Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, mediante el cual la honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobierno de Quintana Roo implementar las acciones necesarias a efecto de garantizar el libre acceso a las playas nacionales para todas y todos los mexicanos, así como establecer la reglamentación necesaria para salvaguardar el derecho al uso y disfrute de este bien nacional sin ningún tipo de condicionamiento, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En los últimos meses diversos medios de comunicación han documentado el establecimiento de cobros para ingresar a playas y zonas naturales del estado de Quintana Roo, medidas implementadas bajo la justificación de “control y conservación ambiental”, pero que han generado una amplia inconformidad entre residentes, prestadores de servicios y turistas nacionales e internacionales. De acuerdo con reportes, visitantes han denunciado cuotas de acceso por persona, aplicadas en áreas que por ley corresponden al libre tránsito, en este caso los accesos al litoral caribeño son los más afectados.

Bajo este contexto, López (2025) compartió lo siguiente: “Las mejores playas de Tulum fueron privatizadas de facto y se las quedaron los hoteles de lujo, mientras que al turismo nacional y local se les dejaron los accesos limitados y las zonas más deterioradas. Quien desee entrar a una playa de Tulum hoy debe enfrentar barreras económicas: pagar un hospedaje caro, reservar en un restaurante con un consumo mínimo elevado, o desembolsar por un -day pass- costoso”.1

De igual manera, Hernández Martínez (2025) expone lo siguiente: “En lugares como Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Costa Mujeres y Tulum, la violación es cotidiana y a plena vista: cadenas, casetas de seguridad, caminos cerrados con portones, macetas, pasillos privatizados o simplemente personal que niega el paso si no se acredita una reservación en el hotel”.2

El cobro de cuotas y condicionales para lograr accesar a las playas, además de afectar directamente el flujo turístico y la economía local, contradicen el carácter público y nacional de los litorales mexicanos, al vulnerar el derecho de toda persona a disfrutar de los bienes naturales sin discriminación ni condicionamiento. Ciudadanos y organizaciones locales han señalado que dichas prácticas representan una privatización del espacio público costero, y atentan contra los principios constitucionales de equidad territorial, inclusión y justicia social. Ante la falta de una actuación estatal clara y la permisividad de autoridades locales, la problemática ha escalado, generando descontento ciudadano y reclamos por la defensa del libre acceso garantizado en la ley.

Segundo.- En octubre de 2025, el gobierno municipal de Tulum anunció un programa de “acceso libre a las playas”, como respuesta a las crecientes críticas ciudadanas por los bloqueos y cobros indebidos. No obstante, según lo documentado por Proceso, este esquema presenta restricciones que, en la práctica, limitan el ejercicio pleno del derecho al acceso público. Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de ingresar con agua, alimentos, sombrillas o hieleras, además de establecer condiciones de consumo obligatorio o convenios con establecimientos privados para permitir la entrada a determinadas zonas del litoral.3

Estas disposiciones, aunque se presentan como acciones de orden y limpieza, restringen la libertad de disfrute de las playas nacionales, sustituyendo el derecho ciudadano por una modalidad comercial o condicionada. Habitantes locales han denunciado que este tipo de medidas benefician principalmente a grupos empresariales vinculados al turismo de alto poder adquisitivo, mientras excluyen a la población local, trabajadores y visitantes de bajo ingreso. En consecuencia, el programa ha sido señalado como una medida simulada de apertura, que mantiene las barreras sociales y económicas en torno al acceso a los bienes nacionales de dominio público.

Tercero.- El 1 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que busca fortalecer el marco jurídico vigente, garantizando el acceso libre, gratuito y seguro a las playas y áreas naturales protegidas del país. Reflejando un consenso legislativo histórico en favor del derecho ciudadano al disfrute de los bienes nacionales sin restricciones indebidas. La iniciativa, impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, refuerza e impide la privatización o el condicionamiento del acceso a las zonas costeras y naturales del territorio nacional, consolidando el principio constitucional de que las playas son de uso común y dominio directo de la nación. Demostrando que este recinto legislativo se encuentra haciendo lo conducente para atender la problemática.4

Considerandos

Primero.- Que las playas marítimas constituyen bienes de uso común y de dominio directo de la nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Bienes Nacionales, misma que en su artículo 8 establece que:

Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.

(...)

El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento.5

Por lo que su uso y disfrute corresponden a todas las personas sin restricción alguna. En este sentido, el libre acceso a las playas nacionales constituye una expresión del derecho al espacio público, al medio ambiente sano y al esparcimiento, reconocidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. Por tanto, cualquier acción que pretenda condicionar o limitar el tránsito hacia estos espacios naturales contraviene el orden jurídico nacional y los principios de equidad, legalidad y justicia que rigen el uso de los bienes de la nación.

Segundo.- Que en el estado de Quintana Roo, se han reportado casos reiterados de obstrucción y condicionamiento en el acceso a las playas, especialmente en zonas colindantes con desarrollos turísticos y hoteleros, lo que contraviene la legislación vigente y el carácter público de las playas nacionales. Dichas prácticas vulneran los principios de igualdad, equidad territorial y justicia social, al privilegiar intereses económicos sobre el derecho ciudadano al disfrute de los espacios naturales comunes. La Ley General de Bienes Nacionales, dispone que las playas son de libre acceso para todas las personas, y prohíbe expresamente cualquier tipo de impedimento, restricción o condicionamiento, por lo que no debe permitirse cualquiera de las acciones antes mencionadas por parte de los particulares ni de autoridades públicas.

Tercero.- Que el gobierno de Quintana Roo, en su calidad de autoridad de proximidad y de gobierno en la gestión del territorio, tiene la responsabilidad de proteger y garantizar el uso de los espacios públicos naturales, entre ellos las playas marítimas, que forman parte del patrimonio ambiental, cultural y turístico del Estado. Asegurar el acceso libre, seguro y sin condicionamientos a estos espacios fortalece la convivencia social, promueve la justicia territorial, preserva el equilibrio entre desarrollo turístico y bienestar ciudadano, dando cumplimiento a las leyes federales vigentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo mediante el cual, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Único: La honorable Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno de Quinta Roo a implementar acciones necesarias a efecto de garantizar el libre acceso a las playas nacionales para todas y todos los mexicanos, así como a establecer la reglamentación necesaria para salvaguardar el derecho al uso y disfrute de este bien nacional sin ningún tipo de condicionamiento.

Notas:

1 López, E. G. A. (2025, 10 octubre). Tulum toca fondo: ¿Qué pasa con la caída del turismo? Las tres razones de su peor crisis. Azteca Noticias. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/tulum-toca-fondo-que-pasa-la-ca ida-del-turismo-las-tres-razones-su-peor-crisis

2 Hernández Martínez, S. (2025, 7 octubre). Libre acceso a playas en Quintana Roo: discriminación y corrupción. La Chispa. https://lachispa.mx/nacional/quintana-roo/libre-acceso-a-playas-en-quin tana-roo-discriminacion-y-corrupcion/

3 Díaz, G. L. (2025, 11 octubre). Alcalde de Tulum anuncia acceso libre a playas, pero sin agua, sombrillas ni comida. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/10/11/alcalde-de-tulum -anuncia-acceso-libre-playas-pero-sin-agua-sombrillas-ni-comida-360559. html?utm_source=chatgpt.com

4 Mejía, J. G. (s. f.). Diputados aprueban por unanimidad dictamen que permitirá el libre acceso a playas y áreas naturales protegidas. LatinUS. https://latinus.us/mexico/2025/10/1/diputados-aprueban-por-unanimidad-d ictamen-que-permitira-el-libre-acceso-playas-areas-naturales-protegidas -153279.html

5 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Bienes Nacionales. Diario Oficial de la Federación. Artículo 8. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGBN.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 de octubre de 2025.

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Semarnat, para que, en coordinación con la Conagua y el INAH, impulsen el rescate y protección del corredor biocultural Ayaqueme - Tlalteles, que contempla el ecosistema forestal de serranía, perteneciente a la sierra de Chichinautzin, la zona agrícola de Terrazas y Chinampas de San Juan y San Pedro Tezompa, las llanuras lacustres de Huitzilzingo, hasta el sitio arqueológico de los Tlalteles, cuna de la cultura chalca y precursora de la identidad lacustre del Anáhuac, priorizando su declaratoria como Área Natural Protegida Federal, a cargo de la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Anaís Miriam Burgos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1; y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los asentamientos humanos irregulares son comunidades o grupos de viviendas que se establecen en terrenos que no cuentan con la planificación urbana adecuada para su ocupación, las comunidades asentadas en estos espacios, generalmente están limitados en cuanto a la regulación legal de la propiedad que habitan. Esto significa que las personas que viven allí no tienen títulos de propiedad, y las zonas a menudo carecen de infraestructura básica y servicios públicos, lo que deriva en la precarización de su calidad de vida.

En México, el problema de los asentamientos humanos irregulares es una situación delicada. El crecimiento de estos asentamientos se observa principalmente en los municipios conurbados a la Ciudad de México, en las zonas limítrofes con el Estado de México, es un tema preocupante ya que, en gran medida, se han generado por la permisividad de las autoridades estatales y municipales al seguir lotificando sin planeación alguna, generando con ello problemas puntuales para el desarrollo.

Además, desde el punto de vista ambiental, los asentamientos humanos irregulares en esa zona han tenido un gran impacto negativo en el ecosistema local. La lotificación sin control, para la construcción de viviendas ha originado la pérdida de biodiversidad y la degradación del entorno natural. Y, desde el punto de vista social, la falta de servicios básicos como agua potable y electricidad, pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas que viven en estos asentamientos.

La falta de planificación urbana genera un impacto negativo y altamente nocivo en el medio ambiente. La ocupación de áreas protegidas y zonas que hasta hace algunos años eran ecosistemas lacustres, hoy utilizadas para la construcción de viviendas, están llevado a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del entorno natural. Al día de hoy, el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia, ya tienen impactos significativos en diversas regiones de la entidad.

Algunos de los efectos antes mencionados incluyen sequías cada vez más frecuentes, disminución de los recursos hídricos, cambios en los ecosistemas y el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Aunado a esto, la actividad humana, como la sobre explotación de los mantos acuíferos sin retorno sustentable, el crecimiento poblacional desordenado y la emisión de gases de efecto invernadero, agravan el impacto del calentamiento global, con consecuencias negativas para la agricultura, la disponibilidad de agua, la salud humana y los ecosistemas.

Durante décadas, la ocupación de terrenos comunales bajo la permisividad de las autoridades locales, han resultado en espacios urbanos marginales y sin planificación. De manera específica, en el municipio de Chalco existen asentamientos irregulares en torno al sitio arqueológico los Tlalteles, el cual se sitúa en un área amplia que se extiende desde la ciénega del peñón de Xico hasta la zona agrícola de terrazas y chinampas de San Juan y San Pedro Tezompa así como las llanuras lacustres de Huitzilzingo. En toda esta área están involucrados diversos desafíos y problemáticas relacionados con altos niveles de vulnerabilidad y exposición a peligros naturales como antrópicos, mismos que ya están provocando daños serios a la población, junto con la pérdida del único corredor biocultural tangible en la zona, al que denominamos “el último corazón verde” en la demarcación, el cual comprende un territorio de 15,407.00 hectáreas y que está inminentemente amenazado por las manchas urbanas de Chalco y Valle de Chalco.

Dentro de esta área, sobre la llanura del lecho lacustre del antiguo lago de Chalco, colindando con la ladera oriental de los cerros El Márquez y Xico, se localiza el sitio arqueológico de Los Tlalteles que es, sin lugar a duda, el mayor referente para poder explicar el desarrollo político y social del sur de la cuenca de México, particularmente la región de Chalco durante el periodo de tiempo comprendido entre los períodos Clásico (150-550 d.C.) y el Posclásico Medio (1150-1325 d.C.). Su función fue probablemente la más relevante de toda la ocupación de Xico por ser posiblemente un puerto de intercambio enclavado en el cruce de importantes rutas de intercambio que conectaban a la cuenca de México con los territorios de los actuales estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos y la Costa del Golfo, además de intermediar los productos procedentes de la región de los Volcanes hacia el resto del Anáhuac.

El área de Xico y Chalco atenco fungió como el foco político hegemónico de la región de Chalco hasta el Posclásico medio y cuya importancia lo sitúa como uno de los polos “civilizatorios” de la cuenca de México para dicho periodo. Asimismo, su importancia radica en que fue un punto de origen identitario de lo que se conoció como la Chalcáyotl, la cual se desempeñó como una liga de altépetl (señoríos) conformada por diversos pueblos que se identificaron a sí mismos como chalcas y que hicieron frente a otras fuerzas como los acolhuas, tepanecas y los mexicas, siendo éstos últimos, sus enemigos jurados.

En los últimos años, el sitio arqueológico de Los Tlalteles está inmerso en una situación compleja en el que predomina la pobreza extrema y una seria marginalidad caracterizada por la inexistencia de ningún tipo de infraestructura. De hecho, en meses recientes se han llevado a cabo obras de lotificación alrededor del mencionado cerro El Márquez, mismos que destacan por la construcción de edificaciones irregulares hechas por ciudadanos que viven en condiciones de vida “infrahumanas” y, en paralelo, se están llevando a cabo obras de despalme y construcción (autorizadas por el gobierno municipal de Chalco de Díaz Covarrubias) que no cuentan con el respectivo Vo. Bo. del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en apego a lo establecido por ley y cuyo avance desgraciadamente ha causado una enorme e irreparable pérdida tanto de los bienes arqueológicos patrimonio de la Nación que aún se encontraban in situ, así como de información relevante para la comprensión y conocimiento del desarrollo sociopolítico regional como del asentamiento que ahí existió.

Por todo lo anterior, es importante abordar este problema mediante una planificación urbana y ambiental adecuada que involucre la implementación de políticas y regulaciones que promuevan un desarrollo urbano sostenible, la provisión de servicios básicos en todas las áreas urbanas y la promoción de viviendas adecuadas para todos los ciudadanos.

Una solución sería considerar esta región, que cuenta con una extensión de 15,407.00 hectáreas, como el corredor biocultural Ayaqueme - Tlalteles, como Área Natural Protegida Federal ya que es un espacio para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas y área de recarga de mantos acuíferos. Este territorio abarca los polígonos de los terrenos agrícolas que comprenden el sitio arqueológico de “Los Tlalteles”; parte de la zona inundable de Huitziltzingo, en los municipios de Valle de Chalco y Chalco, así como la zona de llanuras agrícolas de Santa Catarina Ayotzingo, San Juan y San Pedro Tezompa, así como la zona de serranía del Ayaqueme (éste último forma parte del Área Natural Protegida Estatal).

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), administra 232 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal que representan un total de 98,000,719 hectáreas y apoya 602 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, alcanzando una superficie de 1,301,037.94 hectáreas, en 29 entidades federativas.

La importancia de las Áreas Naturales Protegidas radica en que actúan como refugios para muchas especies en peligro de extinción, permitiendo su reproducción y supervivencia. Además, cumplen un papel fundamental en la regulación del clima, la protección de los recursos hídricos y la prevención de desastres naturales y la recarga de los mantos acuíferos.

En muchos países, las Áreas Naturales Protegidas son administradas por organismos gubernamentales o entidades privadas encargadas de su conservación y manejo, lo que les permite, además, llevar a cabo investigaciones científicas que promueven la educación ambiental y fomentan el turismo sostenible en estas áreas.

De acuerdo al artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, la urgencia de este exhorto a salvaguardar todo el corredor biocultural Ayaqueme - Tlalteles, “El último corazón verde” y el sitio arqueológico de Los Tlalteles para brindar espacios históricos y espacios saludables a las y los ciudadanos del oriente mexiquense, que no cuentan con áreas verdes ni recreativas naturales. Del mismo modo, se busca generar potencial de captación, tratamiento y reúso de agua proveniente de las comunidades. Con este fin, se busca preservar nuestra historia y nuestro patrimonio natural, los cuales constituyen la sustentabilidad de nuestro presente y el de las generaciones futuras.

Es fundamental que los municipios de Chalco, Tenango del Aire, Juchitepec, Temamatla, Ozumba y Valle de Chalco a asuman un compromiso conjunto en la promoción, protección y manejo sustentable del Corredor Biocultural Ayaquemetl-Tlalteles que recorre esta zona del oriente del Estado de México. Esta región, que conecta ecosistemas de montaña, bosques templados y zonas agrícolas y palustres, constituye un espacio estratégico para la recarga de mantos acuíferos y el escurrimiento pluvial que abastece tanto a las comunidades locales como a la Zona Metropolitana del Valle de México. Preservar este corredor no solo implica conservar su biodiversidad y los saberes comunitarios asociados al uso sostenible del territorio, sino también garantizar los servicios ecosistémicos que ofrece, como la regulación del clima, la filtración del agua y la prevención de inundaciones, fundamentales para el bienestar social y ambiental de toda la región. En este sentido, la defensa del corredor biocultural representa una acción prioritaria frente al avance urbano desordenado y la pérdida de cobertura vegetal que amenazan la resiliencia ecológica y cultural del territorio.

El sitio arqueológico de los Tlalteles no es solo un sitio histórico. Es un testimonio de nuestra rica herencia y nuestra identidad. Es un lugar donde nuestros ancestros caminaron; donde su sabiduría y tradiciones aún vibran en el aire. Al cuidar de estos vestigios, estamos cuidando de nuestra historia, de la historia que nos conecta con quienes fuimos y con quienes somos. Cada piedra, cada mural, cada objeto y cada rincón de este sitio arqueológico, tiene una historia que contar. Es nuestro deber y obligación asegurarnos que estas historias se sigan contando, para que nuestras raíces no se pierdan en el olvido. En particular ante los embates ideológicos actuales que, a nivel mundial, ponen en riesgo la soberanía de las naciones.

Con esto, buscamos también garantizar un presente a nuestras niñas y niños en dónde tengan las oportunidades para desarrollar todas sus capacidades. Es nuestra responsabilidad como legisladores, pero lo es más, logrando que el futuro sea sostenible y promisorio con lo que hacemos hoy.

Hoy hablamos de la importancia de proteger nuestro sitio arqueológico de Los Tlalteles y declarar Área Natural Protegida todo el corredor biocultural Ayaqueme –Tlalteles. Esta no es solo una cuestión de conservación ambiental, sino una defensa de nuestra identidad cultural, y de nuestras raíces; es el legado que dejaremos a nuestras futuras generaciones. El medio ambiente es uno de los temas más importantes y urgentes de nuestro tiempo, la salud y la supervivencia de nuestro planeta dependen de nuestras acciones para protegerlo.

La declaración de Área Natural Protegida para el corredor biocultural Ayaqueme –Tlalteles es crucial, pues no es solo una acción administrativa, es una inversión en nuestra salud, en nuestra calidad de vida y en la sostenibilidad de nuestro entorno. Este espacio no solo actúa como un regulador de agua vital para nuestra región, sino que también es un pulmón verde que respira vida para nuestros municipios.

Solo a través de la coordinación y el esfuerzo conjunto podremos lograr que nuestros espacios naturales y culturales sean protegidos. Hoy no solo alzamos la voz por nuestra historia, sino también por nuestro futuro.

Proteger el sitio arqueológico de Los Tlalteles dentro del corredor biocultural Ayaqueme –Tlalteles, es un acto de amor por nuestra tierra, por nuestra gente y por nuestra historia. Es un compromiso con las futuras generaciones.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Agua del Estado de México, el gobierno municipal de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, así como el gobierno estatal del Estado de México y el gobierno federal de la República, impulsen el rescate del sitio arqueológico de los Tlalteles municipio de Chalco, se recupere el Corredor Biocultural Ayaqueme–Tlalteles, y se declare todo en su conjunto, como área natural protegida federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2025.

Diputada Anaís Miriam Burgos (rúbrica)