Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a implementar campañas de esterilización y vacunación para animales de compañía, además de brindar la capacitación necesaria al personal en el manejo de protocolos para el manejo, atención y tratamiento de estos animales cuando se encuentren en situación de calle, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género sobre la muerte de la joven Stephany Carmona Rojas, integrante de la Guardia Nacional, y a garantizar justicia, la reparación del daño y sanción a los responsables, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar y aplicar oportunamente las vacunas del esquema básico de vacunación a todas las niñas, los niños y adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a las comisiones dictaminadoras,  a que antes de la aprobación de la iniciativa por la que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, se realicen los foros de consulta pública y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país, asegurando con ello que la nueva legislación refleje las necesidades, derechos, aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua, suscrito por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Bernardo Bravo Manríquez, líder de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a implementar campañas de esterilización y vacunación para animales de compañía, además de brindar la capacitación necesaria al personal en el manejo de protocolos para el manejo, atención y tratamiento de estos animales cuando se encuentren en situación de calle, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El bienestar animal es un concepto fundamental que busca garantizar que los animales vivan libres de sufrimiento, estrés y dolor innecesario, promoviendo condiciones adecuadas de salud, alimentación, comportamiento natural y trato digno.

A nivel mundial, este principio ha cobrado gran relevancia no solo por razones éticas, sino también por su impacto en la salud pública, en el medio ambiente y en la sostenibilidad alimentaria.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) promueven políticas para asegurar que los animales domésticos, de granja, de compañía y silvestres sean tratados con respeto y responsabilidad.1

En México, el bienestar animal ha ganado visibilidad en los últimos años gracias al activismo, cambios culturales y avances legislativos. A pesar de los retos en su aplicación, varios estados han reformado sus leyes para reconocer a los animales como seres sintientes y sancionar el maltrato.

Asimismo, iniciativas ciudadanas y de organizaciones civiles han promovido campañas de adopción, esterilización y educación sobre el cuidado responsable.

No obstante, aún persisten desafíos importantes en cuanto a regulación, vigilancia y educación, por lo que fortalecer la cultura del bienestar animal en México es clave para avanzar hacia una sociedad más ética, justa y sostenible.2

Las directrices que guían a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en materia de bienestar de los animales terrestres incluyen las 5 libertades enunciadas en 1965 y que han sido ampliamente reconocidas, describen las expectativas de la sociedad en cuanto a las condiciones a las que están sometidos los animales cuando están bajo el control del humano, es decir:

• Libre de hambre, de sed y de desnutrición

• Libre de temor y de angustia

• Libre de molestias físicas y térmicas

• Libre de dolor, de lesión y de enfermedad

• Libre de manifestar un comportamiento natural3

Bienestar animal es un concepto científico que se basa en estudios de conducta y fisiología de los animales y que, por lo tanto, podemos evaluar objetivamente. Se refiere al estado biológico del animal y su calidad de vida, por lo que es diferente que la protección animal.

El bienestar animal es definido por la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE), como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que las que vive y muere. Un animal experimenta bienestar físico y mental si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, sin dolor, miedo o ansiedad y es capaz de expresar su comportamiento natural.

Asimismo, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece que el bienestar animal se refiere al estado en que los animales satisfacen sus necesidades fisiológicas, de salud y de comportamiento, frente a los cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano.4

En días recientes, un video difundido en redes sociales generó gran indignación pública al exhibir a empleados del municipio de Piedras Negras, en Coahuila, descargando decenas de perros muertos en el relleno sanitario de la ciudad. En las imágenes, se observa a los cuerpos de los animales siendo arrojados directamente entre los residuos, sin ningún tipo de protocolo sanitario ni respeto hacia los principios básicos del bienestar animal. Esta situación fue denunciada por vecinos y organizaciones protectoras, quienes señalaron la falta de ética y legalidad en el manejo de estos casos.

De acuerdo con declaraciones de activistas locales, los perros eran en su mayoría callejeros y habrían sido recogidos por personal del área de Bienestar Animal como parte de campañas municipales de control poblacional. No obstante, en lugar de recibir atención médica, ser canalizados a albergues o, en situaciones extremas, ser sometidos a un procedimiento de eutanasia bajo supervisión veterinaria, como lo establece la NOM-033-SAG/ZOO-2014 sobre métodos para dar muerte a animales, los canes fueron eliminados sin supervisión técnica, ni criterios de trato digno, contraviniendo normativas y recomendaciones nacionales e internacionales.

Es decir, resulta necesario que dicho proceso de eutanasia sea confirmado a través de un dictamen emitido por un Médico Veterinario Zootecnista en el que determine que los perros se encontraban en agonía, debido a un accidente grave o fase terminal de alguna enfermedad degenerativa, y por esa razón ya no podría sobrevivir.

Por lo que, si este dictamen no existe, el procedimiento de eutanasia realizado se configura en un delito que debe ser sancionado, incluso con la cancelación de la cédula, al haberse vulnerado el trato digno y bienestar de los animales.

El alcalde Jacobo Rodríguez, del partido Morena, al ser cuestionado por medios locales, reconoció la gravedad de los hechos y anunció la apertura de una investigación para esclarecer responsabilidades. Declaró que “no se tolerarán actos que empañen el trabajo del municipio ni el trato digno a los animales”, y prometió sanciones en caso de confirmarse irregularidades.

Este incidente refleja una problemática estructural que trasciende el caso aislado: la deficiente implementación de políticas públicas en materia de bienestar animal a nivel municipal. A pesar de que en México existen leyes y normas que reconocen a los animales como seres sintientes y protegen su integridad (como la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reconocer la problemática, o el caso de la expedición de legislación en la materia en algunas entidades federativas), en muchos municipios persisten prácticas obsoletas, mal capacitadas o carentes de supervisión.

La falta de protocolos claros, la escasa formación del personal encargado, la ausencia de centros de atención adecuados, y la limitada fiscalización por parte de autoridades estatales o federales, contribuyen a que estas acciones continúen ocurriendo. Además, este tipo de hechos vulnera la confianza ciudadana y refuerza la percepción de impunidad en casos de maltrato animal institucional.

En este contexto, el caso evidenciado en video no solo es un acto de crueldad, sino también un síntoma de la necesidad urgente de revisar, fortalecer y profesionalizar los programas municipales de control animal, bajo un enfoque de respeto, ética y cumplimiento legal.5

Durante la conferencia matutina del viernes, el coordinador municipal de Bienestar, Salud y Rescate Animal, Alfonso Orta González, reconoció públicamente la responsabilidad del área a su cargo y ofreció una disculpa por el acto cometido “con dolo” por parte de los empleados, admitiendo que, aunque se trataba de una disposición final, “no es la forma adecuada” y que ha sido justamente criticada por la ciudadanía. Su declaración, aunque necesaria, confirma que existe un problema estructural de capacitación, supervisión y cumplimiento normativo dentro de las instancias municipales encargadas de manejar esta delicada función pública.

A ello se suma el hecho de que las autoridades municipales reconocieron que el incinerador destinado al tratamiento de estos restos no funciona desde hace tiempo, y que, como práctica habitual, los cuerpos de animales son depositados en una fosa del mismo relleno sanitario, donde supuestamente se aplican materiales filtrantes para evitar la contaminación.

Sin embargo, este procedimiento ha sido puesto en duda por la evidencia visual registrada, y por el mismo director de Imagen Urbana, Alexis González Beltrán, quien aceptó que lo mostrado en el video corresponde a un manejo inadecuado, aunque intentó justificarlo afirmando que posteriormente se realiza una disposición más controlada, lo cual no fue registrado ni comprobado.6

Este incidente no puede ser considerado un hecho aislado ni un simple error operativo. Por el contrario, se trata de una situación emergente que revela diversas fallas estructurales y que amerita atención inmediata por parte de instancias superiores.

En primer lugar, lo ocurrido podría constituir no solo una violación a las leyes de protección animal, sino también a diversas normas oficiales mexicanas que regulan, tanto el trato digno hacia los animales, como la disposición final de sus restos. A esto se suma el evidente riesgo sanitario y ambiental, cuerpos de esos perros fueron arrojados en un sitio que no cuenta con infraestructura activa, como un incinerador en funcionamiento, lo que compromete la salubridad del entorno y podría generar efectos negativos a corto y mediano plazo.

Asimismo, el caso pone en evidencia la falta de capacidades técnicas, de protocolos claros y de supervisión interna en lo que hace a la atención y trato de los animales.

El manejo deficiente de una situación que involucra seres sintientes, aunado a la falta de transparencia operativa, ha generado un impacto social significativo.

Esta preocupación se ha visto reflejada en la respuesta inmediata de colectivos ciudadanos, organizaciones de protección animal, medios de comunicación y la comunidad en general, que demandan respuestas claras y medidas contundentes por parte de las autoridades.

Dada la gravedad de los hechos y la admisión pública de fallas por parte de funcionarios municipales, es imprescindible la intervención inmediata de las autoridades federales.

Por ello es qué, se exhorta al Ejecutivo Federal, a realizar campañas de esterilización a animales domésticos, para tener un control respecto a los animales sin hogar y aquellos que cuenten con uno, de forma responsable y de sanidad, entre otros aspectos.

Se realiza el presente exhorto al gobierno federal con la idea de que implemente campañas de esterilización y vacunación para animales de compañía, quienes debido a su carácter de seres sintientes deben recibir un trato digno por parte de cualquier persona, pero sobre todo de aquellas autoridades encargadas de su atención, máxime que se encuentra pendiente la presentación y eventual aprobación de una Ley General de Protección y Bienestar Animal, que es un escenario en donde será el gobierno federal quien deba encabezar la coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, implemente campañas de esterilización y vacunación para animales de compañía, además de brindar la capacitación necesaria al personal en el manejo de protocolos para el manejo, atención y tratamiento de estos animales cuando se encuentren en situación de calle.

Notas:

1 Bienestar animal según OMSA https://www.ecologito.com.uy/acciones-ecologito/bienestar-animal-segun- oie

2 Baena Sánchez, T. (2025). Reconocimiento del bienestar animal en la Constitución federal. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional, 27(54), e20232 en https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2026.54.20232

3 Bienestar Animal https://www.woah.org/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/
#:~:text=El%20bienestar%20animal%20es%20un,las%20prioridades%20de%20la%20OMSA.

4 Bienestar Animal y Adopción Responsable https://paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BIENESTAR_ANIMAL/index.html

5 Consultado en https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/10/estados/coahuila-empleado s-municipales-tiran-decenas-de-perros-en-relleno-santiario

6 Consultado en https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/10/10/funcionarios-de- bienestar-animal-son-captados-arrojando-cadaveres-de-perros-gatos-video -360509.html

Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género sobre la muerte de la joven Stephany Carmona Rojas, integrante de la Guardia Nacional, y a garantizar justicia, la reparación del daño y sanción a los responsables, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 17 de octubre de 2025 se dio a conocer, a través de diversos medios de comunicación, el lamentable fallecimiento de Stephany Carmona Rojas, una joven de 19 años, originaria de Ajalpan, Puebla, e integrante de la Guardia Nacional, quien fue encontrada muerta dentro del 51 Batallón de dicha corporación, ubicado en Acapulco, Guerrero.

Las autoridades señalaron en un primer momento que su muerte ocurrió durante una práctica de tiro; sin embargo, la familia de Stephany, así como diversos colectivos feministas y de derechos humanos, han cuestionado la versión oficial, ya que el cuerpo de la víctima presentaba dos impactos de bala en la cabeza, lo que contradice la hipótesis de un accidente y sugiere un posible asesinato dentro de instalaciones federales.

La información difundida por distintos medios de comunicación (como Aristegui Noticias, Crónica e Infobae)1 y 2 coincide en que la joven había denunciado previamente acoso sexual, hostigamiento y amenazas dentro de la corporación. En conversaciones con amigas y familiares, Stephany relató que era víctima de humillaciones y represalias, y que pese a haber presentado un reporte formal ante sus superiores, no se le brindó protección ni seguimiento.

Incluso, según testigos, fue advertida de que podría ser arrestada si continuaba insistiendo en su denuncia. Estos hechos evidencian la falta de protocolos efectivos de atención y la ausencia de una cultura institucional que garantice la seguridad de las mujeres que denuncian violencia.

No obstante, aún no existen resultados concluyentes sobre la investigación, ni se ha esclarecido la responsabilidad de los mandos que omitieron atender las denuncias previas de la víctima. La opacidad en torno al caso y las contradicciones en las versiones oficiales generan profunda preocupación y desconfianza social.

El caso de Stephany Carmona Rojas representa una tragedia institucional y humana, que pone en evidencia las graves deficiencias estructurales en materia de prevención, atención y sanción de la violencia de género dentro de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.

No se trata de un hecho aislado, en los últimos años se han documentado múltiples denuncias de mujeres pertenecientes a instituciones militares y policiales que enfrentan acoso, abuso o violencia por parte de compañeros o superiores jerárquicos.

Estas mujeres, muchas veces, se encuentran en una doble vulnerabilidad por ser mujeres en entornos altamente masculinizados y jerárquicos, y por la inexistencia de mecanismos internos de denuncia que sean seguros, eficaces y confidenciales.

La falta de respuesta institucional frente a estas denuncias perpetúa un círculo de impunidad y silencio. Las mujeres víctimas de acoso o abuso, al no recibir respaldo ni justicia, son revictimizadas, castigadas o silenciadas. En casos extremos, como el de Stephany, el desenlace puede ser la muerte.

Este patrón evidencia una deuda pendiente del Estado mexicano con las mujeres que forman parte de sus fuerzas de seguridad, quienes deberían contar con la máxima protección y respaldo de las instituciones a las que sirven.

Resulta inadmisible que una joven que eligió servir a su país haya sido violentada y asesinada en el lugar donde debía sentirse protegida. Las autoridades tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que las mujeres dentro de las corporaciones armadas no sean objeto de acoso, discriminación o violencia sexual, y que, cuando denuncien, no sean ignoradas ni castigadas, sino protegidas y escuchadas.

Asimismo, este caso debe analizarse en un contexto más amplio, el de la violencia institucional y de género en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), más del 60 % de las mujeres en cuerpos de seguridad han experimentado algún tipo de acoso laboral o sexual. Sin embargo, menos del 10 por ciento de los casos son denunciados, debido al miedo a represalias o al descrédito de sus testimonios. Esto demuestra que las políticas de igualdad y los protocolos de atención existentes son insuficientes y que urge su revisión y fortalecimiento.

La impunidad en este tipo de casos lastima a las familias que exigen justicia y envía un mensaje de tolerancia hacia el hostigamiento, la violencia sexual y la discriminación en espacios donde deberían imperar la disciplina, la ética y el respeto. Es inaceptable que una institución que forma parte del Estado mexicano, cuyo propósito es brindar seguridad a la ciudadanía, se convierta en un lugar inseguro para sus propias integrantes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de esta Cámara, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar una investigación urgente, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género, sobre la muerte de Stephany Carmona Rojas, integrante de la Guardia Nacional, garantizando justicia y castigo a los responsables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciar una investigación de oficio para determinar posibles violaciones a los derechos humanos, omisiones institucionales o actos de encubrimiento por parte de mandos o elementos de la Guardia Nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional a fortalecer los protocolos internos contra el acoso y hostigamiento sexual, asegurando mecanismos eficaces de denuncia, protección a las víctimas y sanción a los agresores, con el fin de prevenir que hechos tan lamentables vuelvan a repetirse.

Notas

1 https://aristeguinoticias.com/1710/mexico/
exigen-justicia-por-militar-fallecida-en-cuartel-de-la-gn-habia-denunciado-acoso-sexual

2 https://www.infobae.com/mexico/2025/10/18/reportan-detencion-de-yair-manuel-n-sargento-involucrado-en-el-asesinato-de-la-soldado-stephany-carmona

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar y aplicar oportunamente las vacunas del esquema básico de vacunación a todas las niñas, los niños y adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno en todo momento debe velar y garantizar que las y los individuos tengan acceso a sus derechos, sobre todo de los más esenciales, entre ellos la salud y todo lo inherente a una eficiente prestación del servicio y atención en cualquier nivel para quienes requieran de ella.

Por ello es qué, resulta indispensable un adecuado manejo de las finanzas, etiquetado y aplicación de recursos de las instituciones públicas de salud, para asegurar su acceso a los insumos, tratamientos y cualquier tipo de procedimiento médico y de esa forma salvaguardar la salud e incluso la vida de los pacientes.

Por eso es que desde el sexenio pasado venimos denunciando el abandono total en que se encuentra el sistema de salud de nuestro país, ya que, bajo el pretexto de corrupción, el gobierno federal, así como su mayoría legislativa se han dedicado a desmantelarlo una y otra vez con decisiones equivocadas, así como con reducciones presupuestales.

Así tenemos que una vez desaparecido el Seguro Popular, que brindaba servicios de salud a las personas que no contaban con seguridad social, entre ellos los servicios básicos de salud, incluyendo 294 intervenciones, 633 medicamentos y 37 insumos.

Solo que su mecanismo de financiamiento generó críticas, ya que funcionaba mediante un intermediario que distribuía recursos a los estados, y así cada entidad decidía cómo utilizar estos fondos, y aunque la atención hospitalaria era prioritaria, faltaba un enfoque en la prevención de enfermedades, lo que contribuyó al aumento de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión.

En 2019, el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, el cual debería garantizar la atención de la salud de aquella población que no era cubierta por ninguna institución de seguridad social, sin intermediarios, otorgando la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, tratamientos y procedimientos, para lo cual sólo requería que las y los pacientes se encontraran en territorio nacional, presentar su CURP, y no ser derechohabiente del IMSS, o del ISSSTE.

Tan solo 4 años después, el Insabi desapareció debido a la falta de coherencia y estructura del proyecto, lo que agudizó el problema del desabasto de medicamentos, atención médica deficiente, insuficiencia de personal médico, por lo que fue rebasado por la alta demanda del servicio.

Ahora la responsabilidad se pasará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una tentativa que ha sido recibida con todo tipo de críticas, pues se estima que el IMSS-Bienestar no cuenta con la capacidad ni con los recursos para atender las responsabilidades del Insabi, máxime que el mismo IMSS está al borde del colapso.

Esta serie de cambios, han dejado al sistema público de salud en una grave crisis al no poder brindar atención medica de forma eficiente, existir insuficiencia de personal médico y especialistas, desabasto de medicamentos, así como de vacunas.

El desabasto de vacunas es una problemática que ha afectado a miles de menores de edad, quienes se han visto obstaculizados para cubrir su esquema básico de vacunación, por lo que se encuentran ante el riesgo de adquirir enfermedades que hasta hace unos años se encontraban erradicadas de nuestro país, sufriendo secuelas que los incapacitan para toda la vida, o que incluso pueden poner en riesgo su vida.

La falta de vacunas es algo grave, ya que su desabasto y falta de aplicación oportuna puede ocasionar el regreso de enfermedades erradicadas, secuelas para toda su vida en quienes las adquieran, e incluso, la muerte de algún menor de edad, tales como las siguientes:

• Sarampión: Una enfermedad altamente contagiosa que puede causar neumonía, ceguera o muerte.

• Poliomielitis: Con riesgo de parálisis irreversible.

• Tétanos neonatal: Mortal en contextos sin acceso a atención médica.

• Hepatitis B: Puede derivar en cirrosis o cáncer hepático.

• Tosferina (pertussis): Especialmente letal en menores de 6 meses.

Además, estos menores de edad pueden convertirse en posibles objetos de contagio, facilitando los brotes o la reaparición de ciertas enfermedades en determinadas ciudades o regiones. Recientemente se han dado a conocer noticias sobre las repercusiones que sean venido ocasionando por la falta de aplicación de las vacunas, por ejemplo:

• En 2020, se registraron sólo 196 casos de sarampión en todo el país, mientras que en lo que va del 2025, ya van 789 de los cuales más del 95 por ciento se concentran en un solo estado: Chihuahua.

• También en 2022, hubo sólo 69 casos de tosferina, mientras que en lo que va de este año se han confirmado 835 que ha ocasionado ya 49 bebés fallecidos, este brote ha afectado especialmente a menores de 5 años en estados como Puebla, Campeche, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí.

A partir del 2019, la cobertura de vacunación disminuyó, al haberse dejado de inocular a niñas y niños, tanto que, al medirse la cobertura de vacunación en 2023, se encuentra que sólo el 26.6% de las y los menores de 2 años tenían su cartilla completa. El cuadro de vacunas básico según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia consiste en:

También, es necesario resaltar existe un grave atraso de más de 2 meses en la adquisición de la vacuna BCG, contra la tuberculosis que ya ha comenzado a afectar a diversos estados como Coahuila.

Esto se debe en gran medida el recorte presupuestal que recibió el programa de vacunación, el cual tuvo para 2024 un presupuesto aprobado de $14,628 mdp, mientras que para 2025 solo se le asignaron $4,571 mdp, una reducción de más de $10,000 mdp es decir un 68 por ciento.

Durante décadas, nuestro país fue considerado un ejemplo en materia de vacunación infantil, gracias a una sólida cultura de protección sanitaria basada en campañas masivas, brigadas comunitarias y una clara consigna institucional que era la de vacunar a toda las y los niños de México.

Las familias mexicanas no solo estaban acostumbradas a acudir puntualmente a los centros de salud, sino que había un compromiso social tangible por completar las cartillas y proteger a los más pequeños.

Esa estructura, cuyo funcionamiento fue reconocido incluso por organismos internacionales, comenzó a deteriorarse a partir de 2019, agudizándose tal situación hasta nuestros días, pues enfermedades prevenibles como el sarampión y la tosferina han regresado, y desafortunadamente todo parece indicar que estamos en un retroceso respecto a la integración del esquema básico de vacunación, y no por un rechazo social a las vacunas, sino por el abandono de un sistema que solía funcionar, basado en malas decisiones gubernamentales y en reducciones presupuestales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del IMSS-Bienestar, realicen todas las gestiones necesarias para garantizar y aplicar oportunamente las vacunas correspondientes al esquema básico de vacunación, a todas las niñas, los niños, y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre del 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a las comisiones dictaminadoras, a que antes de la aprobación de la iniciativa por la que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, se realicen los foros de consulta pública y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país, asegurando con ello que la nueva legislación refleje las necesidades, derechos, aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua, suscrito por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho humano al agua es un principio reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Este precepto constitucional impone al Estado la obligación de garantizar dicho derecho mediante una gestión sustentable, equitativa y participativa de los recursos hídricos.

Asimismo, instrumentos internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerzan la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible.

En este contexto, la reforma, derogación y adición a la Ley General de Aguas representa una oportunidad histórica para actualizar el marco normativo en materia hídrica, orientándolo hacia un modelo de gobernanza que priorice el derecho humano, la protección ambiental, la justicia social y la sustentabilidad económica.

Sin embargo, dada la trascendencia de esta legislación, su aprobación requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participación efectiva de la sociedad.

El agua no es solo un recurso natural estratégico; es un elemento vital que sustenta la vida, la producción agrícola, la salud pública y el equilibrio ecológico. Su gestión involucra a diversos sectores de la sociedad: comunidades rurales e indígenas, organismos operadores, agricultores, industrias, gobiernos locales, investigadores, ambientalistas y ciudadanos en general. Cada uno de estos actores posee conocimientos, experiencias y necesidades específicas que deben ser consideradas para construir una ley legítima, eficaz y socialmente aceptada.

Entre los cambios más relevantes que plantea la reforma y que deben consultarse y trabajarse en los foros destacan los siguientes:

En un primer momento encontramos el régimen de concesiones y Fondo de Reserva, que se mantiene la figura de concesión, pero con modificaciones sustanciales, por ejemplo, la disponibilidad de agua se revisará cada dos años y se incorpora un nuevo mecanismo denominado Fondo de Reserva, que concentrará los volúmenes recuperados por caducidad, renuncia o revocación. Dichos volúmenes se reasignarán exclusivamente por la Autoridad del Agua, mediante nuevos títulos.

Esta centralización de facultades puede fortalecer la planeación hídrica, pero también genera riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, por lo que es indispensable discutir públicamente los criterios que regularán las reasignaciones.

Además, se procura la eliminación de transmisiones de derechos entre particulares, esta propuesta elimina por completo la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares, un mecanismo que, bajo la ley vigente, permitía dinamizar la economía agrícola e industrial mediante ajustes voluntarios de uso del recurso dentro de una misma cuenca o acuífero.

Se prevé sustituirlo por un sistema de “reasignaciones” controladas por la autoridad implica alterar de manera profunda el mercado del agua y las condiciones de seguridad jurídica de los usuarios, sin embargo, esta medida debe evaluarse con detenimiento a través de consultas públicas que permitan conocer sus implicaciones reales para las economías regionales y la inversión.

Por otro lado, la reforma restringe severamente los cambios de uso, relocalizaciones y modificaciones de concesión. En adelante, cualquier cambio sustantivo, como trasladar un pozo colapsado, modificar el punto de extracción o cambiar el uso de agrícola a urbano, requerirá un nuevo título.

Esta limitación puede afectar a productores, municipios y empresas que dependen de la flexibilidad operativa para adaptarse a condiciones técnicas o climáticas, por lo que es necesario revisar su viabilidad práctica mediante un diálogo técnico con los sectores productivos y sociales.

Se contemplan nuevas facultades de inspección y delitos hídricos, la autoridad contará con mayores facultades para verificar, sancionar y hasta demoler obras en zona federal sin título, y se crean tipos penales específicos por delitos hídricos como alteración de cauces o manipulación de medidores.

Si bien estas medidas buscan fortalecer la legalidad y proteger el recurso, también incrementan el control estatal sobre los usuarios, lo que exige claridad en los procedimientos y salvaguardas de derechos, materia que debe analizarse abiertamente con juristas, expertos y organizaciones civiles.

La reforma, al incrementar la centralización y el control estatal del agua, puede contribuir a una gestión más sustentable, pero también podría dificultar la inversión privada, los proyectos agrícolas y el desarrollo urbano. La incertidumbre sobre los criterios de reasignación y la eliminación de la flexibilidad actual generan un entorno de inseguridad jurídica que requiere discutirse ampliamente antes de legislar.

Por ello, al ver que algunas reformas y medidas generan grandes cambios, es importante contemplar la participación ciudadana mediante foros, consultas y ejercicios de parlamento abierto, lo que constituye un componente esencial para el proceso legislativo en esta materia. Estos espacios no son meramente formales, sino mecanismos democráticos que garantizan que la norma refleje la realidad del país, incorpore la diversidad cultural y geográfica de México, y fortalezca la corresponsabilidad en la gestión del agua.

La experiencia demuestra que la imposición de políticas públicas sin participación social genera conflictos, resistencia y desconfianza institucional. En cambio, cuando las leyes se construyen con base en el diálogo, la consulta y la inclusión, su aplicación es más efectiva y su legitimidad más sólida.

Además, el principio de consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado mexicano a garantizar la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales, como es el caso del agua. Ignorar esta obligación no solo vulneraría derechos humanos, sino que también podría comprometer la constitucionalidad de la futura Ley General de Aguas y de las modificaciones que se proponen a la Ley de Aguas Nacionales.

El Congreso de la Unión ha impulsado el concepto de Parlamento Abierto como una práctica legislativa moderna, sustentada en los valores de transparencia, rendición de cuentas, colaboración ciudadana y deliberación informada. Aplicar este principio en la discusión de la reforma hídrica permitiría mejorar la calidad del debate legislativo, incorporar conocimiento técnico y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

La naturaleza transversal del agua exige que las soluciones normativas no se construyan desde una sola perspectiva, requiere integrar la visión de la ciencia, la técnica, la gestión social y los derechos humanos, los foros temáticos, tanto regionales como nacionales, ofrecen la posibilidad de abordar los retos específicos de cada cuenca, de cada región, y de cada grupo poblacional, permitiendo así un diseño normativo más justo y adaptado a la diversidad del país.

En suma, garantizar la participación mediante foros, consultas y un parlamento abierto no solo fortalece el proceso democrático, sino que asegura que la futura Ley General de Aguas sea legítima, inclusiva, técnica y ambientalmente responsable. El diálogo social previo a la aprobación de esta reforma no debe verse como un obstáculo, sino como la vía más segura para lograr una legislación duradera, equitativa y ampliamente respaldada por la sociedad mexicana.

Es importante advertir que la realización de ejercicios de Parlamento Abierto no es una concesión política, sino una obligación reglamentaria. El artículo 149, fracciones V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones deben llevar a cabo consultas sobre los temas de su competencia con otros Poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanía. Asimismo, el artículo 177, numeral 2, dispone que las comisiones podrán realizar audiencias públicas como parte del proceso de dictaminación.

De igual forma, el artículo 17, apartado D, fracción IV, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, señala que el Parlamento Abierto constituye una práctica obligatoria que promueve mecanismos de consulta, participación y colaboración ciudadana en el proceso legislativo, por conducto de las comisiones competentes.

Por todo lo anterior, se considera de alta relevancia que las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Unión organicen, antes de su dictamen y votación, un proceso nacional de consulta y participación que incluya a todos los sectores involucrados, como condición indispensable para garantizar la eficacia, legitimidad y justicia de la nueva legislación en materia de aguas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, e urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las comisiones dictaminadoras de la iniciativa por el que se expide la Ley General de aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, a realizar foros, audiencias públicas o reuniones y/o consultas de parlamento abierto, con el objetivo de escuchar y garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país, asegurando con ello que la nueva legislación refleje las necesidades, derechos y aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputados: Rubén Moreira Valdez (rúbrica), César Alejandro Domíguez Domínguez (rúbrica), Yerico Abramo Masso (rúbrica), Erubiel Lorenzo Alonso Que (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica), Humberto Ambriz Delgadillo (rúbrica), Abigail Arredondo Ramos (rúbrica), Leticia Barrera Maldonado (rúbrica), Israel Betanzos Cortés (rúbrica), Mario Calzada Mercado (rúbrica), Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica), Christian Mishel Castro Bello, Xitlalic Ceja García, Noel Chávez Velázquez (rúbrica), Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica), Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica), Ana Isabel González González (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (rúbrica), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica), Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica), Emilio Lara Calderón (rúbrica), Verónica Martínez García, Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Juan Moreno de Haro (rúbrica), Nadia Navarro Acevedo (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Víctor Samuel Palma César, Lorena Piñón Rivera (rúbrica), Ariana del Rocío Rejón Lara (rúbrica), Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica), Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbrica), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica), Emilio Suárez Licona, Arturo Yáñez Cuéllar (rúbrica), Mario Zamora Gastélum (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Bernardo Bravo Manríquez, líder de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Manifestamos nuestra profunda preocupación por el asesinato del señor Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Su cuerpo fue hallado dentro de su vehículo con signos de violencia, de acuerdo con reportes periodísticos de medios nacionales e internacionales como El País y Associated Press. El señor Bravo Manríquez había denunciado en distintas ocasiones las extorsiones y amenazas que enfrentaban los productores de limón en la región, situación que refleja el grave riesgo en el que se encuentra el sector agrícola michoacano frente al control territorial y económico ejercido por grupos del crimen organizado.

Como grupo parlamentario condenamos enérgicamente este crimen que enluta no solo a la familia y al gremio citrícola de Michoacán, sino también a la sociedad mexicana que exige justicia y seguridad. El homicidio de un líder que se distinguió por su trabajo en favor de los productores y su valentía al denunciar los abusos y cobros ilegales constituye un agravio al Estado de Derecho y una afrenta directa a quienes defienden el trabajo honesto, la producción nacional y la vida rural. No puede permitirse que la violencia sustituya a la autoridad legítima ni que la impunidad erosione la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Por ello, esta soberanía exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus facultades, realice una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del señor Bernardo Bravo Manríquez. Este Congreso demanda que dicha investigación se realice con la máxima prioridad y bajo el principio de transparencia, informando periódicamente a esta soberanía sobre los avances, obstáculos y resultados de las diligencias practicadas.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y al Gobierno del Estado de Michoacán a coordinar acciones inmediatas de protección para los familiares de la víctima y para los integrantes de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quienes pudieran encontrarse en situación de riesgo. La protección de los denunciantes y líderes sociales es una obligación del Estado mexicano conforme a los tratados internacionales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideramos indispensable que se atienda el contexto estructural de violencia, extorsión y control criminal que afecta a los productores agrícolas de la Tierra Caliente michoacana. El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática que ha minado la economía local, vulnerado el derecho al trabajo y socavado la gobernabilidad en amplias zonas rurales. En consecuencia, hacemos un llamado para que se impulsen estrategias integrales que incluyan el fortalecimiento de la seguridad regional, la protección de las cadenas productivas y el acompañamiento institucional a las comunidades campesinas.

Finalmente, solicitamos que, una vez integradas las acciones de investigación y seguridad correspondientes, la Fiscalía General de la República remita un informe detallado a esta soberanía sobre el estado que guarda la carpeta de investigación, las medidas de protección otorgadas a las víctimas indirectas y las acciones implementadas para garantizar la no repetición de hechos similares. El esclarecimiento de este crimen y la sanción de los responsables representan no solo un acto de justicia, sino también una afirmación del compromiso del Estado mexicano con la vida, la paz y la legalidad en todas las regiones del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que investigue de manera inmediata, exhaustiva y diligente el asesinato del Señor Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, y ejerza acción penal en contra de los probables responsables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y al Gobierno del Estado de Michoacán para coordinar acciones inmediatas de protección para las y los familiares de la víctima, así como para los integrantes de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quienes pudieran encontrarse en situación de riesgo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)