Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar acciones que restablezcan la seguridad en las carreteras en el territorio nacional, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a hacer del conocimiento público toda la información referente a los presuntos delitos imputados en contra del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, a cargo del diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Baja California a detener el cierre total del departamento de ginecología y obstétrica general de Tijuana, garantizar la continuidad operativa obstétrica y establecer una mesa técnica para evaluar la decisión administrativa por el riesgo real e inmediato que representa para la vida de las mujeres embarazadas y de personas en etapa perinatal, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la gobernadora del estado de Baja California a informar a la opinión pública de manera completa y transparente sobre las investigaciones, citatorios y carpetas relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que figuran servidores públicos, exfuncionarios y empresarios de dicho estado, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de esta soberanía a suspender el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, hasta en tanto se logre un consenso amplio con todos los grupos parlamentarios, los sectores involucrados y la ciudadanía, suscrita por las diputadas Carmen Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar acciones que restablezcan la seguridad en las carreteras en el territorio nacional, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Armando Tejeda Cid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad en las carreteras federales de México se ha convertido en un problema urgente que compromete la integridad de millones de personas. Transportistas, familias, turistas, trabajadores y comerciantes utilizan diariamente la red nacional de vías de comunicación, enfrentando riesgos crecientes relacionados con asaltos, secuestros, extorsiones, bloqueos, desapariciones y agresiones armadas.

Diversas organizaciones de transportistas han documentado un aumento en delitos cometidos en autopistas estratégicas del país, afectando la actividad económica, el traslado de mercancías y la movilidad cotidiana. Los hechos de violencia carretera no sólo generan pérdidas económicas millonarias, sino que vulneran derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la seguridad y la vida.

Con datos recabados en por la encuesta realizada en marzo de este año por MITOFSKY, el 66 por ciento de los encuestados consideró que las carreteras son muy o algo peligrosas, y solo el 33.3 por ciento no las considera peligrosas, ese estudio se basa en mil entrevistas a ciudadanos, en donde se observa que 47.6 por ciento de los mexicanos utiliza las carreteras al menos una vez a la semana por lo que resulta imperante resolver el tema de seguridad en ellas. La percepción de inseguridad en este estudio refleja que ha aumentado en comparación del año pasado ya que el 43.4 por ciento de los encuestados consideró que las carreteras son más peligrosas que hace un año.

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 20241 , durante el 2023, se registraron 160 probables robos y asaltos sucedidos en carreteras de jurisdicción federal. Del total, 65.6 por ciento se registró en camiones de carga, siendo el Estado de México con la mayor cantidad de robos y asaltos en las carreteras y puentes federales con 36 registros, Puebla con 27, Veracruz con 18, Guanajuato 15, Jalisco y Michoacán con 11 siento estos 6 estados los que presentan mayores incidencias en las carreteras.

Las cifras oficiales de seguridad pública federal muestran un aumento en los robos de vehículos en carretera, pasando de 1,860 en 2022 a 3,204 en 2023. La mayoría de estos robos (65.6 por ciento) afectan al transporte de carga, pero los autos particulares también son objetivo.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Aguascalientes manifestó que más del 60 por ciento de los empresarios afiliados a este organismo han sufrido algún tipo de incidente durante el traslado de mercancías, desde robos de carga hasta paros o agresiones a operadores.

Se estima que cada robo sufrido en carreteras puede llegar a costar más de un millón de pesos, considerando pérdida de mercancía, deducibles, primas de seguro, escoltas y retrasos, no solo son los robos sino también son las quemas de unidades que también sufren los transportistas día a día.

El 86 por ciento de los robos a transportistas se cometen con violencia y con armas de fuego, lo que evidencia el nivel de riesgo en carreteras. En muchos casos, las bandas criminales utilizan jammers, dispositivos que bloquean la comunicación y permiten interceptar y vaciar la carga sin posibilidad de auxilio inmediato.

Los productos más robados son alimentos de abarrotes, afectando a empresas y cadenas de distribución, alrededor de 25 conductores u operadores de transportes son asaltados cada día en promedio esto con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2023.

Existe una gran discrepancia entre los datos que tiene el gobierno y lo que pasa en la realidad, sumándose a ello también el hecho de las denuncias que no se realizan, el gobierno federal en turno ha manifestado que implementarán un plan nacional para llevar seguridad a las carreteras denominado “Plan Cero Robos” ese plan se enfoca en tres autopistas que es México- Querétaro, México- Puebla y Mazatlán – Culiacán.

La nota periodística emitida por El Economista publicada el 27 de julio del presente año, se señala que las carreteras más peligrosas del país son: Querétaro – Irapuato, San Luis Potosí-Lagos de Moreno, México - Toluca, México -Cuernavaca - Acapulco, Cancún-Tulum, La Tinaja - Coatzacoalcos, México - Veracruz, Monterrey -Nuevo Laredo, Puebla - Córdoba, México - Veracruz, Monterrey - Nuevo Laredo, Puebla – Córdoba, México - Pachuca, Guadalajara - Tepic, Morelia -Uruapan, Chilpancingo - Acapulco, Saltillo - Monterrey, Mazatlán - Los Mochis, Zacatecas -Aguascalientes y Tepic- Mazatlán, de las cuales solo tres fueron incluidas en el “Plan Cero Robos”, dejando a 17 que se consideran más peligrosas fuera de este.

Sin embargo, considero necesario que se hagan acciones de manera urgente en todas las carreteras, desgraciadamente la inseguridad ha crecido de manera impresionante en los últimos años, en lugar de utilizar a la guardia nacional para tapar baches, es necesario que su presencia este de manera permanente en todas las carreteras del país para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos, brindar la seguridad es clave para un buen gobierno, es un derecho fundamental que debemos de proteger y garantizar, que todos vivan seguros en tierra mexicana.

El derecho al libre tránsito y, sobre todo, el derecho a la vida y a la integridad física. Sin embargo, para miles de mexicanos, transitar por las vías federales se ha convertido en un acto de fe y, frecuentemente, en una ruleta rusa.

Las estadísticas no mienten, aunque a veces se intenten maquillar. La percepción de inseguridad en las carreteras sigue siendo altísima, superando el 50 por ciento de la población que se siente vulnerable. Y esta percepción está anclada en hechos reales y dolorosos.

Los transportistas de carga, pilares de nuestra economía, viven bajo la constante amenaza del crimen organizado. Se reportan miles de robos cada año, con un aumento del 16 por ciento solo en 2025. Esto no solo encarece los productos básicos y afecta a las familias, sino que convierte la noble labor de los conductores en un trabajo de alto riesgo, generando un déficit de choferes que temen por su vida.

Y los automovilistas particulares, las familias que viajan por trabajo o para visitar a sus seres queridos, tampoco están a salvo. Hemos visto reportes de métodos violentos, como el lanzamiento de piedras para obligar a los vehículos a detenerse y asaltar a sus ocupantes.

En los últimos años, la falta de recursos en la conservación de las carreteras es otro problema con el que nos enfrentamos, para el 2026, el gobierno federal en el presupuesto solo destino 27,720 millones de pesos para las carreteras, siendo un 23 por ciento menos a los utilizados en el presupuesto del 2025.

La seguridad pública es una responsabilidad compartida entre la Federación, los estados y los municipios; sin embargo, la protección de la red de carreteras federales corresponde principalmente a la Guardia Nacional. Resulta indispensable fortalecer su presencia, mejorar los mecanismos de vigilancia, reforzar la coordinación con autoridades estatales y municipales, incrementar el uso de tecnología, así como garantizar rutas seguras para usuarios y transportistas.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal a implementar acciones que restablezcan la seguridad en las carreteras en el territorio mexicano.

Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional a reforzar de manera inmediata la presencia operativa y los esquemas de vigilancia en las carreteras federales del país, prioritariamente en los tramos con mayor incidencia delictiva.

Tercero. - Se exhorta a la Guardia Nacional a fortalecer los mecanismos de coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, así como con autoridades municipales, a fin de implementar operativos conjuntos, patrullajes mixtos y atención rápida a reportes ciudadanos.

Notas:

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2024/doc/cnspf_2024 _resultados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 noviembre 2025.

Diputado Armando Tejeda Cid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a hacer del conocimiento público toda la información referente a los presuntos delitos imputados en contra del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, a cargo del diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado César Israel Damián Retes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, haga del conocimiento público toda la información referente a los presuntos delitos imputados en contra del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace unos días se hizo público un capítulo más de la vergonzosa novela denominada “La Corrupción del Bienestar”, se evidenció en diferentes medios de comunicación algo que todos sospechábamos pero que por el cobijo del poder y del partido oficialista, nadie podía asegurar con certeza.

El afamado alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, tierra de la que por cierto soy oriundo, finalmente fue señalado públicamente por lavado de dinero, delito que por cierto parece ser algo común dentro del partido oficialista, ya que, si no los acusan por enriquecimiento inexplicable, los señalan por tener nexos con la delincuencia organizada, algo lamentable para nuestro país y para los millones de personas que dicen representar.

Ante los ya cotidianos y vergonzosos señalamientos a sus alcaldes, gobernadores y congresistas, todavía se cuestionan y molestan porque el gobierno de los Estados Unidos les cancela las visas, algo en su lógica y razonamiento no está bien.

Las acusaciones que enfrenta el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, de acuerdo a fuentes periodísticas como “El Universal”, no son menores, toda vez que se le señala por haber otorgado de manera directa contratos millonarios del ayuntamiento de Tijuana a empresarios señalados por el gobierno de los Estados Unidos por estar ligados a grupos de la delincuencia organizada de nuestro país.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al alcalde de Tijuana, Baja California, el morenista Ismael Burgueño Ruiz por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Burgueño Ruiz fue citado el martes en calidad de imputado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, para comparecer en la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FIEDMHDARV/BC/0000556/2025, según el citatorio FEIORPIF AMF- E-I- 2020/2025, del que EL UNIVERSAL posee copia.

Sin embargo, el alcalde se quedó en Tijuana y no acudió a comparecer ante el Ministerio Público federal que lleva el caso.

Ante estos hechos constitutivos de delito de los que se le acusa, el alcalde de Tijuana, es investigado por la Fiscalía General de la República, y citado el martes 18 de noviembre en calidad de imputado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), sin embargo, de acuerdo con la nota de “El Universal” y de “LATINUS”, no se presentó para hacer frente a tan lamentables acusaciones. Parece que la máxima popular que versa “el que nada debe nada teme” no le es aplicable.

Ante la falta de información respecto a los hechos constitutivos de delito de los que es acusado el edil y al menos 20 funcionarios más, se debe transparentar las acciones que se están llevando a cabo en materia de investigación, para llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

De esta manera, es imprescindible que la Fiscalía General de la República, haga de conocimiento de las y los baja californianos y de la ciudadanía en general toda la información referente a los presuntos delitos imputados en contra del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y de los funcionarios que han sido señalados en la presunta red de corrupción.

Asimismo, el Congreso del estado de Baja California debe proceder de inmediato, para revocar el mandato al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, de conformidad con lo establecido en las fracciones II, III y IV del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y demás leyes en la materia.

Artículo 12.- Es revocable el mandato de las y los servidores públicos de elección popular, en los términos que dispone esta Constitución y las leyes de la materia, a través de los mecanismos siguientes:

I.- ..

II.- Por responsabilidad penal, cuando la autoridad competente así lo determine;

III.- Por la incapacidad total y permanente para ejercer el cargo; que será declarada por autoridad judicial y ratificada por el Congreso del Estado.

IV.- De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o revocar el mandato de alguno de los miembros de los ayuntamientos por causa grave que determine la ley, siempre y cuando el afectado haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

V.- ...

VI.- ...

VII.- ...

a) ..

...

b) ...

...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

...

...

...

...

h) ...

No es posible que Burgueño Ruiz se escude detrás del poder y no haga frente a las graves acusaciones que pesan en su contra, por dignidad y decoro debe ser separado de su encargo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus funciones y facultades, haga del conocimiento público toda la información referente a los presuntos delitos imputados en contra del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

Segundo . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Baja California para que, en cumplimiento y en apego a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, inicie el procedimiento correspondiente a efecto de revocar el mandato del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2025.

Diputado César Israel Damián Retes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Baja California a detener el cierre total del departamento de ginecología y obstétrica general de Tijuana, garantizar la continuidad operativa obstétrica y establecer una mesa técnica para evaluar la decisión administrativa por el riesgo real e inmediato que representa para la vida de las mujeres embarazadas y de personas en etapa perinatal, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, diputada Eva María Vásquez Hernández y Cesar Damián Retes, así como las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano doctor Miguel Bernardo Romero Flores, coordinador estatal del IMSS Bienestar en Baja California; al ciudadano doctor Néstor Saúl Hernández Millán, subdirector general de Salud de Baja California; a la ciudadana doctora Lucía Alejandra Pérez Mejía, directora de Salud Pública de Baja California; al ciudadano doctor Luis Adán Carrillo Aréchiga, director del Hospital General Tijuana IMSS-Bienestar; a la ciudadana gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; y al ciudadano secretario de Salud del Estado, José Adrián Medina Amarillas, conforme a lo siguiente:

Planteamiento del Problema

El día 18 de noviembre de 2025, el personal médico adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Tijuana (HGT), IMSS-Bienestar, hizo llegar un manifiesto de inconformidad —del cual proviene toda la información técnica, clínica y epidemiológica aquí descrita— mediante el cual expresan su profunda oposición técnica, operativa y ética ante la decisión de cerrar de manera total temporal —o incluso definitiva— dicho servicio, y comisionar al personal al Hospital Materno Infantil de Tijuana (HMIT).

El HGT es el centro de referencia para pacientes con Morbilidad Materna Extrema (MME) de los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate.

Entre enero y septiembre de 2025 se atendieron 224 casos de MME, incluyendo:

- 127 casos de preeclampsia con criterios de severidad (emergencia hipertensiva, eclampsia, HELLP).

- 88 casos de hemorragia obstétrica.

- 7 casos de sepsis.

- 2 casos de cetoacidosis diabética.

Además, se atendieron alrededor de 900 casos de morbilidad materna general: hipertensión gestacional, preeclampsia sin criterios de severidad, diabetes gestacional y pregestacional, colestasis intrahepática, anemia, placenta previa, acretismo, ruptura prematura de membranas, complicaciones quirúrgicas poscesárea, comorbilidad psiquiátrica, consumo de drogas, infecciones graves y enfermedades infectocontagiosas como VIH, sífilis y Hepatitis C.

En el área neonatal se atendieron:

- 58 casos de prematurez extrema.

- 152 de prematurez tardía.

También se atienden casos diarios de recién nacidos con sepsis neonatal, asfixia, exposición a sustancias y enfermedades infecto contagiosas.

El HGT es además el centro de referencia para pacientes con sangrados uterinos severos por diversas causas ginecológicas, debido a que otras unidades carecen de banco de sangre.

El manejo de estas patologías solo es seguro en un hospital que cuente con:

- Unidad de Cuidados Intensivos (adulto y neonatal).

- Banco de sangre 24/7.

- Capacidad de transfusión masiva.

- Laboratorio continuo.

- Cirugía y anestesia 24/7.

- Interconsultas presenciales e inmediatas de medicina crítica, interna, nefrología, cirugía, infectología y otras especialidades.

El HGT posee todas estas capacidades. De enero a septiembre de 2025 se utilizaron 436 paquetes globulares, además de plasma fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas por aféresis. Se documentan 41 ingresos a UCI y múltiples intervenciones de emergencia que evitaron muertes maternas y neonatales. Aunque solamente 41 pacientes ingresaron a UCI, el resto de las pacientes con morbilidad materna extrema recibieron atención inmediata por el personal médico multidisciplinario con el que cuenta el HGT (y del que carece el HMI).

En contraste, el Hospital Materno Infantil Tijuana no cuenta con:

-UCI.

- Banco de sangre propio ni capacidad de transfusión masiva inmediata.

- Interconsultas presenciales 24/7 de múltiples especialidades críticas.

- Por tanto, la reubicación del servicio y su personal al HMIT representa un riesgo inmediato, grave y evitable para la vida de mujeres embarazadas y sus hijos en etapa perinatal.

Esta decisión vulnera:

- La Ley General de Salud.

- Las NOM-007-SSA2-2016 y NOM-017-SSA2-2012.

- Los Lineamientos de Referencia y Contrareferencia.

- Los Lineamientos de “Atención de Morbilidad Materna Extremamente Grave” del IMSS-Bienestar.

- Principios de seguridad del paciente.

- El principio de no regresividad en materia de salud.

- El principio de bioética de no maleficencia.

Los datos epidemiológicos muestran que Tijuana concentra el 52 por ciento de la población del estado y el 60 por ciento de la población migrante, lo que incrementa la vulnerabilidad social y la morbilidad materna extrema. La razón de MME en mujeres sin seguridad social en Tijuana es casi el doble que en el resto del estado.

Cerrar una unidad obstétrica de esta magnitud implica:

- Aumentar el tiempo de respuesta en emergencias cuya ventana terapéutica es de minutos.

- Incrementar el riesgo de muerte materna y perinatal.

- Generar saturación y retrasos en la red hospitalaria.

- Comprometer la equidad en la atención y la calidad técnica de los servicios.

El personal médico propone la implementación de un Plan de Continuidad Operativa Obstétrica que permita que el HGT siga funcionando durante la remodelación, preservando áreas críticas.

Finalmente, solicitan formalmente:

1. Detener el cierre total del servicio.

2. Revisar la decisión con criterios técnicos y epidemiológicos.

3. Garantizar que cualquier reubicación cumpla con infraestructura mínima indispensable.

4. Establecer una mesa técnica con participación del personal clínico.

Concluyen —con fundamento ético y legal— que la decisión administrativa pone en riesgo directo la vida de las mujeres y los recién nacidos.

Esta información proviene íntegramente del manifiesto firmado por el personal médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia y del personal del Departamento de Pediatría adscrito a Tococirugía del Hospital General Tijuana, IMSS-Bienestar.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al ciudadano doctor Miguel Bernardo Romero Flores, coordinador estatal del IMSS Bienestar en Baja California, a detener el cierre total del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Tijuana, revisar la decisión con base en criterios epidemiológicos, clínicos y de salud pública, y garantizar un Plan de Continuidad Operativa Obstétrica que preserve la atención obstétrica y neonatal de alta complejidad durante las obras de remodelación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al ciudadano doctor Néstor Saúl Hernández Millán, subdirector general de Salud de Baja California; a la ciudadana doctora Lucía Alejandra Pérez Mejía, directora de Salud Pública de Baja California; y al ciudadano doctor Luis Adán Carrillo Aréchiga, director del Hospital General Tijuana, a informar a la opinión pública de manera completa y transparente sobre los criterios técnicos bajo los cuales se determinó dicho cierre, así como las medidas previstas para evitar un aumento en la mortalidad materna y perinatal por retrasos en la atención.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la ciudadana gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al ciudadano secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, a garantizar que ninguna decisión administrativa reduzca la capacidad de atención obstétrica de alta especialidad en Tijuana, y a establecer de inmediato una mesa de trabajo técnico con participación del personal médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Tijuana para evaluar alternativas seguras que protejan la vida de mujeres embarazadas y recién nacidos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California para que instrumente las acciones necesarias a efecto de mantener operativa la red de atención obstétrica de manera distribuida y equitativa, evitando la concentración de servicios en zonas que aumenten los tiempos de traslado y generen riesgos clínicos, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de seguridad obstétrica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2025.

Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Cesar Damián Retes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la gobernadora del estado de Baja California a informar a la opinión pública de manera completa y transparente sobre las investigaciones, citatorios y carpetas relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que figuran servidores públicos, exfuncionarios y empresarios de dicho estado, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Eva María Vásquez Hernández, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a informar de manera completa y transparente sobre las investigaciones, citatorios y carpetas relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que figuran servidores públicos, exfuncionarios y empresarios de Baja California, conforme a la siguiente:

Planteamiento del Problema

En días recientes, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a al menos veinte personas del ámbito político y empresarial en Baja California.

Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno del estado de Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana; Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada y actual senador de la República; Fernando Rafael Salgado Chávez, empresario; así como Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres.

La denuncia que derivó en estas investigaciones, señalada por algunos de los implicados como anónima, hace referencia a posibles vínculos financieros irregulares, presunto uso indebido de recursos y eventuales relaciones con actividades ilícitas que requieren aclaración institucional.

La naturaleza y gravedad de los delitos investigados, así como el nivel de responsabilidad pública de varias de las personas mencionadas, han generado inquietud social por la falta de información oficial sobre el estado procesal de las carpetas, los citatorios emitidos, los actos de investigación practicados y el nivel de colaboración de las autoridades estatales con la instancia ministerial federal.

En casos que involucran a servidores públicos de alto nivel, la transparencia es un principio indispensable para salvaguardar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Conocer, sin comprometer la secrecía ministerial, si existen investigaciones formales, si los implicados han sido llamados a declarar y si el gobierno estatal ha brindado la cooperación requerida, es una exigencia legítima de la sociedad.

La magnitud pública del caso amerita claridad institucional. La ciudadanía necesita certeza de que las investigaciones se conducen con imparcialidad, autonomía y rigor, sin interferencias políticas ni omisiones de autoridades estatales.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República a informar, dentro del marco de sus atribuciones y sin afectar la secrecía de la investigación, sobre el estado que guardan las carpetas, citatorios, requerimientos y actuaciones ministeriales relacionadas con los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que figuran Carlos Alberto Torres Torres, Ismael Burgueño Ruiz, Armando Ayala Robles, Fernando Rafael Salgado Chávez, Luis Alfonso Torres Torres y demás personas incluidas en la denuncia mencionada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a transparentar, en el ámbito de sus atribuciones, la información relativa a la colaboración del gobierno estatal con las investigaciones federales mencionadas, incluyendo las medidas internas implementadas para prevenir, detectar y sancionar posibles actos ilícitos cometidos por servidores públicos o exfuncionarios estatales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California a garantizar que todas sus dependencias, entidades y autoridades municipales proporcionen a la FGR la información requerida para el adecuado desarrollo de las investigaciones, así como a reforzar los mecanismos de control interno, auditoría y transparencia que permitan prevenir actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de esta soberanía a suspender el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, hasta en tanto se logre un consenso amplio con todos los grupos parlamentarios, los sectores involucrados y la ciudadanía, suscrita por las diputadas Carmen Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputadas federales Carmen Rocío González Alonso, María Angélica Granados Trespalacios, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados a suspender el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, hasta en tanto se logre un consenso amplio con todos los grupos parlamentarios, los sectores involucrados y la ciudadanía, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha del 9 de octubre del año en curso , la titular del Poder Ejecutivo federal remitió a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Es de mencionar que dicha iniciativa presenta diversos aspectos negativos que podrían afectar a las personas dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas, al introducir disposiciones que inciden en el acceso, aprovechamiento y regulación del recurso hídrico necesario para el desarrollo de dichos sectores productivos.

Ante la preocupación manifestada por los productores agrícolas y ganaderos de diversas entidades federativas, especialmente, del estado de Chihuahua quienes consideran ser los principales afectados por la escasez de este recurso hídrico, es necesario que, desde la Cámara de Diputados, se extienda de manera indefinida el análisis de dicha reforma, pues se debe de escuchar todas las voces de todos los sectores que se consideren afectados por la reforma en comento.

Para el análisis y discusión de la reforma en comento, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó, en su primera reunión extraordinaria celebrada el 3 de noviembre del año en curso, convocar a la ciudadanía en general a participar en las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa en materia hídrica.

Como parte de las audiencias públicas, se instalaron tres grupos de trabajo para abordar el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con la participación de ponentes provenientes de las regiones centro, sur y norte del país, sin embargo, la ciudadanía a través de diversos medios, consideran que estas mesas de diálogo no son suficientes y deberían de extenderse de manera indefinida para buscar el consenso entre ciudadanía, así como de todos los grupos parlamentarios.

En dichas audiencias, las y los ponentes expusieron las principales preocupaciones que presenta la iniciativa de reforma, entre las cuales destaca la prohibición de la sucesión de derechos de concesión entre particulares, incluso por vía hereditaria.Asimismo, representantes del norte del país señalaron que eliminar la posibilidad de sucesión legítima afecta la seguridad jurídica de quienes han cuidado el recurso hídrico y realizado inversiones significativas en infraestructura. Por ello, solicitaron que, en lugar de suprimir la sucesión de concesiones, ésta sea regulada adecuadamente, a fin de no perjudicar a los usuarios.

También advirtieron que concentrar en las oficinas centrales la facultad de otorgar permisos y concesiones podría vulnerar los principios de transparencia y eficiencia, toda vez que dichos títulos son emitidos actualmente por los Organismos de Cuenca, cuya proximidad territorial facilita una mejor gestión.

Por otra parte, representantes del sector industrial, como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos -Concamin-, solicitaron que la ley garantice la reasignación de los volúmenes recuperados -por ejemplo, agua tratada- para actividades productivas, proponiendo además incentivar el reúso de aguas residuales tratadas, particularmente en la industria.

De igual manera, el Consejo Nacional Agropecuario enfatizó la necesidad de establecer incentivos claros para las y los productores agrícolas, quienes utilizan una proporción significativa del recurso hídrico para la producción de alimentos.

Finalmente, se planteó que la Comisión Nacional del Agua debe contar con un presupuesto acorde con las responsabilidades que asumiría bajo la nueva ley, lo cual genera inquietud respecto a las obligaciones adicionales que se pretenden asignar a la autoridad hídrica -tales como supervisión, estudios técnicos y reasignaciones- y sobre cómo se financiará su adecuada implementación.

En esta coyuntura, el Congreso del estado de Chihuahua convocó el pasado 20 de noviembre del año en curso, a una mesa de diálogo con productores del sector primario, con el objetivo de escuchar de primera mano sus planteamientos, propuestas y preocupaciones respecto de la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales que se discute en el ámbito federal.

A dicha mesa fueron formalmente invitados las y los senadores y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena por Chihuahua; sin embargo, la mayoría de ellos manifestó diversas razones para no asistir, decisión que generó profundo malestar entre los productores agrícolas, ganaderos y representantes del sector minero, quienes esperaban contar con la presencia y el compromiso directo de sus representantes en el Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, los productores coincidieron en la urgente necesidad de replicar este tipo de mesas de diálogo en todas las entidades federativas, con el propósito de garantizar que las voces de todos los ciudadanos y regiones del país sean efectivamente escuchadas, y que la nueva legislación proteja de manera real y equilibrada al sector agrícola, pilar fundamental de la seguridad alimentaria nacional.

El planteamiento central de los asistentes fue que la iniciativa, en su versión actual, representa un duro castigo para el campo mexicano. Denunciaron con preocupación que, al mismo tiempo que se pretende imponer restricciones severas al uso del agua, se han eliminado o reducido drásticamente programas esenciales como la concurrencia agrícola, la tecnificación del riego, la mecanización, el aseguramiento agropecuario y la inversión en infraestructura hídrica, precisamente en medio de una de las peores sequías de las últimas décadas que ya está diezmando las cosechas. Coincidieron en que no es aceptable aprobar una Ley de Aguas Nacionales que vulnere derechos adquiridos y afecte gravemente la producción alimentaria sin ofrecer, al mismo tiempo, alternativas viables ni apoyos suficientes.

Por lo anterior, los productores me solicitaron de manera respetuosa pero firme, en mi carácter de diputada federal, asumir el compromiso de detener el proceso de análisis, discusión y eventual aprobación de dicha iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados hasta en tanto se logre un consenso amplio, incluyente y técnicamente fundamentado que garantice:

- El respeto irrestricto al derecho humano al agua para toda la población,

- La protección efectiva del sector productivo que depende del recurso hídrico, y

- El equilibrio entre la sustentabilidad ambiental y la viabilidad económica del campo mexicano.

En virtud de la sensibilidad social y económica del tema, y considerando que el agua es un recurso fundamental para la seguridad alimentaria, la producción nacional y el bienestar de las comunidades rurales, resulta indispensable que el proceso de dictamen se lleve a cabo con la máxima responsabilidad, apertura y transparencia, garantizando la participación efectiva de todos los sectores involucrados, especialmente de quienes podrían verse afectados por la prohibición de la sucesión de concesiones.

En este contexto, manifiesto los siguientes puntos que ameritan y enriquecen el análisis de la reforma expuesta:

1. Necesidad de un proceso de consulta más amplio e incluyente

El agua es un recurso crítico para los sectores agrícola, industrial, urbano, ambiental y social del país. Un dictamen elaborado sin una consulta amplia y representativa podría generar normas desconectadas de la realidad territorial y de las necesidades sociales en la gestión del recurso hídrico.

2. Repercusiones jurídicas y técnicas de gran alcance

Se requiere un análisis técnico-jurídico más robusto que permita identificar posibles contradicciones con otras leyes, como la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Aguas de los estados, así como abordar el tema más a fondo desde un contexto ciudadano, pues estos último son quienes presencian de primera persona la problemática del agua.

3. Análisis de impacto presupuestal

La reforma hídrica conllevaría costos administrativos, de infraestructura y de operación, por lo que aplazar su posible aprobación dará oportunidad de incorporar escenarios presupuestales y un análisis de impacto económico que garantice la aplicabilidad real de la ley.

4. Armonizar la ley con estándares internacionales

El derecho humano al agua ha sido reconocido en diversos tratados internacionales, por tanto, la propuesta de ley deberá ser acorde a criterios de accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad, calidad y otros preceptos para garantizar el derecho humano.

En virtud de los expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento a efecto de que, se aplace el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2025.

Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento a efecto de que, el aplazamiento persista hasta lograr, mediante un auténtico ejercicio de parlamento abierto, el consenso amplio e incluyente con todos los grupos parlamentarios, sectores productivos, entidades federativas y sociedad civil, garantizando que la nueva ley refleje las realidades territoriales, sociales y económicas del México diverso, las propuestas de los ponentes participantes, y que no genere conflictos ni parálisis productiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2025.

Diputadas: Carmen Rocío González Alonso (rúbrica), María Angelica Granados Trespalacios (rúbrica).