Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6924, lunes 24 de noviembre de 2025
Anexo I Acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, por el que se establece la realización de mesas de trabajo para el análisis de la iniciativa del Ejecutivo federal por la que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
Anexo II Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los Delitos en materia de Extorsión, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, devuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional
De la Comisión de Asuntos Migratorios, correspondiente a la décima reunión ordinaria, efectuada el miércoles 15 de octubre del 2025.
Presidencia: Diputada Marcela Guerra Castillo
Secretaría: Diputada María Damaris Silva Santiago
Quórum: 18 Legisladores
Hora de inicio: 9:40 horas
Hora de término: 10:30 horas
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos del miércoles quince de octubre del año dos mil veinticinco, se reunieron, en modalidad semipresencial, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, en los salones C y D, del edificio G de la Cámara de Diputados, situada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria 6895, de fecha 13 de octubre de 2025, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
La diputada presidenta Marcela Guerra Castillo, dio la bienvenida a las y los integrantes de la Comisión, agradeciendo su presencia en la Décima Reunión Ordinaria.
Para la conducción de la sesión, la acompañó la diputada María Damaris Silva Santiago, secretaria de la Comisión, a quien se solicitó verificar el registro de asistencia.
La diputada secretaria, después de realizar la verificación correspondiente, informó la existencia de quórum legal para llevar a cabo la reunión.
En consecuencia, la presidenta Marcela Guerra Castillo declaró formalmente abierta la décima reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, siendo las 9:40 horas del día antes señalado.
Asistencia
Presidencia: Marcela Guerra Castillo.
Secretaría: Eduardo Castillo López, Deliamaria González Flandez, Víctor Adrián Martínez Terrazas, Nora Yessica Merino Escamilla, Gildardo Pérez Gabino, Aniceto Palanca Morales, Nadia Yadira Sepúlveda García, María Damaris Silva Santiago, Roselia Suárez Montes de Oca, Rosa Irene Urbina Castañeda.
Integrantes: Adolfo Alatriste Cantú, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Cesar Israel Damián Retes, María Isidra de la luz Rivas, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Brígido Ramiro Moreno Hernández, Jonathan Puertos Chimalhua.
Ausentes: Nadia Navarro Acevedo, Diego Ángel Rodríguez Barroso, Haidyd Arreola López, Oiga Leticia Chávez Rojas, José Manuel Hinojosa Pérez, Jessica Ramírez Cisneros.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
Por instrucciones de la presidencia, la secretaría dio lectura al orden del día y, al no presentarse observaciones, se sometió a votación económica.
l. Registro de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión ordinaria;
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026;
5. Asuntos generales;
6. Clausura.
En votación económica, las y los legisladores presentes manifestaron su voto por la afirmativa, resultando aprobado por unanimidad.
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión ordinaria
La diputada presidenta Marcela Guerra castillo sometió a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, toda vez que el documento fue distribuido previamente a las diputadas y los diputados integrantes de la comisión.
En votación económica, las y los legisladores presentes aprobaron por unanimidad la dispensa de la lectura.
Acto seguido, la diputada presidenta sometió a consideración el contenido del acta de la novena reunión ordinaria. Al no registrarse observaciones, la diputada secretaria consultó a la asamblea si se aprobaba dicho documento. Las y los legisladores aprobaron por unanimidad de votos el acta de la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026
La diputada presidenta Marcela Guerra Castillo indicó que el siguiente punto correspondía a la aprobación de la Opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, documento que recoge el análisis sobre las partidas presupuestales que inciden en la política migratoria nacional, incluyendo los recursos destinados a la protección, atención e integración de las personas migrantes y connacionales.
Señaló que el documento enfatiza la necesidad de fortalecer el presupuesto para la red consular, los programas de atención a migrantes en retorno, así como el incremento al presupuesto de la Comar, con el propósito de garantizar una respuesta institucional adecuada a los retos actuales de movilidad humana.
Destacó la importancia de asegurar los recursos necesarios para fortalecer la red consular, especialmente en los 53 consulados ubicados en Estados Unidos, donde se atiende a una numerosa comunidad de connacionales y personas de origen mexicano.
Subrayó que el documento recoge las observaciones de la Secretaría de Hacienda, organismos internacionales, organizaciones civiles y de las diputadas y diputados integrantes de la comisión, quienes aportaron propuestas orientadas a robustecer la capacidad institucional en materia migratoria y de atención consular.
Posteriormente, por instrucciones de la diputada presidenta, el secretario técnico, Arturo Ríos Camarena, presentó un resumen de los aspectos relevantes de la opinión, destacando que el análisis se elaboró conforme al marco jurídico y a los principios rectores de derechos humanos, legalidad, transparencia, eficiencia y equidad en la administración de los recursos públicos.
Expuso que se propone una reasignación interna dentro del Ramo 04 (Gobernación) para fortalecer la capacidad operativa de la Comar, así como una ampliación de 300 millones de pesos al Ramo 05 (Relaciones Exteriores), destinada al programa de atención y servicios integrales de protección y asistencia consular, con el fin de mejorar la atención y protección de las y los mexicanos en el exterior.
Enseguida, la diputada presidenta solicitó a la secretaría someter a votación económica la dispensa de la lectura del documento, toda vez que fue previamente circulado entra las diputadas y los diputados integrantes de la comisión. La dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido, la diputada presidenta puso a consideración de la asamblea el contenido de la opinión.
En el desarrollo de la discusión, hicieron uso de la palabra las diputadas y diputados María Damaris Silva Santiago, Aniceto Polanco Morales, Rosa Irene Urbina Castañeda, Víctor Adrián Martínez Terrazas y Blanca Leticia Gutiérrez Garza, quienes expresaron diversas consideraciones en torno al fortalecimiento presupuestal de la política migratoria y la protección consular.
La diputada María Damaris Silva Santiago, reconoció los esfuerzos de la presidencia y del equipo técnico por integrar una opinión equilibrada y orientada a fortalecer los programas en favor de las personas migrantes.
Destacó que, más que un incremento, se trata de una reasignación responsable de recursos, y subrayó la confianza en que el presupuesto 2026, el primero del nuevo gobierno, se haya construido con criterios de eficiencia y sensibilidad social.
El diputado Aniceto Polanco Morales, manifestó su respaldo a la propuesta, señalando la necesidad de ampliar los recursos asignados al Ramo 05, particularmente para la red consular y los programas de asistencia jurídica y humanitaria, en beneficio de los connacionales que enfrentan condiciones adversas en el exterior.
Por su parte, la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, celebró el aumento presupuestal a la Comar y destacó la relevancia de continuar fortaleciendo la atención a personas en contexto de movilidad, tanto en la frontera sur como en el resto del país.
El diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas, reconoció los esfuerzos de la Comisión por integrar una Opinión que incorporara diversas propuestas y ampliara ciertos programas, sin embargo, expresó su desacuerdo con el contenido del documento, argumentando que, aunque bien intencionada, resulta insuficiente y desarticulada para atender las necesidades reales del fenómeno migratorio, además de contravenir el mandato constitucional de proteger los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
Señaló que, aunque la Comar presenta un incremento presupuestal nominal, la mayor parte de los recursos se dirige a gastos operativos, en detrimento del personal especializado que brinda atención directa a personas solicitantes de refugio.
Advirtió que en el Ramo 05 (Relaciones Exteriores) persiste una reducción real del presupuesto, lo que limita la capacidad operativa de la red consular mexicana, pese a su papel fundamental en la defensa de los derechos de los connacionales en el exterior.
Asimismo, destacó que el proyecto de presupuesto no contempla recursos específicos para la migración interna ni para la reinserción de connacionales retornados, lo que deja sin apoyo a las comunidades receptoras que enfrentan mayores demandas en servicios básicos.
Finalmente, enfatizó que México no puede seguir administrando la migración como un asunto meramente operativo, pues se trata de una cuestión de derechos humanos, seguridad y Estado. En ese sentido, manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no acompañaría la aprobación de la opinión, al considerar que el documento y el presupuesto propuesto reducen derechos, invisibilizan a las personas migrantes de retorno y abandonan a la red consular mexicana.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, reconoció el trabajo realizado por la presidenta y el equipo técnico de la comisión, señaló que el documento de opinión presentado refleja un análisis serio, responsable e institucional con visión de Estado.
Subrayó la importancia de fortalecer la atención consular, al ser la red que atiende a millones de mexicanas y mexicanos en el exterior, y de reforzar presupuestalmente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para mejorar los programas de registro e identidad de las personas en situación de movilidad.
Manifestó su respaldo al incremento de 300 millones de pesos en el Ramo 05 (Relaciones Exteriores) y a la reasignación de 30 millones de pesos en el Ramo 04 (Gobernación), considerando que, aunque los montos son limitados, representan un avance necesario para garantizar una atención digna y humana a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Concluyó haciendo un llamado a la solidaridad y compromiso con la protección de los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior.
No habiéndose registrado más intervenciones, la diputada presidenta Marcela Guerra Castillo, solicitó proceder a la votación de la opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Acto seguido, las y los legisladores registraron su voto a través del sistema APRAV, resultando aprobada por mayoría de votos.
Diputada Marcela Guerra Castillo: A favor
Diputado Eduardo Castillo López: A favor
Diputada Deliamaria González Flandez: A favor
Diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas: En contra
Diputada Nora Yessica Merino Escamilla: A favor
Diputado Gildardo Pérez Gabino: A favor
Diputado Aniceto Palanca Morales: A favor
Diputada Nadia Yadira Sepúlveda García: A favor
Diputada María Damaris Silva Santiago: A favor
Diputada Roselia Suárez Montes de Oca: A favor
Diputada Rosa Irene Urbina Castañeda: A favor
Diputado Adolfo Alatriste Cantú: A favor
Diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: A favor
Diputado César Israel Damián Retes: En contra
Diputada María Isidra de la Luz Rivas: A favor
Diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: A favor
Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández: A
favor
Diputado Jonathan Puertos Chimalhua: A favor
5. Asuntos generales
En el apartado de asuntos generales, la diputada presidenta Marcela Guerra Castillo consultó si alguna diputada o diputado deseaba intervenir.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua tomó la palabra para invitar a sus compañeras y compañeros legisladores a sumarse a una colecta de víveres y apoyos económicos destinada a las comunidades afectadas por deslaves e inundaciones en la zona norte del estado de Veracruz, particularmente en los municipios de Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez y Chicontepec. Explicó que la ayuda sería entregada directamente el sábado siguiente y agradeció la solidaridad de quienes quisieran sumarse.
La presidenta Marcela Guerra Castillo expresó su solidaridad con las personas afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Tabasco y Querétaro, y exhortó a que las donaciones se realicen en condiciones adecuadas, priorizando ropa limpia y en buen estado, así como aportaciones económicas.
El diputado Puertos Chimalhua precisó que los recursos serían utilizados de manera transparente, con comprobantes de compra para quienes contribuyeran.
Posteriormente, la diputada María Damaris Silva Santiago manifestó su apoyo a la iniciativa, reiterando la importancia de la cooperación solidaria entre legisladores.
6. Clausura
No habiéndose registrado más asuntos que tratar, siendo las diez horas con treinta minutos del miércoles quince de octubre de dos mil veinticinco, la diputada presidenta Marcela Guerra Castillo declaró concluidos los trabajos de la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, agradeciendo la asistencia y participación de las y los legisladores presentes.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputadas y diputados: Marcela Guerra Castillo, presidenta (rúbrica); Eduardo Castillo López (rúbrica), Deliamaria González Flandez (rúbrica), Víctor Adrián Martínez Terrazas (rúbrica), Nora Yessica Merino Escamilla (rúbrica), Nadia Navarro Acevedo, Gildardo Pérez Gabino (rúbrica), Aniceto Palanca Morales (rúbrica), Diego Ángel Rodríguez Barroso, Nadia Yadira Sepúlveda García (rúbrica), secretarios; María Damaris Silva Santiago, Roselia Suárez Montes de Oca (rúbrica), Rosa Irene Urbina Castañeda, Adolfo Alatriste Cantú (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica), Haidyd Arreola López (rúbrica), Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica), César Israel Damián Retes (rúbrica), María Isidra de la Luz Rivas, Blanca Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Brígido Ramiro Moreno Hernández, Jonathan Puertos Chimalhua (rúbrica), Jessica Ramírez Cisneros.
De la Comisión de Ganadería, relativa a la novena reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 21 de octubre de 2025
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 21 de octubre del año dos mil veinticinco, en el mezanine sur del edificio A, primer piso, de la honorable Cámara de Diputados, con domicilio en avenida Honorable Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza; se convocó a través de la Gaceta Parlamentaria a las y los diputados integrantes de la Comisión de Ganadería de la LXVI Legislatura, para llevar a cabo la novena reunión ordinaria, en modalidad presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 1, fracciones I y II; 155; y 156 del Reglamento de la Cámara de Diputados;
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la octava reunión ordinaria.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión presupuestal 2026 del Ramo 8, Agricultura y Desarrollo Rural, correspondientes al Subsector de Ganadería.
V. Asuntos generales.
VI. Clausura y cita para la siguiente reunión.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Agradeció a las diputadas y los diputados presentes, dándoles la bienvenida a la novena reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería, del día 21 de octubre del 2025. Además de solicitar a la secretaria haga del conocimiento el resultado de la asistencia.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Hizo de conocimiento a las y los diputados que el resultado del registro de asistencia de la novena reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería es de 14 diputadas y diputados presentes. Por tanto, hay quórum legal.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Siendo las 10:16 horas del martes 21 de octubre del 2025 iniciamos la novena reunión ordinaria. Solicitó a la secretaria dé lectura del orden del día.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Procede a su pronunciación.
1. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la octava reunión ordinaria;
3.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión presupuestal 2026 del Ramo 8, Agricultura y Desarrollo Rural, correspondientes al Subsector De Ganadería;
4. Asuntos generales;
5. Clausura y cita para próxima reunión.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Pone a discusión el orden del día en votación económica y consulta a la secretaría si es de aprobarse en virtud de que ha sido leído para su conocimiento.
La diputada Secretaria Haidyd Arreola López: Realizó la consulta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día para esta octava reunión ordinaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quien esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Quien esté por la abstención sírvase manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Aprobado el orden del día, dio paso al siguiente punto, la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería celebrada el 30 de septiembre del 2025.
Solicitó a la secretaría consulte en votación económica a las y los diputados si se dispensa la lectura del acta referida en virtud de que ya ha sido distribuida y es del conocimiento de las y los diputados para que sea puesta a discusión.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Consulta a las y los diputados en votación económica si se dispensa la lectura del acta referida en virtud de que previamente ha sido circulada y es de su conocimiento.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Se dispensa la lectura y está a discusión el acta. Por lo que se otorga el uso de la voz hasta por dos minutos.
No habiendo oradores, registrados, instruye a la secretaría someta a votación del acta preguntando a las diputadas y los diputados el sentido de su votación.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Somete a votación el acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería, celebrada el 30 de septiembre del 2025. Se solicita, de izquierda a derecha, a las y los diputados mencionen su nombre y apellido, grupo parlamentario al que pertenecen y el sentido de su voto. Votación de las y los diputados que integran la Comisión de Ganadería:
La diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez: Partido Verde, a favor.
La diputada Juana Acosta Trujillo: Morena, a favor.
La diputada Claudia Quiñones Garrido: Grupo Parlamentario del PAN, a favor.
El diputado Carlos Morelos Rodríguez: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor.
El diputado José Braña Mojica: Partido Verde Ecologista, a favor.
El diputado Jorge Luis Sánchez Reyes: Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, a favor.
El diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Morena, a favor.
El diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez: Morena, a favor.
El diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos: Movimiento Ciudadano, a favor.
El diputado José Luis Téllez Marín: Del Partido del Trabajo, a favor.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Grupo Parlamentario del PRI, a favor.
La diputada Margarita Corro Mendoza: Morena, a favor.
El diputado Jaime Humberto Lastra Bastar: Morena, a favor.
El diputado César Augusto Verástegui Ostos: Acción Nacional, a favor.
La diputada María de los Ángeles Ballesteros García: Morena, a favor.
El diputado Juan Carlos Varela Domínguez: Morena, a favor.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Acción Nacional, a favor.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Acción Nacional, a favor.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Del Grupo Parlamentario Morena, a favor.
Presidente, se emitieron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Se aprueba y se envía a la Mesa Directiva para sus efectos reglamentarios, el siguiente punto del orden del día, la lectura y discusión y, en su caso, aprobación de la opinión presupuestal 2026 del Ramo 8, agricultura y desarrollo rural, correspondiente al subsector de ganadería.
Solicitó a la secretaría consulte en votación económica y a las y los diputados si se dispensa la lectura completa de la opinión mencionada y en virtud de que ya fue distribuida y es del conocimiento de las y los diputados para que posteriormente sea puesta a discusión.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Consulta a las y los diputados en votación económica si se dispensa la lectura de la opinión referida en virtud de que previamente ha sido circulada y es de su conocimiento.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la abstención sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Se dispensa la lectura y está a discusión la opinión presupuestal 2026 de la Comisión de Ganadería. Por lo que se otorga el uso de la voz hasta por dos minutos.
No habiendo oradores, registrados, instruye a la secretaría someta a votación del acta preguntando a las diputadas y los diputados el sentido de su votación.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Somete a votación la opinión presupuestal 2026 del Ramo 8, agricultura y desarrollo rural correspondientes al subsector de ganadería. Se solicita de izquierda a derecha, las y los diputados mencionen su nombre, apellido, grupo parlamentario al que pertenecen y el sentido de su voto.
Votación de las y los diputados que integran la Comisión de Ganadería:
La diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez: Partido Verde, a favor.
La diputada Juana Acosta Trujillo: Morena, a favor.
La diputada Claudia Quiñones Garrido: Grupo Parlamentario del PAN, a favor.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Acción Nacional, a favor.
El diputado Carlos Morelos Rodríguez: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor.
El diputado José Braña Mojica: Partido Verde Ecologista, a favor.
El diputado Jorge Luis Sánchez Reyes: Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, a favor.
El diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Morena, a favor.
El diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez: Morena, a favor.
El diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos: Movimiento Ciudadano, a favor.
El diputado José Luis Téllez Marín: Del Partido del Trabajo, a favor.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Grupo Parlamentario del PRI, a favor.
La diputada Margarita Corro Mendoza: Morena, a favor.
El diputado Jaime Humberto Lastra Bastar: Morena, a favor.
La diputada María de los Ángeles Ballesteros García: Morena, a favor.
El diputado Juan Carlos Varela Domínguez: Morena, a favor.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Acción Nacional, a favor.
La diputada secretaria Haidyd Arreola López: Del Grupo Parlamentario Morena, a favor.
Presidente, se emitieron 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Se aprueba y se envía a la Mesa Directiva para sus efectos reglamentarios, por lo que dio paso al siguiente punto del orden del día: asuntos generales. Otorgando el uso de la voz para tratar algún tema particular.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Reconoció el trabajo realizado por parte del presidente de la Comisión al incorporar las opiniones y aportaciones manifestadas por las y los integrantes de esa instancia. “Esperamos que sea más trabajo de esta forma y que siempre permanezca el interés de las familias ganaderas de México sobre cualquier otro interés político”.
La diputada Claudia Quiñones Garrido: Informó que en el sur del país los productores y transportistas están teniendo problemas en la Aduana Catazaja, Chiapas, ya que no hay personal de médicos especialistas y certificados para que puedan hacer su labor más ágil.
“Hace dos semanas estaban más de 50 jaulas haciendo fila, cuestión que les llevaba más de 24 horas con el ganado arriba y parado”
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Manifestó que se pedirá tener reuniones con las autoridades correspondientes a fin de que den cuenta sobre estas problemáticas.
“Nuestro trabajo es velar por la ganadería a nivel nacional”.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Pidió que esta Comisión solicitara turno de la Ley de Aguas Nacionales, ya que es una ley que impacta al sector y debe haber ampliación de turno a fin de que sea determinado en comisiones unidas.
El diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: Apuntó que la Comisión tiene mucho trabajo por hacer y que el campo espera respuestas favorables de las y los diputados.
“Hoy estamos mostrando una madurez política que se ve reflejada en beneficio de todos nuestros ganaderos en sus variantes y regiones. Las propuestas planteadas en la opinión son legítimas”.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Reconoció el trabajo desempeñado por la Comisión.
“Yo voté a favor porque fueron incluidas todas las expresiones de las y los diputados que formamos esta instancia”.
Estimó importante que se tome en cuenta a la Comisión de Ganadería en la discusión de la Ley de Aguas, ya que está relacionada con el tema agrícola y el ganadero y va a cambiar la dinámica de estas dos actividades que son importantes para el desarrollo del sector primario.
La diputada Haidyd Arreola López: Notificó que desde ayer se abrió la ventanilla de forma nacional para el subsidio del Programa de Energía para el Campo (PEUA) que es el 95 por ciento de descuento para la cuestión de energía eléctrica que se usa para labores de riego. Añadió que enviará el link con esta información para que sea difundida, ya que es muy importante para el campo.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Comentó que se acordó abrir foros para ver todos los temas que están planteando sobre la Ley de Aguas.
“Es importante contar con la presencia de autoridades responsables de este sector, a fin de plantear la problemática, no nada más de ganadería sino de temas relacionados al campo”.
El diputado presidente, Ricardo Gallardo Juárez: Agradeció a las diputadas y los diputados. Y al no haber más intervenciones en Asuntos Generales, concluyó la novena reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería, siendo las 10:41 del martes 21 de octubre del 2025.
Así se acordó y aprobó, en la décima reunión ordinaria de la Comisión de Ganadería de la honorable Cámara de Diputados, LXVI Legislatura, celebrada el día 19 de noviembre del 2025.
Votación
Diputados: Ricardo Gallardo Juárez (rúbrica), presidente; Juana Acosta Trujillo (rúbrica), Haidyd Arreola López (rúbrica), Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica), Margarita Corro Mendoza (rúbrica), Jaime Humberto Lastra Bastar (rúbrica), Carlos Ventura Palacios Rodríguez (rúbrica), Jorge Luis Sánchez Reyes, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos, José Braña Mojica (rúbrica), José Luis Téllez Marín (rúbrica), Juan Francisco Espinosa Eguía, Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (rúbrica), secretarios; María de los Ángeles Ballesteros García (rúbrica), Juan Carlos Varela Domínguez (rúbrica), María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica), Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica), Claudia Quiñones Garrido (rúbrica), Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica), Blanca Estela Hernández Rodríguez (rúbrica), Carlos Morelos Rodríguez (rúbrica), Emilio Lara Calderón (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica).
De la Comisión de Justicia, correspondiente a la segunda reunión ordinaria, celebrada el martes 18 de febrero de 2025
A las 18 horas con 20 minutos del martes 18 de febrero del 2025, en modalidad presencial, con sede en el Salón Protocolo, ubicado en el edificio C de este Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, se reúnen las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia que se enlistan posteriormente, de conformidad con la convocatoria emitida el 13 de febrero del presente año, a efecto de celebrar la
Segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión
1. Registro de asistencia y declaración de quórum
El diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena , presidente de la Comisión de Justicia, da la bienvenida a las y los diputados presentes a la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia. Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría informa el registro previo de asistencia, verificado de viva voz, dando como resultado de 31 legisladores presentes.
1 Julio César Moreno Rivera (Morena) / Presidente
2 Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) / Secretaria
3 Mariana Benítez Tiburcio (Morena) / Secretaria
4 Astrit Viridiana Cornejo Gómez (Morena) / Secretaria
5 Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) / Secretario
6 Alberto Maldonado Chavarín (Morena) / Secretario
7 Estela Carina Piceno Navarro / Secretaria
8 Elena Edith Segura Trejo (Morena) / Secretaria
9 José Guillermo Anaya Llamas(PAN) / Secretario
10 César Israel Damián Retes (PAN) / Secretario
11 Liliana Carbajal Méndez (PVEM) / Secretaria
12 Mary Carmen Bernal Martínez (PT) / Secretaria
13 Emilio Suárez Licona (PRI) / Secretario
14 Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) / Secretario
15 Lilia Gil Aguilar (PT / Integrante
16 Diana Karina Barreras Samaniego (PT) / Integrante
17 Oscar Iván Brito Zapata (Morena) / Integrante
18 Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) / Integrante
19 César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) / Integrante
20 María Teresa Ealy Díaz (Morena) / Integrante
21 Leonel Godoy Rangel (Morena) / Integrante
22 Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) / Integrante
23 Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) / Integrante
24 María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) / Integrante
25 Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena) / Integrante
26 Rafaela Vianey García Romero (Morena) / Integrante
27 Paulina Rubio Fernández (PAN) / Integrante
28 Gerardo Ulloa Pérez (Morena) / Integrante
29 Pablo Vázquez Ahued (MC) / Integrante
30 Arturo Yáñez Cuellar (PRI) / Integrante
31 Margarita Ester Zavala Gómez del Campo / Integrante
En consecuencia, el presidente de la comisión declara la existencia de quórum reglamentario y se da inicio a la segunda reunión ordinaria.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la reunión
El presidente de la comisión solicita a la secretaría dar lectura a la relación de asuntos enlistados en el:
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
4. Proyectos de dictamen en sentido positivo sobre minutas para su discusión y votación.
4.1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM.
4.2. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM.
5. Proyectos de dictamen en sentido positivo sobre iniciativas presentadas por diputadas y diputados para su discusión y votación.
5.1. Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delito de peligro de contagio.
5.2. Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de discriminación de personas con discapacidad.
5.3. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal, en materia de compensación al cónyuge.
5.4. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater del Código Penal Federal, en materia de abigeato.
5.5. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la administración de justicia.
5.6. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un artículo 325 Bis al Código Penal Federal, en materia de tentativa de feminicidio.
6. Asuntos generales.
6.1. Información de omisiones legislativas derivadas de resoluciones judiciales.
7. Clausura y cita a la siguiente reunión.
Una vez hecho del conocimiento de las y los diputados presentes por la secretaría, el presidente de la comisión solicita expresar la existencia de observaciones con respecto al orden del día. Al no haber observaciones se sometió a consideración de la asamblea. En votación económica, se aprobó por mayoría.
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
El presidente de la comisión somete a consideración de la asamblea la dispensa de lectura del “acta de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia”, en virtud de haberse enviado previamente a sus correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa.
A continuación, el presidente de la comisión solicita hacer de su conocimiento la existencia de observaciones con respecto al acta sometida a consideración, de la asamblea. Al no haber observaciones, instruye a la secretaría someter a votación el acta de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Justicia. En votación nominal, fue aprobada con 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Proyectos de dictamen en sentido positivo sobre minutas para su discusión y votación
Para continuar con los subsecuentes puntos en el orden del día, el presidente de la comisión reitera a las y los diputados de la aprobación del acuerdo en reunión de junta directiva para el desahogo de las minutas de las leyes secundarias, el cual se les hizo llegar a sus correos institucionales y se publicó en la Gaceta Parlamentaria.
En el cual refiere la participación a cada dictamen por grupo parlamentario de manera ascendente hasta por cinco minutos. Posteriormente, se abrirá una ronda de hasta seis oradores en contra y seis a favor con intervenciones de tres minutos.
4.1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM
En este punto, el diputado presidente plantea las modificaciones que incluyen la adecuación de disposiciones que refieren a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, a partir de la reforma constitucional del 15 de septiembre del año 2024, se integrará por nueve ministras y ministros a partir del 1 de septiembre de este año, así como las denominaciones de los órganos, que ahora serán los que tendrán competencias en materia disciplinaria y de administración, tales como el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial, respectivamente.
Uno de los puntos esenciales de este dictamen es que, acorde con la reforma constitucional en materia de amparo, no procede la suspensión cuando se promueva en contra de una reforma constitucional. Otro punto para destacar es la integración del lenguaje inclusivo en las disposiciones legales, lo cual promueve el cambio de cultura que invisibiliza la participación de la mujer en los órganos del Estado.
Finalmente, se actualizan las bases para el cálculo de multas y sustituyendo las referencias al salario mínimo por las unidades de medida y actualización. Lo anterior no solo por aspectos normativos, sino principalmente por las repercusiones económicas que ello podría generar.
Por lo antes expuesto, el presidente somete a consideración la dispensa de la lectura del dictamen, en virtud de haberse circulado previamente de forma electrónica. En votación económica, se aprueba por mayoría por la afirmativa.
En su oportunidad, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano) : Manifiesta dos aspectos particularmente problemáticos que se presentan en la discusión de la Ley de Amparo. El primero tiene que ver con la causal de improcedencia absoluta para que proceda el juicio de amparo contra decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial y contra decisiones del Órgano de Administración, precisamente porque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy sigue vigente, ha establecido que la Ley de Amparo no puede reducir causales de procedencia que la propia Constitución no establece.
Y aunque en la Constitución dice que no proceden recursos contra las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial, no dice lo mismo respecto del Órgano de Administración, además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dicho que cuando se reclaman actos del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, lo que hoy va a llevar el Órgano de Administración en parte y el Tribunal de Disciplina Judicial en otra parte, que no corresponden a sus atribuciones constitucionalmente comentadas, opera una excepción a la regla general de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
Por lo que considera una oportunidad de establecer cuáles son las causales que deben operar como excepción a la regla general que no se están estableciendo en la causal de improcedencia.
Y por otra parte, establece que no proceden los efectos generales cuando se trata de suspensiones en materia de amparo; lo que parece limitar de esa manera las suspensiones, ya que es precisamente ir en contra de toda la tradición de la izquierda que ha litigado por años para que en materia, por ejemplo, de derechos reproductivos de las mujeres, en materia de aborto, la Corte ordenara que tuviera efectos generales; o en materia cultural o en materia medioambiental, para que los efectos del amparo no sean para una persona solamente, sino que aplique para todos.
A su vez, el diputado Arturo Yáñez Cuellar (PRI) : Refiere que la prioridad del grupo parlamentario por mayoría en ambas cámaras es destruir al Poder Judicial y al Estado de Derecho de este país, ya que de nada servirán los jueces y magistrados del bienestar.
La reforma del 2011 en materia de amparo permite que, a través de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional a un juicio de amparo promovido en contra de una reforma inconstitucional, si la Corte declaraba dicha inconstitucionalidad, los efectos beneficiarían a todas las personas y no sólo a quien promovió el amparo. El único poder de defensa que tenía un mexicano era sin duda el juicio de amparo.
Por otro lado, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT): Asegura que la reforma de supremacía constitucional que se refleja en uno de los dictámenes fue originada por la perseverancia de juzgadores, de jueces, de distrito y de la propia presidenta de la Corte, en su afán de invalidar dichas reformas, se tuvieron que reformar el 105 y 107 constitucional y van en el sentido de evitar que quieran controvertir reformas emitidas por el Congreso y también disminuir el alcance de algunas resoluciones judiciales.
En otro sentido, lo que estamos respondiendo es que no procederán las controversias constitucionales contra reformas constitucionales. Solo el Constituyente permanente puede reformar la Constitución y el artículo 135 de la Constitución establece el mecanismo para hacerlo.
Así también, el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) : Manifiesta que la seguridad jurídica en el país es un derecho fundamental que está reconocido en el texto constitucional desde su concepción y considerando el día de hoy como uno de los pilares que sostiene el contrato social y la seguridad jurídica es un compromiso que el Estado adquiere de manera ineludible para asegurar que las leyes se apliquen de manera clara y predecible. Este derecho garantiza que las personas puedan vivir con confianza de que sus derechos serán protegidos sin temor a cambios arbitrarios en la ley o en su interpretación. Sin el derecho a la seguridad jurídica, el contrato social se quiebra, pues los ciudadanos no podrán confiar en que el Estado aplicará sus normas de manera consistente.
Para que este derecho se cumpla cabalmente, las autoridades asumen un compromiso de su implementación, porque todos los servidores públicos, desde el titular del Poder Ejecutivo hasta los integrantes de este Poder Legislativo y el Judicial, al momento que toman protesta en el cargo, tienen el compromiso de proteger la Carta Magna.
El juicio de amparo protege la seguridad jurídica de diversas maneras, pues impide la aplicación retroactiva, normas en perjuicio de las personas, asegurando que nadie puede ser afectado por disposiciones que no estaban vigentes al momento del acto Permite la revisión de actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, garantizando que todo el procedimiento administrativo judicial cumpla con los principios de legalidad y el debido proceso.
Por su parte, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN): considera que la Ley Reglamentaria de la Ley de Amparo del artículo 103 y 107, deber ser progresiva, que debe de ir hacia adelante, en aras de fortalecer la Ley de Amparo, que es un orgullo de todas y de todos los mexicanos, ya que la han adoptado en países a manera de ir fortificando los derechos humanos para proteger a las personas de actos de autoridad, ya sea del ámbito federal, estatal y municipal.
En este sentido, con estás reformas hay un retroceso ya que con la aprobación de la Ley Reglamentaria a la Ley de Amparo sobre los artículos constitucionales 103 y 107, el derecho que tenía la ciudadanía para que un amparo tuviera efectos generales, ahora será diferente porque solo se aplicará a las personas que tengan los recursos necesarios.
Así también con la creación del Tribunal de Disciplina, donde cualquier acto de esta autoridad deja en Estado de indefensión a cualquier juzgador, porque no tiene derecho a promover la suspensión. Y todas estas reformas que hoy se van a aprobar sin duda por la mayoría oficialista, va en retroceso de todos los años que veníamos protegiendo, robusteciendo la Ley de Amparo en favor de las personas que menos tienen para protegerlos de los actos y violaciones de cualquier autoridad.
En lo que respecta al diputado Leonel Godoy Rangel (Morena): éste señala que, del año 88 al 91, cuando empezó todo este modelo a funcionar, quitándole al ejido y a la comunidad indígena un instrumento jurídico importante, dejaron al ejido indefenso ante las desincorporaciones, fomentando las conversiones de suelo ejidal a lo que es la propiedad privada. En aquel tiempo se votó en contra de esas determinaciones políticas, rechazando esas arbitrariedades. Así como también, el tema del amparo es un debate histórico, porque se ha defendido el amparo de Vallarta, ese amparo que le da precisión a las resoluciones de amparo, combatiendo la visión del Juicio de Amparo, el famoso interés de terceros.
Lo que se pretende con esta reforma, es evitar que se siga violando flagrantemente lo que dice la Constitución y lo que decía antes la Ley de Amparo, que no podía haber amparo, en concordancia con lo que dice el 107 constitucional, en materia electoral. Con la modificación al estado de derecho, se están recuperando atribuciones en el Juicio de Amparo original con las adecuaciones de las votaciones en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera, de acuerdo con las leyes secundarias respectivas.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) : Considera importante el debate respecto a la armonización del texto constitucional, en uno de los avances más importantes de la reforma constitucional que se está discutiendo y se ve reflejado, evidentemente, en esta ley reglamentaria.
Desde luego que hay que adecuar temas de números, si antes había 11 ministros, ahora hay 9, pues hay que ver cuál va a ser la mayoría. Es la idea de homologar y armonizar, en un trabajo de carácter técnico necesario en esta ley reglamentaria.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI): Manifiesta que el Grupo Parlamentario del PRI no va a acompañar el proceso de armonización por una simple y sencilla razón, por considerar a éste un error mayúsculo, ya que no habrá posibilidad de que la gente se defienda de los abusos de poder.
Con esta reforma a la Ley de Amparo están acabando con un sistema garantista que al país le costó décadas, siglos construir y consolidar. El amparo es un referente de México ante el mundo, una figura de protección de los derechos de las personas ante los abusos del poder público, figura que evolucionó y en su momento se establecieron como un avance los efectos generales.
Asimismo, terminan su obra destructora y dan paso a un sistema de justicia que va más por proteger y cuidar los intereses del poder, que defender los derechos del pueblo. Dicen que se trata de una armonización con la reforma constitucional. Y sí, en efecto, es la continuidad de un proceso de destrucción del Poder Judicial, de la división de Poderes y del sistema republicano.
Con estas reformas están concluyendo su mala obra, desmantelan el sistema garantista desde la raíz, debilitando no solo al amparo, sino a otras figuras de defensa. Al establecerse que las sentencias de juicios de amparo que resuelvan normas generales no podrán tener efectos generales, convierten a la justicia en algo exclusivo de quienes tengan recursos para defenderse.
Han cruzado muchas líneas, muchos límites, destruyeron las bases del sistema republicano de pesos y contrapesos, que se configuró para salvaguardar la permanencia de los principios democráticos ante la tentación del poder absoluto, hasta dónde son capaces de llegar con tal de hacerse de todo el poder.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) : Declara que se están armonizando, las modificaciones en esta reforma constitucional, en una Ley Reglamentaria del Artículo 103 y 107, en la cual no desaparece el juicio de amparo y permanece la división de Poderes.
Destaca que el origen y la esencia del juicio de amparo, siendo éste la protección de las llamadas “garantías individuales”, rememorando que estaban en la Constitución, del 1º al 29 constitucional y que después conforme ha evolucionado el derecho convencional, ahora son derechos humanos, que no solo se han limitado del 1 al 29 constitucional, si no que existe un andamiaje dentro de la Constitución que contempla más artículos.
Se está poniendo en orden, un uso desmedido de esta figura del juicio de amparo en el sexenio anterior por parte de la oposición hacia al Poder Judicial y por eso se declararon, se dieron tantas declaraciones de inconstitucionalidad de leyes generales, de manera indebida.
Por su parte, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI): Manifiesta que esta reforma es una consecuencia de la errónea, abrupta reforma de la supremacía constitucional y, desde luego, de la continuidad del capricho, como ya se dijo aquí, del capricho vengativo de poder generar esta reforma al Poder Judicial, que, de manera desencaminada, viene a romper con el espíritu del Constituyente del 17.
Es el artículo 103 constitucional donde se encuentra la base del juicio de amparo como un medio de control constitucional, que tiene por objeto, salvaguardar los derechos humanos y las garantías individuales que están consagradas en la Constitución.
En este sentido, cita al constitucionalista Eduardo Andrade, que hoy está con el oficialismo, esta protección se extiende a la verificación de todo acto, ley federal o local, reglamento, tratado internacional que resulte contrario a la Constitución. Es preciso pues definir que el juicio de amparo defiende los derechos humanos que tenemos reconocidos en los tratados internacionales.
Con esta propuesta no hay certeza de quien va a proteger los derechos humanos y quien tendrá la posibilidad de promover un juicio de amparo. El artículo 107 constitucional refiere a la creación de la Ley de Amparo como Ley Reglamentaria y establece cuatro principios, principios fundamentales, el de legitimación activa de la parte agraviada, el de definitividad, el de relatividad de las sentencias y el de suplencia de la queja, y refiere al tercero que es el de la relatividad de las sentencias.
Este principio se refiere, si bien es cierto que en primer término plantea que son aplicables exclusivamente al caso en concreto las sentencias, sin embargo, la Corte podría pronunciar declaraciones de carácter general de inconstitucionalidad a aquellas normas que afectaban a todas las personas cuando se pretendía aplicar una disposición que tenía el carácter de inconstitucionalidad.
Cuando el oficialismo emite una norma que afecta a la colectividad, cada persona de manera individual tendrá que promover un juicio de amparo, a fin de que la norma que resulte inconstitucional no le sea aplicable, qué es lo que va a suceder, quién podrá promover un juicio de amparo, cómo podrá promoverlo, se está dejando en estado de indefensión a los más pobres de este país.
Por otro lado, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena): Menciona que la reforma constitucional el eje que da origen a las reformas que se plantean en este dictamen, donde se plantea la Ley de Amparo a las reformas de carácter constitucional, que se relacionan directamente con el nuevo diseño democrático del Poder Judicial.
La amplitud de esta reforma incluye reformar poco más de 170 artículos de la Ley de Amparo y derogar 7 disposiciones de esta normatividad. Como es claro, se trata de un considerable número de artículos que por un motivo u otro serán reformados, principalmente para que esta legislación, que es el principal instrumento jurídico con que desarrolla su labor el Poder Judicial de la Federación, en materia de protección y control constitucional, quede oportunamente actualizada y armonizada con las reformas constitucionales recientes.
Considerando una de las modificaciones sustantivas, la reforma constitucional, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reduce el número de sus integrantes de 11 a 9 y que su funcionamiento será solo en pleno, esto es desaparece el trabajo en salas, lo correspondiente a estas dos cuestiones en la iniciativa es contemplado con el planteamiento de los ajustes necesarios a la Ley de Amparo con los que coincidimos plenamente.
En relación también con el número de integrantes del pleno de la Suprema Corte, en las reformas planteadas mediante este dictamen se armoniza el número de votos necesarios de ministras y ministros para que, cumpliéndose el requisito de dictarse con 6 votos a favor, las razones mediante las que se justifique sus decisiones el pleno serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales tanto federales como locales.
Asimismo, se ajusta el número de votos necesarios de ministras y ministros para declarar invalidas las leyes con efectos generales cuando las resoluciones sean aprobadas por una mayoría de al menos seis votos. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia, que se conforme con motivo del proceso democrático que se celebrará el próximo 1 de junio, tendrá las bases normativas en la Ley Reglamentaria del juicio de amparo para declarar invalida alguna ley con efectos generales cuando así lo considere una mayoría.
En su oportunidad, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN): ostenta que, en esta iniciativa, se está incumpliendo el deber constitucional de proteger y promover a todas las personas la mayor ampliación de derechos humanos. En esta minuta, no hay armonización, no hay seguridad jurídica cuando se eliminan estas prácticas de figuras como el juicio de amparo. Se ha puesto en riesgo la independencia y la autonomía del Poder Judicial.
Con esta reforma, se ha negado el acceso a la justicia de millones de mexicanas y mexicanos. En el artículo 61, fracción III, que se refiere a que es improcedente el amparo contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Hay una parte importante en términos de la violación a derechos humanos, como podría ser un derecho al trabajo, y eso no está contemplado dentro del juicio de amparo, dejando claro que en el artículo 61 limitan esta protección de derechos humanos.
En cuanto al artículo 73, en realidad no es solo una anulación de las garantías para los mexicanos, sino además obligan a millones de pobres a ampararse personalmente y no a recibir los efectos generales de un juicio de amparo. Además, genera un enorme desequilibrio no solo en las oportunidades y garantías, sino también el desequilibrio en la división de poderes.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano): expone que en esta reforma se habla de una homologación con la reforma constitucional. Y, sin embargo, incluyen la improcedencia, en el caso del juicio de amparo, contra las resoluciones de los órganos de administración.
Por otro lado, declara la naturaleza de los efectos generales para evitar el nivel de acumulación de juicios, tanto en los juzgados como en los tribunales colegiados de circuito, considerando que, si se va a actuar y respetar el Estado de derecho, que es la promesa de esta reforma, increpa, por qué le quitan el derecho a la gente de defenderse, por ejemplo, contra una resolución del Tribunal de Disciplina Judicial cuando se exceda en sus funciones o bien, cuando empiece a dictar resoluciones en otras materias que no sean de su competencia. Por qué una persona no podría presentar un juicio de amparo y decir que se está extralimitando.
Una vez agotada la ronda de oradores, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si el dictamen se encontraba debidamente discutido. Al no haber más intervenciones, se procedió a la votación nominal de viva voz y se registraron 22 votos a favor , 9 votos en contra y 0 abstenciones .
En consecuencia, el presidente, declara que se aprueba el Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4.2. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM
Continuando con el orden del día, el presidente de la comisión hace referencia al dictamen a discusión, a fin de armonizar la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, ajustando las reglas de votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales se modificarán de acuerdo con su nueva integración.
Destaca en la propuesta de reforma que, tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
En resumen, las reformas propuestas materializan los objetivos de la reforma judicial, consolidan un sistema judicial más eficiente, transparente e incluyente, sentando las bases para una impartición de justicia pronta, expedita y protectora de los derechos humanos, principalmente de aquellas personas a las que no se les ha satisfecho su derecho a la justicia y que ahora se proyecta como un aspecto fundamental de la reforma constitucional.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envío oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
Acto seguido, el presidente, hizo del conocimiento de las y los legisladores que del análisis al decreto de la minuta se observó una discrepancia técnica en la correlación de los artículos 46, 47 y 58 de la minuta con relación a los párrafos del artículo 150 constitucional.
En dicha propuesta de reforma que envió el Senado refiere un penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, cuando lo correcto es que debe decir: “antepenúltimo párrafo” en lugar de penúltimo. Por tal motivo, aunque siendo una omisión técnica y no de fondo, no menos cierto es que esta dictaminadora pone a consideración hacer la modificación correspondiente y remitir la minuta al Senado. Todo esto para evitar cualquier discrepancia legislativa o que demos pie a diversas interpretaciones a futuro en la Corte.
Por lo que, instruye a la secretaría poner a discusión la propuesta.
En su oportunidad, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI): considera pertinente que se retire este asunto del orden del día y que las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y, en su caso, la Mesa Directiva del Senado remita la fe de erratas ante un error de técnica legislativa.
En este sentido, no se puede votar nada que no tenga un sustento de lo que ha remitido el Senado de la República. Lo que se acostumbra en el proceso legislativo, es pedirle a la colegisladora que envíe, en su caso, este error de técnica legislativa con la fe de erratas correspondiente y, consecuentemente, esta comisión pueda tomar conocimiento en sus términos.
Acto seguido, el presidente de la comisión responde que toda vez que son una cámara revisora, se subsana y se regresa al Senado, que es lo más correcto. Se va a discutir el dictamen en los términos en que se circuló, con las modificaciones que se están señalando.
Por su parte el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena): manifiesta, que de acuerdo con lo que dice el 105 constitucional, al no haber un argumento técnico, un fundamento jurídico, se podría incurrir en una violación al procedimiento legislativo que permitiría que esta decisión abriera justo la posibilidad de que la Corte, que en esto tiene atribuciones, pudiera anular estas reformas que se están haciendo a las leyes secundarias de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
Por lo tanto, considera pertinente regresar el dictamen a discusión para que se hagan las modificaciones necesarias y que la Cámara de Senadores tome la mejor decisión.
Así también, El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT): contribuye con la propuesta del diputado Godoy, manifestando que, por ser una cámara revisora, se puede modificar un dictamen, una minuta enviada por la colegisladora. Y así se puede presentar al pleno y que en su momento se voten los cambios que esta Cámara señale.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI): manifiesta que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad es el fondo de este tema, más que el fondo de la armonización. El fondo es lo que hicieron en el tema de supremacía constitucional, lo que realizaron.
Señala que no se puede olvidar que las controversias constitucionales resuelven los conflictos de competencia constitucional entre autoridades, la cual busca preservar la distribución de competencias entre la federación, estados y municipios, así como privilegiar el principio de división de Poderes y el equilibrio entre los órganos constitucionales autónomos.
En este orden de ideas, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que se establece para poder determinar si una ley, un tratado se ajusta a la Constitución, que atropella los principios constitucionales. Ejemplo de ello, al realizar una reforma a la Constitución y afecte una facultad que tiene un municipio para el cobro del impuesto predial, y que lo asuma la federación, pues no se va a poder inconformar un municipio, porque ya lo pusieron en la Constitución.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT): hace referencia a revisar los temas de fondo como cámara revisora. Asimismo, comenta que en esta reforma reglamentaria a la fracción I y II del artículo 105 constitucional, se pueden ver claramente acciones y controversias constitucionales, por lo que destacó primeramente la armonización, la cual incluye a hombres y mujeres como terma de género. En esta misma, desaparece el Consejo de la Judicatura y surgen dos figuras, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, ambas figuras, quedan debidamente armonizadas en el articulado de esta Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.
Así también, la desindexación del salario en el 2016, cuando surge la figura de la UMA para el pago de obligaciones, es decir, el pago de multas.
Destacó tres modificaciones importantes que resaltan la armonización de esta ley reglamentaria, primero, el artículo 4o., el artículo 19 y el artículo 64, en el que hay un avance importante al aprobar las resoluciones, las cuales podrán ser notificadas por medios electrónicos, así como el uso de la firma electrónica.
En cuanto a la modificación al artículo 19, es una adición, recordando que la Ley de Amparo dice que no procede el juicio de amparo frente a reformas constitucionales, y en esta ley reglamentaria que no estaba prevista, se adiciona en la fracción VIII un Bis, en donde dice que las acciones y las controversias no podrán ser impugnadas siempre y cuando no van a proceder las controversias y las acciones constitucionales o de inconstitucionalidad cuando se trate de reformas constitucionales.
En cuanto al artículo 64, es importante resaltar que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión, dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
Por su parte, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM): enfatiza que el marco de las modificaciones realizadas que se está revisando en el fondo de la Ley Reglamentaria en la fracción I y II del artículo 105 constitucional establece que es una norma suprema, es la base que sostiene el orden jurídico y político y la eficiencia no solamente depende de su redacción o de los principios que consagra, también depende de la adecuada implementación a través de las leyes secundarias, porque las leyes secundarias, sin duda alguna, son instrumentos en los que se materializan los derechos, se regulan los procedimientos, se pretende garantizar que con su texto se traduzca una realidad concreta para la sociedad.
Armonizar la Constitución con las leyes secundarias no es una cuestión técnica: es un imperativo democrático. El marco jurídico debe ser, por supuesto, claro y coherente, respetar la certeza jurídica, confianza en sus instituciones. El gobierno funcional con eficiencia y transparencia, evitando la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Esta reforma es un acto de justicia para quien la justicia no le ha protegido; para quienes algunos jueces y magistrados no actuaron apegados a la ley, que afectaron la vida, propiedades, derechos, con fallos o sentencias; cambios necesarios para acceder a un verdadero sistema de justicia eficiente, transparente, incluyente, sentado, por supuesto, en un precedente a nivel mundial.
En su oportunidad, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) : subraya que la Constitución, es un acuerdo que se genera como sociedad para acotar el poder político. Y lo que está ahí escrito no es nada más generación espontánea, ha sido conquista de minorías, de diferentes grupos sociales, ejemplo de ello, es el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Lo que lo que se está proponiendo en esta reforma, se tiene que analizar, para mantener la división de poderes, el poder judicial, los programas sociales.
Las acciones de inconstitucionalidad no existieron siempre. Fueron un triunfo también de grupos opositores y, por cierto, minoritarios, precisamente para evitar los abusos de poder. Las acciones de inconstitucionalidad tienen ese objetivo: que se pueda revisar qué está haciendo el poder con la Constitución y poder cuestionar.
Por su parte, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) : reitera que, como cámara revisora, se tiene la oportunidad de modificar el dictamen. Así también, señaló que las leyes reglamentarias a la Constitución son esos ordenamientos jurídicos que deben desarrollar, precisar y sancionar los preceptos constitucionales, tienen que enlazar los conceptos y tienen que precisar procedimientos.
Destaca la inserción en el artículo 32, de la Ley Reglamentaria que clarifica las reglas de los interrogatorios entre las personas y los testigos, y el debate de la oralidad en los juicios, se conoce como el cross examination . La examinación cruzada entre testigos y peritos se está clarificando en este dictamen.
Así también, manifiesta que se está cambiando el sistema, que lejos de ser un error, es un acierto, por lo que no hay agresiones, simple y sencillamente que controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad no podrán ser suspendidas cuando se trate de normas generales.
Por otro lado, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) : señala que, con estas reformas, están impulsando imponer jueces, magistrados, ministros y leyes a modo, lo que es un retroceso en derechos, y un golpe para los avances jurisdiccionales y de control.
Con la aprobación de este dictamen, van a votar en contra de la historia, ya que solo visualizan cómo concentrar el poder, lejos de ver una justicia para los mexicanos.
En este sentido, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN): considera que la elección judicial es un fraude, prueba de ello con datos duros, manifiesta que 27 ministros, o candidatos a ministros, 16 están identificados con Morena, lo cual conlleva a una supremacía arbitraria.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berjeda (PT): refiere que la supremacía de la Constitución de 1857 había un artículo que era el artículo 127, que se reproduce casi íntegramente en el artículo 135 constitucional, el cual dice: tratándose de la Constitución Política de la República, solo puede ser adicionada o reformada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados.
Es lo que se pretende hacer valer, el poder reformador del Constituyente Permanente. En su momento, los ministros golpistas querían, en los hechos, invalidar el artículo 135 y meter tijerazos a las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente, por lo que se tuvieron que poner candados adicionales en la Constitución para que no hicieran este tipo de interpretaciones perversas y acomodaticias.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI): declara que con esta reforma no sólo se están debilitando dos mecanismos de defensa que las y los mexicanos tenían frente al abuso de poder, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, sino que se está consumando la mayor cadena de errores y abusos legislativos e institucionales, reiterando que el único objetivo de la reforma es el secuestro del Poder Judicial.
La reforma no va a mejorar la justicia. El problema más evidente no se resuelve. Según datos de la OCDE, la media por país son 64 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes. En nuestro país hay sólo 4.4. La elección es una simulación. Hicieron creer a la gente que ellos iban a elegir a las personas juzgadoras y las listas publicadas dejan claro que el gobierno seleccionó sólo a sus incondicionales.
Cada ciudadano recibirá cuando menos seis boletas con un mecanismo diferente para votar. En promedio, una persona tardará 20 minutos en emitir su voto. En el supuesto de que votaran todas las personas posibles, las casillas deberían estar abiertas 27 días las 24 horas. Eso seguramente complicará el voto de los ciudadanos.
La implicación del recorte es la reducción de casillas que prevé la instalación de sólo el 44 % de un poco más de 83 mil. La eliminación de las medidas de seguridad de las boletas. No habrá PREP. Los mexicanos en el extranjero no podrán votar. Faltarán auditores y monetario y habrá 50 % menos de capacitadores.
Así como la alteración de nombres, personas repetidas para diferentes cargos, aparición de personas que no concluyeron su registro y de otras que no se registraron, y un largo etcétera, son los errores que el Instituto Nacional les ha corregido.
Por último, precisa, la propuesta de retirar el dictamen viene de buena fe y reparar el error de técnica legislativa proveniente del Senado de la República.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena): celebra la oportunidad de hacer las adecuaciones necesarias para que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución federal, que esencialmente regula las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad, se actualice con relación a la reforma constitucional en materia de lo que jurídicamente se conoce como supremacía constitucional.
Con dicha reforma, se incorpora constitucionalmente la imposibilidad de que se impugnen las adiciones o reformas a la Constitución, señalándose de esta forma como improcedente la controversia constitucional si en ella se planteara como objeto alguna adición o reforma constitucional. Mediante la aprobación de las reformas planteadas con este dictamen, en este sentido, habrá correspondencia entre la disposición constitucional y la ley reglamentaria.
Mediante la iniciativa que se dictamina, se implementa y autorizan las notificaciones vía electrónica, lo que claramente contribuye a que los asuntos avancen y se resuelvan en menor tiempo, especialmente en esta materia en que actualmente las controversias y acciones de inconstitucionalidad en una mayoría de casos se resuelven entre uno y dos años después de promovidas y otras tantas varios años después.
Como otra muestra de debida actualización de esta ley reglamentaria que se hace mediante la iniciativa original y se dictamina positivamente, está a lo referente a sustituir la utilización del concepto de salario mínimo por el de unidad de medida y actualización, la famosa UMA, que desde el año 2016 es la unidad correcta para establecer multas como las previstas en este tipo de leyes.
Expresa también el apoyo a todas las modificaciones con relación a la utilización de un lenguaje incluyente, mediante las que se resalte y visibiliza el ejercicio de funciones a cargo de mujeres ministras, consejeras, juezas, abogadas, actuarias, magistradas y más que integran y participan activamente en nuestro sistema jurídico y en la actividad jurisdiccional federal.
Finalmente, hizo una propuesta de adición al dictamen, en el artículo primero de esta ley, ya que es el único que tiene una referencia al Código Federal de Procedimientos Civiles como supletorio ante cuestiones no previstas en los trámites y procedimientos de esta ley reglamentaria.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano): ostenta que en una democracia con Estado de Derecho tienen que existir instituciones, entendiéndose como normas contra mayoritarias, que están hechas para permitir a los ciudadanos enfrentar decisiones y acciones de las mayorías. Dichas instituciones, deben reconocer, construir con el objetivo de salvaguardar derechos, para contener excesos del poder que pueden surgir en cualquier momento.
Con esta reforma, se limita el funcionamiento de estas dos instituciones contra mayoritarias, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias de constitucionalidad, y al limitarlas en su funcionamiento, se le cierran a los ciudadanos y a las minorías políticas, herramientas necesarias para contener y para enfrentar decisiones políticas.
Por último, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena): precisa que, en la controversia constitucional y el juicio de inconstitucionalidad, en ambos casos, no se cuestiona el texto constitucional, lo que se cuestiona la posibilidad de que una norma general esté en contra de un mandato constitucional
Por ello, se está adecuando, armonizando las reformas constitucionales y esto también tiene que ver con el tema de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.
En el tema de la elección, ejemplifica que, en California, se eligen más de 90 cargos en cada elección, entre ellos, los jueces, el director de agua, el alguacil, el alcalde, el director distrital de educación, sin problema con relación a las boletas.
Una vez agotada la ronda de oradores, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si el dictamen se encontraba debidamente discutido. Al no haber más intervenciones, se procedió a la votación nominal de viva voz y se registraron 23 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones .
En consecuencia, el presidente, declara que se aprueba el Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5.1. Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delito de peligro de contagio
Continuando con el orden del día, el presidente de la comisión hace referencia al siguiente punto de dictamen que atiende las iniciativas de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del diputado Jaime Genaro López Vela del Grupo Parlamentario de Morena. Ambos proyectos buscan derogar el delito de peligro de contagio establecido en el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, para contribuir a la eliminación de prácticas discriminatorias contra grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la información del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, ONU sida, no existen datos que indiquen que por medio de la aplicación general de la legislación penal de la transmisión del VIH se consiga la justicia penal o se prevenga la transmisión del virus, por el contrario, la aplicación del derecho penal genera riesgos de socavar la salud pública, la integridad de las personas y otros derechos humanos.
En México operan 32 Códigos Penales, un federal y 32 para cada uno de los estados de la Unión, de ellos, 27 está previsto el delito de peligro de contagio, que suele usarse en contra de personas con VIH-Sida, en algunas ocasiones. Solo en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Nayarit y San Luis Potosí no se contempla este delito o figuras similares en sus códigos penales debido a su derogación o inexistencia en los mismos.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envió oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
En su oportunidad el diputado proponente Jaime Genaro López Vela (Morena) expone que esta iniciativa, busca derogar un delito que hoy en día, a partir del surgimiento de la pandemia de VIH-Sida en los años ochenta se haya reforzado.
Este delito se reforzó en concreto en el 91, y en efecto, lo que se hacía y lo que se hizo y prevalece es el estigma y la discriminación contra una persona que vive con el VIH. Un impedimento para que esta pandemia que hoy en día tiene un tratamiento distinto a sus orígenes pueda ser atendida de manera puntual.
Hoy en día, contrariamente al inicio de la pandemia, cuando una persona que vivía infectada con este virus era con una condena de muerte, con los tratamientos antirretrovirales lo que hacen vivir, es que esta persona viva con una enfermedad crónica. Esto ha hecho que ya este delito se haya derogado en la Ciudad de México, en Nayarit y muy recientemente, en Colima.
En efecto, lo que este delito, esta tipificación hacía era institucional la estigmatización y la criminalización contra una persona que vive con el VIH-Sida, lo que es contrario hoy en día a la NOM 010 de atención al VIH, que lo que busca es el respeto a la dignidad de los afectados, que comprenda su derecho a la igualdad, a la confidencialidad, a la privacía y a la no discriminación que establece esta norma.
También se prevé, que a partir de este reconocimiento que hiciera nuestro país el 8 de junio de 2021, en la Declaración política sobre VIH-Sida, firmada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, atender la recomendación que se hace para terminar con estar criminalización, con una manera de atender de manera puntual la pandemia.
Para quienes tienen la duda de si las conductas dolosas de quienes puedan, infligir o buscar infligir un mal una persona a partir de vivir o de transmitir el virus, pues hay que decirles que de manera muy clara el artículo 292 ya establece y reconoce, dice el artículo, se impondrán de 5 a 8 años de prisión a quien infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, que sería el caso.
En este sentido la diputada proponente Laura Hernández García (Movimiento Ciudadano): exhibe que este delito de peligro de contagio es inconstitucional porque es discriminatorio. Por decir lo menos confuso y también ambiguo, pues además que este tipo penal no se puede probar, así lo dice la evidencia científica, que hay una declaración de más de 20 especialistas en el tema, entre ellos Francois Barre y Simons, que es Premio Nobel en 2008 y que, además, fue codescubridora del VIH.
Es muy importante que esta evidencia científica en el sistema penal lo vean los especialistas que han dicho plenamente que no se puede probar el peligro de contagio.
Precisa que, en 2008, durante la administración de Felipe Calderón se llevó a cabo el evento más importante sobre VIH, que fue la Conferencia Mundial. Y ahí mismo, el presidente, junto con todos los presidentes, se comprometieron en la declaración ministerial para poder derogar este delito y acabar con esta discriminación y esta persecución.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN): sugiere una propuesta de redacción por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya que es un tema que importante y preocupante el tema de la no discriminación. Por lo que deja claro que se reconoce la necesidad de dejar de estigmatizar a las personas que viven con VIH.
En este sentido el presidente de la comisión señala que se ha recibido la propuesta de modificación, la cual se anexa. Asimismo, un pronunciamiento de apoyo por parte de la Comisión de Diversidad, que también se agrega a este dictamen.
Acto seguido, hace del conocimiento que no se han recibido ninguna intervención a favor ni en contra, por tal motivo, agotadas las intervenciones y no habiendo quien haga uso de la palabra, solicita a la secretaría el registro de la votación en lo general y en lo particular.
Por lo que se procede a la votación nominal de viva voz y se registraron 26 votos a favor, 5 abstenciones y 0 votos en contra . Aprobado por mayoría de votos.
En consecuencia, el presidente, declara que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delito de peligro de contagio.
5.2. Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de discriminación de personas con discapacidad
Continuando con el orden del día, el presidente de la comisión menciona que esta reforma presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, modifica el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de garantizar los derechos relacionados con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
De este modo, el proyecto de decreto sustituye el término personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, por personas con discapacidad. E indica que en la presentación de querellas la autoridad competente deberá adoptar medidas para la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad y deberá brindar los apoyos necesarios, teniendo como base la mejor interpretación posible de la voluntad.
De esta manera se modifica el texto normativo, para una mejor garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Se recibió una propuesta de modificación a este dictamen, a efecto de suprimir el segundo transitorio, por lo que la votación en lo general y en lo particular se hará en un solo acto con esta modificación.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envió oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
En su oportunidad, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena): señala que para 2023, la población de 5 años y más con discapacidad en México fue de 8.8 millones, 46.5 por ciento hombres y 53.5 por ciento mujeres, estos son datos del INEGI. Estas personas enfrentan barreras físicas, sociales y comunicativas que limitan su plena participación en procesos judiciales y administrativos, lo que viola sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley.
Incluir en el Código Penal una forma específica para que las personas con discapacidad puedan presentar sus querellas, responde a un principio fundamental de igualdad de acceso a la justicia. Algunas razones por las que se debería votar en pro de este dictamen que favorece a este grupo minoritario son las siguientes:
Número uno . Accesibilidad y adaptaciones necesarias. Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad física, sensorial o cognitiva pueden necesitar apoyos específicos para poder comunicarse adecuadamente, ya sea en forma de intérpretes, tecnologías adaptativas o asistencia para la lectura o escritura.
Número dos . Protección de sus derechos. Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a ser víctimas de delitos. Y una parte importante de su protección implica garantizarles el derecho a presentar una querella en condiciones equitativas, sin que su discapacidad sea un obstáculo adicional para la denuncia.
Número tres . Garantía de igualdad. La ley debe garantizar que todas las personas, independientemente de su condición física o cognitiva, tengan las mismas oportunidades para acceder al sistema de justicia.
Número cuatro . Mejora del acceso a la justicia. Incluir mecanismos específicos en el Código Penal para este grupo ayudaría a hacer el sistema judicial más inclusivo y eficiente.
Número cinco . Sensibilización social. El hecho de que el sistema judicial tenga medidas adaptadas para personas con discapacidad también puede contribuir a una mayor sensibilización en la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la equidad en todos los ámbitos.
La inclusión de disposiciones en el Código Penal, que faciliten la presentación de querellas por personas con discapacidad, refuerza los principios de igualdad de derechos y no discriminación, además de mejorar la accesibilidad y protección para un grupo especialmente vulnerable.
A su vez, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) coincide con el argumento del diputado que la antecedió, en el tema de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y en gran parte tiene que ver con la inclusión, pero también pues con la facilidad para poder expresarse.
Conviene subrayar, que parte de esas reformas que están en el artículo 2 Constitucional, es importante que se incluya la traducción a las lenguas indígenas, esto significa el esfuerzo de un Poder Judicial para la accesibilidad de la justicia de las personas con discapacidad.
Considera que, a la hora de votar, que el presupuesto al Poder Judicial sea generoso, ya que cada año, se le ha ido restando, y lo que se requiere es un impacto presupuestal importante, necesario, fundamental para que las personas con discapacidad realmente tengan acceso a la justicia. Hay que abrir la posibilidad de acceder a los espacios públicos, en temas de braille, del lenguaje de señas, que sin duda alguna han faltado en los juzgados, en las fiscalías y en la vida diaria del país incluyendo el Congreso.
Una vez agotada la ronda de oradores, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si el dictamen se encontraba debidamente discutido. Al no haber más intervenciones, se procedió a la votación nominal de viva voz y se registraron 31 votos a favor , 0 votos en contra y 0 abstenciones .
En consecuencia, el presidente, declara que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Justicia a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de discriminación de personas con discapacidad.
5.3. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal, en materia de compensación al cónyuge
Con respecto al siguiente punto en el orden del día, el presidente hace referencia a la adición al Código Civil Federal que propone el presente proyecto de dictamen surge de la iniciativa de la diputada Blanca Aracely Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena, y tiene el propósito de establecer que las o los cónyuges que se haya dedicado principalmente a las labores del hogar o las actividades de cuidado de los hijos e hijas podrán demandar en caso de divorcio una compensación de hasta 50 % de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.
Con esta modificación del Código Civil se busca reforzar la garantía al derecho de igualdad entre los cónyuges ante la disolución del matrimonio y proteger la repartición de los ingresos y de los bienes adquiridos durante el matrimonio, teniendo en cuenta la importancia que tienen las aportaciones vinculadas con la organización de la familia, la educación de los hijos e hijas, el cuidado de otros familiares que lo necesiten y la realización de las labores domésticas.
La diputada Rafaela Vianey García Romero (Morena) : celebra la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envió oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
Asimismo, el presidente, hace del conocimiento que no hay oradores anotados para posicionar ni en pro ni en contra también, por lo que solicita a la secretaría proceda a la votación nominal de las y los legisladores, y se registraron 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
En consecuencia, el presidente, declara que se aprueba el Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal, en materia de compensación al cónyuge.
5.4. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater del Código Penal Federal, en materia de abigeato
Con lo que respecta al siguiente punto del orden del día, el presidente de la comisión se refiere a la propuesta de reforma presentada por la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, modifica los artículos del Código Penal Federal sobre el delito de abigeato, con los siguientes objetivos:
Aumenta de 10 a 12 años la pena máxima para aquellas personas que comentan este delito. Especifica que recibirá una pena para quien oculte, transporte, comercialice y disponga de los productos obtenidos de la comisión de este delito. Agrega nuevos supuestos para que el abigeato aumente la pena hasta en una mitad cuando se dañen cercos, alambres, postes, cadenas, cerrojos o candados que resguarden el ganado del propietario y cuando el abigeato se ejecute mediante violencia física o moral, cuando se utilice documentación falsa respecto de la propiedad y el tránsito del ganado.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envió oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
En vista de que no hay quien haga uso de la palabra, el presidente, instruye a la secretaría proceda a la votación nominal de las y los legisladores. Dando cuenta de 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
En consecuencia, el diputado presidente, declara que se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater, del Código Penal Federal en materia de abigeato.
5.5. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la administración de justicia
Prosiguiendo con el orden del día, el presidente de la comisión da cuenta a la iniciativa presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo adiciona tres supuestos al catálogo de actos que son considerados por el Código Penal Federal como delitos contra la administración de la justicia, cometidos por servidores públicos.
De esta manera, se añaden a los actos que constituyen este delito la omisión o abstención injustificada de realizar la investigación del hecho delictuoso, la negación de la calidad de víctima, de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Víctimas. La obstaculización del ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación.
De igual forma, se especifica que la pena aumentará una mitad cuando se acredite que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación y que haya atentado contra los principios establecidos en la Ley General de Víctimas.
El objetivo de esta propuesta de reforma es que todas las personas que han sido víctimas de hechos delictivos vean garantizados sus derechos de acceso a la justicia y se erradiquen las malas prácticas en la actuación de los servidores públicos.
En seguida, el presidente de la comisión instruye a la secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen, tomando en consideración que se envió oportunamente a los correos institucionales. En votación económica, se aprueba la dispensa por mayoría por la afirmativa.
En su oportunidad, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT): menciona que en lo relativo al dictamen a discusión, es otorgar garantías a las víctimas, en vista de que es un tema nuevo, que en 1993 se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas, en tanto que en 2013 apenas se expidió la Ley General de Víctimas, esto ha sido un aprendizaje lento y una serie de conocimientos donde se cree que es el choque de derechos.
En primer lugar, Primero, de la víctima contra quien se presume inocente; es decir, el presunto culpable. En esta llegaron varias observaciones a través de la Comisión de Justicia, de la presidencia, que se podía leer o entender que la modificación podría ser persecutoria de funcionarios públicos, específicamente Ministerios Públicos que pudiera entenderse que hubo omisiones haciendo referencia al artículo 225, numeral 22: desviar u obstaculizar, es lo que dice actualmente el artículo.
La propuesta es: omitir o abstenerse injustificadamente, para que no se entienda que en el ánimo de proteger a las víctimas, victimizar a los funcionarios públicos, se ha tratado de consensuar la opción de que, después de “desviar u obstaculizar” se pueda agregar la frase “a quien no realice la investigación del hecho delictuoso”, para quitar el término “omitir”, que puede haber omisión en cualquier parte de la investigación o injustificadamente puede haber la abstención de la investigación y tendría que probar el Ministerio Público en este caso que no fue de manera injustificada o injustificada lo que le daría una carga extraordinaria a los funcionarios.
Quien no realice la investigación eso es evidentemente algo que está sancionado en la Ley General de Servidores Públicos, como una falta grave, pero esto ya lo elevaría a un rango de delito. Los otros dos supuestos, que son negar la calidad de víctima y favorecer que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, eso evidentemente si son faltas, en este caso, se ha llegado a un acuerdo. Por lo tanto, esa sería l propuesta.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano): señala que, toda vez que es un dictamen positivo, benigno, y que se revisó para añadirle más argumentos, que desconocen otros grupos parlamentarios, considera oportuno bajar el dictamen ya que la idea es votar a favor en la próxima semana, pero con las revisiones necesarias.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena): menciona que, en vista de que estos delitos son contra la administración de justicia y que, por cierto, el párrafo primero les encuadra perfectamente a los jueces que están impedidos legalmente para conceder juicios en materia electoral, conceder suspensiones, sugiere que se pueden buscar conceptos que engloben y no permitan la impunidad, en este sentido, lo de la omisión y la abstención justificada, injustificada, caben perfectamente en el verbo no realizar, porque está implícita la posibilidad del dolo. La omisión culposa no debería tener ninguna responsabilidad o no tiene. Esta se supone que es la omisión dolosa.
Por lo tanto, no considera necesario regresarla, ya que solo es cuestión del verbo omitir, abstenerse o realizar, y propone que realizar se adecua mejor a lo que aquí se está buscando de castigar todo aquello que vaya en contra de la administración de justicia.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI): sugiere que se discuta en otra sesión y hacer una revisión, en aras de acompañar el dictamen.
En el mismo sentido, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN): propone que se analice la próxima semana ya que desconoce los cambios que se realizaron en dicho dictamen.
Con respecto a lo anterior, el presidente de la comisión sugiere que, en el ánimo constructivo, sea una propuesta que vaya con el mayor consenso ya que es una modificación que se puede resolver en ese momento o bien, presentarla en el plena y que ahí se realicen las modificaciones respectivas.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena): hace referencia a la reforma en el artículo 225 del Código Penal Federal que hoy se está discutiendo, no es solo una modificación técnica, es un paso importante para garantizar que los servidores públicos cumplan con su deber de procurar justicia sin sesgos, omisiones ni obstáculos indebidos.
Considera necesaria esta reforma, porque hoy en día muchas víctimas ven sus denuncias ignoradas, las investigaciones no avanzan y, en el peor de los casos, se les niega incluso el reconocimiento de su calidad de víctimas. Esto no es solo una injusticia, es un abuso de poder que debe de ser castigado.
Las cifras son alarmantes, en el país más del 93 por ciento de los delitos, como lo plantea la iniciante, no se denuncian o no se investigan. Esto significa que la gran mayoría de los ciudadanos que sufren un delito no encuentran respuesta en las instituciones encargadas de impartir justicia. Aún más preocupante es que muchos de estos casos involucran delitos de violencia de género, donde las víctimas son revictimizadas, desalentadas a seguir con sus denuncias o simplemente ignoradas por quienes deberían de protegerlas.
La propuesta de esta reforma amplía el catálogo de delitos contra la discriminación de justicia, contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, incorporando tres nuevas conductas punibles: la omisión o abstención injustificada de investigar un delito, donde ahí se propone que se cambie el término por no realización; segundo, la negación de la calidad de víctima y, tercero, la obstaculización del ejercicio de los derechos de las víctimas.
Además, esta reforma contempla sanciones más fuertes cuando estas omisiones se cometan por razones de discriminación, especialmente en casos de violencia de género. Esto es crucial para erradicar la impunidad que han sufrido históricamente las mujeres y los grupos vulnerables.
El objetivo de esta reforma es un sistema de justicia más eficiente y equitativo, donde ninguna denuncia quede archivada por negligencia o corrupción. Mayores garantías para las víctimas, asegurando que puedan ejercer sus derechos sin trabas burocráticas ni discriminación; de erradicación de malas prácticas dentro del servicio público, promoviendo un actuar íntegro y profesional de quienes imparten justicia.
Llegados a este punto, el presidente de la comisión hace del conocimiento de las y los legisladores que una vez agotadas las intervenciones y no habiendo quien haga uso de la palabra, que se recibió una reserva la cual se discutirá en el pleno, por parte de la diputada Diana Segura.
En virtud de lo anterior, el presidente instruye a la secretaría proceda a la votación nominal de las y los legisladores. Dando cuenta de 27 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.
En consecuencia, el presidente de la comisión declara que se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la administración de justicia.
5.6. Dictamen de la Comisión de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un artículo 325 Bis al Código Penal Federal, en materia de tentativa de feminicidio
En este punto de la Orden del Día, el presidente de la comisión informa que la idea de esta propuesta es que el dictamen pueda ser nuevamente estudiado en la mesa de trabajo con la dictaminadora, en aras de que se pueda fortalecer más la punibilidad y sobre todo que no quede impune este tipo de hechos lamentables de feminicidios en grados de tentativa.
En el entendido, de que el pleno está de acuerdo en retirar dicho dictamen, para su análisis en la mesa de dictaminación para su estudio.
El presidente de la comisión instruye a la secretaría, poner a consideración en la propuesta de retirar este dictamen. En votación económica se aprueba por mayoría por la afirmativa.
6. Asuntos Generales
6.1. Información de omisiones legislativas derivadas de resoluciones judiciales
En este último punto del orden del día, el presidente de la comisión reitera que hizo del conocimiento de las y los legisladores, de dos documentos turnados de esta comisión por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
El primer documento es el relativo a la omisión legislativa para realizar reformas a la Ley de Migración con el objetivo de crear un registro de las personas migrantes detenidas y un segundo requerimiento de autoridad judicial relativo a la omisión legislativa del artículo 5o transitorio de la Ley de Amnistía, publicada el 22 de abril del 2020 en el Diario Oficial, donde se estableció 180 días para que el Congreso de la Unión lleve a cabo un ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia esta ley con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
Al respecto, la Junta Directiva acordó crear un grupo de trabajo para que analice y proponga una propuesta para el desahogo y atención de los requerimientos judiciales. Quienes deseen formar parte de esta, favor de comunicarlo por escrito o de viva voz a esta Presidencia de la comisión.
Por lo que el diputado Óscar Iván Brito Zapata (Morena): Ratifica el comentario que se hizo en la Junta Directiva, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos debe remitir ese asunto al pleno de la Cámara de Diputados, que es quien está facultado para determinar la competencia de qué asuntos les tocan a qué comisiones es el presidente de la Cámara, no al director general de Asuntos Jurídicos.
7. Clausura y cita a la siguiente reunión
Agotados los asuntos del orden del día, siendo las 22 horas con 19 minutos se da por terminada la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.
Votación del acta
Diputados: Julio César Moreno Rivera (a favor), presidente; Julieta Kristal Vences Valencia (a favor), Mariana Benítez Tiburcio (a favor), Astrit Viridiana Cornejo Gómez (a favor), Hugo Éric Flores Cervantes (a favor), Alberto Maldonado Chavarín (a favor), Estela Carina Piceno Navarro (a favor), Elena Edith Segura Trejo (a favor), José Guillermo Anaya Llamas (a favor), César Israel Damián Retes (a favor), Raúl Bolaños-Cacho Cué (a favor), Liliana Carbajal Méndez (a favor), Mary Carmen Bernal Martínez (a favor), Emilio Suárez Licona (a favor), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (a favor), secretarios; Lilia Aguilar Gil (a favor), Diana Karina Barreras Samaniego (a favor), Óscar Iván Brito Zapata (a favor), Felipe Miguel Delgado Carrillo (a favor), César Alejandro Domínguez Domínguez (a favor), María Teresa Ealy Díaz (a favor), Luis Enrique García López (a favor), Leonel Godoy Rangel (a favor), Leticia Farfán Vázquez (a favor), Gabriela Georgina Jiménez Godoy (a favor), Carlos Arturo Madrazo Silva (a favor), Sergio Mayer Bretón (a favor), Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (a favor), María Luisa Mendoza Mondragón (a favor), Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (a favor), Rafaela Vianey García Romero (a favor), María Rosete (a favor), Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (a favor), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (a favor), Gerardo Ulloa Pérez (a favor), Pablo Vázquez Ahued (a favor), Arturo Yañez Cuellar (a favor), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (a favor).
De la Comisión de Justicia, tocante a la cuarta reunión extraordinaria, celebrada el miércoles 18 de junio de 2025
A las 14:30 horas del miércoles 18 de junio de 2025, en el salón de protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Justicia que se enumeran posteriormente celebraron en modalidad semipresencial, según la convocatoria emitida el viernes 13 del mismo mes, la cuarta reunión extraordinaria.
1. Registro de asistencia y declaración de quórum
El presidente, Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, da la bienvenida a los presentes e informa a la asamblea de la asistencia a la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Da como resultado los siguientes 38
Diputados: Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente; Alberto Maldonado Chavarín (Morena), Estela Carina Piceno Navarro (Morena), Hugo Éric Flores Cervantes (Morena), Mary Carmen Bernal Martínez (PT), Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), Astrit Viridiana Cornejo Gómez (Morena), Elena Edith Segura Trejo (Morena), Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), Marina Benítez Tiburcio (Morena), César Israel Damián Retes (PAN), José Guillermo Anaya Llamas (PAN), Liliana Carbajal Méndez (PVEM), Emilio Suárez Licona (PRI), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano), secretarios; Arturo Yáñez Cuellar (PRI), Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM), Gabriela Georgina Jiménez Godoy (Morena), Gerardo Ulloa Pérez (Morena), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena), Lilia Aguilar Gil (PT), Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano), Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena), María Rosete (Morena), María Teresa Ealy Díaz (Morena), Olga María Sánchez Cordero (Morena), Óscar Iván Brito Zepeda (Morena), Sergio Mayer Bretón (Morena), Rafaela Vianey García Romero (Morena), José Alfonso Rubalcava Jiménez (PAN), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN), Paulina Rubio Fernández (PAN), Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM), Felipe Miguel Delgadillo Carrillo (PVEM), Diana Karina Barreras (Morena), César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI).
El presidente declara la existencia de quórum e inicia la cuarta reunión extraordinaria.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la reunión
El presidente solicita a la secretaría que le el orden del día:
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia.
4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales.
5. Clausura.
Una vez hecho del conocimiento por la secretaría, el presidente solicita expresar la existencia de observaciones con respecto al orden del día. No las hubo, y se sometió a consideración de la asamblea. En votación económica, se aprueba por mayoría.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera reunión extraordinaria
El presidente somete a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la tercera reunión de extraordinaria, pues se envió previamente a los correos institucionales. En votación económica se aprueba la dispensa.
A continuación, el presidente solicita hacer de su conocimiento la existencia de observaciones con respecto al Acta sometida a consideración, de la asamblea.
No hay observaciones, y se instruye a la secretaría para que someta a votación el acta de la tercera reunión extraordinaria. Aprobada en votación nominal con 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de los Códigos de Justicia Militar, y Militar de Procedimientos Penales
El presidente solicita a la secretaría que consulte si se dispensa la lectura del dictamen a discusión, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Se aprueba la dispensa por unanimidad de votos.
Asimismo, hace del conocimiento de las y los diputados integrantes de la Comisión, que se recibió la opinión de la iniciativa de la Guardia Nacional, emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 16 de junio del presente año, la cual se remitió a los correos institucionales para su conocimiento.
El presidente refiere que el proyecto de decreto a la iniciativa tiene como objetivo armonizar el marco jurídico secundario con la reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Guardia Nacional forma parte de las instituciones policiales, de los tres órdenes de gobierno que deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio de la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley.
La iniciativa propone la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes y dos códigos vigentes, con el fin de lograr su consolidación transexenal, en beneficio del pueblo de México, bajo los principios de legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y colaboración con las autoridades civiles.
Las funciones que establece para la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y aprobada por el Senado de la República, es decir, obedece una estrategia y mando de carácter civil encabezado por la presidenta de la República.
Contempla también que los mandos superiores operativos de la Guardia Nacional recaerán en las personas titulares de la comandancia de las coordinaciones territoriales y estatales, así como las unidades circunstanciales de manera similar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales serán designados por el titular del Ejecutivo federal.
La nueva Ley de la Guardia Nacional establece que los fines de dicho cuerpo policial son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, generar y preservar el orden público y la paz social, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
Por lo que se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de esta función deben contar con el certificado único policial, cursar y aprobar los programas de formación y capacitación y profesionalización en materia policial y cumplir con los lineamientos que emita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se puntualiza que la investigación de los delitos a cargo de la Guardia Nacional se lleve a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, observando en todo momento el debido proceso previsto como una garantía en la Constitución Federal.
Con esta reforma se aprovecha la infraestructura y la experiencia de más de 100 años de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración de recursos humanos, lo que permitirá consolidar la Guardia Nacional a través de una rígida disciplina, valores y virtudes, identidad propia, adiestramiento y capacitación que se impartan en los planteles de educación militar para cumplir con sus fines sustantivos en materia de seguridad pública de carácter civil a favor de la sociedad.
Otro tema relevante de la reforma consiste en que regula aspectos de seguridad social, ruta profesional, ascensos, equivalencias jerárquicas, así como las sanciones y causales de baja por infracciones disciplinarias que no constituyan un delito.
Para evitar que exista impunidad en las filas de la Guardia Nacional, se modifica la legislación penal militar adicionándose un capítulo de Delitos Especiales para sancionar al personal de la Guardia Nacional con penas severas y ejemplares, por lo que los integrantes de la Guardia Nacional estarán sujetos tanto a la jurisdicción militar como al fuero federal o común, según corresponda.
Con la reforma se establece claramente que cuando los integrantes de la Guardia Nacional cometan faltas en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública quedan sujetos a la jurisdicción civil federal.
Finalmente, la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga a la Secretaría de Defensa Nacional la atribución de contar con organismos de inteligencia, los cuales se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información para generar, compartir y obtener información para cumplir los fines de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Aspectos que se prevén en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Y de la nueva Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública que serás discutidas igualmente en esta Legislatura.
Acto seguido, se abre la ronda de oradores para la discusión del dictamen en cuestión, con la participación del diputado Emilio Suárez Licona (PRI), quien refiere que, por razones elementales de congruencia, no acompañará el sentido del dictamen, el cual se enmarca como la culminación del proceso para consolidar la militarización del país. Ya que, desde la reforma constitucional de septiembre del año pasado, se ha condenado a quienes años atrás defendían la democracia los contrapesos y la salvaguarda de derechos y libertades, y que hoy desgraciadamente han decidido sentar las bases de un Estado militar.
Reprueba que el gobierno de Morena haya apostado por la militarización en lugar de elegir una estrategia de fortalecimiento a las fuerzas civiles de seguridad, a la policía estatal y municipal mediante una visión anclada en que deben profesionalizarse los cuerpos policiacos civiles y que sean cercanos a la gente.
Asegura que con esta reforma no solo se habrá de concretar la militarización de la guardia, sino que se dan los primeros pasos para militarizar de manera indirecta a los cuerpos policiacos estatales y municipales a través de los convenios con las entidades federativas, ya que, por un lado, se faculta a la Guardia Nacional para que pueda vigilar diversos sitios, a que revise las comunicaciones y conversaciones de las y los ciudadanos. Si bien la reforma considera que la intervención de las comunicaciones debe ser autorizada por un juez, ahora que el gobierno tiene ya el control del Poder Judicial se abre la puerta a la instauración de un estado policiaco que vigile y persiga a quienes no coinciden con el régimen.
Antes de decirlo con toda claridad y contundencia esta reforma es violatoria de derechos humanos en diversos aspectos, uno de ellos quizás el más preocupante se articula a partir de la atribución que ahora tiene conferida la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Estas facultades son clara y flagrantemente inconstitucionales y la Suprema Corte ya lo ha señalado, toda vez que su ejercicio no se encuentra limitado a criterios y a ciertos delitos, ni consideran un control judicial previo, lo que podría derivar en su utilización arbitraria y la vulneración del derecho de la privacidad de las personas al tiempo de configurar la obtención de pruebas ilícitas.
Los militares llevan casi 20 años en las calles y los problemas de inseguridad y violencia van en aumento, la presencia de la Guardia Nacional no ha dado resultados. Realizan pocas detenciones, y cada una de ellas nos cuesta 64 millones de pesos y en la mayoría de los casos, los detenidos son liberados por un ministerio público y los jueces a falta de pruebas.
Por último, considera hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política para instalar la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a fin de atender este tipo de asuntos de gran relevancia.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) advierte que la inseguridad es uno de los temas más preocupantes, en este sentido, se han destinado una gran cantidad e importante de recursos para detener el flujo de armas y de sustancias ilícitas, así como para otorgar apoyos que permitan a los jóvenes tener mejores opciones de futuro y con ello evitar que sean cooptados por los cárteles.
Considera relevante que, en el sexenio anterior, haya surgido la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo de policía disciplinado y profesional con el objetivo de salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de los mexicanos.
Por ello es necesario seguir trabajando en la coordinación y mejora operativo de estos cuerpos de seguridad, tanto a nivel federal y local. Hasta antes de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, no existía un fundamento que facultara al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De ahí deriva la importancia de la expedición de la nueva Ley de la Guardia Nacional y la adecuación de las leyes que regulan la organización y disciplina militar.
Entre las modificaciones propuestas está la nueva ley que señala que el ingreso de la Guardia Nacional se sujetará a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Reclutamiento del Personal para el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tomando en cuenta en lo conducente los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con esta estrategia de seguridad, se pretende que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, con el debido apego a la ley con respeto a los derechos humanos. Es importante mencionar el papel fundamental que juegan los gobiernos estatales y municipales en una coordinación plena. La corresponsabilidad en materia de seguridad implica que todas las autoridades, sin excepción, asuman con seriedad su papel y trabajen en estrecha coordinación para proteger a las comunidades más vulnerables.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) manifiesta su desacuerdo ante un dictamen que se aprueba prácticamente tal y como fue enviado por parte del Poder Ejecutivo y que consiste en nueve leyes. Una de ellas, en una reforma completa, que es la Ley de la Guardia Nacional. Además, de otros ocho documentos en donde se reforma y no hay en profundidad un estudio.
Así también, se hace un extrañamiento porque estas iniciativas no fueron turnadas a la Comisión de Defensa quien debió haber determinado el dictamen correspondiente, ya que la Ley Orgánica de la Fuerza Aérea Mexicana, de las leyes orgánicas, y la de la Guardia Nacional, define a la Guardia Nacional como la fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y es un error menor que no turnaron la iniciativa ni siquiera para opinión.
En este dictamen, se reconoce que hubo declaraciones de inconstitucionalidad decretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en lugar de resolver la inconstitucionalidad, lo que se hizo fue reformar y aprobar la Constitución con una sobre representación, y de esta reforma de septiembre del 2024, se están discutiendo nueve leyes, en donde el dictamen se refiere como una armonización y lejos de lograr una armonía, será una confusión en la que operativamente entrarán tanto el Ejército Mexicano como la Guardia Nacional.
Sin duda, hay serias contradicciones, no sólo en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que en la propia iniciativa se refiere obviamente al artículo 29 de la Secretaría de Defensa Nacional en sus atribuciones, la cual pudo haber opinado, así como la Comisión de Defensa.
Además, en el artículo 93, de la Ley de la Guardia Nacional, dice que cualquier intervención de comunicación requiere, uno, de autorización judicial, y segundo, que haya indicios suficientes para acreditar que es posible que sea cometido el delito.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) considera que la reforma de la Ley de la Guardia Nacional abroga la anterior, derivada de la reforma del 30 de septiembre del 2024 a la Constitución Política de la República y el resto de las reformas, que son parte de este dictamen, son reenvíos a diferentes ordenamientos que tiene que ver fundamentalmente con el nuevo régimen de la Guardia Nacional.
Esta transformación, no sólo representa un cambio normativo, sino la consolidación de una política de Estado que redefine el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, evitando la hipocresía y la simulación de regímenes anteriores, con el objetivo de garantizar la paz, la legalidad y la protección a la ciudadanía.
Ahora, la Guardia Nacional está bajo el mando formal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya anteriormente estaba bajo el mando operativo, y esto responde a la necesidad de contar con una institución sólida, con capacidad operativa, territorial y táctica para enfrentar los desafíos que impone la criminalidad organizada y la violencia en el país.
Esta nueva ley dispone la organización jerárquica, el régimen disciplinario, la coordinación con estados y municipios y controles parlamentarios y judiciales. Establece un enfoque de formación policial con doctrina militar, con respeto a los derechos humanos.
Esta reforma es relevante, primero, porque se armoniza el marco legal con la reforma constitucional. Segundo, porque hay una eficacia y eficiencia operativa y un mando unificado. Se establece la logística, la disciplina, el adiestramiento y la capacidad del pliegue territorial, algo vital frente a la delincuencia organizada tradicional a cargo de nuestras fuerzas armadas.
Hay controles democráticos y de legalidad, porque prevalecen los mecanismos de control parlamentario, informes al Senado, jurisdiccional, que es la autorización judicial para intervenciones telefónicas y asegura contrapesos y el debido respeto al proceso legal. También, establece la temporalidad y subsidiaridad con el apoyo a estados y municipios.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano) manifiesta que esta reforma deriva del nuevo andamiaje constitucional, ya mencionado aquí en materia de seguridad pública, la penúltima reforma constitucional aprobada en la materia, que Movimiento Ciudadano votó en contra. Sin embargo, reconoce que derivado de esa reforma es necesario realizar las adecuaciones legales necesarias para ese nuevo marco institucional.
Por ello, hace referencia a cinco temas para la reflexión. Primero, el equilibrio de poder cívico militar que tiene que prevalecer y los esquemas de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, ya que este Poder Legislativo le dio las herramientas a la Fuerza Armada para este nuevo marco institucional. La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y, la posibilidad del Poder Ejecutivo federal para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad.
No porque las Fuerzas Armadas encabezan hoy la Guardia Nacional, eso quiere decir que no deben rendir cuentas ante el poder civil. Por ello, también destacaron la omisión del Congreso de la Unión a la no instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y, podríamos en esta reforma imaginar, diseñar nuevos instrumentos de rendición de cuentas y equilibrios, como una Comisión Bicameral de Seguridad Pública y Seguridad Interior, que es la materia y objeto de esta nueva reforma.
Segundo tema. El aspecto de la inteligencia en materia de seguridad pública, porque es indispensable empatar las facultades y disposiciones en materia de inteligencia que prevé esta reforma para la Guardia Nacional con las leyes en materia de seguridad pública e inteligencia que ya fueron aprobadas en comisiones que quedaron congeladas.
Se confieren a la defensa atribuciones de inteligencia que tienen que ser compatibles con la Constitución, porque la última reforma constitucional en materia de seguridad pública le dio la conducción estricta en materia de inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y si decimos que a partir de un nuevo andamiaje constitucional le debemos dar instrumentos a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para las tareas de seguridad, pues hay que ser congruentes con el mismo marco constitucional reconocer la conducción en materia de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Tercer tema. La coordinación con las entidades federativas en materia de seguridad, todo el aspecto que tiene que ver con el federalismo y especialmente con el despliegue en materia de seguridad pública y la coordinación.
Esta reforma está exactamente igual que la Ley de la Guardia Nacional vigente, que cuenta ya con mecanismos de coordinación, establece cómo deben realizarse los convenios entre la federación y las entidades federativas, pero desde luego podría hacerse un mejor ejercicio, un mayor esfuerzo para tener una coordinación más eficaz orientada al fortalecimiento de las capacidades de las policías
Cuarto tema. Derechos laborales. Esa reforma contempla que guardias nacionales y elementos de la Fuerza Armada perciban un ingreso superior al salario promedio del IMSS de 18 mil pesos e incrementando año con año, a fin de que las y los integrantes de estas corporaciones tengan salarios dignos.
Por último, quinto tema, el propósito de cualquier reforma en materia de seguridad pública no tiene que ser otro más que el combate a la delincuencia organizada: desarticular sus redes, desarticular sus capacidades económicas, sus capacidades de reclutamiento, entre otras.
La diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) considera que el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y que reforma diversas leyes para consolidar a esta institución como una fuerza armada permanente, organizada, profesional y profundamente comprometida con el pueblo de México, es el resultado de un largo camino de reflexión, análisis y trabajo conjunto entre Poderes, instituciones y representantes populares.
Este proyecto refleja un profundo respeto al marco constitucional. Aquí no se improvisa: aquí se construyen acuerdos, se fortalecen instituciones y se honra la voluntad del pueblo.
México ha sido testigo de cómo en los últimos años la Guardia Nacional ha sido pilar fundamental en las tareas de seguridad pública. Desde su creación, ha estado presente en los momentos más críticos, protegiendo comunidades, apoyando en situaciones de desastres y combatiendo a quienes pretenden arrebatarle la tranquilidad al pueblo de México.
Hoy, con esta reforma se pretende dar certeza jurídica a sus integrantes, fortaleciendo sus capacidades y garantizando que sus tareas se desarrollen bajo un marco legal claro y transparente.
La Guardia Nacional representa ese equilibrio: una fuerza disciplinada, pero al servicio de la ciudadanía; una fuerza con capacidades operativas, pero también con formación en derechos humanos.
Este proyecto no solamente es legal: es legítimo. Está sustentado en la reforma constitucional aprobada por este Congreso en septiembre del año pasado en donde se incorporó la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El diputado Arturo Yáñez Cuellar (PRI) hace un recuento al partido de mayoría, que, en 2017, consideraron como un error la militarización de un país con carteles, con declaraciones en medios de comunicación expresaban su desacuerdo.
Este modelo, vulnera el principio constitucional que establece claramente que las instituciones de seguridad pública siempre serán de naturaleza civil. Tal como lo manifestó como diputada hoy consejera jurídica, Ernestina Godoy que textualmente decía, está ley va a eternizar el Estado de excepción, normaliza el estado de excepción, mantiene al ejército en las calles, con funciones distintas a su naturaleza y muestra claramente la incapacidad para profesionalizar a los cuerpos policiacos.
Así también lo dijo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que este ordenamiento constitucional, que lo que más preocupante es que a una instancia como el Ejército y la Marina, se someterá a un desgaste permanente y que tarde o temprano van a enfrentar a la ciudadanía.
En síntesis, menciona la gravedad de este dictamen de la Guardia Nacional. La primera de ellas es que se efectúe tareas para prevenir infracciones administrativas. Es decir, que ya la Guardia Nacional con su represión mandata desde los funcionarios y, por supuesto, con una situación que ustedes quieren controlar todo el poder.
Segundo. Que sean investigadores y que recaben información de lugares públicos para evitar la delincuencia y quién dice que la Guardia Nacional con su actitud represora, instruida por el Ejecutivo puede fabricar algún delito.
Con esta represión total, disfrazada, enmascarada, esta represión y, luego, cuando el ciudadano pueda tener la facultad de poder denunciar una actitud de arbitrariedad, va a ir a un tribunal del Poder Judicial y, lamentablemente, el Poder Judicial, ya pertenece al Ejecutivo y ustedes se han encargado de quitarles esa independencia.
No hay control parlamentario ni limites efectivos, por el contrario, se profundiza en una lógica que otorga más poder al Ejecutivo para usar las Fuerzas Armadas sin contrapeso.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena) manifiesta su voto a favor de este dictamen mediante el cual se expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 8 leyes, con la finalidad de garantizar certeza y eficacia en ese cuerpo policial que ya es una de las instituciones más importantes por su capacidad, tamaño y presencia en todo el territorio nacional.
Esta iniciativa es un paso necesario en el proyecto de nación en el que se busca e impulsa alcanzar paz y justicia. Mediante esta nueva ley y sus reformas se fortalece el combate a la impunidad para lograr la protección del pueblo sobre cualquier interés particular.
Considera que se está fortaleciendo jurídicamente a la Guardia Nacional como una fuerza armada permanente, de carácter policial, con formación, controles y mandatos claros como lo ordena la reforma constitucional multicitada del 30 de septiembre de 2024.
Gracias a este dictamen se podrá garantizar la disciplina, preparación y respeto a los derechos humanos en cada acción de la Guardia Nacional, evitar la duplicidad normativa y, además, se consolidará su suscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Eliminar figuras discriminatorias como los militares auxiliares, garantizando igualdad de derechos y desarrollo profesional para todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional. Establecer una coordinación efectiva con los estados y municipios bajo reglas claras, temporales y con respecto al federalismo.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) expresa su indignación ante la militarización del país con la aprobación de este dictamen. Señala que, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación era un límite, por eso declaró inconstitucional que la Guardia Nacional pasase a la Sedena, porque protegía un artículo de la Carta Magna.
Considera un fraude a la mayoría calificada, para reformar la Constitución, apropiándose del Poder Judicial, de los jueces, ministros y magistrados. Así también manifiesta su preocupación ante la concentración de poder que le están dando a la Secretaría de la Defensa Nacional no lo van a poder controlar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) celebra que, con esta reforma y una iniciativa completa, se fortalecerá la Estrategia Nacional de Seguridad dándole certeza jurídica a la Guardia Nacional de disciplina, de desarrollo profesional y de permanencia en las Fuerzas Armadas.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) manifiesta que no hay suficiente capacidad en el poder legislativo ni en el del Poder Ejecutivo, no existe una especificación en esta norma para determinar que los temas de seguridad nacional los habrán de atender las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y de esta manera cuidar y generar políticas públicas para alguna estrategia de defensa frente algún embate extranjero que pueda ser también el crimen organizado, porque también el crimen organizado es de carácter mundial.
Considera que hace falta un apartado que señale la seguridad interior, que la Guardia Nacional y el mando civil atiendan temas de combate y protección al Estado y las amenazas que tiene el Estado en terrorismo, delincuencia organizada, inestabilidad política, etc. Lejos de eso, con los artículos 4 y 5 de la ley, se les otorga todo el mando al Ejército mexicano para poder entrar en los temas de seguridad pública.
Este dictamen no da certeza, no da seguridad y mucho menos está brindando estabilidad y protección a los mexicanos. Es decir, se pone en riesgo con esta legislación, convertir al Ejército en enemigo de los ciudadanos. Tampoco se está protegiendo el Ejército, lo están proponiendo en el primer lugar de la batalla para poder atender los problemas de seguridad pública y eso es un error, que demerita la labor que hace el Ejército.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) considera que esta reforma tiene los mecanismos de control a través del Consejo Superior de Disciplina, lo que permite ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos, asegurando que la Guardia Nacional tenga derechos laborales y sociales justos.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) expresa que en este dictamen es preciso señalar diferentes ordenamientos debieron cumplir con la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional, no es suficiente con la opinión de la Comisión de Presupuesto, ya que es claro que va a tener un impacto presupuestal. Ejemplo de ello, en el ISFAM, Instituto de Seguridad y Servicios, en el tema de pensiones, retiros que tendrán que realizarse cuando concluyan sus funciones.
Por otra parte, lo que se pretende aprobar con un simple convenio, traerá consecuencias, pues es claro que les quitarán recursos y facultades a los alcaldes, a las y los presidentes municipales.
La diputada Elena Segura Trejo (Morena): El objetivo principal de esta Ley de la Guardia Nacional, y de las normas que se están armonizando, es que sea un cuerpo profesional, disciplinado y eficiente, con formación castrense y funciones policiales, que ejerza tareas de seguridad pública en el ámbito federal que respete los derechos humanos en todo momento y contribuya directamente, sobre todo, a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que por primera vez en este país se está integrando para proteger a todas y a todos los mexicanos.
De esta manera refiere que en el decreto publicado el 9 de mayo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y dice en uno de sus considerandos: Que el Ejecutivo Federal tiene como obligación constitucional de preservar la seguridad nacional y la facultad de disponer las Fuerzas Armadas permanentemente para garantizar la seguridad interior y de defensa exterior de la Federación, así como para crear nuevos cuerpos especiales del Ejército y la Fuerza Armada Mexicanos.
Por tanto, en la estructura se debe contar los elementos humanos materiales, técnicos, tácticos y estratégicos necesarios para intervenir en las tareas de apoyo nacional, que la creación de un cuerpo especial de esta naturaleza pretende atender el surgimiento de fenómenos en situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad en el interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) considera una incongruencia, que en su momento el partido de mayoría y el ejecutivo, estaban en desacuerdo que el Ejército Mexicano estuviera coadyuvando a las fuerzas de seguridad de manera temporal, a las fuerzas estatales y municipales.
Recordando que en los tres órdenes de gobierno es la prevención, la administración y procuración de justicia donde las policías municipales, estatales y federales tienen distintas labores.
Es decir, se pretende que la Guardia Nacional, coadyuve a la seguridad pública de manera temporal, no de manera permanente, como estaba la reforma constitucional de 2019, donde la Guardia Nacional tenía un mando civil y no un mando militar.
Además, en el Presupuesto de la Federación de 2025 se redujeron enormemente los recursos a los estados y a los municipios, para que haya capacitación, preparación, armamento, para que hay policías estatales y municipales con mayor preparación, que sirvan a la ciudadanía. Porque las Fuerzas Armadas, el diseño de ellos no es el estar brindando seguridad pública permanente.
La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) celebra el conjunto de reformas legales o secundarias que derivan del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 30 de septiembre de 2024, relativo a la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, donde se traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y, en consecuencia, la vuelve una institución de seguridad pública con entrenamiento militar.
Es decir, ya se hizo modificó la Constitución. Ahora hay que reformar el marco legal para adaptarlo al texto constitucional, cumplimentando lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto del 30 de septiembre de 2024.
Se faculta a la Guardia Nacional para investigar delitos, lo cual será una herramienta invaluable para poder contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana en nuestro país, ya que un cuerpo altamente calificado y entrenado auxiliará en esta importante labor. Ahora los elementos de la Guardia Nacional contarán con las herramientas necesarias para poder realizar de manera más efectiva, segura y precisa su labor.
También se expiden, tal y como lo ordena el decreto del año pasado, las leyes que regulan y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
De igual manera, una vez que queden aprobadas y publicadas estas reformas, quedará totalmente establecido que el ejecutivo comandará a la Guardia Nacional y nombrará a sus cargos más altos, previa ratificación del Senado, tal y como sucede con el Ejército, Fuerza Aérea y la Marina, es decir, habrá participación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo para nombrar a los altos mandos de la Guardia Nacional.
Y por último, pero no menos importante, resulta que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca, sea Marina, sea Ejército o Fuerza Aérea, para incorporarlo formalmente a la Guardia Nacional; así que hoy la Guardia Nacional tendrá capacitación, armamento y prestaciones de primera línea.
El diputado César Israel Damián Retes (PAN) refiere que, la discusión del dictamen en temas de seguridad y justicia tiene como función principal brindar justicia, así como garantizar la seguridad de todas y todos. Por lo que se han implementado diversas estrategias desafortunadas que han fracasado en este propósito y que han puesto en evidencia que la inseguridad y los delitos de extorsión han incrementado, así como la desconfianza en las instituciones de seguridad.
Esta ley que se pone a consideración, estas reformas, tienen evidentemente algunas inconstitucionalidades. Se hablaba del artículo 9, fracción VI, de las operaciones encubiertas y los usuarios simulados, que ya había sido declarado invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se han mencionado ya contradicciones porque están partiendo de la base de hechos futuros de realización incierta, como pueden ser las reformas que se pretenden supuestamente aprobar en el período extraordinario, pero que todavía no ocurren y que podrían incluso entrar en contradicción por el tema de las intervenciones telefónicas con orden judicial o sin orden judicial, de acuerdo con una posible reforma a la ley de telecomunicaciones.
Lo que se está poniendo a consideración es una serie de reformas secundarias para concretar la militarización del país y no se está avanzando en un fortalecimiento a las instituciones de seguridad civiles en el orden local y en el orden municipal.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) declara la importancia de esta reforma, ya que se hace cargo de armonizar, en ocho leyes, dos códigos, aprobándose el pasado 30 de septiembre de 2024 como un marco para dar fortaleza y certeza, a la actuación de la Guardia Nacional. Este proyecto es una reorganización profunda del marco legal en materia de seguridad pública. Es una decisión de Estado también, una respuesta institucional, técnica y estratégica a uno de los más grandes problemas del país la inseguridad, la violencia, la falta de paz.
Considera que es prioridad en los municipios, estados y por supuesto a nivel nacional, un clamor de la ciudadanía tener seguridad. Desde luego, contando con un cuerpo de seguridad confiable.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano) hace referencia algunos aspectos positivos de la reforma, que los integrantes de la Guardia Nacional puedan recibir denuncias de parte de ciudadanos con ello reduciendo el cuello de botella que se genera en las fiscalías, aunque esta atribución pues ya estaba prevista en la ley vigente. Todo en el desarrollo del concepto de formación policial que es importante para la educación de los integrantes de la Guardia Nacional, el esquema de evaluación anual de todos las y los integrantes de la Guardia Nacional que puedan conocer de delitos del fuero común previo convenio con la entidad federativa, aunque también ya estaba en la ley vigente.
La equivalencia de jerarquías entre la Guardia Nacional y el Ejército mexicano con ello mejorando las condiciones de salud, seguridad social y vivienda de los integrantes de la Guardia Nacional. Y la sujeción al fuero federal en caso de cometer delitos.
Es fundamental que en toda esta discusión de este paquete de reformas de la Guardia Nacional y de la estructura de la Fuerza Armada de México se haga en armonía y con las adecuaciones necesarias de las dos leyes ya aprobadas en la Comisión de Seguridad Pública de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley de Inteligencia, porque lo que advertimos pues es que hay una potencial incompatibilidad, invasión de atribuciones y tiene que quedar estrictamente claro que la conducción de la política y el andamiaje de inteligencia en materia de seguridad en México le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por ello quiero hacer un llamado muy concreto y específico en esta comisión para que hagamos un esfuerzo, y someter a consideración para que todos estos temas que están pendientes, que tienen que armonizarse en el marco legal de todo el andamiaje de seguridad pública de México, pues se dé un mayor espacio de reflexión y análisis, se convoque un parlamento abierto, acudan representantes de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa, especialistas y tres comisiones de esta Cámara de Diputados, como son la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Defensa Nacional, hagamos un trabajo conjunto para que se empaten estas tres legislaciones, tanto la reforma integral de Guardia Nacional, como las dos leyes en materia de seguridad e inteligencia.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) indica que con la creación de este cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional, no se está militarizando al país, sino que es una institución que tiene la necesidad de tener un adiestramiento fuerte, riguroso y disciplinado como los militares pero también de que quien integre esta institución tenga una proximidad, tenga una formación policial porque va a tener contacto con la ciudadanía y de pronto se pierde de vista esta parte. No son propiamente militares, sino es gente con una formación de disciplina, pero también tiene la proximidad de un policía.
El artículo 16 constitucional le pone límites a la Guardia Nacional desde la Carta Magna que dice lo que puede hacer o no, la guardia nacional
El artículo 21 constitucional confiera una facultad a la Guardia Nacional, pues colaborará con los ministerios públicos.
Considera que se puede plantear una modificación al 123 constitucional para garantizarles seguridad social y laboral equiparable a las Fuerzas Armadas.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) refiere que estadísticamente, en el sexenio del 2018 al 2024 creció el tema de la inseguridad, llegando a más de 200 mil homicidios, de ahí de que es un tema que se debe reflexionar con esta iniciativa, ya que no es una solución militarizar al país, ya que, en las calles, con las patrullas de la Guardia Nacional estaremos con una situación de represión.
El secretario diputado Hugo Éric Flores Cervantes (Morena) resalta la importancia de que la legislación a discusión está bajo la supervisión del Ministerio Público.
Es decir, se colabora entre poderes, con investigaciones, cuando un juez le pida a la Guardia Nacional un documento que pueda acreditar la culpabilidad de algún miembro del crimen organizado.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) reiteró su voto en contra defendiendo la no militarización del país.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) Su intervención gira en torno a lo que dispone la Ley General del Sistema de Seguridad Pública en su artículo 2o, párrafo primero vigente, ya está en el Senado, una modificación y está en términos generales le sostiene esta misma redacción, la cual dice:
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.
La sanción de las administraciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. En términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución.
Refiere que la seguridad pública en México, no es la función de la Guardia Nacional, es la función del Ministerio Público y de las autoridades penitenciarias y obviamente también de la administración de justicia, los jueces cuando dictan resoluciones también procuran la seguridad pública, o sea, la justicia de las personas.
De ahí que haya un grave error conceptual, decir que se va a militarizar al país. El personal militar va a tener una forma policial para cumplir solo la función de prevención y en las demás actuaciones en la investigación que previene el artículo 21, o en otras atribuciones requieren acompañar o ser parte del mando del Ministerio Público o si tienen una orden para intervenir un teléfono o ir a una casa, deben tener una orden judicial. Sólo en la prevención actúa sola la Guardia Nacional, en la prevención y en las infracciones administrativas.
Este personal es para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, en este sentido, la secretaría del ramo formulará dicha estrategia en los programas, políticas y acciones respectivas.
En virtud de lo anterior, considera necesario estas reformas, de ocho leyes y de la nueva ley de la Guardia Nacional, por lo que establece el artículo 21 constitucional para detallar claramente cuándo va a prevenir los delitos federales, en primera instancia, en tema de flagrancia.
Una vez terminada la ronda de oradores del dictamen a discusión, el presidente solicita que se habilite la aplicación APRAV para proceder a la votación.
En consecuencia, la diputada secretaria da cuenta de 27 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones.
Así, el diputado presidente Julio César Moreno Rivera (Morena) informa a las y los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia, que se aprueba en lo general y en particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales.
6. Clausura
Agotado el orden del día, a las 15:35 horas se da por terminada la cuarta reunión extraordinaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de junio de 2025.
La Comisión de Justicia
Diputados: Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Astrit Viridiana Cornejo Gómez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes, Alberto Maldonado Chavarín (rúbrica), Estela Carina Piceno Navarro (rúbrica), Elena Edith Segura Trejo (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), César Israel Damián Retes (rúbrica), María Luisa Mendoza Mondragón (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez, Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), Emilio Suárez Licona (rúbrica), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Diana Karina Barreras Samaniego (rúbrica), Óscar Iván Brito Zapata (rúbrica), Felipe Miguel Delgado Carrillo (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), María Teresa Ealy Díaz (rúbrica), José Alfonso Ruvalcava Jiménez (rúbrica), Leonel Godoy Rangel, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Carlos Arturo Madrazo Silva (rúbrica), Sergio Mayer Bretón (rúbrica), Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (rúbrica), Fátima Almendra Cruz Peláez (rúbrica), Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Rafaela Vianey García Romero (rúbrica), María Rosete, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Gerardo Ulloa Pérez, Pablo Vázquez Ahued (rúbrica), Arturo Yañez Cuellar (rúbrica), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la octava reunión plenaria, efectuada el viernes 24 de octubre de 2025
A las l0:30 horas del viernes 24 de octubre de 2025, en la sala de juntas de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, edificio F, segundo piso, de la Cámara de Diputados, sita en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, los integrantes se reunieron en modalidad semipresencial, según la convocatoria del viernes 17 del mismo mes, para desahogar el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia inicial, final y declaratoria de quórum
Se pasó lista de asistencia, y estaban presentes los
Diputados: Javier Octavio Herrera Borunda, presidente; Ricardo Gallardo Juárez, Nora Yessica Merino Escamilla, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, María Soledad Luévano Cantú, José Alfonso Rubalcava Jiménez, Karen Yaiti Calcaneo Constantino, Gissel Santander Soto, Gabriel García Hernández, Eruviel Ávila Villegas, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Carol Antonio Altamirano, Carmelo Cruz Mendoza, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Ana Elizabeth Ayala Leyva, secretarios; Víctor Hugo Lobo Román, Sebastián Ebrad Lestrade, Rosa Irene Urbina Castañeda, Ricardo Madrid Pérez, Paola Tenorio Adame, Nadia Yadira Sepúlveda García, Martha Olivia García Vidaña, María Isabel Rodríguez Heredia, Jorge Luis Yillatoro Osorio, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Javier Vázquez Calixto, Iván Millón Contreras, .Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Gerardo Olivares Mejía, Emilio Suárez Licona, Diana Estefanía Gutiérrez Yaltierra, Daniel Andrade Zurutuza, Briceyda García Antonio, Arturo Roberto Hernández Tapia, Aremy Yelazco Bautista, Amparo Lilia Olivares Castañeda.
En virtud de que se contó con quórum, el presidente, Javier Octavio Herrera Borunda, declaró formalmente iniciada la reunión.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
El presidente puso a consideración el orden del día, que fue aprobado por unanimidad en votación económica.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión plenaria, celebrada el pasado 29 de septiembre de 2025
Como el acta de la séptima reunión plenaria, celebrada el lunes 29 de septiembre de 2025, fue enviada con anterioridad a los correos electrónicos de los integrantes, se acordó votar de manera económica la dispensa de su lectura.
No hubo intervenciones, y se puso a consideración el acta, la cual fue aprobada por unanimidad en votación nominal.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026
Derivado de que la opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría superior de la Federación respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, fue enviado con anterioridad a los correos electrónicos de los integrantes, se acordó votar de manera económica la dispensa de su lectura.
No se registraron intervenciones, y se puso a consideración el informe, el cual fue aprobado por unanimidad en votación nominal.
5. Presentación del programa anual de trabajo de 2026 y del informe semestral de actividades de la Unidad de Evaluación y Control, por el titular de ésta, maestro Ricardo Palma Rojas
El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hizo la entrega del Programa Anual de Trabajo para el año 2026, de manera posterior hizo mención acerca del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2026, denotando que tiene una disminución nominal del 31.53 en comparación con el presupuesto autorizado para 2025.
El presidente hizo énfasis en que se busca potenciar para 2026 los instrumentos de Contraloría Social. y observó las gestiones que se están haciendo para impulsar la minuta que tiene como finalidad hacer a la Unidad de Evaluación y Control como autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos de la Auditoría Superior de la Federación.
El presidente invitó a los integrantes de la comisión a hacer uso de la voz en el apartado de asuntos generales.
En primer lugar, la diputada Claudia Salas solicitó la palabra a fin de felicitar al maestro Palma y su equipo por su trabajo. Se le unieron los diputados Nora Escamilla, Ana Elizabeth Ayala Leyva y Gerardo Olivares.
6. Asuntos generales
El presidente agradeció la asistencia de las diputadas y diputados y del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
7. Clausura y cita para la próxima reunión
A las 12:02 horas del viernes 24 de octubre de 2025, se clausuró la reunión y se informó que la próxima será convocada conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Votación del acta
A favor: Briceyda García Antonio, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Carmelo Cruz Mendoza, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Emilio Suárez Licona, Eruviel Ávila Villegas, Gerardo Olivares Mejía, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Javier Vázquez Calixto, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Karen Yaiti Calcaneo Constantino, María Soledad Luévano Cantú, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, Nora Yessica Merino Escamilla, Ricardo Madrid Pérez, Rosa Irene Urbina Castañeda.
Ausentes: Amparo Lilia Olivares Castañeda, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Aremy Velazco Bautista, Arturo Roberto Hernández Tapia, Carol Antonio Altamirano, Daniel Andrade Zurutuza, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Gabriel García Hernández, Gissel Santander Soto, Iván Millán Contreras, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Javier Octavio Herrera Borunda, Joaquín Zebadúa Alva, Jorge Luis Villatoro Osorio, José Alfonso Rubalcava Jiménez, Juan Ángel Flores Bustamante, Julen Rementería del Puerto, María Isabel Rodríguez Heredia, Martha Olivia García Vidaña, Nadia Yadira Sepúlveda García, Paola Tenorio Adame, Ricardo Gallardo Juárez, Sebastián Ebrard Lestrade, Víctor Hugo Lobo Román.
De la Comisión de Vivienda
A la decimocuarta reunión de junta directiva, que tendrá verificativo en modalidad presencial el martes 25 de noviembre, a las 9:00 horas, en los salones C y D situados en el edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la undécima reunión ordinaria de la comisión.
4. Acuerdo de la junta directiva de la comisión, por el que se autoriza prórroga para dictaminar iniciativas turnadas a este órgano legislativo y se informa de ello a la Mesa Directiva.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Maribel Martínez Ruíz
Presidenta
De la Comisión de Vivienda
A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad presencial el martes 25 de noviembre, a las 9:30 horas, en los salones C y D, situados en el edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la décima reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones públicas de vivienda y financieras de nuestro país, a realizar o en su caso continuar realizando las acciones tendentes a mejorar las condiciones de acceso de las personas derechohabientes jóvenes y mujeres a tasas preferenciales para la adquisición de vivienda.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Maribel Martínez Ruíz
Presidenta
De la Comisión de Energía
A la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 10:30 horas, en modalidad presencial, en el mezanine sur.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acuerdo de la junta directiva por el que se informa a la Mesa Directiva sobre las prórrogas de asuntos turnados a este órgano legislativo.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a las reuniones cuarta, quinta y sexta ordinarias.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano
Presidenta
Del Comité de Ética
A la reunión de Instalación, que se realizará el martes 25 de noviembre, a las 12:00 horas, en los salones C y D del edificio G, en modalidad presencial.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del orden del día.
3. Intervención y declaración formal de instalación a cargo del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, presidente del Comité de Ética.
4. Intervención del diputado José Luis Sánchez González, vicepresidente del Comité de Ética.
5. Presentación de las legisladoras y legisladores integrantes del Comité de Ética.
6. Intervención de las legisladoras y legisladores integrantes del Comité de Ética por grupo parlamentario.
7. Intervenciones de invitados especiales.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
Atentamente
Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe
Presidente
De la Comisión de Asuntos Frontera Sur
A la duodécima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 16:00 horas, en modalidad presencial, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la undécima reunión de junta directiva.
4. Asuntos generales.
5. Clausura y cita para la siguiente reunión.
Atentamente
Diputada Tey Mollinedo Cano
Presidenta
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
A la octava reunión ordinaria de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, que tendrá verificativo el martes 25 de noviembre, a las 16:00 horas, en modalidad presencial, en la sala de juntas de la convocante, sita en la planta baja del edificio D.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de las mesas de análisis de los programas presupuestarios que conforman el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres”; realizado por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Merilyn Gómez Pozos
Presidenta
De la Comisión de Asuntos Frontera Sur
A la duodécima reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 16:30 horas, en modalidad presencial, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta referente a la undécima reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión relativa a la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Auditoría, correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2024.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Tey Mollinedo Cano
Presidenta
De la Comisión de Diversidad
A la duodécima reunión de junta directiva, que tendrá verificativo en modalidad presencial el martes 25 de noviembre, a las 16:45 horas (lugar por confirmar).
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión, y aprobación en su caso del orden del día.
3. Lectura, discusión y votación del acuerdo para la instalación del grupo de trabajo con los gobiernos estatales y municipales:
4. Lectura, discusión y, votación del acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política la rectificación de nombre de la Comisión de Diversidad por el de Comisión de Diversidad Sexual.
5. Aprobación del orden del día para la undécima reunión ordinaria.
6. Asuntos generales.
7. Clausura y cita para la siguiente reunión.
Atentamente
Diputado Jaime Genaro López Vela
Presidente
De la Comisión de Deporte
A la décima reunión de junta directiva, que se realizará el martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja, de forma presencial.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de seguimiento de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de esta honorable Cámara para dictamen.
4. Asunto y dictamen por tratar en la novena reunión ordinaria de la Comisión de Deporte:
• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Deporte, celebrada el 21 de octubre de 2025.
• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención y atención de la violencia en el deporte, suscrita por la diputada Paola Michell Longoria López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Paola Michell Longoria López
Presidenta
De la Comisión de Salud
A la segunda reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en modalidad presencial, en el salón de protocolo del edificio C.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la atención de la salud de la población, presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Clausura.
Atentamente
Diputado Pedro Mario Zenteno Santaella
Presidente
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social
A la duodécima reunión de junta directiva, que tendra verificativo en modalidad semipresencial el martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en la sala de juntas del cuarto piso del edificio F.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la undécima reunión de junta directiva de la comisión.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la octava reunión plenaria de la comisión.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva por el que se informa a la Mesa Directiva sobre las prórrogas de los asuntos turnados a esta comisión.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Maiella Gómez Maldonado
Presidenta
De la Comisión de Zonas Metropolitanas
A la octava reunión de junta directiva, que se celebrará en modalidad semipresencial el martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
l. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria.
4. Socialización de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX-C y el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo y gobernanza metropolitana.
5. Socialización de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación de Zonas Metropolitanas.
6. Intervención del diputado Juan Hugo de la Rosa García, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas.
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día referente a la sexta reunión ordinaria, por celebrarse el martes 25 de noviembre de 2025.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
Atentamente
Diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez
Presidenta
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social
A la octava reunión ordinaria, que se llevara a cabo en modalidad semipresencial el martes 25 de noviembre, a las 17:30 horas, en la sala de juntas del cuarto piso del edificio F.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria de la comisión.
4. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional y se adiciona un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional en materia de renuncia de derechos.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de acoso laboral.
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de desconexión digital.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
Atentamente
Diputada Maiella Gómez Maldonado
Presidenta
De la Comisión de Zonas Metropolitanas
A la sexta reunión ordinaria, que en modo semipresencial tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 17:30 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
l. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria.
4. Socialización de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX-C y el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo y gobernanza metropolitana.
5. Socialización de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación de Zonas Metropolitanas.
6. Intervención del diputado Juan Hugo de la Rosa García, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez
Presidenta
De la Comisión de Diversidad
A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad presencial el martes 25 de noviembre, a las 17:45 horas, (lugar por confirmar),
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura. discusión y votación aprobación del orden del día.
3. Lectura. discusión y votación del Acta de La reunión anterior.
4. Presentación del programa de trabajo para la conmemoración del Día Mundial del Sida.
5. Reporte del foro Democracia inclusiva para la diversidad sexual, realizado en colaboración con la Comisión de Reforma Político-Electoral.
6. Asuntos generales.
7. Clausura y cita para la siguiente reunión.
Atentamente
Diputado Jaime Genaro López Vela
Presidente
De la Comisión de Deporte
A la novena reunión ordinaria, que se realizará el martes 25 de noviembre, a las 18:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja, de forma presencial.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de seguimiento de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de esta honorable Cámara para dictamen.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Deporte, celebrada el 21 de octubre de 2025.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, en sentido positivo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de prevención y atención de la violencia en el deporte, suscrita por la diputada Paola Michell Longoria López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Paola Michell Longoria López
Presidenta
De la Comisión de Pesca
A la decimotercera reunión de junta directiva, que se llevará a cabo –de manera presencial– el miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 horas, en salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración del quorum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (en materia de armonización con la reforma constitucional de bienestar para el apoyo a pescadores, propuesta por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LXI y se adiciona una nueva fracción LXII, recorriéndose la actual LXII para quedar como LXIII, todas del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, propuesta por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Azucena Arreola Trinidad
Presidenta
De la Comisión de Turismo
A la decimocuarta reunión de junta directiva, que se llevará a cabo de manera presencial el miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 horas, en el patio norte situado en el basamento, entre los edificios A y H.
Orden del Día
I. Asistencia y confirmación del quórum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Asuntos generales.
IV. Clausura.
Atentamente
Diputada Tania Palacios Kuri
Presidenta
De la Comisión de Turismo
A la decimotercera reunión ordinaria, que tendrá verificativo de manera presencial el miércoles 26 de noviembre, a las 9:15 horas, en el patio norte, situado en el basamento entre edificio A y H.
Orden del Día
I. Asistencia y confirmación del quórum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la duodécima reunión ordinaria de la comisión, efectuada el miércoles 22 de octubre de 2025.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– que emite la comisión a diversas iniciativas en materia de trata de personas, propuestas por diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios de Morena, de Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, a diferentes disposiciones de la Ley General de Turismo, de las diputadas y los diputados: Mildred Concepción Ávila Vera, Anaís Miriam Burgos Hernández, Merilyn Gómez Pozos, Saray Vázquez Adosa y Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) y diputada Tania Palacios Kuri (PAN).
V. Asuntos Generales.
VI. Clausura.
Atentamente
Diputada Tania Palacios Kuri
Presidenta
De la Comisión de Bienestar
A la décima reunión ordinaria, el miércoles 26 de noviembre, a las 9:30 horas, en el mezzanine norte del edificio A primer piso, en modalidad presencial.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la novena reunión ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Bienestar al punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas, a suscribirse y adherirse al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Bienestar a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Bienestar a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social.
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Bienestar a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Desarrollo Social.
8. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Bienestar a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I; 5, fracción I; 19, fracción III; 61 y 64 de la Ley General de Desarrollo Social.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.
Atentamente
Diputada Ana Karina Rojo Pimentel
Presidenta
De la Comisión de Pesca
A la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo –de manera presencial– el miércoles 26 de noviembre, a las 9:30 horas, en salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (en materia de armonización con la reforma constitucional de bienestar para el apoyo a pescadores, propuesta por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LXI y se adiciona una nueva fracción LXII, recorriéndose la actual LXII para quedar como LXIII, todas del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, propuesta por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Azucena Arreola Trinidad
Presidenta
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
A la novena reunión ordinaria, que en modo semipresencial tendrá verificativo el miércoles 26 de noviembre, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.·
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Conocimiento del acuerdo de la junta directiva por el que autoriza la ampliación de plazo para dictaminar asuntos turnados.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo con modificaciones– relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y modifican diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización de la reforma constitucional para el apoyo a personas con discapacidad.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
6. Conocimiento de los asuntos turnados a la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores
Presidenta
De la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres
A la décima reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad presencial el miércoles 26 de noviembre, a las 10:00 horas, en el salón A del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades y al gobierno de Hidalgo, a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, a implementar un plan integral de atención de emergencias, reconstrucción y mitigación de riesgos ante los daños causados por las recientes inundaciones.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades y al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativa.
7. Lectura, discusión y, en su coso. aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, implementan las acciones y medidas necesarias para garantizar la activación y funcionamiento eficaz del sistema de alertamiento masivo por radiodifusión celular en situaciones de emergencia causados por fenómenos hidrometereológicos extremos, con el propósito de alertar oportunamente a la población y reducir los daños y afectaciones derivados de dichos eventos.
8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las titulares del Ejecutivo del gobierno de la Ciudad de México y del estado de México, a implementar un plan integral de atención y mitigación de inundaciones, así como un programa permanente de bacheo y mantenimiento vial durante el actual temporal de lluvias.
9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a considerar el modificar el sonido actual de la alerta sísmica, lo anterior en favor de la salud mental de las personas habitantes de dicha entidad.
10. Lectura. discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a diversas dependencias del gobierno federal y estatal, a atender de manera inmediata a las comunidades afectadas por las inundaciones en el norte de Veracruz de Ignacio de la Llave.
11. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades y al gobierno del estado de Puebla, a brindar apoyo urgente y coordinado a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en dicha entidad federativo.
12. Lectura. discusión y, en su caso, aprobación del dictamen –en sentido positivo– a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Turismo así como al gobierno de Chiapas, a implementar un plan integral de atención, recuperación y prevención ante las graves afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias y las secuelas del huracán Priscilla, particularmente en el municipio de San Cristóbal de las Casas.
13. Asuntos generales.
14. Clausura.
Atentamente
Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes
Presidente
De la Comisión de Marina
A la duodécima reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, a las 10:00 horas, en modalidad presencial, en el mezzanine sur del edificio A, en modalidad presencial.
Orden del Día
I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la undécima reunión ordinaria.
IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria.
V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, en materia de reorganización del Mando Naval, devuelta para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
VI. Asuntos generales.
VII. Clausura y cita para la próxima reunión.
Atentamente
Diputado Humberto Coss y León Zúñiga
Presidente
De la Comisión de Gobernación y Población
A la undécima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 16:30 horas, en modalidad presencial, en la sala reuniones del órgano legislativo convocante, ubicada en el tercer piso del edificio D.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día referente a la novena reunión ordinaria de la Comisión.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de los asuntos cuya decisión se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Atentamente
Diputada Graciela Ortiz González
Presidenta
De la Comisión de Gobernación y Población
A la novena reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 26 de noviembre, a las 17:00 horas, en modalidad presencial, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la reunión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos
4.1. Dictamen concerniente a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 1 de diciembre de cada año como Día Nacional de las y los Alfareros.
4.2. Dictamen, en sentido positivo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (en materia de lenguaje inclusivo).
4.3. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 1 de octubre de cada año como el Día Nacional del Café Mexicano.
4.4. Dictamen, en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
4.5. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
4.6. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 15 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República.
4.7. Dictamen, en sentido positivo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y a la Lotería Nacional a emitir una estampilla postal, así como un billete lotería, ambos alusivos a la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar.
5. Asuntos generales.
5.1. Actualización del estado de los asuntos turnados a la Comisión.
6. Clausura.
Atentamente
Diputada Graciela Ortiz González
Presidenta
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
A la decimocuarta reunión de junta directiva, que tendrá verificativo el martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en modalidad presencial, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el tercer piso del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la decimotercera reunión ordinaria de la comisión.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo de la junta directiva de la comisión, por el que se determinan los asuntos que se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Ricardo Mejía Berdeja
Presidente
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 17:30 horas, en modalidad presencial, en el salón E del edificio G, en modalidad presencial.
Orden del Día
l. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima reunión ordinaria de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 17 de septiembre de 2025.
4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la tercera reunión extraordinaria de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 20 de octubre de 2025.
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de proyectos de dictamen a las siguientes iniciativas:
a) Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3o., 162y164 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
b) Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 119 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; diputado Adolfo Alatriste Cantú, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Diputada Gabriela Benavides Cobos
Presidenta
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
A la decimotercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo de manera presencial el miércoles 26 de noviembre, a las 17:30 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio C.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del proyecto acta correspondiente a la duodécima reunión ordinaria de la comisión.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversos dictámenes de la comisión:
4.1. Proyecto de dictamen –en sentido positivo, con modificaciones– a la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de accesibilidad, suscrita por la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena.
4.2. Proyecto de dictamen –en sentido negativo– a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de veracidad, suscrita por el diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Ricardo Mejía Berdeja
Presidente