Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, así como sus homólogas en las entidades federativas a realizar campañas permanentes de difusión de la existencia, objetivos y alcances de los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, y sus hijas e hijos, a cargo de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, así como sus homólogas en las entidades federativas a realizar campañas permanentes de difusión de la existencia, objetivos y alcances de los Refugios Especializados para Mujeres víctimas de violencia de género, y sus hijas e hijos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2024, en el anexo 13, señala el apartado de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, etiquetando en el Ramo 54 Mujeres, el presupuesto del “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, el cual asciende a 484,740,910.1

Segunda.- El 28 de febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el aviso mediante el cual se informa sobre la publicación en la página web de la Secretaría de las Mujeres de los lineamientos de operación del programa de apoyo a refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos para el ejercicio fiscal 2025.

Tercera.- Dentro de los objetivos específicos se señalan los siguientes:

a) Apoyar la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención, brindar atención eficiente y de calidad a las mujeres usuarias, sus hijas e hijos.

b) Dar seguimiento a la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, en su caso sus Hijas e Hijos, y sus Centros Externos de Atención apoyados por el Programa.

Cuarta.-

Quinta.- Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.4 Revisión y Análisis de Proyectos y al numeral 4.4.7 de los Lineamientos de Operación del Programa Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio 2025, se publicaron en la página institucional los resultados correspondientes a los Proyectos presentados.2

En dicho documento y con fin de ejemplificar, en el estado de Puebla se aprobaron tres Refugios.

3

Sexta.- De acuerdo al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se señaló que, como parte de los esfuerzos del gobierno de México para combatir las violencias contra las mujeres, el 1 de mayo de 2025 se puso en marcha la Línea de Atención para las Mujeres 079 opción 1 del Centro de Atención para el Bienestar, que brinda orientación y asesoría especializada a mujeres, adolescentes y niñas por hechos de violencia y para el ejercicio de sus derechos. El servicio ofrece atención psicológica, asesoría legal y canalización a refugios o instituciones a mujeres que lo necesiten y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, de forma gratuita y confidencial.

Séptima.- De acuerdo a Inegi, en México, siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, en relación a las cifras del mes de agosto de 2025 del Secretariado Ejecutivo,4 la violencia familiar es la segunda causa de llamadas de auxilio y la tercera causa es la violencia contra la mujer.

Entre las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar la violencia experimentada en todos los ámbitos fue porque no sabía cómo y dónde denunciar, o bien, por miedo a las consecuencias o a las amenazas, así como porque se trató de algo sin importancia que no le afectó.5

Por lo que resulta necesario, dar a conocer el programa de Refugios en los diversos medios de comunicación masiva a nivel nacional, estatal y en los centros libre, a través de una campaña permanente de difusión que permitan que las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, tengan una opción de salida, de la violencia que estén viviendo y que se sientan con la seguridad de que hay un espacio al cual pueden llegar con sus hijas e hijos y que dichos refugios les brindarán protección y atención multidisciplinaria integral y especializada con perspectiva de género y respeto a sus derechos humanos.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, así como sus homologas en las entidades federativas a realizar campañas permanentes de difusión de la existencia, objetivos y alcances de los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, y sus hijas e hijos.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación. Edición Vespertina. Página 46.

2 Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/989253/PUBLICACION_RESULTADOS_PRIMERA_CONVOCATORIA_2025.pdf

3 Ídem.

4 Secretariado Ejecutivo.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1020106/Info-delict-violencia_contra_las_mujeres_Jul25_compressed.pdf

5 Redacción Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/2311/mexico/1-de-cada-3-mujeres-victimas- de-violencia-no-denuncian-inegi/

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de octubre de 2025.

Diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a implementar un programa integral de educación y responsabilidad ambiental en la región fronteriza de Tijuana, Baja California, enfocado en la prevención y restauración del río Tijuana, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

El río Tijuana, conocido también como Tijuana River en inglés, nace en el noroeste de México y fluye hacia el norte, cruzando la frontera con Estados Unidos antes de desembocar en el Océano Pacífico.

Trayectoria y estuario

Se origina en la zona montañosa del estado de Baja California (México) y recorre aproximadamente 190 kilómetros hasta llegar al océano en San Diego, California. En su desembocadura, forma el estuario del río Tijuana, una reserva nacional de EE. UU. que abarca más de 930 hectáreas de ecosistema estuarino. Este hábitat alberga múltiples especies de flora y fauna, incluyendo algunas en peligro de extinción, como el camarón hada de San Diego y diversas aves migratorias.

Importancia ecológica y ambiental

El estuario actúa como filtro natural y es una parte fundamental del Pacific Flyway, una ruta migratoria clave para aves que viajan desde Sudamérica hasta Norteamérica. Asimismo, provee servicios ecosistémicos esenciales para la pesca, la recreación y la biodiversidad costera.

Crisis transfronteriza de contaminación.

El río transporta grandes volúmenes de aguas residuales sin tratamiento, basura, plásticos y contaminantes industriales desde Tijuana hacia EE. UU., lo que ha provocado cierres de playas y riesgos para la salud pública. En 2023, se registró el vertido de 31 mil millones de galones de aguas contaminadas al Pacífico, causando cierres frecuentes de playas en San Diego y daños ambientales severos. Investigaciones de la Universidad Estatal de San Diego han detectado la presencia de virus, bacterias resistentes a antibióticos, metales pesados como arsénico y pesticidas como el DDT, exponiendo a las comunidades de ambos lados de la frontera a graves riesgos sanitarios.

Respuesta institucional y competencia fronteriza.

El tratamiento de aguas se realiza en la planta sur del condado de San Diego (South Bay International Wastewater Treatment Plant), operada por la International Boundary and Water Commission (IBWC) de EE. UU. en coordinación con México. Sin embargo, la infraestructura ha quedado rezagada frente al crecimiento poblacional y presenta fallos constantes en su mantenimiento. México construyó una nueva planta en Punta Bandera, pero la planta estadounidense requiere financiamiento adicional estimado en 300-310 millones de dólares para mejorar su capacidad.

En 2025, Estados Unidos construyó un tramo de muro fronterizo con compuertas de acero de 30 pies de altura que atraviesa el canal de concreto del río Tijuana. Este diseño permite que las compuertas se eleven durante lluvias extremas, aunque se ha advertido que su mal funcionamiento podría causar inundaciones catastróficas en Tijuana y San Ysidro. Las autoridades mexicanas consideran que la obra viola tratados bilaterales (firmados en 1889, 1944 y 1977) y podría agravar los riesgos de inundaciones transfronterizas.

Contexto del río Tijuana

El río Tijuana es un cuerpo de agua transfronterizo que nace en Baja California, México, y desemboca en el océano Pacífico a través del condado de San Diego, California. Su cuenca abarca zonas urbanas, suburbanas e industriales con graves problemas de contaminación, principalmente por aguas residuales sin tratar, desechos sólidos y residuos industriales, lo que afecta la salud ambiental de ambos países.

Necesidad de acción conjunta

A pesar de los esfuerzos binacionales para mitigar la contaminación del río, su restauración integral no será posible sin la participación consciente y activa de la población. Por ello, resulta urgente implementar un programa permanente de educación ambiental y corresponsabilidad ciudadana, dirigido especialmente a niños, jóvenes, educadores y comunidades aledañas al cauce.

Este programa debe incluir:

• Formación ambiental en escuelas

• Campañas de concientización comunitaria

• Acciones de voluntariado para la restauración

• Estrategias de prevención y vigilancia ciudadana

Además, es fundamental que este Punto de Acuerdo adopte un enfoque territorial integral, respetando la diversidad sociocultural de la región y alineándose con los planes y tratados internacionales de cooperación transfronteriza. Solo mediante un esfuerzo coordinado y sostenido se podrá garantizar la protección y recuperación de este ecosistema compartido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado de Baja California, que diseñen, implementen y fortalezcan un Programa Integral de Educación y Responsabilidad Ambiental en el municipio de Tijuana, Baja California. Dicho programa deberá enfocarse particularmente en la zona fronteriza que comprende la afluencia y cauce del río Tijuana, con el propósito fundamental de fomentar una cultura de prevención ambiental, restauración ecológica, gestión sostenible del agua y corresponsabilidad comunitaria. Para tal efecto, se priorizará la participación de instituciones educativas, comunidades aledañas al río y todos aquellos actores transfronterizos relevantes para el cumplimiento de estos objetivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de octubre del 2025

Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para incluir la salud y gestión del ciclo menstrual como un componente prioritario de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, en beneficio de niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena

Quién suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 71; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado tiene la obligación de establecer y fortalecer los mecanismos institucionales y jurídicos necesarios para garantizar el derecho a la salud de forma universal, integral y gratuita. Para cumplir con este mandato, es imprescindible que se reconozca que la salud no depende únicamente de la atención médica, sino también de los determinantes sociales de la salud: las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

En este sentido, hay que asegurar que todas las personas que menstrúan puedan atravesar el ciclo menstrual con dignidad requiere garantizar el acceso permanente a agua limpia; infraestructura sanitaria adecuada, segura y funcional; servicios de salud accesibles y de calidad; así como entornos sociales y emocionales libres de estigmas, prejuicios y violencias. Solo así es posible construir una política pública que ponga al centro la equidad, el bienestar y la justicia social.

La Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, impulsada por el gobierno de México, tiene como objetivo garantizar el bienestar integral de la población, especialmente en las infancias, a través de la promoción de hábitos saludables. Promover la prevención integral desde la infancia fortalece la salud bucal, contribuye al desarrollo físico, emocional y social de las niñas y los niños, impactando positivamente en el bienestar general de la ciudadanía.

Es por ello que el pasado 12 de marzo, con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública (SEP), comenzó en todo el país un programa de revisiones médicas en escuelas públicas. A través de 738 brigadas, se evaluará la salud de 12 millones de estudiantes, registrando los datos en el Expediente Digital de Salud de Escolares. Las evaluaciones incluirán salud visual, medición de peso y talla, y revisiones de salud bucal.

Consecuencias sanitarias y emocionales de una mala gestión menstrual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que una gestión inadecuada del ciclo menstrual puede tener efectos negativos importantes en la salud física, mental y social de las niñas, adolescentes, mujeres y personas que menstrúan. La falta de acceso a productos higiénicos seguros y asequibles, instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, así como a información confiable, diagnósticos oportunos, pone en riesgo el bienestar de millones de mujeres, niñas, adolescentes y personas que menstrúan en todo el mundo.1

Desde el punto de vista físico, el uso de materiales no higiénicos y la imposibilidad de cambiarlos frecuentemente aumentan el riesgo de infecciones del tracto urinario y reproductivo, como vaginosis bacteriana e infecciones micóticas. Estas condiciones, además de generar malestar, pueden producir complicaciones graves si no son tratadas oportunamente.2

La salud mental también se ve afectada cuando no existen condiciones dignas para gestionar el ciclo menstrual. El estigma social, la vergüenza, la falta de privacidad y la ausencia de información generan ansiedad, malestar emocional y disminuyen la autoestima, especialmente en niñas y adolescentes. Esto impacta directamente en su participación social, educativa y económica.

Pobreza menstrual y barreras de acceso en México

De acuerdo con UNICEF, cada mes, aproximadamente 1,800 millones de personas en el mundo menstrúan.3 Sin embargo, millones de ellas enfrentan obstáculos económicos, sociales y estructurales que impiden una gestión menstrual digna, saludable y segura. El ciclo menstrual no es una opción, y su manejo no debería ser un lujo: es una necesidad básica de salud que, cuando no se atiende adecuadamente, profundiza las desigualdades existentes.

En México, más de 43 millones de mujeres y personas menstruantes experimentan este proceso de manera regular.4 No obstante, 4 de cada 10 viven en condición de pobreza multidimensional, lo que dificulta el acceso a productos para la gestión del ciclo menstrual, como pantiprotectores diarios, toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o ropa interior absorbente e incluso acceso a agua y jabón.5 Esta carencia se traduce en decisiones difíciles: el 54 por ciento ha tenido que dejar de comprar alimentos, medicamentos u otros bienes esenciales para poder costear productos de gestión menstrual.6 Esta realidad demuestra que los costos asociados a la gestión del ciclo menstrual siguen siendo una carga económica que recae desproporcionadamente sobre quienes menos tienen.

Una de cada cinco adolescentes, mujeres y personas menstruantes que estudian o trabajan en el país no cuenta con la infraestructura adecuada para gestionar su menstruación en escuelas, oficinas o incluso en sus hogares.7 Esto representa una barrera directa al ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo, convirtiéndose en una condicionante social de la salud. La falta de baños funcionales, agua potable, privacidad, productos de gestión menstrual y espacios libres de estigma obliga a muchas mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes a interrumpir sus actividades durante sus días menstruales.

Esta exclusión tiene consecuencias profundas. El 43?por ciento de niñas y adolescentes en México prefiere quedarse en casa durante su periodo menstrual en lugar de asistir a la escuela.8 Esta decisión, motivada por la incomodidad, la falta de acceso a productos de gestión menstrual seguros y asequibles, la vergüenza o el miedo a accidentes, refleja un entorno escolar que no está preparado para garantizar la participación plena y segura de quienes menstrúan.

El ciclo menstrual, en lugar de asumirse como un proceso fisiológico normal, se convierte en un factor de desigualdad. Mientras algunos estudiantes pueden asistir con regularidad, otros enfrentan barreras adicionales por razones biológicas y estructurales. Esta desigualdad se agrava en contextos de pobreza, en comunidades rurales e indígenas, donde el acceso a infraestructura y productos es aún más limitado.

Garantizar condiciones adecuadas para la gestión menstrual en las escuelas —con baños limpios, agua, una variedad amplia de insumos menstruales gratuitos y educación integral— no sólo previene ausencias, también promueve la permanencia escolar, la autoestima y la equidad de género. Es una condición básica para que niñas, adolescentes y personas menstruantes vivan su proceso con dignidad, sin que ello implique rezago, discriminación o abandono escolar y/o laboral.

Fundamento jurídico de la salud menstrual

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este principio incluye el derecho a la protección de la salud, concebido de manera integral, lo que implica no solo el acceso a servicios médicos, sino también a las condiciones, infraestructura e insumos necesarios para llevar una vida digna, libre de discriminación. La salud menstrual integral se refiere al derecho de las personas menstruantes a contar con productos adecuados, seguros, asequibles y de calidad para la gestión del ciclo menstrual, tales como pantiprotectores diarios, jabones íntimos, toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, y ropa interior absorbente, que respondan a sus necesidades personales y preferencias individuales implica el acceso a infraestructura sanitaria en espacios públicos y privados, como escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios, que garantice condiciones higiénicas adecuadas, disponibilidad de agua potable y mecanismos para la disposición correcta de los productos menstruales usados.

Este concepto también incluye la educación y sensibilización en torno a la menstruación, con el objetivo de fomentar una comprensión informada del proceso biológico, eliminar estigmas y promover entonos libres de discriminación. Estas condiciones son fundamentales para que las personas menstruantes puedan manejar su ciclo de forma saludable, sin que ello afecte su bienestar físico y emocional, ni su participación en la educación, el trabajo o la vida comunitaria

Por su parte, el artículo 4 de la CPEUM establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, y señala que el Estado debe garantizar este derecho bajo principios de equidad. Esto incluye la salud menstrual, en tanto constituye una dimensión fundamental de la salud sexual y reproductiva. En este sentido, el principio del i nterés superior de la niñez obliga al Estado a garantizar que las niñas y adolescentes tengan acceso a los productos y las condiciones sanitarias necesarias para gestionar las 4 fases de su ciclo menstrual, sin que esto interfiera en su derecho a la educación y su bienestar psicosocial.

Asimismo, la Ley General de Salud (LGS) refuerza el carácter integral del acceso a los servicios de salud, estableciendo la responsabilidad del Estado de garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios. Esto incluye los insumos para atender todas las etapas del ciclo menstrual de calidad para todas las personas menstruantes en todas las etapas de su vida, con especial atención para niñas y adolescentes en edad escolar

Potencial de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, para promover la salud y gestión del ciclo menstrual.

En el contexto de la promoción de la salud integral, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz del gobierno mexicano ofrece un modelo de intervención crucial para el abordaje de la salud menstrual en el ámbito escolar. Esta estrategia se ejecuta en las 32 entidades federativas y tiene como objetivo la promoción de hábitos saludables dentro de la población escolar, abordando aspectos fundamentales como la alimentación , la actividad física y el bienestar emocional .

Aunque la estrategia actualmente no aborda de manera directa la salud menstrual, su modelo de intervención y su sinergia entre los servicios de salud y las autoridades educativas pueden y deben ser aprovechados para incluir la importancia de la salud y la gestión del ciclo menstrual dentro de sus programas. De esta forma, se promueve la desaparición de tabúes y estigmas alrededor de la salud menstrual y se convertiría en un objetivo prioritario en los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar la salud integral de las niñas, adolescentes y personas menstruantes. Esto es fundamental, ya que no solo es un derecho en sí mismo, sino que también impacta directamente en otros derechos como:

1. El derecho a la educación: La falta de acceso a productos de gestión del ciclo menstrual o a condiciones sanitarias adecuadas limita la participación y permanencia de las niñas y adolescentes y personas menstruantes en las escuelas, afectando su rendimiento y su desarrollo académico.

2. El derecho a la no discriminación: Garantizar que todas las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes tengan acceso a productos de gestión menstrual de calidad, seguros, eficaces y asequibles en condiciones dignas es una medida fundamental para eliminar el estigma y la discriminación que aún persisten en torno a la menstruación.

3. El derecho a la igualdad de género: La gestión del ciclo menstrual digna contribuye a la equidad de género al garantizar que las niñas, mujeres y personas menstruantes no sean excluidas o marginadas por un proceso biológico natural, promoviendo su participación plena en la sociedad.

4. El derecho a la salud: El acceso a productos de gestión del ciclo menstrual de calidad, seguros, eficaces, asequibles y adecuados en condiciones sanitarias apropiadas forma parte del derecho a la salud integral, que el Estado debe garantizar para todos los ciudadanos.

5. El derecho de prioridad: Incluir la gestión menstrual en la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz es clave para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, ya que la salud menstrual de las adolescentes debe ser atendida de forma preferente. Brindar información, productos e infraestructura adecuada promueve su bienestar, combate el estigma y asegura su permanencia escolar y desarrollo en entornos seguros y dignos.

La adecuada gestión del ciclo menstrual, así como la salud menstrual integral no solo garantizan el acceso a la salud, sino que también promueve la equidad y el desarrollo integral de niñas, adolescentes y personas menstruantes. Integrar información sobre salud menstrual y la gestión del ciclo menstrual en el modelo de intervención de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz podría generar un impacto transformador, no solo en la salud menstrual, sino también en el bienestar general de la población escolar a nivel nacional, contribuyendo a una educación más inclusiva, equitativa y libre de estigmas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en el marco de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, se contemple de manera prioritaria la inclusión de la salud y gestión del ciclo menstrual en los contenidos temáticos del programa para brindar información científica y promover la salud menstrual, con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interés superior de la niñez, libre de estigmas y prejuicios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a las instituciones del sector salud, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, difundan información sobre la gestión del ciclo menstrual libre de estigmas y prejuicios.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. “Education and provisions for adequate menstrual hygiene management at school can prevent adverse health consequences.” OMS/Europa, 27 de mayo de 2022. https://www.who.int/europe/news-room/27-05-2022-education-and-provision s-for-adequate-menstrual-hygiene-management-at-school-can-prevent-adver se-health-consequences

2 Banco Mundial. “Menstrual Health and Hygiene.” World Bank Group.
https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/menstrual-health-and-hygiene

3 https://www.unicef.org/wash/menstrual-hygiene

4 Consulta U-Report “Queremos saber cómo vives tu menstruación”, UNICEF, COPRED, SIPINNA, Girl Up, Menstruación Digna México, 2021.

5 CONEVAL, 2021

6 Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual(2022). UNICEF, Essity y Menstruación Digna México.
https://www.essity.mx/Images/Reporte%20Resultados%20Encuesta%20Essity%20MD%20y%20UNICEF_tcm347-146768.pdf (consultado el 27 de marzo de 2025)

7 Principales resultados de la primera encuesta nacional de gestión menstrual en México. Consultado el 27 de marzo en
https://www.unicef.org/mexico/media/7576/file/Primera%20encuesta%20nacional%20de%20gesti%C3%B3n%20menstrual
%20en%20M%C3%A9xico.pdf

8 https://www.unicef.org/mexico/higiene-menstrual

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de Octubre de 2025

Diputada Marisela Zúñiga Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al titular de la SEP, por conducto del Conocer, a implementar un programa especial de certificación de competencias laborales dirigido a migrantes centroamericanos y de habla hispana, a través de sedes en las principales ciudades fronterizas del norte de México, como medida humanitaria y preventiva contra los riesgos sociales asociados a la espera prolongada, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Nadia Sepúlveda García, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En años recientes, la frontera norte de México se ha consolidado como un punto crítico de tránsito, espera y asentamiento temporal para decenas de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos. Según estimaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil correspondientes a 2024, más de ciento veinte mil personas originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador y otras naciones se encuentran en situación de espera prolongada en campamentos y albergues improvisados a lo largo de la frontera con Estados Unidos, a la espera de resolver su situación migratoria o de encontrar una oportunidad laboral que les permita continuar su camino o establecerse.1

2.- Durante estas semanas, e incluso meses de incertidumbre, la falta de ocupaciones productivas genera condiciones de extrema vulnerabilidad que se traducen en ocio forzado, exposición a adicciones y, en casos lamentablemente frecuentes, en un riesgo latente de explotación laboral y sexual —incluyendo el enganche por parte de redes de trata de personas y proxenetas—, así como la cooptación por otros grupos delictivos que operan en la región.

3.- Este fenómeno no sólo impacta de manera dramática en la vida de las personas migrantes —reforzando estigmas que injustamente asocian a las mujeres migrantes con la prostitución y a los hombres con la delincuencia—, sino que también impone presiones considerables sobre las comunidades de acogida. Estas comunidades enfrentan desafíos crecientes en materia de seguridad pública, cohesión social, saturación de los mercados laborales locales y, fundamentalmente, en la lucha contra la perpetuación de estereotipos que dañan la integridad y oportunidades de la población migrante.

4.- Frente a este escenario complejo y humanitariamente urgente, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, se erige como una pieza institucional clave debido a su sólido andamiaje técnico y normativo para evaluar y certificar competencias laborales en una amplia gama de sectores productivos. Sus certificaciones, con validez oficial en todo el territorio nacional, representan un instrumento idóneo para acreditar habilidades y conocimientos prácticos, mejorando la empleabilidad incluso en contextos internacionales.

5. -Por estas razones, se considera urgente y estratégicamente imperativo exhortar al CONOCER para que, en coordinación estrecha con los gobiernos estatales y municipales de las principales ciudades fronterizas del norte del país, diseñe e implemente programas especializados de capacitación acelerada y certificación laboral, expresamente dirigidos a la población migrante hispanohablante.

6. Esta intervención se erige, en primer término, como un mecanismo probado para ofrecer alternativas concretas de ocupación productiva durante la estancia prolongada en México. La experiencia del Programa ‘Fuerza Migrante’ en Tijuana,2 impulsado por organizaciones de la sociedad civil en colaboración con el gobierno local, demuestra cómo la capacitación en oficios como la soldadura, la electricidad y la gastronomía logró insertar laboralmente a más de 400 migrantes en apenas seis meses, transformando así un periodo de espera incierto y vulnerable en una inversión tangible en capital humano.

7. En segundo lugar, esta estrategia actuaría como una política pública preventiva de alta eficacia frente a los efectos corrosivos del ocio prolongado forzoso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado en sus informes cómo la falta de oportunidades económicas es el principal factor de riesgo para la victimización por redes de trata de personas y reclutamiento forzado por el crimen organizado en contextos de movilidad humana, un riesgo que programas estructurados de capacitación mitigan de manera directa al ofrecer un camino alternativo de dignidad y seguridad.

8. Además, al promover una cultura de legalidad, trabajo digno y preparación certificada por una instancia federal como el CONOCER, se sientan las bases para una inserción laboral más exitosa y resiliente, ya sea en México o en el país de destino final. La portabilidad de estas certificaciones, reconocidas nacionalmente, no solo aumenta el valor del migrante en cualquier mercado laboral, sino que rompe el ciclo de informalidad y explotación que tan a menudo caracteriza su trayecto.

9. Finalmente, una iniciativa de esta naturaleza replicaría el éxito de experiencias como la de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila —cuya labor está documentada en su portal oficial (Hogar de Misericordia, s.f.3 )—, donde talleres de capacitación han funcionado como un espacio de convivencia e integración, contribuyendo significativamente al fortalecimiento del tejido social en comunidades fronterizas, tal como lo sugieren estudios de impacto en la materia.

10. Este esfuerzo, por tanto, no solo se inscribe con coherencia en la tradición de hospitalidad y solidaridad que históricamente ha caracterizado a México, sino que avanza hacia un enfoque de política pública innovador, basado en evidencia, con impacto tangible y de proyección regional, que prioriza la prevención y la dignidad sobre la reacción y la caridad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública por conducto del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), a fin de que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de las principales ciudades fronterizas del norte de México, implemente un programa especial de capacitación y certificación de competencias laborales dirigido a migrantes centroamericanos e hispanohablantes, como medida preventiva contra los riesgos sociales asociados.

Segundo. Incluya en el diseño del programa un componente específico de vinculación laboral con el sector privado local y nacional, así como un mecanismo de seguimiento y evaluación que permita medir su efectividad en la reducción de los índices de vulnerabilidad y en la mejora de las condiciones de vida de los migrantes y las comunidades de acogida.

Notas:

1 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Monitoring of People on the Move: Northern Mexico – Round 1. Ginebra: OIM, 2024. Acceso el 19 de septiembre de 2024.
https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/documents/ppt_mmp_norte_round1_2024_0.pdf.

2 Programa Fuerza Migrante,” Alianza Civil para la Integración, acceso el 19 de septiembre de 2024, https://www.aci.org.mx/fuerza-migrante.

3 https://www.cdmsaltillo.com/ 1 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Monitoring of People on the Move: Northern Mexico – Round 1. Ginebra: OIM, 2024. Acceso el 19 de septiembre de 2024. https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/documents/ppt_mmp _norte_round1_2024_0.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre del 2025.

Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al Consejo Regulador del Tequila, AC, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las casas productoras que así lo consideren pertinente, valore la elaboración de una edición especial de tequila y su respectiva etiqueta conmemorativa con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la participación de México como uno de los países sede, promoviendo la difusión cultural e identitaria de los mexicanos y fomentando el turismo nacional e internacional, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tequila es más que una bebida: es un símbolo profundamente arraigado en el corazón de la identidad nacional mexicana. Su historia, que se remonta a siglos de tradición y maestría artesanal, lo ha convertido en una de las expresiones culturales más reconocidas de México a nivel mundial. Su Denominación de Origen, otorgada desde 1974, no solo protege su autenticidad y calidad, sino que también certifica su carácter único, vinculado de manera inseparable a las regiones del occidente mexicano, especialmente al estado de Jalisco y algunos municipios de estados vecinos.

El reconocimiento internacional del tequila ha ido en ascenso, y hoy se le valora no solo por su sabor, sino también por el arte, la cultura y la historia que representa. Su presencia en mercados internacionales, su uso en celebraciones emblemáticas y su inclusión en listas patrimoniales, como la del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila, lo convierten en un referente de la mexicanidad ante el mundo.

En este contexto, la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , de la cual México será una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá, representa una oportunidad histórica sin precedentes para promover la riqueza cultural, turística y productiva del país ante una audiencia global. Se espera la visita de millones de personas del extranjero, así como una cobertura mediática internacional que proyectará la imagen de México en todos los continentes.

Vincular este evento deportivo de escala mundial con uno de los productos más emblemáticos de México, como lo es el tequila, tiene un potencial cultural, económico y simbólico de alto impacto . La elaboración de una edición especial de tequila con una etiqueta conmemorativa del Mundial 2026 contribuiría de forma significativa al fortalecimiento de la marca país , al mismo tiempo que serviría como plataforma de promoción del consumo responsable , la valorización del producto nacional y la diversidad cultural que define al país.

Nuestra propuesta permitiría, además:

• Apoyar a los productores nacionales, especialmente a aquellos que se rigen por prácticas sustentables y tradicionales.

• Incentivar el turismo cultural y enológico, motivando a los visitantes extranjeros a conocer las regiones tequileras, su patrimonio histórico y su proceso de producción.

• Fomentar el sentido de pertenencia y orgullo nacional, al proyectar un símbolo de nuestra cultura en un evento global de enorme visibilidad.

• Abrir nuevos mercados de exportación, aprovechando el interés que genera el Mundial y las alianzas comerciales que pueden surgir a partir de ello.

• Sumarse a las buenas prácticas internacionales, donde países anfitriones de grandes eventos diseñan productos conmemorativos —vinos, cervezas, licores, alimentos o textiles— que celebran y promueven su identidad cultural.

En países como Alemania, Brasil o Francia, durante sus respectivas Copas Mundiales, se han lanzado ediciones especiales de productos nacionales conmemorando el evento, lo que no solo generó importantes ingresos, sino que fortaleció la percepción internacional de sus tradiciones. México tiene la capacidad, la creatividad y los recursos para hacer lo propio.

Cabe señalar que nuestra propuesta no sustituye ni compite con otras estrategias oficiales de promoción del Mundial, sino que las complementa y enriquece , contribuyendo a un relato integral de lo que México ofrece al mundo: hospitalidad, diversidad cultural, tradiciones vivas y productos de calidad mundial.

Este gesto sería parte del legado cultural y comercial del Mundial , una forma tangible de celebrar lo que somos y de proyectarlo con orgullo hacia el futuro. El tequila, como México, está listo para conquistar al mundo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al Consejo Regulador del Tequila, A.C., para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las casas productoras que así lo consideren pertinente, valore la elaboración de una edición especial de tequila y su respectiva etiqueta conmemorativa con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la participación de México como uno de los países sede, promoviendo la difusión cultural e identitaria de los mexicanos y fomentando el turismo nacional e internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre del 2025

Diputada Nadia Sepúlveda García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a formalizar su adhesión al Convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados Cintia Cuevas Sánchez y Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputado Antonio Lorenzo Castro Villareal y diputada Cintia Cuevas Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, representantes del estado de Coahuila de Zaragoza, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad representa uno de los pilares de la política social del Estado mexicano, concebida no como una concesión gubernamental, sino como la materialización de un derecho fundamental. Su propósito principal es mejorar de manera directa el ingreso monetario en los hogares que cuentan entre sus integrantes con personas que viven con una discapacidad permanente.1 Este programa trasciende la temporalidad de las administraciones, ya que su entrega ha sido elevada a rango constitucional. Esta protección en la Carta Magna significa que el Estado, en su conjunto, tiene la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la entrega de esta pensión, independientemente del gobierno o los gobernantes en turno.2

Este enfoque de derechos se encuentra, además, en plena consonancia con las obligaciones internacionales suscritas por México. El diseño de la pensión responde a las recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), que ha subrayado la necesidad de que los estados establezcan planes de pensiones no contributivas. Estos mecanismos son esenciales para lograr la máxima cobertura posible y alcanzar a los grupos sociales que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran de manera prominente las personas con discapacidad.3 Por lo tanto, el programa no solo cumple con un mandato interno, sino que alinea a México con las mejores prácticas y los más altos estándares en materia de derechos humanos a nivel global, constituyendo un mecanismo efectivo para garantizar la dignidad y la autonomía de este sector de la población.

Para extender la cobertura de la pensión y hacerla verdaderamente universal para todas las personas con discapacidad de 0 a 64 años, el gobierno de México diseñó un esquema de federalismo cooperativo. Este modelo se basa en la firma de un convenio de colaboración entre la Federación y cada entidad federativa, a través del cual se acuerda una aportación paritaria de recursos: el gobierno federal se compromete a financiar el 50 por ciento del costo de la universalización, mientras que el gobierno estatal correspondiente aporta el 50 por ciento restante.4

Este diseño es fundamental, pues no impone una carga fiscal unilateral a los estados, sino que ofrece un incentivo significativo para la colaboración, duplicando cada peso que el estado invierte en su población más vulnerable. El proceso administrativo para formalizar esta colaboración es claro y transparente. Las entidades federativas que deciden participar firman el convenio y se comprometen a entregar su aportación de recursos a un vehículo financiero específico, el “Fideicomiso para el Bienestar”, asegurando que los fondos se destinen exclusivamente al pago de las pensiones.5 El proceso incluye reuniones de trabajo previas donde se acuerdan los montos y el origen de las aportaciones, garantizando un procedimiento ordenado y financieramente responsable que ya ha sido probado con éxito en la mayoría del país.6

El mecanismo fue diseñado deliberadamente para funcionar como un indicador de la voluntad política de los gobiernos estatales. Al ofrecer una contrapartida federal del 50 por ciento, se elimina la excusa de una carga fiscal insostenible y se obliga a cada gobierno a tomar una decisión pública y transparente sobre sus prioridades. La adhesión al convenio se convierte así en un acto que demuestra un compromiso real con la inclusión y el bienestar social, mientras que la negativa expone una decisión política de excluir a un sector de la población de un derecho, a pesar de la existencia de un apoyo federal sustancial.

La respuesta al llamado federal para universalizar la pensión ha sido abrumadoramente positiva, demostrando un consenso nacional sobre la importancia de esta política pública. A la fecha, 24 de las 32 entidades federativas han firmado el convenio de universalización, asegurando que en sus territorios todas las personas con discapacidad, desde su nacimiento hasta los 64 años, tengan acceso a este apoyo económico.7 Entre las últimas entidades en sumarse se encuentran Yucatán y Tabasco, lo que demuestra un impulso continuo hacia la cobertura total en el país.8

Este panorama de amplia aceptación resalta de manera preocupante la situación de los estados que han decidido no participar. Coahuila de Zaragoza se encuentra en un reducido grupo de ocho entidades, junto con Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, que se han negado a firmar el acuerdo.9 Esta decisión coloca a Coahuila en una posición de aislamiento y rezago en materia de derechos sociales, contrastando drásticamente con la voluntad política demostrada por la gran mayoría de los estados, incluyendo aquellos con diversas condiciones fiscales y políticas.

La siguiente tabla ilustra esta división, evidenciando un patrón donde la negativa a participar se concentra casi exclusivamente en gobiernos de filiación opositora.

La decisión del gobierno del estado de Coahuila de no adherirse al convenio de universalización tiene consecuencias directas, tangibles y profundamente discriminatorias para sus ciudadanos. En la práctica, esta negativa crea dos clases de personas con discapacidad en México, cuya única diferencia es la entidad federativa en la que residen. Mientras que en las 24 entidades que han firmado el acuerdo, la pensión es un derecho garantizado para todas las personas con discapacidad permanente en el rango de edad de 0 a 64 años, en Coahuila, este apoyo se limita únicamente a la población de 0 a 29 años.10

Esto significa que un ciudadano coahuilense con una discapacidad permanente, al cumplir 30 años, es despojado de un derecho que mantendría si viviera en cualquiera de los estados vecinos que sí han adoptado la universalidad. Se genera así una flagrante brecha de derechos, donde el acceso a un apoyo vital para la subsistencia y la dignidad depende del código postal y de una decisión política del gobierno estatal. Esta situación contraviene el principio de igualdad ante la ley y establece un sistema de exclusión que castiga a los adultos con discapacidad, un grupo que ya enfrenta barreras significativas para su inclusión económica y social.

El daño infligido por esta omisión gubernamental no es abstracto; se puede y se debe cuantificar. A cada persona con discapacidad de entre 30 y 64 años en Coahuila se le está negando un apoyo económico directo y sin intermediarios de aproximadamente $3,200 pesos bimestrales, entregado a través de una Tarjeta del Banco del Bienestar.11 Anualmente, esto representa una pérdida de ingresos de $19,200 pesos para cada individuo y su familia, una suma que para muchos hogares representa la diferencia entre la seguridad alimentaria y la carencia, entre el acceso a medicamentos y el deterioro de la salud, o entre la posibilidad de pagar transporte para rehabilitación y el aislamiento.

La exclusión es aún más grave si se considera la simplicidad del proceso que se les niega. La inscripción al programa es un trámite sencillo y accesible, que requiere únicamente documentos básicos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado de discapacidad emitido por cualquier institución pública de salud.12 La infraestructura para el registro, a través de los Módulos de Bienestar, ya existe y opera en todo el país.13 Por lo tanto, no existen barreras administrativas o burocráticas que justifiquen la negativa del gobierno de Coahuila. El único obstáculo es la falta de voluntad política para firmar el convenio y aportar la parte correspondiente de los recursos, una decisión que tiene un costo humano y económico directo para miles de familias coahuilenses.

La conducta del gobierno de Coahuila no puede ser calificada como un simple descuido o un problema de capacidad administrativa. Se trata de una omisión deliberada, un acto consciente de exclusión que se alinea con un patrón de comportamiento observado mayoritariamente en los estados gobernados por partidos de oposición.14 Este patrón sugiere que la decisión de no participar en la universalización de la pensión responde a cálculos políticos y a una estrategia partidista, en lugar de a una evaluación objetiva de las necesidades de la población.

Este “mal actuar” se define por la anteposición de intereses políticos sobre el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Constituye una grave falta a la responsabilidad primordial de un gobierno, que es la de proteger y promover los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación. Al igual que la omisión institucional en otros ámbitos conduce a la pérdida irreversible del patrimonio, como se ha documentado en casos de abandono de monumentos históricos,15 la omisión en el ámbito social provoca un daño directo y continuo a la dignidad, la economía y la calidad de vida de las personas. La falta de voluntad política se traduce en un abandono institucional que deja a miles de coahuilenses desprotegidos.

La decisión del gobierno estatal de rechazar la pensión universal no es una medida de ahorro fiscal, sino una transferencia de costos. Al negar un ingreso estable y directo a las personas con discapacidad, se incrementa la presión sobre otros servicios y redes de apoyo. Las familias deben asumir una carga económica mayor, los sistemas de salud estatales y municipales enfrentan una mayor demanda por parte de personas que no pueden costear cuidados preventivos, y las organizaciones de la sociedad civil se ven sobrecargadas. En última instancia, rechazar una inversión federal del 50 por ciento para un programa de transferencias directas no solo es socialmente regresivo, sino económicamente ineficiente, pues genera costos indirectos mayores en todo el tejido social del estado.

Para comprender la gravedad de la inacción del gobierno de Coahuila, es útil trazar una analogía con el daño que la omisión estatal causa en otros ámbitos. En el caso del patrimonio cultural de Saltillo, se ha argumentado que “cuando el Estado omite actuar, el patrimonio se pierde de manera irreversible”.16 La falta de mantenimiento, la ausencia de planes de rescate y la inacción frente al vandalismo o el deterioro ambiental conducen a la erosión física de monumentos que representan la memoria colectiva de una comunidad.

De manera similar y aún más grave, la omisión del gobierno estatal en el ámbito de los derechos sociales conduce a la erosión de la dignidad humana y la estabilidad de las familias. Cada día que Coahuila permanece fuera del convenio universal, el bienestar de miles de personas con discapacidad se deteriora. La falta de un ingreso seguro agrava su vulnerabilidad, limita sus oportunidades y compromete su salud. Así como la lluvia ácida corroe la cantera de una estatua hasta borrar sus rasgos,17 la indiferencia institucional corroe la esperanza y las condiciones de vida de las personas. El daño no es a la piedra, sino a la vida humana, y aunque no sea tan visible como un pedestal vacío, es igualmente real, profundo y, en muchos casos, irreversible. El “mal actuar” reside precisamente en esta omisión consciente que permite un daño previsible y continuo a los más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza a que de manera inmediata inicie las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para formalizar la adhesión del estado al Convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, garantizando así el acceso a este derecho constitucional para toda la población coahuilense de 0 a 64 años de edad.

Notas:

1. Lo que debes saber sobre la Pensión para Personas con Discapacidad - YouTube, acceso: octubre 10, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=HqPt9gfeFaA

2. ¿En qué consiste la universalidad de la Pensión para Personas con Discapacidad?

Te lo explicamos, acceso: octubre 10, 2025,
https://programasparaelbienestar.gob.mx/en-que-consiste-la-universalidad-de-lapension-para-personas-con-discapacidad-te-lo-explicamos/

3. convenio entre el gobierno de mexico y los gobiernos de - Sedesson, acceso: octubre 10, 2025,
https://sedesson.gob.mx/transparencia/2022/DIRECCION%20GENERAL%20DE%20ADMINISTRACION/
COMUNICACION%20SOCIAL/CONVENIO%20BIENESTAR%202022.pdf

4. Inicia registro a la Pensión Universal para Personas con Discapacidad Permanente en 13 estados | Secretaría de Bienestar - Gob MX, acceso: octubre 10, 2025, https://www.gob.mx/bienestar/prensa/inicia-registro-a-la-pension-univer sal-parapersonas-con-discapacidad-permanente-en-13-estados?idiom=es

5. Pensión a personas con discapacidad ya es universal en 24 estados; entidades gobernadas por oposición no han firmado acuerdo - Yahoo Noticias, acceso: octubre 10, 2025, https://es-us.noticias.yahoo.com/pensi%C3%B3n-personasdiscapacidad-univ ersal-24-094412099.html

6. anexo al convenio entre el gobierno de méxico y los gobiernos de las entidades federativas - Transparencia Medios, acceso: octubre 10, 2025, https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/
ANEXO%20DE%20CONVENIO%20DE%20PENSION%20DE%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf

7. Pensión a personas con discapacidad ya es universal en 24 estados; entidades gobernadas por oposición no han firmado acuerdo - Animal Politico, acceso: octubre 10, 2025, https://animalpolitico.com/politica/pension-personasdiscapacidad-univer sal-estados-gobiernos-oposicion

8. Presidenta y Gobernador de Durango, anuncian universalidad de la Pensión para Personas con Discapacidad en el estado - Gob MX, acceso: octubre 10, 2025, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-y-gobernador-de-durang oanuncian-universalidad-de-la-pension-para-personas-con-discapacidad-en -elestado?idiom=en

9. PENSIÓN para Personas con DISCAPACIDAD: ¿cómo y quiénes pueden pedirla hoy?, acceso: octubre 10, 2025,
https://www.cronista.com/mexico/actualidadmx/pension-para-personas-con-discapacidad-como-y-quienes-pueden-pedirlahoy/

10. Hasta el 31 de octubre, registro a la Pensión Universal de las Personas con Discapacidad en el Estado de México | Secretaría de Bienestar - Gob MX, acceso: octubre 10, 2025, https://www.gob.mx/bienestar/prensa/hasta-el-31-de-octubreregistro-a-la -pension-universal-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-estadode-mexi co?idiom=es

11. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, acceso: octubre 10, 2025, https://pensiondiscapacidad.cdmx.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputados: Antonio Lorenzo Castro Villareal (rúbrica), Cintia Cuevas Sánchez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita de manera respetuosa a los 31 poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales de la República a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, con miras a la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Problemática

El pasado 6 de junio de 2023, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Lo anterior, debido a la reforma constitucional del año 2017, en la cual se faculta a al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar.

Ante esta situación, en el decreto que expide el nuevo código nacional, específicamente en su artículo segundo transitorio, menciona:

“Artículo segundo. La aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares previsto en el presente decreto entrará en vigor gradualmente, como sigue: en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la federación, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027.

En el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional, entrará en vigor en cada una de éstas de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027.

La declaratoria que al efecto se expida, deberá señalar expresamente la fecha en la que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos o Gacetas Oficiales del Estado, según corresponda.

Entre la declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores, y la entrada en vigor del presente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, deberán mediar máximo 120 días naturales. En todos los casos, vencido el plazo, sin que se hubiera emitido la Declaratoria respectiva, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda exceder el día 1 de abril de 2027.”

Ante esta situación se han planteado diferentes problemáticas a las cuales se enfrentan los poderes locales tanto el ejecutivo, legislativo y por supuesto el judicial.

Ya que aún existen estados de la República que no han iniciado los procesos de armonización y homologación de sus leyes locales con lo establecido en el nuevo código nacional.

Si bien es cierto, se podría considerar que la entrada en vigor general se amplía hasta dentro de 2 años, también es necesario visibilizar la necesidad de impulsar acciones y reformas integrales, donde no solo se atienda a cubrir un requisito, sino también es importante que se implementen en los espacios pertenecientes a los poderes judiciales federal y de las entidades, acciones de mejora en sus estructuras e infraestructura física, tecnológica y de capacitación.

En este sentido, es menester recordar que el artículo 4.3 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona:

“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”

Igualmente debe tenerse presente, que la naturaleza de las reformas en materia del reconocimiento de la capacidad jurídica de mayores de edad y en particular de quienes presentan una discapacidad, obedece a lo establecido por la ya referida convención, que dispone en su artículo 12; numerales 2, 3 y 4:

“2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.”

Así pues, atendiendo al principio pro-persona y realizando un ejercicio de control de convencionalidad es indispensable que tanto las iniciativas como las reformas que se planteen desde el seno de los congresos locales deben ser consultadas, ya que, de lo contrario, sería sujetas de acciones de inconstitucionalidad.

Aunado a lo anterior, quienes hemos impulsado la implementación estricta y acorde con un modelo internacional de protección de derechos humanos, conocemos las implicaciones que tiene la realización de consultas, no solo desde un punto de vista económico, también desde la perspectiva de derechos humanos, logística y de tiempo.

Ante esta situación es indispensable que los poderes tanto legislativo, como ejecutivo y judicial de los 31 estados de la República intensifiquen los esfuerzos colaborativos, legales y constitucionales para garantizar la implementación efectiva del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todo el país, para con ello, garantizar los derechos humanos de todas y todos, ya que si no empezamos a hacer lo necesario, dejaremos en estado de indefensión a las personas con discapacidad y a quienes busquen justicia dentro de los tribunales

Considerandos

Primero.- El artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, menciona que la entrada en vigor del mismo será de forma gradual, tanto en el ámbito federal como local, sin que en alguno de los casos exceda del 1o de abril de 2027.

Segundo.- El artículo décimo del mismo decreto menciona que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales tendrán un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la expedición del decreto para adecuar sus marcos normativos.

Tercero.- El pasado 3 de julio de 2024, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emitió la Declaratoria de Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la cual, se menciona que la entrada en vigor sería del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025.1

Cuarto.- Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en boletín número 67/2024, reconoció los desafíos que involucra la implementación del nuevo Código Nacional, ya que esto implica para el Congreso local, la modificación de por lo menos 29 ordenamientos, por lo cual, hizo un llamado a las y los diputados para redoblar esfuerzos para la pronta actualización de los marcos normativos.2

Quinto.- Derivado de la falta de acción por parte de los Congresos locales para la homologación y actualización de los marcos normativos estatales, la Comisión de Justicia del Senado de la República avaló un dictamen para exhortar a los poderes judiciales y legislaturas locales a que realicen las gestiones necesarias para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, punto de acuerdo que impulsó el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina.3

Sexto.- En su momento, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Aguascalientes, Juan Rojas García, reconoció que se avecinan grandes desafíos, no solo por la transición que implica la llegada de nuevas personas juzgadoras, sino por la necesidad urgente de crear juzgados especializados en oralidad civil y familiar.4

Septimo.- Por su parte, la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, modificó la declaratoria de entrada en vigor del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto a través del diputado local Pedro Haces Lago, quien mencionó “Este código representa un enorme reto para el Estado mexicano, porque una reforma no transforma por decreto, se trasforma con capacidad operática, infraestructura, capacitación judicial, voluntad política y tiempo suficiente para hacer bien las cosas”

Por lo cual, se determina que a partir del 1 de junio de 2026 se realizará la promoción de cualquier procedimiento y controversia tramitados por jurisdicción voluntaria, providencia precautoria, ejecutivo civil oral, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa.

También, será a partir del 15 de noviembre de 2026 que se podrá realizar la promoción de controversias y procedimientos tramitados en la vía ordinaria civil oral, vía de apremio y demás juicios faltantes, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa.

Mientras que, se aplicará a partir del 1 de junio de 2026, para la promoción de cualquier procedimiento y controversias distintas a los señalados en el inciso anterior, a excepción de procedimientos sucesorios.

Por último, a partir del 15 de noviembre de 2026, para la promoción de controversias y procedimientos sucesorios testamentarios o intestamentarios, ambas fracciones incluyendo sus respectivos procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa, regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.5

Cabe destacar que la Ciudad de México ha sido la única entidad federativa que a la fecha ha llevado a cabo la homologación de su marco jurídico con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante publicación hecha en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de noviembre de 2024.6

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la soberanía estatal, se solicita a los 31 Poderes Legislativos a realizar las acciones necesarias para presentar, discutir y en su caso aprobar, las iniciativas correspondientes a efecto de homologar las leyes estatales con el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la soberanía estatal, se solicita a los 31 Poderes Ejecutivos y Judiciales locales a realizar las acciones pertinentes a efecto de coadyuvar en la presentación de las iniciativas necesarias con el objetivo de homologar los marcos normativos estatales con el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la soberanía estatal, se solicita a los 31 Congresos locales a publicar la declaratoria de entrada en vigor del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atendiendo a lo mandatado por el segundo y tercer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la soberanía estatal, se solicita a los 31 entidades federativas a través de sus poderes locales, a realizar los convenios necesarios tanto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, así como con organizaciones de la sociedad civil que representan, incluyan o atiendan a personas con discapacidad, con el objetivo de agilizar las consultas a personas con discapacidad, así como para capacitar al personal acerca de los derechos de las personas con discapacidad, conforme lo establecen los artículos transitorios décimo primero, décimo segundo y décimo noveno del decreto por el que se expide el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Notas:

1 https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-local-realiza-declaratoria-vigencia-y-aplicacion-codigo-nacional-procedimientos-civiles-y-familiares-ciudad-mexico-5362-1.html

2 https://cdhcm.org.mx/2024/07/implementacion-del-codigo-nacional-de-procedimientos-civiles-y-familiares-en-la-cdmx-debe-reforzar-la-proteccion-de-grupos-de-atencion-prioritaria/

3 https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/10331-avalan-exhorto-para-agilizar-en-los-estados-la-implementacion-del-codigo-nacional-de-procedimientos-civiles-y-familiares

4 https://www.lja.mx/2025/06/falta-de-recursos-retrasa-la-implementacion- del-codigo-nacional-de-procedimientos-civiles-y-familiares/

5 https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-modifican-entrada-vigor-plazos-clave-codigo-nacional-procedimientos-civiles-y-familiares-2026-6379-1.html

6 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc1b2574 fd3cfeb45b31804ab786444e.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días de octubre de 2025.

Diputados: Marisela Zúñiga Cerón (rúbrica), Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica), María Magdalena Rosales Cruz (rúbrica), Arturo Olivares Cerda (rúbrica), Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica), Francisco Javier Sánchez Cervantes (rúbrica), Roberto Mejía Méndez (rúbrica), Juan Antonio González Hernández (rúbrica), Rosa María Castro Salinas (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Jaime Genaro López Vela (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Leonel Godoy Rangel (rúbrica), Estela Carina Piceno Navarro (rúbrica), Sandra Anaya Villegas (rúbrica), Daniel Campos Plancarte (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Profeco a implementar acciones emergentes para garantizar que el precio de los productos de la canasta básica no se incremente frente a la emergencia en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por las recientes inundaciones, a cargo del diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a implementar acciones urgentes para garantizar que el precio de los productos de la Canasta Básica no aumenten en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro Y San Luis Potosí, afectados por las recientes inundaciones.

Problemática

La presente proposición con punto de acuerdo se fundamenta en la necesidad de proteger la economía de las familias mexicanas que residen en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, quienes han sido severamente afectados por las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días.

La situación de emergencia ha generado un escenario propicio para la especulación y el aumento injustificado de precios en productos de primera necesidad, lo que agrava la vulnerabilidad de la población damnificada.

Considerandos

Primero. Que, de acuerdo con diversos reportes de medios de comunicación e instituciones oficiales, durante la segunda semana de octubre de 2025 México ha enfrentado intensas lluvias que han provocado inundaciones y deslaves en al menos cinco estados de la República.

Estas afectaciones han resultado en la pérdida de vidas humanas, así como en daños significativos a viviendas e infraestructura. Los estados más impactados incluyen Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Segundo. Que la canasta básica se define como el conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de los miembros de una familia, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En el contexto de una emergencia, la disponibilidad y el acceso a estos productos a precios justos se vuelven cruciales para la recuperación de las comunidades afectadas.

Tercero. Que, ante situaciones de desastre natural, es común observar un aumento desproporcionado en los precios de los productos de primera necesidad, lo que constituye una práctica especulativa que atenta contra la economía de las familias más vulnerables.

Tal es el caso de Poza Rica, Veracruz, donde damnificados han denunciado que el precio de productos como el huevo, la leche y el frijol se ha duplicado tras las inundaciones.

Cuarto. Que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución encargada de proteger los derechos de los consumidores, promover la equidad en las relaciones de consumo y garantizar el respeto a los precios justos en el mercado.

En situaciones de emergencia su intervención es fundamental para evitar abusos y asegurar que la población afectada tenga acceso a los productos básicos sin incurrir en gastos excesivos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a implementar de manera inmediata, y coordinada con las autoridades estatales y municipales, un operativo especial de vigilancia y monitoreo de precios en los productos de la Canasta Básica en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, con el objetivo de prevenir y sancionar cualquier práctica de especulación o aumento injustificado de precios que afecte a la población damnificada por las recientes inundaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 octubre de 2025.

Diputado Víctor Hugo Lobo Román (rúbrica)