Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a atender los niveles críticos de contaminación del aire en Ciudad Juárez y supervisar el cumplimiento ambiental de Grupo Cementos de Chihuahua, a cargo de la diputada Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Paloma Domínguez Ugarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las últimas semanas, Ciudad Juárez ha enfrentado niveles de contaminación del aire sin precedentes, alcanzando valores que han superado incluso a los registrados en la Ciudad de México. Las estaciones de monitoreo municipal han reportado concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 por encima de 300 y hasta 400 puntos, clasificados como “extremadamente malos” por el Sistema Nacional de Calidad del Aire. Estos niveles representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente para niñas, niños, personas mayores y pacientes con padecimientos respiratorios.

Las zonas más afectadas –el sur, suroriente, Anapra, Barranco Azul y el entorno del Cereso– han mostrado un deterioro acelerado de la calidad del aire. En esas áreas convergen condiciones particularmente adversas: falta de pavimentación, movilidad intensa de maquinaria pesada y vehículos de carga, levantamiento constante de polvo y, sobre todo, la cercanía con actividades industriales altamente contaminantes.

Si bien el municipio señala que 85 por ciento de los contaminantes provienen de vehículos, existe evidencia técnica y comunitaria que apunta a otro actor clave: Grupo Cementos de Chihuahua (GCC). Datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica) y reportes de la estación “Clínica Nutricional”, ubicada a pocos kilómetros de la cementera, muestran que los niveles de partículas finas –asociadas a procesos de trituración, manejo de materiales y emisiones industriales– superan reiteradamente los límites establecidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEPA) y la NOM-025-SSA1-2014 que establece los valores límite permitidos para las concentraciones de partículas suspendidas en el aire.

Las partículas PM10 y PM2.5 provenientes de estas operaciones son especialmente dañinas: penetran los pulmones, alcanzan el torrente sanguíneo y están directamente relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Colectivos locales, como Sierra de Juárez, han denunciado de manera sistemática la omisión de GCC para controlar sus emisiones, así como la falta de respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades ambientales.

Ciudad Juárez no puede normalizar niveles de contaminación “morados” o “extremadamente malos”. La salud de más de un millón y medio de habitantes no puede quedar supeditada a intereses privados ni a la falta de capacidad de las instituciones. La ausencia de acciones firmes de inspección, verificación y sanción únicamente perpetúa un problema que hoy ya es crítico.

Asimismo, es importante señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya ha intervenido en la planta de Grupo Cementos de Chihuahua en distintas ocasiones. Como resultado de auditorías ambientales previas, la autoridad determinó la existencia de irregularidades relevantes en el manejo de materiales y en los métodos de medición de emisiones. Dichas revisiones derivaron en clausuras parciales de áreas de trabajo, incluyendo equipos de producción, hornos y amplias secciones de los patios donde se realiza la trituración y molienda de piedra, debido a la presencia de emisiones fugitivas y a la ausencia de medidas preventivas para evitar la dispersión de partículas al ambiente.

Las auditorías también identificaron que la empresa utilizaba métodos de medición no autorizados en México para cuantificar sus emisiones de partículas, situación que obligó a la autoridad a ordenar la regularización inmediata de esos procedimientos. Dentro de los hallazgos se estableció la necesidad de incorporar tecnologías adecuadas de control ambiental, como sistemas de aspersión o “cañones de humedad”, que reduzcan la volatilidad de polvos y favorezcan el confinamiento de materiales susceptibles a quedar en suspensión.

Por ello, es indispensable que las autoridades responsables –municipales, estatales y federales– actúen de manera inmediata, coordinada y con total transparencia. La ciudadanía merece vivir en un entorno sano, tal como lo mandata la Constitución, y las empresas tienen la obligación legal de operar sin poner en riesgo la vida de la población.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleve a cabo inspecciones extraordinarias e inmediatas en la planta de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) ubicada en Ciudad Juárez, con el fin de verificar el cumplimiento estricto de la legislación ambiental aplicable, particularmente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus normas oficiales mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que:

• Verifique si la empresa GCC ha subsanado las irregularidades detectadas en auditorías previas.

• Evalúe si las clausuras parciales de equipos, hornos y patios continúan justificadas o requieren ampliarse.

• Haga públicos los resultados de dicha verificación, incluyendo avances, pendientes y cualquier procedimiento administrativo derivado de la inspección.

• Mantenga vigilancia permanente en tanto persistan los niveles de contaminación extrema reportados por el Sinaica en las zonas de Anapra, Barranco Azul y suroriente de la ciudad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que emita un dictamen sanitario actualizado sobre los riesgos para la salud asociados con los niveles de PM10 y PM2.5 registrados en Ciudad Juárez, e implemente medidas específicas de prevención para población vulnerable.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a que:

• Actualice el Inventario Estatal de Emisiones en la zona de Ciudad Juárez.

• Fortalezca la red estatal de monitoreo atmosférico, especialmente en las áreas colindantes con la cementera.

• Implemente un plan emergente de control de polvo en zonas no pavimentadas donde coinciden altos niveles de partículas suspendidas.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al municipio de Juárez para que:

• Refuerce los operativos de verificación vehicular, poniendo especial atención en transporte pesado y maquinaria que opera en las zonas de mayor contaminación.

• Desarrolle un programa intensivo de contención de polvos en Anapra, Barranco Azul y suroriente.

• Fortalezca las inspecciones a talleres, patios y actividades que generen emisiones fugitivas o manejo inadecuado de materiales.

Fuentes

- Facebook. (2025, noviembre 9). Sierra de Juárez [Publicación de Facebook]. Facebook. https://www.facebook.com/share/p/1BwVg5YKdD/

- OEM El Heraldo de Juárez. (2025, noviembre 6). Niveles de contaminación en Juárez rebasan a los de la Ciudad de México. OEM El Heraldo de Juárez. https://oem.com.mx/elheraldodejuarez/local/niveles-de-contaminacion-en- juarez-rebasan-a-los-de-la-ciudad-de-mexico-26661427

- OEM El Heraldo de Juárez. (2025, noviembre 5). Ecología reporta niveles extremos de contaminación en zona del CERESO. OEM El Heraldo de Juárez. https://oem.com.mx/elheraldodejuarez/local/ecologia-reporta-niveles-ext remos-de-contaminacion-en-zona-del-cereso-26641675

- NetNoticias.mx. (2025, noviembre 5). Reporta Ecología altos niveles de contaminación en el aire. NetNoticias. https://netnoticias.mx/juarez/reporta-ecologia-altos-niveles-de-contami nacion-en-el-aire

- OEM El Heraldo de Chihuahua. (2024, marzo 13). Clausuró PROFEPA áreas de trabajo en GCC por irregularidades. OEM El Heraldo de Chihuahua. https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/local/clausuro-profepa-areas-de -trabajo-en-gcc-por-irregularidades-maria-antonieta-perez-13044003

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la Ssa, del IMSS y del IMSS-Bienestar a fortalecer los mecanismos de supervisión, control y transparencia en el manejo, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos, así como a investigar y corregir las irregularidades detectadas en los procesos de abasto y distribución de medicamento, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, así como los demás artículos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud –reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– es un derecho humano que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso efectivo a servicios de salud integrales, oportunos y de calidad para toda la población. De acuerdo con el principio constitucional, la protección de la salud incluye la obligación de promover servicios gratuitos suficientes para todas las personas.1 Sin embargo, a pesar de esta obligación, México atraviesa una de las crisis más severas en materia de abasto de medicamentos e insumos médicos de los últimos años, afectando directamente la atención médica en hospitales públicos y vulnerando el derecho fundamental de millones de personas a recibir tratamientos adecuados.

A decir verdad, en los últimos siete años, el sistema público de salud ha enfrentado una profunda desarticulación en la compra y suministro de medicamentos, pues a pesar de que las autoridades federales han insistido en que el abasto alcanza niveles cercanos al cien por ciento, la evidencia disponible demuestra lo contrario. De hecho, de acuerdo con datos no oficiales, se estima que entre 2019 y 2023 se acumularon más de 82 millones de recetas no surtidas2 en las instituciones del sistema de salud, cifra que refleja una crisis estructural en la planeación, adquisición y distribución de insumos médicos.

Esta carencia ha tenido consecuencias directas en la economía familiar y en la vida de los pacientes, pues ante la falta de medicamentos gratuitos, las personas han tenido que acudir a servicios médicos privados, afectando el bolsillo de las personas. De hecho, de 2018 a 2022 los servicios de salud médica privada crecieron 14 por ciento, lo que significa que a falta de salud pública las personas se ven obligadas a gastar en el servicio. Cabe destacar que en esos mismos años el gasto se incrementó 39 por ciento.3 Esta situación impacta con especial gravedad a quienes padecen enfermedades de alto costo como cáncer, insuficiencia renal, diabetes o enfermedades cardiovasculares, incrementando las brechas de desigualdad y vulnerabilidad social.

En este sentido, al tratarse de un derecho humano, el desabasto de medicamentos no puede atribuirse únicamente a un problema de compras o licitaciones; responde a una falta de coordinación interinstitucional y de control operativo dentro del propio sistema de salud.

Diversos informes han documentado retrasos en los procesos de adquisición, deficiente planeación de inventarios, opacidad en los registros de insumos, así como falta de comunicación entre la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el organismo IMSS-Bienestar.

Estas deficiencias operativas se traducen en retrasos en la entrega a los hospitales, compras duplicadas o innecesarias y pérdidas millonarias de recursos públicos. De manera preocupante, también se han reportado casos en los que los hospitales deben recurrir al intercambio o préstamo de medicamentos entre unidades, con el fin de no suspender tratamientos esenciales.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil como Nariz Roja, AC, con más de quince años de labor acompañando a pacientes con cáncer, han denunciado que el abasto de medicamentos oncológicos en entidades como Jalisco apenas alcanza 24 por ciento,4 a pesar de los compromisos y declaraciones oficiales que aseguran un abasto de 95 por ciento. La situación es grave porque las enfermedades no se detienen, y toda omisión por parte del Estado puede cobrar la vida de la ciudadanía.

Pero el problema no se agota con la falta de abasto, sino que resulta todavía más alarmante que, mientras en los hospitales persiste el desabasto, en los almacenes centrales del IMSS-Bienestar se han encontrado toneladas de medicamentos e insumos médicos abandonados, caducos o próximos a caducar. De hecho, en el almacén central de medicamentos de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, se detectaron fármacos esenciales para el tratamiento de cáncer, epilepsia, diabetes e insuficiencia renal almacenados en condiciones inadecuadas, expuestos a la intemperie y con fechas de caducidad que van de abril y diciembre de 2024 a febrero y septiembre de 2025.5

Por su parte, en el hospital pediátrico La Villa del IMSS-Bienestar, en la alcaldía Gustavo A. Madero, existen decenas de cajas con medicamentos caducos y material quirúrgico obsoleto, así como leche en mal estado y soluciones médicas vencidas, incluso algunos trabajadores, de manera anónima, han señalado que se han tenido que utilizar insumos próximos a caducar ante la falta de alternativas, lo que pone en riesgo la vida y la seguridad de los pacientes.6 Pero la situación no se agota con esto. Se observa una falta de planeación y de conocimiento de los requerimientos necesarios en el hospital, pues mientras hay insuficiencia en unos medicamentos, se hacen solicitudes de otros que exceden las necesidades del hospital. Así, hay medicamentos que no se consumen (y que posteriormente caducan) a la par que también existe material próximo a vencer o siniestrado.

A pesar de ello, la Subdirección de Enlace Administrativo del IMSS-Bienestar no tomó medidas correctivas, por lo que se advierte una falta de planeación, evaluación y seguimiento en la instrumentación de la política pública orientada a lograr el abasto de medicamentos;7 actualmente no hay rendición de cuentas, ni revisión en la efectiva distribución y abasto de insumos, generando un caos que se traduce en políticas públicas ineficientes, insuficientes y que violan el derecho de las personas.

A todo ello, se observa además la incapacidad de las autoridades para atender y manejar los insumos médicos y las sustancias de forma correcta, pues se debe advertir el caso de Sinaloa, en donde el 29 de octubre de 2025 el Gobierno del estado incineró más de una tonelada de medicamentos vencidos al aire libre, contraviniendo lo establecido por la Ley General de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que exigen que estos residuos sean destruidos únicamente por empresas certificadas. Esta situación es grave porque algunas sustancias médicas requieren de un tratamiento especial.

Es así como hoy se vive una crisis grave, pues como lo señalan Pedro Jesús Saturno-Hernández y Ramón Quiroz-Razo, actualmente el sistema nacional carece de mecanismos eficaces para la disposición final de medicamentos caducos, y que los lineamientos existentes no se respetan, generando riesgos ambientales y pérdidas millonarias.8

El manejo ineficiente de medicamentos y la falta de coordinación institucional constituyen una violación directa al derecho a la salud y una falla grave en la gestión pública. No puede permitirse que mientras pacientes mueren por falta de medicinas, existan almacenes repletos de insumos que caducan o se desperdician sin control.

Ante esta situación, resulta urgente que las autoridades federales responsables asuman su obligación de garantizar la planeación, distribución y vigilancia de los medicamentos adquiridos con recursos públicos, estableciendo responsabilidades administrativas y penales en los casos de negligencia o corrupción detectados.

Por lo anterior, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de las instancias competentes se implemente una política pública integral y coordinada de abasto de medicamento eficaz, oportuna y suficiente, garantizando el derecho de protección a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que en el marco de sus atribuciones inicie una investigación inmediata, integral y transparente en contra del Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis) a fin detectar irregularidades en la planeación, manejo, control y abasto de medicamentos e insumos médicos y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, a que, en coordinación con las instancias competentes, fortalezca los mecanismos de control y supervisión sobre el manejo y resguardo de medicamentos e insumos médicos en los almacenes del IMSS-Bienestar, asegurando la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, a que, en el ámbito de su competencia, instruya una revisión del estado actual en que se encuentran los insumos médicos resguardados en los almacenes centrales de dicho organismo, garantizar la continuidad y calidad en el abasto de medicamentos e insumos médicos oportunamente.

Notas

1 Artículo 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/siete-anos-incumplimiento-y-fal ta-medicamentos-pacientes-gastan-miles-pesos-por-tratamientos

3 Ídem.

4 https://www.milenio.com/comunidad/jalisco-deficit-76-abastecimiento-med icina-vs-cancer

5 Mientras hay desabasto, medicinas para el cáncer y más caducan en bodegas del IMSS-Bienestar: https://www.youtube.com/watch?v=BLuWnNs1u_k

6 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/medicinas-caducadas-desabasto-m edicamentos-en-el-hospital-pediatrico-la-villa-del-imss-bienestar

7 Ídem.

8 Pedro Jesús Saturno-Hernández y Ramón Quiroz-Razo, “Gestión y disposición final de medicamentos caducos: un problema económico y de salud pública”. En Revista Salud Pública de México publicada en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/15806/12648Palacio Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a implementar programas de sensibilización sobre el uso de la inteligencia artificial en las escuelas y los riesgos penales de ocupar para fines sexuales, a cargo de la diputada Fuensanta Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inteligencia artificial ha llegado para transformar nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Sin embargo, como toda herramienta poderosa, su uso inadecuado puede convertirse en un arma que cause daños irreparables, especialmente cuando se utiliza contra los más vulnerables: nuestras niñas, niños y adolescentes.

El pasado mes de noviembre, en la escuela secundaria técnica número 1 de Zacatecas, se registró un caso que debe encender todas las alarmas del sistema educativo nacional. Un estudiante de tercer año utilizó aplicaciones de inteligencia artificial para crear un catálogo pornográfico con las imágenes de aproximadamente cuatrocientos de sus compañeros.

Las herramientas digitales le permitieron eliminar la ropa de fotografías reales, modificar anatomías y crear escenas sexuales explícitas que parecían auténticas. El resultado fue devastador: cientos de menores de edad convertidos en víctimas de pornografía infantil sin siquiera saberlo, con sus nombres completos, grados y grupos expuestos en redes sociales y plataformas públicas.

Lo más preocupante de este caso no es solamente la facilidad con la que un adolescente pudo acceder a estas tecnologías y utilizarlas con fines delictivos, sino también la respuesta institucional. Cuando las primeras víctimas alertaron a maestras y prefectos, fueron ignoradas. Cuando los padres de familia exigieron justicia, las autoridades escolares optaron por encubrir al agresor, eliminando evidencias y hasta culpabilizando a las propias víctimas.

Esta reacción revela una profunda ignorancia sobre la gravedad del problema y la ausencia total de protocolos para enfrentar este tipo de violencia digital.

La legislación mexicana ya contempla sanciones para delitos contra la intimidad sexual, pero la realidad es que muchos estudiantes, docentes, directivos y familias desconocen que la creación, distribución o posesión de material pornográfico que involucre a menores de edad constituye un delito grave, incluso cuando esas imágenes son generadas artificialmente.

El Código Penal Federal establece penas de hasta dieciséis años de prisión para quien produzca, reproduzca, almacene, distribuya o comercialice pornografía infantil, sin distinguir si las imágenes son reales o creadas mediante herramientas digitales. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero la falta de información deja a nuestra juventud en una situación de extrema vulnerabilidad.

Las aplicaciones de inteligencia artificial que permiten manipular imágenes están al alcance de cualquier persona con un teléfono celular y conexión a internet. Estas herramientas, diseñadas originalmente para usos creativos o profesionales, pueden convertirse en instrumentos de violencia sexual cuando caen en manos equivocadas o cuando se utilizan sin conciencia de sus consecuencias.

Un adolescente que cree estar haciendo una broma o buscando popularidad entre sus pares puede terminar cometiendo delitos graves que marcarán su expediente penal de por vida, al mismo tiempo que destruye la dignidad, seguridad y salud mental de sus víctimas.

El caso de Zacatecas nos enseña que no podemos seguir esperando a que la tragedia toque las puertas de nuestras escuelas para actuar. La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de regular y educar sobre su uso responsable.

Mientras los desarrolladores de inteligencia artificial perfeccionan algoritmos cada vez más sofisticados, nuestros estudiantes navegan en un territorio sin mapas, sin brújulas y sin la información necesaria para tomar decisiones seguras.

Las escuelas no pueden seguir siendo espacios ajenos a la realidad tecnológica que viven nuestros jóvenes. Necesitamos campañas permanentes de sensibilización que expliquen, en términos claros y accesibles, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus usos legítimos y, sobre todo, cuáles son las consecuencias legales, sociales y personales de utilizarla para vulnerar la intimidad y dignidad de otras personas.

Estas campañas deben dirigirse no solamente a los estudiantes, sino también a docentes, directivos y familias. Un maestro informado puede detectar señales de alerta temprana y actuar antes de que el daño se propague. Un directivo capacitado sabrá que su obligación es proteger a las víctimas, no encubrir a los agresores. Una familia consciente podrá educar a sus hijos en el uso ético de la tecnología y establecer límites claros sobre lo que es aceptable y lo que constituye un delito.

La responsabilidad del Estado mexicano en este tema es innegable. No podemos permitir que la innovación tecnológica se convierta en una amenaza para la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Debemos actuar con determinación para garantizar que cada estudiante, en cada escuela del país, conozca los riesgos asociados al mal uso de la inteligencia artificial y comprenda que crear, compartir o almacenar imágenes pornográficas de menores de edad, aunque sean falsas, es un delito que se castiga con prisión.

El daño causado a las cuatrocientas víctimas de Zacatecas es irreversible. Sus imágenes alteradas pueden estar circulando en internet sin posibilidad de recuperarlas completamente.

El trauma psicológico que enfrentarán requerirá años de acompañamiento profesional. La confianza en sus instituciones educativas ha sido destruida. Pero su caso no puede ser en vano. Su dolor debe convertirse en el motor de un cambio profundo en la forma en que abordamos la educación digital en México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que cree e implemente programas de sensibilización sobre el uso de la inteligencia artificial en las escuelas y los riesgos penales de utilizarla con fines sexuales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.

Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Sader y al gobierno del estado de Campeche a atender de manera urgente e integral la situación que enfrentan los productores cañeros de los municipios de Champotón y Seybaplaya, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los productores de caña de los municipios de Champotón y Seybaplaya han denunciado públicamente la crítica situación económica que afrontan derivado del bajo precio de la tonelada de caña, el cual se ha colocado en niveles que dificultan o imposibilitan cubrir los costos mínimos de producción. Este escenario afecta directamente la capacidad de los productores para preparar las tierras, adquirir insumos esenciales, cubrir obligaciones laborales y garantizar el inicio oportuno de la zafra 2025–2026. La falta de recursos suficientes no es un asunto aislado, sino un problema estructural que incrementa la vulnerabilidad económica de cientos de familias rurales.

Que, debido a la ausencia de acuerdos con autoridades estatales en reuniones recientes, los productores han optado por manifestarse mediante bloqueos carreteros en la vía Campeche–Champotón, acción que evidencia la urgencia de establecer condiciones mínimas de diálogo y atención institucional. La persistencia de estas medidas refleja no solo la necesidad de respuestas claras, sino también el creciente impacto social y económico que el conflicto está generando en la región, afectando la movilidad, el comercio y la estabilidad comunitaria.

Que entre las principales solicitudes del sector cañero se encuentra el establecimiento de un subsidio por tonelada de producto cosechado, como mecanismo emergente para compensar la caída del precio de mercado; la condonación parcial de obligaciones obrero-patronales, cuya carga financiera resulta insostenible en las condiciones actuales; y la reestructuración o apoyo para la cartera vencida y los adeudos bancarios que impiden a los productores acceder a financiamiento operativo. Estas demandas no son extraordinarias ni desproporcionadas, sino medidas mínimas para preservar la continuidad de una actividad agrícola que históricamente ha contribuido al desarrollo económico de Campeche.

Que la falta de atención gubernamental oportuna podría derivar en la paralización de la zafra, en la reducción de empleo rural, y en un impacto económico aún mayor para transportistas, jornaleros, proveedores y otros actores vinculados a la cadena productiva de la caña. Ante esta situación, resulta indispensable que las instituciones competentes actúen de manera coordinada, transparente y eficaz, garantizando herramientas de apoyo que permitan evitar un deterioro mayor en la economía regional.

Que corresponde tanto al Gobierno del Estado de Campeche como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecer mesas de trabajo formales y permanentes que deriven en acuerdos concretos, medibles y verificables, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento. La atención institucional debe ser integral, considerando no solo apoyos financieros, sino estrategias de acompañamiento técnico, soluciones de deuda y medidas para fortalecer la competitividad del sector.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Campeche, establezcan un programa emergente de apoyo a los productores cañeros de los municipios de Champotón y Seybaplaya, que incluya un subsidio por tonelada de caña destinada a la zafra 2025–2026, con el fin de compensar la caída del precio de mercado.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal y al gobierno del estado de Campeche a instalar una mesa de diálogo permanente con representantes del sector cañero, cuyas sesiones cuenten con calendario definido, acuerdos públicos y mecanismos de seguimiento que garanticen la transparencia y permitan evaluar los avances y resultados en la atención del sector.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la gobernadora del estado de Campeche, a través de la ARTEC y demás instancias competentes, a atender de manera inmediata y efectiva las exigencias ciudadanas respecto a la restitución, revisión y adecuación de las rutas del sistema de transporte público ko’ox, garantizando un servicio accesible, eficiente, seguro y acorde con las necesidades reales de la población campechana, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El año pasado, el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Campeche, presentó el proyecto de un nuevo sistema de transporte Público “Ko’ox” para la Ciudad de San Francisco de Campeche, impulsado por la gobernadora del estado, con el cual se iniciaría una trasformación y modernización urbana de Campeche. En la conferencia de prensa se destacó que este nuevo sistema contaría con una infraestructura moderna, tecnología y con un enfoque integral para garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible para todos los usuarios.1

Se señaló que este sistema se basa en una red troncal principal que conecta las áreas claves de la ciudad con rutas secundarias y que permitiría reducir tiempos de traslado, aumentar la frecuencia de las unidades y optimizar la cobertura en la capital campechana, pues “la red troncal, que es la columna vertebral, está diseñada para cubrir las necesidades de movilidad de manera eficiente y sostenible”. Como parte de este proyecto se instalarán nuevos sistemas de semáforos inteligentes en las principales avenidas, sincronizados para garantizar el flujo continuo de las unidades y reducir el congestionamiento vehicular.

Sin embargo, a tan solo unos meses de operación de este nuevo sistema de trasporte público, la realidad es otra para las y los campechanos quienes, ante la implementación de unas estas nuevas rutas, se han enfrentado con una mala planeación de movilidad, denunciando que ahora para llegar a su mismo destino deben tomar de dos a 4 autobuses, cuando antes existía una ruta directa.

Adicionalmente se le debe sumar a este caos que, la mala planeación del nuevo esquema tarifario incrementará el costo del transporte para los usuarios. Con el Ko’ox, la tarifa es de $12 pesos para el primer autobús (ruta troncal) más $6 pesos por cada ruta alimentadora adicional, alcanzando hasta $18 pesos por viaje para quienes vienen de colonias periféricas, sin embargo, este monto representa más del doble de la tarifa previa, que era de $8 pesos por un recorrido directo. En la práctica, muchos pasajeros que antes pagaban $8 ahora tendrían que pagar $18 por el mismo trayecto o más, un aumento superior al 120% en su gasto de transporte. Este encarecimiento, derivado de la necesidad de transbordos múltiples, ha sido objeto de fuertes críticas por afectar la economía de la ciudadanía y complicar un sistema que antes era más sencillo y económico.2

Habitantes de diversas colonias ya se han manifestado en las instalaciones de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) para exigir la restitución de las rutas tradicionales de camiones, debido a las afectaciones generadas por la reciente reestructuración aplicada por la empresa de transporte Ko’ox. Las colonias más afectadas son Samulá, Kanisté, Siglo XXI, Miguel Hidalgo, Solidaridad Urbana, Ampliación, Concordia y Leovigildo Gómez. Los vecinos denuncian que ahora deben caminar grandes distancias para alcanzar los nuevos paraderos y realizar más transbordos, lo que implica mayor tiempo de traslado, mayor gasto y dificultades adicionales para llegar a centros de trabajo, escuelas, hospitales, el mercado y la zona centro de la ciudad.

Asimismo, es importante señalar que, derivado de la reestructuración de rutas, se han generado largas filas de usuarios en distintos paraderos que buscan abordar los autobuses, una situación que anteriormente no se presentaba con tal frecuencia ni magnitud. Esta problemática resulta especialmente preocupante porque, en temporadas de altas temperaturas o lluvias intensas, las y los campechanos se ven obligados a permanecer durante largos periodos bajo el sol, la humedad o las precipitaciones, exponiéndose a riesgos para su salud y seguridad mientras esperan poder acceder al transporte público. Esta circunstancia evidencia las deficiencias en la planeación operativa del nuevo sistema y la falta de infraestructura adecuada para proteger a los usuarios en condiciones climáticas adversas.

El comisario de Samulá, José Eduardo Álvarez Pérez, informó que ha solicitado una reunión con la ARTEC para plantear directamente la problemática, ya que los cambios han afectado a más de 17 mil habitantes. Señalando que los ciudadanos no fueron consultados y que en Samulá incluso se eliminaron rutas que atravesaban el poblado. Explicó que la gente no pide privilegios, sino únicamente que se restablezcan las rutas que han funcionado durante años y que garantizaban accesibilidad y continuidad en el servicio.

Durante las manifestaciones, los vecinos ingresaron a las oficinas para exigir atención y explicaciones. Afirman que las autoridades buscan culpar a la empresa operadora, pero que el Gobierno estatal también tomó decisiones sin considerar el impacto real en la ciudadanía. Los inconformes advierten que, de no ser atendidos, continuarán bloqueando calles, tomando camiones y ejerciendo presión hasta obtener una solución.

Por su parte, la secretaria de gobierno, Lía Hernández, afirmó que la administración estatal está revisando los cambios y trabaja en ajustes, pero pidió paciencia a los usuarios. Sin embargo, los ciudadanos insisten en que las modificaciones fueron improvisadas, mal diseñadas y no consideran las necesidades de quienes dependen completamente del transporte público para su vida diaria. Ante esta situación la gobernadora del Estado anunció públicamente ajustes en al menos tres rutas importantes para reducir la necesidad de transbordos, atendiendo al “clamor social” de los usuarios inconformes.3

Sin embargo, la desorganización en materia de movilidad que actualmente se vive en el Estado no constituye únicamente un problema de carácter administrativo; en realidad, refleja una irresponsabilidad institucional en el diseño y operación de las rutas de transporte, cuyo planteamiento resulta abiertamente contrario a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Este ordenamiento reconoce a la movilidad como un derecho humano y establece que debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para todas las personas. La forma en que se ejecutó la reestructuración de rutas en Campeche —con deficiencias evidentes en accesibilidad, menor eficiencia en los traslados y sin asegurar un servicio equitativo y de calidad para sectores vulnerables— vulnera el espíritu y los principios rectores de dicha Ley, que exigen que toda política de movilidad coloque al usuario en el centro de la toma de decisiones.

Asimismo, se advierte que el diseño de estas rutas contraviene lo previsto en el artículo 58 del propio ordenamiento, el cual establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán elaborar estudios de evaluación del impacto en la movilidad y la seguridad vial, con el propósito de analizar y valorar las posibles influencias o afectaciones generadas por obras y actividades públicas o privadas sobre los desplazamientos de las personas y bienes. Dichos estudios tienen como finalidad evitar o reducir efectos negativos en la calidad de vida, la accesibilidad, la competitividad, la seguridad vial y los demás aspectos previstos en la Ley. La ausencia de estos análisis previos en la reorganización del sistema Ko’ox demuestra que las decisiones tomadas carecieron del sustento técnico exigido por la normatividad federal, lo cual ha derivado en afectaciones directas a miles de usuarios que hoy enfrentan rutas ineficientes, transbordos innecesarios y un sistema de transporte que no responde a sus necesidades reales.

Asimismo, resulta necesario destacar que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece en sus artículos 78 y 79 la obligación de la Federación, las entidades federativas y los municipios de promover la creación de Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Seguridad Vial, con la participación activa de la sociedad, instituciones académicas, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, colegios de profesionistas, organizaciones del sector transporte y organismos empresariales, con el propósito de estudiar, investigar y formular propuestas para mejorar la movilidad, evaluar políticas públicas, capacitar a la comunidad y difundir información sobre accesibilidad, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Estos preceptos también señalan que, para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía, las leyes estatales deben considerar las instituciones de planeación y participación ciudadana previstas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de permitir la creación de organismos adicionales que resulten necesarios.

La falta de mecanismos de consulta, participación social y evaluación técnica en la reestructuración del sistema Ko’ox evidencia que en Campeche no se han implementado los instrumentos de participación ciudadana previstos en la ley, omitiendo la creación o activación de espacios formales como los Observatorios Ciudadanos, indispensables para asegurar que las decisiones en materia de movilidad respondan a diagnósticos sólidos y a las necesidades reales de la población.

Honorable asamblea:

La movilidad eficiente es un pilar fundamental para el desarrollo urbano y el bienestar social, pues permite que las personas accedan de manera oportuna, segura y sin cargas económicas excesivas a sus centros de trabajo, educación, salud y abastecimiento. Cuando un sistema de transporte público funciona con eficiencia, no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que también fortalece la actividad económica, reduce los tiempos de traslado, incrementa la productividad y contribuye a una ciudad más ordenada, equitativa y sostenible. Por ello, cualquier política pública que afecte la movilidad debe garantizar que los recorridos sean fluidos, que las rutas estén bien diseñadas, que los tiempos de espera sean razonables y que el costo del servicio sea proporcional al ingreso de la población.

La implementación del sistema Ko’ox ha evidenciado una serie de fallas estructurales en la planeación, operación y supervisión del transporte público en Campeche, que no solo han generado afectaciones cotidianas para miles de usuarios, sino que además contravienen de manera directa las obligaciones establecidas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La ausencia de estudios de impacto, la inexistencia de procesos reales de consulta ciudadana, el diseño de rutas ineficientes, los transbordos forzosos, el incremento injustificado en los costos de traslado, así como la omisión en la creación de mecanismos de participación —como los Observatorios Ciudadanos previstos en la propia ley—, revelan un modelo de movilidad improvisado, regresivo y ajeno a los estándares nacionales que buscan garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad y equidad.

Por todo lo anterior, resulta indispensable que las autoridades competentes asuman su responsabilidad institucional, revisen integralmente el diseño del sistema de transporte Ko’ox y corrijan de inmediato las deficiencias señaladas, privilegiando en todo momento los principios de accesibilidad, seguridad vial, participación ciudadana y equidad territorial. Solo mediante una intervención seria, técnica y alineada a la normativa vigente será posible asegurar que la movilidad en Campeche deje de ser un obstáculo para la población y se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo, inclusión y bienestar social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Campeche, para que, a través de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche y demás instancias competentes, atienda de manera inmediata y efectiva las exigencias ciudadanas respecto a la restitución, revisión y adecuación de las rutas del sistema de transporte público Ko’ox, garantizando un servicio accesible, eficiente, seguro y acorde con las necesidades reales de la población campechana, y en donde existan rutas de transporte urbano en la Ciudad de San Francisco de Campeche sin transbordos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche a que, en cumplimiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lleve a cabo los estudios de impacto en movilidad y seguridad vial previstos en su artículo 58, a fin de evaluar las afectaciones generadas por la reestructuración del sistema Ko’ox y, en su caso, implemente las medidas correctivas necesarias para asegurar la calidad, eficiencia y seguridad del servicio.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades estatales competentes de Campeche a instalar mesas de diálogo y participación ciudadana con vecinos de las colonias afectadas con el objetivo de construir soluciones viables, transparentes y socialmente consensuadas para mejorar las rutas y frecuencias del sistema de transporte Ko’ox.

Notas

1 Presentaron el nuevo sistema de transporte público “Ko´ox” con el que inicia la modernización de la movilidad en la capital campechana – Sala de Prensa

2 Costo del pasaje del “KO’OX” será de 12 a 18 pesos, y será por medio de tarjeta, no en efectivo - Tribuna Campeche

3 La Jornada Maya | Campeche | Jairo Magaña | Layda Sansores anuncia cambios en tres rutas del transporte Ko’ox tras reclamos por el sistema de transbordo

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello (rúbricas).