Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6896-III-5, martes 14 de octubre de 2025
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar un programa nacional de diésel agropecuario recuperado, para destinar el combustible asegurado o recuperado del robo y contrabando de hidrocarburos al uso productivo del sector agropecuario, a cargo de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a revisar de manera urgente el diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ante la grave crisis de desempleo juvenil reportada por la OIT y el INEGI, que muestra una tasa de desempleo de jóvenes del 4.8 por ciento en nuestro país, a fin de garantizar que el objetivo de dicho programa se traduzca en empleos formales y de calidad, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Veracruz a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Puebla a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Hidalgo a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar un programa nacional de diésel agropecuario recuperado, para destinar el combustible asegurado o recuperado del robo y contrabando de hidrocarburos al uso productivo del sector agropecuario, a cargo de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Leticia Barrera Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Robo y contrabando de hidrocarburos, también conocido huachicol y huachicol fiscal: dos caras de un mismo problema nacional
El robo y contrabando de combustibles representan dos de los delitos con mayor impacto económico, fiscal y ambiental en México.
En materia de robo de hidrocarburos, durante el primer semestre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 7 mil 650 millones de pesos, lo que representa un incremento de 33 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Energía con base en los resultados financieros de la empresa estatal.1
De acuerdo con datos publicados en La Jornada, en 2024 Pemex registró pérdidas por 20 mil 428 millones de pesos debido al robo de combustible —una cifra que confirma la magnitud persistente del llamado huachicol. 2 – En el caso del contrabando de combustibles o huachicol fiscal, las pérdidas son aún más severas.
De acuerdo con reportes de la industria, el país perdió en 2024 alrededor de 177 mil millones de pesos por la introducción irregular de combustibles, principalmente diésel y gasolinas, que evadieron el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del IVA.3
En lo que va de la actual administración se han decomisado más de 70 millones de litros de combustibles irregulares, producto de operaciones conjuntas entre la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el SAT.
II. ¿Adónde va el combustible asegurado?
Una vez asegurado el combustible producto del robo o del contrabando, este queda bajo custodia de la FGR. Cuando las pruebas de laboratorio confirman que el hidrocarburo es apto para su aprovechamiento, la Fiscalía puede autorizar su entrega al Ejecutivo, en concreto al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, creado para esos fines.
Sobre esto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que, una vez liberado el combustible por la FGR y garantizada su calidad, este puede ser utilizado por la Guardia Nacional, por otras dependencias del gobierno federal o incluso donado a comunidades, siempre bajo control y trazabilidad institucional.4
Esta información fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien precisó que los hidrocarburos incautados son sometidos a procesos de evaluación técnica antes de ser transferidos para uso oficial o social (El Economista, 8 de julio de 2025).
Es poco claro el proceso que se sigue para determinar el destino final del combustible asegurado. No se conocen con claridad los lineamientos que definan los criterios de selección, los volúmenes disponibles, ni los mecanismos de asignación o control posteriores a su liberación. Esta falta de claridad limita la posibilidad de aprovechar de manera sistemática las gasolinas y el diésel incautados en actividades productivas que lo requieren, como la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura.
Por ello resulta necesario establecer un mecanismo institucional transparente y con fines sociales, que permita canalizar este combustible hacia sectores estratégicos del desarrollo nacional, evitando que permanezca almacenado o se pierda su potencial de uso en beneficio directo de la población.
III. Diésel agropecuario: importancia, precio y alcance histórico del subsidio
El diésel es un insumo estratégico para el campo: mueve maquinaria, bombas de riego y el transporte de insumos y cosechas.
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2022, levantado por el Inegi, en México hay 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria, de las cuales 4.4 millones realizan agricultura a cielo abierto. La mayoría corresponde a pequeños y medianos productores, ya que 96 por ciento cuenta con una superficie sembrada menor de 20 hectáreas.
Esta estructura productiva evidencia la fragmentación del campo mexicano y la vulnerabilidad económica de quienes dependen de la agricultura, y en esa misma ruta mayoritariamente social se encuentran la ganadería, la pesca y la acuacultura, actividades que constituyen la base productiva del medio rural.
El Censo Agropecuario de 2022 reporta la existencia de 473 mil 195 tractores propios registrados, lo que refleja el grado de mecanización alcanzado por el campo y la alta dependencia del diésel como insumo esencial para las labores agrícolas.
En la ganadería, el combustible se utiliza para operar bombas de agua, generadores eléctricos, vehículos de traslado y maquinaria de alimentación o limpieza; mientras que en la pesca y acuacultura es indispensable para embarcaciones, equipo, sistemas de refrigeración, y transporte del producto. Estos usos muestran que el diésel es un insumo transversal a la productividad de los cuatro subsectores del campo mexicano.
El Censo Agropecuario de 2022 deja constancia y clara muestra de una de las realidades del campo mexicano en los últimos tiempos: 88.8 por ciento de los productores considera que los altos costos de insumos y servicios son el principal obstáculo que limita su producción y productividad.
En este panorama, el precio del diésel, que hoy fluctúa entre 25 y 26 pesos por litro, se ha convertido en un factor decisivo para la rentabilidad del campo mexicano. Su alto costo limita la producción agrícola, ganadera y pesquera, y afecta directamente el ingreso de las familias rurales. De ahí la necesidad de impulsar medidas que garanticen su acceso a precios justos y aprovechen el combustible recuperado en beneficio del sector productivo.
IV. Programa Nacional de Diésel Agropecuario Recuperado
Con base en los datos anteriores y en el precedente establecido por el Ejecutivo Federal respecto al uso social del combustible asegurado, se propone que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y Petróleos Mexicanos (Pemex), implante un programa nacional de diésel agropecuario recuperado.
El propósito central del programa sería aprovechar de manera transparente, eficiente y con fines productivos el diésel asegurado o recuperado por delitos de robo y contrabando, destinándolo al uso de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y acuícolas.
Este combustible, actualmente almacenado o subutilizado, podría transformarse en un instrumento de apoyo directo para los pequeños y medianos productores rurales, contribuyendo a reducir sus costos de producción y fortalecer su competitividad.
Objetivos del programa:
- Aprovechar de manera transparente y segura el diésel asegurado o recuperado por las autoridades competentes.
- Canalizarlo al sector agropecuario, priorizando a los productores de menor escala.
- Reducir los costos de producción y mejorar la rentabilidad de las unidades productivas rurales.
- Fortalecer la seguridad alimentaria nacional mediante el apoyo directo a quienes producen los alimentos del país.
- Consolidar una política pública de uso social y productivo de los bienes incautados, bajo criterios de trazabilidad, rendición de cuentas y beneficio colectivo.
El Programa Nacional de Diésel Agropecuario Recuperado permitiría, además, cerrar el ciclo entre combate al delito y beneficio social, convirtiendo lo que es símbolo de pérdida y corrupción, en una herramienta de desarrollo y justicia productiva para el campo mexicano.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias a fin de diseñar e implantar un programa nacional de diésel agropecuario recuperado, que permita destinar el combustible asegurado o recuperado del robo y contrabando de hidrocarburos al uso agrícola, ganadero, pesquero y acuícola, conforme a criterios de transparencia, trazabilidad y beneficio social, con el propósito de reducir los costos de producción, fortalecer la rentabilidad del sector rural y contribuir a la seguridad alimentaria del país.
Notas
1
2 https://globalenergy.mx/noticias/pemex-reporta-incremento-del-33-en-rob o-de-combustible/?utm_source=chatgpt.com
3 https://www.jornada.com.mx/2025/03/03/economia/022n2eco
4 https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/EL-ROBO-DE-COMBUSTIBLES-GOLPEA-AL-ERARIO-FEDERAL
_CmA3C/
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/destino-huachicol-incautado-mexico-esto-explican-sheinbaum-harfuch
-20250708-767192.html#:~:text=Sobre%20el%20destino%20del%20huachicol,o%20incluso%20donado%
20a%20comunidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 14 de octubre de 2025.
Diputada Leticia Barrera Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a revisar de manera urgente el diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ante la grave crisis de desempleo juvenil reportada por la OIT y el INEGI, que muestra una tasa de desempleo de jóvenes del 4.8 por ciento en nuestro país, a fin de garantizar que el objetivo de dicho programa se traduzca en empleos formales y de calidad, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
De conformidad con el primer Informe de Gobierno, entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de junio de 2025 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro reporta haber capacitado a 267 mil 189 nuevos jóvenes; suma desde su creación 3 millones 240 millones 650 beneficiarios. De ellos –según la propia administración–, 7 de cada 10 consiguieron empleo u ocupación productiva, con una inversión calificada como histórica de 2 mil 266 millones de pesos.1 No obstante, detrás de estas cifras se esconde una realidad que desmiente el discurso oficial: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió recientemente que la tasa de desocupación juvenil en México se ubica en 5.9 por ciento, es decir, más del doble de la observada en el resto de la población. Incluso el INEGI, con datos oficiales del primer trimestre de 2024, estimó el desempleo juvenil en 4.8 por ciento. Estas cifras evidencian que, pese a los recursos erogados y a la propaganda gubernamental, la política pública no está dando los resultados esperados, pues los jóvenes en la realidad continúan sin encontrar oportunidades reales de empleo.
De conformidad con las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud presentado el pasado 12 de agosto por el Inegi, al primer trimestre de 2025, un total de 30.4 millones de personas tenían de 15 a 29 años, de las personas jóvenes, 15.9 millones (52.3 por ciento) eran económicamente activas y 14.5 millones (47.7 por ciento) no realizaban alguna actividad económica.2 Estas cifras son profundamente reveladoras y deben encender las alarmas de la juventud en el país, pues casi la mitad de la juventud mexicana permanece fuera de cualquier actividad económica; esto se traduce en que millones de jóvenes no tienen oportunidades reales que les permitan su desarrollo profesional o laboral.
Estas cifras se vuelven más preocupantes cuando se observa que de estos 14.5 millones de jóvenes sin ningún tipo de actividad 43 por ciento tiene entre 20 y 29 años. En cuanto a escolaridad, 39.8 por ciento cuenta con educación básica y 39.0 instrucción formal.
Detrás de estas cifras encontramos una realidad compleja. Preocupa que la mitad de las y los jóvenes desempleados tienen una edad de entre 20 y 29 años, es decir, están desempleados en su etapa de mayor productividad laboral. También la distribución por nivel educativo evidencia un fracaso estructural: aun con estudios de media superior o incluso superior, una parte significativa de la juventud no encuentra oportunidades para emplearse ni para desarrollarse profesionalmente. Que 4 de cada 10 tengan sólo educación básica revela la persistencia de rezagos educativos, pero que uno de cada cinco con estudios universitarios también esté fuera de la economía evidencia la incapacidad de este gobierno para transformar la inversión en educación en empleo digno. Estas cifras advierten de una crisis de talento desperdiciado: jóvenes formados que no encuentran espacio en el sistema productivo, y jóvenes con baja escolaridad que enfrentan una exclusión temprana que perpetuará la desigualdad.
Durante estas últimas dos administraciones, el gobierno de México ha impulsado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre los sectores público, privado y social para ampliar las oportunidades de formación laboral entre los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, y considera todos los niveles de escolaridad. Las y los beneficiarios del programa reciben capacitación en un centro de trabajo de su elección, por un periodo de hasta 12 meses; además, obtienen un apoyo económico mensual y seguro médico a través del IMSS. Lo anterior para que, al finalizar su capacitación, puedan incorporarse al campo laboral.
Sin embargo, los resultados de este programa contrastados con los últimos reportes del Inegi y la OIT muestran grandes contradicciones, por ejemplo en 2023, la Secretaría del Trabajo presumía que 6 de cada 10 jóvenes inscritos en el programa permanecían con trabajos formales, sin embargo,3 por medio de transparencia, de acuerdo con Animal Político, la dependencia había reconocido que sólo 5 por ciento de los beneficiarios conseguía trabajo; para 2024 apenas 1 por ciento de los beneficiarios lograba la oportunidad laboral. 4
Según la Auditoria Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 20205 se encontraron los siguientes resultados de la fiscalización de dicho programa:
• De la revisión de los pagos al IMSS por concepto del servicio del Seguro Médico por participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se determinó que 17,283 personas por las que se realizó el pago al IMSS por un monto de 3,188.7 miles de pesos, de las cuales no se demostró que se capacitaron en un centro de trabajo participante del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y además no se localizaron en el Padrón de beneficiarios de dicho programa.
• Se constató que se realizaron pagos por 351.7 miles de pesos a 38 beneficiarios, 8 que fallecieron en 2019, es decir, antes de las fechas de pago realizadas en el ejercicio 2020, y 30 beneficiarios que fallecieron entre los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2020.
• Se identificaron como becarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a 1,315 beneficiarios que se encontraban estudiando al mismo tiempo que recibieron pagos por 19,604.5 miles de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en incumplimiento de las reglas de operación del programa.
• Se pagaron apoyos por 1,194.8 miles de pesos a beneficiarios que se identificaron como trabajadores en dependencias públicas y empresas privadas durante el mismo periodo de capacitación, por lo que se encontraban trabajando en incumplimiento de las reglas de operación del programa.
• De los pagos entregados a 252 beneficiarios por 2 mil 218.9 miles de pesos se localizaron como Tutores y 106 beneficiarios por mil 538.4 miles de pesos que se localizaron como Representantes en el mismo periodo de capacitación, por lo que se encontraban trabajando en incumplimiento de las reglas de operación del programa.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició en 2019 con un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos. En 2020 se elevó a 3 mil 748, en 2021 a 4 mil 310 y en 2022 a 5 mil 258. Para 2025, el monto de la beca se ha ajustado nuevamente, y ahora equivale al salario mínimo vigente, es decir, 8 mil 480 pesos mensuales. En cuanto al presupuesto, para el ejercicio 2025 se han asignado 24 mil 205 millones de pesos al programa y para 2026 se tienen proyectados 25 mil 173 millones, lo que representa casi 87 por ciento del presupuesto total de la STPS.
Sin embargo, pese a este aumento de recursos, persisten las preocupaciones estructurales: el gobierno no ha fortalecido los mecanismos de control, no ha mantenido reglas de operación estables, ni ha asegurado una supervisión rigurosa para prevenir desvíos o asegurar que realmente se cumpla con la vinculación laboral que se promete.
México Evalúa considera que “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha fallado en acreditar los procedimientos de verificación de los requisitos para ser becario o para los centros de trabajo. Además, no hay métricas, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad de los becarios.” y menciona que “En su caso el Coneval destaca que el diagnóstico sobre el cual se basa el diseño y construcción del programa establece a la exclusión social y laboral como el problema público a enfrentar, una definición demasiado amplia y ambigua. Además, no hay estimaciones ni pronósticos de evolución del problema público que enfrenta y no se considera la existencia de factores económicos de la economía mexicana que pueden afectar la variable de demanda de trabajo, ocasionando una baja generación de empleo”.6
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro según las cifras presentadas demuestran que su diseño no está funcionando y ante la cifra tan alta de desempleo de jóvenes en México es necesario realizar una profunda reflexión sobre el alcance de este programa. El contraste entre las cifras oficiales y la realidad del mercado laboral evidencia que la capacitación por sí sola no garantiza la inserción en empleos formales y de calidad. La falta de mecanismos de seguimiento, la débil vinculación con el sector productivo y las irregularidades detectadas por las instancias fiscalizadoras, muestran la urgencia de replantear su diseño. México necesita políticas de juventud que vayan más allá de la transferencia económica temporal y que construyan verdaderas rutas de empleabilidad, articulando educación, capacitación, sector privado y protección social.
Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a revisar de manera urgente el diseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de garantizar que la capacitación brindada se traduzca en empleos formales y de calidad. Lo anterior, en virtud de la grave crisis de desempleo juvenil reportada por la Organización Internacional del Trabajo, que coloca a México con una tasa de desocupación de 5.9 por ciento, así como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en su informe del primer trimestre de 2024 reveló una tasa de desempleo juvenil de 4.8 por ciento.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y transparencia en el manejo de los recursos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de garantizar que dichos recursos sean utilizados de acuerdo con los objetivos y las metas planteadas.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer la vinculación del programa con los sectores productivos, educativos y sociales, a fin de garantizar que la capacitación responda a las necesidades reales del mercado laboral y contribuya al desarrollo de habilidades prácticas para los jóvenes.
Notas
1 Gobierno de México, Informe de Gobierno (sin fecha). Jóvenes Construyendo el Futuro, https://www.informegobierno.gob.mx/indice/jovenes-construyendo-el-futur o
2 Inegi (7 de agosto de 2025). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2025 [comunicado de prensa], https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Ju ventud.pdf
3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (31 de diciembre de 2024). Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Diario Oficial de la Federación.
4 Animal Político (26 de septiembre de 2025), “Gasto en Jóvenes Construyendo el Futuro, AMLO y menos empleos que con Peña”, https://animalpolitico.com/sociedad/gasto-jovenes-construyendo-futuro-a mlo-menos-empleos-pena
5 http://informe.asf.gob.mx/
6 https://www.mexicoevalua.org/programas-de-subsidios-en-el-pef-2022-la-p ersistente-opacidad/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputada Graciela Ortiz González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Veracruz a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días, Veracruz ha sido escenario de una de las tragedias más devastadoras de los últimos años a causa de las intensas lluvias que provocaron desbordamientos de ríos, deslaves y graves inundaciones en distintas regiones. El fenómeno meteorológico, originado por una depresión tropical y una vaguada en el Golfo de México, generó precipitaciones incesantes que saturaron el suelo, desbordaron ríos como el Cazones y anegaron comunidades enteras. Las imágenes de calles convertidas en corrientes de lodo, viviendas sumergidas y familias intentando rescatar sus pertenencias han conmovido al país, mientras la magnitud del desastre crece con el paso de los días. Municipios del norte y las zonas montañosas del estado quedaron prácticamente incomunicados, sin electricidad ni agua potable, y con sus caminos bloqueados por derrumbes.
De acuerdo con medios como Animal Político, Meganoticias y AVC Noticias, 1 el número de fallecidos en Veracruz asciende ya a 18 personas, mientras que a nivel nacional suman 44 víctimas mortales en los estados más afectados por las lluvias. Las inundaciones impactaron a 69 municipios veracruzanos y dañaron más de 16 mil viviendas. Cerca de 3,155 personas se encuentran en 42 refugios temporales, habilitados por autoridades locales con apoyo limitado de instituciones federales. A esto se suman alrededor de 250 mil usuarios que permanecen sin suministro eléctrico, mientras cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajan en condiciones adversas para restablecer el servicio. Asimismo, más de 25 vías de comunicación presentan daños graves y se han registrado al menos 51 derrumbes, lo que impide el paso de ayuda humanitaria y el traslado de los damnificados.
Los municipios más golpeados son Poza Rica, Álamo Temapache, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, donde el nivel del agua alcanzó zonas urbanas y dejó incomunicadas decenas de comunidades. En algunas localidades, los rescates tuvieron que realizarse en lanchas improvisadas por los propios vecinos, mientras otras zonas continúan sin recibir apoyo debido a la falta de caminos transitables. En medio de la emergencia, los testimonios de la población coinciden en una denuncia constante: la ayuda federal llega con lentitud, y en muchos casos, son los propios habitantes quienes se organizan para repartir víveres, rescatar personas atrapadas y levantar refugios temporales. Videos difundidos en redes sociales muestran a comunidades enteras bloqueando carreteras para exigir atención inmediata, mientras autoridades locales aseguran que los recursos estatales son insuficientes para enfrentar una crisis de esta magnitud.
La desesperación se extiende entre los habitantes de las regiones afectadas. Algunos llevan más de cinco días sin agua ni electricidad, con alimentos escasos y con los caminos cubiertos de lodo. Los servicios de salud se encuentran rebasados y los hospitales han reportado cortes intermitentes de energía, además de la falta de medicamentos básicos. En Poza Rica y Álamo Temapache, vecinos denuncian que los apoyos prometidos por las autoridades federales no han llegado y que los censos para la entrega de ayuda avanzan de manera muy lenta. Mientras tanto, las lluvias continúan y las autoridades meteorológicas advierten que podrían presentarse nuevos frentes lluviosos, lo que aumentaría el riesgo de más deslaves y desbordamientos.
Esta tragedia ha puesto en evidencia no sólo la fuerza destructiva del clima, sino también la debilidad de los mecanismos de respuesta institucional ante emergencias de gran escala. Miles de familias han perdido sus hogares, sus cosechas, su ganado y, en algunos casos, a sus seres queridos. La reconstrucción será lenta y compleja, sobre todo en las comunidades rurales donde las pérdidas materiales equivalen a años de esfuerzo. La ayuda federal, que debería ser inmediata y coordinada, avanza con lentitud burocrática, y en el terreno son las redes vecinales, las iglesias, las asociaciones civiles y la solidaridad ciudadana las que han asumido las tareas urgentes de rescate, alimentación y atención a los damnificados. Veracruz enfrenta hoy una doble tragedia: la que dejan las aguas y la que provoca la ausencia o tardanza del Estado en socorrer a su propia gente. La esperanza, sin embargo, se mantiene viva en la resistencia de quienes, entre el fango y la pérdida, aún se organizan para salvar lo que queda de sus comunidades.
Por lo fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar esquemas de coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal con las de Veracruz y sus municipios, a fin de atender de forma inmediata y eficaz a la población de dicha entidad que resultó afectada ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil a coordinar las acciones de protección civil y asegurar la implementación de los mecanismos de emergencia y atención a desastres naturales en el Estado de Veracruz, de forma prioritaria en Poza Rica, Álamo Temapache, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina a continuar y reforzar las labores de rescate, evacuación, búsqueda de personas desaparecidas y apoyo logístico a las comunidades incomunicadas en Veracruz, en el marco de los planes DN-III-E y Marina, y ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Bienestar, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instaurar de manera urgente los censos de damnificados y garantizar la entrega directa y transparente de apoyos económicos, alimentos y materiales de primera necesidad a las familias afectadas en Veracruz, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a iniciar la rehabilitación inmediata de caminos, carreteras y puentes dañados en Veracruz, garantizando el acceso de ayuda humanitaria y la movilidad de la población, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar brigadas médicas y campañas de vacunación, atención sanitaria y control epidemiológico en las zonas de riesgo, evitando brotes de enfermedades derivadas de las inundaciones y tragedia ocasionada por fenómenos climáticos en Veracruz.
Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las labores necesarias para restablecer y garantizar de inmediato el suministro eléctrico en las zonas afectadas y garantizar el funcionamiento de hospitales, albergues y sistemas de bombeo de agua en Veracruz, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Octavo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar trabajos de desazolve, refuerzo de bordos y monitoreo permanente de los ríos y presas de Veracruz, a fin de prevenir nuevas inundaciones o tragedias ocasionadas por fenómenos climáticos.
Noveno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar y liberar de forma urgente e inmediata recursos presupuestales para la atención de desastres naturales que permitan atender la emergencia sin demoras administrativas a la población de Veracruz afectada por la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Décimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Veracruz, por conducto de la titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las dependencias correspondientes a implantar de inmediato en el ámbito de sus atribuciones acciones coordinadas y efectivas para atender la situación que afecta a la población y el ambiente en la región.
Notas
1 Animal Político, “Lluvias en Veracruz dejan muertos y daños en municipios”, octubre de 2025, https://www.animalpolitico.com/estados/lluvias-veracruz-muertos-danos-m unicipios
2. 2 Meganoticias Veracruz, “Veracruz reporta 18 víctimas mortales tras inundaciones”, 12 de octubre de 2025, https://www.meganoticias.mx/tuxpan/noticia/veracruz-reporta-18-victimas -mortales-tras-inundaciones/672078
3 AVC Noticias Veracruz, “Sube a 18 el número de muertos por lluvias en Veracruz; suman 44 víctimas en cinco estados”, 12 de octubre de 2025, https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/371430
4 MVS Noticias, “Suman 44 fallecidos y graves afectaciones en 139 municipios por lluvias”, 12 de octubre de 2025, https://mvsnoticias.com/nacional/2025/10/12/suman-44-fallecidos-graves- afectaciones-en-139-municipios-por-lluvias-715139.html
5 Pulso SLP, “Cinco muertos y más de 16 mil viviendas dañadas por inundaciones en Veracruz”, 11 de octubre de 2025, https://pulsoslp.com.mx/nacional/cinco-muertos-y-mas-de-16-mil-vivienda s-danadas-por-inundaciones-en-veracruz/1976726
6 Reuters (agencia internacional), “At least 44 people dead after torrential rains in Mexico” 12 de octubre de 2025, https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/least-44-people-d ead-after-torrential-rains-mexico-2025-10-12
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Puebla a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la segunda semana de octubre de 2025, el estado de Puebla enfrentó uno de los episodios más graves de lluvias e inundaciones de los últimos años, provocadas por los remanentes de los sistemas tropicales Priscilla y Raymond, que azotaron el centro y sureste del país con precipitaciones extraordinarias. Las intensas lluvias generaron un desastre de gran magnitud que afectó a decenas de municipios, dejando a miles de personas damnificadas, numerosas viviendas destruidas, comunidades incomunicadas, y una amplia afectación a la infraestructura pública, educativa y de salud. De acuerdo con información confirmada por la Coordinación Nacional de Protección Civil y medios internacionales como la agencia Associated Press, las inundaciones y deslaves ocurridos en Puebla y estados vecinos han causado al menos nueve personas fallecidas en territorio poblano, así como daños severos en caminos, puentes y carreteras de la Sierra Norte y otras regiones del estado.1
El fenómeno meteorológico se caracterizó por lluvias continuas, con acumulaciones superiores a los 200 milímetros en menos de 72 horas en varios municipios del norte y centro de Puebla, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Este exceso de agua provocó el desbordamiento de ríos como el Pantepec, el Nexapa y el San Marcos, cuyas corrientes inundaron viviendas, escuelas y parcelas agrícolas. Los municipios de Xicotepec, Venustiano Carranza, Huauchinango, Tlaola, Zihuateutla, Chignahuapan, Zacatlán y Jalpan, entre otros, registraron afectaciones considerables en infraestructura vial y en servicios básicos. En varios puntos de la Sierra Norte se reportaron derrumbes, deslaves y bloqueos carreteros, que dificultaron el acceso de equipos de rescate y el traslado de víveres y ayuda humanitaria. El Gobierno de Puebla confirmó que al menos 38 personas se encuentran en calidad de no localizadas en las regiones serranas limítrofes con Hidalgo y Veracruz, lo que refleja la magnitud del desastre.
Las lluvias también ocasionaron graves daños en la infraestructura educativa. Según datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 116 escuelas en 46 municipios sufrieron afectaciones estructurales, por lo que las clases fueron suspendidas del 13 al 17 de octubre para más de 16 mil estudiantes, en tanto se evalúan los daños y se implementan medidas de seguridad. En la capital y zonas conurbadas, los anegamientos colapsaron redes de drenaje, arrastraron vehículos y afectaron colonias enteras, especialmente en zonas como Amalucan, La Resurrección y San Sebastián de Aparicio. Asimismo, hospitales comunitarios y centros de salud rurales reportaron interrupciones en su servicio debido a cortes de energía y dificultades para acceder a los caminos principales.
De acuerdo con estimaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, más de 12 mil viviendas presentan distintos niveles de daño, desde filtraciones y pérdida de enseres domésticos hasta destrucción total. En municipios de la Sierra Norte se habilitaron albergues temporales para cientos de familias que tuvieron que abandonar sus hogares ante el riesgo de derrumbes y crecidas de los ríos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los suelos se encontraban saturados por las lluvias acumuladas de semanas anteriores, lo que incrementó la probabilidad de deslaves y colapsos en zonas de ladera. En varias localidades, como en Venustiano Carranza y Pantepec, los cuerpos de emergencia tuvieron que evacuar comunidades completas ante el peligro de que los cauces se desbordaran nuevamente.
Los daños económicos son considerables. Productores agrícolas de café, maíz y frutales en la región de Huauchinango y Zacatlán reportan pérdidas de cosechas superiores al 60%, mientras que los caminos rurales y terracerías quedaron intransitables, afectando la distribución de alimentos y productos básicos. La infraestructura pública también ha sufrido un deterioro importante: se calcula que al menos 50 tramos carreteros y 20 puentes presentan daños parciales o totales. A ello se suman fallas en el suministro eléctrico en al menos 40 comunidades rurales, e interrupciones en los servicios de agua potable y drenaje, lo que incrementa el riesgo sanitario y epidemiológico.
La magnitud del desastre ha puesto en evidencia la vulnerabilidad estructural de amplias zonas del estado de Puebla. Las regiones montañosas y rurales, con altos índices de pobreza y marginación, carecen de infraestructura adecuada para resistir eventos de esta naturaleza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de 58 por ciento de la población poblana vive en condiciones de pobreza, y en los municipios serranos ese porcentaje supera 70 por ciento. Estas condiciones sociales agravan los impactos de los fenómenos naturales, pues muchas familias habitan en zonas de riesgo, en viviendas precarias y sin acceso a servicios básicos que les permitan enfrentar emergencias climáticas.
El cambio climático está intensificando los patrones de precipitación y la frecuencia de eventos extremos, y Puebla no es la excepción. Las lluvias de esta semana no pueden considerarse un hecho aislado, sino parte de una tendencia de incremento en la vulnerabilidad ambiental y social que requiere políticas públicas integrales de prevención, mitigación y adaptación. La deforestación, el crecimiento urbano desordenado, la falta de mantenimiento de presas y drenajes pluviales, así como la ocupación de cauces naturales, son factores que amplifican los daños. La gestión de riesgos no puede limitarse a la respuesta posterior al desastre; debe convertirse en una estrategia permanente de planeación territorial y protección civil.
Por todo lo anterior, resulta urgente que el gobierno de Puebla, en coordinación con la federación y los municipios, despliegue un plan de atención inmediata que priorice la seguridad y bienestar de la población afectada, garantice el suministro de alimentos, agua y servicios básicos, y realice la evaluación precisa de daños para canalizar los recursos necesarios. Al mismo tiempo, se requiere transparencia en el uso de los fondos destinados a la emergencia y una política de reconstrucción que incluya criterios de resiliencia y sustentabilidad. La tragedia que hoy enfrenta Puebla exige una respuesta efectiva, solidaria y responsable de todos los niveles de gobierno, y un compromiso real con las comunidades que lo han perdido todo. No actuar con prontitud y coordinación significaría condenar nuevamente a miles de familias a la precariedad y la desprotección ante futuros desastres.
Por lo fundado y motivado sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar esquemas de coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal con las de Puebla y sus municipios, a fin de atender de forma inmediata y eficaz a la población de dicha entidad que resultó afectada ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil a coordinar las acciones de protección civil y asegurar la implantación de los mecanismos de emergencia y atención a desastres naturales en Puebla, de forma prioritaria en los municipios y las regiones más afectados por la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina a continuar y reforzar las labores de rescate, evacuación, búsqueda de personas desaparecidas y apoyo logístico a las comunidades incomunicadas en Puebla, en el marco de los planes DN-III-E y Marina y ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Bienestar, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instaurar de manera urgente los censos de damnificados y garantizar la entrega directa y transparente de apoyos económicos, alimentos y materiales de primera necesidad a las familias afectadas en Puebla, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a iniciar la rehabilitación inmediata de caminos, carreteras y puentes dañados en Puebla, garantizando el acceso de ayuda humanitaria y la movilidad de la población, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar brigadas médicas y campañas de vacunación, atención sanitaria y control epidemiológico en las zonas de riesgo, evitando brotes de enfermedades derivadas de las inundaciones y tragedia ocasionada por fenómenos climáticos en Puebla.
Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las labores necesarias para restablecer y garantizar de inmediato el suministro eléctrico en las zonas afectadas y garantizar el funcionamiento de hospitales, albergues y sistemas de bombeo de agua en Puebla, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Octavo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar trabajos de desazolve, refuerzo de bordos y monitoreo permanente de los ríos y las presas de Puebla, a fin de prevenir nuevas inundaciones o tragedias ocasionadas por fenómenos climáticos.
Noveno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar y liberar de forma urgente e inmediata recursos presupuestales para la atención de desastres naturales que permitan atender la emergencia sin demoras administrativas a la población de Puebla afectada por la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Décimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Puebla , por conducto del titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las dependencias correspondientes, a implantar de inmediato en el ámbito de sus atribuciones acciones coordinadas y efectivas para atender la situación que afecta a la población y el ambiente en la región.
Notas
Agencia Associated Press (AP News), “Flooding in central and southeast Mexico kills 28, and damages homes and hospitals”, 12 de octubre de 2025.
Reuters, “At least 44 people dead after torrential rains in Mexico”, 12 de octubre de 2025.
El Sol de Puebla, “Lluvias dejan daños en 116 escuelas de Puebla; clases seguirán suspendidas del 13 al 17 de octubre”, 12 de octubre de 2025.
Cabomil Noticias, “Suman 38 personas no localizadas tras lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo”, 12 de octubre de 2025.
Servicio Meteorológico Nacional, Reporte de lluvias intensas por remanentes de Priscilla y Raymond, octubre de 2025.
Comisión Nacional del Agua, Informe hidrometeorológico especial para el centro del país, octubre de 2025.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza estatal 2024: Puebla.
Gobierno de Puebla, comunicados oficiales sobre atención a emergencias e infraestructura educativa afectada por lluvias, octubre de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno del estado de Hidalgo a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante los primeros días de octubre de 2025, el estado de Hidalgo fue uno de los territorios más golpeados por lluvias torrenciales y eventos hidrometeorológicos extremos derivados de los remanentes de las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, provocando inundaciones, deslaves, caída de rocas, bloqueo de caminos y severos daños en infraestructura urbana y rural. Autoridades estatales informaron que al menos 16 personas perdieron la vida a causa de deslaves y desprendimientos de lodo provenientes de cerros en diversos municipios de la Sierra y de la Huasteca hidalguense, mientras que aproximadamente mil viviendas resultaron afectadas en unas 90 comunidades de 17 municipios del estado. En su reporte, el gabinete de seguridad señaló que también se registraron 308 escuelas con daños estructurales o inundadas, así como 59 clínicas y hospitales con afectaciones en su funcionamiento, además de 27 puntos con anegamientos activos, 80 derrumbes o deslaves y cinco puentes severamente impactados por las corrientes intensas de agua. En 17 municipios se reportó la falta de servicio eléctrico a causa del colapso de redes de distribución.
La magnitud de la emergencia se estima aún mayor cuando se considera que fuentes nacionales elevan la cifra de fallecidos en Hidalgo hasta 21 personas, con 43 personas no localizadas, lo cual sitúa al estado como uno de los más golpeados del país en términos humanos. A nivel nacional se reportan más de 64 muertos y 65 desaparecidos por los fenómenos extendidos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y estados vecinos. El estado hidalguense registró afectaciones en al menos 26 municipios, donde muchas comunidades quedaron incomunicadas por cortes de carreteras y derrumbes. De acuerdo con medios que recopilan información de gobiernos estatales y federales, en Hidalgo se dañaron caminos, se perdieron accesos viales a localidades remotas y se activaron 95 albergues para atender a familias desplazadas que debieron abandonar sus hogares ante el riesgo inminente.
Las repercusiones sociales y económicas son profundas. Familias que habitaban zonas de ladera o cercanas a ríos quedaron fuera de sus viviendas y perdieron pertenencias, mientras que el daño a escuelas y centros de salud obliga a suspender clases y servicios de atención médica en comunidades rurales lejos del acceso urbano. La suspensión de clases y la interrupción de servicios esenciales agrava la vulnerabilidad de niños, personas mayores y grupos con menores recursos. Los caminos rurales y puentes destruidos obstaculizan el paso de maquinaria de reconstrucción, víveres y atención médica urgente, extendiendo el aislamiento de zonas afectadas. En municipios como Huejutla, Xóchiatipan, Zacualtipán y otros puntos de la Sierra y de la Huasteca, pobladores denuncian que la respuesta es lenta y que las rutas alternas son insuficientes para atender emergencias posteriores.
La situación en Hidalgo pone en evidencia que muchas comunidades viven en condiciones de precariedad estructural: viviendas construidas con materiales ligeros, deficiente drenaje, ocupación de laderas inestables, falta de infraestructura de protección como muros de contención, drenajes pluviales insuficientes, y abandono progresivo del mantenimiento de caminos rurales y redes eléctricas. Estas debilidades previas amplifican los daños cuando ocurren lluvias extremas. El cambio climático acelera la frecuencia e intensidad de esos eventos, y lo que antes era considerado extraordinario, se vuelve cada vez más probable, obligando a transformar la planeación territorial, la gestión de riesgo y la inversión pública en prevención.
Resulta urgente que el gobierno de Hidalgo, en coordinación con los municipios afectados y con el apoyo técnico y financiero del gobierno federal y las instancias competentes como la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, y otras dependencias, active un plan emergente de atención integral. Este plan debe priorizar el rescate y búsqueda de personas no localizadas, el despliegue de brigadas de apoyo sanitario, agua potable, alimentos y abrigo, la evaluación inmediata de daños en viviendas, escuelas, centros de salud e infraestructura vial, así como la reparación prioritaria de puentes, caminos y rutas de acceso a comunidades aisladas. También es indispensable que se sancionen las acciones intimidatorias o negligentes del uso del suelo que agravan los riesgos, y que los recursos de reconstrucción incluyan criterios de resiliencia para que las obras no queden vulnerables a nuevos eventos. La transparencia en el destino de los recursos, la participación activa de las comunidades afectadas y la rendición de cuentas periódica son condiciones esenciales para que la atención no se quede en promesas.
La tragedia que Hidalgo vive hoy es un llamado urgente para superar la lógica reactiva y pasar a un enfoque de prevención sistemática. No basta con responder después de que el desastre golpea: es indispensable contar con programas permanentes de mitigación, restauración ambiental, ordenamiento territorial con enfoque de riesgo, sistemas de alerta temprana y redes de protección social que fortalezcan la capacidad local de resistencia. Si no actuamos ahora con decisión y visión, nuevamente serán las familias más vulnerables las que cargarán las consecuencias de la omisión y la ausencia institucional.
Por lo fundado y motivado sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar esquemas de coordinación entre las dependencias y las entidades del gobierno federal con las de Hidalgo y sus municipios, a fin de atender de forma inmediata y eficaz a la población de dicha entidad que resultó afectada ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil a coordinar las acciones de protección civil y asegurar la implantación de los mecanismos de emergencia y atención de desastres naturales en Hidalgo, de forma prioritaria en los municipios y las regiones más afectados por la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina a continuar y reforzar las labores de rescate, evacuación, búsqueda de personas desaparecidas y apoyo logístico a las comunidades incomunicadas en Hidalgo, en el marco de los planes DN-III-E y Marina y ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Bienestar, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instaurar de manera urgente los censos de damnificados y garantizar la entrega directa y transparente de apoyos económicos, alimentos y materiales de primera necesidad a las familias afectadas en Hidalgo, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a iniciar la rehabilitación inmediata de caminos, carreteras y puentes dañados en Hidalgo, garantizando el acceso de ayuda humanitaria y la movilidad de la población, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar brigadas médicas y campañas de vacunación, atención sanitaria y control epidemiológico en las zonas de riesgo, evitando brotes de enfermedades derivadas de las inundaciones y tragedia ocasionada por fenómenos climáticos en Hidalgo.
Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las labores necesarias para restablecer y garantizar de inmediato el suministro eléctrico en las zonas afectadas y garantizar el funcionamiento de hospitales, albergues y sistemas de bombeo de agua en Hidalgo, ante la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Octavo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar trabajos de desazolve, refuerzo de bordos y monitoreo permanente de los ríos y las presas de Hidalgo, a fin de prevenir nuevas inundaciones o tragedias ocasionadas por fenómenos climáticos.
Noveno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar y liberar de forma urgente e inmediata recursos presupuestales para la atención de desastres naturales que permitan atender la emergencia sin demoras administrativas a la población de Hidalgo, afectada por la tragedia ocasionada por fenómenos climáticos.
Décimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Hidalgo, por conducto del titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las dependencias correspondientes, a implantar de inmediato en el ámbito de sus atribuciones acciones coordinadas y efectivas para atender la situación que afecta a la población y el ambiente en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)