Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Gobierno del estado de Baja California Sur a coordinar esfuerzos para fortalecer el Fideicomiso de Turismo de los Cabos y la promoción turística del destino, a cargo del diputado Luis Armando Díaz, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Luis Armando Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- La Relevancia Constitucional y Económica del Turismo . De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional para que sea integral y sustentable. En este marco, el turismo se erige como un sector estratégico prioritario. Las cifras del año 2023 confirman su trascendencia, con un PIB turístico que alcanzó los 2.5 billones de pesos, equivalentes al 8.6% del PIB nacional, y la generación de 4.9 millones de empleos formales. La tendencia al alza se mantiene, con la llegada de 23.4 millones de turistas internacionales en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 7.3% respecto a 2024 y del 6.2% sobre los niveles prepandemia. Estos datos subrayan la necesidad de proteger y potenciar al sector.

Segunda.- El Modelo del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) como Instrumento de Desarrollo . El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), establecido hace casi tres décadas, constituye un ejemplo paradigmático de gobernanza eficaz y transparente. Financiado principalmente a través del Impuesto al Hospedaje, su estructura de distribución de recursos —80% a fideicomisos municipales, 17.5% a la promoción estatal y un punto porcentual a infraestructura social— asegura que los beneficios de la actividad turística se reinviertan directamente en la comunidad, mejorando la infraestructura y la calidad de vida de la población local.

Tercera.- La Importancia de la Promoción Estratégica para la Soberanía Turística . La inversión del 80% de los fondos de FITURCA en la promoción directa del municipio ha sido fundamental para construir y defender la reputación del destino. Esta capacidad de respuesta es crucial para neutralizar campañas de desinformación o narrativas negativas, como la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado 12 de agosto, que incluía a Baja California Sur bajo términos desproporcionados. Una promoción estratégica, basada en datos y coordinada, es un asunto de interés nacional para proteger la estabilidad económica y el empleo de miles de familias mexicanas.

Cuarta.- El Retorno de Inversión y el Impacto Social del Modelo . La gestión de FITURCA ha demostrado un retorno de inversión extraordinario, generando una derrama económica 323 veces superior a los recursos destinados a promoción. Este éxito se refleja en indicadores clave como el crecimiento de la tarifa promedio por noche (de 286 USD en 2019 a 481 USD en 2024), el aumento del gasto diario por visitante (6,367 pesos) y la expansión de la conectividad aérea, con 22 nuevas rutas en cinco años. Además, el modelo ha promovido la inclusión productiva de comunidades rurales, alineándose con los principios de justicia social y prosperidad compartida.

Quinta.- La Resiliencia del Sector a través de la Colaboración . En situaciones de crisis, como huracanes o la pandemia global, FITURCA ha demostrado ser un ancla de estabilidad, coordinando los esfuerzos de los sectores público y privado, comunicando con transparencia y manteniendo la confianza de los mercados internacionales. Este modelo evidencia que la colaboración y la unidad entre el sector empresarial —representado por la Asociación de Hoteles, Canaco, Canirac y el Consejo Coordinador— y las autoridades gubernamentales es la fórmula más eficaz para asegurar la resiliencia y el crecimiento sostenible del turismo.

Sexta.- La Necesidad de Impulsar Estrategias Nacionales Basadas en Mejores Prácticas . El éxito del modelo de FITURCA ofrece una hoja de ruta valiosa que puede ser analizada y adaptada para fortalecer otros destinos turísticos del país. Es competencia y responsabilidad del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, identificar estos casos de éxito y fomentar políticas públicas que repliquen sus principios fundamentales: transparencia en el uso de recursos, enfoque estratégico en la promoción, alta participación del sector privado y un claro beneficio social para las comunidades receptoras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que, en estricto apego a sus atribuciones y facultades, establezca los mecanismos pertinentes en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California Sur, con el fin de fortalecer la operación y las estrategias de promoción turística del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), y con ello, potenciar la competitividad de dicho destino en beneficio de la economía regional y nacional.

Segundo.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, en estricto apego a sus atribuciones y facultades, establezca los mecanismos pertinentes para que la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado coordine esfuerzos y estrategias conjuntas con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), con el objetivo de fortalecer y maximizar el impacto de la promoción turística en el destino de Los Cabos.

Palacio Legislativo, a 17 de septiembre del 2025.

Diputado Luis Armando Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a fortalecer el proceso de la debida diligencia, apegado a los principios en los artículos 1o. y 134 constitucionales, otorgando certeza jurídica y respetando los derechos fundamentales de las personas relacionadas con la empresa pública, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos para que fortalezca el proceso de la debida diligencia, en apego a los principios consagrados en los artículos 1o y 134 constitucionales, otorgando certeza jurídica y respetando los derechos fundamentales de las personas que tienen relaciones comerciales con la empresa pública, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, es una entidad de la Administración Pública Federal sectorizada a la Secretaría de Energía, con independencia técnica, operativa y de gestión; personalidad jurídica, régimen especial y patrimonio propio, que tiene como objeto el desarrollo de las actividades de exploración, extracción, importación, exportación, transformación de hidrocarburos, así como de las actividades de almacenamiento, comercialización, formulación, transporte, distribución y venta de hidrocarburos y sus derivados; y el desarrollo de las actividades relacionadas con fuentes de energía distintas a las derivadas de los hidrocarburos.

Segunda. Así pues, para el cumplimiento del objeto que tiene Petróleos Mexicanos, se deben llevar a cabo las actividades, operaciones o servicios necesarios mediante la celebración de contratos, convenios, o cualquier otro acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.

Tercera. En virtud de lo anterior, conforme a los artículos 5 fracción III y 78 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, tiene previsto un régimen especial en materia de Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, debiendo contemplar lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Cuarta. Conviene subrayar que Petróleos Mexicanos, al tratarse de un emisor de capital frecuente en los mercados, debe cumplir ciertas prácticas nacionales e internacionales, así como establecer responsabilidades y prohibiciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, soborno, lavado de dinero, conflictos de interés, entre otros.

Quinta. En ese tenor, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos determinó establecer el proceso de la Debida Diligencia, a efecto de revisar aspectos relacionados con la ética e integridad corporativa en las actividades, operaciones o servicios en los que pretendan participar o participen en Acuerdos Comerciales con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, socios y en general con cualquier Tercero.

Sexta. Por consiguiente, en las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” y en las “Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en materia de Ética e Integridad Corporativa”; se agregó el proceso de la Debida Diligencia, con un enfoque basado en riesgos con la finalidad de obtener certeza razonable sobre el apego a la ética e integridad corporativa de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, socios y en general con cualquier Tercero.

Séptima. De la lectura y análisis de las Políticas y Lineamientos de la Debida Diligencia, se contempla un enfoque basado en riesgos, identificación de banderas rojas, aplicación de medidas de mitigación, emisión de opiniones jurídicas de viabilidad y no viabilidad y la participación de un órgano colegiado denominado “Grupo de Trabajo Interno de Debida Diligencia” que se integra con personal adscrito a la Dirección Jurídica.

Octava. En cuanto al proceso de la Debida Diligencia, se advierte que implica investigar, analizar y evaluar, para determinar lo siguiente:

- Evaluar riesgos: Reconocer y analizar los posibles riesgos y desafíos relacionados con la operación, incluyendo problemas legales, financieros o de cumplimiento normativo.

- Confirmar información: Verificar la precisión y la integridad de la información proporcionada por el tercero.

- Cumplimiento normativo: Garantizar que la operación cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables.

Novena. Es importante determinar que al tratarse de recursos públicos, es de suma importancia que el proceso sea robusto y se lleve a cabo conforme a la normativa aplicable, ya que al contar con este tipo de mecanismos preventivos en la Empresa Pública del Estado, es factible que se puedan identificar oportunamente vínculos indebidos o conflictos de interés, lavado de dinero, contratación con empresas fachada o sancionadas, lo que podría vulnerar los principios de eficiencia y honradez previstos en el artículo 134 constitucional y generar de esa manera, pérdidas de recursos públicos y una mala reputación institucional, derivada de adjudicaciones a proveedores sin capacidad técnica, financiera o con historial negativo, que se traducen en ineficiencia del gasto público, desconfianza ciudadana, responsabilidad administrativa y penal para servidores públicos y particulares.

Décima. Al respecto, es importante establecer el compromiso de realizar procesos abiertos, competitivos y transparentes, que tengan como finalidad adjudicar los contratos a las empresas que tengan amplia experiencia y capacidad financiera, operativa y técnica en el tipo de proyectos específicos donde intervengan, lo anterior considerando el Plan México presentado por nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo el 13 de enero de 2025 y el Plan Estratégico de Pemex presentado el 5 de agosto de 2025 por la Secretaría de Energía y el Director General de Pemex, en el que se determinó como meta, la solución de los retos financieros y operativos con responsabilidad en el sector energético, siendo una convocatoria que se presentó ante representantes del sector energético, empresarial, inversionistas nacionales e internacionales y este esfuerzo sólo será posible si se trabaja de manera conjunta para la consolidación de la soberanía energética. En tal virtud, se considera necesario que el proceso de la Debida Diligencia se aplique conforme a la normativa aplicable para que genere confianza en los participantes de los procesos de adjudicación.

Décima primera. Ahora bien, no obstante que en la actualidad se cuenta con el mecanismo de la Debida Diligencia en la normativa aplicable de la Empresa Pública del Estado, se tiene conocimiento de casos en la aplicación del proceso por parte del Grupo de Trabajo Interno de Debida Diligencia, en los que se han generado asimetrías de información, vacíos de control y aplicación de criterios subjetivos y/o contrarios a principios constitucionales básicos como el debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia y libre ejercicio del comercio, máximas constitucionales que todo servidor público debe observar en términos del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior genera los siguientes efectos:

Impacto en la rentabilidad y sostenibilidad financiera

La aplicación de criterios subjetivos que restringen de manera injustificada la relación con clientes y proveedores tiene como efecto directo que Pemex deje de vender productos aun cuando cuenta con la capacidad de hacerlo. En un contexto de limitaciones financieras, cada venta no realizada representa una oportunidad perdida de generar ingresos, lo que afecta la rentabilidad, compromete la liquidez y reduce la capacidad de la empresa para financiar su propia operación y proyectos estratégicos.

Riesgo de generar cuellos de botella administrativos

Cuando las decisiones de admisión o exclusión de clientes y proveedores no se basan en reglas claras y objetivas, se generan cuellos de botella que retrasan procesos comerciales esenciales. Estos bloqueos administrativos pueden ser aprovechados por terceros para influir indebidamente en la toma de decisiones, abriendo espacios de riesgo en materia de corrupción y discrecionalidad, lo que a su vez compromete la transparencia y la reputación institucional de Pemex.

Afectación a derechos fundamentales y a la confianza empresarial

El uso de parámetros que contravienen principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y el libre ejercicio del comercio proyecta una imagen de inseguridad e incertidumbre hacia los socios comerciales. Esto no solo desalienta a clientes y proveedores actuales a mantener relaciones con la empresa, sino que también inhibe la llegada de nuevos actores, lo que reduce la competitividad y limita el acceso a mejores condiciones de mercado.

Consecuencias estratégicas

En una industria donde la competencia es global, cualquier obstáculo interno que limite la capacidad de Pemex para colocar su marca y productos debilita su posición estratégica. En lugar de maximizar su potencial de ventas y reforzar su papel como Empresa Pública del Estado, se arriesga a perder espacios de mercado que difícilmente se recuperan, especialmente en sectores altamente dinámicos como el energético.

Afectación a la reputación institucional

Cuando la empresa aplica criterios percibidos como arbitrarios, se transmite un mensaje negativo a clientes, proveedores, inversionistas y reguladores. Se proyecta la imagen de una compañía que no respeta principios constitucionales, lo cual puede desincentivar la participación de contrapartes estratégicas y debilitar la posición competitiva de Pemex en el mercado energético.

Impacto en la cadena de suministro y en la estabilidad operativa

La exclusión injustificada de proveedores o clientes genera disrupciones en la cadena de suministro y limita la diversidad de actores con los que Pemex puede operar. Esto incrementa la dependencia de pocos proveedores, eleva los riesgos de desabasto y afecta la continuidad de operaciones críticas para la empresa.

Por lo que se sugiere a la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos que, en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 270 fracción XXV del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, de “Dirigir las estrategias para la implementación de la Debida Diligencia en Pemex...”; tenga a bien adoptar las estrategias jurídicas necesarias para que el proceso se realice puntualmente conforme a las disposiciones previstas en las Políticas y Lineamientos de la Debida Diligencia y en el marco jurídico mexicano, evitando que se lleven a cabo ejercicios unilaterales y/o acciones subjetivas que carecen de motivación y fundamentación, lo que genera incertidumbre en los participantes y que puede traer aparejadas consecuencias desfavorables a los intereses de Petróleos Mexicanos.

Fortaleciendo de esa manera los procesos de Debida Diligencia en sus actuaciones administrativas, garantizando su ejecución conforme a los principios de legalidad, transparencia y ética pública, y en estricto apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Décima Segunda . La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades de control político, puede emitir exhortos a las entidades de la Administración Pública Federal para que fortalezcan sus mecanismos internos de legalidad, sin invadir competencias ni atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 270 fracción XXV del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, de “Dirigir las estrategias para la implementación de la Debida Diligencia en Pemex...”; tenga a bien adoptar las estrategias jurídicas necesarias para que el proceso se realice puntualmente conforme a las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Políticas y Lineamientos de la Debida Diligencia y en general conforme a la normatividad aplicable, evitando que se lleven a cabo ejercicios unilaterales y/o acciones subjetivas que carecen de motivación y fundamentación, lo que genera incertidumbre en los participantes y que puede traer aparejadas consecuencias desfavorables a los intereses de Petróleos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a instalar una mesa de diálogo interinstitucional con los representantes de los trabajadores de Altos Hornos de México para elaborar y ejecutar un plan de justicia para dichos trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a diversas autoridades federales a coordinar esfuerzos para instalar de manera urgente una mesa de diálogo interinstitucional con los representantes de los trabajadores de Altos Hornos de México, con el propósito de elaborar y ejecutar un plan de justicia para dichos trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; conforme a las siguientes

Consideraciones

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA), se constituyó en julio de 1942 como una empresa de capital estatal y privado. La primera maquinaria arribó a Monclova en abril de 1942 y en octubre de ese año comienza oficialmente la construcción.

En 1999 factores internacionales como el desplome de precios internaciones del acero y la crisis financiera global iniciada en Asia, tuvieron como consecuencia que AHMSA “se declarará en suspensión de pagos luego de adquirir una deuda de más de 2,300 millones de dólares, por lo que se acogió a la Ley de quiebras y suspensiones, lo que provocó que la compañía saliera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que Ancira enfrentara el reclamo de varios bancos, por lo que salió huyendo de México y se refugió en Israel en donde residió por tres años”1 .

Es necesario señalar el manejo del llamado Rey del Acero, Alonso Ancira Elizondo quien después de 30 años al frente de Altos Hornos, dimitió en marzo del 2024, personaje ligado a actos de corrupción y lavado de dinero.

Finalmente, posterior a un largo proceso de especulación e incertidumbre el 7 de noviembre de 2024 el juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México declaró de oficio la quiebra de AHMSA y ordenó que la empresa sea vendida para pagar las deudas, dando apertura al proceso de liquidación de activos.

Los cerca de veinte mil trabajadores de AHMSA han recorrido un sinuoso camino en la búsqueda de justicia social y de la defensa de sus derechos laborales, entre ellos el pago de sus salarios como derecho irrenunciable que debió de ser pagado puntualmente y conforme a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, igualmente el atraso en el pago constituye una vulneración a la dignidad de la clase trabajadora.

Y es que desde diciembre de 2022 más de 17 mil trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA no han recibido salarios, y aquellos que optaron por el retiro voluntario aún no reciben sus liquidaciones 2

El 13 de noviembre (2024) el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Víctor Manuel Aguilera Gómez como Síndico de la quiebra de AHMSA, con esta confirmación se iniciará la venta de los activos de la empresa para cumplir con los pagos a los trabajadores y acreedores.

Aguilera Gómez, quien anteriormente se desempeñó como Conciliador en el proceso de Concurso Mercantil, será ahora el responsable de la venta de los activos de la empresa para asegurar el pago a trabajadores y acreedores, en el orden que establece la ley3 .

La deuda de AHMSA4 es de más de 3 mil 900 millones de dólares con empresas y acreedores, que se suman a los 900 millones de dólares que la empresa requería el año pasado para reactivar operaciones del alto horno de su planta 1, dentro de sus principales acreedores están Pemex, CFE y Cargill.

No obstante, el pasado 12 de agosto se dio a conocer que Alonso Ancira busca una liquidación por 305 millones de pesos.

“El ex dueño de la acerera desconoció el acuerdo con Pemex que le permitió salir de la cárcel y que lo obligaba a resarcir 216 millones de dólares, de los cuales sólo ha reintegrado 104 millones. En la lista de empleados que el Síndico de Quiebra de AHMSA entregó al Juzgado de Concursos Mercantiles Ancira aparece en los “pasivos laborales” con una solicitud de liquidación por 305 millones de pesos.

La petición de los ex integrantes del Consejo de Administración de AHMSA enfureció a los ex empleados, a quienes se les adeudan sueldos, aguinaldos y siguen en un estatus de trabajadores activos, pues nunca se les despidió ni se les indemnizó.

A principios de este mes (agosto), el Síndico presentó al juzgado el avalúo de los activos de la empresa, que ascendieron a mil 327 millones de dólares, con una deuda laboral de unos 179 millones de dólares”5 .

La Asociación de ex obreros de Coahuila A.C., desde el inicio de la década de los noventa ha exigido el pago del cinco por ciento por la venta de AHMSA de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Entidades Paraestatales de aquel entonces, lo que hoy denominamos el pago de una compensación por Justicia Social.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos nuestros los reclamos y reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y la justicia social. No solo exigimos justicia por los atropellos cometidos, sino también en impulsar soluciones concretas que devuelvan dignidad a las familias afectadas. La lucha no es solo por recuperar lo perdido, sino por sentar las bases de un futuro en el que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos, evitando que la corrupción siga despojando a las comunidades de su sustento y su esperanza.

La historia laboral de nuestro país ha estado marcada por una constante y sinuosa lucha en defensa de la justicia social, donde las y los trabajadores han tenido que resistir atropellos para hacer valer derechos que la Constitución y la ley reconocen como irrenunciables.

Tal es el caso de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) , quienes atraviesan una de las etapas más difíciles de su vida laboral y social. Durante meses han padecido la suspensión en el pago de salarios, lo que ha derivado en un cúmulo de consecuencias devastadoras: familias sin ingresos económicos, hogares privados de energía eléctrica, falta de acceso a servicios básicos, y la imposibilidad de recibir atención médica oportuna.

El salario, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es una dádiva, sino un derecho irrenunciable que debe pagarse en forma puntual y completa. La omisión de su cumplimiento ha colocado a cientos de familias en un estado de indefensión e incertidumbre que atenta contra la dignidad humana.

La situación recuerda, en sus dimensiones sociales y humanas, a lo que ocurrió en Cananea, Sonora, cuya experiencia derivó en la creación del Plan de Justicia de Cananea , instrumento interinstitucional que abrió un cauce de atención integral a los trabajadores y sus comunidades.

Hoy, frente a la gravedad de lo que acontece en Coahuila, urge replicar un mecanismo semejante: un Plan de Justicia para las y los trabajadores de Altos Hornos de México , que permita coordinar a las distintas dependencias del Gobierno de México, al Gobierno del Estado de Coahuila y a representantes de los trabajadores, con el fin de encontrar soluciones inmediatas y estructurales para atender la crisis laboral y social en curso.

No se trata únicamente de resolver un conflicto laboral, sino de proteger el tejido social de toda una región, asegurar el respeto a los derechos fundamentales de la clase trabajadora en defensa de la justicia social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Bienestar, a instalar de manera urgente una mesa de diálogo interinstitucional con los representantes de los trabajadores de Altos Hornos de México, con el propósito de elaborar y ejecutar un Plan de Justicia para los Trabajadores de AHMSA que atienda con urgencia el pago de salarios devengados y la restitución de derechos laborales, así como medidas que garanticen el acceso a energía eléctrica, salud, seguridad social y bienestar para sus familias.

Notas:

1. Sin embargo. (2024, 7 de octubre) AHMSA se resquebraja. https://www.sinembargo.mx/07-11-2024/4572296

2. González, J. (2024, 11 de noviembre) Legisladores urgen apoyo federal y estatal para afectados por quiebra de AHMSA. Vanguardia MX. https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/legisladores-urgen-apoyo-fe deral-y-estatal para-afectados-por-quiebra-de-ahmsa-HD13983015

3. Mexicano, L. (2024, 13 de noviembre) Ifecom nombra a Víctor Manuel Aguilera como Síndico en la venta de AHMSA. Vanguardia MX. https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ifecom-nombra-a-victor-manu el aguilera-como-sindico-en-la-venta-de-ahmsa-CC13996040

4. El Financiero. (2024, 7 de noviembre) Quiebra de AHMSA: ¿Cuánto dinero debe la acerera y a qué empresas?https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/11/07/quiebra-de -ahmsa-cuanto-dinero-debe-la-acerera-y-a que-empresas/

5. Adeuda millonada a Pemex, pero Ancira busca ‘finiquito’ El Heraldo de Saltillo. 12 Agosto de 2025.

Dado en el Palacio Legislativo Federal, a 17 de septiembre de 2025.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)