Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de las dependencias correspondientes, a dar a conocer un informe pormenorizado de los recursos gastados en la investigación y desarrollo de la vacuna “Patria”, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Emilio Suárez Licona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 que fue aprobado en esta Cámara el 5 noviembre pasado, contempla reducciones reales para varios Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

En efecto, hay un incremento presupuestal nominal, pero son recursos que se concentran en el IMSS; mientras que las instituciones que atienden a población sin seguridad social a través de la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar enfrentan una vez más, recortes reales.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) el aparente aumento para 2026 es, en realidad, una disminución del 26.5 por ciento en términos reales comparado con lo ejercido en 2024.1

Esto no es nuevo, el país ha padecido más de 6 años un desabasto de medicamentos e insumos para la salud que nos han conducido a una crisis en la atención a la salud de la población sin precedentes.

Se afirma que no recorte en salud, pero la realidad es que se aprobó una reducción de 10 mil millones en conjunto para los Institutos Nacionales de Salud:

Cancerología: 1,000 millones (32 por ciento)

Cardiología: 937 millones (31 por ciento)

Hospital General: 1,600 millones (24 por ciento)

Hospital Infantil: 935 millones (29 por ciento)

No hay recursos para los Institutos Nacionales de Salud, para el Hospital Infantil, ni para la atención en hospitales de la Secretaría de Salud, no hay para vacunas ni para sueros, pero si se tienen recursos para una vacuna que se prometió hace 5 años y que no se va a usar para covid.

Durante la pandemia de covid-19, los indicadores que midieron su impacto ubicaron a México como uno de los peores en la respuesta epidemiológica. Nuestro país estaba en el tercer lugar en el mundo en el número absoluto de muertes por covid-19 (212,339 al 18 de abril de 2021), solo superado por Estados Unidos y Brasil.2 Lo anterior sin contar con el subregistro en las cifras reportadas por el gobierno en el que el número total de decesos por covid-19 sería de más de 300,000.

En 2021 se anunció con un gran despliegue, el diseño de una vacuna contra el covid-19, denominada “Patria” y que, supuestamente, estaría disponible para su uso de emergencia a finales de 2021.

Todo esto ante un recorte en los presupuestos a la investigación científica, que casi aniquiló el Programa Nacional de Vacunación y la desaparición de fideicomisos usados para financiar decenas de proyectos de investigación de mediano y largo plazo.

Mienten al negar el más reciente recorte presupuestal en salud y mienten en el caso de la vacuna Patria. En diciembre del año pasado, se publicó que no existe evidencia de que la vacuna Patria se haya empezado a producir o de que la Secretaría de Salud tenga dosis listas para aplicarlas.3

La estrategia de siempre con las administraciones ineficientes y corruptas de la 4T es simplemente seguir mintiendo; el 30 de agosto de 2022, el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la vacuna Patria que desarrollaba el Conahcyt había mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecían “superar a otras vacunas en el mundo”.4

El 24 de octubre de 2023, el entonces presidente López Obrador aseguró que la vacuna Patria estaría lista a finales de noviembre de ese año. Sin embargo, eso no ocurrió. El 4 de enero de 2024, López justificó el retraso en la salida al mercado de la vacuna Patria al argumentar que no eran “tamalitos de chipilín”.

La crónica del supuesto desarrollo de la vacuna continúa con el gobierno de la presidenta Sheimbaum, quien el 15 de octubre del año pasado, afirmó que ya se utilizaría la vacuna Patria, además de la cubana Abdala y la rusa Sputnik en la Campaña Nacional de Vacunación de ese año.

Sin embargo, un par de semanas después, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) —que sustituyó al Conacyt— reconocía que no se aplicaría la vacuna en esa temporada, pero prometió que el biológico estará listo “en algún momento”.5

El gobierno federal prometió que el biológico estaría listo y se aplicaría desde noviembre de 2021; terminó la pandemia, concluyó el sexenio, inició uno nuevo y todavía no existe y no se utiliza.

Cinco años después no hay vacuna, y tampoco claridad respecto a los recursos gastados en la supuesta investigación y desarrollo de esta.

En el nuevo capítulo de la estafa que ha supuesto para los mexicanos la vacuna Patria; el 21 de octubre en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que la vacuna “actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias” ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

También dijo que el biológico podría aplicarse para otros padecimientos como la fiebre amarilla, aunque la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, no ha publicado nada a este respecto.

Lo anterior llama la atención, toda vez que, según la propia Cofepris, la vacuna había sido aprobada el 6 de junio de 2024, cuando se entregó la autorización definitiva para “Patria” como vacuna de emergencia contra covid-19. Esto significa que la autorización ya se tiene; probablemente el secretario se equivocó o está tratando de obtener la autorización de la Cofepris para esta vacuna con otros fines.

En su comunicado del 6 de enero de 2024, Cofepris informó que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) evaluó la información técnica y científica proporcionada por Avi-Mex en relación con su vacuna AVX/COVID-12 contra el virus SARS-CoV-2, causante de covid-19, y emitió una opinión favorable.

El Comité de Moléculas Nuevas coincidió en que los datos de inmunogenicidad reportados por el solicitante indican que la vacuna Patria mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población, sustentado en la información preclínica y en ensayos clínicos presentados en la sesión.

Considerando que se trata de un insumo nuevo, los expertos enfatizaron que deberá contar con un esquema de farmacovigilancia estricto para conocer el perfil de seguridad a largo plazo.6

En octubre pasado se anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la Influenza y covid-19 para protegerse de infecciones respiratorias y evitar complicaciones por influenza, covid -19 y neumococo durante los meses fríos. Se dio a conocer que para esta campaña se estarán aplicando las vacunas contra covid-19 “Spikevax” LP.8.1 del fabricante Moderna y “Comirnaty” LP.8.1 de Pfizer/BioNTech, ambas monovalentes y desarrolladas con tecnología de ARN mensajero (mRNA),7 sin ninguna mención de la vacuna Patria.

La ineficiencia de este gobierno no tiene fin y como ya hemos comprobado con ocurrencias como la mega farmacia, el AIFA, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, los proyectos que inician las administraciones de Morena tienen el único fin de enriquecer a los familiares, amigos y socios del expresidente López.

¿Cuánto se ha gastado el gobierno de México en la inexistente vacuna Patria?

A principios de 2022, se habían invertido en el desarrollo de la vacuna 199 millones de pesos, mientras Avimex había invertido cientos de millones de pesos en las plantas piloto y de producción.8

Para el mes de mayo de 2023, se mencionó que su costo total, ascendía a 973 millones de pesos, según lo informado por María Elena Álvarez-Buylla, en ese entonces directora de Conacyt. La cifra excede en más de 550 millones a lo que aparece reportado en registros oficiales obtenidos vía transparencia.9

Aún desconocemos el costo total que ha tenido hasta la fecha, para las y los mexicanos el desarrollo de la vacuna, de acuerdo con diversos medios, se estima que el costo de desarrollo de la vacuna Patria puede superar los 973 millones de pesos.

Sin embargo, se han reportado cifras distintas, como las reveladas por informes de LatinUS en los que el gobierno había gastado al menos 437 millones de pesos. Mientras que en marzo de 2025, reportes de otros medios indicaron que se habían gastado 1,570 millones de pesos en el desarrollo.

No tenemos aún conocimiento sobre el gasto total que el gobierno federal ha destinado al desarrollo de una vacuna que, de existir, ha llegado 5 años tarde y que, sin ninguna prueba o estudio, pretenden utilizar con otros fines.

Para el Grupo Parlamentario del PRI la rendición de cuentas es parte indispensable del ejercicio de gobierno, no podemos permanecer como simples espectadores ante las constantes mentiras del gobierno federal, que no solo cuestan miles de millones de pesos, sino que generan carencias en temas que deberían ser primordiales, como la salud de la población.

El desdén y la indiferencia con el que se conducen los gobiernos de Morena ante la falta de medicamentos, vacunas e insumos para la salud es no solo ofensivo, sino criminal.

Se han gastado miles de millones de pesos en proyectos que solo benefician a los amigos y familiares del expresidente López, mientras que las personas que menos tienen se tienen que conformar con migajas, en el mejor de los casos; y en el peor, ver como sus familiares enferman o mueren por estas carencias.

La estrategia de comunicación de Morena y sus gobiernos, consiste en mentir sistemáticamente, mientras que la realidad arremete contra quienes menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) a dar a conocer un informe pormenorizado de los recursos gastados en la investigación y desarrollo de la vacuna “Patria”.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre los riesgos y efectos secundarios de la vacuna “Patria”, así como las especificaciones de seguridad y eficacia sobre su uso para otros padecimientos como la fiebre amarilla.

Notas:

1 CIEP. Implicaciones del paquete económico 2026. Visible en:
https://ciep.mx/wp-content/uploads/2025/09/Presentacion_Paquete2026_final.pdf fecha de consulta 6 de noviembre de 2025.

2 The Wahsington Post 19 de Abril 2021, visible en: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/19/vacuna-patria -mexicana-covid-19-amlo/

3 AM Agencia El Universal. 22 de octubre de 2025. Vacuna Patria ni siquiera tiene registro sanitario y ahora buscan ‘usarla’ contra fiebre amarilla, visible en: https://www.am.com.mx/nacional/2025/10/22/vacuna-patria-ni-siquiera-tie ne-registro-sanitario-ahora-buscan-usarla-contra-fiebre-amarilla-755849 .html fecha de consulta 28 de octubre de 2025.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 COFEPRIS. Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris emite opinión favorable a vacuna Patria contra COVID-19 Comunicado 09/2024, visible en https://www.gob.mx/cofepris/articulos/comite-de-moleculas-nuevas-de-cof epris-emite-opinion-favorable-a-vacuna-patria-contra-covid-19 fecha de consulta, 29 de octubre de 2025.

7 Consultor Salud México inicia campaña de vacunación invernal 2025-2026, 24 de octubre de 2025, visible en: https://consultorsalud.com.mx/campana-vacunacion-invernal-mexico-2025-2 026-2/ fecha de consulta 3 de noviembre de 2025.

8 BBC. Marcos González Díaz, Corresponsal de BBC News Mundo en México Vacuna contra la covid: qué pasó con Patria, la vacuna de México que AMLO dijo que estaría lista en 2021 (y por qué está retrasada) 17 febrero 2022, visible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60416933.amp fecha de consulta, 28 de octubre de 2025.

9 EMEQUIS, Vacuna Patria tuvo un costo 550 millones de pesos superior a los registros oficiales, 11 de mayo de 2023, Carlos Bazán, visible en https://emeequis.com/investigaciones/vacuna-patria-tuvo-un-costo-550-mi llones-de-pesos-superior-a-los-registros-oficiales/ fecha de consulta, 29 de octubre de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Emilio Suárez Licona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las áreas competentes del Ejecutivo federal a cumplir con la realización del proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, anunciado el mes de febrero del año en curso por la presidenta de la República en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Yericó Abramo Masso, diputado federal por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta, respetuosamente, a las áreas competentes del Ejecutivo federal, a que cumplan con la realización del proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, anunciado el mes de febrero del año en curso, por la presidenta de la República en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

A finales de febrero del año en curso, la presidenta de la República presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, el cual contempla una inversión de 173 mil millones de pesos, para la ampliación y el mantenimiento mayor de carreteras en todo el país con el objetivo de conectar a las zonas más vulnerables.1

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agregó que los recursos mencionados eran para realizar 126 kilómetros de obras de continuidad; cerca de 3 mil km de carreteras catalogadas como ejes prioritarios; la construcción de 18 puentes y proyectos de inversión mixta bajo el modelo Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), donde el gobierno de México tiene el mayor porcentaje.

Para este año, informó que las obras de continuidad que se concluirían serían:

• Puente Rizo de Oro y La Concordia: 2 kilómetros de vialidades; más el puente de 400 kilómetros de longitud y se proyecta estará listo para octubre.

• Real del Monte – Huasca: inauguración el 11 de marzo.

• Puente Vehicular Nichupté: 11.2 km en los cuales se trabaja en frentes de trabajo simultáneos y se estima sea terminado en agosto.

• San Ignacio - Tayoltita: cuenta con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional; se trabaja en 10 frentes de trabajo y será inaugurado en mayo.

Adicionalmente, señaló que para 2026 se tienen contempladas las siguientes:

- Ciudad Valles - Tampico: modernización a dos y cuatro carriles.

- Saltillo–Monclova: modernización a cuatro carriles.

- Guaymas–Esperanza–Yécora–Chihuahua: modernización y construcción a dos carriles.

Aunado a lo anterior, se informó sobre el Programa de Conservación de Carreteras: Bachetón, el cual consiste en obras de conservación rutinaria, que consisten en bacheo, mapeo, limpieza de maleza y rehabilitación de señalamiento.

Diarios locales de Coahuila señalaron que la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova a cuatro carriles, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad para el desarrollo económico de la región.2

Dicha ampliación permitirá mejorar la conectividad entre ambas ciudades, reduciendo tiempos de traslado y aumentando la seguridad vial.

Actualmente, la carretera federal 57 en el tramo Saltillo-Monclova tiene más de 190 kilómetros con un solo carril por dirección, lo que limita la capacidad de tránsito y ralentiza el transporte de mercancías e insumos industriales.

La ampliación permitirá mejorar la conectividad entre ambas ciudades, reduciendo tiempos de traslado y aumentando la seguridad vial, factores determinantes para atraer inversión y fortalecer la economía regional.

Esta obra no solo beneficiará a la industria y el comercio, sino también a miles de automovilistas y transportistas que utilizan esta vía diariamente.

Con una mayor infraestructura, se espera un impacto positivo en la competitividad de Coahuila, facilitando el flujo de productos y promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas locales.

Monclova es una ciudad en la región central del estado de Coahuila, al norte de México. En el año de 2020 había alrededor de 237 169 habitantes en la ciudad. Es la cabecera del municipio homónimo y de la zona metropolitana de Monclova-Frontera integrada también por los municipios de Frontera, Castaños y San Buenaventura que suman una población de alrededor de 374 247 habitantes. Tiene una densidad de población de 146.1 hab/km² y se encuentra a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar. Fue una ciudad destacada por la mayor producción de acero de todo México y Latinoamérica, lo que le hizo valer el sobrenombre de La Capital del Acero.3

Los coahuilenses nos congratulamos del anuncio de la obra de ampliación a cuatro carriles de la Carretera Saltillo-Monclova y considerando que, una facultad de los diputados federales es ser garantes de la transparencia y la fiscalización de los recursos federales aprobados para cada ejercicio fiscal en nuestro país, hemos estados atentos a que el ejercicio de estos recursos por parte del gobierno federal, así como de todas las áreas que lo conforman se ejerza de acuerdo al decreto de presupuesto que para tal fin se aprobamos.

En atención a ello y con la finalidad de coadyuvar a la mejora de nuestras vías de comunicación y las condiciones para el desarrollo económico de nuestra región, acudo a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las áreas competentes del Ejecutivo federal a que cumplan con la realización del proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, anunciado el mes de febrero del año en curso, por la presidenta de la República en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

Notas:

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-presenta-programa-naci onal-de-infraestructura-carretera-2025-2030-se-intervendran-4-mil-km-pa ra-conectar-zonas-vulnerables?idiom=en.

2 https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-viene-ampliacion-de-la-car retera-saltillo-monclova-para-2026-sheinbaum-presenta-programa-nacional -de-infraestructura-EF15105166.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Monclova

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Yericó Abramo Masso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a garantizar la aplicación del plan por la paz y la justicia en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En virtud de que el día 9 de noviembre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia integral de seguridad y justicia para garantizar los derechos del pueblo Michoacán consistente en 12 ejes, El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia:

1. Seguridad. Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública: Atención a las causas, con el impulso a la educación, empleo, programas sociales y bienestar, así como el desarme voluntario. Consolidación de la Guardia Nacional, con equipamiento, capacitación, y acciones específicas que se extenderán a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado. Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación, con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia. Fortalecimiento de la Estrategia Anticorrupción, para realizar detenciones y debilitar estructuras criminales, implementación de un protocolo homologado de atención; creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, Unidades especializadas adicionales en coordinación con la Defensa, Marina, así como la FGR, y capacitación avanzada de operadores del número 089, línea exclusiva para denuncia anónima. Coordinación.

2. Desarrollo económico con Bienestar.

3. Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros con inversión pública y mixta.

4. Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento.

5. Programas para el Bienestar.

6. Educación.

7. Salud.

8. Vivienda.

9. Cultura.

10. Mujeres.

11. Jóvenes. Se implementarán las Jornadas de y para Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones.

12. Planes de Justicia para pueblos indígenas.

Si bien los 12 ejes fueron diseñados para el estado de Michoacán, la situación crítica que enfrenta Tabasco exige la aplicación inmediata de estrategias similares que atiendan la creciente inseguridad y las condiciones sociales que la profundizan.

Con base en lo antes planteado por la presidenta de la República; donde se tiene como principal objetivo la seguridad, es necesario se atienda la seguridad en el estado de Tabasco. Si bien los 12 ejes fueron pensados para el estado de Michoacán, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 63 por ciento de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad.

Existe registro de más de 34 mil detenidos por delitos de alto impacto e incautación de más de 283 toneladas de droga. Sin embargo, estos avances no se han traducido en una mayor sensación de seguridad. La persistencia del miedo sugiere que la percepción ciudadana responde no solo a estadísticas, sino a experiencias personales, presencia de grupos criminales, y confianza en las instituciones.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024, la oficina en México del grupo británico de derechos humanos, artículo 19 registró 3408 ataques o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. Muchos periodistas se autocensuran. En 2023, 14 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según el Comité Cerezo, y 18 defensores del medio ambiente o de la tierra, según la organización Global Witness.

Más de 115.000 personas figuraban como desaparecidas en septiembre de 2024. Es posible que muchas de estas personas hayan sido asesinadas y enterradas en las casi 5.700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53.000 restos humanos se encontraban almacenados, a la espera de ser identificados, a finales de 2022. Otras personas desaparecidas podrían haber sido catalogadas como «no identificadas» y enterradas en fosas municipales por las autoridades. En septiembre, periodistas descubrieron que más de 72.000 restos humanos habían sido etiquetados como no identificados por las morgues estatales entre 2006 y 2023. La mayoría habían sido enterrados en fosas municipales. En 2022, alrededor de 15.000 restos humanos procesados ??por las morgues no fueron identificados.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de 2025 sitúa a Villahermosa con 90.6 por ciento, lo que implica casi 5 puntos menos en relación con el último trimestre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa a Villahermosa con un índice de 90.6 por ciento en percepción de inseguridad, así como en los últimos dos trimestres, la economía de Tabasco se contrajo un -9.69 por ciento en promedio. Tabasco enfrenta un déficit de 6 mil estudiantes en educación básica-SETAB, lo impactando directamente los niveles de inseguridad y reclutamiento de jóvenes a grupos criminales.

De igual manera Tabasco registró un promedio anual de 47,380 carpetas de investigación por delitos del fuero común, es decir, más de 130 delitos denunciados cada día. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que la percepción de corrupción en la procuración de justicia se ha mantenido persistentemente alta: en 2019, el 68.4 por ciento de la población consideraba corrupta a la fiscalía estatal; en 2023, aún lo hacía el 62.5 por ciento. En este contexto, la caída en las denuncias no refleja una disminución del delito, sino el repliegue de una de una ciudadanía que percibe a la autoridad como parte del problema.

Envipe estima que 29.4 por ciento de los hogares en tabasqueños sufrían por lo menos un delito en el año 2024.En este año, los delitos de alto impacto registraron un repunte del 202.1 por ciento, alcanzando 707 casos de delitos de alto impacto, con un promedio anual de 591,831 delitos estimados, el Estado enfrenta niveles de victimización que afectan a más de 35,000 personas por cada 100 mil habitantes.

Esto significa que uno de cada tres tabasqueños sufre por lo menos un delito cada año.

Estos datos reflejan la falla de toda estrategia de seguridad y justicia nacional aplicada; con la finalidad de prevenir y disminuir la violencia en todo el país, exhorta a las autoridades competentes para girar sus instrucciones y considerar la aplicación del Plan por la Paz y la Justicia en el estado de Tabasco.

Es indispensable que el gobierno federal replique el modelo del Plan Michoacán en entidades donde los niveles de violencia han escalado de forma crítica, como Tabasco, garantizando un enfoque integral que atienda no solo la contención del delito, sino también las causas estructurales que lo generan.

La seguridad pública es una función prioritaria del Estado; por ello, resulta fundamental que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actúe de manera inmediata, coordinada y eficiente, para salvaguardar la vida, integridad y derechos humanos de las y los tabasqueños.

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta, respetuosamente, la intervención del titular de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, garantice la aplicación del Plan por la Paz y la Justicia en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Notas:

1 https://www.indicedepazmexico.org

2 https://www.mucd.org.mx/atlas-de-homicidios-mexico

3 https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/mexico

4 https://tabasco.gob.mx

5 https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/tabasco

6 https://mexicocomovamos.mx/ips/03_27_Tabasco.html

7 https://oem.com.mx/elheraldodetabasco/local/que-lugar-ocupa-tabasco-en-atraso-social-segun-mexico-como-vamos
-13118855

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (rúbrica)

Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Sader a establecer de manera inmediata un precio de garantía de $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 m.n.) por tonelada de maíz blanco, para los productores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como implementar un mecanismo de compra directa y acopio regional, con prioridad para pequeños y medianos productores, garantizando que los recursos lleguen sin intermediarios, así como a la SE a revisar las condiciones de importación de maíz extranjero que afectan negativamente el precio nacional, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El campo de la Península de Yucatán atraviesa una de las crisis productivas y de comercialización más profundas de las últimas décadas. Los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo dependen, en miles de comunidades, del cultivo de maíz blanco como base económica, cultural y alimentaria.

Sin embargo, el deterioro de los precios, la falta de apoyos efectivos y la creciente importación de granos baratos han colocado a los productores en una situación de vulnerabilidad extrema.

En septiembre de 2025, diversos medios regionales y nacionales documentaron que los productores del maíz de Campeche, convocados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sostuvieron una mesa de negociación con autoridades federales.

Lejos de ofrecer soluciones, el diálogo se convirtió en un espacio de tensión y reclamos. La reunión terminó “entre gritos, golpes en la mesa y reclamos” contra funcionarios del gobierno federal, particularmente contra el subsecretario de Desarrollo Agrario, Leonel Cota Montaño.1

La principal exigencia es clara y legítima: que el gobierno federal cumpla su palabra de garantizar un precio justo y suficiente para las más de 700 mil toneladas producidas, a un valor mínimo de $7,200 por tonelada.

Los productores acusaron que el gobierno federal incumplió su compromiso de garantizar el precio de compra y que las principales empresas consumidoras de maíz como Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío, ni siquiera se presentaron a la mesa de negociación.2

Esta ausencia no es menor. Según datos de las cámaras de la industria alimentaria:

Más del 70 por ciento del volumen de maíz blanco en el sureste se dirige a estas cinco grandes empresas.3

Su decisión de no acudir impide cualquier negociación real y deja a los productores en manos de intermediarios y coyotes.

Los campesinos denunciaron además que estas empresas prefieren importar maíz transgénico barato desde Brasil y los Estados Unidos, en lugar de comprar el grano blanco local. Esta práctica desplaza producción nacional, hunde el precio interno y genera dependencia alimentaria.

Los diálogos continúan sin acuerdos y los productores vuelven a denunciar que las empresas se excusan falsamente diciendo que “no tienen capacidad de decidir un precio”, mientras continúan comprando maíz barato en el extranjero.4

Diversas hojas técnicas recabadas por organizaciones campesinas, FIRA y Sader estiman que:5

• El costo promedio por hectárea de maíz de temporal en la península está entre $17,000 y $21,000 pesos.

• Con rendimientos modestos de 3 a 4 toneladas, el costo real por tonelada oscila entre $5,000 y $6,500.

• El precio que actualmente pagan intermediarios y acopiadores en la región está entre $4,200 y $5,100 por tonelada, es decir, por debajo del costo de producción.

Esto significa la pérdida directa del ingreso familiar y la imposibilidad de sostener el ciclo agrícola. Sin embargo, los productores quedan atrapados en deudas, venden animales, hipotecan parcelas o abandonan el campo.

Los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo comparten características graves: Son estados con alta dependencia alimentaria, y muchos municipios rurales enfrentan condiciones de pobreza multidimensional.

El maíz no es solo un producto comercial, sino base de autoconsumo, economía familiar y cultura maya. La caída del precio está generando: Migración a zonas urbanas y turísticas; abandono de tierras.; sobreendeudamiento y pérdida de liquidez.; conflictos sociales, bloqueos carreteros y tensión con empresas agroindustriales.

De acuerdo con datos del extinto Coneval, más del 40 por ciento de la población rural peninsular sigue en pobreza, y el ingreso laboral agrícola ha tenido un deterioro constante desde 2020.6

El mercado del maíz está profundamente distorsionado, los precios no los fija el agricultor sino grandes compradores y coyotes, las importaciones masivas presionan a la baja el precio interno, la infraestructura de acopio en el sureste es casi inexistente, Segalmex dejó de operar adecuadamente sus esquemas de compra local y no existe un piso mínimo que garantice estabilidad.

En este contexto, en el PRI exigimos un precio de garantía bien diseñado, que no sea un subsidio asistencialista, sino una herramienta de corrección estructural usada en todo el mundo para proteger a los pequeños productores.

Los propios productores advirtieron que, si no se logra un acuerdo, bloquearán el ingreso de productos de las compañías, porque ya no hay manera de soportar otro ciclo agrícola en pérdida.

Es por ello que en el PRI exhortamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Economía, para que este precio cubra los costos reales de producción, incluidos insumos que subieron entre 20 por ciento y 30 por ciento (fertilizantes, herbicidas, diésel).

Esta medida permitirá un margen razonable para reinversión y sostenibilidad, a más de 50 mil productores peninsulares directa o indirectamente, reduce la dependencia de importaciones extranjeras, permite mantener estabilidad social en zonas rurales y fortalece cadenas regionales de tortilla, avicultura y porcicultura.

Este monto ha sido reconocido por el propio gobierno federal, que prometió el precio de $7,200 para 700 mil toneladas, pero no cumplió.

La situación ha escalado al punto en que las mesas de diálogo están rotas, las empresas no acuden, el gobierno federal no ha presentado un mecanismo de compra pública, los productores están al borde de una protesta masiva y lo más grave es que el Estado no interviene.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal a establecer de manera inmediata un precio de garantía de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por tonelada de maíz blanco, para los productores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como implementar un mecanismo de compra directa y acopio regional, con prioridad para pequeños y medianos productores, garantizando que los recursos lleguen sin intermediarios.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía del gobierno federal a respaldar a los productores de Campeche, en las negociaciones y acuerdos con representantes de empresas del sector industrial para que estas adquieran la totalidad de 700 mil toneladas de maíz blanco producidas a un precio de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.).

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía a revisar las condiciones de importación de maíz transgénico que afectan negativamente el precio nacional y particularmente a productores de la Península de Yucatán.

Notas:

1 https://gamavision.com/noticias/empresas-dejan-plantados-a-productores- de-maiz-de-campeche

2 https://www.jornada.com.mx/2025/11/08/estados/025n1est

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916300317#:~:text=Cuatro%20grandes%20comercializadoras
%20de%20granos%20alimenticios:%20Archer,de%20los%20precios%20internacionales%20de%20los%20alimentos.

4 https://gamavision.com/noticias/empresas-dejan-plantados-a-productores- de-maiz-de-campeche

5 https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/viewFile/1275/1084#:~:text=La%20cosecha&
text=Solo%20para%20cosechar%2C%20se%20ocuparon,rendimiento%20por%20unidad%20de%20superficie.

6 http://www.balancefinanciero.com.mx/detColumna.php?id=18417

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a ampliar la cobertura de la nueva beca “Gertrudis Bocanegra”, actualmente destinada al estado de Michoacán, a las entidades federativas que presentan graves crisis de violencia, inseguridad y condiciones adversas de gobernabilidad, particularmente en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Tabasco, Chiapas, Hidalgo y Campeche, a fin de garantizar la continuidad educativa de estudiantes en condición de vulnerabilidad y priorizar su acceso seguro a los centros de estudio, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo,1 tiene como uno de sus ejes la creación de la Beca “Gertrudis Bocanegra”, la cual fue anunciada de forma complementaria por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, como un mecanismo de apoyo económico destinado a estudiantes de nivel superior que enfrentan graves dificultades para costear su transporte hacia los centros universitarios.2

Esta beca otorgará 1,900 pesos bimestrales y beneficiará inicialmente a estudiantes michoacanos de instituciones públicas cuya asistencia diaria se ve comprometida por la combinación de inseguridad, altos costos de traslado y entornos comunitarios adversos.

Según información presentada por el gobierno del estado de Michoacán (2024), más de 98,500 universitarios distribuidos en 121 planteles serán beneficiados en la primera etapa.

Esto forma parte de una estrategia superior dentro del Plan Michoacán, cuyo alcance proyectado para 2026 es impactar a más de 892,000 estudiantes, con una inversión superior a 6,300 millones de pesos. La implementación contempla asambleas informativas, registros presenciales, entrega de tarjetas y esquemas de dispersión controlada, lo que evidencia un modelo operativo sólido y replicable a mayor escala.

Sin embargo, el contexto que justifica la creación de esta beca no es exclusivo de Michoacán.

La violencia, los altos índices de criminalidad y el deterioro de la gobernabilidad democrática afectan a múltiples entidades del país. De acuerdo con el comunicado de prensa 113/25 “Defunciones por homicidio” del Inegi del 1 de agosto de 2025,3 se reportó que en 2024 ocurrieron 33,241 homicidios, con una tasa nacional de 25.6 por cada 100,000 habitantes, y que 71.8 por ciento de estos homicidios se cometieron con arma de fuego. Estas cifras confirman un entorno de inseguridad estructural que repercute en la movilidad, la asistencia y la permanencia escolar de miles de jóvenes.

La violencia, como advierte México Evalúa en el informe Votar Entre Balas 2024,4 opera como un fenómeno transversal que deteriora la vida comunitaria, afecta la gobernabilidad local y erosiona las oportunidades de los jóvenes, al reducir su participación social y limitar la capacidad de las familias para sostener proyectos educativos.

Asimismo, la investigación de Prieto-Curiel, Campedelli y Calderoni de 2023,5 demuestra que la violencia criminal y la presencia de grupos armados generan condiciones adversas para el desarrollo de políticas públicas, afectando la movilidad escolar y aumentando la vulnerabilidad juvenil frente al reclutamiento forzado.

La situación de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Tabasco, Chiapas, Hidalgo y Campeche confirma esta urgencia. Colima ha sostenido en distintos años las tasas más altas de homicidios del país, según el Inegi 2024.

Guerrero continúa bajo la influencia de estructuras criminales que impactan directamente la movilidad estudiantil. Tamaulipas presenta zonas donde la operación educativa se ve alterada por la presencia delictiva. En Sinaloa, diversos episodios de violencia armada afectan el transporte público y la asistencia escolar. En Hidalgo, Campeche y Tabasco se observan repuntes de homicidios en municipios específicos, de acuerdo con reportes de prensa basados en cifras oficiales. Chiapas enfrenta actualmente una crisis de violencia comunitaria y disputas territoriales que han sido ampliamente documentadas por organizaciones civiles y académicas.

Esta tabla muestra cómo existe una grave crisis de inseguridad en las entidades antes mencionadas:

Es claro que la continuidad educativa en contextos de inseguridad depende, en gran medida, de la capacidad de las familias para financiar el transporte, la alimentación y los materiales escolares.

En regiones rurales y periurbanas, donde la educación superior se encuentra lejos de los domicilios, el costo del traslado diario puede volverse prohibitivo, generando deserción, ausentismo o riesgos adicionales al transitar por zonas dominadas por grupos armados.

La experiencia michoacana demuestra que una beca focalizada exclusivamente en transporte tiene un impacto inmediato, directo y costo-efectivo. Con un monto moderado, puede sostener la permanencia de miles de estudiantes y convertirse en una herramienta de prevención social de la violencia, coherente con la evidencia presentada por México Evalúa y por estudios sobre seguridad humana y riesgo juvenil.

Desde el punto de vista de política pública, la ampliación de la Beca “Gertrudis Bocanegra” a otras entidades es técnicamente viable, financieramente razonable y políticamente necesaria.

La SEP ya cuenta con mecanismos de operación probados; replicarlos en estados con crisis de inseguridad permitiría atender a poblaciones juveniles que viven en condiciones análogas.

Extender esta beca no solo representa un acto de equidad territorial, sino la consolidación de una estrategia nacional de paz con enfoque social, reconociendo que la educación no puede desarrollarse plenamente si la movilidad cotidiana de los estudiantes se encuentra amenazada.

Ampliar este programa fortalecería la visión de que combatir la violencia implica mucho más que operativos de fuerza: requiere políticas educativas que permitan a los jóvenes sostener proyectos de vida, acceder diariamente a sus escuelas y permanecer en entornos de aprendizaje seguros.

La universidad, en territorios donde la violencia condiciona la vida cotidiana, es un espacio de estabilidad, futuro y esperanza; por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la posibilidad material de llegar a ella.

La educación superior es un derecho y un mecanismo de movilidad social; en contextos violentos, también se convierte en una política de seguridad humana.

Negar este apoyo a estados igualmente afectados sería un acto de desigualdad territorial y una inconsistencia estratégica que limitaría el alcance nacional de la política educativa y del esfuerzo federal por construir paz.

En este contexto, el PRI propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que amplíe la Beca “Gertrudis Bocanegra” a las entidades federativas que enfrentan crisis de violencia, priorizando municipios con indicadores más altos de homicidio, agresiones armadas, riesgos en transporte público, desplazamiento forzado o vulnerabilidad social, conforme a los datos del Inegi, organizaciones civiles especializadas y estudios académicos recientes.

Este exhorto es una invitación al Ejecutivo a sumar esfuerzos por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro México, donde todas y todos habitamos, esperemos tener la misma sintonía política con la presidenta Sheinbaum para tener un México en paz y justicia social para todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura de la nueva Beca “Gertrudis Bocanegra”, actualmente destinada al estado de Michoacán, a las entidades federativas que presentan graves crisis de violencia, inseguridad y condiciones adversas de gobernabilidad, particularmente en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Tabasco, Chiapas, Hidalgo y Campeche, a fin de garantizar la continuidad educativa de estudiantes en condición de vulnerabilidad y priorizar su acceso seguro a los centros de estudio.

Notas:

1 https://www.youtube.com/watch?v=UvCdzeyNOmM

2 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/plan-michoacan-24-de-noviembre-in ician-asambleas-informativas-para-la-beca-gertrudis-bocanegra-de-mil-90 0-pesos-bimestrales-para-transporte

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/DH2 024_CP_Ene-dic.pdf

4 https://votar-entre-balas.datacivica.org/

5 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2888

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a los 19 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)