Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a diseñar y ejecutar campañas nacionales orientadas en promover la incorporación de los empleos informales al sector formal, priorizando acciones de simplificación administrativa, incentivos fiscales y educación financiera, a cargo del diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de la CDMX y del Edomex a implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones, así como un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial durante el actual temporal de lluvias, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a diseñar y ejecutar campañas nacionales orientadas en promover la incorporación de los empleos informales al sector formal, priorizando acciones de simplificación administrativa, incentivos fiscales y educación financiera, a cargo del diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Jesús Roberto Corral Ordóñez, diputado a la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El aumento considerable del empleo informal ha sido sin duda alguna un problema que el Estado mexicano ha tratado de combatir durante mucho tiempo, sin embargo, la diversidad de factores que lo originan y permean su avance es un reto importante durante este gobierno.

Primeramente, hemos de hacer mención de la concepción general de la economía informal: la economía informal se refiere al conjunto de unidades productivas, actividades y trabajos que operan fuera de los marcos legales y de la protección social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que forma parte de la economía de mercado porque produce bienes y servicios legales para vender o intercambiar, pero no está reconocida ni protegida por la legislación; abarca el trabajo informal en empresas no registradas y también fuera de ellas, y excluye tanto a la economía criminal como a las actividades de cuidados no remuneradas.1

Martha Chen y otros expertos de WIEGO amplían esta definición: distinguen entre sector informal (pequeñas empresas no registradas), empleo informal (trabajos sin protección legal o social, incluso en empresas formales) y economía informal , que engloba todas esas unidades, actividades y trabajadores, así como su producción.2

Esta perspectiva reconoce que la informalidad incluye a empleadores, trabajadores por cuenta propia, auxiliares familiares y asalariados sin derechos laborales ni seguridad social,3 y destaca que la informalidad suele surgir tanto por la falta de alternativas en el mercado formal como por la necesidad de subsistencia.

En síntesis, la economía informal comprende un amplio espectro de actividades legales, pero no reguladas ni registradas, donde los actores carecen de reconocimiento jurídico y protección social. Su magnitud y heterogeneidad requieren políticas que consideren tanto la formalización de las unidades económicas como la extensión de derechos laborales y seguridad social a quienes trabajan en ella.

La economía informal engloba a una parte muy importante de la población mundial ocupada y su evolución reciente ha estado marcada por la pandemia:

• Empleo informal global: en 2018 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 61 por ciento de la población ocupada mundial unos 2 mil millones de personas, trabajaba de manera informal y sin acceso a protección social.4

• La incidencia de la informalidad había descendido lentamente hasta 57.8 por ciento en 2019, pero el Covid-19 revirtió esa tendencia: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que en 2022 el empleo informal volvió a subir hasta 58.0 por ciento de la población. La recuperación del mercado laboral tras la pandemia se ha apoyado en gran medida en el sector informal, por lo que la tasa de informalidad de 2022 es 0.2 puntos porcentuales superior a la de 2019.5

• Desigualdades regionales : la informalidad es especialmente alta en los países menos desarrollados, donde en 2022 alcanzó 89.7 por ciento del empleo total.6

• Género y recuperación : la recuperación post-pandemia ha afectado de forma desigual a hombres y mujeres: cuatro de cada cinco empleos creados para mujeres en 2022 (80 por ciento) fueron informales, mientras que para los hombres la proporción fue de dos de cada tres (67 por ciento).7 Esto evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras y la persistente brecha de género en los mercados laborales informales.

• Contribución al PIB : además de su peso en el empleo, la economía informal tiene un impacto notable en la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que en los países de ingresos bajos y medios la economía informal representa alrededor de 33 por ciento del producto interno bruto, mientras que en las economías avanzadas equivale a cerca de 15 por ciento.8

• En México, en 2025, el empleo formal reporta una pérdida de poco más de 800 mil plazas, mientras que el trabajo informal tiene un crecimiento acumulado de 2.2 millones de puestos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).9

En cuanto a los factores que provocan el aumento del empleo informal son los siguientes:

1. El desempleo y los bajos niveles salariales del mercado de trabajo.

2. Aplicación ineficaz y discrecional de las leyes tributarias de parte de los gobiernos.

3. Excesiva reglamentación y exigencia, además de trámites burocráticos complejos.

4. La corrupción generada en diversos momentos. Donde hay mayor corrupción hay mayor actividad económica informal.

5. Falta de políticas y programas enfocados en la incorporación de los empleos generados del sector informal al formal.

6. Una diferencia radical en la generación de empleos formales y el exceso de profesionistas recién egresados de las universidades, con lo que los puestos de trabajo escasean y orillan a los recién egresados a ser mantenidos por sus padres o a generar actividades informales para subsistir.

Específicamente en el caso de nuestro país, los factores arriba mencionados empujan a la fuerza laboral a ocuparse en el empleo informal; el cual está constituido por trabajadores que laboran en micronegocios sin las prestaciones ideales ni la seguridad social o laboral en caso de algún accidente de trabajo o despido injustificado; sin embargo, la mayoría de las actividades de consumo, bienes y servicios son abastecidas por el mercado informal, lo que genera el movimiento y estimulación de la economía local, lo cual es de vital relevancia por su aporte a la economía nacional.

Sin embargo, no podemos ignorar los graves problemas que conlleva tener una economía basada en la informalidad, ya que ésta es una carga directa a la economía formal, asimismo cualquier medición o definición exhaustiva deja en claro que para México existe un fuerte problema de crecimiento del sector informal que ha llevado a la reducción de las clases medias, y ha contribuido al desarrollo de la polarización social y de la marginalidad.

Por lo anterior, consideramos que se vuelve indispensable definir una política laboral generadora de empleos competitivos y bien remunerados, asimismo, se deben crear programas que faciliten el poder formalizar los pequeños y medianos negocios para tener una economía sana, pues es menester coadyuvar principalmente para proteger los derechos de todos los y las trabajadoras mexicanas.

Asimismo, se fortalecerá en gran medida el estado de derecho, con medidas administrativas y legislativas destinadas no a incrementar y aumentar los trámites burocráticos, sino para crear las condiciones en que los trabajadores y empresarios pertenecientes al sector informal realmente reciban una contraparte por el hecho de volcarse al sector oficial de la economía, lo que beneficiará en demasía al sector laboral mexicano.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñe y ejecute campañas nacionales orientadas en promover la incorporación de los empleos informales al sector formal, priorizando acciones de simplificación administrativa, incentivos fiscales y educación financiera.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Cinterfor. (s.f.). Economía informal. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://www.oitcinterfor.org/en/taxonomy/term/1008/all?page=14 oitcinterfor.org.

2 Chen, M. A. (2012). La economía informal: definiciones, teorías y políticas (Documento de trabajo WIEGO N.º 1). Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://www.wiego.org/wp-content/uploads/2019/09/Chen-Informal-Economy- Definitions-WIEGO-WP1-Espanol.pdf wiego.org.

3 Idem

4 International Labour Organization (ILO). (2021). World Social Protection Report 2020 22: Social protection at the crossroads – in pursuit of a better future (temática: Economía informal). Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://wspr.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action?id=5&lang= AR

5 Idem

6 Idem

7 Idem

8 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023: Extended Report – Goal 8 [PDF]. Recuperado el 6 de octubre de 2025, de https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/extended-report/Extended-Report _Goal-8.pdf

9 HERNANDEZ Gerardo; Informalidad laboral registra fuerte repunte; abarca ya a 34 millones de personas; EL ECONOMISTA; 28 de agosto de 2025 consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/capital-humano/informalidad-laboral-rep unta-abarca-34-millones-personas-20250828-774693.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de la CDMX y del Edomex a implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones, así como un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial durante el actual temporal de lluvias, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Emilio Manzanilla Téllez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México a implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones, así como un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial durante el actual temporal de lluvias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses, la zona metropolitana del Valle de México ha enfrentado una de las temporadas de lluvias más intensas y devastadoras de los últimos años.

Las precipitaciones registradas entre junio y agosto de 2025 provocaron graves inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, afectando directamente la movilidad, la seguridad y la economía de millones de personas.

Calles convertidas en ríos, avenidas colapsadas, vehículos varados y estaciones del Metro fuera de servicio se convirtieron en escenas cotidianas para la ciudadanía.

De acuerdo con reportes periodísticos, las lluvias del 3 de junio inundaron completamente la calzada Ignacio Zaragoza, arrastrando automóviles y afectando el servicio de la Línea A del Metro entre Pantitlán y La Paz, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura (Excélsior , 2025; Milenio , 2025).

Posteriormente, la tormenta del 12 de agosto –catalogada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como “atípica e histórica”– provocó la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, anegamientos en avenidas primarias como Viaducto y Periférico, y decenas de hogares dañados en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Azcapotzalco y Coyoacán (Milenio , 2025; N+ , 2025).

Las afectaciones no se limitaron a la capital. En municipios conurbados del Estado de México como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chalco, el desbordamiento de colectores y la falta de mantenimiento de los sistemas pluviales provocaron colapsos viales, interrupciones del transporte público y daños en viviendas.

Según reportes de Protección Civil, se identificaron más de 50 puntos críticos de inundación en la zona metropolitana y alrededor de 600 viviendas con pérdidas materiales (N+ , 2025).

Esta situación ha sido reconocida no como un fenómeno exclusivamente natural, sino como el resultado de una deficiencia estructural acumulada

Expertos y medios de comunicación han señalado que la crisis no es “culpa de Tláloc”, sino de un sistema urbano colapsado por la falta de inversión en drenaje, mantenimiento y planeación metropolitana (El País , 2025).

Los sistemas de desagüe, diseñados para condiciones climáticas de mediados del siglo XX, no soportan el crecimiento poblacional, la expansión urbana ni la mayor intensidad de las lluvias derivada del cambio climático.

A ello se suma otro efecto inmediato de las lluvias: el deterioro de la infraestructura vial.

La presencia de baches y hundimientos se multiplica con cada tormenta, muchos de estos daños quedan ocultos bajo el agua, provocando accidentes, ponchaduras, colisiones y daños mecánicos que repercuten en los bolsillos de las y los ciudadanos.

Reportajes recientes advierten que la Ciudad de México atiende menos de 30 por ciento de los reportes ciudadanos por baches, a pesar de programas de reparación permanente (El País , 2025).

El fenómeno no sólo afecta la movilidad, sino que agrava la percepción de abandono urbano y deterioro del espacio público.

Adicionalmente, durante los primeros diez días de octubre de 2025 no han cesado las precipitaciones en la Ciudad de México y su zona conurbada, lo cual ha amplificado las ya graves condiciones de riesgo.

El 10 de octubre se activaron alertas triples (amarilla, naranja y roja) en varias alcaldías debido a lluvias intensas, particularmente en Iztapalapa y el oriente capitalino, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio en tramos de la Línea A del Metro entre Guelatao y La Paz debido al ingreso de agua a la vía (N+ , 2025; Milenio , 2025).

Asimismo, esa misma noche una tormenta catalogada como “tromba” generó al menos 62 encharcamientos en vialidades de zonas como Zacatépetl, Copilco y Tehuitzco, incluso infiltrándose en viviendas y provocando la demanda de apoyo ciudadano inmediato (La Jornada , 2025).

Tales eventos recientes confirman que las lluvias no son un fenómeno ocasional, sino una carga persistente que golpea diariamente la capacidad de respuesta urbana.

Estas afectaciones locales reafirman la urgencia de la intervención estatal, pues la continuidad del temporal impide recuperaciones intermedias y exacerba los daños acumulados a vialidades, infraestructura hidráulica y al patrimonio de la ciudadanía.

Frente a esta realidad, el deber del Estado es ineludible. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, así como la Ley General de Protección Civil , imponen la obligación de los gobiernos locales de garantizar la seguridad, la integridad física y el bienestar de la población mediante políticas preventivas, acciones de mitigación y mantenimiento de infraestructura básica.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano refuerza este mandato al establecer la responsabilidad de las autoridades en promover la resiliencia y la gestión integral del riesgo.

De igual modo, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de México determinan que el mantenimiento, rehabilitación y operación de la red de drenaje y alcantarillado son servicios públicos de utilidad social cuya omisión puede constituir responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en materia de responsabilidad patrimonial que cuando los daños a los ciudadanos derivan de un funcionamiento irregular o negligente de los servicios públicos, el Estado debe responder en proporción al perjuicio ocasionado.

Ello incluye los casos en que la falta de mantenimiento o previsión cause daños materiales o personales previsibles, como sucede con inundaciones recurrentes o el deterioro de infraestructura vial.

Por tanto, no puede alegarse sorpresa ante un fenómeno cuya recurrencia es ampliamente conocida, ni atribuirlo exclusivamente a la fuerza de la naturaleza, el riesgo es estructural, previsible y gestionable.

El Estado tiene el deber jurídico y moral de anticiparse, mantener su infraestructura, proteger a la ciudadanía y garantizar la movilidad y seguridad urbana.

Ante este contexto, se justifica plenamente que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno del Estado de México a implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones , que contemple acciones preventivas, correctivas y de respuesta inmediata; y a la vez establecer un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial que garantice condiciones seguras de tránsito.

Ambas medidas son indispensables no sólo para reparar los daños actuales, sino para prevenir los futuros, proteger la vida y el patrimonio de las personas, y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

El exhorto aquí planteado busca coadyuvar a que los gobiernos locales asuman con responsabilidad su papel en la protección civil, la planeación urbana y la gestión del riesgo, en cumplimiento de su mandato constitucional y en respeto al principio fundamental de que la seguridad de las personas es una obligación del Estado, no una concesión administrativa .

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México y a la del Gobierno del Estado de México a diseñar e implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones, que incluya medidas preventivas, desazolve de drenajes, limpieza de coladeras, mantenimiento de infraestructura pluvial y protocolos de respuesta inmediata ante emergencias derivadas de lluvias intensas.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México y a la del Gobierno del Estado de México a establecer un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial, especialmente en avenidas principales, vías rápidas y rutas de transporte público, con el fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de las personas usuarias durante las lluvias.

Referencias

- El País . (2025, 10 de agosto). “No es culpa de Tláloc”: Ciudad de México se inunda en un sistema colapsado. El País.

- El País . (2025, 17 de agosto). Ciudad de México: la capital que naufraga entre baches. El País.

- Excélsior . (2025, 3 de junio). Lluvias dejan severas inundaciones hoy en CDMX: sigue rescate de autos en Viaducto. Excélsior.

- Milenio . (2025, 3 de junio). Caos por lluvia en CDMX: calles y zonas afectadas por inundaciones. Milenio .

- Milenio . (2025, 12 de agosto). Lluvia en CDMX: estas son las afectaciones de la lluvia del 12 de agosto. Milenio.

- N+ . (2025, 12 de agosto). Lluvia en CDMX: activan alerta para todas las alcaldías. N+.

- UNAM / N+. (2025, 10 de julio). La UNAM mapea las zonas más propensas a inundaciones en el Valle de México. N+.

- Gobierno de México. (2012). Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.

- Gobierno de México. (1992). Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación.

- Gobierno de la Ciudad de México. (2019). Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de México. Gaceta Oficial CDMX.

- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Responsabilidad patrimonial del Estado. SCJN.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.

Diputado Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica)