Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6896-III-2, martes 14 de octubre de 2025
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la CNPC y a la Secretaría del Bienestar a emitir la declaratoria de desastre natural causado por la presencia de inundación fluvial y lluvia severa del pasado 9 de octubre, en diversos municipios de la Huasteca del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a través del INDEP, a hacer pública la información sobre la recaudación, custodia de bienes y ejercicio de los fondos obtenidos mediante subastas y otros mecanismos, a cargo del diputado Fidel Daniel Chimal García, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS y a la Cofepris a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los medicamentos distribuidos en el sistema de salud público, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para exhortar la SHCP y a la SE a desempeñar mecanismos de apoyo que mitiguen los efectos de la inflación subyacente, en apoyo a las familias, las Mipymes, las mujeres, las y los jóvenes, a cargo de la diputada Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la CNPC y a la Secretaría del Bienestar a emitir la declaratoria de desastre natural causado por la presencia de inundación fluvial y lluvia severa del pasado 9 de octubre, en diversos municipios de la Huasteca del estado de Hidalgo, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados, pertenecientes a esta LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita y publique la Declaratoria de desastre natural causado por la presencia de inundación fluvial y lluvia severa del pasado 9 de octubre, en diversos municipios de la Huasteca del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente
Consideraciones
El pasado 9 de octubre del 2025 fuertes lluvias afectaron a todo el país; tres días de precipitación intensa y constante, azotaron regiones del Estado de Hidalgo, en especial en diversas zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la Huasteca del Estado de Hidalgo, la mayor afectación Tianguistengo y Calnali.
En Huejutla hay pocas familias damnificadas y al menos 4 casas en riesgo por estar en ladera; en Tianguistengo, una de las comunidades más afectadas es Tlacolula; están incomunicadas. Ya se está trabajando con apoyo del Gobierno del Estado, pero al tener muchas comunidades afectadas, está siendo lento el apoyo.
En Yahualica, en Yatipan, se cayó una parte del puente, no la parte del lecho del río, se podría decir que el acceso; asimismo, en Xochiatipan también se cuarteó el acceso al puente principal que deja sin acceso a la cabecera; en Huautla se reporta la caída de un puente en Tamoyón.
Se menciona que en San Felipe se emitió una alerta por aumento de los afluentes, pero hasta el momento no se han afectado casas. Calnali, en Atempa solicitan ayuda por desborde de río afectando familias. En Camotla hay varias familias afectadas. Tizapán, Zacualtipán, hay una familia desaparecida por desgaje de cerro. Tlanchinol, derrumbes en carretera nacional y en caminos a comunidades que los han dejado incomunicados.
De acuerdo a la cuenta de X del medio de comunicación El Sol de Hidalgo , menciona que colapsa puente en Huasca tras intensas lluvias. Este jueves colapsó un puente vial que comunica a las localidades de Magueyes Verdes, Piedra del Agua, Cuesta de Ocotillos y Xúchil, por lo cual se cerró la circulación.1
2
Las intensas lluvias registradas en la Huasteca Hidalguense ocasionaron deslave de piedras, tierra, ramas, así como grandes árboles sobre la carretera federal México-Tampico, ocasionando un bloqueo en ambos carriles; autobuses reportaban hasta más de 24 horas en llegar a su destino.
Por ende, suspendieron corridas en la región debido al deslave y cuarteadura de los dos carriles en la vía México-Tampico, a la altura de Tlaxcango, Lolotla, por lo que no hay paso, asimismo, dejando sin acceso a la localidad de “La Pastora”. En el tramo de San José-Coacuilco, hay personas varadas entre los derrumbes.
De acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Huejutla y de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible de Hidalgo, enviarán maquinaria pesada y se realizará la limpieza de la cinta asfáltica y el retiro de las piedras, pero esto no es suficiente; se necesita del apoyo del Gobierno federal para ayudar más rápido y habilitar las vías de comunicación.
Por las condiciones de la zona, que está tan remojada que ocasiona más deslaves y afectaciones a las viviendas de las familias que habitan en la Huasteca; doce viviendas afectadas van hasta el corte del día 9 de octubre a las 18:26 horas.
Las afectaciones por las intensas lluvias en el Estado de Hidalgo afectaron la comunidad de Camotla, donde las familias tomaron la decisión de pernoctar con sus parientes ante el peligro que pudiera ocasionarles por el reblandecimiento de la tierra, informaron autoridades de la zona.
Asimismo, se reporta que las comunidades de Atempa, Tula y Chontla se encuentran sin acceso carretero por los derrumbes de enormes piedras, tierra y ramas de árboles, lo que impide la circulación de todo tipo de vehículos por este punto de la Sierra Alta que conecta con la Huasteca Hidalguense.
Por lo antes expuesto, ante la magnitud del desastre natural por las intensas lluvias en el Estado de Hidalgo, especialmente en la zona de la Huasteca y sierra del Estado de Hidalgo, urge la intervención del Gobierno federal para salvaguardar la vida de las familias de la Huasteca y habilitar caminos y puentes de la región; asimismo, instalar albergues y abastecer de víveres y ropa para los afectados mientras se rehabilitan sus hogares y dotar de presupuesto al Estado de Hidalgo para apoyar a las familias afectadas.
Es inoperante solicitar la emisión de la declaratoria de desastre natural en las diversas zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la Huasteca del Estado de Hidalgo, aplicable en la Ley General de Protección Civil, con ello facilitaría el acceso a los recursos para la atención de los desastres naturales:
“Artículo 60. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales”.3
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita y publique la declaratoria de desastre natural causado por la presencia de inundación fluvial y lluvia severa del pasado 9 de octubre, en diversos municipios de la Huasteca del Estado de Hidalgo.
Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría del Bienestar, instrumenten las medidas de seguridad inmediatas que les competen, a fin de proteger la vida de las familias de la Huasteca hidalguense y sus bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Notas:
1. Máximo Pérez, 2025, El sol de Hidalgo, Colapsa
puente en la huasteca, @ESoldeHgo, consultado en la pagina Web:
https://x.com/ElSoldeHgo/status/1976424646691127467?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1976424646691127467%7Ctwgr%5Ede13d057124e265ac71585d4f1842ea16244a4d4%7Ctwcon%
5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foem.com.mx%2Felsoldehidalgo%2Flocal%2Fdeslaves-evacuacion-de
-familias-y-comunidades-sin-acceso-afectaciones-por-temporal-de-lluvias-en-hidalgo-26203381
2. Lop. Cit. https://x.com/ElSoldeHgo/status/
1976424646691127467?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976424646691127467%7
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-acceso-afectaciones-por-temporal-de-lluvias-en-hidalgo-26203381
3. Ley General de Protección Civil, Última Reforma DOF 21-12-2023, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, Camara de Diputados, Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios artículo 60, pag 24, consutado en la pagina web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre de 2025.
Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a través del INDEP, a hacer pública la información sobre la recaudación, custodia de bienes y ejercicio de los fondos obtenidos mediante subastas y otros mecanismos, a cargo del diputado Fidel Daniel Chimal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Fidel Daniel Chimal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente, proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) a hacer pública y detallada información sobre la recaudación, custodia de bienes y ejercicio de los fondos obtenidos mediantes subastas y otros mecanismos, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto por el que se expide la Ley del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2021. Entre sus atribuciones esenciales se encuentra la de administrar y enajenar los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales y de extinción de dominio que le sean conferidos, destinando los recursos obtenidos a programas y acciones de beneficio social1 .
El INDEP sustituyó al extinto Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) con la intención de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan transformar los bienes confiscados en recursos tangibles que mejoren la calidad de vida de la población, especialmente en comunidades marginadas. Sin embargo, a lo largo de su operación, este instituto ha enfrentado retos significativos en materia de transparencia, control interno y rendición de cuentas, lo cual ha generado inquietudes tanto en la ciudadanía como en esta soberanía2 .
Este Poder Legislativo y la sociedad en general han manifestado su preocupación ante la opacidad en el manejo de los recursos financieros generados por las subastas y enajenaciones realizadas por el INDEP3 . Si bien se conocen cifras generales de recaudación4 , no existe un desglose claro y accesible que permita conocer:
• El monto exacto recaudado por cada subasta o proceso de enajenación específico.
• El rubro o destino específico al que se han canalizado dichos recursos (e.g. (por ejemplo), salud, educación, infraestructura social, programas específicos).
• Los criterios de asignación utilizados para determinar dicho destino.
• Las instituciones o dependencias beneficiarias (federales o estatales) que han recibido los fondos.
• Los informes de avance y resultados de los programas y acciones en los que se han ejercido estos recursos, que demuestren el beneficio social efectivo.
Cabe destacar que, en septiembre de 2020, el entonces director del INDEP, Jaime Cárdenas, renunció a su cargo denunciando irregularidades internas, como mutilación de joyas, procedimientos de evaluación deficientes y contratos que favorecen intereses particulares , lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y auditoría 5 . A pesar de los cambios en la dirección del Instituto, incluyendo el nombramiento de la arquitecta y ex senadora Mónica Fernández Balboa 6 como titular, persisten dudas sobre la eficacia de las medidas implementadas para garantizar un manejo transparente y eficiente de los bienes y recursos administrados.
La transparencia y la rendición de cuentas son principios rectores de la función pública, consagrados a un rango constitucional y obligan a todos los entes del Estado, incluido el INDEP, a hacer pública toda información de interés general y a garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía para el buen funcionamiento de nuestra democracia.
El marco jurídico vigente, particularmente el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos y partidos políticos, están obligados a poner a disposición del público la información relativa a sus funciones, presupuestos y ejercicio de recursos públicos.
La opacidad en torno al manejo y destino de los fondos recaudados por el INDEP no solo contraviene este mandato, sino que también debilita la confianza ciudadana y limita el escrutinio legislativo.
En un contexto donde la confianza en las instituciones públicas es un activo indispensable para la gobernabilidad democrática, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el INDEP es una obligación ética y jurídica. Esta Cámara de Diputados, en su función de control parlamentario, tiene la responsabilidad de supervisar el destino de los recursos públicos, velando por que sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo de la población.
Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que someto a consideración de esta asamblea la siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, a que a través de la Titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, haga pública y de manera detallada, la información relativa a la recaudación, custodia de bienes y ejercicio de los fondos obtenidos mediante subastas y otros mecanismos a su cargo.
Notas:
1. Gobierno de México. “Oficial, el nombre Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP”, 22 de enero de 2020. Ver en: https://www.gob.mx/indep/prensa/oficial-el-nombre-instituto-para-devolv er-al-pueblo-lo-robado-indep
2. Darío Brooks. BBC News Mundo.“AMLO: qué es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que instauró el presidente de México”. 23 de mayo de 2025. Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48374340
3. Cesar Méndez. Fuerza Informativa Azteca. “El elefante blanco que devora el presupuesto: La opacidad del INDEP”. 15 de agosto de 2025. Ver en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/el-gran-fraude-del-indep-miles- millones-en-opacidad-y-perdidas
4. Aristegui Noticias. “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado alcanza ventas de casi 41 MDP”. 8 de agosto de 2025. Ver en: https://aristeguinoticias.com/0808/mexico/instituto-para-devolver-al-pu eblo-lo-robado-alcanza-ventas-de-casi-41-mdp/
5. El Universal. “Exdirector del Indep denunció “mutilación de joyas” a subasta ante la FGR”. 22 de septiembre de 2020. Redaccion. Ver en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/exdirector-del-indep-denuncio-mut ilacion-de-joyas-subasta-ante-la-fgr/
6. Rodrigo Gutierrez. Frojimx. “El patrimonio fantasma de la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”. 14 de julio de 2025. Ver en: https://froji.mx/monica-fernandez-indep-patrimonio-fantasma
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre del 2025.
Diputado Fidel Daniel Chimal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS y a la Cofepris a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los medicamentos distribuidos en el sistema de salud público, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El que subscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El derecho a la protección de la salud está reconocido en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho derecho implica la obligación indeclinable del Estado mexicano de garantizar que todas las personas tengan acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, particularmente a través de las instituciones del sistema público de salud, de las cuales depende la gran mayoría de la población.
Específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que todas las personas tengan acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, particularmente a través de las instituciones del sistema público de salud, de las cuales depende la mayoría de la población.
La Ley General de Salud, el marco regulatorio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de farmacovigilancia establecen la obligación de garantizar que los medicamentos que llegan a la población cumplan con estándares de seguridad, eficacia y calidad. Sin embargo, la falta de supervisión estricta y la debilidad en los mecanismos de control han permitido vacíos que deben atenderse con carácter de urgencia.
En los últimos años se han documentado múltiples problemas relacionados con el abasto y la distribución de medicamentos en el sector público, incluyendo adquisiciones irregulares, compras consolidadas fallidas y la presencia de insumos que no cumplen con las normas de calidad establecidas. Estas deficiencias no sólo generan riesgos sanitarios directos a la población, sino que incrementan la desconfianza ciudadana en el sistema público de salud y constituyen un retroceso en los esfuerzos por garantizar acceso equitativo y seguro a los tratamientos médicos.
Un ejemplo de ello fue cuando el gobierno mexicano, a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), toleró a la empresa farmacéutica de origen cubano Neuronic una serie de anomalías en la producción, venta y reparto de medicamentos. La propia Cofepris emitió un reporte en el cual señaló que 10 lotes no cumplieron con las pruebas de variación de volumen, lo que constituye un problema de calidad en su fabricación. A pesar de esta observación, Birmex pagó a la empresa Neuronic Mexicana, S.A. de C.V., un monto de 15 millones 390 mil 800 pesos por dichos lotes, sin que éstos fueran rechazados por los defectos de calidad.
De igual forma, el caso del medicamento Dapoza, para la diabetes tipo 2, evidenció irregularidades graves: Cofepris emitió un comunicado sobre su comercialización ilegal y posteriormente se denunció que estaba siendo distribuido en hospitales del IMSS. Aunque la autoridad aseguró que se trataba de una medida temporal y que el producto estaba certificado por agencias regulatorias internacionales, se comprobó que tales afirmaciones eran falsas. El producto no contaba con certificación internacional vigente y presentaba información fraudulenta en su etiquetado.
Más recientemente, la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre la falsificación de medicamentos oncológicos de Bristol-Myers Squibb (Opdivo), empleados para el tratamiento del cáncer. Se documentó que estos productos adulterados fueron distribuidos en hospitales y que al menos un paciente perdió la vida tras su aplicación. El caso evidenció nuevamente la vulnerabilidad de la cadena de suministro y los riesgos mortales derivados de la circulación de medicamentos pirata.
Asimismo, se ha anunciado que el IMSS-Bienestar comienza a implementar un medicamento cubano para el tratamiento del pie diabético, una de las complicaciones más serias de la diabetes que con frecuencia lleva a amputaciones. Este fármaco, según se informó, promete regeneración de tejidos. Sin embargo, su incorporación plantea interrogantes respecto a la transparencia en los procesos de aprobación, certificación y vigilancia sanitaria, más aún considerando los antecedentes de medicamentos de origen cubano que han sido cuestionados por deficiencias de calidad y trazabilidad.
Estos casos evidencian un problema estructural: medicamentos distribuidos en hospitales y clínicas públicas carecen de trazabilidad adecuada, presentan deficiencias en su almacenamiento o incluso existen reportes de productos apócrifos que logran incorporarse a las cadenas de suministro. Tales hechos vulneran gravemente la seguridad de los pacientes y ponen en duda la legalidad de los procesos de adquisición y distribución, así como la confianza de la ciudadanía en las instituciones de salud.
En este sentido, resulta indispensable reforzar la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de establecer medidas inmediatas que aseguren la integridad de la cadena de suministro, la aplicación estricta de las normas sanitarias y la transparencia en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos.
Garantizar la calidad, seguridad y legalidad de los medicamentos no es únicamente una obligación normativa, sino una exigencia ética y social que impacta directamente en la vida y la salud de millones de mexicanas y mexicanos.
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los medicamentos distribuidos en el sistema de salud público.
Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reforzar los mecanismos de supervisión, control y farmacovigilancia en toda la cadena de suministro, en beneficio de la salud y la vida de la población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar la SHCP y a la SE a desempeñar mecanismos de apoyo que mitiguen los efectos de la inflación subyacente, en apoyo a las familias, las Mipymes, las mujeres, las y los jóvenes, a cargo de la diputada Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La inflación subyacente se erige como uno de los principales y más fiables indicadores para evaluar la estabilidad económica de fondo de un país. A diferencia de la inflación general, que puede verse distorsionada por volatilidades extremas, la subyacente refleja la tendencia de mediano y largo plazo de los precios al eliminar de su cálculo los factores externos, principalmente los productos agropecuarios (sujetos a factores climáticos y estacionales) y los energéticos (impactados por la geopolítica y los mercados internacionales). Esta delimitación le permite al gobierno y a la ciudadanía discernir entre choques temporales y presiones inflacionarias más arraigadas y preocupantes.
Durante los últimos años, México, al igual que muchas economías a nivel global, ha experimentado episodios de inflación elevada que han impactado de manera directa y severa en el poder adquisitivo de la población. Este fenómeno no es un simple dato estadístico; se traduce en una erosión constante de los ingresos familiares, donde el mismo salario alcanza para comprar menos bienes y servicios básicos. Esta dinámica no solo compromete el bien común inmediato de los hogares, especialmente de los segmentos marginales, sino que también dificulta la planeación financiera a futuro, tanto para las familias que buscan ahorrar o invertir, como para las empresas que deben definir presupuestos y proyectar inversiones de largo plazo en un entorno de costos inciertos.
Esta problema representa un reto de primer orden para la conducción macroeconómica, ya que indica que las causas de la inflación van más allá de factores temporales. Dicha situación es el resultado de una combinación compleja de factores: por un lado, las disrupciones en las cadenas globales de suministro heredadas de la pandemia y agravadas por conflictos geopolíticos, los incrementos en los costos de transporte marítimo y terrestre, y la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas.
Por otro lado, estas presiones externas se han combinado con dinámicas internas igualmente relevantes, como presiones de costos en sectores clave como los alimentos procesados, y un incremento sostenido en los precios de los servicios, lo que mantiene un nivel inflacionario que castiga particularmente a la clase media y a los grupos socioeconómicos más vulnerables, quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo de productos esenciales.
Sin embargo, es un error analizar este fenómeno únicamente desde la perspectiva monetaria, atribuyéndole la responsabilidad total al Banco de México y a la tasa de interés. Si bien la política monetaria es una herramienta fundamental, también es indispensable comprender y atacar los elementos estructurales que alimentan la inflación subyacente. Entre estos se encuentran desafíos de larga data como la baja productividad de amplios sectores de la economía, los insuficientes niveles de inversión pública y privada, las limitaciones en las políticas de competencia económica que permiten prácticas oligopólicas en algunos mercados, las deficiencias en la capacidad logística nacional de abasto y distribución de bienes (lo que encarece los productos finales), y la falta de una coordinación más eficaz de políticas públicas entre los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que permita desmantelar cuellos de botella regulatorios y de infraestructura.
El impacto acumulativo de una inflación subyacente alta y persistente en la economía nacional es multifacético y profundamente dañino. Se refleja, en primer lugar, en la pérdida continua del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera un círculo vicioso de menor consumo y demanda interna. En segundo término, reduce la capacidad de ahorro y sobreendeuda a las familias. Finalmente, introduce una gran incertidumbre que dificulta a las empresas planear inversiones de largo plazo, frenando así el crecimiento económico y la generación de empleos formales. En este contexto, la ausencia de un diagnóstico público, transparente, integral y puntual sobre las causas específicas y las medidas de control implementadas limita severamente la capacidad de la ciudadanía, los académicos, los sectores productivos y los propios legisladores para evaluar con rigor la eficacia de las políticas económicas en curso y demandar ajustes necesarios.
Por lo tanto, es una obligación fundamental del Estado garantizar condiciones de certidumbre y transparencia en la conducción de la política económica. La rendición de cuentas exhaustiva sobre los factores que explican el comportamiento de la inflación subyacente y las estrategias específicas adoptadas por las distintas dependencias para enfrentarla constituye una herramienta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, asegurar la estabilidad financiera y, en última instancia, proteger la economía de los hogares mexicanos. Asimismo, la coordinación estratégica y operativa entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía y el Banco de México es clave para asegurar un enfoque de “todo el gobierno”, donde las políticas fiscales, comerciales, regulatorias y monetarias actúen de manera complementaria y sinérgica, evitando contradicciones o medidas aisladas que, sin querer, puedan profundizar las presiones inflacionarias.
En consecuencia, la presente proposición tiene como finalidad central exigir que las autoridades económicas responsables rindan un informe detallado y periódico ante el Poder Legislativo y la sociedad. Dicho informe debe desglosar de manera clara: 1) las causas identificadas de la inflación subyacente, diferenciando entre factores externos e internos y estructurales; 2) las medidas de política monetaria, fiscal y regulatoria que se han implementado para su control; y 3) los resultados cuantitativos y cualitativos observados hasta la fecha. Este ejercicio de transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio indispensable para mejorar la toma de decisiones con base en evidencia, fomentar un debate público informado y, sobre todo, garantizar una adecuada protección del poder adquisitivo de la población, que es la base de la justicia social y la prosperidad económica nacional.
De acuerdo con información y cifras del INEGI, en agosto de 2025 la inflación general en México registró un incremento anual de 3.57 por ciento, ligeramente por encima del 3.51 por ciento observado en julio. Si bien este nivel se encuentra dentro del rango objetivo del Banco de México, la inflación subyacente que excluye bienes y servicios de alta volatilidad se mantuvo elevada en 4.23 por ciento anual, reflejando presiones persistentes en los precios de bienes y servicios de consumo cotidiano. En particular, las mercancías mostraron un aumento de 4.05 por ciento y los servicios de 4.40 por ciento, lo que revela una rigidez en estos componentes que afecta directamente el presupuesto de los hogares.
Por su parte, la inflación no subyacente se ubicó en 1.38 por ciento anual. Dentro de este rubro, los productos agropecuarios registraron una variación de 1.21 por ciento y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 1.51 por ciento. Cabe destacar que frutas y verduras tuvieron una reducción anual significativa de 8.04 por ciento, lo que contribuyó a moderar parcialmente el índice general. No obstante, varios productos de alta incidencia en la canasta de consumo, como la carne de res, el tomate verde, el chile serrano, la vivienda propia y los servicios de loncherías y fondas, experimentaron aumentos relevantes en sus precios, presionando el gasto cotidiano de las familias.
Si bien la moderación de la inflación no subyacente ha contenido parte de las presiones, el comportamiento de la inflación subyacente por encima del 4 por ciento anual demuestra que persisten riesgos estructurales en el mercado interno. La continuidad de estas presiones erosiona el poder adquisitivo de los hogares, limita la capacidad de ahorro y afecta de manera directa la calidad de vida de millones de personas.
En este contexto, resulta indispensable que el Gobierno implemente mecanismos de apoyo dirigidos a mitigar los impactos de la inflación subyacente, mediante políticas públicas coordinadas que no solo atiendan los síntomas inmediatos, sino que promuevan un desarrollo económico más equitativo y sostenible. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 68.0 por ciento del empleo en el país y además aportan el 52.0 por ciento al PIB son particularmente sensibles al incremento de costos de insumos y servicios, lo que compromete su viabilidad y limita su capacidad de generar nuevos puestos de trabajo.
De ahí la necesidad de establecer programas de apoyo específicos, acompañados de incentivos fiscales temporales, que favorezcan la contratación de jóvenes y mujeres, sectores que enfrentan tasas más elevadas de desempleo y subempleo. Estas medidas contribuirán no solo a compensar los efectos adversos de la inflación subyacente en la economía familiar, sino también a fomentar la inclusión productiva y la equidad de género en el mercado laboral.
Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, para que, previa consulta con el Banco de México, promuevan reformas legales para reducir el impacto de la inflación subyacente en los precios de bienes y servicios básicos; y para impulsar el poder adquisitivo de los hogares, a fin de fortalecer la economía de las familias mexicanas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen e implementen programas de apoyo, aunado a incentivos fiscales temporales y mecanismos de apoyo para la contratación de jóvenes y mujeres, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación subyacente en la economía familiar y en el mercado laboral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2025.
Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)