Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6901-III-2, martes 21 de octubre de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar a Leche para el Bienestar a reconsiderar la reducción de la compra de leche a productores nacionales, en especial a los del estado de Jalisco, con el fin de evitar afectaciones económicas y sociales al sector lechero, priorizando la compra del producto mexicano sobre el importado, e implementar medidas de apoyo que garanticen precios justos, estabilidad, productiva y sostenibilidad del sector, a cargo del diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Leche para el Bienestar, a reconsiderar la reducción a la compra de leche a productores nacionales, en especial a los del estado de Jalisco, con el fin de evitar afectaciones económicas y sociales al sector lechero, así mismo, exhorta para que instrumente las acciones necesarias, a efecto de revisar la política de adquisición de leche nacional, priorizando la compra del producto mexicano sobre el importado, e implementar medidas de apoyo que garanticen, precios justos, estabilidad, productiva y sostenibilidad del sector.
Consideraciones
A nombre de las y los productores lecheros del estado de Jalisco, y en defensa de la soberanía alimentaria, la economía regional y la estabilidad de las familias mexicanas, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a Leche para el Bienestar para que reconsidere la decisión de reducir en un 30 por ciento la compra de leche a productores locales de los Altos de Jalisco.
La leche es un alimento esencial para el desarrollo físico y mental de las personas. Su contenido de proteínas, vitaminas y minerales la convierte en un pilar de la nutrición nacional. Por ello, el gobierno federal ha considerado su distribución como una prioridad a través del programa Leche para el Bienestar, con el objetivo de garantizar el acceso a leche fortificada para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y familias en situación vulnerable.
Sin embargo, no puede existir leche para el bienestar sin productores nacionales fuertes y sostenibles. El Programa Nacional para la Adquisición de Leche Nacional integra a más de 2,000 productores, muchos de ellos jaliscienses, quienes históricamente han enfrentado condiciones adversas: competencia desleal frente a la leche en polvo importada, falta de apoyos efectivos y precios de compra que no reflejan sus verdaderos costos de producción.
Reducir la compra de leche a los productores de Jalisco, como se ha venido haciendo en estos últimos días, representa un golpe devastador para el campo. Esta medida pone en riesgo la viabilidad económica de cientos de pequeños y medianos ganaderos, podría provocar el desperdicio de miles de litros de leche fresca y amenaza con afectar miles de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena productiva.
Asimismo, es importante recordar que durante el sexenio anterior se importaron más de 50 mil toneladas de leche provenientes de los Estados Unidos, lo que evidencia una preferencia preocupante por productos foráneos en detrimento del productor nacional, quien se esfuerza diariamente por ofrecer un producto de calidad, bajo normas sanitarias estrictas y con gran sacrificio.
Por lo anterior, es indispensable que el gobierno federal mantenga los niveles actuales de compra de leche nacional, priorizando la adquisición del producto mexicano sobre las importaciones, y que se implementen políticas públicas sostenibles y justas que fortalezcan al sector lechero, garanticen precios justos y promuevan el consumo de leche fresca de origen nacional.
La defensa del campo mexicano y de nuestra soberanía alimentaria debe ser un compromiso de Estado, no podemos permitir que decisiones administrativas pongan en riesgo la estabilidad de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas, ni que se debilite un sector que es orgullo y sustento de regiones productivas como Jalisco. Por lo que sometemos ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Leche para el Bienestar a reconsiderar la decisión de reducir la compra de leche a productores nacionales, en especial a los del estado de Jalisco, con el fin de evitar afectaciones económicas y sociales al sector lechero.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instrumente las acciones necesarias, a efecto de revisar la política de adquisición de leche nacional, priorizando la compra del producto mexicano sobre el importado, e implementar medidas de apoyo que garanticen, precios justos, estabilidad, productiva y sostenibilidad del sector. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2025.
Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SEP a implementar acciones urgentes, integrales y coordinadas con protocolos de atención específicos y capacitación docente constante, a fin de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes ante el aumento de la violencia en las escuelas, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal José Mario Iñiguez Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, Fracción I; y 79, Numeral 1, Fracción II y Numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes, integrales y coordinadas con protocolos de atención específicos y capacitación docente constante, a fin de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes ante el aumento de la violencia en las escuelas, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
La salud mental es un componente esencial para las personas y constituye un derecho humano reconocido no solo en instrumentos internacionales, sino también en las leyes mexicanas en la materia. “El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en todo el mundo. Este día busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental, reducir el estigma y movilizar los esfuerzos globales para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.”1
La salud mental es un derecho humano fundamental y un componente esencial del bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley General de Salud2 , describe ampliamente en el Capítulo VII, la salud mental. Particularmente el artículo 72, de este ordenamiento señala que,
“La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución... El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional”.
Como lo señalan diversos organismos, “La infancia y la adolescencia son períodos críticos para el desarrollo del cerebro y la salud mental de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.3 De acuerdo con un enfoque basado en el curso de la vida, determina que los primeros años de vida dan forma a la salud mental durante la etapa de la infancia y la adolescencia puntualizando que estos tendrán efectos duraderos en la vida adulta, con acuerdo con estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En México, las escuelas primarias, secundarias y preparatorias carecen de psicólogos y especialistas suficientes para atender a miles de niñas, niños y adolescentes que viven ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana. El aumento en casos de acoso, agresiones físicas y verbales, entre otras conductas, están afectando gravemente la convivencia y desarrollo de la comunidad educativa, impactando negativamente el rendimiento académico y la socialización, haciendo que los entornos educativos ya no sean seguros.
En los últimos años, la violencia más cruel y descontrolada ha permeado en las escuelas en todos los niveles. Ataques de ansiedad, depresión e inseguridad han aumentado cada día en edades más tempranas.
Nuestro país se ha quedado rezagado al no haber avances sustanciales para atender la salud mental dentro de los planteles. Con datos del Observatorio de Salud Mental y Adicciones, se señala que en 2024 las “Condiciones como el trastorno de conducta en la infancia y adolescencia tiene mayor presencia entre los niños de 5 a 9 años (49.5 por ciento) y los y las adolescentes de 10 a 14 años (m=45.4 por ciento, h=41.2 por ciento)”4
Diversos expertos señalan que la mitad de las problemáticas mentales se inician antes de los 14 años. Por ejemplo, “El Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es más diagnosticado en los grupos de 5 a 9 años (m=52.5 por ciento, h=44.4 por ciento) y de 10 a 14 años (m=32 por ciento, h=26.7 por ciento).”5
La realidad es que hay déficit de psicólogos en las escuelas, lo que hace evidente que la atención y apoyo son insuficientes ante el grave problema de violencia que atraviesa el país.
La autoridad no ha visto a los centros educativos como coadyuvantes desde el aula para proponer acciones, actividades, concientización y sensibilización sobre la importancia de atender la salud mental, lo que ayudaría a prevenir problemas presentes y futuros, promoviendo una convivencia sana e inclusiva, eliminando la estigmatización.
Programas de prevención y acompañamiento psicológico, así como capacitación constante para los docentes y para el personal escolar, es la clave para la detección temprana. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, tienen responsabilidad compartida de garantizar que todos los entornos educativos sean espacios seguros. Debemos reconocer que se han hecho esfuerzos por atender el problema, pero falta mucho por hacer ante el aumento de casos.
Tanto la OMS como la UNICEF, señalan que el entorno en que crecen los niños y adolescentes tiene un papel clave en su salud mental, bienestar y desarrollo en general. Cuando mayor sea el número de factores de riesgo que enfrentan en su entorno, más profundo es el impacto potencial en la salud mental.
En México, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Salud han advertido sobre el incremento de casos de depresión, ansiedad, con un aumento del 25 por ciento, las conductas suicidas en la población infantil y adolescente también tuvieron incrementos importantes, agudizados tras la pandemia por covid-19.
Actualmente, la infraestructura de atención psicológica y psiquiátrica para este sector es insuficiente, tanto en número de especialistas como en cobertura territorial, lo que impide garantizar la detección temprana, tratamiento oportuno y acompañamiento adecuado. Es de vital relevancia aumentar los presupuestos para que se puedan llevar a cabo estas acciones de forma permanente y no aislada, porque las leyes no funcionan en el papel.
Por lo anteriormente expuesto, considero relevante y urgente generar nuevas estrategias escolares en conjunto con los cuidadores primarios para atender de manera integral a los educandos. La atención a la salud mental no es un lujo es un derecho y este debe ser priorizado desde edades tempranas.
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones urgentes, integrales y coordinadas con protocolos de atención específicos y capacitación docente constante, a fin de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes ante el aumento de la violencia en las escuelas.
Notas:
1 PAO (2025, octubre). Día Mundial de la Salud Mental 2025. Recuperado de https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-mental-2025
2 Cámara de Diputados (2025, octubre 01) Ley General
de Salud. Recuperado de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
3 PAO (2025, octubre). Día Mundial de la Salud Mental 2025. Recuperado de https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-mental-2025
4 Robles, S. (2024), Una mirada a la atención en
salud mental en México: principales condiciones atendidas en el Sistema
de Salud. Observatorio de Salud Mental y Adicciones Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_SM_2024.pdf
5 Ibidem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2025.
Diputado José Mario Iñiguez Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender la problemática nacional en relación a las cuotas energéticas y las concesiones vigentes, vencidas o canceladas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, la actualización del padrón de concesiones o asignaciones, así como actualizar y regularizar las concesiones o asignaciones vencidas o canceladas que continúan operando, siempre apegado al derecho que asiste en lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Federal de Electricidad a atender las demandas de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas.
Consideraciones
El campo mexicano no es solo un sector económico, sino un elemento estratégico para el desarrollo, la paz social y la conservación del patrimonio natural y cultural de México. El campo mexicano alberga una gran variedad de tierras, ecosistemas y agroecosistemas, donde provienen los alimentos que consumimos.
En este orden de ideas, podemos señalar que el agua es un factor fundamental para la producción agrícola y para la seguridad alimentaria. Sin duda, el agua es un recurso indispensable para la producción de alimentos.
Por su parte, “la presidenta encabezó la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que representa un compromiso firme de diversas instituciones y sectores para enfrentar la crisis hídrica que aqueja al país. Ante el acuerdo de que distritos de riego regresarán 2 mil 800 millones de metros cúbicos que no usan, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que con la tecnificación del campo van a producir 50 por ciento más”.1 “Dijo que al tecnificar cerca de 200 mil hectáreas se van a producir alimentos adicionales suficientes para satisfacer la demanda de alimentación de 7 millones de personas durante todo un año”. El campo mexicano confió en el compromiso y no se ha cumplido, no hay agua, no hay tecnificación, no hay recursos.
Los objetivos señalados en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación2 del 19 de diciembre de 2024 son los siguientes:
Acuerdo
A. Objetivo.
Primero. El gobierno federal, los gobiernos de las 32 entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, los representantes de los sectores agrícolas, pecuario e industrial, social y académico acuerdan adoptar e implementar, desde el ámbito de sus competencias, las siguientes acciones con el fin de atender el estrés hídrico que vive nuestro país:
1. Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente;
2. Hacer eficiente el uso del agua en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias;
3. Invertir, los tres órdenes de gobierno, en materia de infraestructura en el marco del Programa Nacional Hídrico;
4. Colaboración entre el sector público, privado y social para realizar acciones de mejora en los entornos locales para fortalecer el derecho humano al agua;
5. Realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones;
6. Desarrollar un programa de digitalización y simplificación de trámites;
7. Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reúso y potabilización del agua, con la inclusión de biotecnología e infraestructura verde;
8. Llevar a cabo medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, incluida la reforestación y la restauración ambiental;
9. Evitar la contaminación de nuestros ríos y cuerpos de agua, así como contribuir a la restauración y saneamiento de estos, e
10. Implementar una campaña permanente de concientización, ahorro, uso, reúso y cuidado del agua.
En lo particular, el estado de Zacatecas destaca en la agricultura por su producción nacional de frijol, ocupando el primer lugar. También es un productor importante de chile verde, maíz grano y forrajero, tomate verde y cebolla.
Sin embargo, Zacatecas presenta uno de los problemas más significativos para los productores agrícolas de riego, los productores agrícolas siguen manifestándose acerca de las concesiones de aguas y a la nueva Ley de Aguas Nacionales, están cansados de no ser escuchados y que el gobierno del Estado y la Conagua no logren dar alguna solución.
Tal como establece el periódico NTR:3
Ante la nula respuesta de las autoridades federales sobre la cuota energética y el manejo de las concesiones de agua, productores de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, quienes mantienen tomadas las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtieron que emprenderán otras acciones de protesta, como posibles bloqueos carreteros.
Pese a las movilizaciones realizadas el martes en distintos puntos del estado y del país, ninguna autoridad acudió al diálogo, “lo que muestra desinterés hacia el sector primario.
“Si en uno o dos días no hay respuesta, nos veremos obligados a volver a tomar las carreteras del estado. No queremos afectar a terceros, pero la falta de atención nos deja sin otra opción”, expresó Severiano Zamarrón López, representante de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas.
Explicó que el director de la Conagua en el estado, Víctor Manuel Reyes Rodríguez, ha mostrado disposición para enviar información solicitada a las oficinas centrales; sin embargo, aseveró, “las decisiones no se toman en Zacatecas”.
Por ello, exigió una reunión con el director nacional de la Conagua, Efraín Morales López; y con Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), con el fin de abordar temas relacionados con la nueva Ley General de Aguas y la regularización de más de 3 mil concesiones vencidas en Zacatecas.
“Nos han venido diciendo desde hace meses que habrá un decreto para resolver las concesiones vencidas, pero seguimos sin ver resultados. No hay publicación en el Diario Oficial de la Federación, solo promesas”, lamentó Zamarrón López.
El líder productor precisó que, de no obtener respuesta mañana, volverán el lunes a primera hora a bloquear las principales vías de comunicación del estado, “como parte de un movimiento nacional que busca visibilizar la crisis que enfrenta el campo mexicano”.
Insistió que la lucha por la defensa del campo y la producción de alimentos es legítima, por lo que la omisión del gobierno federal en atender las necesidades del sector los deja vulnerables y sin posibilidad de seguir generando productos agrícolas.
“La agricultura es primero. Si no hay campo, no hay alimento para nadie. Por eso seguimos firmes, en pie de lucha”, afirmó Severiano Zamarrón.4
La situación que enfrentan los agricultores y ganaderos, así como los productores de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, que ha escalado a la toma de oficinas de la Comisión Nacional del Agua Estatal (Conagua) y la amenaza de bloqueos carreteros, no es un mero acto de protesta; es el síntoma inequívoco de una crisis de gestión y cumplimiento normativo en el sector primario.
Esta problemática pone de relieve dos fallas estructurales clave que tanto el gobierno federal como el Estatal no han logrado solucionar en relación con el campo, la inseguridad energética y la incertidumbre hídrica.
Es inaceptable que la nula respuesta a la deuda histórica sobre la Cuota Energética del Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola esté forzando a nuestros agricultores a la quiebra. La falta de pago de los subsidios eléctricos (Programa Especial de Energía para el Campo) genera una cartera vencida consolidada de los productores con la CFE. Esto no solo incumple el espíritu de apoyo al sector primario, sino que coloca a los productores en una situación de vulnerabilidad financiera insostenible, contraviniendo los objetivos de la soberanía alimentaria.
Al depender la agricultura de riego del bombeo eléctrico, la suspensión de subsidios o el corte de servicio debido a estos adeudos representa una amenaza directa a la capacidad de producción de alimentos y a la estabilidad socioeconómica regional afectando gravemente a las y los zacatecanos.
La preocupación de los productores sobre la Ley de Aguas Nacionales y la regularización de más de 3,000 concesiones vencidas en Zacatecas es de máxima prioridad. La Conagua, como autoridad rectora del agua, debe garantizar la certidumbre jurídica del recurso hídrico. Mantener a miles de productores con concesiones vencidas y depender de un “decreto” prometido y no publicado genera incertidumbre legal y paraliza la inversión y la planeación productiva.
La legislación actual y los acuerdos y compromisos deben respetarse, principalmente lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.5 Sin embargo, el diálogo y la atención a las demandas del sector primario no son una opción, sino una obligación constitucional. La omisión del gobierno federal al no atender las movilizaciones y al forzar a los productores a recurrir a bloqueos carreteros evidencia un desinterés peligroso hacia quienes garantizan la comida en nuestra mesa.
Exhortamos enérgicamente a Conagua y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer de inmediato una mesa de diálogo resolutiva con los líderes de Zacatecas. De no hacerlo, el aumento de la presión social y la escalada del conflicto serán responsabilidad directa del Ejecutivo federal por su inacción. La agricultura es estratégica y requiere soluciones, no promesas. Más acciones y menos discursos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración las siguientes proposiciones con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal de Electricidad, instrumenten las acciones necesarias con la finalidad de revisar las cuotas energéticas y regularizar las concesiones vencidas o canceladas que continúan trabajando, así como actualizar los datos de los titulares del padrón y las asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, particularmente del estado de Zacatecas, siempre apegado al derecho con base en lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera conjunta instalen una mesa de trabajo con los agricultores del estado de Zacatecas para revisar las problemáticas del sector ganadero y agrícola, con el objetivo de dar una solución favorable a los productores del campo zacatecano.
Notas:
1 https://www.aneas.com.mx/sheinbaum-acuerdo-derecho-humano-agua-sustenta bilidad/
2 https://www.aneas.com.mx/sheinbaum-acuerdo-derecho-humano-agua-sustenta bilidad/
3 https://ntrzacatecas.com/2025/10/amenazan-productores-con-bloqueos-ante -nula-atencion/
4 https://ntrzacatecas.com/2025/10/amagan-agricultores-con-bloqueos-para- el-lunes/
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Finanzas y al Congreso del estado de Zacatecas a informar a la opinión pública y fiscalizar el destino de los recursos públicos asignados al proyecto del Viaducto Elevado, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al titular del gobierno estatal de Zacatecas, mediante la Secretaría de Finanzas y al Congreso del estado de Zacatecas a informar y fiscalizar el destino de los recursos públicos asignados al proyecto del Viaducto Elevado de Zacatecas, al tenor las siguientes:
Consideraciones
El Viaducto Elevado de Zacatecas fue anunciado como una de las principales obras de infraestructura del actual gobierno estatal, que fue señalado para mejorar la movilidad en la zona metropolitana Zacatecas–Guadalupe–Calera.
El propósito original era descongestionar el tránsito vehicular en el bulevar metropolitano y conectar vialidades rápidas hacia el norte de la capital del estado. No obstante, desde su planeación, el proyecto enfrentó controversias técnicas, sociales y jurídicas, derivadas de la falta de información sobre los estudios de impacto ambiental y el proceso de licitación.
En abril de 2025, tribunales otorgaron suspensiones definitivas a diversos amparos promovidos por la ciudadanía, lo que paralizó de facto la ejecución de la obra.
Posteriormente, el gobierno del estado de Zacatecas confirmó la cancelación definitiva del proyecto el 27 de mayo de 2025, mediante la firma de un convenio de terminación anticipada con la empresa contratista, al reconocer que “no existían condiciones técnicas ni legales para continuar con la obra”.
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP), el monto asignado de 547 millones de pesos se encuentra bajo análisis para definir su destino, pues a la fecha no se ha informado con claridad si dichos recursos fueron devueltos, reasignados o continúan en reserva presupuestal.
Esta situación fue documentada por diversos medios de comunicación. En su edición del 27 de mayo de 2025, La Jornada Zacatecas reportó que “el gobierno del Estado confirmó la cancelación del Viaducto Elevado de Zacatecas, al no contar con las condiciones legales y técnicas para su ejecución”
Por tratarse de recursos públicos, el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a informar sobre la aplicación, devolución o reasignación de los fondos originalmente destinados a la obra, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La falta de claridad en el manejo de estos recursos genera incertidumbre social y vulnera los principios de eficiencia y transparencia en el gasto público, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, resulta procedente que esta soberanía exhorte al gobierno del estado de Zacatecas y a la Secretaría de Obras Públicas local a hacer pública la información financiera y administrativa correspondiente al Viaducto Elevado de Zacatecas y al destino de los 547 millones de pesos asignados a su construcción.
Principales observaciones:
Primero. - Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
Asimismo, el artículo sexto constitucional consagra el principio de máxima publicidad, que obliga a todas las autoridades a poner a disposición del público la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, salvo aquella que por razones de seguridad o interés nacional se reserve temporalmente conforme a la ley.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. (Artículo 6 CPEUM)
En ese sentido, la transparencia en el manejo de los fondos públicos no constituye una opción política, sino una obligación constitucional que fortalece la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.
La Cámara de Diputados tiene carácter de órgano de control político, puede emitir exhortos a las autoridades locales cuando existan indicios de opacidad, inconsistencias o falta de información respecto al uso de recursos públicos, particularmente en obras de infraestructura que involucran cuantiosos montos del erario.
Segundo. - El denominado Viaducto Elevado de Zacatecas fue anunciado como una de las principales obras de infraestructura de la actual administración estatal, con el objetivo de mejorar la conectividad y movilidad urbana en la zona metropolitana, para su ejecución, se proyectó una inversión de aproximadamente 547 millones de pesos, provenientes de recursos públicos del estado de Zacatecas.
Sin embargo, desde su planeación y arranque, el proyecto enfrentó diversas controversias técnicas, ambientales y legales, que derivaron en la suspensión judicial de la obra durante el primer semestre de 2025.
Posteriormente, el 27 de mayo del mismo año, el gobierno del estado de Zacatecas formalizó la cancelación definitiva del proyecto, mediante la firma de un convenio de terminación anticipada con la empresa contratista, al reconocer que no existían condiciones técnicas ni jurídicas para su continuación.
De acuerdo con información oficial de la administración estatal, la Secretaría de Obras Públicas del Estado se encuentra actualmente analizando el destino de los recursos originalmente asignados, sin que hasta la fecha se haya precisado públicamente si fueron reintegrados, reasignados o mantenidos en reserva presupuestal.
La cancelación de una obra pública de tal magnitud sin información clara y verificable sobre el manejo de los fondos asignados vulnera los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los criterios de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas previstos en la legislación aplicable.
En tal sentido, resulta procedente solicitar la publicación y aclaración del destino de los 547 millones de pesos asignados al Viaducto Elevado de Zacatecas, a fin de garantizar el uso responsable de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de las finanzas estatales.
Tercero. - La transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad administrativa constituyen obligaciones legales y principios del servicio público en todos los niveles de gobierno. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 44, establece que los estados deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina.
Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 20, fracción XI, dispone que toda autoridad deberá publicar información detallada, lo que incluye contratos de obra pública, convenios modificatorios, montos asignados, pagos realizados y destino final de los recursos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 20. Para el cumplimiento de los objetos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza:
De la I a la X...
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional según los procedimientos que para ello se establezcan;
De la XIII a la XVII...
En este contexto, la falta de información oportuna y verificable sobre el destino de los recursos asignados al Viaducto Elevado de Zacatecas constituye una omisión en materia de transparencia y responsabilidad administrativa, que impide a la ciudadanía conocer el uso real del erario y obstaculiza la función de vigilancia del Congreso.
Cuarto. - Si bien la ejecución de obras públicas de carácter local corresponde a las entidades federativas, el Congreso de la Unión tiene atribuciones constitucionales y políticas para promover la rendición de cuentas y la fiscalización del gasto público federalizado, así como para emitir exhortos respetuosos a autoridades locales en los casos en que se identifiquen posibles omisiones o falta de transparencia en el ejercicio de recursos públicos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para establecer las bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de transparencia y evaluación del gasto público, con el propósito de asegurar su correcta aplicación y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones y conforme el Reglamento de la Cámara de Diputados, puede emitir exhortos y pronunciamientos dirigidos a los gobiernos locales cuando existan razones fundadas para promover la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Bajo estos principios, el presente punto de acuerdo se sustenta en el interés federal legítimo de garantizar el uso adecuado y transparente de los fondos públicos, en especial aquellos que forman parte del gasto federalizado o que pudieran haberse originado en convenios de coordinación entre la Federación y el gobierno del estado de Zacatecas.
Quinto. - Es competencia de la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas recaudar, registrar y administrar los recursos que correspondan al Estado, así como a los provenientes de participaciones y aportaciones federales, o transferencias y reasignación de recursos, así como estructurar los egresos de cada una de las dependencias y llevar a cabo el control presupuestal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Zacatecas
De la I a la IV...
V. Recaudar, registrar y administrar los recursos que correspondan al Estado por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, e indemnizaciones; así como a los provenientes de participaciones y aportaciones federales, o transferencias y reasignación de recursos; y en general, los demás ingresos que tenga derecho a percibir el mismo, en los términos de las leyes aplicables y los convenios celebrados;
De la VI a la XII...
XIII. Estructurar y calendarizar, en conjunto con la Coordinación Estatal de Planeación, los egresos de cada una de las dependencias y entidades, haciéndolos compatibles con las necesidades y políticas del desarrollo del Estado;
XIV. Participar en la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento, a la que corresponde intervenir en la atención y resolución de asuntos relativos al gasto público, su financiamiento, deuda pública en general, sobre la administración de la hacienda pública, con el objeto de establecer políticas y lineamientos de carácter general que permitan hacer más eficiente la gestión financiera a que deben sujetarse las dependencias y entidades;
XV y XVI...
XVII. Llevar a cabo el control presupuestal en el que cada titular de las dependencias y entidades será responsable del gasto público que le corresponda;
XVIII...
XIX. Llevar a cabo la contabilidad de las operaciones financieras de la Administración Pública Estatal, con excepción de los organismos dotados de autonomía, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
XIX...
XXI. Integrar la Cuenta Pública del Estado y elaborar los estados financieros relativos a la Hacienda Pública Estatal en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentarlos al gobernador;
De la XX a la XLV...
La Secretaría de Finanzas forma parte de la administración pública centralizada y tiene a su cargo la conducción de la política fiscal, financiera y presupuestaria. Entre sus responsabilidades se encuentran la formulación y aplicación de la política fiscal, la administración y registro de los ingresos del Estado, así como la elaboración de los instrumentos que regulan la recaudación y el ejercicio del gasto público.
Es por ello que se desprende que dicha dependencia cuenta con la competencia directa para registrar, administrar y transparentar todos los recursos financieros, incluyendo aquellos destinados a la ejecución de obras públicas.
La Secretaría de Finanzas es la autoridad responsable de informar, supervisar y transparentar el manejo, reasignación o reintegro de los recursos originalmente asignados al proyecto del Viaducto Elevado de Zacatecas.
En este sentido y, en apego a los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez que deben regir la administración del gasto público.
Sexto. - El Congreso del estado de Zacatecas, puede formular peticiones o sugerencias a las autoridades
Reglamento General del Poder Legislativo del estado de Zacatecas
Artículo 102. Los puntos de acuerdo son resoluciones legislativas que pueden tener como objetivos:
I. Establecer, modificar o suprimir prácticas parlamentarias conforme a la ley y este Reglamento;
II. Fijar posturas en relación a cuestiones de orden público e interés general, o
III. Formular peticiones o sugerencias a otras autoridades.
El Congreso del Estado cuenta con la atribución legal para pronunciarse sobre los asuntos de interés público que afectan a la entidad, así como emitir exhortos y pronunciamiento a otras autoridades para su atención. Esta facultad le permite actuar como un órgano de control político y rendición de cuentas, orientado a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y la transparencia en la gestión gubernamental.
En ejercicio de esta atribución, el congreso puede requerir información y promover la fiscalización para que verifiquen la adecuada utilización de los fondos estatales, a fin de salvaguardar el interés de la ciudadanía y asegurar que los recursos destinados a obras públicas sean administrados con responsabilidad y legalidad.
Séptimo. - Que la transparencia en el uso de los recursos públicos constituye una obligación jurídica y un acto de responsabilidad democrática y de respeto hacia la ciudadanía, que es la verdadera propietaria del erario. La rendición de cuentas permite fortalecer la confianza entre la sociedad y sus instituciones, así como garantizar que los recursos públicos se destinen a proyectos que efectivamente mejoren la calidad de vida de las personas.
La cancelación de una obra pública de la magnitud del Viaducto Elevado de Zacatecas, sin que exista información clara y verificable sobre el destino de los fondos asignados, genera incertidumbre social y debilita la credibilidad institucional. La opacidad en torno al manejo de estos recursos puede derivar en pérdida de confianza ciudadana, desinformación y percepciones de corrupción o discrecionalidad administrativa.
Por ello, la transparencia no debe entenderse como una práctica opcional, sino como un principio de gobernanza que fortalece el sistema democrático y promueve la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
En consecuencia, resulta indispensable que las autoridades del gobierno del estado de Zacatecas hagan pública, de manera clara y accesible, la información sobre el manejo financiero, presupuestal y administrativo de los recursos originalmente destinados a la referida obra, con el fin de preservar la confianza pública, garantizar la integridad institucional y asegurar que los fondos se utilicen en beneficio de la población zacatecana.
Estamos convencidos de que en México la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley.
Es necesario, para el ejercicio de la rendición de cuentas, abrir las puertas del gobierno a la información gubernamental de una manera clara, confiable y con ello permitir que los ciudadanos conozcan la ejecución y resultados de la actuación de la autoridad.
Por otra parte, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración las siguientes proposiciones con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Zacatecas para que, a través de la Secretaría de Finanzas estatal, instrumente las acciones necesarias a efecto de hacer pública la información detallada sobre el destino de los recursos asignados al proyecto del Viaducto Elevado de Zacatecas, en virtud de la terminación anticipada del contrato con la empresa Hycsa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas para que, informe a la ciudadanía si los recursos asignados al proyecto del Viaducto Elevado fueron reintegrados, reasignados o se mantienen en reserva presupuestal, y las acciones adoptadas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia, en virtud de la terminación anticipada del contrato con la empresa Hycsa.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de constituir una comisión de investigación con el objetivo de informar a la opinión pública sobre el uso y destino de los recursos públicos etiquetados para el proyecto del Viaducto Elevado, en virtud de la terminación anticipada del contrato con la empresa Hycsa, en aras de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la administración de los recursos públicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2025.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del estado de Nuevo León a investigar el caso de maltrato animal en el Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, lo que obliga al Estado a instrumentar políticas públicas que garanticen condiciones adecuadas de equilibrio ecológico, incluyendo la protección y trato digno a los animales.
A nivel federal tenemos normas que protegen a los animales como lo es la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Sanidad Animal, con estas leyes se busca dotar de derechos a los animales y otorgándoles el cuidado por medio del Estado
Que, en el ámbito local, la mayoría de las entidades federativas (incluido el estado de Nuevo León) han expedido leyes específicas en materia de protección y bienestar animal, que regulan aspectos relacionados con la alimentación, resguardo, salud, albergue y prohibición de prácticas que atenten contra la dignidad de los animales de compañía, así como la obligación de las autoridades de supervisar y garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones.
Con respecto al estado de Nuevo León cuenta con su ley en la materia, la cual es la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León y que en su artículo 2 numeral VIII inciso b) establece:
Artículo 2.- Es competencia de esta ley:
VIII. Regular las condiciones de desarrollo, protección y bienestar integral y sostenible de los animales en las siguientes actividades:
b) Refugio, albergue, estancia, hospedaje, cuidado y otros servicios relacionados con animales;
Sin embargo, lamentablemente y pese que la ley dota de derechos a los animales en fechas recientes se difundió en medios de comunicación y redes sociales un hecho de gran preocupación ocurrido en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde se reportó el sacrificio de más de 70 caninos bajo resguardo del Centro de Bienestar Animal municipal, situación que generó inconformidad social, rechazo generalizado y denuncias de posibles violaciones a la normatividad vigente en la materia.1
Que los hechos señalados evidencian la necesidad de reforzar la vigilancia, supervisión y transparencia en el funcionamiento de los centros de control, albergues y unidades de protección animal, así como de asegurar que los recursos públicos destinados a su operación se ejerzan de manera adecuada y con apego a la ley.
Que corresponde a este Poder Legislativo expresar su preocupación y exhortar a las autoridades competentes a fin de que se investigue, se sancione a quienes resulten responsables y, sobre todo, se fortalezcan las políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen el respeto, cuidado y trato digno de los animales de compañía en todo el territorio nacional.
Por esta razón, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de las instancias competentes, se investiguen de manera imparcial y transparente los hechos ocurridos en el Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina, se hagan públicos los informes sobre el estado de los animales y los registros administrativos correspondientes, se deslinden y sancionen las responsabilidades que resulten procedentes, y se implementen medidas que garanticen el bienestar animal.
Notas:
1 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2025/09/12/indignacion-en-santa-catarina-por-el-sacrificio-de-70-perros-samuel-garcia-ordena-investigacion/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2025.
Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a hacer público un informe sobre el estado que guardan las áreas naturales protegidas respecto de la formulación, actualización e implementación de sus programas de manejo, como herramienta fundamental para alcanzar sus beneficios ambientales, sociales y económicos, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Considerandos
De acuerdo al artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.
Mediante las ANP se pueden ampliar corredores naturales, que permiten que las especies se adapten y ajusten sus áreas de distribución, frente a las nuevas condiciones climáticas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), administra actualmente 232 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal que representan 98,000,719 hectáreas y apoya 602 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 1,301,037.94 hectáreas, en 29 entidades federativas.
Los instrumentos de planeación de las áreas protegidas se conocen, a nivel mundial como planes o programas de manejo, programas de conservación, programas de manejo, planes rectores, planes directores, plan de gestión y conservación, etc. En México antes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), estos instrumentos se denominaban planes de manejo, programas de trabajo o programas integrales.
El Programa de Manejo (PM); tiene como premisa básica lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas protegidas, además de ser uno de los pilares para lograr la Misión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ya que establece, fortalece y renueva la sinergia institucional, construye canales de participación de los diferentes actores en las políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas protegidas.
El Programa de Manejo incorpora componentes temáticos de carácter social, económico, ecológico y un marco legal, que permitirá la generación de estrategias que logren la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la protección, manejo incluyendo su uso y aprovechamiento, y restauración de los mismos, el fomento de un adecuado uso del sistema y el apoyo a actividades productivas, que promuevan el incremento en la calidad de vida o bienestar de la población con énfasis en las comunidades rurales e indígenas asentadas dentro o cerca de las áreas protegidas. Esto permite la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades y acciones y actividades a corto, mediano y largo plazo, relacionadas con la conservación del área protegida.
En septiembre de 2024, se anuncia el decreto de seis nuevas áreas naturales protegidas, con ello, el gobierno de México aumenta más de 4 millones de hectáreas dedicadas a la conservación de mares, selvas y bosques en Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y el Golfo de México. Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), conserva y administra 232 Áreas Naturales Protegidas, lo que representa más de 99 millones de hectáreas destinadas a la protección federal.
Sin embargo, pese al decreto de nuevas áreas naturales protegidos, se observan importantes situaciones que ponen en riesgo los objetivos de creación de las áreas protegidas, entre estas resaltan:
- No existen estrategias para actualizar, mejorar la precisión y efectividad de los planes de manejo.
- El 2024 representó la corroboración de que en México los temas ambientales no fueron prioridad para el gobierno, se continuó privilegiando los megaproyectos sin tomar en cuenta sus consecuencias socioambientales.
- La falta de atención del gobierno mexicano hacia la agenda ambiental tuvo su mayor reflejo en el escaso presupuesto que se otorgó al sector. Eso provocó innumerables problemas, como el debilitamiento de las instituciones, la falta de acciones para la protección de océanos y zonas forestales.
- El gobierno ha descalificado la labor de personas y organizaciones que han denunciado los daños ambientales que han causado los megaproyectos y, peor aún, persiste la impunidad detrás del asesinato de decenas de defensores del ambiente y el territorio.
- El gobierno se caracterizó por ignorar las recomendaciones ambientales de expertos, científicos, organizaciones ambientales e indígenas por no respetar territorios considerados entre los más biodiversos.
- El país incrementó en forma considerable el número de áreas naturales protegidas, pero lo hizo sólo en el papel, porque muchas de ellas no tienen presupuesto ni planes de manejo.
- Especialistas señalan que en la política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad.
- Autoridades y especialistas refieren que es urgente que se adopten esquemas obligatorios en las entidades federativas para combatir la problemática de la tala clandestina, dentro de las áreas naturales protegidas.
Actualmente, la Conanp administra 232 áreas naturales protegidas de carácter federal que abarcan 98 millones 719 mil hectáreas, además de 602 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una superficie de 1 millón 301 mil 37 hectáreas, en 29 entidades federativas.
En el país hay 79 parques nacionales; 57 áreas de protección de flora y fauna; 48 reservas de la biosfera; 28 santuarios; 15 áreas de protección de recursos naturales y 5 monumentos naturales.
Sin embargo, solo 141 de estas ANP cuentan con un Programa de Manejo; mientras 91 más carecen de uno. Contar con un presupuesto digno para estos sitios de conservación permite generar los estudios necesarios para contar con un Programa de Manejo o, en su defecto, actualizar el que tienen a las características y retos actuales, como el cambio climático.
En paralelo, mientras el mundo despliega intenciones y promesas para enfrentar la emergencia climática, México cayó al puesto 97 de 180 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), una baja de 24 posiciones en solo dos años, y ocupa el lugar 26 en América Latina, detrás de naciones como Costa Rica, Brasil o Colombia.
El informe, elaborado por la Universidad de Yale, no solo destaca los avances en gestión de aguas residuales o control de contaminación, sino también los retos estructurales que frenan el progreso, como la calidad del aire, donde el país tiene el puesto 114 a nivel mundial o la gestión de residuos sólidos, que se ubica en el 127. América Latina y el Caribe registra las peores cifras regionales en este rubro.
El informe detalla que la posición de México se debe principalmente a que se tiene una alta dependencia de combustibles sucios y una débil aplicación de las regulaciones ambientales.
En este punto de acuerdo los exhortos planteados coinciden con:
Las obligaciones del Estado mexicano derivadas de tratados internacionales en materia de medio ambiente, agua y desarrollo sostenible (ODS 6, 13, 14 y 15 de la Agenda 2030).
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.
El mandato constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano se encuentra consagrado en el artículo 4, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.
...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para que.
a) Haga del conocimiento de la opinión pública un informe pormenorizado que explique de manera detallada el estado actual que guardan las Áreas Naturales Protegidas, respecto de la formulación, actualización e implementación de sus Programas de Manejo; y
b) Publique en su página de internet de forma desagregada por cada una de las 232 ANP la siguiente información mínima: presupuesto asignado y ejercido, estatus del Programa de Manejo (vigente, en actualización o inexistente), y las acciones instrumentadas de vigilancia y de educación ambiental dirigidas a visitantes y a la población local.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2025.
Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)