Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a realizar los trámites necesarios para la creación de la comisión especial para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el estado de Michoacán, denominada Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Armando Tejeda Cid integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión especial para el seguimiento, análisis, fortalecimiento y resultados de la seguridad en el Estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ” al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad en Michoacán durante la última década ha estado marcada por una persistente y cíclica ola de violencia , impulsada principalmente por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Aunque ha habido fluctuaciones en las estadísticas y esfuerzos gubernamentales, el problema de fondo se ha mantenido. Esta situación ha vulnerado a miles de familias, frenado el desarrollo económico regional y generado condiciones de riesgo para autoridades municipales, productores agrícolas, transportistas y población en general.

El Estado de Michoacán enfrenta desde hace varios años un incremento sostenido en los índices de violencia y criminalidad, lo cual afecta gravemente la seguridad pública, la integridad de las personas, la actividad económica y el ejercicio pleno de los derechos humanos, diversas regiones del estado han registrado hechos de violencia que requieren seguimiento legislativo especializado, así como coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

Es lamentable que pasen diversas administraciones tanto federales como Estatales en Michoacán y no hayan podido combatir la inseguridad que se vive en el Estado, al contrario se ha salido de control en estos últimos años, los ciudadanos vivimos con miedo y no sabemos si regresaremos a nuestras casas y si volveremos a ver a nuestras familias, debemos de luchar con robos, secuestros, extorsiones, homicidios cobros de piso, pareciera que no tenemos apoyo de las autoridades por lo que en diversas ocasiones la sociedad se he levantado en armas para defenderse y hacer auto defensas, lo cual no resulta lo más viable pero ya están desesperados.

En Michoacán, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, pero algunas estadísticas muestran tendencias a la baja en delitos específicos como el homicidio doloso. En 2024, el 79.6% de la población se sentía insegura en su entorno, mientras que las cifras de homicidios dolosos se han reducido, posicionando al estado fuera de los primeros lugares nacionales en este delito en algunos períodos. Las estadísticas varían por municipio; por ejemplo, Morelia ha logrado reducir su tasa de homicidios en comparación con años anteriores.

Respecto a la Percepción general, según la ENVIPE 2024, el 79.6% de la población de 18 años y más en el estado considera que vivir en su entorno más cercano es inseguro.

De acuerdo con datos recabados en el 2025 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señalan lo siguiente:

• Percepción de Inseguridad: La percepción de inseguridad entre los residentes de Morelia aumentó en 2025, especialmente en espacios públicos, según el INEGI.

• Costo del Delito: En 2024, el costo total estimado de los delitos en Michoacán ascendió a aproximadamente 10 mil millones de pesos, con un promedio de 7,643 pesos por persona afectada.

• Cifra Negra: La “cifra negra” es alta, ya que el 93.6% de los delitos en Michoacán no se denuncian.

Dentro de la Cifra Negra las actividades del narcotráfico se han expandido más allá del trasiego de drogas para incluir la extorsión sistemática a industrias locales, notablemente a los productores de limón y aguacate, afectando gravemente la economía regional, y estas no son denunciadas bebido al miedo de tener una represalia mayor.

La presencia del crimen organizado genera una violencia, que se explica en gran medida por la lucha por el control de territorios, recursos y economías tanto legales como ilegales por parte de los cárteles. Esto ha generado un ambiente de riesgo generalizado en el Estado.

La situación ha tenido un alto costo humano y político, con el asesinato de alcaldes y un ambiente de impunidad que permea la percepción pública.

Durante la última década Michoacán ha mostrado una alta letalidad con picos y reacomodos: un aumento importante a mediados de la década, una moderación parcial entre 2019–2022 y un repunte en 2023–2024; la violencia se concentra en unos pocos municipios (Morelia, Zamora, Uruapan, Apatzingán, etc.) que explican una gran parte de las víctimas.

Los municipios que han sido más afectados son: Morelia, Zamora, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Tepalcatepec, Aguililla (Tierra Caliente) aparecen recurrentemente entre los más afectados por homicidios y por disputas territoriales. En 2024 las cifras municipales reportadas por medios y análisis locales (con base en SESNSP) situaron a Morelia, Zamora y Uruapan entre los más golpeados.

Les compartiré una tabla de los datos que han sido recabados en diversas ocasiones por el INEGI:

Los lamentables hechos ocurridos en los días pasados reflejan la inseguridad que viven todas y todos los michoacanos, el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, solo refleja la realidad, la marcha del fin de semana donde cientos de mexicanos salieron a la calle a exigir justicia, deben ser tomados en cuenta para que todas las autoridades y actores políticos trabajemos de manera conjunta y en coordinación para que pronto se pueda restablecer la paz en el Estado de Michoacán y poder con ello dar muestra que se puede volver a tener paz en todos los estados que han sido afectados.

Si bien el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado para la seguridad en el Estado de Michoacán, apenas dará inició, hay que ser conscientes que los ciudadanos no quieren más discursos bonitos, carpetas de investigación abiertas sin un seguimiento real, que no hayan detenidos, y que sigamos siendo omisos ante la situación que vivimos.

La historia reciente de la seguridad en Michoacán está marcada por tres grandes momentos de intervención federal, cada uno reflejando el enfoque dominante de su respectivo sexenio.

El primer plan se lanzó en diciembre de 2006. El Estado mexicano optó por una estrategia de confrontación directa y control territorial.

El plan consistió en:

• Un despliegue masivo de elementos de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) y la Policía federal.

• El objetivo principal era el restablecimiento de la autoridad mediante la fuerza y la persecución de estructuras criminales.

• La inversión se concentró en el rubro de seguridad y operaciones tácticas.

Ocho años después, en febrero de 2014, el Estado implementó un plan distinto en respuesta a una severa crisis de gobernabilidad y el surgimiento de civiles armados.

El plan se caracterizó por:

• La centralización del poder federal: se nombró a un Comisionado Especial con facultades ejecutivas que coordinó todos los aspectos de la seguridad y el desarrollo, asumiendo funciones que típicamente corresponden al gobierno estatal.

• Una doble acción: el desmantelamiento de las redes criminales más fuertes y la regulación de los grupos de autodefensa, buscando su desarme e integración a fuerzas rurales oficiales.

• Una inversión de hasta $45,500 millones de pesos destinada a cinco grandes ejes que abarcaban desde la infraestructura hasta el desarrollo social y la salud, reconociendo la necesidad de un enfoque más amplio que el meramente militar.

El plan más reciente, lanzado en este mes noviembre de 2025, busca la atención a las causas estructurales del conflicto, combinando una fuerte presencia operativa.

La esencia de este plan es la simultaneidad de acciones:

• Refuerzo Operativo: Un despliegue robusto de 10,506 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, enfocado en operativos específicos (como el Operativo Paricutín) para combatir delitos de alto impacto, como la extorsión.

• Ejes de Desarrollo: La inversión se canaliza a tres pilares: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico (salarios justos, infraestructura rural) y Educación y Cultura para la Paz (programas de reinserción y prevención), buscando que el Bienestar Social sea la herramienta de pacificación a largo plazo.

A lo largo de casi dos décadas, estos tres momentos reflejan cómo la estrategia del Estado mexicano ha transitado con un enfoque militar, hacia modelos más complejos que combinan intervención operativa y reconstrucción institucional.

Cada etapa respondió a coyunturas críticas distintas, pero todas comparten un mismo reto: devolver seguridad, gobernabilidad y certidumbre a las familias michoacanas.

Hoy, con el plan anunciado en noviembre de 2025, se abre una nueva fase que exige evaluación constante, seguimiento técnico y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para que los esfuerzos no vuelvan a dispersarse ni se repitan los errores del pasado.

Presento el punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que dará seguimiento, análisis y acompañamiento técnico a las acciones de seguridad implementadas en el estado de Michoacán. Esta comisión surge como una herramienta necesaria para atender un tema de alto impacto nacional, bajo criterios de pronta y obvia resolución.

Desde esta Cámara asumimos nuestra responsabilidad de construir mecanismos legislativos que permitan revisar diagnósticos, evaluar políticas públicas, proponer ajustes normativos y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. La creación de esta Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia responde precisamente a esa obligación institucional.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, realice los trámites necesarios para la creación de la Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para el Seguimiento, Análisis, Fortalecimiento y Resultados de la Seguridad en el Estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con el objeto de dar seguimiento permanente a la estrategia federal y estatal en materia de seguridad pública, paz social y gobernabilidad en dicha entidad.

Segundo. La Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y Justicia para el Seguimiento, Análisis, Fortalecimiento y Resultados de la Seguridad en el Estado de Michoacán, denominada “Comisión Especial del Plan Michoacán”, deberá ser integrada por el número de diputadas y diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, junto con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia deberá presentar informes trimestrales a la Cámara de Diputados sobre los avances, retos, resultados e indicadores del Plan Michoacán, así como recomendaciones legislativas y presupuestales para su fortalecimiento.

Cuarto. Aprobado el Acuerdo de conformación de la Comisión Especial, comuníquese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, al Gobierno del Estado de Michoacán y demás autoridades competentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 noviembre de 2025.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Sedatu, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la CDMX, a implementar un programa de difusión y capacitación para apoyar la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en las estrategias de adaptación climática y desarrollo urbano y en el diseño de infraestructuras urbanas sostenibles, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades de los Gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, implementen un programa de difusión y capacitación para apoyar la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en las estrategias de adaptación climática y desarrollo urbano y en el diseño de infraestructuras urbanas sostenibles, en particular, para orientar los procesos de planificación urbana que permitan integrar y aprovechar estacionamientos, camellones, canchas deportivas, plazas y explanadas como zonas de infiltración pluvial, así como la construcción de jardines infiltrantes urbanos.

El que subscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Considerandos

Las ciudades son un agente clave en la mitigación del cambio climático, ya que se estima que en 2050 aproximadamente el 70% de la humanidad residirá en centros urbanos, aunque si nos referimos a Europa en la actualidad el 74% de la población ya vive en ciudades. Además, el 80% del PIB mundial procede de ellas, por lo que aumentar su resiliencia es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible del planeta. En esta misión, las Soluciones Basadas en la Naturaleza juegan un papel vital, ya que potencian las funciones naturales de los ecosistemas en las áreas urbanas, mejorando su adaptación al cambio climático y su encaje con el entorno natural en el que se integran. Pero para desplegarlas de manera efectiva se necesita un compromiso a largo plazo, que incluya una estrategia financiera sostenible y la intensificación de la acción climática a nivel local.

Actualmente, tan solo en América Latina, casi 80 por ciento de la población es urbana, lo cual no ha sido garantía de un crecimiento de la productividad, el trabajo o el capital.

Las soluciones basadas en la naturaleza se refieren a un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres naturales o el cambio climático.

El desarrollo urbano reemplaza los bosques y los humedales con edificios e infraestructura no porosa. Cuando llueve mucho, las aguas pluviales que no se absorben pueden ocasionar graves inundaciones. Esa escorrentía después corre por arroyos, lagos o ríos, donde puede aumentar los sedimentos, contaminar el agua potable o dañar la vida silvestre. Las soluciones basadas en la naturaleza, como techos verdes, jardines de lluvia o humedales artificiales, pueden minimizar la escorrentía dañina al absorber las aguas pluviales, reducir los riesgos de inundaciones y salvaguardar los ecosistemas de agua dulce. Además, las soluciones basadas en la naturaleza mantienen las ciudades más frescas durante el verano, ayudan a las aves y otros polinizadores y promueven la salud física y mental de las personas.

El crecimiento urbano desmedido va de la mano con la creación de barrios pobres, con personas en condiciones de vida insalubres, en zonas de riesgo, hacinadas, sin seguridad de tenencia de sus viviendas y de la tierra, así como con mayores disparidades, desigualdades y discriminación.

Los problemas hídricos y ambientales que enfrenta el mundo hacen necesario transitar a un modelo de gestión hídrica que gestione e incorpore soluciones basadas en la naturaleza, lo que requiere de generación y fortalecimiento de capacidades de todos los sectores de la sociedad.

El agua y el cambio climático están estrechamente relacionados. El cambio climático afecta al agua presente en el planeta de formas complejas. Desde patrones de precipitación impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías: la mayor parte de los impactos del cambio climático se reducen al agua (ONU-Agua).

El cambio climático está acelerando tanto la escasez de agua como los peligros relacionados con este recurso (como inundaciones y sequías), ya que el aumento de las temperaturas altera los patrones de precipitación y todo el ciclo del agua. (UNICEF).

La falta de innovación e inversiones para promover ciudades más ecológicas provocará que las emisiones mundiales de GEI se mantengan por encima del nivel necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, incluso si los países de ingreso alto y mediano alto tienen éxito en alcanzar cero emisiones netas para 2050.

En México, la problemática de inundaciones en algunas ciudades es recurrente, sus efectos se ven reflejados generalmente en la ciudadanía e infraestructura más vulnerable y suelen producir severos daños a la población, vías de comunicación, a la infraestructura urbana, hidroagrícola, fauna, así como a diversas actividades económicas e incluso pueden ocasionar pérdida de vidas humanas.

En los recientes años, se ha observado un constante y acelerado crecimiento urbano, observándose cada vez más, superficies impermeables, deteriorando y fragmentando las áreas verdes urbanas. En consecuencia, se han agudizado los escurrimientos dentro de las ciudades, siendo más frecuentes las inundaciones en éstas, lo que ha traído consigo diversos retos de degradación de los ecosistemas y la pérdida de la capacidad de infiltración de agua a los acuíferos.

La urbanización incrementa el cambio de los suelos a superficies cada vez más impermeables, lo que altera el ciclo hidrológico urbano, provocando un aumento en el volumen del escurrimiento superficial y el caudal pico. Es importante mencionar que, durante el proceso de urbanización, la construcción de drenajes convencionales y alcantarillas, cuyo objetivo principal es la rápida eliminación de las aguas pluviales de zonas urbanas, generan algunos efectos no deseados, como la disminución de la calidad del agua. Lo anterior también desencadena otras consecuencias, como la disminución de la infiltración de agua pluvial y, por ende, la reducción en la recarga de los acuíferos.

La recarga de acuíferos es el proceso mediante el cual se introduce agua en los depósitos subterráneos, ya sea de forma natural o artificial. Este fenómeno se realiza de manera natural a través de la infiltración de agua de lluvia o de ríos, o de forma artificial, mediante la construcción de infraestructuras que permiten la infiltración de agua superficial, diseñados para mejorar la absorción del agua en el suelo.

La infiltración del agua en el suelo es crucial para la vida y la salud del ecosistema, ya que recarga los acuíferos subterráneos, sustenta la vida vegetal y animal al proporcionar humedad y nutrientes, y reduce la erosión y la escorrentía. También es vital para el manejo del agua, ya que permite su almacenamiento y filtrado, contribuyendo a la resiliencia frente a sequías e inundaciones.

La sostenibilidad del agua depende en gran medida de la capacidad de gestionar y conservar nuestros recursos hídricos de manera eficiente. La recarga de acuíferos ofrece una solución prometedora para equilibrar la extracción y la reposición de agua subterránea, contribuyendo así a la seguridad hídrica y a la protección de los ecosistemas acuáticos. Además, esta práctica puede mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y la intrusión salina, que amenazan la disponibilidad de agua dulce en muchas partes del mundo.

El cúmulo de problemas que presentan las ciudades actualmente puede mitigarse con una planeación y organización que genere mejores condiciones vida para sus habitantes y con la puesta en marcha de proyectos sostenibles que permitan que las ciudades y sus asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables, adoptando modelos de urbanización sostenible.

La gestión integrada de espacios públicos con proyectos interactivos y de funciones diversas puede dar respuesta a muchos de los retos de las ciudades hoy en día. La suma de voluntades de diferentes actores, hace la diferencia para que la planificación urbana integre una gestión integral de los recursos hídricos, mitigue los impactos del cambio climático y sea armónica con las necesidades actuales.

Para que nuestro país, proteja a la población e infraestructuras urbanas de las dificultades climáticas cambiantes, es fundamental que se implementen medidas de adaptación y refuercen la resiliencia de las ciudades y sus habitantes, una de estas medidas, son las Soluciones Basadas en la Naturaleza , las cuales implican proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas, de manera que aumenten su resiliencia y capacidad para abordar esos desafíos sociales y al mismo tiempo que salvaguarden la biodiversidad y mejoren el bien común humano.

Por lo anterior, y con la finalidad de respetar el régimen de concurrencia y la autonomía de las entidades federativas, municipios y alcaldías en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y gestión hídrica, se considera adecuado que el exhorto se dirija tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con los gobiernos locales correspondientes.

En este punto de acuerdo, los exhortos planteados coinciden con:

Las obligaciones del Estado Mexicano derivadas de tratados internacionales en materia de medio ambiente, agua, cambio climático y desarrollo sostenible (ODS 6, 9, 11, 13 y 15 de la Agenda 2030).

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 9: Pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 9, apartado F de la misma, establece el derecho al agua y a su saneamiento.

ARTÍCULO 9 Ciudad solidaria

F. Derecho al agua y a su saneamiento

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 14, apartado A de la misma, refiere el derecho que tiene toda persona a vivir en un entorno seguro, en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural.

ARTÍCULO 14 Ciudad segura

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 16, apartado A de la misma, señala en materia de medio ambiente que derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil, y se adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales y el incremento de áreas verdes.

ARTÍCULO 16. Ordenamiento territorial

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.

A. Medio Ambiente

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil.

2. ...

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias.

Que el mandato constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano se encuentra consagrado en el Artículo 4o, el cual refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bien común, así como derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

...

Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a implementar un programa de difusión y capacitación para apoyar la integración de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en las estrategias de adaptación climática y desarrollo urbano, y en el diseño de infraestructuras urbanas sostenibles; en particular, para orientar los procesos de planificación urbana que permitan integrar y aprovechar estacionamientos, camellones, canchas deportivas, plazas y explanadas como zonas de infiltración pluvial, así como impulsar la construcción de jardines infiltrantes urbanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Cofepris y a la ASF a verificar las condiciones sanitarias, la legalidad operativa y el uso de recursos públicos en el programa “Agua Bienestar”, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que subscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez , y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. Que el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, reconociendo con ello el derecho humano al agua como eje fundamental de la dignidad y del bienestar social. El Estado mexicano está obligado a garantizar este derecho de forma progresiva, bajo criterios de sostenibilidad, igualdad y no discriminación.

Segundo. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/RES/64/292 de 2010, reconoce explícitamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General No 15, establece que el acceso al agua debe cumplir con requisitos de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, aceptabilidad y no discriminación. Estos principios son jurídicamente vinculantes para México como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Tercero. Que conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México se ha comprometido internacionalmente a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos antes del año 2030. Dicha meta implica, entre otras acciones, asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable a un costo asequible, mejorar la calidad del agua mediante su tratamiento, y garantizar su disponibilidad para grupos vulnerables.

Cuarto. Que la distribución de agua para consumo humano por parte de autoridades públicas debe sujetarse a un marco legal riguroso, basado en estándares sanitarios, técnicos y financieros claros. En este sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, emitida por la Secretaría de Salud, establece las especificaciones sanitarias que debe cumplir el agua y el hielo para consumo humano, ya sea preenvasado o a granel, entre las que se incluyen parámetros microbiológicos, fisicoquímicos y de desinfección. Su observancia es obligatoria para todas las entidades, públicas o privadas, que comercialicen o distribuyan agua purificada envasada.

Quinto. Que el programa denominado “Agua Bienestar Atlitic”, presentado el 30 de diciembre de 2024 por el Gobierno de la Ciudad de México, inició operaciones sin contar con reglas de operación, lineamientos sanitarios validados por COFEPRIS, ni mecanismos formales de rendición de cuentas respecto de los recursos generados por la venta de garrafones de agua. Además, conforme a solicitudes de información pública, no existe claridad sobre los contratos para la adquisición de los garrafones, ni sobre el ingreso y destino de los recursos autogenerados por el cobro del llenado de los mismos.

Sexto. Que en respuesta a diversas solicitudes de transparencia, las Secretarías involucradas en el programa han emitido información contradictoria sobre su operación. Mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua reconoce que los garrafones formaban parte de su inventario sin precisar proceso de adquisición; la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana ha manifestado que no tiene responsabilidad sobre los recursos generados. Esta falta de delimitación institucional genera un vacío administrativo que vulnera los principios de legalidad y transparencia previstos en la Ley de Austeridad, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Séptimo. Que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig, INEGI 2023), sólo el 20.9% de la población considera que el agua que recibe en su domicilio es potable y segura para beber. A pesar de que la cobertura de agua potable por red es cercana al 96%, la calidad y continuidad del servicio sigue siendo altamente desigual. En colonias como las de Iztapalapa, Tláhuac o Magdalena Contreras, miles de familias reciben agua por tandeo y en condiciones de escasa salubridad, sin posibilidad de exigir calidad sanitaria ni transparencia.

Octavo. Que la venta de garrafones por parte de entes gubernamentales sin la observancia de la NOM-201 y sin supervisión de COFEPRIS constituye una violación a la Ley General de Salud. Gobierno de la Ciudad de México realizo su trámite de funcionamiento 20 días después de haber entrado en funcionamiento. Es inaceptable que el propio gobierno ponga en riesgo la salud de la población ofreciendo un servicio sin controles sanitarios ni trazabilidad legal de los insumos empleados. Esta omisión podría constituir también un acto de regresividad en términos de los derechos sociales, lo que está prohibido por la doctrina internacional de derechos humanos.

Noveno. Que por las razones anteriores, se hace necesario que esta Cámara de Diputados exhorte a las autoridades federales competentes a actuar conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, con el objetivo de proteger el derecho a la salud, la transparencia en el manejo de recursos públicos y la correcta operación de los servicios públicos en el país.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice una verificación sanitaria de las plantas purificadoras operadas por el programa “Agua Bienestar”, particularmente en cuanto al cumplimiento de la NOM-201-SSA1-2015; a la Comisión Nacional del Agua, para que emita opinión técnica respecto de la legalidad en el uso de fuentes de agua subterráneas empleadas por dicho programa; y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que revise la legalidad de la adquisición, posesión y enajenación de los garrafones utilizados por el Gobierno de la Ciudad de México en dicho programa.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a verificar si los recursos utilizados para la operación del programa “Agua del Bienestar” provienen, directa o indirectamente, de fondos federales, subsidios o participaciones federales, y en su caso, determinar su correcta aplicación conforme a las leyes de coordinación fiscal y disciplina financiera.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)