Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas instituciones a revisar, atender, transparentar y solucionar las solicitudes ingresadas al programa de precios de garantía de trigo correspondiente al ciclo otoño–invierno 2023/2024 y a garantizar el pago oportuno a los productores del campo, a cargo del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al tenor siguiente:

Exposición de Motivos

El campo mexicano enfrenta, una vez más, los efectos de la ineficiencia institucional y la falta de transparencia en la ejecución de programas federales. En esta ocasión, se trata del Programa de Precios de Garantía de Trigo del Ciclo Otoño-Invierno 2023/2024, operado en ese entonces por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual ya no existe como organismo independiente, ya que fue fusionada con Diconsa para crear la entidad llamada Alimentación para el Bienestar. Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 21 de enero de 2025, por el que se ordena la desincorporación por fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana con Diconsa, SA de CV, cuyo objetivo es garantizar un precio justo para los productores agrícolas, fomentar la autosuficiencia alimentaria y reducir la desigualdad económica en las zonas rurales, y otorgar estímulos fiscales a personas morales del régimen general, régimen simplificado de confianza y personas físicas con actividades empresariales o profesionales.

Sin embargo, la realidad en múltiples regiones del país como Guanajuato, Sonora, Baja California y Sinaloa dista mucho de cumplir con esos propósitos. Miles de productores de trigo han denunciado retrasos, inconsistencias y falta de claridad en el proceso de validación y pago de las solicitudes que ingresaron desde el inicio del ciclo agrícola. Esta situación ha derivado en incertidumbre financiera, imposibilidad de cumplir con créditos agrícolas, y pérdida de confianza en las instituciones federales.

El Programa de Precios de Garantía, implementado originalmente como parte de la política agroalimentaria del gobierno actual, busca otorgar un ingreso digno a los productores de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche). De acuerdo con las propias reglas de operación, los precios de garantía deben garantizar la adquisición del producto, asegurar el pago en plazos razonables y priorizar a los pequeños productores.

No obstante, la ejecución del programa en el Ciclo Otoño-Invierno 2023/2024, ha evidenciado deficiencias en la gestión administrativa, falta de comunicación con los beneficiarios y opacidad en la información pública. En muchos casos, las solicitudes fueron aceptadas, sin que los productores recibieran confirmación formal de registro o fecha de pago, y en otros, los expedientes permanecen “en revisión” sin explicación alguna.

Esta problemática afecta de manera directa a los productores pequeños y medianos; que dependen de estos ingresos de granos básicos para reinvertir en el siguiente ciclo agrícola. La falta de liquidez no solo pone en riesgo la continuidad de la producción, sino que impacta a toda la cadena agroalimentaria y comercial del país, especialmente en estados donde el trigo representa un componente esencial de la economía regional.

El caso de Guanajuato es ilustrativo, se trata de una de las entidades con mayor productividad de trigo en la región del Bajío, donde cientos de productores están a la espera de los recursos prometidos por Segalmex desde hace meses. La falta de soluciones, compromete la planeación de los futuros ciclos, y vulnera la seguridad económica de familias que viven del trabajo agrícola.

El presente punto de acuerdo se sustenta en diversas disposiciones constitucionales y legales que establecen la obligación del Estado mexicano de garantizar el uso eficiente, transparente y equitativo de los recursos públicos:

- Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, promueva una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

- Artículo 27, que reconoce la función social de la propiedad de la tierra y la necesidad de fomentar el desarrollo rural integral y sustentable.

- Artículo 134, que establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por su parte en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 2o. dispone que las políticas públicas deben propiciar el bienestar de la población rural. Además, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obliga a las dependencias y entidades a rendir cuentas sobre la aplicación de recursos federales asignados a programas específicos.

En virtud de lo anterior, Segalmex, como organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y como se menciona en el decreto en su artículo 3, “Segalmex deberá conservar su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de desincorporación por fusión y de las actividades imponderables, hasta en tanto se concluya el proceso de desincorporación por fusión.” También en el artículo 4 “Diconsa deberá encargarse de todas las acciones que se encuentren en proceso, las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos administrativos; de instrumentos contractuales vigentes; así como de la atención y seguimiento de cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que se encuentre en trámite o pendiente de obtener resolución definitiva por parte de Segalmex.”

Por lo anterior, se tiene el deber legal de informar y resolver de manera oportuna sobre la situación de los pagos, padrones de beneficiarios y criterios de selección, así como garantizar la correcta aplicación de los recursos asignados al Programa de Precios de Garantía.

Además, la falta de pagos oportunos ha provocado que productores deban recurrir a créditos con altos intereses para cubrir gastos operativos, deteriorando su rentabilidad y competitividad. En el caso del trigo, un cultivo de ciclo largo y de alto costo de producción, los retrasos en el pago equivalen a una pérdida significativa en poder adquisitivo, agravada por la inflación en insumos agrícolas como fertilizantes, energía y transporte. Cabe señalar, que los pagos pendientes a productores del estado de Guanajuato, son un total de 834, conforme al Ciclo Otoño-Invierno 2023/2024.

Es imperativo que el gobierno federal, a través de las entidades, organismos e instituciones responsables, rindan cuentas claras sobre los criterios de validación, fechas de pago y número de productores atendidos y así mismo que publique un informe actualizado que permita a los productores conocer el estatus real de sus solicitudes.

Además, garantizar el derecho de los agricultores a recibir un pago justo y oportuno no es un privilegio, es una obligación constitucional y moral. La transparencia y eficiencia en los programas agroalimentarios son pilares del desarrollo rural y de la soberanía alimentaria que este gobierno dice defender.

Por las razones expuestas con anterioridad, se requiere la validación de los expedientes por parte de Segalmex, y de todas las acciones que se encuentren en proceso, así como la atención y seguimiento de cualquier asunto jurisdiccional o administrativo que se encuentre en trámite pendiente de obtener resolución definitiva. Lo anterior, en correspondencia conforme a sus atribuciones de Diconsa y de Segalmex, y mediante el número de oficio 321.-710-2025, con fecha de 31 de octubre del presente año, emitido por la Coordinación General de Comercialización y Financiamiento de la Dirección General de Precios y Ordenamiento Comercial de la Sader. En el mismo sentido, al oficio recibido por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con el número de Folio: 028, enviado por productores del sistema producto trigo de Guanajuato, AC.

Empero, a que dicha situación ha generado incertidumbre financiera en el sector productivo, afectando la planeación de siembras del siguiente ciclo agrícola, la comercialización del grano y el cumplimiento de compromisos crediticios. Los testimonios de los propios productores, mencionan que existen inconsistencias y demoras en la publicación de padrones de beneficiarios, la verificación de documentación, y la dispersión de los recursos correspondientes a la cosecha de trigo del ciclo mencionado.

Esta soberanía tiene el deber de vigilar el cumplimiento de los programas federales, así como de garantizar el uso adecuado y transparente de los recursos destinados al campo mexicano.

Reconocer y respaldar a los productores del campo no es un favor, es una obligación del Estado mexicano con quienes día a día sostienen la soberanía alimentaria de nuestra patria.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal; a Diconsa, SA de CV; a Seguridad Alimentaria Mexicana; a Alimentación para el Bienestar y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a revisar, atender, transparentar y solucionar las solicitudes ingresadas al programa de precios de garantía de trigo correspondiente al Ciclo Otoño-Invierno 2023/2024, y a garantizar el pago oportuno a los productores del campo, a que:

1. Revise y transparente el estatus de las solicitudes ingresadas al Programa de Precios de Garantía de Trigo correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2023/2024, y publique un informe actualizado con los resultados del proceso de validación y dispersión de recursos.

2. Se establezcan mesas de trabajo de manera conjunta y permanente, con las dependencias que operan el programa derivado del retraso del pago de 28 por ciento.

3. Fortalezcan la transparencia del programa y acceso público a la información, mediante la difusión clara y detallada, a través de sus plataformas oficiales, de las causas de los retrasos y las acciones adoptadas para garantizar la operación eficiente y oportuna del programa en los ciclos agrícolas subsecuentes.

4. En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, establezca un mecanismo de atención directa y permanente a los productores de trigo, a fin de asegurar que los apoyos lleguen en tiempo, forma y sin discrecionalidad.

5. Se publique a la brevedad la Mecánica Operativa para el Programa de Precio de Garantía del trigo, del Ciclo Otoño-Invierno 2024/2025. La cual se publica en los meses de julio-agosto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputado Federal Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la CFE a garantizar la entrega íntegra para el derecho de alumbrado público a los municipios y asegurar la continuidad del suministro eléctrico para servicios públicos esenciales, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a garantizar la entrega íntegra para el derecho de alumbrado público a los municipios y asegurar la continuidad del suministro eléctrico para servicios públicos esenciales.

Consideraciones

Una de las demandas más sentidas y legítimas de la ciudadanía es vivir en un entorno seguro. Un componente fundamental para lograrlo es la provisión de servicios públicos de calidad, siendo el alumbrado público la primera línea de defensa para la seguridad en nuestras colonias. Calles oscuras son una invitación a la delincuencia. Sin embargo, los gobiernos municipales, que son la autoridad de primera respuesta y los responsables constitucionales de este servicio, enfrentan un obstáculo sistémico impuesto por una política federal que les impide garantizarlo.

El problema de fondo radica en la irresponsable política que el gobierno federal ha implementado, al permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actúe como un instrumento de recaudación supra-municipal. Esta práctica vulnera directamente la autonomía financiera de los ayuntamientos, garantizada por el artículo 115 Constitucional. Al utilizar a una empresa del Estado para retener fondos que legalmente pertenecen a los municipios, la federación genera un estrangulamiento financiero que impide a la autoridad local, la más cercana al ciudadano, cumplir con sus obligaciones básicas.

Este conflicto se centra en el manejo del derecho de alumbrado público (DAP). El DAP no es un pago a la CFE, sino un cobro que los ciudadanos pagan en su recibo de luz y que está etiquetado para un fin específico: iluminar las calles. Cuando existe un excedente o remanente de este cobro, ese dinero debe regresar íntegra y oportunamente a las arcas municipales. Son recursos públicos locales que deben destinarse, por ley y por lógica, al mantenimiento, reparación y expansión de la red de luminarias, un servicio esencial para la seguridad pública.

Contrario a este principio, el gobierno federal permite que la CFE, de manera unilateral y aplicando normas “muy tajantes”, retenga ilegalmente estos remanentes para cobrarse adeudos, incluso aquellos heredados por administraciones pasadas. En la práctica, la federación “toma como rehén” el dinero de los ciudadanos destinado a los servicios de hoy, para pagar deudas de ayer. Esta política centralista estrangula financieramente a los ayuntamientos, dejándolos sin capacidad de respuesta.

El caso de Zacatecas es un claro ejemplo de este estrangulamiento. El ayuntamiento de la capital, que recientemente logró liquidar una deuda histórica de 5 millones de pesos heredada, sufría la retención sistemática del remanente del DAP. Esta política federal le costó a la capital entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales, dinero que pertenecía a los ciudadanos y que dejó de invertirse en la reparación de luminarias vandalizadas y en la modernización del servicio en nuestras colonias.

Esta irresponsable política federal es insostenible y tiene consecuencias graves. En casos extremos, como el del municipio de Villanueva, Zacatecas, ha provocado la suspensión del suministro de energía eléctrica no solo al alumbrado público, sino también a los pozos de agua potable. Es inaceptable que el Gobierno Federal, por un conflicto administrativo de cobro, deje a los ciudadanos sin luz y sin agua, afectando su seguridad y su derecho humano a la salud. Es por ello que se requiere un exhorto urgente para que la federación cese estas prácticas, libere los recursos de los municipios y se establezcan mecanismos justos de negociación, sin afectar la prestación de servicios esenciales.

El problema central es la existencia de una política federal de recaudación que resulta inconstitucional, irresponsable y desproporcionada. Al permitir que la CFE actúe como un instrumento de cobro supra-municipal, el Gobierno Federal vulnera la autonomía financiera que el artículo 115 constitucional otorga a los ayuntamientos. Esta política distorsiona la naturaleza del DAP, convirtiendo un pago ciudadano para servicios actuales en una garantía forzosa para saldar adeudos heredados, sobre los cuales la administración municipal en turno no tiene responsabilidad directa.

La consecuencia directa de esta política es el estrangulamiento financiero de los municipios, dejándolos imposibilitados para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad. Al retener unilateralmente los remanentes del DAP, se les priva de los recursos necesarios para el mantenimiento básico. Esto impide la reparación de luminarias vandalizadas y, en la práctica, deja a las colonias en la oscuridad.

El problema escala de lo financiero a una crisis de servicios básicos y derechos humanos. La irresponsabilidad de esta política federal llega al extremo de permitir cortes de energía a servicios esenciales. Como se ha documentado en municipios como Villanueva, esta práctica ha resultado en la suspensión del alumbrado público y, de forma inaceptable, del bombeo en pozos de agua potable. Estamos, por tanto, ante una política federal que prioriza el cobro administrativo por encima de la seguridad y el derecho humano a la salud de la población.

Por lo expuesto, este punto de acuerdo se presenta como una defensa urgente del federalismo y de la autonomía municipal, consagrada en el artículo 115 de nuestra Constitución. La política actual del gobierno federal, al permitir que la CFE actúe como un ente recaudador que retiene fondos públicos locales, vulnera gravemente esta autonomía. No es admisible que una empresa del Estado, por muy federal que sea, estrangule financieramente a los ayuntamientos, impidiéndoles ejercer su facultad constitucional más básica: la prestación de servicios públicos esenciales como el alumbrado.

Esta práctica no es un mero trámite administrativo; se ha convertido en una violación directa a los derechos humanos de la población. Cuando el gobierno federal prioriza el cobro de adeudos heredados por encima del bienestar presente, genera consecuencias graves. Dejar a las colonias a oscuras por retener cientos de miles de pesos mensuales destinados al alumbrado es una afrenta directa al derecho a la seguridad. Más grave aún, permitir cortes de energía a pozos de agua potable, como en el caso de Villanueva, es una acción irresponsable que atenta contra el derecho humano a la salud.

Este exhorto, por tanto, es un llamado a la congruencia y a la responsabilidad del gobierno federal. No se puede exigir a los municipios que cumplan con las metas de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para reducir la inseguridad, mientras simultáneamente se les quitan los fondos para hacerlo. Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y a la CFE para que cesen estas prácticas recaudatorias desproporcionadas y establezcan mecanismos de negociación justos, que no “tomen como rehén” a la ciudadanía ni la dejen sin luz o agua por conflictos administrativos.

El presente documento se fundamenta en la defensa del federalismo y la autonomía municipal, pilares consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política. Dicho artículo faculta a los municipios como la autoridad responsable de la prestación de servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra de manera explícita el “alumbrado público”. La política actual del gobierno federal, al permitir que la CFE actúe como un ente recaudador que retiene fondos públicos locales, vulnera gravemente esta autonomía.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... (artículo 115, CPEUM).

La actual política federal, consistente en la retención sistemática de los remanentes del derecho de alumbrado público, constituye una invasión de facto a las facultades de la hacienda municipal. Esta práctica vulnera el espíritu del artículo 115 constitucional, que dota a los ayuntamientos de autonomía financiera para la gestión de sus servicios. Es fundamental subrayar que el DAP es un ingreso de carácter municipal, no federal. Al permitir que la CFE actúe como un ente recaudador supra-municipal, la Federación está, en los hechos, confiscando un recurso local y distorsionando el pacto federal.

Al utilizar a la CFE como un instrumento de cobro para saldar adeudos heredados (sobre los cuales la administración municipal actual no tiene responsabilidad directa), el gobierno federal está obstaculizando de manera grave la capacidad de los municipios para gobernar. Se les impide administrar sus propios recursos y, fundamentalmente, responder a las demandas ciudadanas más básicas, como el alumbrado y la seguridad. Esta política convierte un servicio público esencial en un inaceptable mecanismo de presión financiera, castigando a la administración actual y a sus ciudadanos que pagan puntualmente, tomando como rehén la provisión de un servicio vital.

Esta política federal, además de ser financieramente irregular, tiene un impacto directo e inmediato en la seguridad pública. El alumbrado público no es un servicio ornamental; es la herramienta más básica y esencial que tienen los municipios para la disuasión del delito y la salvaguarda de la integridad de sus habitantes. Al retener indebidamente los fondos del DAP, la Federación está obstaculizando activamente la estrategia de seguridad municipal y creando condiciones que favorecen la delincuencia.

En el caso de Zacatecas, esta política le costó a la capital entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales. Esos son recursos que los ciudadanos ya pagaron y que debían haberse destinado a reparar luminarias vandalizadas o reponer focos. En la práctica, la irresponsable decisión federal de priorizar el cobro administrativo sobre el servicio, deja a las colonias en la oscuridad, generando “zonas ciegas” que son aprovechadas por la delincuencia y aumentando la percepción de inseguridad que daña a nuestras familias.

La irresponsable política de cobro del gobierno federal escala de lo financiero a una crisis de servicios básicos y derechos humanos. La actuación de la CFE, amparada en una lógica recaudatoria y no de servicio público, ha llegado al extremo de suspender el suministro de energía a servicios esenciales para la vida comunitaria, en una medida desproporcionada que castiga directamente a la población.

El caso del municipio de Villanueva, Zacatecas, es el ejemplo más alarmante de esta política. Se ha documentado que, por adeudos, la CFE ha suspendido el suministro eléctrico no solo al alumbrado público, sino también a los pozos de agua potable. Es inaceptable que el gobierno federal, por un conflicto administrativo, deje a los ciudadanos sin luz y sin agua. Esta acción atenta directamente contra la dignidad de las familias y vulnera su derecho humano al agua y a la salud, consagrados en el artículo 4o. de la Constitución.

Esta política federal de cobro no solo es desproporcionada, sino fundamentalmente injusta, pues castiga a los ciudadanos actuales por deudas que no generaron. Los habitantes de un municipio que pagan puntualmente su derecho de alumbrado público lo hacen con la expectativa de recibir un servicio a cambio. Sin embargo, el gobierno federal, al retener los remanentes para saldar adeudos heredados, está castigando doblemente al contribuyente cumplido: primero, porque su dinero es desviado, y segundo, porque no recibe el servicio de alumbrado por el que pagó.

Es una irresponsabilidad que el gobierno federal, en lugar de establecer mecanismos de negociación justos y transparentes para la reestructuración de pasivos con los ayuntamientos, opte por la vía más fácil: tomar como “rehenes” a los ciudadanos. Al permitir que la CFE retenga unilateralmente los fondos o corte servicios esenciales, la Federación demuestra una falta de sensibilidad y una política centralista que prioriza la recaudación administrativa por encima del bienestar, la seguridad y los derechos humanos de la población.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad competente en esta materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicha ley la faculta como la dependencia rectora de la política económica y las finanzas públicas del país, y como la coordinadora de sector de las Empresas Productivas del Estado, como lo es la CFE, en materia financiera y presupuestaria. Por tanto, es la autoridad federal corresponsable de la política de cobro y de la coordinación fiscal entre la Federación y los municipios, la cual está siendo vulnerada.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;

III. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan;

X a XIII. ...

XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;

XV a XVI. ...

XXVII. Establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario;

XXVIII. a XXXIV. ...

La CFE, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, ostenta el carácter de Suministrador de Servicios Básicos, lo que le otorga la facultad de facturar y cobrar el suministro de energía. Sin embargo, en el caso específico del derecho de alumbrado público, la CFE actúa únicamente como agente recaudador en nombre de los municipios, con base en los convenios de colaboración fiscal celebrados en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y las Leyes de Hacienda municipales.

Ley de la Industria Eléctrica

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XLVIII. ...

XLIX. Suministro Básico: El suministro eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea usuario calificado;

L. a LVII. ...

Que el fundamento legal que da origen al cobro del derecho de alumbrado público emana del marco fiscal estatal. Específicamente, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, que establece la facultad de los ayuntamientos de percibir “Derechos” por la prestación de servicios públicos, siendo el alumbrado uno de ellos. Esta ley general otorga la potestad al municipio para cobrar por el servicio que presta.

Si bien la Ley de Hacienda otorga la facultad, es la Ley de Ingresos de cada municipio la que define el mecanismo específico de recaudación. En el caso de la capital, la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para 2024 autoriza explícitamente a los contribuyentes a pagar este derecho a través del recibo que expide la CFE. Esta autorización legislativa anual es el pilar que permite al ayuntamiento buscar la colaboración de la CFE, dado que esta última posee el padrón de usuarios de energía.

Basado en dicha autorización de su Ley de Ingresos, el ayuntamiento celebra un Convenio de Colaboración Administrativa con CFE, suministrador de servicios básicos. Es en este convenio donde la CFE acepta formalmente actuar como un “agente recaudador” o “coadyuvante” del municipio. Por lo tanto, la CFE cobra el DAP en nombre del municipio y está obligada contractualmente a transferirle dichos fondos, menos la contraprestación pactada por el servicio de cobranza.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a modificar su política de cobro a municipios. Específicamente, se solicita que la CFE cese la retención unilateral de los remanentes del derecho de alumbrado público para saldar adeudos heredados y se abstenga de cortar servicios esenciales como el alumbrado o el bombeo de agua. El fin es terminar con el estrangulamiento financiero de los ayuntamientos, respetar su autonomía y garantizar que los recursos de la ciudadanía se inviertan en la seguridad y los servicios básicos por los que ya pagaron.

Por lo expuesto, sometemos a consideración las siguientes proposiciones con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la plena autonomía financiera de los municipios y, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, asegurar la entrega íntegra, transparente y oportuna de los montos recaudados por concepto del derecho de alumbrado público.

Segundo. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo federal y al director general de la Comisión Federal de Electricidad a garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica a los servicios públicos esenciales para la vida comunitaria, tales como el alumbrado público y el bombeo de agua potable priorizando en todo momento la seguridad y el derecho humano a la salud de la población.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Segalmex para la apertura de todos los centros de acopio federales e implementar un mecanismo de desalojo y disposición eficiente del inventario de frijol y a asegurar que el precio de garantía establecido sea justo y remunerador para los agricultores, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo a partir de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en México promueve la seguridad alimentaria, la nutrición, y sistemas agroalimentarios sostenibles, enfocándose en garantizar el derecho a una alimentación adecuada, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y mejorar las condiciones de vida de los productores rurales, colaborando con el gobierno para implementar políticas públicas como la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.

Las principales metas de la FAO para la transformación de los sistemas agroalimentarios incluyen la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; la eliminación de la pobreza y la promoción del progreso económico y social universal; y el fomento de la gestión sostenible de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Por lo anterior, la erradicación del hambre debe constituir una de las prioridades estratégicas del estado mexicano. En este contexto, resulta altamente preocupante la reciente disminución en la productividad agrícola y en la suficiencia de la cadena de suministro alimentario, situación que representa una amenaza inminente a la seguridad alimentaria global. Millones de individuos podrían verse expuestos a la inseguridad alimentaria en el futuro próximo, impactando de forma más crítica a los grupos poblacionales vulnerables, específicamente a las niñas, niños y adolescentes.

Tal y como sucede en el estado de Zacatecas, mientras los agricultores están listos para la nueva cosecha de 2025, los centros de acopio federales (a cargo de Segalmex y Alimentación para el Bienestar) siguen ocupados con el grano de la cosecha 2024.

De acuerdo con El Sol de Zacatecas:

Productores de Zacatecas exigen cumplir acopio de frijol

Fernando Galván Martínez anunció movilizaciones ante el retraso del programa federal de acopio; urgen liberar bodegas y definir la capacidad financiera.

Fernando Galván Martínez, líder de productores de frijol de Zacatecas, denunció que este lunes la federación volvió a incumplir con las fechas anunciadas del programa de acopio de frijol, además de que las bodegas de almacenamiento aún conservan la cosecha del año pasado, lo que limitaría la capacidad de recepción.

El gobernador David Monreal Ávila y el secretario del Campo Gerardo Luis Cervantes Viramontes informaron en diversos encuentros recientes con agricultores de Zacatecas que este 3 de noviembre iniciaría la entrega de costales en los 52 centros de acopio de Alimentación para el Bienestar.

Aquí el problema es que nos hacen dar vueltas, la gente se moviliza y pierde tiempo y dinero, los compañeros andan molestos, nada más desinforman a la gente.

El representante del sector agrícola compartió con El Sol de Zacatecas múltiples testimonios de productores de frijol de municipios como Río Grande, González Ortega, Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete y Nieves, quienes lamentaron la falta de costales y la ausencia de documentación del programa federal de acopio.

Galván Martínez anunció que el jueves los productores de frijol habrán de movilizarse para presionar a las autoridades federales y exigir que cumplan con los anuncios del programa de acopio, porque “la cosecha de frijol está a la vuelta de la esquina”.

Cabe recordar que originalmente se anunció que el acopio de frijol iniciaría desde el pasado 15 de octubre, fecha que se aplazó para el 10 de noviembre.

No han movido el frijol del 2024

Galván Martínez también denunció que algunos centros de acopio federales siguen llenos con la cosecha de frijol 2024, porque ni Segalmex ni Alimentación para el Bienestar “han movido el frijol”, lo cual limitaría la capacidad de acopiar la producción 2025.

Según pronósticos de la Secretaría del Campo de Zacatecas, en este ciclo habrá una producción de frijol de entre 350 mil y 400 mil toneladas, lo que representa un incremento del 70 por ciento respecto al ciclo pasado.

Esta situación provocó que las organizaciones de productores ofrecieran al gobierno federal bodegas adicionales para facilitar la recepción y comercialización del frijol zacatecano.

Este lunes, el titular de la Secretaría del Campo (Secampo), Gerardo Luis Cervantes Viramontes, informó que las autoridades federales “aceptaron con mucho gusto” la propuesta, aunque aclaró que ello se realizará sólo donde sea viable para el beneficio de la comercialización del grano.

Por su parte, Fernando Galván Martínez también pidió que se anuncie cuál será la capacidad financiera del programa federal de acopio, para saber cuántas toneladas de frijol se recibirán y tomar las previsiones de producción correspondientes.

Esta tan lamentable situación, no solo limita la capacidad de recibir la nueva producción, sino que también genera incertidumbre.

De acuerdo a la Consultoría líder de información agroalimentaria en México.

La sobreoferta de frijol en México, junto con las limitaciones en la capacidad de acopio, está generando una fuerte presión económica que afecta directamente a los productores y, simultáneamente, impone una carga adicional a las finanzas públicas del país.

A nivel mundial;

• Producción mundial 2025 se estima en 28.3?MTM, similar a 2024.

• Principales productores: India 21.3 por ciento, Brasil 10.8 por ciento, Myanmar 9.5 por ciento, Estados Unidos 4.8 por ciento, México sexta con 4.5 por ciento.

• El comercio internacional alcanzará 4.7?MTM (17.2 por ciento de la producción mundial), concentrado (73.3%) en Myanmar, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Uzbekistán, Egipto y Etiopía.

• Brasil proyecta una producción de frijol 2025/26 de 3?MTM, con área de primera siembra reducida 7.5% a 840.4?mil?ha, avanzando en el Sudeste mientras Bahía y otros estados aún no inician.

A nivel nacional;

Comercialización:

• Los productores enfrentan riesgo de pérdidas por sobreoferta causada por bodegas saturadas, importaciones baratas y cosecha concentrada en 30-45 días.

• El Esquema de precios de garantía presenta limitaciones operativas y presupuestarias, generando distorsiones de precios.

• Pocas bodegas operan en condiciones adecuadas y los volúmenes de acopio son bajos: 26 mil?TM en Durango y 45 mil?TM en Zacatecas.

• Retrasos en pagos y bajos precios del mercado libre (hasta 10?Pesos/Kg) permiten a intermediarios revender al programa oficial a precios superiores, ampliando la brecha con el precio de garantía (27?Pesos/Kg).

• Representando un costo fiscal de hasta 17, mil Pesos/TM. A mayor volumen acopiado dentro del esquema, mayor será el gasto público.

La situación de nuestros productores de frijol es insostenible. Estamos ante una crisis de sobreoferta y colapso logístico que no solo castiga el bolsillo de los campesinos, sino que desangra las finanzas públicas a través de un esquema de precios de garantía mal ejecutado y aprovechado por intermediarios.

Nuestro deber hoy no es debatir, sino actuar. Este exhorto es una hoja de ruta clara para exigir al Ejecutivo: ampliar bodegas, blindar el precio de garantía contra la corrupción y abrir las puertas del mercado internacional a nuestra producción.

Los productores, como Zacatecas que es el principal estado frijolero, se ven obligados a:

• Perder tiempo y recursos movilizándose sin éxito.

• Enfrentar la incertidumbre sobre la capacidad financiera del programa y cuántas toneladas serán compradas a un precio de garantía.

Esta situación pone en riesgo la viabilidad económica de las pequeñas y medianas unidades productivas, afectando directamente su capacidad de subsistencia y la continuidad de la siembra en ciclos futuros.

La denuncia del líder Fernando Galván Martínez subraya una falta de planificación y comunicación efectiva por parte de las autoridades federales. Anunciar fechas de inicio de acopio que se incumplen y mantener un stock rezagado de cosechas anteriores evidencia fallas en la gestión que minan la confianza del sector agrícola.

En resumen, la gobernanza en la política agroalimentaria debe ser eficiente y oportuna. Las movilizaciones anunciadas por los productores son una legítima exigencia para que las autoridades garanticen la comercialización ordenada del frijol, asegurando así los ingresos de los agricultores y la disponibilidad física del alimento para el resto del país.

Las y los zacatecanos agricultores no merecen estar pasando por esta situación, exijo que de manera inmediata se atienda;

• La apertura inmediata y cumplimiento de fechas, que se abran los centros de acopio federales sin más retrasos.

• La capacidad de recepción y desalojo de inventario, que se desaloje el frijol de la cosecha 2024 que aún llena algunas bodegas federales de Segalmex, pues esta limitación reduce drásticamente la capacidad de acopio para la nueva producción 2025.

• La transparencia financiera, que se anuncie y clarifique la capacidad financiera total del programa federal de acopio para el ciclo 2025. Esto les permitiría saber cuántas toneladas de frijol se recibirán en total para tomar sus previsiones de comercialización y,

• Un precio justo y pago oportuno para los las y los agricultores.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración las siguientes proposiciones con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Seguridad Alimentaria Mexicana para aperturar a la brevedad todos los Centros de Acopio Federales destinados a recibir el frijol del ciclo 2025 y a garantizar el cumplimiento estricto de las fechas de inicio de recepción.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana a implementar, con carácter de urgente, un mecanismo de desalojo y disposición eficiente del inventario de frijol correspondiente al ciclo 2024 que actualmente ocupa las bodegas federales, que garantice transparencia, minimice mermas y asegure el uso oportuno de la capacidad de almacenamiento para recibir la nueva producción del ciclo 2025.”

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana a asegurar que el precio de garantía establecido para el frijol se determine con base en criterios como los costos de producción regionales, la rentabilidad mínima esperada y las condiciones de mercado a fin de garantizar un precio justo, remunerador, así como a establecer mecanismos transparentes que garanticen el pago oportuno y directo a los productores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)