Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la ASEA, a través de la Semarnat; CRE, a través de la Sener; Inveamex; a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; a la Dirección General de Operación y Control Urbano; a la Dirección General del Territorio Sostenible; a la Dirección General de Vialidad; a la Comisión de Agua del Estado de México; así como a las Direcciones de Desarrollo Urbano y de Protección Civil de los ayuntamientos mexiquenses, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la coordinación, supervisión y verificación conjunta respecto de la instalación y operación de expendios de combustible, gaseras, gasoneras y gasolineras, con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos, así como las NOM aplicables en materia de seguridad industrial, protección civil, impacto ambiental y desarrollo urbano sustentable, a cargo del diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Iván Millán Contreras, diputado de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Reguladora de Energía a través de la Secretaria de Energía; Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex); a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; a la Dirección General de Operación y Control Urbano; a la Dirección General del Territorio Sostenible; a la Dirección General de Vialidad; a la Comisión de Agua del Estado de México; así como a las Direcciones de Desarrollo Urbano y de Protección Civil de los ayuntamientos mexiquenses, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la coordinación, supervisión y verificación conjunta respecto de la instalación y operación de expendios de combustible, gaseras, gasoneras y gasolineras, con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos, así como las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de seguridad industrial, protección civil, impacto ambiental y desarrollo urbano sustentable.

Exposición de Motivos

El crecimiento económico y poblacional del Estado de México ha traído consigo una mayor demanda de combustibles, indispensables para la movilidad de casi 17 millones de habitantes, el transporte de mercancías y el desarrollo industrial. Sin embargo, esta necesidad no puede atenderse a cualquier costo: debe garantizarse bajo los principios de seguridad, legalidad, sustentabilidad y planeación urbana responsable. La operación irregular de gaseras, gasoneras y gasolineras representa un riesgo constante para la vida, el patrimonio y el medio ambiente de las y los mexiquenses.

Por ello, es importante resaltar que las autoridades competentes han determinado requisitos técnicos y administrativos que todos los establecimientos del sector deben cumplir, en concordancia con la normatividad municipal, estatal y federal. Estos requisitos no son una traba burocrática, sino mecanismos esenciales que buscan salvaguardar la seguridad ciudadana. Entre ellos destacan la autorización de uso de suelo conforme a los planes de desarrollo urbano, las licencias de construcción municipales, las evaluaciones técnicas de impacto en las materias de desarrollo urbano, protección civil, medio ambiente, comunicaciones, movilidad, agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y la correspondiente Evaluación de Impacto Estatal, los permisos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad industrial y mitigación ambiental.

En este sentido, es prioritario reafirmar que la legalidad, el desarrollo ordenado y la salvaguarda del interés público deben constituir principios rectores en toda acción de gobierno, bajo esta premisa, es importante señalar que el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) está llamado a desempeñar un papel estratégico como garante del cumplimiento normativo. En el marco de sus atribuciones, le corresponde llevar a cabo visitas de verificación a todas las obras, unidades económicas, inversiones y proyectos, ya sea que se encuentren en operación o en proceso de desarrollo.

Su intervención representa el primer dique institucional frente a prácticas irregulares, omisiones administrativas y riesgos sociales o ambientales. La intervención oportuna y decidida de este Instituto no sólo fortalece el Estado de derecho, sino que también protege el tejido económico y social del territorio mexiquense, haciendo posible un modelo de desarrollo con legalidad, equidad y sustentabilidad, que responda a las necesidades de la ciudadanía.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o, reconoce como derecho humano que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano; asimismo para su desarrollo y bienestar, establece la obligación del Estado de garantizar el respeto a este principio en todas las acciones públicas y privadas.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 18, garantiza a las y los habitantes el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.

En este marco, el artículo 115, fracción V, de la Constitución federal, otorga a los ayuntamientos la facultad expresa de emitir licencias y permisos para construcciones, así como de formular, aprobar y vigilar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano dentro de su ámbito territorial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXIV Quáter, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, corresponde a los Ayuntamientos emitir la autorización correspondiente.

El Código Administrativo del Estado de México, en su Libro Quinto, regula la planeación territorial, el desarrollo urbano y el uso de suelo, y define los criterios para autorizar el desarrollo de proyectos de produzcan un impacto urbano en la zona donde se pretendan ubicar, como lo son los que manejan hidrocarburos.

Por su parte, la Ley de la Comisión de Impacto Estatal establece los criterios para determinar la factibilidad precisamente de los proyectos que, por su uso o aprovechamiento del suelo, puedan generar efectos sobre la infraestructura. En este marco, el artículo 5 fracción II, del Reglamento de la Comisión de Impacto Estatal, dispone que las gaseras, gasoneras, gasolineras y demás plantas destinadas al almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles, deberán contar actualmente con la Evaluación de Impacto Estatal, previo a su instalación.

En materia de seguridad, la Ley de Protección Civil del Estado de México, establece la obligación de que las unidades de alto riesgo cuenten con programas internos de protección civil, sistemas contra incendios, protocolos de emergencia, rutas de evacuación y procesos de capacitación permanente para su personal.

A nivel municipal, los Reglamentos de Desarrollo Urbano, Construcción y Protección Civil, constituyen el primer filtro de legalidad. Son de cumplimiento obligatorio en cada ayuntamiento y resultan determinantes en la instalación de gaseras, gasoneras y gasolineras, al establecer parámetros técnicos, normativos y administrativos, desde la emisión de permisos hasta el seguimiento de sus operaciones.

A todo ello se suman las Normas Oficiales Mexicanas de observancia obligatoria, las cuales establecen estándares en materia de seguridad industrial, ambiental y de infraestructura, necesarios para prevenir riesgos y proteger a la población.

No obstante, en diversos puntos del territorio nacional y en el propio Estado de México, se han identificado un número creciente de establecimientos de expendio de gas LP y combustibles líquidos, que, en su caso, no cumplen con los requerimientos técnicos, legales y normativos establecidos en la legislación aplicable. Estas irregularidades comprenden desde la falta de permisos de uso de suelo, la falta de Dictamen Único de Factibilidad o la Evaluación de Impacto Estatal y en consecuencia de las Evaluaciones Técnicas de Impacto en las distintas materias, la carencia de dictámenes de seguridad estructural y/o ambiental, hasta la operación sin las autorizaciones correspondientes, además de incumplimientos a disposiciones municipales, estatales y federales, particularmente en materia de protección civil.

Dicha situación no sólo vulnera el estado de derecho, sino que representa un riesgo latente para la seguridad de las personas, el medio ambiente y la infraestructura urbana.

La instalación y operación de estos centros de procesamiento y/o distribución de hidrocarburos, sin las medidas adecuadas de seguridad, genera escenarios de alto riesgo, tales como explosiones, fugas, incendios y contaminación ambiental, los cuales han cobrado vidas humanas y generado cuantiosas pérdidas materiales en distintas entidades del país; los recientes accidentes registrados en la zona metropolitana del Valle de México y en otras regiones del país son un recordatorio doloroso de lo que está en juego: las vidas humanas, el patrimonio familiar, daños a la economía, afectaciones a la movilidad y al medio ambiente.

Por ello, el Estado de México, al ser motor económico e industrial de la nación, debe asumir con mayor compromiso y responsabilidad institucional la tarea de prevenir este tipo de tragedias. La permisividad u omisión ante estas prácticas irregulares puede reflejar, en muchos casos, falta de coordinación interinstitucional, debilidad en la vigilancia regulatoria o incluso presuntos actos de corrupción, los cuales deben de ser investigados y sancionados conforme a derecho.

Por tanto, es urgente y prioritario que se fortalezcan los mecanismos de verificación, supervisión y sanción, aplicando con firmeza las medidas correctivas y sanciones correspondientes, y que se garantice el cierre inmediato de instalaciones que operen fuera de la ley, a fin de salvaguardar la vida, la integridad y el bienestar de la ciudadanía. Por otra parte, es indispensable invertir en capacitación continua para transportistas, personal de protección civil, cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad. Sólo con conocimiento y preparación podremos reaccionar de manera eficaz y, lo más importante, prevenir incidentes; paralelamente, se sugiere que se lleven a cabo mesas de trabajo permanentes entre autoridades federales, estatales y municipales, para diseñar un plan integral de prevención de riesgos que ofrezca tranquilidad y confianza a la ciudadanía.

Es fundamental reconocer la relevancia de los proyectos de inversión económica en el Estado de México y el papel que juegan los particulares interesados en impulsarlos; sin embargo, el interés general debe prevalecer siempre sobre cualquier interés particular, especialmente cuando se trata de actividades que implican riesgos para la población, como la instalación de establecimientos dedicados a la venta, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. La atracción de capital y la generación de empleos son objetivos legítimos, pero nunca deben anteponerse a la seguridad, integridad y bienestar de las comunidades mexiquenses.

Todo proyecto de inversión en la entidad mexiquense debe cumplir cabalmente con los requisitos legales vigentes en materia de protección civil, medio ambiente, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Sólo a través del estricto apego a la legalidad se puede garantizar un desarrollo económico sostenible, responsable y verdaderamente orientado al bien común, donde la seguridad de la población sea siempre la prioridad.

El cumplimiento de la legislación en la materia no debe ser entendido como una carga administrativa, sino como una herramienta de certeza jurídica que otorga confianza tanto a la ciudadanía como a los inversionistas. La observancia del marco normativo se traduce en una economía sólida y dinámica que genera empleos, fomenta la inversión y fortalece la competitividad del Estado de México frente a otras entidades federativas.

La omisión de los requisitos técnicos y normativos no constituye un simple error administrativo, sino una grave transgresión que pone en riesgo la seguridad de la población y el orden urbano, al anteponer intereses económicos o particulares sobre el bienestar colectivo, inclusive genera delitos al abrir expendios clandestinos. En este contexto, la norma jurídica adquiere una relevancia fundamental, ya que no sólo establece lineamientos de observancia obligatoria, sino que actúa como garante del equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno social y ambiental. La Ley de la Comisión de Impacto Estatal y su reglamento, representan un claro ejemplo de ello, al exigir que este tipo de proyectos cumplan con los requisitos administrativos, técnicos y de seguridad correspondientes, mismos que se convalidan mediante la emisión de la Evaluación de Impacto Estatal, sustentada en evaluaciones técnicas de impacto en todas las materias, previos al inicio de las operaciones, con el fin de asegurar un crecimiento regulado, seguro y sostenible.

Cumplir con la normatividad es, en consecuencia, un acto de responsabilidad social que asegura que los beneficios del crecimiento económico lleguen a toda la población mexiquense, en estricto apego a la ley y en beneficio del presente y futuro de nuestro estado.

Finalmente, debe destacarse el papel de los ayuntamientos, en su carácter de autoridad más cercana a la ciudadanía y primera ventanilla de atención, teniendo a su cargo la responsabilidad de otorgar licencias de uso de suelo, licencias de construcción y permisos de funcionamiento. En este sentido, la autorización de establecimientos como gaseras, gasoneras y gasolineras debe realizarse con estricto apego a los planes de desarrollo municipal y a la normatividad vigente, evitando cualquier acto de discrecionalidad o corrupción. El cumplimiento de dichos planes no sólo garantiza un crecimiento urbano ordenado, sino que también protege la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Por ello, los municipios no deben actuar como simples facilitadores de trámites, sino como garantes de la legalidad, la seguridad ciudadana y del desarrollo sostenible de su territorio.

En este contexto, es primordial que las visitas de verificación se realicen de manera rigurosa, metódica y sistemática, con el propósito de constatar que todas las obras, unidades económicas, inversiones y proyectos, tanto en operación como en desarrollo cuenten con el Dictamen Único de Factibilidad, o en su caso, con la Evaluación de Impacto Estatal, asimismo debe verificarse el estricto cumplimiento de todas las condicionantes y obligaciones establecidas en los dictámenes o evaluaciones técnicas de impacto, suscritas por cada una de las dependencias que las hayan emitido.

Esta labor de supervisión debe realizarse sin excepciones, omisiones ni actos de discrecionalidad o corrupción, ni estar sujeta a medidas de simplificación administrativa, toda vez que ello podría derivar en la omisión de revisiones técnicas esenciales y poner en riesgo la seguridad, la legalidad y el bienestar social. Su correcta ejecución resulta fundamental para garantizar la legalidad, la certeza jurídica y el orden en el crecimiento urbano y económico del Estado de México.

Es importante señalar que la verificación administrativa debe prestar especial atención a las actividades de alto impacto, debido al riesgo que pueden representar para la vida, la salud, la seguridad y el entorno de la población y en caso de detectarse incumplimientos a la normatividad, particularmente aquellos que comprometan la seguridad, la salud pública o el medio ambiente, deberán aplicarse sanciones ejemplares, incluida la clausura inmediata total o parcial del establecimiento infractor.

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Reguladora de Energía a través de la Secretaria de Energía; Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX); a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; a la Dirección General de Operación y Control Urbano; a la Dirección General del Territorio Sostenible; a la Dirección General de Vialidad; a la Comisión de Agua del Estado de México; así como a las Direcciones de Desarrollo Urbano y de Protección Civil de los ayuntamientos mexiquenses, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la coordinación, supervisión y verificación conjunta respecto de la instalación y operación de expendios de combustible, gaseras, gasoneras y gasolineras, con el fin de constatar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos, así como las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de seguridad industrial, protección civil, impacto ambiental y desarrollo urbano sustentable.

Lo anterior, con el propósito de garantizar que dichas actividades se desarrollen bajo criterios de seguridad, legalidad, sustentabilidad y orden urbano, en beneficio de la vida, la integridad y el bienestar de la población mexiquense.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025

Diputado Iván Millán Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Sistema Nacional de Salud a que impulsen campañas que divulguen los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género e incluyentes en materia de diversidad sexual, discapacidad e interculturalidad, y que garantice que esta información llegue a todas las personas en formatos accesibles y sin discriminación, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma.

Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos1 .” Estos derechos incluyen (entre otros):

• Ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción.

• Estar libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales.

• Contar con acceso a educación sexual (y afectiva) desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada.

• Tener acceso a servicios médicos de calidad, adecuada y digna para la salud de las personas.

Para el Gobierno federal2 los Derechos Sexuales y Reproductivos son parte de los derechos humanos, que se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de Salud. Estos derechos son congruentes con los tratados y acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en este campo. Por ello, las instituciones gubernamentales y civiles impulsan su difusión a fin de que la población los conozca y los pueda hacer valer.

Segunda. Nuestra Carta Magna3 protege los derechos sexuales y reproductivos en el párrafo segundo del artículo 4o. estableciendo:

Artículo 4o.- ...

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Así también, en el artículo 3o que establece todo lo relacionado a la educación de nuestro país, en el párrafo 12 se especifica lo siguiente:

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la protección de los animales, entre otras.

Como se puede observar, la protección y la divulgación responsable de una educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas están ordenados y positivizados en el máximo ordenamiento legal de nuestro país, postulados que se desarrollan a través de las respectivas leyes reglamentarias de cada Derecho.

Tercera. En ese sentido, en la Ley General de Salud, específicamente en sus artículos 112 y 157 bis, señala lo siguiente en relación con el tema:

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

...

...

Fracción III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar ...

Así también en el artículo 157 Bis4 se señala que será la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

Cuarta. Para el Gobierno federal5 la salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Para hacer respetar los Derechos Sexuales y Reproductivos es necesario contar con información confiable y actualizada sobre el tema, que permita focalizar y evaluar los programas gubernamentales para que tengan mayor impacto sobre la población.

En el libro “Situación de los derechos sexuales y reproductivos ”. República Mexicana. 20186 , editado por el Consejo Nacional de Población, se señala que en México, se ha observado un avance diferenciado en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que aunado al bajo descenso de la fecundidad entre las adolescentes (15 a 19 años), han provocado que el Estado continúe en la búsqueda de mecanismos para garantizar que toda la población ejerza de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos, ejemplo de ello, son los compromisos del Estado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con la página electrónica de la Asociación MenteMujer 7 en México, las políticas públicas en salud sexual y reproductiva se han fortalecido mediante programas específicos que buscan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. El Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024 establece estrategias para impulsar el ejercicio de estos derechos, especialmente en adolescentes, a través de acciones de información, prevención y atención oportuna.

Para atender a la población joven, según esta fuente, se han implementado servicios amigables de salud sexual y reproductiva en unidades médicas de primero y segundo nivel. Estos servicios brindan atención integral, confidencial y con respeto a los derechos humanos, incluyendo la distribución de métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Esta misma fuente afirma que “Las políticas en salud sexual y reproductiva en México han avanzado en la promoción de una salud con perspectiva de género, mediante programas y servicios que buscan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. No obstante, es necesario continuar fortaleciendo estas políticas, asegurando su implementación efectiva y ampliando su cobertura para alcanzar una verdadera equidad en el acceso a la salud.”

Quinta. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 68% de las mujeres entrevistadas conocieron o escucharon de métodos anticonceptivos en redes sociales, un 48% a través de la TV y un mismo porcentaje de pláticas en algún centro de salud.

De conformidad con estudios realizados por el Consejo Nacional de Población los porcentajes de mujeres en edad fértil unidas usuarias de métodos anticonceptivos con participación masculina por grupos de edad, México 2018 y 2023 fueron los siguientes:

Quinta. La Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes elaborada por la organización Mexfam8 señala que estos deben contener:

1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad;

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad;

3. Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos;

4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes nos relacionarnos afectiva, erótica y socialmente;

5. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal;

6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual;

7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva;

8. Derecho a la igualdad;

9. Derecho a vivir libres de discriminación;

10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad;

11. Derecho a la educación integral en sexualidad;

12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva;

13. Derecho a la identidad sexual; y

14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción;

Sexta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, en el Informe Especial sobre violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en México menciona que en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) se retrata la magnitud y la prevalencia de la violencia contra las mujeres en México en diversos ámbitos, espacios y etapas de la vida, si bien no se encontraron datos desagregados para Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad, según esta encuesta, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito.

Por ello, el 49% vivió violencia emocional, el 41.3% violencia sexual, 34% violencia física, 29% violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo.

De los datos de la encuesta se puede observar que las mujeres de 15 a 24 años tienen una mayor propensión a ser víctimas de violencia emocional (29.4%), mientras las mujeres entre 25 a 34 años son las más propensas a ser víctimas de violencia física (8.1%) y las mujeres de 35 a 44 años de violencia sexual (2.7%). Se señala también un alto porcentaje (78.6%), de mujeres que no solicitan apoyo ni presentan alguna denuncia, el 8.8% sólo solicitó apoyo, el 5.6% sólo denunció, y únicamente el 5.6% solicitó apoyo y denunció.

Entre las razones por las que no denunciaron, el 28.8% porque se trató de algo sin importancia que no le afectó, el 19.8% por miedo a las consecuencias, el 17.3% por vergüenza, 14.8% no sabía cómo y dónde denunciar, por mencionar las más reiteradas.9

Es por lo anterior expuesto y con el fin de que todas las mujeres del país, tengan conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, para que no sean víctimas de matrimonios y relaciones forzadas o matrimonios sin su consentimiento, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal y al Sistema nacional de Salud para que impulse campañas que divulguen los derechos sexuales y reproductivos, con perspectiva de género e incluyentes en materia de: diversidad sexual, discapacidad e interculturalidad, y que garantice que esta información llegue a todas las personas en formatos accesibles y sin discriminación.

Notas:

1. https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproducti vos-2/

2. https://www.gob.mx/salud/documentos/derechos-sexuales-y-reproductivos

3. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf, pag. 75

5. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/salud-sexual-y-reproduct iva

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634858/
Situacion_de_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_2018_RM_030521.pdf, pag. 13

7. https://mente-mujer.com/politicas-publicas-en-salud-sexual-y-reproducti va-avances-y-desafios/

8. https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Cartilla_DDSS_segunda-edi cion_22.05.21.pdf

9. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/INFORME_ MCD_29A.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2025.

Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la SEP y a la Secretaría de Bienestar, a que, en las instituciones de educación básica del sistema educativo nacional de las poblaciones más vulnerables del país, se promueva, fortalezca y consolide la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes en los programas sociales de becas educativas de bienestar que se ofrecen y a las que tienen derecho, a cargo de la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Rocío López Gorosave , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a La Secretaría de Bienestar para que en las Instituciones de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional de las poblaciones más vulnerables del país, se promueva, fortalezca y consolide la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes en los Programas Sociales de Becas Educativas de Bienestar que se ofrecen y a las que tienen derecho, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, la consolidación del modelo de bienestar social se refleja en el hecho de que los beneficios de los programas sociales llegan a más de 30 millones de familias, de acuerdo con cifras del Gobierno federal, y en el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo1 , algunos se distribuyen de la siguiente forma:

• 13 millones de personas mayores de 65 años, reciben su pensión bimestral de 6 mil 200 pesos.

• 1 millón 606 mil 382 personas con discapacidad, perciben su pensión bimestral.

• 3 millones 861 mil 153 estudiantes, cuentan con la Beca Universal “Benito Juárez” para educación media superior.

• 3 millones 196 mil familias con hijas e hijos en primaria, reciben becas educativas.

• 398 mil 269 jóvenes universitarios de instituciones públicas, acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

• 63 mil 252 escuelas de educación básica y 6 mil 50 de nivel medio superior, participaron este año en “La Escuela es Nuestra”.

• 151 mil 419 jóvenes, hasta ahora, y van a llegar a 250 mil, Jóvenes Construyendo el Futuro con un salario mínimo mensual.

• 243 mil niñas y niños, de entre 0 y 4 años, reciben apoyos.

Además, este año, además, se iniciaron Programas de Bienestar nuevos, en el que destaca:

• 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Universal “Rita Cetina” en beneficio de 8.9 millones, niños, niñas y adolescentes de 7.1 millones de familias.

Pero lo anterior, no es suficiente, debemos procurar llegar a todas las niñas, niños y adolescentes que lo necesiten, pues la cifra anterior refleja que existen al menos 3 millones de estudiantes que no reciben este importante apoyo al que tienen derecho.

En particular, debemos reconocer que los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno federal para consolidar la educación de tipo básico como un elemento fundamental en el proceso de transformación de la sociedad mexicana, refleja la importancia que tiene en el proyecto de nación.

Es decir, en las escuelas de los niveles, inicial, preescolar, primaria y secundaria se forman niñas, niños y adolescentes desde un enfoque científico y humanista, orientado a la adquisición de aprendizajes que les permitan participar en la construcción de una ciudadanía democrática e intercultural, en la que las acciones individuales y colectivas se encaminen al bienestar común.

De acuerdo con cifras del Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública 2025-20302 , en el ciclo escolar 2023-2024, la educación básica registró una matrícula de 23.9 millones de estudiantes, atendidos por poco más de 1.2 millones de docentes en 231 mil 534 escuelas públicas y privadas. La tasa de cobertura bruta fue 90.6%3 / (67.6% en preescolar, 100% en primaria y 92.2% en secundaria).

La atención educativa en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo integral de las personas, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales y cognitivos; por tanto, en la administración anterior, se decretó su obligatoriedad y ahora se busca su fortalecimiento y reinvidicación con la Nueva Escuela Mexicana.

En este nuevo enfoque, el otorgamiento de becas constituye una estrategia fundamental para apoyar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, debido a condiciones económicas desfavorables, enfrentan dificultades para continuar con su trayectoria educativa. Más allá de representar un apoyo económico, las becas funcionan como un mecanismo eficaz para reducir las brechas de desigualdad entre los estudiantes, garantizando el acceso, permanencia y conclusión de los estudios en condiciones equitativas.

Las condiciones económicas representan una de las principales causas que enfrentan las y los estudiantes para permanecer y concluir sus estudios. Estas circunstancias generan disparidades en las trayectorias educativas y afectan el aprendizaje de las y los educandos. En 2019 se otorgaron 7.7 millones de becas a estudiantes y sus familias, académicos y personal docente que participan en el Sistema Educativo Nacional; para 2024, la cifra ascendió a 11.3 millones, es decir, hubo un incremento de 47 por ciento.

En este contexto, las becas no solo contribuyen a moderar la carga económica de las familias, sino que refuerzan el compromiso social con el derecho a la educación y con el principio de igualdad de oportunidades. Los programas de becas son una herramienta estratégica para cerrar brechas, ya que las condiciones de desigualdad estructural son la principal barrera para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. En este sentido, uno de los compromisos del Gobierno de México para el periodo 2025-2030 es otorgar becas a la totalidad de los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas. En específico, se ampliarán los programas de Becas para el Bienestar, priorizando a grupos en situación vulnerable, para consolidar una política equitativa que asegure su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Así mismo, debemos reconocer el trabajo que ya llevan a cabo las y los maestros de México, y todas las personas que trabajan en las escuelas como personal administrativo y que permiten a las y los estudiantes aprender.

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales de la transformación educativa del país. Su tarea constituye un elemento central en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

No solo se encargan de transmitir conocimientos, sino también de promover valores y contribuir a la transformación social. Su papel en el Sistema Educativo Mexicano es indispensable para construir una sociedad equitativa, solidaria y comprometida con los derechos humanos. De acuerdo con estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando un país invierte en la formación continua y genera condiciones laborales adecuadas, se logra una mejor educación.

Y estamos seguros que de la mano de las y los maestros, se podrán sumar esfuerzos para que todas y todos los niños de México tengan acceso a los programas sociales a los que tienen derecho, pues son ellos quienes día con día conviven y apoyan a sus estudiantes, por lo que pueden detectar fácilmente que necesidades tienen y cuáles son las condiciones de su familia, que pueden afectar en su aprendizaje y que por diversas razones, no estén inscritos en algún programa social de becas educativas.

Es por lo anterior que, es fundamental reconocer la experiencia de las maestras y los maestros, que día a día contribuye en la transformación de los procesos de enseñanza y sobretodo podrá aportar al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, para el Gobierno federal, en especial la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación, dentro del ámbito de sus competencias tienen la misión de coadyuvar al establecimiento del estado de bienestar y proponer una educación con sentido crítico, humanista y comunitario que permita valorar, atender y potenciarla como un proyecto social compartido y que responda a los contextos y características de las y los estudiantes en particular los grupos históricamente vulnerables, mejoren sus niveles de bienestar, inclusión y equidad en sus vidas, considerando la diversidad cultural, social y territorial, a través de la consolidación de políticas públicas integrales, con desarrollo sustentable e inclusión productiva y la Nueva Escuela Mexicana.

Por otro lado, los Programas del Bienestar se han convertido en derechos constitucionales universales que benefician a millones de mexicanos, además de que estos buscan fomentar que las y los servidores públicos involucrados en la operación de los Programas, reconozcan, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a las personas, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación.

Y es importante precisar que los programas sociales se complementan con acciones que serán implementadas por los programas de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, como las becas educativas, bajo el principio de coordinación institucional a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, con énfasis en la reducción de brechas como desigualdad, condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.

Una de esas acciones es el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar para seguir avanzando en la reducción de la pobreza y llevar bienestar a todos los rincones del país.3

El pasado 6 de octubre del presente, 16 dependencias e instituciones del gobierno de México firmaron el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar que tiene como propósito el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la política de bienestar y derechos de los mexicanos para continuar con la reducción de la pobreza y llegar a grupos más vulnerables como los pueblos y comunidades indígenas.

En el marco de la firma del convenio, que signaron diversas secretarias y el gobierno de México, como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar; coincidieron al señalar la importancia de seguir trabajando en unidad por el bien del pueblo.

Es por lo anterior que, a través de una comunicación constante y directa y una organización eficiente entre dependencias, que, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación en el marco del Convenio antes mencionado deben unir esfuerzos para llegar a todas las familias mexicanas.

Lo anterior se puede lograr con un trabajo interinstitucional entre ambas dependencias para que, en las instituciones de educación básica del Sistema Educativo Nacional exista un acercamiento para corroborar y consolidar la inscripción a los Programas de Bienestar de Becas Educativas, es decir que, desde esa institución pública, la Secretaría de Educación Pública pueda verificar que cada uno de los estudiantes cumpla con los requisitos, pueda inscribirse y reciba una beca educativa de forma directa, sin intermediarios.

Que lo anterior se consolide y detecte especialmente en las poblaciones más vulnerables que no reciben ningún programa social, y sobre todo responder algunas de las preguntas más comunes como: ¿qué requisitos necesitan?, ¿en qué estado se encuentra su solicitud?, y si es el caso, ¿si hay un problema o sí cumple los requisitos y en que estado se encuentra su trámite?

Y que pueden ser subsanadas por los Servidores de la Nación en comunicación y apoyo con las y los maestros a través de la propia infraestructura de la educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Para alcanzar los objetivos de garantizar el acceso equitativo a los derechos fundamentales, reducir las brechas de desigualdad y promover el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad. A través de estos programas, se busca mejorar las condiciones de vida de los sectores con menores ingresos, fortaleciendo su autonomía económica y social mediante apoyos directos, becas educativas, pensiones, incentivos productivos y acciones comunitarias.

Y sobre todo, impulsar la inclusión y la justicia social, asegurando que los recursos públicos lleguen de manera transparente y eficiente a quienes más lo necesitan, sin intermediarios y directamente a las familias mexicanas para construir una sociedad más equitativa, solidaria, con mayores oportunidades de desarrollo sostenible, prosperidad compartida y humanismo mexicano.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en las Instituciones de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional de las poblaciones más vulnerables del país, se promueva, fortalezca y consolide la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes en los Programas Sociales de Becas Educativas de Bienestar que se ofrecen y a las que tienen derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a fortalecer la participación de la Secretaría de Educación Pública en el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar para que todas las niñas, niños y adolescentes del Sistema Educativo Nacional accedan a las Becas Educativas de Bienestar en especial en poblaciones más vulnerables.

Notas:

1. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-primer-informe-de-gobierno-de-la-presidenta
-claudia-sheinbaum-pardo-palacio-nacional

2. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2025/materiales/Proyecto%20Programa%20Sectorial%20de
%20Educaci%C3%B3n%202025-2030_Validado%20UPER-SHCP.pdf

3. https://www.gob.mx/bienestar/prensa/dependencias-e-instituciones-del-go bierno-de-mexico-firman-el-convenio-general-de-colaboracion-de-programa s-para-el-bienestar?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2025.

Diputada Rocío López Gorosave (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Ssa, a la SEP y al gobierno del estado de Chiapas a reforzar las acciones de vigilancia, prevención y respuesta ante la confirmación de brotes del Virus Coxsackie (“boca, manos y pies”) en escuelas de la frontera sur del estado, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del estado de Chiapas a reforzar las acciones de vigilancia, prevención y respuesta ante la confirmación de brotes del virus Coxsackie (“boca, manos y pies”) en escuelas de la frontera sur del estado , bajo las siguientes

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud, consagrado en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado a establecer los mecanismos necesarios para garantizar la atención sanitaria y la prevención de enfermedades, especialmente en la población más vulnerable, como lo son los menores de edad.

Con base en información difundida por medios de comunicación el pasado 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud del estado de Chiapas confirmó la presencia del virus Coxsackie (causante de la enfermedad de “boca, manos y pies”) en 11 escuelas de la Zona fronteriza sur, abarcando municipios como Tapachula, Suchiate y Tuxtla Chico.

El virus Coxsackie es un tipo de enterovirus se clasifica en los subgrupos A y B, a menudo provoca la enfermedad conocida como “boca, mano, pie” (Hand, Foot, and Mouth Disease ) y este afecta principalmente a la población menores de 10 años. Entre sus principales síntomas podemos encontrar síntomas como fiebre, malestar general, y la aparición de un sarpullido con ampollas o llagas dolorosas en la boca, las palmas de las manos, las plantas de los pies y, a veces, en el área del pañal o los glúteos. La transmisión del virus es muy contagiosa y ocurre principalmente por contacto directo con secreciones de personas infectadas (saliva, moco nasal, líquido de las ampollas y heces), así como por la vía fecal-oral, especialmente en entornos con poca higiene o por tocar objetos y superficies contaminadas.

Si bien la mayoría de las infecciones por el virus Coxsackie son de carácter leve y es posible resolverlas de manera espontánea en un plazo de 7 a 10 días sin tratamiento específico, existe el riesgo de complicaciones, aunque raras. El riesgo más común, especialmente en niños, es la deshidratación debido al dolor de las llagas en la boca que dificulta la ingesta de líquidos. En casos poco frecuentes, el virus puede derivar en infecciones de mayor gravedad que requieren atención hospitalaria, como la meningitis viral (inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal), encefalitis (inflamación del cerebro), o miocarditis (inflamación del músculo cardíaco). Los bebés y recién nacidos tienen un riesgo mayor de sufrir una infección grave, por lo que el monitoreo y las medidas de higiene preventivas son fundamentales a estas edades tempranas.

La prevención del virus Coxsackie se centra principalmente en mantener una rigurosa higiene para interrumpir la cadena de transmisión fecal-oral y por contacto, se debe tener un lavado de manos de manera frecuente, desinfectar las superficies más comunes, aislar a las personas que ya presenten síntomas, manejo adecuado de secreciones o materiales utilizados para la misma finalidad, así como evitar el contacto con personas con síntomas.

Si bien la autoridad sanitaria ha solicitado a la población no entrar en un estado de alarma, es fundamental que se refuercen las medidas de contención y prevención para evitar la propagación masiva del virus en el sistema educativo y en las comunidades. La vigilancia epidemiológica, la sanitización de espacios educativos y la difusión de protocolos claros a padres de familia, docentes y personal de salud son acciones que deben tratarse con carácter de urgente y preventivo.

Por otro lado, es necesario que exista una coordinación efectiva entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para garantizar que los protocolos de aislamiento y los filtros sanitarios implementados en los planteles educativos sean uniformes y adecuados, protegiendo así la salud de la niñez chiapaneca sin comprometer indebidamente el calendario escolar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado de Chiapas a reforzar las acciones de vigilancia, prevención y respuesta ante la confirmación de brotes del virus Coxsackie (“boca, manos y pies”) en escuelas de la frontera sur del estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.

Diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán (rúbrica)