, en un acto de descaro e impunidad, mientras ofrecían una conferencia de prensa en el mismo sitio de los hechos, los agresores volvieron a disparar, esta vez contra estudiantes, maestros y los pocos periodistas que se atrevieron a acudir.

Aquella noche se revelaron dos rostros del país: por un lado, la saña y brutalidad de las fuerzas de seguridad pública —incluido el Ejército—, que actuaron como verdugos del pueblo de México, particularmente de sus estudiantes; por otro lado, la solidaridad y la fraternidad de quienes arriesgaron su vida para salvar a otros, de personas que ofrecieron sus hogares como refugio y de periodistas que, con gran valor, documentaron lo ocurrido.

La barbarie no respetó siquiera a los heridos. Se les persiguió hasta los hospitales, donde se les fotografió uno por uno mientras se les exigían sus nombres verdaderos, bajo la amenaza de que, si no los proporcionaban, nadie los encontraría. Desde ese momento quedó claro que la muerte y la desaparición de los estudiantes ya estaban decididas. Quienes sobrevivimos escapamos a una sentencia que ya había sido dictada.

A los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1531, ubicado de manera simbólica y cruel frente al Palacio de Justicia, también se les disparó y se les agredió con brutalidad y aún seguimos en la lucha para saber dónde están todos y cada uno de ellos.

Esta atrocidad fue cometida con la participación coordinada de policías municipales, estatales, federales y del Ejército, todos en colusión con el crimen organizado. Desaparecieron a 43 compañeros: estudiantes y luchadores sociales. Pero también murieron civiles cuyo único “error” fue habitar en un Estado dominado por la barbarie, la impunidad y la corrupción: jugadores de fútbol, maestros y personas que simplemente transitaban por la carretera.

En total participamos más de 120 estudiantes, 43 desaparecidos, 6 fallecidos y varias personas heridas, que fueron apoyadas y curadas en el anonimato por el miedo a las instituciones.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó la versión oficial de los hechos, conocida como la “verdad histórica”. Según esta narrativa, los estudiantes habrían sido detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, versión que a la postre ha sido desmentida gracias al activismo de los padres, amigos y organizaciones sociales.

En medio del dolor y la oscuridad emergió una fuerza imparable: la de los padres, madres y familiares de los 43 estudiantes. Su lucha, sostenida por casi una década, se ha caracterizado por acciones concretas, de profundo simbolismo y de gran relevancia política y social. Con su perseverancia en la búsqueda de justicia, se han convertido en un faro de conciencia social, impulsado por la fuerza que solo el amor por los hijos puede generar: un amor que no se compra, traiciona ni se debilita.

En las semanas posteriores a la desaparición, mientras las autoridades se coludían para ocultar la verdad y proteger a sus cómplices, los padres organizaron marchas nocturnas con antorchas al Zócalo de la Ciudad de México. Con ese río de luz se visibilizo la exigencia de aparición con vida de sus hijos hasta el corazón de la ciudad. Representaron la luz frente a la oscuridad de la mentira oficial. La imagen de cientos de luces avanzando se transformó en un potente símbolo de resistencia colectiva y esperanza.

Los padres recorrieron el país y el mundo visitando comunidades, universidades, parlamentos, organismos internacionales. Con ello internacionalizaron el caso, transformando una tragedia nacional en un emblema global de desaparición forzada, impunidad y crímenes de Estado. Impidieron que el gobierno mexicano lo ocultara o minimizara. Tejieron una red de apoyo sin precedentes, que involucró a movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, artistas, intelectuales y ciudadanos comunes, generando presión constante. Al presentar su causa ante instancias internacionales, propiciaron la intervención de expertos independientes y evidenciaron las deficiencias y la parcialidad de las investigaciones oficiales.

Desde un inicio, los padres rechazaron la versión oficial de la Procuraduría General de la República de Murillo Karam, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Exigieron y consiguieron la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción simboliza su lucha contra la mentira oficial, exigieron una investigación seria, sustentada en evidencia científica y no en contubernios, mostraron que las víctimas, organizadas y persistentes, pueden enfrentar y desacreditar narrativas oficiales falsas, forzando a reabrir investigaciones.

Con el triunfo de la Cuarta transformación se cumplió el compromiso de crear la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Su insistencia y el compromiso del movimiento revelaron la gravedad del caso y la responsabilidad del Estado en distintos niveles, incluyendo la participación de fuerzas federales y su posterior encubrimiento, como se documentó en el informe de agosto de 2022. Su presión constante permitió destrabar información militar y avanzar, aunque con lentitud y dificultades, en nuevas líneas de investigación y detenciones.

Más allá de las acciones específicas, los padres mantuvieron una presencia continua: plantones frente a sedes del poder, como el antimonumento ante la PGR, marchas en cada aniversario, intervenciones artísticas, zapatos vacíos, siluetas, y consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Su activismo evitó que el caso cayera en el olvido mediático y social. Su permanencia en el espacio público recuerda la deuda pendiente con la justicia. Transformaron el caso Ayotzinapa en una causa nacional y en un referente para miles de familias de desaparecidos en México. Su lucha trasciende la búsqueda individual de sus hijos —aunque esa sigue siendo el núcleo sagrado— y adquiere una dimensión histórica:

Expuso, de forma cruda y global, la magnitud de la desaparición forzada, la impunidad estructural y la violencia en México.

Las investigaciones independientes y su perseverancia revelaron, como pocos casos lo han hecho, los vínculos y la responsabilidad de agentes estatales —municipales, estatales y federales, incluido el Ejército— con el crimen organizado y con graves violaciones a derechos humanos.

Constituyen un símbolo de resistencia frente a la fabricación de verdades oficiales, la “verdad histórica” y la cultura de la impunidad. Han demostrado que es posible, aunque difícil, enfrentar al poder.

Su dignidad, su capacidad de organización, su constancia y el uso estratégico de herramientas nacionales e internacionales han inspirado a otros movimientos de víctimas en México y el mundo. Mostraron un camino de resistencia no violenta, pero firme.

Su grito representa una exigencia profunda por un México distinto: donde el Estado proteja a sus ciudadanos, donde la justicia sea efectiva, donde la verdad prevalezca sobre la mentira, y donde hechos como los de Iguala no vuelvan a repetirse.

Sus acciones encarnan la dignidad frente a la barbarie, la verdad frente a la mentira, la memoria frente al olvido y la esperanza frente a la desesperación. Convirtieron su dolor en una fuerza colectiva que despertó conciencias, desafió poderes y redefinió la demanda de verdad y justicia. No solo por sus hijos, sino por todo un país herido por la violencia y la impunidad heredadas del pasado neoliberal y de la fallida guerra contra el narcotráfico emprendida por el espurio Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. Su legado constituye una lección viva de resistencia, amor y dignidad. Gracias a ellos, hoy todo México conoce el nombre de los estudiantes:

1. Abel García Hernández

2. Abelardo Vázquez Penitén

3. Adán Abraján de la Cruz

4. Alexander Mora Venancio

5. Antonio Santana Maestro

6. Benjamín Ascencio Bautista

7. Bernardo Flores Alcaraz

8. Carlos Iván Ramírez Villarreal

9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz

10. César Manuel González Hernández

11. Christian Alfonso Rodríguez

12. Christian Tomás Colón Garnica

13. Cutberto Ortiz Ramos

14. Doriam González Parral

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz

16. Everardo Rodríguez Bello

17. Felipe Arnulfo Rosa García

18. Giovanni Galindes Guerrero

19. Israel Caballero Sánchez

20. Israel Jacinto Lugardo

21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa

22. Jhosivani Guerrero de la Cruz

23. Jonás Trujillo González

24. Jorge Álvarez Nava

25. Jorge Aníbal Cruz Mendoza

26. Jorge Antonio Tizapa Legideño

27. Jorge Luis González Parral

28. José Ángel Campos Cantor

29. José Ángel Navarrete González

30. José Eduardo Bartolo Tlatempa

31. José Luis Luna Torres

32. Julio César López Patolzin

33. Leonel Castro Abarca Telumbre

34. Luis Ángel Abarca Carrillo

35. Luis Ángel Francisco Arzola

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas

37. Marcial Pablo Baranda

38. Marco Antonio Gómez Molina

39. Martín Getsemany Sánchez

40. Mauricio Ortega Valerio

41. Miguel Ángel Hernández Martínez

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías

43. Saúl Bruno García

De las organizaciones que se han solidarizado con la lucha por conocer la verdad y lograr la justicia para los 43 estudiantes destacan: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh); Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Artículo 19; Amnistía Internacional, y más de 250 organizaciones que desde su trinchera se unieron a la lucha2 .

Desde los primeros días posteriores a los hechos, su intervención ha sido clave para sostener y fortalecer el movimiento por la verdad y la justicia. Su participación ha abarcado múltiples dimensiones: jurídica, internacional, organizativa, psicosocial, comunicacional y de documentación rigurosa.

Cada organización apoyando con su experiencia, inclusive con la representación legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, de los dos normalistas asesinados esa noche (Julio César Mondragón y Daniel Solís Gallardo), así como de los estudiantes sobrevivientes víctimas de tortura y otros delitos. Este acompañamiento permitió a las familias acceder a una defensa especializada en derechos humanos y litigio estratégico, y enfrentar legalmente a diversas instancias del Estado mexicano, incluida la entonces PGR, la Fiscalía de Guerrero, la SEDENA y el propio gobierno federal.

En el plano internacional han promovido acciones constantes ante la CIDH, la ONU y otras instancias, incluyendo la presentación de medidas cautelares, audiencias públicas, informes especializados y colaboraciones con relatores especiales. Paralelamente se ha mantenido una estrategia de comunicación activa, mediante informes, comunicados, conferencias y presencia mediática, para contrarrestar narrativas oficiales engañosas y mantener el caso en la agenda pública.

El acompañamiento ha trascendido lo estrictamente legal. Ha brindado apoyo psicosocial y político a las familias, contribuyendo a su empoderamiento, organización y capacidad de interlocución con autoridades y medios de comunicación. Gracias a este respaldo, las familias han sostenido su lucha durante casi una década, evitando fracturas internas y fortaleciendo su unidad frente a intentos de cooptación o división.

Asimismo se ha generado una base de documentación rigurosa que ha servido como sustento técnico y jurídico para las acciones legales, los informes internacionales y los pronunciamientos públicos. Esta labor de documentación ha sido indispensable para construir una narrativa sólida frente a versiones oficiales incompletas o manipuladas.

Gracias al activismo de los padres y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos como el Centro, múltiples investigaciones independientes, peritajes científicos e informes internacionales han demostrado la falsedad e inconsistencias de la verdad histórica:

Estudios forenses han demostrado que, para incinerar 43 cuerpos, se habrían requerido al menos 27 toneladas de leña y más de 60 horas de combustión continua, lo cual resulta incompatible con las condiciones físicas del basurero.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó categóricamente que no existen rastros de fuego intenso ni evidencia de restos humanos en dicho lugar que permita sostener esa hipótesis.

Análisis de telecomunicaciones revelaron que varios teléfonos celulares de los estudiantes continuaron emitiendo señales hasta abril de 2015, algunas localizadas en instalaciones militares, lo que sugiere la participación o conocimiento de elementos castrenses en la desaparición.

Contrario al argumento de que los normalistas acudieron a Iguala para boicotear el informe de actividades de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, se ha documentado que su presencia en esa ciudad respondía a una decisión colectiva tomada semanas antes.

Durante la Asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), celebrada en agosto de 2014 en el estado de Morelos, se acordó que la Normal de Ayotzinapa sería sede de concentración para las 16 delegaciones de normales rurales que participarían en la marcha del 2 de octubre. Ante la negativa de la Normal de Tenería (Tenancingo, Estado de México) para asumir esa responsabilidad —alegando falta de condiciones logísticas—, el estudiantado de Ayotzinapa asumió el compromiso de proveer alimentos, alojamiento y transporte a casi mil estudiantes provenientes de diversas entidades.

Para garantizar la obtención de los autobuses necesarios, el Comité Estudiantil decidió reorganizar a su base estudiantil: los alumnos de segundo, tercero y cuarto año fueron enviados temporalmente a sus hogares, quedando sólo los de primer ingreso, acompañados por estudiantes con mayor experiencia, a cargo de las acciones logísticas.

Cabe señalar que los intentos previos de tomar camiones en Chilpancingo, Zumpango y Tierra Colorada fueron frustrados por la intervención de policías estatales y federales, lo que obligó a los dirigentes a trasladarse a Iguala. De esta manera, queda demostrado que la presencia de los estudiantes en esa ciudad no tuvo como objetivo interferir en actos políticos locales, como se afirmó en la versión oficial. De hecho, el evento de la presidenta del DIF había concluido antes de la llegada de los normalistas.

El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) concluye que3 :

• El caso Ayotzinapa constituye un crimen de Estado, perpetrado y encubierto por instituciones del Estado mexicano.

• La llamada ‘verdad histórica’ es insostenible; fue fabricada mediante tortura, pruebas falsas y manipulación de evidencias.

• Persisten obstáculos institucionales en FGR, Poder Judicial y Fuerzas Armadas que impiden el acceso a la justicia.

• Es imprescindible un enfoque de verdad, justicia y reparación, con perspectiva de derechos humanos y justicia transicional.

• Urge la judicialización de altos mandos, la desmilitarización de la seguridad pública y una reparación integral a las víctimas.

Las diferencias con la verdad histórica son las siguientes:

Es importante precisar que en la búsqueda por la verdad y la justicia, no se busca perjudicar de manera alguna a las instituciones nacionales como lo pudiera ser el ejército, o la Secretaría de la Defensa Nacional, muy por el contrario se busca fortalecer a las instituciones para que sean un pilar en la defensa de los derechos de las personas, tal y cual es su espíritu legal, es por ello que es necesario agotar todos los elementos de prueba y ha sido documentado que precisamente el ejército posee información que no ha compartido en su totalidad4 , la verdad es lo menos que el estado puede proporcionar a los padres de los normalistas desaparecidos, como sociedad tenemos derecho a la verdad y a la memoria histórica, solo así superaremos los más tristes episodios de la historia reciente y podremos construir instituciones más sólidas y justas.

Una de las motivaciones más profundas para impulsar la reciente reforma constitucional en materia judicial ha sido, sin duda, la indignación social provocada por la falta de empatía, sensibilidad y compromiso mostrada por los actuales juzgadores ante casos emblemáticos como el de Ayotzinapa. A la ya documentada colusión entre autoridades civiles, militares y el crimen organizado —auspiciada institucionalmente durante la gestión de Jesús Murillo Karam— se ha sumado la indolencia del Poder Judicial, que mediante resoluciones omisas, lentas o regresivas ha contribuido a obstaculizar el acceso efectivo a la justicia. Frente a esta realidad, la reforma transforma estructuralmente un poder judicial distante, opaco y elitista, para volverlo verdaderamente cercano al pueblo, garante de los derechos humanos y comprometido con la verdad.

Con la nueva conformación del poder judicial es momento de solicitar que todos los juicios derivados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean tratados por una instancia única, fundamentado en la complejidad del crimen de Estado y los estándares internacionales de derechos humanos.

El Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado con participación de autoridades federales, estatales, municipales y el Ejército, la llamada Verdad Histórica fue desmentida por evidencias de tortura, encubrimiento y falta de rigor científico tal y como quedo acreditado en la

Recomendación 15VG/2018 de la comisión nacional de derechos humanos, con ese cumulo de irregularidades desde la investigación fue inevitable que el poder judicial tuviera la excusa perfecta para continuar con la obstrucción de la verdad, que la estrategia para liberar culpable fuera una dispersión de jueces y jurisdicciones.

A continuación, se presenta un resumen de algunos de los casos judiciales más relevantes relacionados con Ayotzinapa, identificados en diversas instancias del Poder Judicial de la Federación:

La complejidad del caso ha derivado en la apertura de múltiples expedientes judiciales en distintas instancias y jurisdicciones, lo que ha generado una dispersión de la información, duplicidad de esfuerzos y, en ocasiones, resoluciones contradictorias.

De conformidad con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa llegaron a existir hasta 42 recursos judiciales federales distribuidos en 15 órganos jurisdiccionales distintos.

Esta fragmentación procesal dificulta la visión integral del caso, obstaculiza la coordinación entre las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos, y prolonga el acceso a una justicia pronta y expedita para las víctimas.

La acumulación de estos expedientes bajo una única instancia judicial, preferentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitiría una gestión más eficiente y coherente de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables. Ello garantizaría una interpretación unificada de los hechos y el derecho aplicable, evitaría la emisión de sentencias divergentes y facilitaría la construcción de una verdad histórica y jurídica sólida, los propios padres de los estudiantes desaparecidos lo han solicitado9 y es lo menos que la justica en México les puede ofrecer.

Este criterio ya ha sido analizado y discutido por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, tal y como se puede apreciar en el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el trámite para la concentración de asuntos en los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo10 . En el cual se estableció como un objetivo de la concentración que los órganos jurisdiccionales brinden, una respuesta unificada y coherente en casos en que haya un gran número de juicios vinculados con violaciones graves de derechos humanos. Dicha respuesta debe satisfacer los derechos de las víctimas, principalmente el derecho a la verdad, evitando fragmentar el acceso a la justicia y cualquier tipo de victimización secundaria. Con ello, se logrará también privilegiar la especialización en el conocimiento de asuntos de alta relevancia, bajo el enfoque de los derechos humanos que incidan directamente en la controversia planteada.

Por lo cual es procedente exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que solicite al órgano de administración judicial la concentración en un solo órgano jurisdiccional de los diversos juicios y procesos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a efecto de garantizar la unidad de criterio, la coherencia en las resoluciones judiciales y la protección integral de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares

México ha ratificado instrumentos clave que obligan al Estado a aplicar el control de convencionalidad para garantizar investigaciones ágiles y unificadas en casos de graves violaciones a derechos humanos11 :

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual en su artículo 12.4 dispone que cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones12 .

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone que: Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo...13

Convención Americana sobre Derechos Humano en la cual en su artículo 8 relativo a las Garantías Judiciales en su numeral 1 especifica que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable...14

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Rosendo Radilla se precisó que:

Esta Corte ha manifestado reiteradamente que los tratados modernos sobre derechos humanos, como es el caso de la CIDFP, “no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos [...] Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción ”15 .

En la normatividad interna el artículo 17 constitucional dispone que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y el artículo 100 dispone la facultad de que el órgano de administración judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia, como se ha reiterado; lo acontecido a los compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa constituye un caso paradigmático de violaciones graves a derechos humanos.

Por todo lo anterior, se hace indispensable exhortar a la Suprema Corte de Justicia y al Órgano de Administración Judicial para que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17 y 100 emitan un acuerdo para la concentrar en un solo órgano especializado todos los juicios a efecto de que se puedan tramitar y resolver con unidad de criterio.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Órgano de Administración Judicial para que, en ejercicio de las atribuciones previstas en el antepenúltimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice la concentración en un solo órgano jurisdiccional de los diversos juicios y procesos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a efecto de garantizar la unidad de criterio, la coherencia en las resoluciones judiciales y la protección integral de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

Notas:

1. https://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2015/09/Informe-GIEI-Ay otzi.pdf

2. https://cmdpdh.org/2015/09/09/mas-de-250-organizaciones-nacionales-y-regionales-y-personas-respaldamos-el
-informe-del-grupo-interdisciplnario-de-expertos-independientes-para-el-caso-ayotzinapa/

3. http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/work/models/Comision_para_la_Verdad/Documentos/pdf/
Informe_de_la_Presidencia_PARA_WEB.pdf

4. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2024/4/26/
operacion-silencio-asi-el-ejercito-oculto-informacion-sobre-el-caso-ayotzinapa-327921.html

5. https://zetatijuana.com/2025/06/tribunal-absuelve-a-jose-luis-abarca-por-el-secuestro-de-los-43-normalistas
-de-ayotzinapa/#:~:text=El%20Segundo%20Tribunal%20Colegiado%20del%20D%C3%A9cimo%20Noveno,
de%202014%2D%2C%20del%20secuestro%20de%20los%2043

6. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/09/04/tribunal-ordena-al- ejercito-no-destruir-archivos-de-ayotzinapa/

7. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dan-libertad-condicional-a-militares-implicados-en-caso-Ayotzinapa
-20240509-0149.html#:~:text=La%20jueza%20Segundo%20de%20Distrito%20de%20Procesos,
la%20que%20estaban%20sometidos%20desde%20febrero%20pasado.

8. https://centroprodh.org.mx/2018/09/20/confirma-tribunal-colegiado-que-su-sentencia-sobre-ayotzinapa-debe
-ser-cumplida-2/#:~:text=Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%2020%20de%20septiembre%20de,
caso%20Iguala%20y%20generar%20una%20comisi%C3%B3n%20investigadora

9. “Tenemos más de 30 procesos distribuidos en distintos juzgados que resuelven con criterios incluso encontrados.

10. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5654105&fecha=03/06/ 2022#gsc.tab=0

11. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cronicas_pleno_salas/docume nto/2023-11/C.T.%20351-2014.pdf

12. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-convention-protection-all-persons-enforced

13. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

14. https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derech os_Humanos.pdf

15. https://corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=360&lang=es

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de septiembre de 2025

Diputado Manuel Vázquez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva a modificar la inscripción del Muro de Honor el nombre “Josefa Ortiz de Domínguez” para que sea colocado en su forma completa y correcta: “Josefa Ortiz Téllez-Girón”, a fin de honrar con precisión histórica y justicia el legado de la heroína de la Independencia de México, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Luis Humberto Fernández Fuentes del Grupo Parlamentario de Morena, del H. Congreso de la Unión, de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a modificar la inscripción del Muro de Honor el nombre “Josefa Ortiz de Domínguez” para que sea colocado en su forma completa y correcta: “Josefa Ortiz Téllez-Girón”, a fin de honrar con precisión histórica y justicia el legado de la heroína de la Independencia de México, misma que tiene sustento con la siguiente

Exposición de Motivos

Josefa Ortiz Téllez-Girón es una de las madres de las patria, sin embargo, su nombre ha sido soslayado en la historia por el de su esposo, el Corregidor Miguel Domínguez. Esto ha significado una merma de su identidad y de su valor histórico. Fue reconocida como la primera mujer “heroína de la patria” y, en la actualidad, es símbolo de resistencia femenina. Su ejemplo abrió camino para que otras mujeres como Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Mariana Rodríguez del Toro fueran visibilizadas como protagonistas y no solo como acompañantes.

Si bien el uso de “Ortiz de Domínguez” ha sido generalizado en la tradición popular, el apellido correcto de la heroína es Ortiz Téllez-Girón. Los apellidos propios otorgan una identidad jurídica plena e igualdad ante la ley, evita la noción de dependencia y otorga autonomía, individualidad y reconocimiento profesional. Además, usar el apellido materno preserva el linaje y constituye una forma de justicia histórica hacia las mujeres de la familia. Lo más importante es que simboliza la equidad de género: abandonar esta práctica refuerza el mensaje de que el matrimonio es una unión entre iguales y no una relación de subordinación.

Que la mujer y en este caso la heroína, conserve sus apellidos de nacimiento y no adopte el del marido tiene consecuencias y significados. La práctica proviene de una tradición patriarcal, en la que la mujer se subordinaba al esposo y sin derechos, realidad que hoy se combate y se aspira a su desaparición.

El mantener el apellido marital reproduce un sesgo histórico que invisibiliza a las mujeres como sujetos autónomos. Reconocerla con su apellido de origen es un paso firme hacia la equidad y hacia la preservación correcta de la memoria nacional.

La Presidenta de la República, en el Grito de la Independencia, marcó un hecho trascendente al gritar su verdadero nombre, Josefa Ortiz Téllez-Girón, lo que constituye una reivindicación histórica. Este es un paso más hacia la igualdad sustantiva de las mujeres. Como lo ha señalado la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum: ¡es tiempo de mujeres!

Ante estas consideraciones, me permito presentar a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a su Mesa Directiva a instruir lo conducente para que se realice la modificación de la inscripción en letras doradas ubicada en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, sustituyendo el nombre “Josefa Ortiz de Domínguez” por el de “Josefa Ortiz Téllez-Girón”, en apego a la verdad histórica y en justo reconocimiento a la memoria de la heroína de la Independencia de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de septiembre del 2025.

Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar y fortalecer redes de alerta temprana y respuesta comunitaria, que contemplen la capacitación ciudadana, la dotación de equipo básico y la integración de protocolos comunitarios coordinados con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Redes de Alerta Temprana y Respuesta Comunitaria son mecanismos de organización ciudadana que permiten a las comunidades estar preparadas para identificar riesgos, difundir alertas oportunas, responder en los primeros minutos de una emergencia y coordinarse con las autoridades para reducir pérdidas humanas y materiales. Diversos organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr), han demostrado que los sistemas de alerta temprana centrados en las personas son más efectivos porque involucran a quienes conocen de primera mano la realidad de su territorio, generando resiliencia social y capacidad de respuesta ante múltiples amenazas.1

A nivel internacional existen experiencias exitosas. En Bangladesh, los sistemas comunitarios de alerta frente a ciclones han reducido drásticamente la mortalidad gracias a brigadas locales, uso de radios y mensajes móviles.2 En Filipinas, la organización barrial para detectar y responder a deslizamientos ha permitido salvar vidas en zonas de alta vulnerabilidad.3 En Vietnam, un estudio empírico mostró que los sistemas de alerta comunitarios funcionan mejor cuando se combinan con entrenamiento, protocolos claros y comunicación directa con las autoridades.4 Estas experiencias comparten un principio: cuando las comunidades están organizadas y capacitadas, la respuesta ante desastres es más rápida y eficaz.

México también tiene una larga tradición de solidaridad ciudadana en las emergencias. Desde los sismos de 1985 y 2017 hasta huracanes recientes, la población ha demostrado una respuesta inmediata y solidaria, muchas veces llegando antes que los cuerpos de emergencia para auxiliar, rescatar y brindar apoyo a las víctimas.5 Esa capacidad de organización espontánea es una de nuestras mayores fortalezas sociales, pero carece de un marco formal que la capacite, organice y coordine para evitar riesgos innecesarios y potenciar sus beneficios.

La reciente explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó al menos ocho personas fallecidas y decenas de heridos, recordó dolorosamente lo vulnerables que somos frente a emergencias tecnológicas y lo indispensable que resulta contar con comunidades preparadas. Una vez más fueron los propios vecinos quienes acudieron primero en auxilio, demostrando que la sociedad está dispuesta a responder, pero también que es necesario dotarla de herramientas, capacitación y protocolos claros para hacerlo de forma segura y efectiva.6

En este contexto, resulta impostergable impulsar el fortalecimiento y formalización de Redes de Alerta Temprana y Respuesta Comunitaria, que organicen la participación ciudadana, garanticen capacitación continua, doten de equipamiento básico y establezcan protocolos de coordinación entre comunidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Cada tragedia nos recuerda lo frágil de la vida, pero también lo fuerte que puede ser una sociedad cuando se une. Los desastres no esperan, pero las comunidades preparadas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con esta propuesta, no sólo honramos la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo, sino que damos un paso firme hacia un México más seguro, resiliente y humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a los Gobiernos estatales y municipales, a implementar y fortalecer Redes de Alerta Temprana y Respuesta Comunitaria, que contemplen la capacitación ciudadana, la dotación de equipo básico y la integración de protocolos comunitarios coordinados con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Notas:

1. UNDRR (2022). Early Warning for All initiative. https://www.undrr.org

2. IFRC (2021). People-Centred Early Warning Systems. https://www.ifrc.org

3. Asian Development Bank (2020). Community-based disaster risk reduction in the Philippines. https://www.adb.org

4. Nguyen, H. et al. (2016). Effectiveness of Community-Based Early Warning Systems in Vietnam. SpringerLink.

5. CENAPRED (2018). Informe sobre participación social en gestión de riesgos en México. https://www.gob.mx/cenapred

6. El País (2025). Explosión de pipa de gas en Iztapalapa. https://elpais.com

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025

Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al Congreso de la Unión a considerar la incorporación del aprendizaje obligatorio de una lengua indígena nacional pertinente en la educación básica (preescolar y primaria), a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las lenguas indígenas son fundamentales para la identidad cultural de los pueblos originarios, ya que son vehículos esenciales de su cosmovisión, tradiciones y conocimientos ancestrales. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), las lenguas indígenas nacionales son el sostén de la identidad cultural de los pueblos originarios, por lo que resulta fundamental su preservación y promoción.1

El aprendizaje de una lengua indígena desde la infancia es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. La UNESCO destaca que la educación en la lengua materna es un factor clave para la inclusión y un aprendizaje de calidad, ya que mejora los resultados del aprendizaje y el rendimiento escolar, especialmente durante la educación primaria.2 Además, UNICEF ha implementado iniciativas que priorizan la educación bilingüe, reconociendo que aprender en la lengua materna es un derecho y la forma más eficiente de mejorar el rendimiento escolar.3

Sin embargo, muchas lenguas indígenas están en peligro de desaparecer. En América Latina, un 38,4% de las 556 lenguas indígenas están en riesgo de extinción, debido a factores como el racismo, la discriminación y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas.4 En México, se estima que 22 lenguas están en proceso de extinción, lo que representa una pérdida significativa de patrimonio cultural y lingüístico.5

Países como Paraguay han implementado políticas de educación bilingüe que han fortalecido el uso de lenguas indígenas. El guaraní, hablado por el 70% de los paraguayos, es un ejemplo de resistencia lingüística y cultural.6 Estas políticas han demostrado que la enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas puede contribuir a su preservación y revitalización.

La preservación de las lenguas indígenas requiere políticas públicas que incluyan su enseñanza en el sistema educativo nacional. La UNESCO y otros organismos internacionales han instado a los gobiernos a adoptar medidas para revitalizar y promover el uso de estas lenguas.7 México, la implementación de programas de educación intercultural bilingüe es una medida necesaria para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación en su lengua materna.

La enseñanza de las lenguas indígenas en la educación básica no debe entenderse como un gesto simbólico ni como una concesión cultural, sino como una obligación ética y jurídica del Estado mexicano para garantizar la preservación de nuestro patrimonio lingüístico y cultural. Iniciar este proceso desde la infancia no solo fortalece las capacidades cognitivas de las y los estudiantes, sino que también siembra en ellos un sentido de identidad, pertenencia y respeto hacia la diversidad que constituye a la Nación. Hoy, frente a la alarmante pérdida de hablantes y a la amenaza de desaparición de numerosas lenguas, el sistema educativo tiene en sus manos la posibilidad de revertir la historia y encaminar a México hacia un futuro más inclusivo, justo y orgulloso de su riqueza cultural. No actuar en este sentido sería condenar a las próximas generaciones a la pérdida irreparable de una parte esencial de lo que somos como país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias a fin de incluir en los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar y primaria) el aprendizaje de una lengua indígena nacional pertinente a cada región.

Segundo.- Se solicita respetuosamente a las Comisiones de Educación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a considerar, en el marco de sus facultades, las reformas necesarias a la Ley General de Educación y a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de garantizar la enseñanza de una lengua indígena nacional en la educación básica.

Tercero.- Se invita a las entidades federativas y a las autoridades educativas locales a que colaboren en la instrumentación de programas piloto y en la capacitación docente para la enseñanza de lenguas indígenas en educación básica.

Notas:

1. Gobierno de México (2023). Las lenguas indígenas nacionales, sostén de la identidad cultural de los pueblos originarios. INALI. Recuperado de https://www.gob.mx/cultura/prensa/las-lenguas-indigenas-nacionales-sost en-de-la-identidad-cultural-de-los-pueblos-originarios-inali

2. UNESCO (2022). Por qué la educación en la lengua materna es esencial. Recuperado de
https://www.unesco.org/es/articles/por-que-la-educacion-en-la-lengua-materna-es-esencial

3. UNICEF (2021). Lenguas indígenas y niñez. Recuperado de
https://www.unicef.org/mexico/historias/lenguasindigenasyni%C3%B1ez

4. SEGIB (2021). El 38,4% de las lenguas indígenas de América Latina y Caribe se encuentran en peligro de desaparición. Recuperado de https://www.segib.org/el-384-de-las-lenguas-indigenas-de-america-latina -y-caribe-se-encuentran-en-peligro-de-desaparicion/

5. Banco Mundial (2019). Lenguas indígenas: un legado en extinción. Recuperado de
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2019/02/22/lenguas-indigenas-legado-en-extincion

6. UNDP (2020). Las lenguas indígenas, un patrimonio universal. Recuperado de
https://www.undp.org/es/paraguay/comunicados-de-prensa/las-lenguas-indigenas-un-patrimonio-universal

7. UNESCO (2021). Década Internacional de las Lenguas Indígenas. Recuperado de
https://www.unesco.org/es/decades/indigenous-languages

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025

Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las sanciones contra conductores en estado de ebriedad y a implementar campañas nacionales informativas, educativas y de concientización en sus portales oficiales, redes sociales y medios de comunicación locales, con el fin de dar a conocer la normatividad aplicable, las sanciones correspondientes y fomentar la cultura de la prevención, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, los siniestros viales vinculados con el consumo de alcohol representan una de las principales causas de muerte y lesiones entre la población joven y económicamente activa. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud y del INEGI, miles de personas resultan afectadas anualmente, ya sea por lesiones permanentes, fallecimientos o daños materiales de alto costo social.1

Según datos del Observatorio Internacional de Transporte (ITF–OCDE), en 2022 alrededor del 5.4?% de los accidentes de tránsito ocurridos en zonas urbanas y suburbanas en México estuvieron vinculados con conductores bajo los efectos del alcohol. Además, se estimó que aproximadamente el 19.5?% de las muertes entre ocupantes de vehículos en colisiones viales durante el periodo 2010-2013 pudieron atribuirse al consumo de alcohol.2

Un caso particularmente trágico ocurrió en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, el 16 de agosto de 2025: un conductor en estado de ebriedad provocó una carambola entre seis vehículos que dejó un pasajero de taxi fallecido y dos personas lesionadas. A pesar de la gravedad del incidente, el responsable quedó en libertad al acogerse a un mecanismo alternativo de solución de controversias, lo que generó indignación pública y debate sobre la efectividad de las sanciones actuales.3

Distintos estados del país han comenzado a implementar reformas y acciones significativas. Por ejemplo, en Hidalgo, el Congreso estatal aprobó recientemente una reforma al Código Penal para suspender la licencia de conducir a quienes sean detectados manejando bajo los efectos del alcohol o drogas.4 En Nuevo León, un diputado presentó una propuesta para elevar las penas para conductores particulares de tres-nueve años hasta cinco-quince años, y aún más para conductores de transporte público o escolar.5 En Puebla, el Congreso analiza una iniciativa para imponer penas de hasta 18 años de prisión a conductores ebrios que provoquen daños graves o muertes.6

Es fundamental que estas acciones se realicen mediante una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno. Así, tanto las legislaturas y Secretarías locales como las federales podrán mantener trabajo conjunto con los municipios, diseñando campañas integrales y efectivas que utilicen medios como internet, redes sociales y páginas oficiales, generando un vínculo directo con la población y asegurando que las medidas preventivas lleguen a todos los sectores de la sociedad.7

En semanas recientes, se trabajó una propuesta legislativa para crear el denominado Impuesto de Riesgo a Terceros (IRT), como una contribución especial destinada a atender a víctimas y financiar campañas de prevención. Sin embargo, dado que la Presidenta de la República ha instruido que durante el presente año no se aprueben nuevos impuestos en apoyo de la economía de las familias mexicanas, hemos decidido reformular este esfuerzo en un exhorto de carácter preventivo y de justicia social.8

Resulta indispensable que el Congreso de la Unión exhorte a las legislaturas locales y a las autoridades competentes a endurecer las sanciones aplicables a toda persona que, bajo el influjo del alcohol, cause daños a la salud, la vida o los bienes de terceros. De igual manera, es necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con las entidades federativas, implementen campañas nacionales de concientización e información que reduzcan la incidencia de estas conductas y promuevan una cultura de prevención.9

Adicionalmente, la evidencia internacional demuestra que las campañas de concientización, combinadas con sanciones más estrictas, son efectivas para disminuir los accidentes de tránsito relacionados con alcohol. Estudios en países de la OCDE muestran reducciones de hasta 15?% en mortalidad vial cuando se implementan programas integrales.10

En México, los accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte en la población general y la principal causa entre jóvenes de 10 a 24 años, lo que representa un alto costo social y económico para el país.11

Finalmente, es esencial que la política pública coloque en el centro la protección de las víctimas y la prevención, fomentando una cultura de responsabilidad vial y disminuyendo la exposición de la sociedad a daños evitables.12

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que revisen y, en su caso, reformen sus respectivos códigos y leyes en materia penal, con el fin de endurecer las sanciones aplicables a las personas que, en estado de ebriedad, causen daños a la salud, la vida o los bienes de terceros.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, a implementar campañas nacionales de concientización e información orientadas a la prevención de accidentes provocados por el consumo de alcohol, con énfasis en la seguridad vial y la protección de víctimas.

Tercero.- Se hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que refuercen los operativos de prevención y control del consumo de alcohol en la vía pública, priorizando la seguridad de las familias mexicanas.

Notas:

1. INEGI, 2024 Ficha-Informativa_Accidentes-de-tránsito-por-clase-de-accidente-2010-20 23.pdf

2. ITF-OCDE, 2023 Multa por manejar en estado de ebriedad en México - Autofact

3. Periódico Central, 2025 Conductor borracho provocó carambola entre seis autos en Vía Atlixcáyotl, Puebla; murió pasajero de taxi afectado

4. Effetá, 2025 https://www.effeta.info/endurecen-sanciones-aprueban-suspender-licencia -a-conductores-ebrios-en-hidalgo/?utm_source=chatgpt.com

5. HCNL, 2025 Portal GLPMC | Mario Salinas propone reforma para endurecer penas a conductores ebrios en Nuevo León

6. Leviatán, 2025 Congreso de Puebla analiza endurecer sanciones a conductores ebrios: prisión de hasta 18 años - Leviatan

7. Estrategia_Nacional_A_SALV0__15_.pdf

8. Estrategia_Nacional_A_SALV0__15_.pdf

9. Estrategia_Nacional_A_SALV0__15_.pdf

10. ITF-OCDE, 2023 Multa por manejar en estado de ebriedad en México - Autofact

11. Estrategia_Nacional_A_SALV0__15_.pdf

12. Congreso abierto a endurecer sanciones contra conductores ebrios - El referente | Noticias de Puebla

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025

Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las STPS u homólogas de las 32 entidades federativas a implementar acciones efectivas para la reintegración laboral de las personas mexicanas que son repatriadas y trasladadas a cada una de las comunidades de origen, en el marco de la estrategia México te Abraza, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Roselia Suárez Montes de Oca, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este Honorable pleno, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es necesario reafirmar lo que ha pronunciado nuestra Presidenta de México la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: “Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias ”. Si bien, nuestras paisanas y paisanos tuvieron que salir de nuestro país en busca de mejores oportunidades, con el paso del tiempo se convirtieron en una fuerza de suma importancia para el crecimiento de los Estados Unidos (EE.UU.) de acuerdo a datos oficiales al cierre de 2023, la población mexicana que reside en ese país se compuso por 12 millones de primera generación, 14.3 millones de segunda generación y 13.6 millones de tercera generacióni , cifras que reflejan el gran impacto demográfico que tiene nuestra comunidad en aquel país.

En suma, entre las principales actividades económicas a la que se dedican nuestros connacionales de primera, segunda y tercera generación corresponden a 6.2 millones a la industria de servicios y comercios, 4.4 millones a ocupaciones financieras y servicios profesionales, 3.2 millones a la construcción, minería, instalación y mantenimiento, 2 millones al transporte y 1.4 millones a la manufactura,ii dichas cifras se traducen en la importancia fundamental que tiene nuestra población migrante para la economía de EE.UU..

De acuerdo a estimaciones del Centro de Investigaciones Pew (Pew Research Center) el número de mexicanos no autorizados que se encontraban en EE.UU. hasta 2022 correspondió a 4 millones,iii esta cifra refleja el riesgo en el que se encuentran nuestros connacionales ante las detenciones por autoridades migratorias de ese país y sus inminentes deportaciones.

A esto se suma que, desde el 20 de enero de 2025 con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de América se han emitido una serie de órdenes ejecutivas en materia de política migratoria que impactan negativamente en la dignidad, el bienestar y los derechos de personas migrantes de origen mexicano que carecen de una situación migratoria regular en aquel país. La implementación de estas políticas conlleva a la persecución criminal de personas, la separación de familias, la detención y la deportación o expulsión de la Unión Americana.

El retorno forzado de connacionales de Estados Unidos a México ha ido en incremento, de acuerdo a datos de la SEGOB al cierre de mayo de 2025, poco más de 57 mil personas han sido retornadas vía el mecanismo de repatriacióniv ; los actos y discursos de xenofobia y violencia institucional que estamos atestiguando además de acrecentar las cifras, son alta y particularmente traumáticos para las personas retornadas en este contexto, por ello, y considerando la deuda histórica que tenemos con nuestros connacionales los cuales tuvieron que abandonar sus tierras para buscar mejores oportunidades para sobrevivir y brindarle lo necesario a sus hijos y familias para poder subsistir, es que nos exige ampliar acciones en las Entidades federativas para la protección de sus derechos y su reinserción efectiva en cada una de sus comunidades de origen.

Ante tales acciones en contra de las y los mexicanos residentes en Estados Unidos, el Gobierno de México puso en marcha la estrategia “México te abraza”,v la cual traza una ruta para recibir humana y dignamente a nuestros connacionales retornados de los EE.UU. así como su reintegración en las comunidades de origen. Esta estrategia establece tres ejes para su cumplimiento (i) asistencia y protección consular, (ii) recepción y apoyo en los seis estados fronterizos, donde se instalan centros de atención, y (iii) reintegración para atender las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales, así como la incorporación al empleo y a programas de bienestar. Todo esto con la participación de 34 dependencias del Gobierno federal, seis entidades federativas de la frontera norte y 10 entidades del centro y sur del país.

Además, la estrategia cuenta con la participación del Consejo Coordinador Empresarial para lograr una vinculación laboral de las personas mexicanas repatriadas, de acuerdo al informe de avances sobre la estrategia México te abrazavi al 16 de junio se han recibido a 24 mil 82 personas mexicanas repatriadas en los Centros de Atención, de los cuales dos mil 495 han logrado vincularse a oportunidades de empleo lo que significa que solo el 10.4% se ha colocado de manera efectiva en un empleo. Cabe destacar que, gran parte de las ofertas laborales se concentran en los Estados de Nuevo León, Ciudad de México, el Estado de México y Jaliscovii lo que resulta poco efectivo para las personas mexicanas en retorno que requieren trasladarse a sus comunidades de origen por contar aún con lazos familiares, de acuerdo a datos del mismo informe el Instituto Nacional de Migración realizó el traslado de más de 13 mil personas mexicanas a sus estados de origen, y a esto se suma que, los empleos que son ofertados no tienen un enfoque que considere las habilidades adquiridas de nuestros connacionales en EE.UU.

Estos datos ponen en evidencia la necesidad de que los Gobiernos de las Entidades federativas a través de las Secretarías del Trabajo o sus Instituciones homologas deben implementar acciones efectivas y complementarias a la Estrategia “México te abraza”, dichas acciones deben estar orientadas a fortalecer la vinculación laboral de las personas mexicanas repatriadas, donde en colaboración con el sector privado y social se desarrollen bolsas de trabajo de acuerdo a las realidades y necesidades locales, pero también adecuándolas a los conocimientos y habilidades que adquirieron nuestros paisanas y paisanos en EE.UU.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social u Homologas de las 32 Entidades Federativas a implementar acciones efectivas para la reintegración laboral de las personas mexicanas que son repatriadas y trasladadas a cada una de las comunidades de origen en el marco de la Estrategia México te Abraza.

Notas:

i. Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA y BBVA Research (2024). Anuario de Migración y Remesas México 2024. CONAPO-Fundación BBVA-BBVA Research. México, pp. 140.

ii. Ídem.

iii. Pew Research Center, What we know about unauthorized immigrants living in the U.S., publicación disponible en: https://pewrsr.ch/3MNDkkW

iv. SEGOB. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Tablas “Eventos de devolución por el mecanismo de repatriación de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos 2025”; basadas en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM.

v. Estrategia disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/971337/28enero25_M_xico_ te_abraza.pdf

vi. Secretaría de Gobernación, Conferencia de Prensa Matutina. 16 de junio de 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/live/ab4o7RpeF5A?si=5RXaKNU_3LCvMXFh

vii. Consejo Coordinador Empresarial. Comunicado. Empresas superan las 70 mil vacantes disponibles para connacionales repatriados, gracias al esfuerzo conjunto por la reinserción laboral. Disponible en: https://saladeprensa.cce.org.mx/empresas-superan-las-70-mil-vacantes-di sponibles-para-connacionales-repatriados-gracias-al-esfuerzo-conjunto-p or-la-reinsercion-laboral/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2025.

Diputada Roselia Suárez Montes de Oca (rúbrica)