Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6877-III-2, miércoles 17 de septiembre de 2025
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SHCP a garantizar el acceso oportuno, continuo y efectivo a la atención integral de las personas con diagnóstico de cáncer, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Claudia Quiñones Garrido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura, con fundamento en el numeral 1, fracción XX, del artículo 3; numeral 1 del artículo 6; y numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones III y; IV del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer las acciones y recursos necesarios para garantizar el acceso oportuno, continuo y efectivo a la atención integral de las personas con diagnóstico de cáncer, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El derecho a la salud ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), los cuales México ha ratificado. En ellos se establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica, entre otros aspectos, el acceso oportuno a servicios médicos eficaces.
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, cada año 10 millones de personas fallecen por esta enfermedad. Los tipos de cáncer más comunes por casos nuevos son: cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer colorrectal; mientras que, por número de muertes son: cáncer de pulmón, cáncer colorrectal y cáncer hepático.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los estados tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento del cáncer, estableciendo como criterio clave la oportunidad del tratamiento posterior al diagnóstico, ya que cada semana de retraso reduce significativamente las tasas de supervivencia.
La población mexicana enfrenta una difícil decisión al momento de buscar atención médica. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en su edición más reciente (2022), apenas el 44?por ciento de quienes reportaron haber tenido una necesidad de salud en los últimos tres meses optaron por recibir atención en servicios públicos. Este indicador ha permanecido prácticamente sin variación desde 2006, lo que refleja una crisis de confianza estructural en el sistema público de salud.
Durante los últimos 20 años, se ha observado una disminución en la proporción de personas que optan por no atenderse; sin embargo, esta reducción ha estado acompañada por un incremento considerable en el uso de servicios privados. Los consultorios adyacentes a farmacias se han vuelto una opción frecuente, especialmente para personas sin seguridad social. No obstante, su proliferación ha generado preocupaciones por la calidad deficiente de la atención y por prácticas de sobre prescripción motivadas por incentivos económicos.
El desabasto de medicamentos e insumos, así como el deterioro del equipo médico e infraestructura, son realidades persistentes. Un recorrido de la Organización Editorial Mexicana (OEM) por 11 entidades federativas documentó carencias graves no sólo en medicamentos especializados, sino también en básicos como analgésicos, antibióticos, hipoglucemiantes y hasta vitaminas, lo que agrava la situación de millones de pacientes.
Un estudio de 2023 reveló que el promedio desde la detección hasta el inicio del tratamiento oncológico es de aproximadamente 6.6 meses. El estudio del CIEP reporta que 100 mil 216 muertes se debieron a tumores malignos, lo que equivale al 12.5 44?por ciento de las muertes totales. El cáncer colorrectal, el cáncer de mama y el cáncer de próstata fueron los principales, con 8 mil 031, 8 mil 022 y 7 mil 249 muertes respectivamente.
En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno. En 2023, de los 89 mil 633 fallecimientos contabilizados, 8 mil 34 fueron atribuidos a esta enfermedad, siendo 7 mil 992 mujeres y 42 hombres. Solo el 3 44?por ciento de las mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología inició tratamiento en menos de tres meses, mientras que 63 44?por ciento lo hizo después de los seis meses posteriores al diagnóstico.
Por otro lado, el Inegi señaló que hasta un 40 44?por ciento de los casos de cáncer pueden prevenirse con hábitos saludables y acciones de detección temprana. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de 60 años y más, mientras que en hombres es el cáncer de próstata.
Según el estudio “Evaluación de las disparidades en la distribución de recursos contra el cáncer en México”, solo el 5 44?por ciento de las 14 mil 133 instalaciones de salud evaluadas en el país están preparadas para ofrecer atención específica a esta enfermedad. El cáncer se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país. Una de cada ocho personas fallecen debido a esta enfermedad, y casi la mitad de estas muertes ocurre en personas en edad productiva (entre 15 y 64 años).
Al sistema de salud pública le cuesta un paciente con cáncer 729 mil 670 pesos anuales en promedio. Si ese mismo paciente fuera detectado al inicio de la enfermedad, el costo sería de 195 mil pesos anuales. Además, esto eleva en 57 44?por ciento las probabilidades de éxito del tratamiento.
Medicamentos como trastuzumab y paclitaxel han sido escasos en el sector salud. También se han reportado carencias de vincristina, ciclofosfamida, metotrexato, doxorrubicina y etopósido, todos esenciales en diversos tratamientos. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de padres de familia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han documentado esta problemática, que ha afectado gravemente tanto a adultos como a niñas y niños con cáncer.
Un informe de Impunidad Cero reveló que entre 2019 y 2022 se registraron más de 30 mil reportes de desabasto de medicamentos oncológicos, con una cobertura deficiente de compras consolidadas por parte del gobierno. Estas carencias han derivado en interrupciones de tratamiento que comprometen la salud y la vida de miles de pacientes. La CNDH emitió una recomendación sobre esta problemática.
En defensa de las y los mexicanos a que se garantice su derecho humano fundamental a la salud, asegurando la entrega oportuna y adecuada de medicamentos oncológicos cuando sean requeridos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para asegurar que todas las personas diagnosticadas con cáncer, en cualquiera de sus tipos y etapas, tengan acceso oportuno, continuo y efectivo a servicios de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación oncológica.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la asignación necesaria de recursos presupuestarios destinados a la atención integral del cáncer, con el fin de evitar interrupciones en los servicios médicos y en el suministro de medicamentos oncológicos.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a de septiembre de 2025.
Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y a la SICT, a implementar estrategias integrales que aborden practicas sostenibles para combatir la contaminación ambiental; que contemplen la promoción de un mayor uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias, el fomento al uso del transporte público, el monitoreo constante de la calidad del aire y la implementación de políticas de reciclaje, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), implementen estrategias integrales que aborden prácticas sostenibles para combatir la contaminación ambiental, que contemplen la promoción de un mayor uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias, el fomento al uso del transporte público, el monitoreo constante de la calidad del aire y la implementación de políticas de reciclaje, a fin del cuidado de la salud pública, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Los derechos humanos se definen como aquellos derechos primarios de las personas y conciernen indistintamente a todos los seres humanos.+1 Algunos doctrinarios les llaman derechos fundamentales, en tanto que son derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos, con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables.2
En el contexto mexicano se entiende a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional: en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales y las leyes secundarias.3
Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, interdependientes, inviolables, no negociables, indivisibles y progresivos4 para lo cual las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizarlos en dichos términos, tal cual lo manifiesta nuestra carta magna que a la letra dice:
“Artículo 1o . En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”5
El cumplimiento de los derechos humanos implica la existencia de ciertas condiciones sociales, económicas, culturales, políticas e incluso naturales. Así, por ejemplo, el deterioro que exista en alguno de esas condiciones necesariamente incide en la plena realización del derecho humano de que se trate. Dada la característica de interdependencia, si se obstaculiza la realización de un derecho humano, seguramente se están obstaculizando otros derechos humanos, razón por la cual, es indispensable asegurar las mejores condiciones que permitan el desarrollo del ser humano.
En ese orden de ideas, el aire es una de esas condiciones fundamentales que hacen posible la vida de los seres humanos y de otros seres vivos. Este elemento se conforma de la mezcla de gases tales como el nitrógeno (78 por ciento), el oxígeno (21 por ciento) y otros gases inertes (1 por ciento),6 que, en su estado puro y limpio, permiten un adecuado desarrollo de las funciones más vitales. De esta forma, el aire en buen estado permite un nivel de vida adecuado a través de un medio ambiente sano; mientras que el aire al deteriorarse dificulta una vida saludable.
Así pues, el término calidad del aire, se usa en el marco de la gestión ambiental para referirse al estado del aire que rodea a los seres humanos. Dicha calidad, por lo tanto, debe ser garantizada de forma que permita el normal desarrollo de las funciones vitales que hacen posible la vida. Es por ello que se puede afirmar que la calidad del aire juega un papel fundamental en el cumplimiento de los derechos humanos como a continuación se describe.
Si bien es cierto que el aire, en tanto elemento imprescindible para la vida humana, se relaciona con muchos derechos humanos, se han seleccionado aquéllos en los que la buena o mala calidad del aire incide de manera más inmediata en el cumplimiento del derecho.7
En México existen varios tipos de contaminación ambiental, los cuales se clasifican en función del medio afectado y del elemento contaminante.
• Contaminación ambiental o atmosférica: es la que afecta al aire y se produce por la emisión de gases tóxicos y partículas contaminantes, principalmente por la quema de combustibles fósiles.
• Contaminación del agua: es la que afecta a los cuerpos de agua dulce y salada, y se produce por la descarga de sustancias tóxicas y residuos.
• Contaminación del suelo: es la que afecta a la capa superficial de la tierra y se produce por la acumulación de sustancias tóxicas, como pesticidas y metales pesados.
• Contaminación química: es la que se produce por la liberación de sustancias químicas tóxicas en el aire, agua o suelo.
• Contaminación radiactiva: es la que se produce por la exposición a fuentes de radiación, como la nuclear.
• Contaminación térmica: es la que se produce por el aumento de temperatura en los cuerpos de agua, lo que afecta a la vida acuática.
• Contaminación acústica: es la que se produce por el ruido excesivo, lo que afecta a la salud humana y animal.
• Contaminación visual: es la que se produce por el impacto visual negativo de elementos urbanos no integrados al entorno natural.
• Contaminación lumínica: es la que se produce por la emisión de luz artificial, lo que afecta negativamente a la observación del cielo nocturno y a los animales que son sensibles a la luz.
• Contaminación electromagnética: es la que se produce por la emisión de ondas electromagnéticas, como las radiofrecuencias emitidas por las antenas de los teléfonos móviles y antenas de televisión.
Ahora bien, las nuevas directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire aportan pruebas claras del daño que la contaminación del aire inflige a la salud humana en concentraciones aún más bajas de lo que se suponía hasta ahora. Las directrices recomiendan nuevos niveles de calidad del aire para proteger la salud de las poblaciones mediante la reducción de los niveles de los principales contaminantes del aire, algunos de los cuales también contribuyen al cambio climático.8
Además de los efectos sobre la salud de las personas, la contaminación atmosférica también afecta a los bosques y ecosistemas acuáticos. La presencia de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y de azufre, provoca el fenómeno conocido como lluvia o deposición ácida. Esto afecta la calidad del agua, suelos y ecosistemas, generando graves daños a la biodiversidad y a la agricultura.
Para reducir la presencia de los contaminantes en la atmósfera y minimizar sus impactos, es necesario conocer las concentraciones de los principales contaminantes, sus fuentes de origen y sus volúmenes de emisión. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) evaluó el impacto económico y sobre la salud de la calidad del aire en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, encontrando que si se cumplieran los límites recomendados por la OMS para la concentración de partículas PM2.5 se evitarían pérdidas económicas por 45,000 millones de pesos y 2,170 muertes prematuras. 9
Es muy necesario que las autoridades correspondientes y la sociedad en general tomen medidas y promuevan prácticas sostenibles para combatir la contaminación ambiental. Un mayor uso de fuentes de energía renovable, el fomento al transporte público y la implementación de políticas de reciclaje son algunas soluciones que pueden ayudar a reducir los niveles de contaminación en el país.
Estas medidas son una respuesta activa y efectiva a la amenaza de la contaminación ambiental en México. Con una combinación de esfuerzos por parte del gobierno, las ONGs y la comunidad, se puede lograr una reducción significativa en la emisión de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, y todo el país.
Finalmente es por ello la importancia de implementar estrategias protegiendo en todo momento la salud pública y el medio ambiente. Recordando que esto incluye la promoción de tecnologías limpias, la gestión del transporte, el monitoreo constante de la calidad del aire, y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), implementen estrategias integrales que aborden prácticas sostenibles para combatir la contaminación ambiental, que contemplen la promoción de un mayor uso de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias, el fomento al uso del transporte público, el monitoreo constante de la calidad del aire y la implementación de políticas de reciclaje, a fin del cuidado de la salud pública.
Notas:
1 Cfr. Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 22
2 Cfr. Luigi Ferrajoli, “Sobre los derechos fundamentales”, Cuestiones constitucionales, México, Núm.15, julio diciembre 2006, p.116. Disponible en línea en: http://www.ejournal.unam.mx/cuc/cconst15/CUC1505.pdf.
3 Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos?, México, Disponible en http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos
4 Características de los Derechos Humanos. Universales: Significa que se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. Interdependientes: Reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás. Inviolables: Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. No negociables: Los derechos humanos son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Indivisibles: No tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro. Progresivos: Dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y, por tanto, inherentes a toda persona.
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
6 Cfr. Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático, El aire limpio, Disponible en línea,
http://www.inecc.gob.mx/calaire-informacion-basica/516-calaire-aire-limpio
7 https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD 005423.pdf
8 https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality- guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
9 https://www.eluniversaldf.mx/la-contaminacion-ambiental/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sinaproc, a la Conagua y al SMN a diseñar e implementar programas de concientización, prevención y atención ante posibles desastres naturales ocasionados por las fuertes lluvias, especialmente en el estado de Querétaro, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), a diseñar e implementar programas de concientización, prevención, y atención ante posibles desastres naturales ocasionados por las fuertes lluvias especialmente en el estado de Querétaro, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, conforme a las siguientes:
Consideraciones
México, debido a su ubicación geográfica, está expuesto a una variedad de fenómenos naturales como terremotos, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas, lo que a menudo convierte algunas áreas en zona de desastre. La declaración de un lugar como zona de desastre es un proceso crítico que activa medidas de emergencia y ayuda humanitaria. Este proceso incluye la evaluación del impacto del fenómeno natural, la evaluación de daños, el riesgo a la población y la capacidad de respuesta local. Las autoridades involucradas son la Protección Civil, el gobierno federal y otros organismos relevantes.1
Sin embargo, y tristemente el gobierno y sus aliados decidieron acabar con fondos como el que existía para ayudar a estados y municipios a salir delante de estos fenómenos; este gobierno que se ha gastado el dinero de los fideicomisos en obras sin sentido y en la maña de las políticas públicas electorales, como es posible y comprensible la siguiente asignación:
Presupuesto 2025 para Proyectos de Inversión:
• Infraestructura para Trenes: 157 mil mdp
• Carreteras y Caminos: 20 mil mdp
• Infraestructura Hídrica: 20 mil mdp
• Infraestructura en sector Salud: 31,985.5 mdp
• Fortalecimiento para Seguridad: 14,546.7 mdp
• Infraestructura y desarrollo en CFE y Pemex: 273,079 mdp
• Inversión en Entidades Federativas: 276,413.5 mdp
• Provisión Desastres Naturales: 18,914.3 mdp
A pesar de lo mostrado el gobierno ha tenido el descaro de gastarse los fondos de reservas que se tenía para contingencias que durante años se habían ahorrado e incluso incrementado.
Hoy hemos visto y vivido lo que ha pasado en Guerrero, y no hay recursos para apoyar a las familias que con mucho dolor han perdido a un ser querido o han visto cómo se va flotando su patrimonio; o lo sucedido el pasado 22 de agosto del presente año, en el estado de Querétaro, una tromba azotó la zona metropolitana por más de seis horas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, la cual provocó el desbordamiento del Dren de Peñuelas, lo que dejó un saldo trágico de dos personas sin vida, decenas de viviendas inundadas y vehículos arrastrados por la corriente.
La intensa precipitación afectó a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, provocando un colapso en las principales vialidades. En este último, la avenida Candiles quedó completamente anegada, impidiendo el paso vehicular. En la capital, un camión de transporte público Qrobús quedó varado en la calle Torneros, en la colonia Peñuelas, atrapado por el agua.2
Lo inaudito de toda esta situación es cuando por parte del gobierno morenista se eliminaron los fideicomisos aun y cuando se llevó a cabo un parlamento abierto y los expertos advirtieron los riesgos de eliminar, por ejemplo, el “Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden)” situación que quedó registrada en el propio dictamen donde la mayoría representativa votó la legislatura pasada.
Pero Acción Nacional no se ha quedado de brazos cruzados, en 2021 se presentó una iniciativa para crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden) para hacer más ágil la entrega de recursos a las comunidades que estaban padeciendo por alguna catástrofe natural. En Morena no quisieron aprobarla.
Sin saber que los expertos tenían razón, ahora estados y municipios sufren porque no tienen los recursos suficientes para hacer frente a las contingencias, es francamente miserable haber eliminado el “Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden)” y haber gastado esa bolsa de dinero que ascendía a más de 6 mil millones de pesos que seguramente fueron a parar a estadios de béisbol o a pagar deudas por cancelar contratos de obra o a las megaobras con sobrecosto.
Al gobierno no le importa que muera la gente, ya lo vimos con la pandemia y lo seguimos viendo con los fenómenos naturales que han azotado a distintas regiones los últimos días.
Solo les interesan las obras faraónicas que favorecen y ensancharon la soberbia del que fue un presidente gris.
Hoy en día no pasa nada con Morena, qué resultados tenemos del funcionamiento o no de programas que existen actualmente como lo es el programa Fondo de Prevención de Desastres Naturales que sigue vigente como un programa presupuestario, y aunque el (Fonden) operaba como su brazo financiero este lo desaparecieron. De igual forma el Plan Nacional Hídrico (PNH) 2024-2030 en el que se contempla la atención a desastres naturales principalmente a través de estrategias para la mitigación y adaptación del cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), a diseñar e implementar programas de concientización, prevención, y atención ante posibles desastres naturales ocasionados por las fuertes lluvias especialmente en el estado de Querétaro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de septiembre de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de Pemex, y a la ASF, a transparentar a la opinión pública los resultados de las auditorías internas realizadas a Petróleos Mexicanos durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que subscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el que se exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex); y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe a la opinión pública que muestre los resultados de las auditorías internas realizadas durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024; y para que presenten un informe a la opinión pública en base a criterios técnicos de la reserva de 5 auditorías hasta el año 2028, con el objetivo de permitir la fiscalización externa de la ASF, en atención a la crisis financiera y de gobernanza que atraviesa Pemex, bajo las siguientes:
Consideraciones
Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa por uno de los periodos más críticos de su historia reciente. A la ya documentada crisis financiera, que ha convertido a la empresa productiva del Estado en la petrolera más endeudada del mundo, se suma un grave problema de opacidad institucional, que impide conocer con certeza el verdadero estado de sus finanzas, procesos de contratación, cumplimiento normativo y rendición de cuentas.
De acuerdo con información revelada por el diario El Universal en su edición del martes 15 de julio de 2025, Pemex ocultó por tres años los resultados de cinco auditorías internas realizadas entre 2021 y 2024. Dichos ejercicios de control interno fueron gestionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo los expedientes AU-46/2023 y AU-56/2023, entre otros.
Las auditorías se centraron en áreas clave como control organizacional, contratación de personal, otorgamiento de convenios con terceros, gestión documental y mecanismos de archivo. Sin embargo, los documentos entregados a las instancias fiscalizadoras fueron testados u ocultos en su mayoría, lo cual impide conocer las observaciones formuladas, las acciones correctivas propuestas, las irregularidades detectadas y, en su caso, los responsables.
Particularmente resulta preocupante que la reserva impuesta a estos resultados se extienda hasta el año 2028, bajo el argumento de que su difusión “podría causar un daño” a la empresa. Esta clasificación, sin embargo, carece de motivación técnica suficiente y va en contra de los principios de máxima publicidad, rendición de cuentas y control democrático de los recursos públicos.
También se contraviene el mandato constitucional que establece en el artículo 134 los principios para la administración de los recursos económicos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, dentro de los cuales se establecen criterios como la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con la que deben manejarse los recursos públicos para cumplir con los objetivos a los que están destinados.
En los archivos analizados por el medio periodístico, se evidencian oficios firmados por el titular del área de Transparencia de Pemex, en los cuales se reconoce que se identificaron elementos que determinaron la existencia de riesgos graves, pero se decide no divulgar el contenido completo, alegando posibles afectaciones reputacionales. Esta postura es inaceptable en una empresa que, entre 2023 y 2024, recibió más de 1.5 billones de pesos en subsidios y transferencias fiscales del erario federal.
La opacidad de estos procesos es particularmente grave en el actual contexto económico y energético del país. Según datos oficiales, Pemex reportó pérdidas por más de 172 mil millones de pesos al cierre de 2024, mientras que su deuda financiera consolidada se mantiene por encima de los 100 mil millones de dólares. Esta situación compromete la viabilidad de la empresa, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas nacionales en materia de transición energética.
A pesar de los constantes señalamientos por parte de calificadoras internacionales, organismos multilaterales y analistas del sector energético, el gobierno federal ha insistido en mantener un modelo de gestión cerrado, sin contrapesos ni mecanismos reales de fiscalización externa. En este contexto, la falta de acceso a los informes de auditoría representa una grave omisión institucional que atenta contra el interés público.
Es urgente que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Pemex justifiquen, con base en criterios técnicos verificables, la clasificación de reserva impuesta a dichos informes, y que se permita el acceso inmediato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los documentos íntegros para efectos de fiscalización. Esta medida es indispensable para garantizar la legalidad, eficiencia y honradez en el uso de los recursos públicos asignados a la empresa productiva del Estado.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece, en su artículo 114, que ninguna autoridad podrá clasificar como reservada la información relacionada con actos de corrupción o con el uso indebido de recursos públicos. En consecuencia, el ocultamiento de auditorías internas en las que se documentaron irregularidades puede configurar una violación directa al marco normativo de transparencia y acceso a la información. Pemex clasificó como reservada parte de la información, por lo que será de conocimiento público hasta 2028.
Asimismo, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Pemex, como organismo descentralizado del Estado mexicano, no puede mantenerse al margen de estos principios constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y en atención de la reserva de 5 auditorías hasta el año 2028, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta,
Respetuosamente, al gobierno federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que, en el ámbito de sus atribuciones:
a) Presenten un informe a la opinión pública de manera inmediata, donde transparenten los resultados de las auditorías internas realizadas a Petróleos Mexicanos durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, garantizando el acceso a la información de organismos que reciban o ejerzan recursos de la Federación, establecido en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
b) Justifiquen de manera técnica y documentada la reserva impuesta hasta 2028 sobre los expedientes expedientes AU-38/2025, AU-46/2025, AU-51/2025 y demás auditorías testadas;
c) Garanticen el acceso total e irrestricto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dichos documentos, a efecto de permitir su revisión independiente y detallada, para su eventual inclusión en los informes de fiscalización superior correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2025.
Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implementar, a través de diversas autoridades, medidas para fomentar el empleo formal y reducir la brecha de género y fortalecer la inversión en programas de empleabilidad en México, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Considerandos
Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024, la creación de empleos formales en el país ascendió únicamente a 2 millones 23 mil plazas, cifra considerablemente inferior a la meta establecida al inicio del sexenio, que contemplaba la generación de al menos 7 millones de puestos de trabajo formales. Un resultado que representa un cumplimiento de apenas el 28.9?por ciento respecto al compromiso público asumido en materia laboral.
La brecha entre lo prometido y lo efectivamente logrado no sólo evidencia una insuficiencia en la capacidad para dinamizar el mercado laboral formal, sino que también refleja los desafíos estructurales que enfrenta la economía mexicana para absorber a su población económicamente activa bajo condiciones de empleo digno, con seguridad social y prestaciones establecidas por la ley.
Además, este déficit en la creación de empleo formal se produce en un contexto en el que la informalidad continúa siendo una de las principales características del mercado de trabajo en México, afectando a millones de personas que se ven obligadas a laborar sin acceso a derechos laborales básicos. El bajo ritmo de generación de empleo formal compromete, por tanto, el ejercicio pleno del derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 constitucional.
Es crucial reconocer la relevancia estratégica del empleo formal tanto para el crecimiento económico del país como para la estabilidad de las familias. La incorporación de trabajadores en esquemas de empleo formal brinda mayor seguridad jurídica en la relación laboral, asegurando el acceso a la seguridad social y a las prestaciones establecidas por la ley.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente más de 32.8 millones de personas se encuentran ocupadas en alguna modalidad de informalidad laboral. Al cierre de 2024, se registró un repunte en dicha condición, alcanzando su nivel más alto en los últimos doce meses. En este periodo, aproximadamente un millón de personas se incorporaron al empleo informal, lo que refleja una disminución correlativa del empleo formal.
El bajo dinamismo en la generación de empleo y en la inversión privada durante 2024 refleja la ausencia de políticas públicas que sirvan para estimular el crecimiento económico y la formalización del trabajo. Así lo ha señalado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al advertir que, si bien una parte de la caída en el empleo responde a factores estacionales como la conclusión de contratos temporales y la desaceleración de actividades económicas al final del año, la magnitud del retroceso pone de manifiesto un entorno económico que debilitó sustancialmente la capacidad del mercado para generar nuevas fuentes de trabajo.
Se constata que durante mayo de 2025 el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social experimentó una contracción mensual de 45,624 plazas laborales, equivalente al -0.2 por ciento de la base ocupacional, situándose en 22 millones 372,044 puestos. Esta reducción constituye el segundo mes consecutivo con saldo negativo, acumulándose una pérdida neta de 93,066 empleos entre abril y mayo del presente año.
Además del desempleo y la persistente brecha de género, México enfrenta otros desafíos significativos en el ámbito laboral. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país registra la jornada laboral más extensa. Según datos de World Population Review, las y los trabajadores mexicanos laboran, en promedio, 2,148 horas al año, cifra que refleja una carga laboral considerablemente alta.
Esta limitación reduce significativamente el tiempo disponible para que las personas trabajadoras puedan atender su vida familiar, gozar de un adecuado periodo de descanso o disfrutar de actividades que beneficien su entorno emocional y su desarrollo integral.
La prolongación de las jornadas laborales no solo tiene implicaciones en la salud y productividad de la fuerza laboral, sino que también incide negativamente en la calidad de vida y en la conciliación entre la vida personal y profesional. Por ello, resulta prioritario revisar y actualizar las disposiciones legales en materia de tiempo de trabajo, a fin de garantizar condiciones más justas, humanas y sostenibles para las y los trabajadores del país.
En el acumulado enero-mayo de 2025, la generación neta de empleo formal ascendió a 133,665 plazas, cifra inferior a las proyecciones sectoriales e históricas. La tasa de crecimiento interanual se situó en 0.10 por ciento (23,045 plazas), marcando el nivel mínimo desde eventos pandémicos. Pese a ello, se reconoce que el 87.2 por ciento de los empleos vigentes son permanentes, representando la mayor estabilidad contractual en 16 años. No obstante, dicha estabilidad resulta insuficiente para garantizar el bien común, debido al estancamiento en la creación de nuevas plazas de empleo.
Los datos presentados permiten observar una realidad preocupante: la generación de empleo formal en el país ha sido insuficiente frente a las metas establecidas, las necesidades de la población económicamente activa y los compromisos en materia de desarrollo económico, social y humano.
Durante el sexenio 2018–2024, la creación de apenas poco más de dos millones de empleos formales frente a una promesa de siete millones deja al descubierto no solo una brecha entre el discurso y los resultados, sino también una falta de capacidad estructural para dinamizar el mercado laboral bajo condiciones de formalidad, seguridad social y estabilidad.
El deterioro del empleo formal no puede postergarse más y de manera aislada, pues se encuentra vinculado a un entorno económico debilitado, caracterizado por el estancamiento de la inversión privada, la ausencia de incentivos a la contratación de personal, la baja productividad y la limitada respuesta de las políticas públicas para reactivar el mercado laboral.
En paralelo, persisten desigualdades estructurales, como la brecha de género en el empleo y el acceso desigual al trabajo digno para jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la excesiva carga horaria que enfrentan las y los trabajadores mexicanos con más de 2,140 horas laborales anuales, la más alta entre los países de la OCDE, lo que representa un modelo laboral insostenible e inhumano, que restringe el tiempo disponible para el descanso, el desarrollo personal y la vida familiar.
Los exhortos del presente punto de acuerdo coinciden con el mandato constitucional de garantizar el derecho al trabajo digno y socialmente útil (artículo 123), así como con las obligaciones del Estado mexicano derivadas de tratados internacionales en materia de derechos humanos, trabajo decente y desarrollo sostenible (ODS 8 de la Agenda 2030). Estos tratados institucionales buscan principalmente:
• Fomentar la colaboración intergubernamental para atender con enfoque territorial las necesidades del mercado laboral.
• Impulsar mecanismos presupuestarios e incentivos fiscales que promuevan la contratación formal, especialmente de jóvenes y mujeres.
• Fortalecer las capacidades de MIPYMES como generadoras clave de empleo en el país.
• Establecer un sistema de monitoreo e informes periódicos sobre la evolución del empleo formal.
• Promover reformas legales que reconozcan el papel estratégico del tiempo de trabajo, la seguridad social y la estabilidad laboral.
Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen programas de fomento empresarial para MIPYMES con enfoque territorial, incentivos fiscales temporales para contratación de jóvenes y mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen la inversión presupuestaria de programas de empleo y promuevan reformas legales con enfoque de empleabilidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de las Mujeres, formule, ejecute, y coordine una política pública efectiva encaminada a reducir la brecha de género que existe en el ámbito laboral a nivel nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2025.
Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Zacatecas a investigar y sancionar los actos de represión en contra de la libre expresión en la manifestación del Colectivo Sangre de mi Sangre, así como a resarcir los daños materiales del símbolo de las personas desaparecidas, llamado “Tejido Rojo”, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes:
Consideraciones
En Zacatecas la desaparición de personas es una constante, si bien es cierto se han realizado algunas acciones y los recursos, no han sido suficientes, los resultados son sumamente limitados, puesto que se han realizado decenas de operativos para la localización de víctimas y cuerpos con mínimos hallazgos y localizaciones.
Lo anterior sin mencionar el rezago que persiste en el Servicio Forense continua, cientos de cuerpos sin identificar, familias que sufren a diario la desaparición de uno de sus integrantes y la falta de sensibilidad de las autoridades tiene al estado en una crisis humanitaria, de inseguridad y de falta de justicia que refleja el fracaso de las autoridades estatales.
Es lamentable la desesperación de cientos de familias que viven la tragedia de perder a un ser querido, de no encontrarlo y suplicar por atención a las autoridades para que cumplan con su labor de salvaguardar a la ciudadanía.
Actualmente, el Colectivo Sangre de mi Sangre tiene un registro de más de 4 mil personas que continúan desaparecidas o sin localizarse en Zacatecas, siendo el 2023 el año con más de 1,250 desaparecidos. Sin embargo, el gobierno estatal maquilla las cifras.
Ante estos hechos y la desesperación de las familias zacatecanas, el Colectivo Sangre de mi Sangre, salió el lunes 8 de septiembre de 2025 a manifestarse pacíficamente para pedir información, atención, justicia y resultados sobre los feminicidios y los desaparecidos.
Los hechos ocurrieron sobre el puente peatonal del boulevard Héroes de Chapultepec en dónde se colocó un tejido rojo con el objeto de dar visión al descontento y la necesidad de atención a la problemática de las desapariciones en el estado de Zacatecas.
A este lugar llegaron hombres uniformados de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para retirar, con violencia, los tejidos rojos propios que el colectivo Sangre de mi Sangre había colocado como símbolo de desacuerdo, denuncia y memoria de las personas desaparecidas y sus familias.
Entre gritos de los manifestantes y jaloneos por parte de las autoridades de seguridad arrancaron el tejido llevándoselo y arrancando algunas cédulas de identidad que se iban a colocar.
Francamente, estás acciones son un claro ejemplo de represión a la libre manifestación, aun cuando las autoridades minimizan los hechos, sale a la luz que cuando las manifestaciones incomodan al gobierno estatal no dudan en reprimirlos y más aún en torno al informe del gobernador.
Incluso tuvo que intervenir la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Zacatecas, la cual informó que habían recuperado los tejidos del colectivo luego de diálogos con las autoridades y que se había levantado una denuncia de hechos contra quien resulte responsable.
Mientras tanto, el colectivo notificó que el tejido lo devolvieron cortado, dañado y muy maltratado, advirtiendo que más allá del valor económico, es un símbolo que representa a las personas desaparecidas y el dolor de cientos de familias que no encuentran a sus familiares.
Por su parte, el medio Zacatecas Online1 destacó lo siguiente:
“Cortado, mutilado y maltratado regresó el tejido rojo que elementos de las Fuerzas de Seguridad retiraron del puente peatonal que conduce al Palacio de Convenciones, el cual había sido colocado por el colectivo Sangre de mi Sangre Zacatecas para simbolizar a las personas desaparecidas, previo al cuarto informe de gobierno de David Monreal Ávila.
En su página de Facebook, la agrupación informó en un comunicado que lo rescataron gracias a toda la indignación social y solidaridad que se manifestó luego de la arbitraria y desproporcionada acción de restricción a la libre manifestación por parte de militares y policías.
Lo regresaron sin una disculpa pública, desconociendo todo el valor simbólico que tiene esta rafia roja que ha sido tejida durante más de 3 años junto con madres y familias buscadoras”.
“La pregunta sigue siendo; ¿Dónde están los más de 4000? ¿Por qué les incomoda la verdad y la memoria?”, cuestionaron.”
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Zacatecas a fin de investigar y sancionar los actos excesivos, arbitrarios y de represión perpetrados por las autoridades de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y de la Dirección de Policía Vial Preventiva en contra de la libre expresión ocurridos en la manifestación pacífica del pasado 8 de septiembre de 2025, realizada por el Colectivo Sangre de mi Sangre y personas que los acompañaban.
Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno constitucional del estado de Zacatecas a resarcir los daños materiales del símbolo de las personas desaparecidas, llamado “Tejido Rojo” del Colectivo Sangre de mi Sangre.
Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno constitucional del estado de Zacatecas, así como las autoridades de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y de la Dirección de Policía Vial Preventiva a ofrecer una disculpa a la ciudadanía zacatecana ante la indignación por los hechos.
Notas:
1 https://zacatecasonline.com.mx/roto-entregan-tejido/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2025.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)