Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a incorporar al municipio de Cajeme, Sonora, al programa Techos Solares para el Bienestar, a cargo de la diputada Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Anabel Acosta Islas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha reafirmado con hechos su compromiso con la transición energética, la innovación tecnológica y el cuidado del medio ambiente. Su liderazgo ha colocado al país en la ruta de las soluciones sustentables, impulsando programas que combinan el avance tecnológico con la justicia social y la reducción de desigualdades.

Uno de los programas más emblemáticos de esta visión es el de Techos Solares para el Bienestar, una iniciativa de la Secretaría de Energía que se enfoca en instalar sin costo para las familias sistemas fotovoltaicos en viviendas de hogares vulnerables. El programa reduce el gasto eléctrico, combate la pobreza energética y contribuye a un México más limpio y solidario.

Actualmente, Techos Solares para el Bienestar opera en los municipios de Mexicali y San Felipe, en Baja California, donde los hogares beneficiados han reducido en más de 60 por ciento sus pagos de electricidad, demostrando su impacto positivo tanto en la economía familiar como en la eficiencia energética.

Propongo que este esfuerzo sea ampliado al municipio de Cajeme, Sonora, una región que sintetiza los desafíos y oportunidades de la transición energética en el noroeste mexicano.

Cajeme enfrenta temperaturas superiores a los 35°C durante más de cinco meses al año, lo que obliga a las familias a usar enfriadores y aires acondicionados por periodos prolongados. El costo energético de esta necesidad básica representa una carga excesiva para los hogares de menores ingresos.

Sonora posee un recurso solar excepcional, con niveles de irradiación promedio superiores a 6 kWh/m² por día, lo que convierte a Cajeme en una de las zonas más adecuadas del país para la generación fotovoltaica. Su incorporación al programa permitiría maximizar la rentabilidad social y energética de cada instalación.

Cajeme, con más de 520 mil habitantes y un fuerte componente urbano y agrícola, reúne además las condiciones sociales para convertirse en un modelo de transición energética incluyente, donde la tecnología se ponga al servicio de las personas.

La ampliación de este programa significará hogares más frescos, recibos de energía eléctrica más bajos y un entorno ambiental más sano.

Extender Techos Solares para el Bienestar a Cajeme fortalecerá la red eléctrica con energía limpia, descentralizada y comunitaria, y permitirá evaluar en una nueva zona climática los resultados del programa piloto, con miras a transformarlo en una política pública permanente e incluso en una ley federal que garantice a todos los mexicanos la posibilidad de generar su propia energía renovable con apoyo del Estado.

En virtud de ello, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, incorpore al municipio de Cajeme, Sonora, como sede de ampliación del programa Techos Solares para el Bienestar, estableciendo metas claras de instalación, interconexión y operación de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo las acciones necesarias para la ampliación del programa Techos Solares para el Bienestar y a explorar esquemas de financiamiento complementarios que fortalezcan la transición energética residencial en regiones de clima extremo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a brindar las facilidades técnicas y logísticas necesarias para la interconexión y operación segura de los sistemas fotovoltaicos, en coordinación con la Secretaría de Energía y las autoridades locales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputada Anabel Acosta Islas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Conagua, a la Cenapred y a los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos a elaborar, publicar y poner en operación un protocolo nacional de prevención de inundaciones urbanas, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México enfrenta actualmente una de las etapas más complejas en materia ambiental y climática de las últimas décadas. Los fenómenos hidrometeorológicos, intensificados por el cambio climático, han provocado inundaciones recurrentes en las principales zonas urbanas del país, con consecuencias graves para la vida, la salud y el patrimonio de millones de personas.

En los últimos años, la Ciudad de México y entidades como Jalisco, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Estado de México han registrado lluvias de intensidad histórica que superan la capacidad de los sistemas de drenaje y retención pluvial.

Las calles convertidas en ríos, los autos arrastrados por la corriente, las viviendas anegadas y los servicios públicos colapsados son el reflejo de una infraestructura urbana insuficiente ante la nueva realidad climática.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento de los municipios urbanos del país presenta algún grado de riesgo de inundación.

Este panorama exige un cambio estructural en la manera en que las autoridades conciben la gestión del agua, pasando de la reacción posterior al desastre hacia una política pública de prevención y adaptación.

Cada año, las lluvias torrenciales dejan pérdidas económicas multimillonarias y, lamentablemente, vidas humanas que pudieron haberse salvado con una planeación adecuada y protocolos de actuación oportunos.

Las consecuencias no se limitan a daños materiales: se afectan los derechos humanos, la salud pública y la seguridad social de las comunidades.

En la Ciudad de México, el fenómeno de hundimientos diferenciales agrava la problemática. La sobreexplotación de los acuíferos, la impermeabilización del suelo y la falta de mantenimiento del drenaje profundo han convertido a la capital en un punto crítico de vulnerabilidad.

Las lluvias intensas no solo inundan calles, sino que debilitan cimientos, fracturan viviendas y ponen en riesgo estructuras esenciales como hospitales, escuelas y redes de transporte.

Los habitantes de zonas bajas o periféricas, que carecen de recursos para rehabilitar sus viviendas, son los más afectados. En colonias populares, los daños por inundaciones significan la pérdida total del patrimonio familiar, construido a lo largo de generaciones.

Es en estos sectores donde la ausencia de políticas preventivas se traduce en desigualdad y desprotección.

La respuesta gubernamental, aunque constante, ha sido predominantemente reactiva. Los esfuerzos se concentran en atender la emergencia y no en prevenirla. Las acciones de desazolve, bombeo o limpieza, aunque necesarias, llegan después de que el daño está hecho. Es indispensable invertir en conocimiento, planeación y coordinación.

La emisión de un Protocolo Nacional de Prevención de Inundaciones Urbanas constituiría un paso decisivo hacia una gestión preventiva del riesgo. Este instrumento normativo permitiría estandarizar las acciones de las autoridades en todo el país, estableciendo criterios claros sobre monitoreo, mantenimiento, zonificación de riesgo, obras preventivas, y medidas de comunicación temprana con la población.

Dicho protocolo debe incluir la obligación de elaborar mapas de riesgo actualizados, mecanismos de alerta temprana basados en datos meteorológicos en tiempo real y lineamientos para la instalación de infraestructura verde como jardines pluviales, pozos de absorción y pavimentos permeables.

Su implementación tendría un efecto directo en la protección de la vida y el patrimonio de las familias mexicanas. La prevención no solo reduce las pérdidas materiales, sino que garantiza el derecho humano a un entorno seguro y a una vivienda digna. El Estado mexicano tiene la responsabilidad indeclinable de garantizar que ninguna familia pierda su hogar por causas previsibles o evitables.

Los eventos recientes en distintas regiones del país han mostrado que las lluvias extremas ya no son excepcionales. Se trata de un fenómeno recurrente, que demanda una respuesta institucional articulada. Un protocolo nacional proporcionaría uniformidad, eficiencia y coherencia a la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, su aplicación prioritaria en las entidades más afectadas permitiría generar modelos regionales de actuación que podrían replicarse en otras zonas con características similares. De esta forma, México avanzaría hacia un modelo de prevención climática de carácter nacional, con un enfoque descentralizado pero coordinado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con las atribuciones legales necesarias para encabezar este esfuerzo. Su papel rector en la política ambiental nacional le otorga la facultad de emitir protocolos, normas y lineamientos técnicos que orienten las acciones de prevención y adaptación climática.

De igual forma, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, los gobiernos estatales y municipales poseen experiencia operativa y conocimiento territorial que, integrados en un esfuerzo conjunto, podrían reducir de forma sustancial los riesgos de desastre en las zonas urbanas. La clave está en la coordinación institucional.

La prevención de inundaciones no debe concebirse solo como un tema de infraestructura hidráulica, sino como una política integral que involucre educación ambiental, planeación urbana y gestión responsable del territorio. Prevenir significa anticipar, y anticipar significa salvar vidas.

El cambio climático nos obliga a repensar nuestras ciudades. Las urbes ya no pueden expandirse sobre antiguos cauces, lagunas o suelos blandos sin considerar sus limitaciones naturales. Continuar construyendo sin mapas de riesgo actualizados equivale a planear sobre la incertidumbre.

México cuenta con los instrumentos técnicos y científicos necesarios: atlas de riesgo, monitoreo meteorológico, sensores de humedad y bases de datos topográficas. Lo que falta es integrarlos en un marco jurídico y operativo uniforme que los traduzca en acciones concretas y coordinadas.

Este Punto de Acuerdo no implica gasto adicional para el erario. El exhorto propone aprovechar los recursos existentes, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover una cultura de prevención permanente. Se trata de una medida de eficiencia administrativa y de responsabilidad pública.

El Protocolo Nacional de Prevención de Inundaciones Urbanas sería un instrumento de planeación y de acción inmediata. Su aplicación puede evitar tragedias, reducir la pérdida de vidas humanas, salvaguardar el patrimonio de las familias y preservar los ecosistemas urbanos que mitigan los efectos del agua desbordada.

En el contexto de crisis climática global, la prevención es la única respuesta posible. Las ciudades del siglo XXI deben construirse con base en la sustentabilidad, la justicia social y la seguridad ambiental. México tiene la oportunidad de convertirse en referente regional si asume con seriedad el reto de anticiparse al desastre.

Por lo anterior, se considera indispensable que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de sus facultades y en coordinación con las autoridades competentes, publique y ponga en marcha el Protocolo Nacional de Prevención de Inundaciones Urbanas, priorizando a las entidades recientemente afectadas, en cumplimiento de los principios de prevención, precaución, solidaridad y justicia ambiental que rigen la política ecológica nacional.

Tan solo el día de antier, sube a 37 cifra de muertos por lluvias en el país, reportado por el periodista Jorge Ricardo, del periódico Reforma Cd. de México (1 1-Oct-2025). 10:29 horas. Reporto en su nota “ Sube a 37 muertos por lluvias en el país.” Las lluvias generalizadas en cinco estados del país han dejado al menos 37 personas fallecidas, confirmó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Con corte a las 07:00 horas, informó que los decesos se han registrado en Hidalgo (22), Puebla (9), Veracruz (5), Querétaro (1), producto de inundaciones, deslaves y otras afectaciones por las precipitaciones intensas de los últimos días.

“Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, señaló la dependencia.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de México indicó que mantiene un esquema integral de atención, con la aplicación de los planes DN-III-E y Plan Marina, además de operativos coordinados con autoridades estatales y municipales en 117 municipios de cinco entidades.

Veracruz

55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.

25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

220 personas rescatadas; 19 refugios activos con atención a 654 personas.

Sedena, Guardia Nacional y Semar realizan auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en zonas aisladas.

116 traslados a zonas seguras y 3 evacuaciones médicas coordinadas.

CFE: 130,819 usuarios afectados; 20.8 por ciento de avance en restitución del servicio eléctrico.

SICT: 68 interrupciones federales (67 atendidas); 55 km rehabilitados. En red estatal, 19 incidencias con atención en curso.

San Luis Potosí

5 municipios afectados, mil viviendas dañadas, 25 derrumbes y 4 corrientes desbordadas.

Evacuación preventiva de mil personas, actualmente en resguardo con apoyo humanitario.

Entrega de ayuda directa: cobijas, colchonetas y despensas en Axtla, Xilitla, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles.

26 unidades de maquinaria pesada activas para despeje de caminos y restablecer accesos.

Querétaro

7 municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 5 comunidades incomunicadas temporalmente.

16 deslizamientos de laderas y 5 vías de comunicación afectadas.

CFE: 4,512 usuarios afectados; 97% de avance en restitución.

SICT: 5 interrupciones federales (2 atendidas); 290 km impactados.

Abastecimiento de agua en Jalpan de Serra mediante pipas.

Limpieza de tramos carreteros, abanderamiento preventivo y evaluación de daños en curso.

Refugio habilitado por DIF en Jalpan; evacuaciones preventivas en Arroyo Seco.

Puebla

37 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas (dato preliminar).

Afectaciones en un hospital del IMSS, 3 vías de comunicación y 83 derrumbes.

CFE: 26,442 usuarios afectados; 14.4% de avance en reconexión.

SICT: 14 interrupciones federales (10 resueltas) y atención parcial en red estatal.

Plan DN-III-E activo, con auxilio y limpieza en comunidades aisladas.

Intermitencia en señal eléctrica y de telefonía en zona Sierra Nororiental.

83 refugios temporales habilitados, equipados para atención inmediata.

13 municipios afectados, 1,200 viviendas dañadas, 308 escuelas y 59 centros de salud impactados.

150 comunidades sin acceso, 6 corrientes desbordadas y 71 vías afectadas con 190 derrumbes.

CFE: 65 mil 443 usuarios afectados; 49.4 por ciento de avance en reparación.

SICT: 17 interrupciones federales (10 atendidas); 300 km rehabilitados con apoyo técnico.

Red estatal: 80 incidencias, 73 aún en proceso.

Centros de acopio y refugios activos, principalmente en Juárez Hidalgo, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

En suma, prevenir las inundaciones es proteger la vida, la seguridad y el futuro de las familias mexicanas. Es una obligación moral y jurídica del Estado, y un compromiso que esta Soberanía asume con responsabilidad frente a los desafíos del cambio climático.

Problemática

En México, las inundaciones urbanas se han convertido en un riesgo estructural permanente, no como resultado de fenómenos extraordinarios, sino por la falta de planeación y la insuficiencia de mecanismos de prevención. La acumulación de agua en calles, avenidas y viviendas ya no responde únicamente a la intensidad de la lluvia, sino a la ausencia de sistemas que permitan absorber, conducir y aprovechar el recurso hídrico de manera sustentable.

La Ciudad de México y diversas zonas metropolitanas del país han sido testigo de un proceso acelerado de expansión urbana sin control ambiental. En los últimos años, miles de hectáreas que antes cumplían funciones naturales de infiltración fueron cubiertas por asfalto y concreto. Con ello, el agua dejó de filtrarse y empezó a buscar salida por los cauces urbanos, rebasando el drenaje y afectando viviendas, hospitales y escuelas.

Los eventos recientes confirman una realidad que no puede seguir siendo ignorada: los sistemas pluviales existentes fueron diseñados para un clima que ya no existe. Las variaciones meteorológicas derivadas del cambio climático han aumentado la frecuencia e intensidad de las lluvias, pero la infraestructura no ha evolucionado al mismo ritmo. El resultado es un desequilibrio que pone en riesgo la vida, la movilidad y la seguridad de millones de personas.

En muchas colonias populares, el agua de lluvia se mezcla con aguas residuales, provocando contaminación, enfermedades y deterioro ambiental. En esas comunidades, las familias pierden no solo sus pertenencias, sino también la posibilidad de vivir con dignidad. Las afectaciones materiales son inmediatas, pero las consecuencias sociales y psicológicas perduran durante años.

El problema no se limita a la capital. Ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla enfrentan condiciones similares: desarrollos inmobiliarios construidos sobre antiguas lagunas, cauces rellenados o zonas con alta propensión al hundimiento. La falta de criterios técnicos vinculantes ha permitido que la urbanización avance sobre terrenos frágiles, donde cada lluvia se traduce en tragedia.

La carencia de un protocolo nacional que unifique criterios de prevención ha generado una respuesta fragmentada. Cada autoridad actúa según sus recursos y capacidades, lo que impide una estrategia integral y oportuna. Mientras algunos municipios cuentan con atlas de riesgo actualizados, otros carecen incluso de registros básicos sobre sus puntos críticos de inundación.

La descoordinación entre niveles de gobierno ha sido otro factor recurrente. Las competencias ambientales, hidráulicas y urbanas suelen operar de manera aislada, sin comunicación efectiva.

Ello dificulta que los datos científicos y las alertas meteorológicas se traduzcan en decisiones preventivas inmediatas. Lo que debería ser una política pública anticipada, termina siendo una reacción tardía.

La protección del patrimonio y la integridad física de las familias debe ser un eje prioritario de la política ambiental y urbana. La pérdida de una vivienda por una inundación no solo implica un daño económico, sino también la ruptura de la estabilidad familiar y el desplazamiento forzado de personas hacia albergues temporales o zonas de alto riesgo.

El deterioro de la infraestructura pluvial, sumado a la falta de mantenimiento, ha reducido la capacidad de los drenajes y colectores para conducir el agua de manera eficiente. Las obstrucciones por basura, el desgaste de tuberías y la saturación de colectores profundos son síntomas de un sistema que opera al límite. Sin medidas correctivas inmediatas, su colapso podría desencadenar emergencias de gran escala.

En este contexto, el Estado mexicano enfrenta el desafío impostergable de transitar de la atención de emergencias a la gestión preventiva del riesgo urbano. Las inundaciones deben abordarse como una prioridad nacional, con una visión de largo plazo que combine la ciencia, la tecnología y la responsabilidad institucional.

Proteger la vida humana y garantizar la seguridad estructural de las ciudades no puede seguir siendo una respuesta reactiva: debe ser una política permanente de Estado.

Por lo razonado me permito presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos, elabore, publique y ponga en operación un Protocolo Nacional de Prevención de Inundaciones Urbanas, con aplicación prioritaria en las entidades federativas que han sido afectadas en los últimos días por fenómenos hidrometeorológicos severos con el objeto de fortalecer la capacidad institucional de respuesta, salvaguardar la vida de las personas, proteger el patrimonio familiar y prevenir daños materiales en zonas urbanas y metropolitanas del país.

Referencias

1 Comisión Nacional del Agua (Conagua)-Atlas Nacional de Riesgos por Inundación. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/atlas-nacional-de-riesg o-por-inundacion-204625

2 Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)-Atlas Nacional de Riesgos: Inundaciones, hundimientos y deslizamientos de ladera. https://www.gob.mx/cenapred

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/estrategia-nacional-de-adaptacio n-al-cambio-climatico

4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)-Escenarios de vulnerabilidad urbana frente a eventos hidrometeorológicos extremos en México. https://www.gob.mx/inecc/documentos/escenarios-de-vulnerabilidad-urbana

5 Gobierno de la Ciudad de México-Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. https://www.atlas.cdmx.gob.mx/

6 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Instituto de Ingeniería: Estudios de hundimientos diferenciales y vulnerabilidad estructural en la Zona Metropolitana del Valle de México. https://www.iingen.unam.mx/es-mx/Publicaciones/Paginas/Hundimientos-ZMV M.aspx

7 Inegi-Anuario estadístico del medio ambiente urbano 2024: asentamientos humanos y riesgo. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825274541

8 ONU-Hábitat México-Ciudades resilientes y gestión de riesgo urbano. https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-resilientes-y-gestion-de-r iesgos

9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-Diagnóstico de infraestructura urbana ante riesgos hidrometeorológicos en México. https://www.cepal.org/es/publicaciones/diagnostico-infraestructura-urba na-riesgos-hidrometeorologicos-mexico

10 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)-Guía para la integración del riesgo en los programas de desarrollo urbano municipal. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-integracion-riesgo-programas- urbanos

11 El País (México)-Lluvias récord en Ciudad de México y la saturación del drenaje urbano. https://elpais.com/mexico/2025-08-02/un-verano-con-lluvias-record-en-ci udad-de-mexico.html

12 Infobae México-Por qué se inunda la Ciudad de México: causas estructurales y ambientales, según expertos de la UNAM. https://www.infobae.com/mexico/2024/09/21/por-que-se-esta-inundando-la- ciudad-de-mexico-cientifico-de-la-unam-responde/

13 Excélsior -Inundaciones en la Ciudad de México: daños materiales y colapso de sistemas pluviales. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/lluvias-inundaciones-cdmx-3-juni o-2025-video-rescate-autos-viaducto/1719403

14 El Informador (Jalisco)-Daños por lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara durante 2025. https://www.informador.mx/jalisco/Inundaciones-en-el-Área-Metropolitana -de-Guadalajara-2025-20250824-0029.html

15 N+ (Televisa) Afectaciones por lluvias en Querétaro y el centro del país: colonias inundadas y daños estructurales. https://www.nmas.com.mx/queretaro/afectaciones-por-lluvias-en-queretaro -2025/

16 Tv Azteca Noticias-Basura, drenajes colapsados y falta de planeación agravan las inundaciones en la capital.https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inundaciones-cdmx-2025- basura-y-drenajes-colapsados

17 ONU Medio Ambiente (UNEP)-Guía técnica para la adaptación climática urbana y resiliencia hídrica en ciudades latinoamericanas.https://www.unep.org/es/resources/reportes/guia-para-l a-adaptacion-climatica-urbana

18 Banco Mundial-Impacto económico y social de los desastres naturales en México 2023. https://documents.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/doc umentdetail/956321642512157457

19 Cenapred y Conagua (Informe conjunto)-Evaluación de lluvias intensas y zonas de riesgo 2025.https://www.gob.mx/cenapred/documentos/informe-lluvias-intensas-y- riesgo-2025

20 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)-Política Nacional de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo 2024-2030. https://www.gob.mx/sspc/documentos/politica-nacional-de-proteccion-civi l-y-gestion-del-riesgo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a realizar las gestiones necesarias para destinar 100 pesos por tonelada de caña de azúcar por productor, en cada una de las 15 entidades federativas que la producen, a fin de contribuir al rescate del sector productor cañero y a sus familias, a cargo de la diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La crisis del precio de la caña de azúcar en México se debe a la caída del precio en el mercado nacional, el cual ha sido impactado por la sobreoferta, la importación excesiva y la competencia de otros edulcorantes como el jarabe de maíz. Esta situación ha provocado pérdidas millonarias a los productores, afectando a más de 180 mil familias que dependen del cultivo en 15 entidades federativas productores del país.

Causas principales

• Caída del precio del azúcar: Los precios del azúcar han llegado a niveles históricamente bajos principalmente en las zafras 2023-2024 y 2024-2025, lo que reduce drásticamente los ingresos de los productores.

• Importaciones: Cupos de importación sin control y muy altos, provocando el exceso de importaciones, lo cual ha creado una sobreoferta en el mercado mexicano, presionando aún más los precios a la baja.

• Competencia de edulcorantes: El consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y otras alternativas dietéticas ha desplazado al azúcar, afectando la demanda interna, incluso son productos que generan un riesgo importante para la salud del consumidor, provocando más sobrepeso y obesidad, entre otros riesgos.

• Contrabando: El contrabando o huachicol de azúcar agrava fuertemente la situación al deprimir los precios y dañar directamente a los productores nacionales1 .

Consecuencias

• Pérdidas económicas: Los productores acumulan pérdidas millonarias, estimadas en más de 14 mil 500 millones de pesos tan solo para el ciclo 2024/2025 y se espera que para la zafra 2025-2026 sea la misma condición si no se controlan las causas principales.

• Endeudamiento: La crisis está provocando que los productores se endeuden, afectando a las familias que dependen de este cultivo en al menos 15 estados y 270 municipios del país.

• Impacto social: La crisis golpea fuertemente a las comunidades rurales donde el cultivo de caña es una fuente principal de ingresos.

Medidas y soluciones propuestas

• Restricción de importaciones: Se ha solicitado la suspensión temporal de importaciones de azúcar para estabilizar el mercado nacional. El gobierno ha respondido con un decreto para restringir la importación, buscando frenar la crisis (según una publicación de agosto de 2025), sin embargo, no es aún suficiente

• Apoyo gubernamental: Se están buscando estrategias de apoyo, como la mediación del gobierno para frenar la competencia del jarabe de maíz y la apertura de líneas de crédito para los cañeros.

• Diversificación de cultivos: Algunas organizaciones nacionales de productores exploran alternativas energéticas, como la producción de bio etanol, para diversificar las fuentes de ingreso de los productores, por lo que se solicitan políticas públicas, programas y proyectos de conversión, tecnificación, capacitación, producción y transformación para competir con otros países como Brasil en la producción de bio etanol a base de caña de azúcar.

Sin embargo, la crisis en el campo cañero continua, por lo que se solicita es una partida emergente que pueda solventar en algo la problemática económica de los productores y sus familias, para que a través de un Fondo Compensatorio se apoye con 100 pesos por tonelada por productor de caña de azúcar, para la zafra 2024-2025 y para lo que se espera de la zafra 2025-2026.

Destaco que tan solo en el estado de Veracruz la problemática generada por la caída de ingresos por tonelada cosechada de caña de azúcar es sumamente grave y en mi distrito 13 federal con cabecera en Huatusco la sociedad productora se ha manifestado para exigir apoyos y solución a esta crisis creciente y solucionar para que no se vuelva recurrente.

En México se producen más de 50 millones de toneladas de caña de azúcar al año, en más de 848 mil hectáreas del territorio mexicano, los principales estados productores del país son Veracruz, le sigue Jalisco y finalmente San Luis Potosí.3

Ante ello destaco que el contrabando de azúcar de unas 40 mil toneladas al año, que ingresan desde Guatemala a México, es parte de la crisis que padece el sector agroindustrial de la caña, advirtieron empresarios.

Quiero destacar en este rubro la lealtad y nacionalismo de la Empresa Pascual Boing SC de RL, única empresa refresquera que 100 por ciento del azúcar que consume es de origen nacional, y desde sus inicios como Sociedad Cooperativa ha mantenido volúmenes de producción bastante recomendables, por lo que es un ejemplo de industria que no ocupa edulcorantes ni azúcar de contrabando.

De acuerdo con el último reporte de Conadesuca, durante las últimas seis zafras, en promedio, se industrializaron 787 mil 429 hectáreas anualmente, con una molienda total de 50 millones 979 mil 926 toneladas de caña, lo que produjo 5 millones 588 mil 329 toneladas de azúcar. El rendimiento promedio del campo fue de 64.74 toneladas de caña por hectárea.

En este contexto, México ha logrado mantener su autosuficiencia en materia azucarera y ocupa el noveno lugar en el ranking mundial de países productores y consumidores de azúcar. No obstante, en los últimos ciclos, se ha observado una tendencia a la baja en algunos indicadores clave, especialmente debido a los efectos de la sequía prolongada y los cambios en los hábitos de consumo a nivel global, a los edulcorantes, al contrabando y a los altos costos de insumos y mano de obra.

La zafra 2023/2024 destacó por haber sido una de las más extensas, con una duración de 262 días, lo que equivale a 8 meses y 3 semanas. Comenzó el 9 de noviembre de 2023 en el ingenio La Margarita y concluyó el 27 de julio de 2024 con el ingenio San Rafael de Pucté.

En este periodo, se industrializaron 743 mil 119 hectáreas, lo que representó una disminución significativa de 34 mil hectáreas con respecto a los ciclos previos. La molienda total alcanzó las 46 millones 93 mil 814 toneladas de caña bruta, produciendo 4 millones 703 mil 547 toneladas de azúcar, una cifra menor en comparación con la producción promedio de los últimos diez años4 .

Por lo antes expuesto y sustentado, presento a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar las gestiones necesarias para destinar 100 pesos por tonelada de caña de azúcar por productor, en cada una de las 15 entidades federativas productoras de caña de azúcar, a fin de contribuir al rescate del sector productor cañero y a sus familias.

Notas

1 https://www.google.com/search?q=CRISIS+DE+PRESIOS+DE+CA%C3%91A+DE+AZ%C3%9ACAR+EN
+M%C3%89XICO&sca_esv=3e9e96290d2670da&rlz=1C1FHFK_enMX1152MX1152&sxsrf=AE3TifOqKot

2 https://www.zafranet.com/noticias/precios-del-azucar-en-mexico-registra n-variaciones-mixtas-al-7-de-marzo-de-2025/

3 https://verqor.com/blog/57/cana-de-azucar-precio-y-perspectivas-en-mexico?srsltid=AfmBOoqlj_gTyN-qaOQb-2Dbx
_pj1mPon6Fo5yoTS5XkIWv0UUo3oBUk

4 https://www.zafranet.com/noticias/claves-del-11-informe-estadistico-del-sector-agroindustrial-de-la-cana-de-azucar
-en-mexico-zafra-2023-24-y-estrategias-para-el-futuro/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos del país, a la Conagua y a la Sedatu a incorporar en sus planes de desarrollo urbano municipal disposiciones que fomenten la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia, especialmente en nuevas construcciones o remodelaciones mayores a un 50 por ciento o que impliquen reconstrucción total, a cargo del diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Enrique Miranda Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor d la siguiente:

Exposición de Motivos

Es bien sabido que el agua es un recurso indispensable para la vida y el desarrollo de cualquier sociedad; sin embargo, nos enfrentamos a una crisis hídrica que se ha vuelto una realidad que afecta a millones de personas. El cambio climático, la urbanización y el crecimiento poblacional han dejado como consecuencia que los modelos de consumo actuales ya no sean eficientes, provocando un desequilibrio entre el agua que existe y la demanda. En México, esta problemática es particularmente preocupante, ya que diversas regiones del país sufren ya sea por sequías prolongadas o por inundaciones catastróficas, fenómenos que se han intensificado en los últimos años. Es por esto que surge la urgencia de replantear el modelo tradicional de abastecimiento hídrico que sirva como complemento de las estrategias existentes con soluciones sostenibles, accesibles y de bajo impacto ambiental, como lo es la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia.

Es imperativo que la implementación de estas soluciones, particularmente la incorporación obligatoria de sistemas de captación en los reglamentos de construcción, se enfoque de manera prioritaria en los grandes desarrollos inmobiliarios, complejos corporativos y viviendas de alta plusvalía. Al dirigir la obligatoriedad a estos sectores, se asegura que la medida no recaiga como una carga económica sobre las familias de bajos recursos, quienes ya enfrentan desafíos para acceder a la vivienda y a servicios básicos. Por el contrario, al ser los grandes desarrollos los principales responsables de la presión sobre los recursos hídricos en las zonas urbanas, es equitativo que sean ellos los primeros en internalizar el costo de la sostenibilidad. Esto protege el ingreso de los más vulnerables mientras se avanza hacia una gestión hídrica más responsable.

Ante esta situación, es urgente que las soluciones que se planteen se encaminen hacia una transformación estructural desde los cimientos, desde el cómo se construyen nuestras comunidades y ciudades, que incluya acciones como los Sistemas de captación de agua de lluvia en los reglamentos de construcción, como respuesta concreta y sostenible ante este contexto actual.

El sistema de captación de lluvia ha sido una técnica ancestral que durante generaciones ha tenido como principal función la agricultura. Al ser un sistema que permite la recolección, almacenaje, saneamiento y uso del agua, se puede utilizar en viviendas en las que la lluvia escurre de los techos. Esta puede ser aprovechada en la vivienda. En comunidades donde no existe suministro de agua o es temporal, este sistema ayuda a aminorar su escasez en los hogares.

Esta cobra más relevancia cuando se considera la posibilidad de establecerlo como norma en los reglamentos de construcción, permitiendo que no dependa de iniciativas personales o comunitarias, sino de una acción generalizada.

Es por esto que hoy en día la integración de estos sistemas en proyectos de construcción representa una solución estratégica ante la creciente escasez de agua y la presión sobre los sistemas hídricos urbanos. La oportunidad que brindan estos sistemas al recolectar, almacenar y reutilizar el agua de lluvia logra la disminución de la demanda sobre las fuentes de abasto tradicionales y reduce la dependencia del suministro de las redes municipales, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad hídrica. Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, los Scall (Sistemas de Captación de Agua de Lluvia) no sólo son una tecnología viable, sino también sustentable, que tiene la capacidad de ser implementada tanto en zonas urbanas como rurales, lo cual genera beneficios ambientales, sociales y económicos.1

Existen organizaciones como Isla Urbana que han demostrado que la captación de lluvia es no solo factible, sino una oportunidad de transformación para aquellas comunidades marginadas en las cuales el acceso continuo al agua potable es una carencia, esta organización, mediante un modelo replicable, ha instalado más de 30 mil sistemas en viviendas, escuelas y espacios comunitarios, lo que ha permitido el aprovechamiento de miles de litros de agua al año.

La captación de agua de lluvia también ha sido reconocida por gobiernos estatales y municipales como una estrategia efectiva para enfrentar la presión sobre los mantos acuíferos y mejorar el abastecimiento en zonas urbanas. Por ejemplo, el gobierno municipal de Toluca ha instalado sistemas en comunidades con problemas de acceso al agua, logrando abastecer a cientos de familias con agua apta para el consumo y uso doméstico. Esta iniciativa, además de mejorar la calidad de vida, ayuda a disminuir el gasto en servicios de pipas y a fortalecer la autonomía hídrica local. Incluir estos sistemas desde el diseño arquitectónico y urbano permite optimizar su eficiencia y reducir los costos de implementación a largo plazo.

Es claro que la inclusión de sistemas de captación de agua de lluvia en los proyectos de construcción es una estrategia clave ante los retos actuales del cambio climático; su implementación permite aprovechar el agua que generalmente es desperdiciada, lo cual es un manejo más sustentable del recurso, sobre todo en lugares donde el estrés hídrico es cada vez mayor, y no solo eso; al recolectar y utilizar el agua de lluvia para usos no potables, se libera presión sobre los acuíferos y sistemas de distribución, lo cual permite generar una mejor gestión del recurso a largo plazo. Su incorporación en escuelas, viviendas y edificios públicos es un enfoque preventivo y formativo que permite crear comunidades resilientes, conscientes de la importancia del agua, e impulsa una cultura de responsabilidad compartida frente al recurso hídrico.

Es por esto que uno de sus beneficios más relevantes es la reducción directa en el consumo de agua potable, pues el agua recolectada puede utilizarse para múltiples fines, como lo son riego de jardines, lavado de patios y autos, descarga de inodoros o incluso, con el tratamiento adecuado, para consumo humano, lo cual representa un gran ahorro en el gasto mensual por servicios, beneficiando tanto a usuarios domésticos como comerciales.2

Mientras que desde un punto de vista ambiental, la captación de agua contribuye a disminuir la sobreexplotación de los mantos acuíferos y ayuda a conservar las reservas subterráneas en peligro de agotamiento, al favorecer la recarga natural de acuíferos, reduce la necesidad de bombeo, transporte y tratamiento del agua, lo que a su vez baja la huella de carbono y el consumo energético de los sistemas municipales.

Estos beneficios se han visto en proyectos como “Cosecha de Lluvia” en la Ciudad de México, mediante el cual se han instalado sistemas en más de 73 mil viviendas, lo cual no solo ha generado ahorros en consumo, sino que también ha fortalecido la educación ambiental y resiliencia hídrica, pues en muchas escuelas también han incorporado estos sistemas como parte del equipamiento.3

Por su parte, en las montañas de la Sierra Madre Occidental, la comunidad wixárika ha logrado adaptar con éxito la captación de agua de lluvia como parte de su estrategia de acceso al agua y, con el apoyo de diversas organizaciones, han instalado más de 180 sistemas en viviendas, escuelas y centros comunitarios, lo que ha mejorado el acceso al agua, reducido enfermedades y fortalecido capacidades locales.4

En el estado de México han instalado sistemas de captación de agua de lluvia en algunas zonas con especial dificultad, lo que permite recolectar agua para uso consumo humano, reduciendo la dependencia de pipas y permitiendo el fortalecimiento de la infraestructura hídrica local.5

Por tanto, la implementación obligatoria de estos sistemas en los planes de desarrollo urbano es una medida ambiental responsable, pero también una respuesta estructural necesaria frente a la crisis hídrica que se vive actualmente, que aprovecha de manera inteligente y representa una apuesta por el futuro y por un acceso equitativo al agua.

Por lo expuesto, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del país para que incorporen en sus planes de desarrollo urbano municipal disposiciones que fomenten la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia, especialmente en nuevas construcciones o remodelaciones mayores a un 50 por ciento o que impliquen reconstrucción total. Priorizando unidades de vivienda catalogadas como desarrollos inmobiliarios, casas de metraje alto y plusvalía significativa, cuyos costos de implementación serán asumidos por los desarrolladores y por los propietarios. Asimismo, la instalación de sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial en un porcentaje no menor a 20 por ciento del consumo estimado de la unidad habitacional. Estableciendo criterios técnicos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y sus comisiones estatales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca mecanismos de verificación en materia de captación e agua pluvial con el fin de evaluar su impacto en la seguridad hídrica local.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca especificaciones y estándares para los sistemas de captación de agua de lluvia para la obra pública.

Notas

1 Comisión Nacional de Vivienda. (sin fecha). Ecotecnologías: Agua. Siesco. Recuperado el 7 de agosto de 2025, de https://siesco.conavi.gob.mx/doc/tecnicos/ecotecnologias/Ecotecnolog%C3 %ADas%20Agua.pdf

2 Comisión Nacional de Vivienda. (sin fecha.). Ecotecnologías: Agua. Siesco. Recuperado el 7 de agosto de 2025, de https://siesco.conavi.gob.mx/doc/tecnicos/ecotecnologias/Ecotecnolog%C3 %ADas%20Agua.pdf

3 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. (sin fecha). Cosecha de lluvia. Recuperado el 7 de agosto de 2025, de https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cosecha-de-lluvia

4 El País. (2025, 15 de marzo). La cosecha de agua de lluvia crece en la comunidad wixárika de México. Recuperado el 7 de agosto de 2025, de https://elpais.com/america-futura/2025-03-15/la-cosecha-de-agua-de-lluv ia-crece-en-la-comunidad-wixarika-de-mexico.html

5 Gobierno municipal de Toluca (sin fecha). Instala gobierno municipal sistema de captación de agua de lluvia. Recuperado el 7 de agosto de 2025, de https://www2.toluca.gob.mx/instala-gobierno-municipal-sistema-de-captac ion-de-agua-de-lluvia-sera-para-uso-y-consumo-de-los-habitantes/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputado Luis Enrique Miranda Barrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu a girar instrucciones a la Conavi, a diseñar y a implementar un programa emergente de reconstrucción y construcción de vivienda dirigido a las familias afectadas por las recientes inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Óscar Bautista Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el numeral 1, fracción I del artículo 6 y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días recientes, nuestro país ha sido testigo de uno de los episodios de emergencia climática más severos de los últimos tiempos. Las precipitaciones extraordinarias asociadas a este fenómeno provocaron desbordamientos, deslizamientos y anegaciones que impactaron gravemente a las entidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

La magnitud del desastre es alarmante, la devastación material que ha dejado a miles de familias sin vivienda, sin acceso a servicios básicos y sin medios inmediatos de subsistencia, configurando una emergencia social que exige respuesta urgente, coordinada y eficaz de todos los niveles de gobierno. La situación actual no sólo representa una crisis humanitaria, sino también un llamado a fortalecer las políticas de prevención, mitigación y reconstrucción con enfoque de derechos humanos y resiliencia comunitaria.

Los efectos de las lluvias extraordinarias asociadas a los remanentes de los sistemas tropicales Priscilla y Raymond han dejado una huella de destrucción particularmente visible en el patrimonio habitacional de miles de familias. En Veracruz, Veracruz (69): Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Alto Lucero, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Atoyac, Atzalan, Boca del Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chicontepec, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Coxquihui, Cuitláhuac, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jilotepec, La Antigua, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, Misantla, Naranjos Amatlán, Nautla, Orizaba, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Soledad de Doblado, Tecolutla, Tehuipango, Tihuatlán, Xalapa, daños estructurales severos en viviendas, con colonias completas afectadas por anegamientos prolongados y pérdida total de inmuebles.

En Puebla, los reportes locales confirman afectaciones graves en zonas urbanas y rurales, 37: Acateno, Ahuazotepec, Amixtlán, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Chichiquila, Chignautla, Coatepec, Coyoacán, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jonotla, Nauzontla, Olintla, San Felipe Tepatlán, Tecali de Herrera, Tehuacán, Tenezintla, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlatlauquitepec, Xiutetelco, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zaragoza, donde numerosas viviendas presentan colapsos parciales, filtraciones extensas o han quedado inhabitables por la acumulación de lodos y sedimentos.

En Hidalgo, la intensidad de las inundaciones y los deslaves comprometió la seguridad estructural de miles de hogares en 28 municipios, Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Atlapexco, Calnali, Huasca de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tasquillo, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán de Ángeles, Zimapán, obligando a la evacuación de familias y a la instalación de refugios temporales.

En San Luis Potosí, al 12 municipios, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla, Tamasopo, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Tanlajás, Xilitla registran daños directos en viviendas, desde destrucción de techumbres y muros hasta afectaciones en cimentaciones, además de pérdidas materiales que dejan a las familias sin resguardo adecuado.

En Querétaro, se dañaron 7 municipios Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Querétaro distintas localidades enfrentan daños significativos en sus zonas habitacionales debido al desbordamiento de ríos y arroyos, con casas anegadas, pérdida de enseres domésticos y estructuras comprometidas que impiden el retorno inmediato de las familias a sus hogares.

En conjunto, estos daños representan una crisis nacional en materia de vivienda, con un estimado inicial de más de 100 mil hogares afectados –de los cuales al menos 8 mil viviendas resultaron con daños totales o inhabitables, según el censo preliminar de la Secretaría de Bienestar y reportes de Protección Civil– y miles de familias que hoy carecen de un espacio seguro donde vivir. Esta magnitud exige, como mínimo, la construcción de 8 mil viviendas nuevas para restituir el patrimonio habitacional perdido y garantizar la resiliencia ante futuros desastres.

Ante estos acontecimientos, se vuelve indispensable que el Estado mexicano active de manera inmediata los mecanismos institucionales existentes para garantizar la construcción, reconstrucción y rehabilitación de viviendas en las entidades afectadas. Corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) coordinar, diseñar y ejecutar los programas emergentes que permitan restituir los hogares dañados y asegurar soluciones habitacionales dignas para las familias damnificadas.

La Conavi cuenta con atribuciones técnicas y operativas para emitir lineamientos, dirigir recursos y supervisar procesos constructivos; por ello, su participación directa resulta esencial para evitar respuestas fragmentadas y asegurar que la reconstrucción habitacional se realice con criterios de seguridad estructural, equidad territorial y enfoque de derechos humanos.

Fortalecer su intervención permitirá que las comunidades afectadas transiten de la emergencia a la recuperación mediante viviendas seguras, resilientes y adecuadas, garantizando que ninguna familia quede sin un espacio digno donde vivir.

En este mismo sentido, las inundaciones recientes han evidenciado que el esquema actual de respuesta a emergencias resulta insuficiente para garantizar una atención habitacional rápida y estructurada. La magnitud de los daños demuestra la necesidad de consolidar un mecanismo institucional permanente, eficaz y transparente, que permita a la CONAVI coordinar la reconstrucción de vivienda con claridad operativa, certeza presupuestal y criterios técnicos unificados.

La frecuencia e intensidad creciente de los fenómenos hidrometeorológicos exige que el país cuente con una ruta estable para la restitución de hogares, evitando improvisaciones y asegurando que las familias damnificadas reciban soluciones habitacionales seguras, resilientes y adecuadas.

Por ello, se vuelve indispensable que el gobierno federal fortalezca la acción institucional en materia de vivienda y otorgue a la Conavi los recursos, atribuciones y mecanismos operativos necesarios para coordinar, con reglas claras y supervisión permanente, la construcción y reconstrucción de hogares en las zonas afectadas.

Un esquema nacional de atención habitacional, articulado entre los tres órdenes de gobierno, permitiría responder de manera inmediata ante emergencias y garantizar procesos de reconstrucción transparentes, eficientes y técnicamente adecuados. Solo mediante una intervención sólida y coordinada en esta materia será posible proteger el patrimonio, la seguridad y la integridad de las familias mexicanas frente a los efectos cada vez más intensos de los desastres naturales.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que de manera inmediata diseñe e implemente un Programa Emergente de Reconstrucción y Construcción de Vivienda que contemple la construcción de 8 mil viviendas nuevas para las familias que perdieron total o parcialmente su hogar a causa de las inundaciones de octubre de 2025 en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Conavi a establecer lineamientos técnicos y operativos para garantizar que la reconstrucción habitacional se realice con criterios de seguridad estructural, resiliencia, accesibilidad y enfoque de derechos humanos, priorizando a las comunidades que presentan mayores niveles de daño y vulnerabilidad social.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coadyubar con la Conavi en la identificación de daños, la validación de predios, el diseño de soluciones habitacionales y la aplicación de recursos para la atención inmediata y efectiva de las familias damnificadas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales de las entidades afectadas a facilitar el acceso a información catastral, estudios de riesgo y permisos locales necesarios para acelerar los procesos de reconstrucción de vivienda y garantizar la reubicación segura de las familias cuyos hogares se encuentren en zonas de alto riesgo.

Dado en el Palacio Legislativo, el 26 de noviembre de 2025.

Diputado Óscar Bautista Villegas (rúbrica)