Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar al director general del TecNM a establecer mesas de diálogo incluyente con la comunidad tecnológica y a privilegiar mecanismos de resolución pacífica de conflictos, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del estado de Puebla a que la Orquesta Sinfónica del estado regrese a su sede: el Auditorio de la Reforma, a cargo de la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría técnica y financiera respecto al costo operativo del programa Agua del Bienestar, y se solicita a la ASF a que considere la inclusión en su programa anual de auditorías para el siguiente ejercicio fiscal, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conagua a informar a la opinión pública sobre la situación actual de las presas en México y a presentar un plan integral de aseguramiento del abastecimiento de agua, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar al director general del TecNM a establecer mesas de diálogo incluyente con la comunidad tecnológica y a privilegiar mecanismos de resolución pacífica de conflictos, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguiente:

Consideraciones

En los últimos meses se han suscitado diversos conflictos institucionales en distintos planteles del Tecnológico Nacional de México (TecNM), particularmente en el Tecnológico de León, el Tecnológico de Querétaro, el Tecnológico de San Luis Potosí, el Tecnológico de Morelia y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, entre otros.

Dichos acontecimientos derivan de inconformidades legítimas del personal académico, administrativo y estudiantil respecto de la gestión institucional, la transparencia en el manejo de recursos públicos y las condiciones de participación democrática al interior de los institutos. No obstante, en lugar de privilegiar el diálogo, algunas autoridades han optado por respuestas de carácter punitivo o judicial, generando un clima de intimidación que contraviene la naturaleza educativa, científica y humanista del propio Sistema Tecnológico Nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º, 6º, 7º, 8º, 9º y 123, tutela los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de manifestación pacífica, de petición, de asociación y de participación laboral, imponiendo a todas las autoridades el deber indeclinable de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Criminalizar la protesta o la libre expresión en el ámbito educativo no solo atenta contra estos principios, sino que vulnera el espíritu democrático, inhibe el disenso constructivo y erosiona la confianza en las instituciones del Estado.

El Tecnológico Nacional de México constituye una institución pública de educación superior cuya misión esencial es formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el desarrollo nacional. Reprimir la participación cívica o sancionar la crítica académica contradice su vocación fundacional y lesiona la dignidad de la comunidad tecnológica, que debe ser ejemplo de pluralidad, ética y diálogo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al director general del Tecnológico Nacional de México, maestro Ramón Jiménez López, para que instale mesas de diálogo auténtico, incluyente y transparente, con la participación equilibrada de representantes del personal docente, administrativo y estudiantil de los distintos institutos tecnológicos del país, a fin de atender los conflictos institucionales recientes mediante el consenso y la mediación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al director general del Tecnológico Nacional de México a que, en tanto se desarrollan los mecanismos de diálogo, suspenda cualquier medida de carácter punitivo, disciplinario o judicial que pudiera vulnerar los derechos humanos, laborales o académicos de las personas integrantes de la comunidad tecnológica, garantizando en todo momento el respeto a la libertad de expresión, de asociación y de participación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en su carácter de instancia coordinadora del sector, lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de dar seguimiento y acompañamiento institucional a los procesos de diálogo y conciliación dentro del Tecnológico Nacional de México, velando por la observancia de los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de noviembre de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del estado de Puebla a que la Orquesta Sinfónica del estado regrese a su sede: el Auditorio de la Reforma, a cargo de la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Genoveva Huerta Villegas, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Arte y Cultura del gobierno del estado de Puebla, para que la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla (OSEP) regrese a su sede, el Auditorio de la Reforma.

Consideraciones

La Orquesta Sinfónica del estado de Puebla (OSEP), fundada el 5 de mayo de 2002 y cuya sede es el Auditorio de la Reforma, está integrada en palabras de la Secretaría de Arte y Cultura del estado de Puebla, por 82 músicos de alto nivel profesional y cuyo virtuosismo y entusiasmo de cada uno de sus integrantes, ha llevado a la agrupación a compartir escenario con personalidades de la talla de Plácido Domingo, Sara Chong, Fernando de la Mora, Eugenia León, Otto Sauter, Horacio Franco, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Alan Parsons, entre otros.

Desgraciadamente dicho reconocimiento contrasta bruscamente con la marginación que la agrupación padece por la misma dependencia que los reconoce y que pese a ser una de las orquestas más grandes del territorio nacional, se ha quedado sin sede para realizar ensayos y presentaciones.

Con la rehabilitación del Auditorio de la Reforma, el gobierno reubicó a la agrupación en el Museo San Pedro de Arte, no obstante, a pesar de que la reinauguración del Auditorio se llevó a cabo en octubre de 2024, a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla, no se le ha permitido regresar a su sede, provocando, entre otras cosas, que la orquesta se vea en la necesidad de cancelar presentaciones, debido a que el Museo San Pedro de Arte es rentado para eventos gubernamentales y particulares, esto independientemente de que las condiciones del lugar no son óptimas para una orquesta.

En ese sentido, el silencio administrativo de la Secretaría de Arte y Cultura del estado de Puebla, respecto a las reiteradas peticiones de la orquesta para regresarla a su sede, ha conculcado tanto derechos laborales, como derechos culturales, en la modalidad de participar de manera activa o creativa en la cultura; también, la dependencia responsable ha sido omisa en su deber de proteger los intereses morales y patrimoniales de los integrantes de la orquesta, derechos que reconoce la Ley General de Cultura y Derechos Culturales:

“Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:

I. a II...

III. Elegir libremente una o más identidades culturales;

IV a VII...

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.”

(Énfasis añadido)

La propia Ley de Cultura del estado de Puebla, compele a las autoridades en materia de cultura, evitar toda discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar el derecho de todo habitante de la entidad a la creación, participación y disfrute de su vida cultural, al respecto:

“Artículo 5. Las autoridades competentes en materia de cultura, establecerán acciones que eviten toda discriminación motivada por origen étnico o racial, género, idioma, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra circunstancia o condición y que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar el derecho de todo habitante de la entidad a la creación, a la valoración de sus manifestaciones culturales, así como a la participación y disfrute de la vida cultural.”

Es por lo anterior que pongo, que promuevo el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Arte y Cultura del gobierno del estado de Puebla para que la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla (OSEP), regrese a su sede, el Auditorio de la Reforma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputada Genoveva Huerta Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría técnica y financiera respecto al costo operativo del programa Agua del Bienestar, y se solicita a la ASF a que considere la inclusión en su programa anual de auditorías para el siguiente ejercicio fiscal, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

El acceso al agua potable y segura se ha consolidado como una de las problemáticas más relevantes y persistentes de nuestro tiempo, dada su relación directa con el confort de la población y el desarrollo sostenible de las comunidades. Este recurso vital, indispensable para la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental, enfrenta actualmente múltiples desafíos que afectan de manera directa y cotidiana a millones de personas en el país.

En las últimas décadas, se ha observado una intensificación en los problemas relacionados con la gestión y disponibilidad del agua. Entre estos destacan fenómenos como la escasez hídrica en diversas regiones, la sobreexplotación de fuentes subterráneas, la contaminación de cuerpos de agua por residuos domésticos, industriales y agrícolas, así como la degradación de ecosistemas acuáticos. Estos factores han generado una crisis hídrica estructural que requiere atención urgente por parte de las autoridades del gobierno.

El programa denominado “Agua del Bienestar”, recientemente implementado por el gobierno de la Ciudad de México, plantea una serie de cuestionamientos en cuanto a su viabilidad financiera, eficiencia en el gasto, y consistencia con los principios de racionalidad, austeridad y control presupuestario.

El objetivo de este punto de acuerdo es exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Comisión Nacional del Agua, a llevar a cabo una auditoría especializada, con carácter técnico y financiero, respecto de los costos reales del programa, el monto de los subsidios aplicados, los contratos celebrados con proveedores, especialmente en lo relativo a la adquisición de garrafones y los gastos operativos de la planta purificadora de Xotepingo, que constituye el eje logístico de esta estrategia gubernamental.

El programa en comento tiene como objetivo proveer agua purificada a un precio de cinco pesos por garrafón de 20 litros a población de escasos recursos en zonas específicas de la Ciudad de México. Actualmente opera en todas las Alcaldías.

Según declaraciones de la titular del gobierno capitalino, la meta es vender 20 mil garrafones diarios, lo que implica una operación de más de 600 mil garrafones mensuales, es decir, 12 millones de litros de agua. Esta escala requiere infraestructura, personal, logística, transporte, mantenimiento de la planta, y adquisición de insumos, particularmente envases plásticos.

El costo comercial de un garrafón de agua purificada oscila entre 45 y 60 pesos. Si el gobierno capitalino lo ofrece por 5 pesos, existe una diferencia de mercado de entre 40 y 55 pesos por unidad. En un escenario de 20 mil garrafones diarios, el costo de subsidio mensual puede oscilar entre 24 y 33 millones de pesos, lo que representa una cantidad significativa del gasto público, cuya fuente de financiamiento no ha sido debidamente aclarada ante el Congreso ni ante la ciudadanía.

La ausencia de información pública desagregada sobre el costo unitario de producción, los contratos con proveedores de garrafones, la inversión pública para el acondicionamiento de la plantas Xotepingo, Tanque Cerro, Miguel Alemán, Ciudad Deportiva, San Luis y Xaltepec; y los gastos operativos de personal, energía, transporte, mantenimiento y logística, representa una omisión en materia de transparencia presupuestaria, lo cual representa una falta grave a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 16 el principio de gestión responsable de los recursos públicos, y en su artículo 35 dispone que toda persona tiene derecho a acceder a información clara, oportuna y verificable sobre el origen, destino y ejercicio del gasto público.

Asimismo, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México exige que todo programa gubernamental cuente con objetivos claros, reglas de operación, padrones de beneficiarios y mecanismos de evaluación de impacto, que fueron publicados en gaceta oficial seis meses después; incluyendo la obligación de reportar montos erogados y su correspondencia con los resultados alcanzados.

La Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución de realizar auditorías financieras y de desempeño sobre cualquier recurso que la Federación ha otorgado a las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos y fondos.

Dada la magnitud del programa y el volumen de recursos potencialmente comprometidos, es indispensable que la auditoría no se limite a una revisión administrativa interna, sino que se lleve a cabo una auditoría técnica y financiera, que considere:

• El costo unitario de producción de cada litro de agua

• El monto real de subsidio aplicado por garrafón

• Los contratos celebrados con proveedores de garrafones, incluyendo montos, adjudicación y cumplimiento

• Los gastos operativos de las plantas purificadoras de Xotepingo, Tanque Cerro, Miguel Alemán, Ciudad Deportiva, San Luis y Xaltepec (personal, insumos, energía, logística)

• La inversión inicial realizada para la implementación del programa

• Las fuentes de financiamiento utilizadas, su registro presupuestario y su legalidad.

Esta información no sólo permitirá dimensionar el costo-beneficio del programa, sino también evaluar su sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo.

De no transparentarse de manera inmediata el costo real del programa, se corre el riesgo de incurrir en:

• Desviaciones presupuestarias

• Subrogación opaca de contratos

• Uso clientelar de subsidios

• Duplicidad de funciones entre dependencias

• Posibles faltas administrativas por omisión de reglas de operación y controles financieros.

• Además, la falta de datos verificables sobre el costo por litro, el porcentaje de subsidio y la inversión pública pone en duda la legalidad del ejercicio del gasto público y podría derivar en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En el contexto actual, el cual se ha caracterizado por una reducción de transparencia y eficiencia de los programas sociales empleados por el gobierno de Morena, respecto al gasto público, resulta urgente que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios actúen en el ámbito de sus competencias para garantizar que el programa no sólo cumpla su cometido social, sino que lo haga bajo los principios de legalidad y transparencia.

El acceso al agua potable es un derecho humano; pero su distribución mediante subsidios públicos exige un control estricto de los recursos utilizados para garantizar que estos provengan de fuentes legales, sean aplicados con criterios de equidad y estén debidamente justificados.

Asimismo, es fundamental impulsar a las autoridades competentes a realizar una auditoría financiera y técnica sobre los costos reales del programa, su fuente de financiamiento, los contratos asociados a su operación y que promueva respuestas más eficaces; por lo que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una auditoría técnica y financiera del programa “Agua del Bienestar”, a fin de evaluar:

a) La viabilidad económica del subsidio aplicado;

b) La calidad y salubridad del agua distribuida; y

c) La legalidad de los contratos y procesos operativos relacionados con la producción, transporte y comercialización del programa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a que considere la inclusión del programa “Agua del Bienestar” en su Programa Anual de Auditorías para el siguiente ejercicio fiscal, con el propósito de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos y su alineación con la normativa en materia de gasto federalizado y transparencia presupuestaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conagua a informar a la opinión pública sobre la situación actual de las presas en México y a presentar un plan integral de aseguramiento del abastecimiento de agua, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

La gestión eficiente del agua constituye uno de los desafíos más urgentes para la seguridad nacional, el desarrollo económico y el bien común en México. Las presas, como componentes fundamentales de la infraestructura hídrica del país, desempeñan un papel crucial en el almacenamiento, distribución y aprovechamiento integral del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento para consumo humano, actividades agrícolas, industriales y generación de energía eléctrica. Sin embargo, el estado actual de estas infraestructuras revela una crisis silenciosa que requiere atención inmediata y acciones concretas.

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México cuenta con más de 500 presas principales consideradas estratégicas, de las cuales una proporción alarmante especialmente en los estados del norte y centro del país presenta niveles críticos de almacenamiento, con registros que en muchos casos no superan el 40.0 por ciento de su capacidad total. Esta situación se ha visto agravada por la disminución progresiva de las precipitaciones pluviales y el incremento sostenido de las temperaturas, consecuencia directa de los efectos acumulativos del cambio climático global.

La temporada de estiaje de 2025 evidenció de manera contundente la vulnerabilidad estructural del sistema hídrico nacional. Según el Monitor de Sequía de México, más de mil doscientos municipios reportaron algún grado de sequía, desde moderada hasta excepcional, afectando el abasto de agua potable de más de veinticinco millones de personas. Esto ha comprometido la producción agrícola y ganadera en regiones tradicionalmente fértiles, con impactos severos en la seguridad alimentaria nacional. Además, ha generado pérdida de biodiversidad, mortandad de especies acuáticas y deterioro de ecosistemas naturales que dependen de los caudales regulados por presas.

Las presas, que deberían actuar como reguladoras naturales y reservas estratégicas para los periodos de escasez, han operado por debajo del cincuenta por ciento de su capacidad promedio, alcanzando en algunos casos mínimos históricos. Este déficit hídrico no solo limita la disponibilidad para el consumo humano, sino que también pone en riesgo la producción de alimentos, la generación de energía limpia y la estabilidad económica de comunidades rurales enteras.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido reiteradamente que los eventos climáticos extremos, como las sequías prolongadas y las olas de calor, serán cada vez más frecuentes y severos. En el caso de México, los efectos combinados del fenómeno de El Niño y las temperaturas récord registradas durante 2024 y 2025 redujeron drásticamente la disponibilidad de agua en cuencas prioritarias como Lerma-Santiago, Balsas y Bravo-Conchos, comprometiendo la sustentabilidad de los sistemas de abasto urbano y rural, y amenazando la continuidad del desarrollo económico en regiones completas.

Pese a este panorama, la inversión pública destinada al mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica nacional ha sido insuficiente. Muchas presas presentan fallas estructurales acumuladas, procesos acelerados de azolve y ausencia de programas sistemáticos de limpieza y desazolve. En la práctica, esto ha reducido su capacidad de almacenamiento, afectando gravemente su función reguladora y aumentando el riesgo de colapsos operativos en la distribución de agua durante los meses de mayor sequía.

La planeación y actualización de los programas de manejo integral de presas no puede seguir postergándose. México necesita una estrategia hídrica moderna, con base científica, tecnológica y presupuestaria, que garantice la disponibilidad del recurso con equidad y sostenibilidad. Por ello, resulta imprescindible que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, informe de manera pública, periódica y transparente sobre la situación actual de las principales presas del país, detallando el nivel de almacenamiento real, el grado de riesgo estructural, los programas de mantenimiento preventivo y las obras de rehabilitación en curso.

La transparencia en la gestión del agua no es solo un acto administrativo, sino una exigencia democrática. La ciudadanía tiene derecho a conocer el estado de los recursos naturales estratégicos de la nación y las acciones emprendidas para garantizar su disponibilidad. La participación informada y la cooperación entre instituciones federales, estatales y municipales son condiciones indispensables para enfrentar la crisis hídrica con eficacia.

Dadas estas circunstancias, urge la presentación de un plan integral de aseguramiento del abastecimiento de agua que contemple medidas de corto, mediano y largo plazo, tales como la eficiencia en el uso de las reservas actuales y la priorización del consumo humano sobre otros usos, la implementación de mecanismos de captación pluvial en zonas urbanas, rurales y de alta vulnerabilidad, la instalación de tecnologías de monitoreo en tiempo real para detectar fugas, variaciones de almacenamiento y emergencias hidráulicas, la coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender las regiones con mayor riesgo de sequía y la promoción de una cultura nacional del uso responsable y sostenible del agua, con enfoque educativo y comunitario.

Este exhorto coincide con el mandato constitucional del artículo 4°, que reconoce el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y obliga al Estado a garantizar su cumplimiento efectivo. Además, responde al compromiso internacional de México con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

La congruencia entre los compromisos globales y las acciones nacionales es indispensable para fortalecer la credibilidad del país en materia ambiental y climática. No se puede hablar de desarrollo sostenible ni de justicia social mientras millones de familias mexicanas viven bajo condiciones de escasez, racionamiento o contaminación del agua.

Garantizar la gestión eficiente del agua y el uso racional de las reservas no solo representa un compromiso ambiental, sino una obligación ética, social y moral con la sociedad de México. La prevención basada en evidencia científica, la planeación prospectiva con visión de largo plazo y la transparencia absoluta en la gestión pública deben convertirse en los pilares de una nueva política hídrica nacional, capaz de transformar la crisis actual en una oportunidad histórica para construir un sistema más resiliente, equitativo y sostenible. El tiempo de actuar es ahora. Cada gota cuenta, cada presa importa y cada decisión política puede marcar la diferencia entre la escasez y la sostenibilidad.

Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a que haga del conocimiento de la opinión pública un informe pormenorizado sobre la situación actual de las presas en México, incluyendo su nivel de almacenamiento, estado estructural y obras de mantenimiento en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que presenten un plan integral de aseguramiento del abastecimiento de agua, optimizando el uso de las reservas para prevenir los efectos de la próxima temporada de estiaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)