Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reintegrar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la totalidad de los recursos recaudados por concepto de derechos derivados de sus actividades y servicios, a cargo del diputado Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal Eduardo Gaona Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, reintegre a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la totalidad de los recursos recaudados por concepto de derechos derivados de sus actividades y servicios, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia, el medio ambiente ha sido un elemento esencial para el crecimiento, el progreso y la supervivencia de la humanidad, al fungir como el principal proveedor de recursos naturales que hacen posible, la producción y el desarrollo económico tal y como lo conocemos. Los ecosistemas ofrecen alimentos, agua, materias primas y una amplia gama de beneficios que sustentan la estabilidad social y económica.

En este sentido, cada región o país mantiene una relación directa y estrecha con su entorno, determinada por la disponibilidad, calidad y acceso a los recursos que ofrece su territorio. Dicha relación no solo define las oportunidades de desarrollo, sino también las condiciones de fragilidad ante fenómenos como la sobreexplotación, la contaminación o el cambio climático.

Por ello, el equilibrio entre la explotación de los recursos y su preservación resulta indispensable para garantizar un desarrollo sostenible, que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.

En este orden de ideas, México es un país privilegiado por su extraordinaria riqueza natural y biológica; su territorio, que abarca cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie continental y más de once mil kilómetros de litorales distribuidos entre el océano Pacífico y el Golfo de México, le otorga una diversidad de ecosistemas única en el mundo. Gracias a esta variedad de climas, relieves y hábitats, el país alberga entre el 10 y el 12 por ciento de la biodiversidad global, lo que lo posiciona como uno de los 17 países megadiversos del planeta.1

Esta condición no solo representa un motivo de orgullo nacional, sino también una gran responsabilidad. México está llamado a fortalecer sus políticas públicas, marcos normativos y estrategias de conservación para proteger su biodiversidad, garantizar el uso sustentable de sus recursos naturales y preservar el equilibrio ecológico.

La riqueza natural del país constituye un patrimonio invaluable que sustenta el bienestar de millones de personas y cuya conservación es esencial para la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

Lamentablemente, el planeta enfrenta una grave y acelerada crisis ambiental que se profundiza día con día, marcada por la pérdida y degradación progresiva de los ecosistemas naturales, la disminución de la biodiversidad, y el agotamiento de los recursos naturales debido a su sobreexplotación.

A ello se suman la contaminación de las fuentes de agua, el deterioro de la calidad del aire y de los suelos, así como los crecientes impactos negativos del cambio climático, reflejados en eventos meteorológicos cada vez más intensos, frecuentes y destructivos.

México no es ajeno a esta realidad. Nuestro país enfrenta serios desafíos en materia ambiental que ponen en riesgo su patrimonio natural y, con ello, el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La deforestación, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios forestales y la fragmentación de hábitats amenazan la integridad de los ecosistemas y la capacidad del territorio nacional para mantener sus funciones ecológicas.

En este contexto, resulta imperativo fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y presupuestales de las dependencias encargadas de la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales, particularmente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Ambas instituciones desempeñan un papel estratégico en la preservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas, la mitigación de los efectos del cambio climático y la promoción de un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable.

La Conanp2 es la instancia responsable de conservar el patrimonio natural de México y de garantizar el equilibrio ecológico dentro de las 232 áreas naturales protegidas distribuidas en todo el territorio nacional. Su labor no solo contribuye a resguardar especies endémicas y ecosistemas únicos, sino que también articula la conservación con el bienestar social, al promover proyectos productivos sostenibles, turismo de bajo impacto y la participación activa de las comunidades que habitan en dichas áreas. No obstante, en los últimos años esta institución ha enfrentado reducciones presupuestales significativas, lo que ha limitado su capacidad operativa, el mantenimiento de las áreas naturales protegidas y la implementación de programas de conservación efectivos.

Por su parte, la Conafor tiene como misión principal desarrollar, fomentar e impulsar las actividades de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país. Además, participa en la formulación de políticas públicas, planes y programas orientados al desarrollo forestal sustentable,3 por lo que su trabajo es fundamental para reducir la deforestación, recuperar suelos degradados y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático.

En cuanto respecta a la Profepa, se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con autonomía técnica y operativa. Su misión es procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación a través de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, verificación, vigilancia y uso de instrumentos voluntarios.4

De acuerdo con el Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre sus facultades se encuentran: Realizar visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales; atender denuncias en materia de su competencia; brindar asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales; y promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas y la corresponsabilidad social en la protección del medio ambiente.5

Fortalecer presupuestalmente a la Conanp, a la Conafor y a la Profepa no solo representa una inversión en la protección del medio ambiente, sino también en la seguridad ambiental, la mitigación de riesgos naturales, la generación de empleos verdes y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y forestales del país.

Para lograr lo anterior, proponemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devuelva la totalidad de los recursos recaudados por concepto de derechos provenientes de las actividades y servicios realizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y sean reintegrados a dichas instituciones, con el propósito de fortalecer su capacidad operativa, asegurar la continuidad de sus programas y garantizar una gestión más eficiente y sostenible de los recursos naturales del país.

Los recursos a los que hacemos referencia provendrían en el caso de la Conanp de los derechos que ésta cobra por el uso y aprovechamiento de las ANP y que, de acuerdo con el último párrafo del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos deben serle reintegrados, tal como puede verse a continuación:

“Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el manejo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.”

En el caso de la Profepa, de conformidad con su marco legal, ésta cuenta con atribuciones para: Aplicar multas por concepto de infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre;6 así como para cobro de derechos por concepto de inspecciones fitosanitarias en puertos, aeropuertos y fronteras. Lo anterior con fundamento en la Ley Federal de Derechos.7

En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, reintegre a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la totalidad de los recursos recaudados por concepto de derechos derivados de sus actividades y servicios, a fin de fortalecer su capacidad institucional y operativa, garantizar la continuidad de sus programas de conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas, y contribuir al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y de cambio climático.

Notas:

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Primer Informe de Labores 2024-2025, disponible en: https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/publicaciones/2025/1er_ InformeLabores_2024-2025.pdf

2 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, disponible en: https://www.gob.mx/conanp/que-hacemos/

3 Comisión Nacional Forestal, disponible en: https://www.gob.mx/conafor/que-hacemos

4 Gobierno de México, disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/procuracion-de-justicia-ambiental -mision-de-la-profepa

5 Procuración de Justicia Ambiental, misión de la PROFEPA, disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/procuracion-de-justicia-ambiental-mision-de-la-profepa

6 Profepa, disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/295/1/mx/sanciones_y-multas

7 Ley Federal de Derechos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFD.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Eduardo Gaona Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a evaluar y, en su caso, realizar las acciones necesarias, a fin de que el concesionario correspondiente lleve a cabo la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno, constituye uno de los tramos más relevantes de la red carretera del occidente mexicano. Con una longitud aproximada de 118.5 kilómetros, esta vía conecta la Zona Metropolitana de Guadalajara con la región de Los Altos de Jalisco y con los estados del Bajío, como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí,1 siendo un corredor fundamental para el tránsito de personas, mercancías, productos agroindustriales y manufacturas. Su ubicación estratégica la convierte en un eje logístico esencial que articula el desarrollo económico del occidente del país.

Tan solo durante el 2023 el tramo Zapotlanejo–Lagos de Moreno registró 179 accidentes en el periodo analizado, con 342 vehículos involucrados y una tasa promedio de 1.5 siniestros por kilómetro,1 cifra que se ubica por encima del promedio nacional de las carreteras de cuota en la región occidente Estos datos reflejan una situación preocupante en materia de seguridad vial y capacidad operativa.

Al cierre del 2024, la autopista tuvo un tráfico promedio diario (TPD) de 18,905 vehículos e ingresos por $3,364.616 millones. Los ingresos aumentaron a una tasa anual de crecimiento compuesta (TACC) de 10.48 por ciento en el periodo de 2000 a 2024. Por su parte, el TPD creció a una TACC de 4.83 por ciento en el periodo 2000 a 2024.3

El crecimiento constante del flujo vehicular ha rebasado la capacidad actual de la autopista, la saturación vehicular y el deterioro de la superficie de rodamiento generan demoras, incrementan los costos logísticos e impactan negativamente en la competitividad de los sectores productivos de la región. Municipios como Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno dependen de esta vía para el traslado de productos agrícolas, cárnicos y manufacturados que abastecen tanto al mercado nacional como al de exportación.

Por lo anterior es indispensable una ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno para responder al creciente flujo vehicular y fortalecer la seguridad vial. Esta obra no sólo mejoraría la movilidad y la eficiencia del transporte en la región, sino que también impulsaría el desarrollo económico y turístico de los municipios que conecta.

La necesidad de ampliar esta autopista responde a razones técnicas, económicas y sociales. Se trata del principal corredor logístico de los municipios de Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, regiones con un marcado dinamismo agroindustrial, ganadero y manufacturero. Además, esta vía constituye el acceso estratégico al Santuario de San Juan de los Lagos, uno de los destinos de turismo religioso más importantes del país y que recibe millones de visitantes cada año.4

En días recientes, la concesionaria correspondiente informó a través de redes sociales5 que los trabajos mayores de modernización en la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno concluirían el 15 de noviembre de 2025, y que posteriormente sólo se realizarán labores menores de mantenimiento como pintura, bacheo superficial y líneas de estruendo. Si bien estas obras representan un avance importante para el mantenimiento y conservación de la vía, no resuelven de fondo el problema de capacidad y saturación vial.

La modernización mejora el estado físico de la autopista, no amplía su número de carriles ni incrementa su capacidad operativa, lo que sigue limitando la seguridad y eficiencia en la circulación de usuarios y transportistas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como autoridad reguladora, tiene la facultad de evaluar, supervisar y coordinar con la concesionaria correspondiente las acciones necesarias para garantizar que la autopista cumpla con los niveles de servicio y seguridad requeridos, dicha función se encuentra plenamente respaldada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.6

La ampliación del tramo Zapotlanejo–Lagos de Moreno se perfila, así como una acción estratégica y urgente para fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y promover el desarrollo integral de la región occidente.

Resulta evidente la necesidad de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes evalúe y promueva la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno, dado que, si bien las labores de modernización recientemente anunciadas representan un avance en materia de conservación, no atienden el déficit de capacidad ni la creciente demanda de movilidad y seguridad que presenta este importante corredor vial. La ampliación permitiría mejorar la conectividad regional, optimizar el flujo logístico y fortalecer el desarrollo económico y turístico de los municipios del corredor Altos–Bajío, contribuyendo así al bienestar de las y los usuarios, así como al crecimiento sostenible del occidente del país.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe y, en su caso, realice las acciones necesarias a fin de que el concesionario correspondiente lleve a cabo la ampliación de la autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco.

Notas :

1 Red de Carreteras de Occidente (RCO). Autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno. En Nuestras autopistas. Recuperado de https://redviacorta.mx/nuestras-autopistas

2 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2024). Anuario estadístico de colisiones en carreteras federales, 2023. Recuperado de https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt92.pdf

3 Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. (2025). Reporte anual 2024. Recuperado de

https://redviacorta.mx/documents/d/red-v%C3%ADa-corta/20 24-reporte-anual

4 Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo. El santuario: término y centro del turismo religioso (Cuaderno 14, parte 5.5). Secretaría de Cultura. Recuperado de
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/cuaderno14_5_5.php

5 Red de Carreteras de Occidente. (2025, 11 de octubre). Avanzamos contigo en la Autopista Zapotlanejo – Lagos de Moreno. Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/redviacorta/posts/
-avanzamos-contigo-en-la-autopista-zapotlanejo-lagos-de-moreno-en-rco-seguimos-c/1255270683308333/

6 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (1993, 22 de diciembre). Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Recuperada de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCPAF.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025

Diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (rúbrica)