Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las titulares de la Semarnat, de la SE y de la Sader, en el ámbito de sus atribuciones, a implementar una atención integral urgente a la crisis productiva y social del Alto Golfo de California, de manera particular en las comunidades pesqueras de San Felipe, mediante programas compensatorios y de alternativas productivas por las estrictas regulaciones establecidas para la conservación de especies en peligro de extinción, así como la comercialización justa y equitativa de totoaba de granja, priorizando a las comunidades locales y a las instituciones públicas que han financiado la investigación y repoblamiento de la especie, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente, y con pleno respeto a la autonomía universitaria, al rector de la UNAM a fortalecer el programa de atención psicológica y las acciones de salud mental, así como a reforzar los mecanismos de seguridad en los planteles, en coordinación con el gobierno de México, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las titulares de la Semarnat, de la SE y de la Sader, en el ámbito de sus atribuciones, a implementar una atención integral urgente a la crisis productiva y social del Alto Golfo de California, de manera particular en las comunidades pesqueras de San Felipe, mediante programas compensatorios y de alternativas productivas por las estrictas regulaciones establecidas para la conservación de especies en peligro de extinción, así como la comercialización justa y equitativa de totoaba de granja, priorizando a las comunidades locales y a las instituciones públicas que han financiado la investigación y repoblamiento de la especie, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Crisis económica de San Felipe

San Felipe, elevado a municipio libre en enero de 2022 y con una población aproximada de 20 mil habitantes –de los cuales cerca de 17 mil se concentran en la cabecera–, atraviesa una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia reciente.

Las restricciones pesqueras impuestas en el Alto Golfo de California como parte de las medidas para proteger a la vaquita marina han limitado o anulado la principal actividad productiva de la región: la pesca ribereña. Esto ha golpeado de manera directa a las cooperativas, organizaciones y familias que por generaciones han dependido del mar para subsistir, y de manera indirecta ha afectado también a sectores vinculados como el turismo gastronómico, de playa y de pesca deportiva, cuya afluencia ha disminuido drásticamente ante la falta de producto, servicios y certidumbre.

La situación se suma al cierre de la actividad minera, que en su momento llegó a representar una alternativa laboral frente a las restricciones pesqueras. En este contexto de pérdida de fuentes de trabajo, la economía local quedó reducida a un esquema frágil y dependiente del turismo, que por su propia naturaleza es estacional y vulnerable a la percepción de inseguridad. Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso promedio por hogar en el municipio ha caído en más de un tercio en la última década, y la falta de oportunidades ha provocado un incremento en la informalidad, el desempleo y la migración de jóvenes hacia Mexicali, Ensenada e incluso Estados Unidos de América (EUA).

A la contracción productiva se suman los efectos del cierre progresivo de comercios pequeños, particularmente restaurantes, hoteles de playa y servicios vinculados al turismo, incapaces de sostener sus operaciones ante la caída en la demanda de servicios. Reportes periodísticos y locales señalan que incluso aquellos negocios que permanecen abiertos enfrentan serias amenazas a su estabilidad por motivo de la inseguridad, lo que desincentiva la inversión y multiplica la vulnerabilidad económica de las familias.

En materia de seguridad pública, las estadísticas oficiales revelan una tendencia preocupante. Desde su reconocimiento como municipio en 2022, San Felipe comenzó a registrar de manera independiente los delitos de alto impacto, y si bien el número absoluto de casos es menor al de municipios más grandes, la tasa de homicidios por habitante se encuentra entre las más elevadas de Baja California. A ello se suman aumentos sostenidos en delitos como robo a comercio, amenazas y violencia familiar, que impactan directamente en el tejido social. La combinación de pobreza creciente, desempleo, cierre de actividades económicas y aumento en la criminalidad ha colocado a la población de San Felipe en un estado de vulnerabilidad extrema.

En síntesis, el municipio enfrenta un círculo vicioso: las restricciones ambientales sin acompañamiento de políticas compensatorias reducen los ingresos de las familias; la falta de oportunidades propicia informalidad, migración y delincuencia; la percepción de inseguridad desincentiva el turismo y la inversión; y el cierre de comercios disminuye aún más la oferta de empleos y servicios.

En este contexto, resulta impostergable que las medidas de conservación ambiental se acompañen de programas integrales de compensación y reconversión productiva, con financiamiento identificado, metas verificables y una planeación estratégica que coloque en el centro el bienestar de las comunidades locales.

II. Restricciones a la pesca ribereña: efectos económicos y sociales

Las comunidades ribereñas de San Felipe han visto limitada o cancelada su actividad productiva a raíz del endurecimiento progresivo de las medidas de protección ambiental en el Alto Golfo de California. Históricamente, la pesca ha sido el motor económico de la región: se estima que en San Felipe alrededor de 60 por ciento de la población económicamente activa ha estado vinculada directa o indirectamente a la pesca ribereña, ya sea como pescadores, trabajadores en cooperativas, comercializadores o prestadores de servicios derivados como transporte, restaurantes y turismo de pesca deportiva.

Durante décadas llegaron a operar más de 40 cooperativas y federaciones pesqueras registradas, que garantizaban empleo e ingresos a miles de familias. Sin embargo, los cierres, la falta de permisos y la imposibilidad de acceder a zonas de captura han reducido drásticamente su número, provocando la desaparición de muchas de estas organizaciones.

La consecuencia ha sido la disminución drástica de la pesca legal y formal, lo que abrió la puerta al crecimiento de la pesca furtiva e ilegal. La alta rentabilidad del tráfico de buche de totoaba –cuya demanda en mercados asiáticos lo convierte en un producto más caro que el oro por kilogramo– ha incentivado la operación de redes criminales trasnacionales, que aprovechan el vacío económico en las comunidades y la insuficiencia de la vigilancia para imponer su control.

El contraste es dramático: mientras los pescadores organizados ven restringida o cancelada su actividad legal, las bandas dedicadas a la pesca ilegal han incrementado su presencia, con consecuencias negativas no sólo para la totoaba y la vaquita marina, sino también para la seguridad de las comunidades locales.

El retiro de redes y artes de pesca prohibidos por parte de la Armada de México, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y organizaciones como Sea Shepherd ha evidenciado la magnitud del problema: miles de metros de redes ilegales son extraídas cada año de la zona, reflejo de la intensidad de la actividad furtiva. Así, la región enfrenta una paradoja: a mayor número de restricciones, menor margen para la pesca formal, pero mayor rentabilidad y expansión de la pesca ilegal . Esta situación ha provocado un colapso económico para los pescadores legales y un fortalecimiento de las estructuras criminales que controlan el tráfico de especies en peligro, debilitando el tejido social y aumentando la percepción de inseguridad en San Felipe y las comunidades aledañas.

En suma, la política pública aplicada en el Alto Golfo ha tenido un fuerte efecto asimétrico: ha restringido severamente las actividades de los pescadores legales, ha contribuido al cierre de cooperativas con décadas de historia y ha dejado a miles de familias sin sustento, mientras que la pesca furtiva se ha expandido con impunidad, convirtiéndose en una amenaza tanto para la biodiversidad como para la paz social de la región.

III. Antecedentes históricos y fundamento de las vedas

1. Crisis de la totoaba y cierre de la pesquería (1975).

La totoaba (Totoaba macdonaldi) es endémica del Golfo de California. México cerró la pesquería en 1975 por sobreexplotación y colapso poblacional; la especie fue incluida en CITES Apéndice I poco después, restringiendo el comercio internacional. Estos hitos son la base histórica de la veda indefinida y de los esquemas de conservación posteriores.

2. Protección ecosistémica del Alto Golfo.

El 10 de junio de 1993 se decretó el Área Natural Protegida “Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”, abarcando aguas de Mexicali (BC) y Sonora, y constituyendo el paraguas jurídico-territorial para las medidas específicas sobre vaquita y artes de pesca.

3. Refugio para la Vaquita (2005) y su Programa (2005).

En 2005 se estableció el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita (Phocoena sinus) y, meses después, su Programa de Protección; esto formalizó el polígono, las restricciones y la gobernanza de inspección y vigilancia.

4. Prohibiciones a redes y escalamiento regulatorio (2015–2020).

En 2015 se decretó la suspensión temporal del uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en el norte del Golfo; en 2017 se prohibieron permanentemente las redes de enmalle (agalleras) para embarcaciones menores; y en 2020 se emitió un Acuerdo integral que reguló artes y métodos para embarcaciones menores y mayores, creó y operacionalizó la Zona de Tolerancia Cero (ZTA) y fortaleció la coordinación con SEMAR para la aplicación y vigilancia.

5. Contexto internacional y técnico.

Órganos científicos (CIRVA/IMMA) y agencias como NOAA señalan que la mortalidad por redes (principalmente por pesca ilegal de totoaba) es la amenaza crítica para la vaquita, justificando la eliminación de redes dentro de su rango y el establecimiento de la ZTA.

Síntesis: las vedas y restricciones tienen base técnica y jurídica robusta, pero su implementación sin medidas compensatorias suficientes detonó un impacto socioeconómico severo en comunidades históricamente pesqueras del Alto Golfo.

IV. Alternativas productivas y trazabilidad: pesca controlada, acuacultura de escama y bivalvos

La crisis en la actividad pesquera de San Felipe ha alcanzado niveles alarmantes, con miles de familias privadas de su sustento histórico y con una economía local debilitada. Este escenario demanda con urgencia el apoyo coordinado de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar proyectos productivos alternativos e innovadores que permitan detonar nuevamente la pesca y el turismo, garantizando tanto la sustentabilidad ambiental como la justicia social.

Entre las alternativas más viables se encuentran el desarrollo de la acuacultura de alto valor agregado y la pesca deportiva regulada, actividades que pueden diversificar los ingresos de las comunidades, reducir la presión sobre las especies en veda y convertir al Alto Golfo de California en un referente internacional de aprovechamiento sustentable.

En este sentido, diversos estudios técnicos y científicos han señalado que el Mar de Cortés se encuentra satisfactoriamente repoblado de totoaba, resultado de décadas de veda y de los programas de repoblamiento impulsados por instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y por autoridades ambientales. El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) ha documentado la viabilidad biológica de considerar en el mediano plazo la apertura gradual y controlada de la pesca de totoaba, una especie de altísimo valor comercial en los mercados nacionales e internacionales.

Bajo esquemas de monitoreo, cuotas anuales y trazabilidad digital, esta especie podría convertirse en un motor económico regulado, reduciendo los incentivos de la pesca ilegal y trasladando los beneficios directamente a las comunidades pesqueras que hoy enfrentan pobreza y exclusión.

a) Pesca controlada

La exploración de permisos especiales para pesca de baja escala y alto control representa una opción viable siempre que se implemente bajo un diseño robusto: cuotas estrictas, monitoreo satelital de embarcaciones menores, sitios de desembarque autorizados y mecanismos de trazabilidad digital que aseguren el origen legal del producto. El marco normativo vigente desde 2017 y reforzado en 2020 ya establece las bases para estas medidas, incluyendo la verificación en campo y el control de las artes de pesca. Lo que se requiere ahora es traducir esa experiencia en un piloto social supervisado, con evaluación independiente de universidades y organismos internacionales, y con cero tolerancia a redes prohibidas.

b) Acuacultura de escama y bivalvos

El impulso a proyectos de acuacultura de especies como ostión, almeja, pargo, jurel y curvina ofrece un horizonte prometedor. Con apoyo financiero de SADER, acompañamiento técnico y acceso preferente a mercados, las comunidades pesqueras pueden diversificar sus actividades, generando empleo y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Una estrategia clave será la integración de fondos semilla para proyectos colectivos y la incorporación de productos acuícolas a programas de compras públicas (comedores escolares, hospitales, turismo social), garantizando así una demanda mínima asegurada mientras los proyectos maduran. Estas acciones permitirían transformar la crisis actual en una oportunidad de innovación productiva, vinculando la riqueza natural del Golfo con cadenas de valor sustentables y justas.

V. Rol de la UABC: repoblamiento, ciencia pública y cadena de valor social

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través de la Facultad de Ciencias Marinas en Ensenada, ha jugado un papel central en la conservación y recuperación de la totoaba. Sus trabajos de investigación comenzaron a inicios de la década de 1990, cuando se establecieron los primeros programas experimentales de reproducción en cautiverio de esta especie críticamente amenazada. Para el año 1997, los científicos de la UABC lograron por primera vez la reproducción en condiciones controladas, lo que marcó un hito en la biología marina de México al cerrar parcialmente el ciclo de vida de la especie en laboratorio.

Tras más de una década de perfeccionamiento en técnicas de manejo y cultivo, hacia 2012 la UABC anunció oficialmente que había cerrado con éxito el ciclo biológico completo de la totoaba en cautiverio, alcanzando los objetivos de investigación que permitirían pasar de una etapa experimental a una fase de producción de alevines a escala significativa. Desde entonces, se han destinado recursos crecientes —provenientes de presupuestos federales, estatales y de la propia universidad— que se estiman en más de 100 millones de pesos acumulados en infraestructura, personal académico especializado, laboratorios de cultivo larvario y unidades de manejo ambiental (UMA).

En 2015, la UABC consolidó su capacidad de producción con la creación de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Totoaba, con una infraestructura capaz de producir hasta un millón de crías por temporada. A partir de esta fecha comenzaron las liberaciones periódicas de alevines en el Mar de Cortés, sumando decenas de miles de ejemplares liberados al medio natural con el objetivo de repoblar la especie. Tan solo en 2021 y 2022 se documentaron liberaciones de 20 mil juveniles en distintas áreas del Golfo de California.

El esfuerzo científico de la UABC, que ya supera tres décadas de investigación continua, ha tenido un doble efecto: por un lado, ha contribuido a la conservación mediante repoblamiento en hábitats naturales; por otro, ha generado la base biotecnológica para proyectos de maricultura, ofreciendo la posibilidad de que la totoaba cultivada se convierta en una alternativa económica viable y legal para las comunidades pesqueras. Incluso se han realizado ventas piloto limitadas dentro de la propia universidad para medir la aceptación del producto y explorar su valor de mercado, siempre bajo el marco normativo vigente y con fines académicos.

El principio rector de este esfuerzo debe ser claro: cuando la biotecnología y el conocimiento científico se generan con recursos públicos y con el compromiso de investigadores de una universidad nacional, el beneficio económico y social no puede quedar en manos de intereses privados o corporativos trasnacionales. Por el contrario, debe priorizar a las comunidades locales que han cargado históricamente con el costo de la conservación, ofreciendo a San Felipe la oportunidad de transformar su crisis productiva en un modelo ejemplar de desarrollo sustentable con justicia social.

VI. Comercialización trasnacional de totoaba de granja: crítica y necesidad de correcciones.

No obstante, los cuantiosos recursos públicos invertidos a lo largo de más de tres décadas para lograr el repoblamiento de la totoaba en el Mar de Cortés, así como la valiosa participación del sector educativo y científico, particularmente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), los beneficios de estas investigaciones exitosas no se han traducido en una mejora para las comunidades pesqueras de San Felipe.

Por el contrario, mientras los pescadores ribereños enfrentan una crisis productiva y social derivada de las restricciones pesqueras, son los corporativos transnacionales y privados quienes han capitalizado la biotecnología desarrollada con fondos públicos, obteniendo enormes ganancias en un mercado de alto valor comercial. Este desbalance constituye una injusticia social que debe ser corregida mediante políticas regulatorias y de redistribución económica.

En México operan empresas privadas de maricultura de totoaba; destaca el caso de Earth Ocean Farms (EOF), hoy Santomar, con inversión del fondo Cuna del Mar, respaldado por Christy Walton (familia Walton). Este hecho acredita el vínculo directo del capital trasnacional en el negocio de la totoaba de granja.

Por su estatus en el Apéndice I de CITES, la carne de totoaba se ha limitado en teoría al mercado doméstico, salvo permisos excepcionales; no obstante, en el periodo 2022-2025 se abrió la discusión sobre posibles exportaciones bajo esquemas muy restringidos. Esta regla coexiste, sin embargo, con la venta en canales minoristas y gastronómicos en México, donde la totoaba de cultivo ya se comercializa con valor agregado.

El punto no es prohibir a priori la maricultura de totoaba –que puede ser una alternativa viable y sustentable–, sino ordenarla de manera que beneficie primero a las comunidades locales de San Felipe. De no corregirse, se perpetuará la paradoja en la que los pescadores pagan el costo de la conservación a través de la pérdida de ingresos y derechos productivos, mientras que el valor agregado de la cadena (engorda, marca, distribución y retail) queda concentrado en manos de capital trasnacional.

Posición de fondo: es indispensable que el Estado mexicano implemente una regulación económica y de competencia que establezca reglas claras de contenido social, participación comunitaria y retorno económico hacia las comunidades costeras. El principio rector debe ser que ningún conocimiento biotecnológico financiado con recursos públicos se traduzca en exclusividad de grandes corporaciones, sino en un beneficio compartido que detone justicia social y desarrollo regional en el Mar de Cortés.

VII. Peticiones específicas a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría Economía (SE) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)

A) Semarnat

1. Mesa permanente con comunidades y academia para co-diseñar un plan de compatibilidad socioambiental del Alto Golfo (metas de conservación+metas socioeconómicas con indicadores anuales).

2. Programa compensatorio auditable, ligado a cumplimiento (no redes, reporte de lances, trazabilidad).

3. Actualización del Programa de Protección de la Vaquita para alinearlo con pilotos de pesca controlada con tecnologías limpias y con una ZTA dinámica basada en monitoreo científico (CIRVA/IMMA).

B) Secretaría de Economía

1. Reglas de contenido social para la totoaba de cultivo: porcentaje mínimo de abasto local, de empleo regional y de transferencia tecnológica (licencias/royalties) a UABC y cooperativas.

2. Lineamientos de diferenciación: etiquetado “Totoaba Social del Alto Golfo” con origen verificable (blockchain/QR), prohibición de reexportaciones grises y verificación de CITES cuando aplique.

3. Cribado de concentración: evitar posición dominante y prácticas de captura en la cadena (granjas-procesadores-retail).

C) Sader (y Conapesca)

1. Fondo de Reconversión Productiva: acuacultura de escama y bivalvos (ostión, almeja), con crédito blando, asistencia técnica y compras públicas (programas alimentarios y turísticos).

2. Piloto de pesca deportiva regulada de totoaba (sin mortandad/“catch & release” o cuotas científicas), con trazabilidad, observadores y evaluación independiente.

3. Trazabilidad y monitoreo: geocercas, VMS para embarcaciones menores, sitios de desembarque exclusivos y cadena fría controlada.

El Alto Golfo exige ciencia y justicia. La conservación sin compensación es injusta; la producción sin sustentabilidad es insostenible. La totoaba no debe ser divisa de carteles ni monopolio de marcas, sino palanca de desarrollo para San Felipe en armonía con la vaquita y el ecosistema. El Estado mexicano tiene las herramientas para ordenar la cadena, blindar la trazabilidad y redistribuir el valor a favor de quienes han cuidado el mar por generaciones.

Por las consideraciones anteriores es que se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que, en el ámbito de sus atribuciones implementen una atención integral, urgente a la crisis productiva y social del Alto Golfo de California de manera particular en las comunidades pesqueras de San Felipe, mediante programas compensatorios y de alternativas productivas por las estrictas regulaciones establecidas para la conservación de especies en peligro de extinción, así como la comercialización justa y equitativa de totoaba de granja priorizando a las comunidades locales y a las instituciones públicas que han financiado la investigación y repoblamiento de la especie.

Fuentes

• Suspensión temporal (2015): DOF 10/04/2015 (redes de enmalle, cimbras, palangres).

• Prohibición permanente (2017): DOF 30/06/2017 (prohibiciones y monitoreo de flota; sitios de desembarque).

• Acuerdo integral (2020): DOF 24/09/2020 (regulación de artes menores y mayores; ZTA; coordinación con SEMAR).

• Base científica internacional (CIRVA/IMMA, NOAA): ZTA y eliminación de redes; gillnets como amenaza crítica.

• Veda 1975 / CITES Apéndice I: IUCN Red List (estado y cierre de pesquería 1975); CITES (histórico).

• Reserva de la Biosfera (1993): DOF, Decreto Reserva Alto Golfo y Delta del Río Colorado.

• Refugio Vaquita (2005) y Programa (2005): DOF (Acuerdo 08/09/2005); Orden Jurídico (Programa 29/12/2005).

• Operativos y ampliación de protección (2023): AP News; Sea Shepherd–SEMAR.

• EOF ? Santomar; rebranding y operación en La Paz: The Fish Site; Innovasea; Fish Farmer Magazine.

• Restricciones CITES a exportación / ventas domésticas: SeafoodSource (2019, 2025).

• Inversión Walton (Cuna del Mar): FishFarmingExpert; sitio Cuna del Mar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente, y con pleno respeto a la autonomía universitaria, al rector de la UNAM a fortalecer el programa de atención psicológica y las acciones de salud mental, así como a reforzar los mecanismos de seguridad en los planteles, en coordinación con el gobierno de México, a cargo del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Los incidentes de violencia y crisis de salud mental han marcado la historia reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones educativas en México. Los eventos documentados a través de diversos medios de comunicación revelan una serie de tragedias y problemas que afectan a la comunidad estudiantil.

En los últimos años, se ha registrado una alarmante tendencia de suicidios y problemas de salud mental entre los estudiantes de la UNAM. Para un mejor ejemplo, se enuncian los siguientes casos:

• Un alumno de la Facultad de Arquitectura se quitó la vida el pasado 22 de septiembre dejando los siguientes mensajes:

“Disfrutar el aire, las luces, el sol, la noche y sobre todo la compañía, quería que todos tuvieran un momento especial conmigo, que me recuerden y sonrían. No estén tristes por mi ausencia, sólo disfruten lo que les dejé”

• De manera similar se reportó el 23 de junio de 2022, el suicidio de un estudiante de medicina en Ciudad Universitaria, quien decidió lanzarse al vacío desde uno de los edificios en Ciudad Universitaria.

Segundo. La problemática de la violencia escolar no es exclusiva de la UNAM, sino que se manifiesta en distintos niveles y planteles educativos a nivel nacional, lo que evidencia la gravedad del fenómeno. En Guadalajara, un estudiante de 17 años agredió a dos de sus compañeros con un martillo y transmitió el hecho en vivo a través de redes sociales, lo que puso en relieve los riesgos asociados a la normalización de la violencia juvenil y a la influencia de entornos digitales. De igual manera, en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, el caso de una estudiante de secundaria, quien falleció tras una agresión derivada de acoso escolar, generó un amplio debate social sobre la urgencia de prevenir y atender el hostigamiento entre estudiantes, así como de establecer políticas integrales para combatir la violencia en el ámbito educativo.

Tercero. El 22 de septiembre de 2025, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM fue escenario de un trágico acto de violencia que conmocionó a la comunidad universitaria. En dicho incidente, un estudiante de 19 años agredió con un arma blanca a un alumno de 16 años, privándolo de la vida, y lesionó además a un trabajador que intentó intervenir. Posteriormente, el agresor intentó escapar lanzándose desde un tercer piso, lo que le ocasionó fracturas graves en las piernas y derivó en su hospitalización, bajo custodia de las autoridades competentes.

Este suceso activó los protocolos de seguridad de la UNAM, provocó la suspensión temporal de las clases presenciales y generó un llamado urgente a fortalecer tanto las medidas de seguridad en los planteles como los programas de atención psicológica para la comunidad universitaria.

Las investigaciones en curso han señalado una posible relación entre el agresor y la denominada subcultura “incel” (involuntariamente célibe), dado que, de acuerdo con reportes periodísticos y el análisis de sus perfiles digitales, compartía mensajes y publicaciones vinculadas con la jerga y la ideología de dicho movimiento.

Considerandos

Primero. Que el artículo 4o., párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, entendido como el acceso a un amplio conjunto de facilidades, bienes, servicios y condiciones indispensables para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Asimismo, en dicho precepto se establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y precisará la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, además de prever un sistema de salud para el bienestar que garantice la extensión progresiva de los servicios de salud, de manera integral y gratuita, para quienes carezcan de seguridad social.

Segundo. Que la Ley General de Salud, en su artículo 1o. Bis, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. En concordancia con dicha definición, el artículo 2o. del mismo ordenamiento, en su fracción I, establece como una de las finalidades del derecho a la protección de la salud el garantizar el bienestar físico y mental de las personas, contribuyendo así al pleno ejercicio de sus capacidades.

Por su parte, el artículo 72 de la Ley General de Salud reconoce a la salud mental y a la prevención de las adicciones como un tema prioritario en las políticas de salud, asegurando el acceso universal, igualitario y equitativo a su atención, sin discriminación alguna. Para efectos de dicho precepto, la salud mental se concibe como un estado de bienestar físico, mental, emocional y social vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos.

En el mismo sentido, los artículos 73 y 73 Bis del citado ordenamiento, en sus fracciones III y IV, establecen que los servicios de atención a la salud mental y a las adicciones deben privilegiar un enfoque comunitario, integral e interdisciplinario, incluyendo programas de prevención y control del uso de sustancias psicoactivas, así como acciones dirigidas a la reducción de factores de riesgo y campañas de sensibilización orientadas a combatir el estigma y la discriminación.

Tercero. Que México, en su calidad de Estado firmante, ha adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de salud mental y adicciones, entre los que destacan la Declaración de Caracas y los Principios de Brasilia, los cuales promueven la atención comunitaria, la integración de la atención psiquiátrica en hospitales generales, la protección de los derechos humanos y la participación social en la planificación de programas de salud.

En ese mismo sentido, el Consenso de Panamá refuerza la prioridad de la salud mental en las políticas públicas, el acceso universal y equitativo, el fortalecimiento de la atención comunitaria y la eliminación del estigma y la discriminación.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que México, al ser miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se ha sumado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar. Dentro de esta agenda, las metas 3.4 y 3.5 se enfocan en la promoción de la salud mental y la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas.

Cuarto. Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19, se ha identificado una prevalencia significativa entre la población adolescente de 10 a 19 años de padecimientos como la depresión y el consumo de sustancias en la población, incluyendo ideas suicidas en la población adolescente, lo que subraya la urgencia de fortalecer las políticas y acciones de salud mental.

Quinto. Que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente al estrés, desarrollar sus habilidades y contribuir a su comunidad, siendo un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal y socioeconómico. Su complejidad reside en la interacción de múltiples factores individuales, sociales y estructurales que pueden proteger o socavar el bienestar mental a lo largo de la vida.

Sexto. Que el 29 de mayo de 2023 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la cual tiene como objeto hacer efectivo el derecho a la prevención, control y atención de la salud mental y adicciones, a través de un modelo comunitario con enfoque de atención primaria a la salud integral, con respeto a los derechos humanos, la interculturalidad y la perspectiva de género y tiene la elaboración de políticas, estrategias y programas de promoción, prevención y atención oportuna, con la visión de ejercer la rectoría en salud mental y adicciones para fortalecer las estructuras de gobernanza del sistema de salud y favorecer las condiciones de acceso y cobertura universal.

Séptimo. Que el Estatuto General de la UNAM, en su Título Sexto, establece las causas de la responsabilidad disciplinaria aplicables a todas las personas miembros de la comunidad universitaria, señalando en su artículo 95, fracción VI, la prohibición de portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios, y en la fracción VIII, la prohibición de la comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas. Lo que constituye un marco normativo interno que reconoce de manera expresa la obligación de prevenir y sancionar conductas que atenten contra la seguridad en los espacios universitarios.

A ello se suma el Plan Maestro de Seguridad UNAM 2021-2024, que definió ejes rectores y líneas de acción en materia de prevención, vigilancia, protección civil, modalidad y transporte, incorporando líneas de acción como la revisión de la normatividad aplicable, la delimitación de atribuciones de los cuerpos de vigilancia, la documentación de incidentes, la capacitación a estudiantes y personal para identificar actos de violencia, la adopción de protocolos de actuación ante amenazas o agresiones, así como la implementación de mecanismos de cooperación con autoridades externas.

No obstante, a la fecha no se ha hecho público un Plan Maestro de Seguridad correspondiente al año 2025, lo que genera un vacío en la planeación institucional de mediano plazo respecto de la seguridad universitaria, y hace indispensable actualizar y dar continuidad a estos instrumentos, a fin de garantizar condiciones seguras para la comunidad, salvaguardar el patrimonio universitario y responder de manera eficaz a los retos actuales que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México en la preservación del orden y la integridad dentro de sus planteles.

Octavo. Que la finalidad del presente punto de acuerdo es contribuir a la prevención de hechos lamentables como los ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, proponiendo de manera respetuosa el fortalecimiento del vínculo entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de México, en un marco de pleno respeto a la autonomía universitaria, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil. En este sentido, resulta pertinente impulsar la mejora de las medidas de control y vigilancia al interior de los planteles, a fin de impedir que se introduzcan objetos que puedan considerarse como armas blancas. Si bien se reconocen los protocolos de seguridad implementados por la UNAM, se considera necesario reforzarlos en la medida de sus posibilidades, en beneficio de la comunidad universitaria y bajo la convicción de que, como institución pilar y referente nacional, su ejemplo puede tener un efecto positivo en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, con pleno respeto a la autonomía universitaria, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, a que fortalezca y amplíe el programa de atención psicológica, así como las acciones de prevención, atención y acompañamiento en materia de salud mental dirigidas a la comunidad universitaria, en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar bienestar integral y prevenir situaciones de riesgo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, con pleno respeto a la autonomía universitaria, al rector, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, reforzar los mecanismos de seguridad en los accesos y al interior de los planteles universitarios, mediante acciones coordinadas con el Gobierno de México, a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y propiciar un ambiente académico seguro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2025.

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (rúbrica)