Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar acciones urgentes de atención, auxilio y reconstrucción en el estado de Veracruz, ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias e inundaciones, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Claudia Quiñones Garrido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en el numeral 1 fracción XX del artículo 3; numeral 1 del artículo 6; y numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones III y IV del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a implementar acciones urgentes de atención, auxilio y reconstrucción en el estado de Veracruz, ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias e inundaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años. Las lluvias torrenciales provocadas por una zona de baja presión y una vaguada sobre el Golfo de México ocasionaron inundaciones devastadoras, deslaves, derrumbes y desbordamientos de ríos, afectando directamente a la población de más de 30 municipios de la entidad: Tlalixcoyan, Benito Juárez, Tampico Alto, Tempoal, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Tantoyuca, Yecuatla, Coxquihui, Chalma, Coatzintla, San Rafael, Tecolutla, Xoxocotla, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo, Temapache, El Higo, Espinal, Los Reyes, Tihuatlán, Platón Sánchez, Coyutla, Nautla, Omealca, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla, Zontecomatlan, Coahuitlán, Pueblo Viejo, Misantla, Texcatepec, Tempoal, Cazones, Tlachichilco, Naranjos Amatlán.

Las lluvias, que se intensificaron la madrugada del 10 de octubre, causaron el desbordamiento del río Cazones, dejando a su paso devastación, pérdidas humanas, aislamiento de comunidades y destrucción de viviendas e infraestructura básica.

Se reportan más de 30 personas fallecidas, más de una decena de desaparecidas y miles de familias damnificadas. Decenas de comunidades permanecen sin energía eléctrica, sin agua potable, sin acceso a alimentos y sin atención médica oportuna. Las escuelas y centros de salud quedaron inoperantes, y los caminos rurales están intransitables debido a los deslaves.

Esta tragedia no es producto exclusivo de la naturaleza: es el resultado directo de la falta de previsión, de la ausencia de políticas de prevención y de la destrucción institucional del sistema nacional de protección civil.

México contaba con uno de los mecanismos de respuesta más sólidos y reconocidos a nivel internacional: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 y fortalecido en los gobiernos de Acción Nacional.

Durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el Fonden se consolidó como un instrumento ágil, transparente y eficiente para la atención inmediata de emergencias, la reconstrucción de infraestructura y la reactivación económica de comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, terremotos y otros fenómenos naturales.

El Fonden contaba con reglas claras de operación, supervisión interinstitucional, auditorías públicas y un mecanismo de acceso directo para los estados y municipios.

Además, se creó una red de coordinación federal y estatal de protección civil, con capacidades técnicas y logísticas para evaluar daños en menos de 72 horas y liberar recursos en plazos cortos, evitando que los damnificados quedaran a la deriva.

Gracias a ese modelo, México logró responder eficazmente a desastres como el huracán Stan (2005), Karl (2010) o Ingrid y Manuel (2013), donde se reconstruyeron miles de viviendas, escuelas y hospitales en tiempo récord.

El Fonden fue reconocido por organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, como ejemplo de buena práctica en gestión de riesgos y gobernanza pública.

Sin embargo, en 2020, el actual Gobierno federal eliminó el Fonden, bajo el argumento de “acabar con la corrupción” y “centralizar los recursos”. A partir de entonces, no existe un mecanismo claro, transparente ni verificable que garantice la atención inmediata a las emergencias.

Los recursos destinados a desastres naturales quedaron dispersos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujetos a criterios discrecionales, sin reglas de operación y sin participación de los gobiernos locales. La desaparición del Fonden ha tenido efectos devastadores.

Las comunidades afectadas por huracanes, incendios, sismos o lluvias, como en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y hoy en Veracruz, han debido esperar semanas o meses para recibir ayuda, o simplemente no la han recibido.

Los gobiernos estatales y municipales carecen de fondos propios suficientes, y el Gobierno federal se limita a enviar promesas o giras presidenciales sin resultados tangibles.

La presidenta de la República, durante su reciente visita a Poza Rica, sólo realizó un recorrido fotográfico, sin compromisos concretos. Peor aún, justificó la eliminación del Fonden alegando que “el gobierno tiene recursos” para atender emergencias, cuando la realidad en las calles muestra abandono, improvisación y descoordinación total.

Frente a este panorama, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil y al Código Penal Estatal, con el fin de sancionar con hasta ocho años de prisión a funcionarios que actúen con negligencia, omisión o abuso de autoridad durante la gestión de desastres naturales. Esa iniciativa fue un primer paso fundamental para exigir rendición de cuentas y responsabilidad pública ante las omisiones que ponen en riesgo la vida de la población.

Sin embargo, la emergencia veracruzana exige ahora acciones a nivel federal, pues el problema rebasa la competencia estatal: los recursos, la infraestructura y la coordinación dependen directamente del Gobierno de la República. Por ello, y en congruencia con la postura del Partido Acción Nacional, presento este punto de acuerdo en el ámbito federal, para que desde esta Cámara de Diputados se exija la intervención inmediata de las instituciones federales responsables, con transparencia, eficacia y respeto a la dignidad de las y los veracruzanos.

Por lo anterior, someto a esta soberanía el presente punto de acuerdo, en defensa del derecho de las y los veracruzanos a carreteras dignas, funcionales y seguras.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) a mantener y fortalecer la aplicación de los Planes DN-III-E y Marina, respectivamente, en las zonas afectadas, priorizando la evacuación de personas, el rescate de víctimas y el suministro de ayuda humanitaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a realizar una evaluación técnica inmediata de los daños en infraestructura hidráulica, caminos, puentes y carreteras, así como a ejecutar acciones urgentes de desazolve, reparación y reforzamiento de cauces y drenajes pluviales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar, al Sistema Nacional DIF y a la Secretaría de Salud, a garantizar refugio temporal, atención médica, alimentación, agua potable y acompañamiento psicológico a las familias damnificadas, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2025.

Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica)