Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la Conagua a realizar las gestiones necesarias para iniciar el proyecto denominado “Construcción de sistema integral de drenaje pluvial de la ciudad de Torreón, Coahuila”, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua, es el líquido vital e indispensable para la sobrevivencia de todas las formas de vida, así como para la conservación de los recursos naturales.

Si bien México cuenta con una ubicación geográfica envidiable, también es necesario mencionar que, por su orografía y clima, es susceptible de que fenómenos meteorológicos como sequias, y a últimas fechas, con precipitaciones pluviales intensas, que ocasionen importantes daños en la población de diversas zonas del país.

Debido a las fuertes lluvias que se han presentado atípicamente en gran parte de nuestro país, como producto de los efectos del cambio climático, ha propiciado que diversas zonas conurbadas hayan sufrido encharcamientos e inundaciones, lo que ha complicado la cobertura de la gran demanda de servicios públicos que requiere la población para tener una calidad de vida adecuada.

Uno de esos proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la región es el proyecto denominado como “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”, el cual beneficiará a más de 300 mil habitantes.

Torreón, es una ciudad ubicada dentro de una cuenca cerrada, lo que ocasiona que durante la temporada de lluvias se acumule el agua pluvial en diferentes puntos de la ciudad, reflejándose esos encharcamientos o inundaciones en zonas habitacionales, industriales, comerciales, afectando la movilidad y dañando sus vías de comunicación.

Esto genera un alto riesgo para la salud de la población dado que el sistema de drenaje actualmente es combinado y como resultado de la saturación de estos conductos se presentan afloramiento de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales.

Esto se incrementa año con año, como podemos constatar ya que, según el Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos 50 años se han presentado al menos 14 tormentas atípicas que han superado los 50 mm. de precipitación, eventos que han causado daños por inundación a Torreón.

Ante esta problemática, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS) registró en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al proyecto denominado “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coahuila”, el cual fue inscrito el 23 de enero de 2023 y se le asignó la clave de cartera 2316B00002.

Dicho proyecto contará con 35.2 kilómetros de colectores y subcolectores de 18” a 84”, además de 11.6 kilómetros de líneas a presión de 18” a 30” pulgadas de diámetro, 11.2 kilómetros de canales, 4 cárcamos de bombeo con capacidad de 0.25 a 0.5 m3/s, 6 estanques de detención con capacidad de almacenamiento en conjunto de 2.17 millones de m3 y un estanque de retención en parque hídrico Santa Fe, de 1.068 millones de m3.

El proyecto en la actualidad cuenta con una factibilidad económica del 100 por ciento; una factibilidad técnica del 100 por ciento y cuenta con un 95 por ciento de factibilidad ambiental y factibilidad legal.

Ante esto se han sostenido reuniones entre el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua, con el fin de solventar ese 5 por ciento que falta de factibilidad ambiental y legal, lo que permitirá estar en condiciones de ser tomado en cuenta para una asignación presupuestal para 2026.

Es urgente que un proyecto de esta naturaleza pueda ser ejecutado ya que beneficiará a más de 300 mil habitantes de Torreón, lo que significa el 46 por ciento de la población del municipio, además de que también tendrá un impacto favorable en 93,506 viviendas, trayendo importantes ahorros al erario municipal sobre el orden de $588.54 millones de pesos anuales.

Es por eso qué, el presente punto de acuerdo tiene como fin, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua, realicen las gestiones necesarias para iniciar la ejecución del proyecto antes citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que se realicen las gestiones necesarias para iniciar el proyecto denominado “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”.

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Bienestar, a instrumentar una política pública que brinde servicio de guarderías para las hijas e hijos de las madres trabajadoras, lo que contribuirá al desarrollo integral de dichos menores de edad, así como a la igualdad de oportunidades de las mujeres más vulnerables, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tradicionalmente las mujeres habían tenido la responsabilidad del hogar y del cuidado familiar, sin embargo, a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX hasta nuestros días, se ha reconocido su derecho a la igualdad, lo que ha permitido que paulatinamente se deje la idea de que su único espacio de desarrollo es el doméstico, pues a la fecha su incorporación al ámbito laboral, económico, cultural, social y político es una realidad que debe consolidarse.

Su presencia en la actividad productiva, política y social ha sido fundamental en las últimas décadas no solo para evidenciar la apertura e inclusión que actualmente existe en ese sentido, sino que son condiciones que permiten que las mujeres puedan empoderarse y ser autónomas en la conducción de su vida, por lo que de esa forma se reducen los riesgos de padecer algún tipo de violencia.

A pesar de esos avances, las mujeres continúan enfrentándose a diversas adversidades de manera cotidiana, tal como la posibilidad de que por su propio género resulta natural que en alguna etapa de su vida estén envueltas en alguna situación de maternidad, solo que ello las expone y les genera vulnerabilidad laboral debido a que sus empleadores suelen conducirse bajo ciertas prácticas basadas en que tal condición ocasionaría constantes ausencias debido a sus revisiones médicas mensuales, por el parto, o por los cuidados que deben darle al recién nacido, lo que provocaría que perdieran eficacia y descuiden las labores que desempeñan, motivo por el que es común que esas mujeres pierdan su empleo injustamente.

Para comprender el contexto, debe considerarse que, durante el primer trimestre de 2025, la PEA fue de 60.5 millones de personas (una tasa de participación de 59.2 por ciento). Un año antes fue de 60.7 millones (60.0 por ciento), lo que significó un descenso de 172 mil personas. Al distinguir por sexo, la PEA femenina fue de 24.7 millones y la masculina, de 35.8 millones. En estas se presentó una baja anual de 60 mil y en ellos, de 112 mil. Así, 45 de cada 100 mujeres fueron económicamente activas y 75 de cada 100 hombres.

Es importante señalar que, dependiendo de las circunstancias personales de esas mujeres, es que pueden pertenecer no solo a un sector de población ocupada, sino también a la subocupada al tener la necesidad de trabajar más tiempo con una ocupación complementaria o un nuevo trabajo con mayor horario.

En ese sentido, durante el segundo trimestre de 2024 la población subocupada en el país fue de e 3.9 millones de personas (91 mil menos que en el mismo trimestre de 2024). La cifra representó 6.6 por ciento de las personas ocupadas, tasa inferior a la de un año antes (6.8 por ciento).

En el caso de las mujeres, la población subocupada pasó de 1.6 millones en el primer trimestre de 2024 a 1.5 millones, en el mismo periodo de 2025.2

Del mismo modo podemos advertir que es una realidad que las mujeres trabajadoras en muchas ocasiones no pueden conseguir un empleo formal, y deben recurrir a la informalidad, en donde las condiciones de trabajo son precarias, sin seguridad social, y la remuneración puede ser ínfima.

De esa forma es que resulta necesario que los empleadores impulsen políticas o directrices que fomenten la inclusión de las y los trabajadores al interior de las fuentes laborales, tales como la flexibilidad de horarios o aquellas prestaciones que contribuyan para que las madres jefas de familia puedan compaginar sus responsabilidades laborales y familiares sin problema alguno.

No obstante, es necesario que el gobierno federal asuma su rol de garante de los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, debiendo impulsar las acciones con perspectiva de género que contribuyan a que, en condiciones de igualdad, accedan a las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito laboral, como un factor que permitirá su desarrollo integral.

Por ello es que resulta de gran importancia que el gobierno federal diseñe alguna política pública encaminada al establecimiento de guarderías para que niñas y niños entre 1 y hasta los 5 años 11 meses de edad, sean atendidos en un espacio adecuado, brindándoles de educación inicial y preescolar para que alcancen un sano desarrollo de acuerdo a su edad, mientras sus madres acuden al desempeño de sus respectivas actividades laborales, teniendo oportunidad para desarrollarse y alcanzar un empoderamiento y autonomía en la conducción de su vida.

Al estar dirigida a mujeres de escasos recursos, es necesario que sea operada por la Secretaría del Bienestar, quien dotaría de un subsidio para que las madres jefas de familia puedan acudir a solicitar el ingreso de sus menores hijas e hijos.

Al operar dicha política pública, la Secretaría del Bienestar daría un subsidio que beneficiaría a las madres que trabajan, pues sus hijas e hijos no solo estarían siendo atendidos adecuadamente al alcanzar su desarrollo en lo que hace a su lenguaje, habilidades sociales, educativas y motricidad, sino que también se abonaría a la mejora de su calidad de vida de ellas y de su familia.

Este tipo de iniciativas gubernamentales no solo cumplen con nuestra legislación, sino también son diversos compromisos internacionales relacionados con los derechos de niñas y niños, así como con aquellos que han recomendado impulsar a la igualdad sustantiva de género en beneficio de las mujeres trabajadoras, como parte de sus derechos fundamentales.

Para que dicha política pública adquiera la capacidad de cambiar positivamente la calidad de vida de las mujeres y de sus familias, es necesario que le sean etiquetados recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que solo de esa forma es como podría cumplir con sus objetivos al brindarle a más mujeres la posibilidad de atender a sus hijas e hijos, mientras ellas acuden a sus respectivas fuentes laborales.

Con este tipo de acciones se dotaría a las madres trabajadoras de espacios seguros donde sus hijas e hijos sean cuidados y atendidos para lograr su desarrollo integral, lo que permitirá que en muchos casos esas mujeres logren conseguir empleo o que mantengan con el que cuentan, lo que fortalece los avances logrados en materia de igualdad, empoderamiento y adelanto de las mujeres, además de que con ello generaría una oferta laboral que beneficiaría primordialmente a mujeres que se desempeñen como docentes, personal auxiliar, enfermeras, entre otras, para laborar en esas guarderías.

Actualmente sí las madres trabajadoras desean conservar sus empleos y que sus hijas e hijos menores de 6 años reciban una atención integral para su desarrollo, deben recurrir a las guarderías privadas, cuyas cuotas son altas y elevan los gastos corrientes de las familias, mermando su poder adquisitivo.

Es sabido que actualmente las madres jefas de familia reciben recursos del “Programa de apoyo al bienestar” que asciende a la cantidad de $1,600 pesos bimestrales, los cuales no son suficientes ni para cubrir las mensualidades de las guarderías privadas, ni para solventar la atención integral que requieren las y los menores de edad, además de obstaculizar la posibilidad de continuar laborando.

Impulsar una política pública que establezca guarderías para las hijas e hijos de madres trabajadoras, sin duda representaría subir un peldaño en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y adelanto para las mujeres, en aras de reducir paulatinamente la desigualdad de género en el país, además de ser un complemento para el “Programa de apoyo al bienestar”.

Las y los mexicanos no solo necesitan mayores recursos, sino que también requieren de espacios dignos y seguros en donde se les brinde una atención integral para que sus hijas e hijos tengan un crecimiento adecuado, dando tranquilidad a sus madres o padres al realizar su respectiva actividad laboral.

En este momento en el que el Poder Ejecutivo está depositado en una mujer, es que el gobierno que encabeza tiene la gran oportunidad, no solo de reivindicar los derechos fundamentales de las mujeres, sino también de fortalecer los que se encuentren reconocidos, garantizando su acceso a ellos, por lo que deberá tomar las medidas necesarias y destinar los recursos suficientes que permitan reducir la brecha de desigualdad que padecen millones de mujeres, sobre todo las más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Bienestar instrumente una política pública que brinde servicio de guarderías paras las hijas e hijos de las madres trabajadoras, lo que contribuirá al desarrollo integral de dichos menores de edad, así como a la igualdad de oportunidades de las mujeres más vulnerables.

Notas

1 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/en oe2025_05.pdf

2 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/en oe2025_05.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se al Ejecutivo federal, a través de la SSC, a impulsar nuevamente la operación del programa de fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg), así como se continúe con la operación del programa fondo de aportaciones para la seguridad pública (FASP) con el incremento de recursos, para fortalecer a las corporaciones policiacas estatales y municipales en sus labores de seguridad pública, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es una de las principales exigencias de la ciudadanía, la cual debe ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, quien tiene la obligación de garantizarla.

De esa manera es que la seguridad pública de la ciudadanía es una corresponsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, quienes a través de sus respectivas corporaciones se encargan de enfrentar al delito y al crimen organizado, que actualmente son los factores que desequilibran la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.

Al respecto, el noveno párrafo del artículo 21 constitucional, al referirse a la seguridad pública establece lo siguiente:

“...es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.”

Actualmente, el gobierno federal asigna directamente recursos a sus corporaciones de seguridad, pero es importante que las corporaciones locales sean profesionalizadas, capacitadas y equipadas, además de tener una infraestructura que les permita realizar eficazmente el desempeño de sus atribuciones, lo que implica que les sean etiquetados los recursos suficientes para lograrlo, solo que los estados y municipios deben cumplir con reglas de operación de algunos programas para acceder a ellos.

De ese modo es que la Federación establece dos mecanismos por los cuales los municipios podrán acceder a dichos recursos, en aras de tener mejores condiciones para el desempeño de sus atribuciones y garantizar la seguridad pública en sus respectivas demarcaciones.

Por un lado, se encuentra el programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual es previsto desde la Ley de Coordinación Fiscal para transferir recursos a las entidades federativas con la idea de darle cumplimiento a la Estrategia Nacional en materia de Seguridad Pública, diseñando políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia y la delincuencia para su profesionalización y certificación policial, para adquirir tecnologías y equipamiento, fortaleciendo su infraestructura de apoyo a la operación policial, e incluso para el avance del sistema de justicia penal, entre otras acciones a realizar.

Es importante resaltar que actualmente el FASP no cuenta con presupuesto suficiente para cumplir con su objetivo, por lo que se ha visto rebasado ante la gran crisis de violencia e inseguridad que actualmente se vive en nuestro país.

Por otro lado se observa al programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados para el ejercicio de la función de seguridad pública, con la finalidad de financiar los costos de los controles de confianza de los elementos de las corporaciones policiales municipales, para su capacitación, de igual manera también busca la mejora de condiciones laborales de esos elementos, adquirir equipamiento, construir infraestructura que contribuya a la prevención del delito, así como a la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, y en general, apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

Estos son instrumentos importantes para las corporaciones policiacas a nivel estatal y municipal, ya que a través de ellos es posible que se fortalezcan en el desempeño de sus funciones, por lo que cualquier reducción a las cifras representa un debilitamiento y un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

Solo que, sin importar los resultados obtenidos por este programa, desde 2021 se le dejaron de asignar recursos y ya no figura como subsidio, lo que ha provocado condiciones de precariedad, falta de equipamiento, falta de exámenes de confianza y de capacitación entre los elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, exponiendo gravemente a sus elementos frente al crimen organizado, quienes paradójicamente tienen un mejor armamento y están mejor equipados.

Es urgente que estas corporaciones policiacas cuenten con apoyo para realizar con eficiencia su labor, así como para que haya políticas públicas de prevención del delito en el ámbito local.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte de incidencia delictiva nacional de 23 de octubre de 2025, determinó que en lo que va del año, “la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas de interés, 34.0 por ciento consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de inseguridad continuará en su ciudad. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo de 1.5 puntos porcentuales en relación con junio de 2025, cuando se reportó 32.5 por ciento; y de 2.2 puntos porcentuales en relación con septiembre de 2024, cuando fue de 31.8 por ciento. Además, 23.9 por ciento de la ciudadanía refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Esto representa una disminución estadísticamente significativa de 1.5 puntos porcentuales en relación con junio de 2025, cuando se reportó 25.4 por ciento; y un aumento estadísticamente significativo de 3.9 puntos porcentuales en relación con septiembre de 2024, cuando fue de 20.0 por ciento. En contraste, 16.3 por ciento de la población de 18 años y más respondió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 24.9 por ciento manifestó que mejorará”.1

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al realizar su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) durante el tercer trimestre de 2025, en junio pasado el 68.2 por ciento de las mujeres y 56.7 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés “con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Culiacán Rosales, con 88.3; Irapuato, con 88.2; Chilpancingo de los Bravo, con 86.3; Ecatepec de Morelos, con 84.4 y Cuernavaca, con 84.2 por ciento. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9; Piedras Negras, con 15.0; Benito Juárez, con 15.6; Los Mochis, con 19.2 y San Nicolás de los Garza, con 22.4 por ciento”.2

Al mismo tiempo, la población consultada refirió “haber visto o escuchado la comisión de conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, tales como el consumo de alcohol en las calles, con 58.2 por ciento; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 47.6 por ciento; en tercero figuró la venta o consumo de drogas, que alcanzó 39.9 por ciento; el cuarto lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, con 38.1 por ciento; y el quinto lugar, disparos frecuentes con armas, con 34.8 por ciento”.3

La manera en que la inseguridad se ha normalizado en el país desde hace algunos años es preocupante, por lo que es indispensable que los 3 órdenes de gobierno además de combatir al delito también implementen políticas públicas encaminadas a prevenir los ilícitos y la violencia, por lo que estamos frente a un gran problema que debe afrontarse mediante una estrategia en la que su trabajo este basado en la coordinación con otras dependencias públicas, y que de esa forma la atención sea integral.

Por esa razón es que la inseguridad se sigue manteniendo como uno de los principales pendientes y desafíos de la actual administración del gobierno federal cuyo ejercicio está iniciando.

Al verificar los resultados de la ENSU antes citada, se advierte que, “durante septiembre de 2025, la población de 18 años percibió que las labores de prevención y combate a la delincuencia, en un 86.7 por ciento las realizaba la Marina, con un desempeño muy o algo efectivo, mientras que, para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2 por ciento y el Ejército, 83.0 por ciento. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73.2 por ciento; la policía estatal, con 52.7 por ciento y la policía preventiva municipal, con 46.8 por ciento”.4

Es desde los municipios donde se debe comenzar la lucha contra la inseguridad, al que también las entidades federativas se enfrentan cotidianamente, por lo que es indispensable contar con los instrumentos necesarios para impulsar las estrategias que proporcionen una mayor seguridad a la ciudadanía. Sin una dirección sólida, sin el involucramiento de actores locales del sector privado, de la sociedad civil, así como de un presupuesto adecuado, será difícil generar el impulso necesario para obtener resultados positivos.

Actualmente nuestro país cuenta con 2,478 municipios, por lo que, de acuerdo con su naturaleza, son el primer frente de gobierno que conoce de las necesidades ciudadanas en su demarcación, y al mismo tiempo, toma las decisiones por medio de las cuales se gobierna y se atiende a los diferentes problemas, entre ellos el de la inseguridad.

Debe mencionarse que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe retomar la operación del Fortaseg dotándolo de recursos, así como incrementar los etiquetados al FASP, lo anterior con la idea de fortalecer a las corporaciones policiacas estatales y municipales al ejercer sus atribuciones en materia de seguridad pública en sus respectivas demarcaciones, para que al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, se etiqueten los recursos suficientes a dichos programas.

Con la operación de este tipo de programas, sin duda alguna se contribuye a la pacificación y tranquilidad de la sociedad, lo que genera condiciones para que nuestro país sea atractivo y genere confianza al capital extranjero, ya que un país con altos índices de violencia genera incertidumbre en los inversionistas, por lo que, de aprobarse este punto de acuerdo, se encaminará no solo hacia la disminución de la inseguridad, sino también para la prevención del delito.

Se debe mencionar que, en caso de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Es de especial trascendencia el objetivo 16, relativos al 1 impulso de la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ya que, al destinar recursos para la prevención del delito, su combate, reducción de la inseguridad pública, levantamiento de una infraestructura, consolidar la profesionalización y certificación policial, adquisición de tecnología y equipamiento de apoyo a la operación policial; permitirá que los 3 órdenes de gobierno realicen un trabajo coordinado en todo el territorio nacional en materia de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se impulse nuevamente la operación del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con un incremento recursos, y que de esa forma se fortalezca a las corporaciones policiacas estatales y municipales en sus labores de seguridad pública.

Notas

1 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Reporte de resultados 42/25, 23 de octubre de 2025, página 9, consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ensu/EN SU20205_10_RR.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana tercer trimestre de 2025, comunicado de prensa 140/25 publicado el 23 de octubre de 2025, página 1, consultado en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ensu/ENSU20205_10_CP.pdf .

3 Ibídem, página 2.

4 Ibídem, página 3.

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sectur, a retomar la operación del “Programa de Pueblos Mágicos”, lo que contribuirá para una integración económica, generación de empleos y el desarrollo del sector turístico en esas localidades a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es una actividad que consiste en el desplazamiento que realizan las personas de su lugar de origen a otro con fines meramente recreativos, misma que puede desarrollarse a lo largo del año con temporadas altas y bajas.

Al mismo tiempo constituye una importante actividad económica que genera ingresos económicos al involucrar a otras actividades económicas en su desarrollo, que son realizadas de manera formal por empresas que funcionan como hoteles, aerolíneas, transporte público, foráneo, restaurantes y centros de diversión, o incluso por las poblaciones de esas localidades de manera informal, generando empleos de manera directa e indirecta.

Debido a la privilegiada ubicación geográfica de nuestro país, a la gran diversidad de recursos naturales, de climas, así como por su enorme riqueza cultural, histórica, arqueológica y gastronómica, es que México ha destacado en este sector al contar con una gran variedad de lugares, que incluso a nivel internacional, son considerados como importantes destinos turísticos.

Aunado a ello, nuestro país cuenta con infraestructura solida en esas localidades, lo que ha permitido que se posicione como primer lugar en el continente americano, y sexto a nivel mundial, en lo que hace a número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en las categorías de patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio mixto.

Tradicionalmente los destinos turísticos en nuestro país han estado concentrados en las playas, por lo que como una forma de diversificar la oferta turística, en 2001 la Secretaría de Turismo, en coordinación con diversas dependencias federales, con gobiernos estatales y gobiernos municipales, se impulsó el “Programa de Pueblos Mágicos” con la finalidad de ampliar el mercado turístico y de dinamizar la economía en aquellas localidades que se encuentren en municipios y que cuenten con algún atractivo natural o con aspectos que constituyan una riqueza cultural, histórica, arqueológica y/o gastronómica que puedan ser visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Para que esas localidades accedieran a los recursos proporcionados por el gobierno federal, debían ser reconocidas como “Pueblos Mágicos”, previa solicitud y cumplimiento de ciertas características que debían potencializar como una oferta turística al interior de las entidades federativas que complementaría a los destinos turísticos con que tradicionalmente ha contado el país.

Además de resaltar su respectivo atractivo turístico, natural y promocionar a nivel nacional e internacional sus artesanías, festividades, costumbres, tradiciones y gastronomía, con dichos recursos también debían crear, fortalecer, ampliar y conservar una infraestructura capaz de brindar bienes y servicios a los visitantes, generando ingresos y posibilitando la creación de puestos de trabajo.

La operación de este programa en las condiciones descritas fue posible hasta 2018, ya que, con el cambio de administración del gobierno federal en ese año, los recursos que se venían ministrando año con año para promocionar sus atractivos turísticos, fortalecer y darle mantenimiento a la infraestructura de cada localidad dejaron de llegar, provocando deterioro en las condiciones que favorecían el desarrollo y el crecimiento económico de sus habitantes.

Al respecto se desglosan los montos que fueron etiquetados al “Programa de Pueblos Mágicos” en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 a 2025, los cuales fueron en los siguientes términos:

Tal como se desprende de los datos anteriores, desde 2019 el gobierno federal dejó sin recursos no solo al “Programa de Pueblos Mágicos”, sino también a “ProMéxico” que era un fideicomiso que impulsaba la conducción, coordinación y ejecución de las acciones estratégicas para atraer la inversión.

Al eliminarse al “Programa de Pueblos Mágicos”, el anterior gobierno federal determinó que los “Pueblos Mágicos” se promocionarían en ferias a través de la Secretaría de Turismo, además de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano proporcionaría la infraestructura necesaria para su conservación, solo que los apoyos han sido insuficientes y no han cumplido con sus objetivos, lo que en muchos casos ha sido asumido por los empresarios que componen las cadenas de valor para tratar de conservar la infraestructura turística de esas localidades.

Al mismo tiempo, el anterior gobierno federal durante 2020 creó la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, además de que en 2023 se emitieron los Criterios Generales para el Nombramiento de Pueblos Mágicos, con la finalidad de que los municipios en donde se encuentren las localidades interesadas en obtener dicho reconocimiento, acrediten la singularidad y autenticidad de su riqueza natural, además de impulsar el trabajo coordinado entre los gobiernos estatales, gobiernos municipales y la Secretaría de Turismo, con la colaboración de los sectores social y privado.1

Desde 2023 hay 177 localidades en nuestro país que han recibido el nombramiento de “Pueblos Mágicos”, en los que se encuentran alrededor de 11 millones de habitantes, y cuenta con aproximadamente 77,215 unidades económicas relacionadas con actividades turísticas, además de generar empleo para 300 mil personas, por lo que la derrama económica obtenida por la oferta de bienes y servicios oscilan alrededor de los 197,283 millones de pesos.2

El reconocimiento de esas localidades como “Pueblos Mágicos” demuestra la gran riqueza natural, arqueológica, histórica y gastronómica, así como el mosaico cultural de nuestro país, lo que puede convertirse en una gran oferta turística y abre el panorama de destinos turísticos ante la concentración de los atractivos que históricamente han tenido las playas.

Por lo que hace a Coahuila de Zaragoza, actualmente cuenta con 8 de ellos en Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Melchor Múzquiz, Parras de la Fuente, Viesca y General Cepeda, solo que sin la ministración de recursos han sufrido el deterioro y abandono del gobierno federal.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo en 2024, a pesar de que ha dejado de operar el “Programa de Pueblos Mágicos”, el sector turístico ha dejado 2,372 billones de pesos a la economía nacional, es decir 8.5% del PIB, lo que también contribuye al crecimiento económico y desarrollo de esas localidades, además de que como parte de ello se considera que dentro de esa derrama económica se encuentra el ingreso de divisas a nuestro país generada por visitantes internacionales que estableció un récord histórico al registrar 30,800 millones de dólares en 2023, lo que ha significado un incremento de 10 por ciento comparado con 2022, y 25.4 por ciento más que en 2019.3

Las decisiones que se tomaron durante el anterior sexenio respecto del impulso de los diferentes sectores de la industria, entre ellos el turismo al dejar de ministrarle recursos para la operación del “Programa de Pueblos Mágicos”, no benefician a la economía nacional ni al bienestar de las y los mexicanos.

Por ello es que se estima necesario que en este momento, se tomen las decisiones que verdaderamente le conviene a nuestro país, y que a través de la Secretaría de Turismo se retome la operación del “Programa de Pueblos Mágicos” para que las localidades que tengan ese reconocimiento se promocionen como destinos turísticos a nivel nacional e internacional, generando beneficios en la economía nacional, así como un desarrollo y crecimiento local, lo que se alcanzará mediante el etiquetado de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 para el fortalecimiento, ampliación y conservación de infraestructura turística.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismo retome la operación del Programa de Pueblos Mágicos, lo que contribuirá para una integración económica, generación de empleos y el desarrollo del sector turístico en esas localidades.

Notas

1 Consultado en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588815&fecha=10/03/ 2020#gsc.tab=0

2 Consultado en https://pueblosmagicos.mexicodesconocido.com.mx/pueblos/ ... Tales “Pueblos Mágicos” son los siguientes: Aguascalientes: Calvillo, Real de Asientos, San José de Gracia y Pabellón de Hidalgo. Baja California Sur: Loreto, Todos Santos y Santa Rosalía. Campeche: Palizada, Isla Aguada y Candelaria. Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán, Palenque, Copainalá y Ocozocoautla de Espinosa. Chihuahua: Creel, Batopilas, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral. Coahuila: Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Múzquiz, Parras de la Fuente, Viesca y General de Cepeda. Estado de México: Valle de Bravo, Aculco, El Oro, San Juan Teotihuacán, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, Metepec, Malinalco, Tonatico, Jilotepec y Otumba. Guerrero: Taxco, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Zihuatanejo. Hidalgo: Huasca de Ocampo, Huichapan, Mineral del Chico, Real del Monte, Tecozautla, Zempoala, Zimapán, Acaxochitlán y Metztitlán. Jalisco: Ajijic, Lagos de Moreno, Mazamitla, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila, Tlaquepaque, Cocula, Sayula y Temacapulín. Michoacán: Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan, Tzintzuntzan, Paracho y Cotija. Morelos: Tepoztlán, Tlayacapan, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec. Nayarit: Compostela, Jala, Mexcaltitlán, Sayulita, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, San Blas y Puerto Balleto. Nuevo León: Bustamante, Santiago, Linares, General Terán y General Zaragoza. Puebla: Cuetzalan, Cholula, Atlixco, Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo y Xicotepec, Huejotzingo y Teziutlán. Querétaro: Bernal, Amealco, Jalpan de Serra, Cadereyta, Tequisquiapan, San Joaquín y Pinal de Amoles. Quintana Roo: Bacalar, Isla Mujeres, Tulum y Cozumel. San Luis Potosí: Xilitla, Real de Catorce, Aquismón, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva. Sinaloa: Cosalá, El Fuerte, El Rosario, Mocorito y San Ignacio. Sonora: Álamos, Magdalena de Kino, San Carlos y Ures. Tabasco: Villa Tapijulapa, Frontera y Teapa. Tlaxcala: Huamantla, Tlaxco y Ixtenco. Veracruz: Orizaba, Coscomatepec, Xico, Coatepec, Papantla, Zozocolco, Córdoba y Naolinco de Victoria. Yucatán: Valladolid, Izamal, Maní, Sisal, Espita, Motul y Tekax. Zacatecas: Jerez, Pinos, Sombrerete, Nochistlán de Mejía, Guadalupe, Teúl de González Ortega y Villa Nueva.

3 Consultado en https://www.concanaco.com.mx/turismo/notasdeinteres/asi-pintan-las-cosa s-para-el-turismo-en-mexico-en-2024

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sedatu, a impulsar la creación de un programa para que las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas en el país puedan mejorar sus respectivas infraestructuras urbanas, sus servicios públicos, además de propiciar su desarrollo y elevar la calidad de vida de sus residentes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es una realidad que los asentamientos humanos y su incremento en diferentes zonas o regiones ha dado lugar al surgimiento o extensión de localidades sobre espacios que no eran habitables, sin embargo, cuando esto sucede de manera descontrolada y sin planeación puede generar problemas como la insuficiencia de los servicios públicos o de la infraestructura urbana previamente establecida.

Ante la demanda de atención es que la urbanización ha avanzado y se ha dado acceso paulatino a servicios básicos, colocación de vialidades, entre otros aspectos que hagan posible que la zona sea habitable, lo que puede irse fortaleciendo y ampliarse con el reconocimiento gubernamental que esa localidad tenga a través del tiempo.

En ese sentido, la urbanización es un fenómeno que va teniendo lugar debido al crecimiento de los asentamientos humanos en una región o zona, lo que obliga a las autoridades a la cimentación de una infraestructura como lo es la pavimentación, instalación de drenaje, alcantarillado, agua potable y/o alumbrado público, generación de espacios públicos como parques, deportivos, de recreación, esparcimiento, o bien, mercados, limpieza y recolección de residuos, seguridad pública, planteles de educación básica, clínicas, centros de salud, calles, carreteras, u otro tipo de vialidades, entre otros, lo que constituye el progreso de esas localidades al contar con lo necesario para que sus residentes satisfagan diferentes aspectos básicos.

Lo anterior dará condiciones para dinamizar la economía de esas localidades, ya que paulatinamente podrían establecerse actividades productivas o diferentes tipos de comercios dando lugar a la generación de empleos directos e indirectos, sin embargo, ello también va a crear mayores demandas cuya satisfacción permitirá que esas actividades se sostengan en la zona, así también para que la ciudadanía siga atendida con el fortalecimiento o ampliación de la cobertura de los servicios públicos.

Al existir una interacción económica, productiva, social, cultural, laboral, académica en dicha localidad, es posible que influya o atraiga a las poblaciones más cercanas para incorporarse a su dinámica, por lo que ante tales circunstancias los gobiernos municipales, e incluso los gobiernos estatales involucrados, de ser el caso, deben trabajar coordinadamente para responder a las exigencias ciudadanas sobre la mejora de los servicios públicos e infraestructura urbana que existe entre ambas localidades, con una visión de progreso y desarrollo.

Tal situación corresponde a la formación de las zonas metropolitanas, en la que de manera desordenada y sin planeación, da lugar al crecimiento o extensión demográfica entre zonas urbanas, lo que puede ocasionar que se rebasen los límites políticos de los municipios o de las entidades federativas, según el caso.

Al respecto, una zona metropolitana puede definirse como “el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica”.1

Sobre el particular, la fracción XXXVII del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano, también señala lo siguiente:

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXXVII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional...”

En ese sentido, el inciso c) de la fracción I del artículo 41 de la Ley General de Administración Pública Federal, establece que:

“Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular:

c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas...”

Una zona metropolitana se caracteriza por contar con rasgos físicos, así como con una continuidad urbana como ya ha quedado descrito anteriormente, por lo que resulta indispensable que se homologue no solo la infraestructura urbana y los servicios públicos, sino también los criterios y políticas públicas entre los municipios o entidades federativas involucradas, lo que les dará mayor funcionalidad entre los residentes, además que es fundamental que haya una constante comunicación entre sus respectivas autoridades para facilitar una planeación que les permita avanzar de manera ordenada y sustentable en el crecimiento y desarrollo de la zona.

En octubre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como grupo interinstitucional encargado de la delimitación de la zonas metropolitanas, publicaron el informe “Metrópolis de México 2020”, en el que se establecen “92 nuevas metrópolis en México, mismas que están divididas en 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas, compuestas por 421 municipios habitados por 82.5 millones de personas, lo que equivale al 65.6 por ciento de la población nacional”.2

De esta forma es como estas autoridades categorizaron la urbanización a lo largo del país el grupo, mediante criterios técnicos que han dado certeza y claridad en el panorama urbano de las diferentes entidades federativas y municipios.

En dicho informe se señala que se han logrado identificar 7 metrópolis interestatales en territorio nacional, los cuales obedecen a circunstancias que han integrado a sus respectivas poblaciones, por ejemplo la de La Laguna (Coahuila de Zaragoza y Durango), Ciudad de México (Ciudad de México, Hidalgo y México), Puerto Vallarta (Jalisco y Nayarit), La Piedad-Pénjamo (Guanajuato y Michoacán de Ocampo), Puebla-Tlaxcala (Puebla y Tlaxcala), Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la zona conurbada de Moroleón-Uriangato (Guanajuato y Michoacán de Ocampo).3

Es fundamental que desde la Cámara de Diputados podamos contribuir a la mejora de las condiciones que permitirán el desarrollo y la planificación del fenómeno de la urbanización a lo largo del territorio nacional, lo que permitirá atender las diferentes problemáticas suscitadas por la insuficiencia o deficiencia de los servicios públicos, deterioro en los espacios públicos o en otros elementos de la infraestructura urbana, lo que invariablemente compromete el bienestar de todos los residentes y el desarrollo.

La conservación de los espacios públicos, de la infraestructura urbana y de los diferentes servicios públicos en una ciudad es indispensable para tener un entorno seguro, sostenible y habitable que contribuya a que sus residentes, independientemente de sus respectivas particularidades personales, tengan una calidad de vida digna, además del sostenimiento de las diferentes actividades económicas y productivas establecidas en la zona.

Por tales motivos es que el fortalecimiento y mejora de la infraestructura urbana, así como de los servicios públicos, es un factor que debe atenderse constantemente. Hoy más que nunca, es indispensable incorporar un enfoque de sostenibilidad que garantice el bienestar general de la población, evitando impactos negativos al medio ambiente y reduciendo el uso de sustancias contaminantes y la emisión de gases de efecto.

De ahí que sea indispensable que la Sedatu, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en la legislación, considerando los compromisos internacionales y los derechos humanos, diseñe las acciones que sean necesarias para impulsar la creación de un programa para que a través de un fondo destine recursos a las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas en el país, con la finalidad de que mejoren sus respectivas infraestructuras urbanas, sus servicios públicos, además de propiciar su desarrollo y elevar la calidad de vida de sus residentes.

De esa forma es que los gobiernos estatales y municipales atenderán las diferentes necesidades que hoy en día existen en las áreas conurbadas identificadas en el país.

Se debe mencionar que, en caso de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Sobre el particular debe mencionarse que es de especial trascendencia el objetivo 11, relativo al impulso de las ciudades y comunidades sostenibles, ya que, al restituir al crear un fondo que destine recursos suficientes para las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas con la finalidad de ampliar y fortalecer la infraestructura urbana, de mejorar los servicios públicos, lo que permitirá que las respectivas poblaciones eleven su calidad de vida, y que dichas condiciones propicien el crecimiento y desarrollo sostenible de dicha zona a mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se impulse la creación de un programa por el cual reciban recursos por medio de un fondo para que las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas en el país, puedan mejorar sus respectivas infraestructuras urbanas, sus servicios públicos, además de propiciar su desarrollo y elevar la calidad de vida de sus residentes.

Notas

1 Consultado el 29 de octubre de 2025 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografi as/m_zmm_ce2014.pdf

2 Consultado en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/metropolis-de-mexico-2020?state=pu blished

3 Consultado en https://www.gob.mx/sedatu/prensa/reclasifican-metropolis-en-mexico-se-establecen-92-nuevas
-delimitaciones#:~:text=En%20el%20marco%20de%20la,millones%20de%20personas%2C%20lo%20que

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sedatu, a instrumentar un programa para contribuir con el desarrollo de aquellas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que se dediquen a la minería, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021, la producción minero-metalúrgica comprende a los metales afinados más los contenidos metálicos de los metales impuros obtenidos de primera fundición y de los concentrados, por lo que esta actividad económica del sector primario en México representó el 9.62 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Industrial y el 3.06 por ciento del PIB Nacional en esa anualidad.

En el proceso productivo minero, no sólo se consideran las fases de extracción, concentración, fundición y refinación del mineral, sino también la etapa de exploración que les antecede, esta parte del proceso es fundamental en términos económicos, ya que genera empleo, derrama económica e implica montos importantes de inversión.

Además de ser el principal productor de plata a nivel global por 16 años consecutivos, nuestro país también se ubica entre las primeras 10 posiciones en la producción mundial de 17 minerales, incluyendo el segundo en fluorita, tercero en celestita y wollastonita, sexto en zinc, séptimo en sal, octavo en cobre y noveno en oro.1

De acuerdo con la Encuesta Anual del Instituto Fraser, México se ubicó en 2024 en el sexto lugar como destino de inversión en América Latina, y en el sitio 49 a nivel mundial del Índice de Atracción de Inversión, es decir el sector minero invirtió 5 mil 130 millones de dólares en 2024; lo que refrenda que el sector continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae mayor inversión al país.2

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta junio de 2024 el sector minero-metalúrgico registró 417, 765 mil empleos directos.3

Las entidades federativas con mayor producción minera en México son Sonora, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Chihuahua en minerales metálicos, pero Coahuila lidera a nivel nacional en producción de carbón, así como en hierro, celestita, sulfato de magnesio y sulfato de sodio.

Coahuila es una entidad que está vinculada con la minería como actividad principal desde hace más de 2 siglos, por lo que cuenta con una excelente infraestructura minero-metalu?rgica y suficientes vías de comunicación, destacando la fundidora de metales en Torreón, fundidora de hierro en Monclova, plantas carboeléctricas en Nava, así? como varias plantas de beneficio y transformaciones en diversas localidades.

Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2023, edición 2024, el valor de la producción minera de Coahuila en ese año ascendió? a $24 383 277.20 del valor total nacional que fue de 4 700 763 954.77 pesos, además muestra que el volumen de la producción minera, del 2019 a 2023 se clasifica de la siguiente manera:

El mismo documento menciona que Coahuila da empleos directos a 35, 599 personas, aportando el 8.54 por ciento de participación en la industria Minero-Metalúrgica en 2023. Dado que esta actividad es muy importante para la economía a nivel nacional, se requiere que el Gobierno brinde apoyo a las comunidades dedicadas a la minería.

Con la reforma fiscal en enero de 2014 se estableció el pago del derecho especial, adicional y extraordinario para empresas mineras; del 100 por ciento recaudado, el 20 por ciento iba para la federación, 2.5 por ciento se canalizaba a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con el 77.5 por ciento restante se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros el cual distribuía el 37.5 por ciento para los estados y 62.5 por ciento para Municipios donde se realiza la extracción minera);la distribución del fondo se calculaba con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional estipulada en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.

En los inicios de este Fondo su monto total era de $2, 090, 718, 508.98 y para el último año en que se tuvo este dato que fue en 2017 el fondo ascendió a $3, 738, 951, 934.00, este monto se distribuía entre los estados y municipios con actividad minera, en el caso de Coahuila su desglose es el siguiente:

Con ellos se realizaron obras de infraestructura social, educativa, transporte, conservación del medio ambiente y movilidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera.

Pero en 2019 el Fondo Minero es eliminado con las modificaciones realizadas a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, cambiando de destino, así como la dependencia que estaba a cargo de ejercer los recursos.

En estos momentos el 85 por ciento de los ingresos obtenidos por este derecho especial, son destinados a la Secretaría de Educación Pública, para el financiamiento de infraestructura educativa y otras con impacto social y ambiental positivo, un 5 por ciento a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y el 10 por ciento restante al Gobierno Federal para programas de infraestructura.

Es decir, que de 5 de cada 100 pesos que se obtengan de las contribuciones de las empresas mineras, regresarán para ser invertidos en mejoras de las zonas donde se llevan a cabo estas actividades, lo que claramente deja sin apoyo a las entidades con vocación minera.

Por esa razón es que se estima pertinente que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, impulse la operación de un programa, en el que reciba recursos para contribuir con el desarrollo, el progreso y bienestar de aquellas comunidades que se dedican a la minería, con la construcción, ampliación y fortalecimiento de su infraestructura urbana y servicios públicos, tal como se venía efectuando antes de 2018.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que, a través, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que instrumente un programa, que pueda recibir recursos para contribuir con el desarrollo de aquellas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que se dediquen a la minería.

Notas

1 Consultado en https://www.milenio.com/negocios/mexico-lider-mundial-16-anos-consecutivos-produccion-plata#:
~:text=M%C3%A9xico%2C%20l%C3%ADder%20mundial%20por%2016%20a%C3%B1os%20consecutivos%20
en%20la%20producci%C3%B3n%20de%20plata

2 Cámara Minera de México, Informe Anual https://www.camimex.org.mx/index.php/publicaciones/informe-anual2024

3 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/ EmpleoySalario

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Segob, a instrumentar de nueva cuenta el Fondo de Desastres Naturales, debido a la necesidad de proteger a la población afectada por fenómenos naturales y de resarcir los daños materiales ocasionados, contribuyendo al bienestar y desarrollo de esas entidades, regiones o comunidades, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Ninguna región del planeta está exenta de sufrir los efectos de los fenómenos naturales, los cuales son eventos que se presentan sin intervención o alguna causa humana, pero debido a su intensidad pueden ocasionar daños materiales o de imposible reparación entre la población.

Los fenómenos naturales son incontrolables, y en ocasiones, son impredecibles, y en ocasiones, dependiendo de la ubicación geográfica de esas regiones, es el tipo de desastre el que se vive, pudiendo clasificarse como meteorológicos, hidrológicos, climáticos y geofísicos, lo cual se ha agravado ante la amenaza que constituye el cambio climático, que actualmente constituye un problema global del cual, México no está exento.

Por esa razón es que los desastres ocasionados pueden alcanzar cuantiosos daños materiales, o pérdidas humanas, sin embargo, las consecuencias pueden ocasionar riesgos a la salud, e incluso a la vida de los sobrevivientes, por lo que resulta que se atienda de manera urgente los daños surgidos en para dicho evento, ya sea con víveres de primera necesidad, o con recursos enfocados a una atención más profunda que permita que esa región pueda recuperarse rápidamente y no se quede en un rezago que genere mayores repercusiones.

De ese modo es que en 1999 surgió el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), como un instrumento financiero operado por el Sistema Nacional de Protección Civil, que permitiría la atención inmediata de emergencias y la reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos naturales presentados, tales como inundaciones, huracanes o sismos, a través de unas reglas de operación que establecerían el procedimiento para liberar los recursos necesarios para apoyar a las zonas afectadas por los referidos fenómenos naturales.

Dicho procedimiento para liberar los recursos que permitieran atender las afectaciones sufridas en la zona de desastre, era el siguiente:

1. La declaratoria de emergencia o desastre era emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), al reconocer que uno o varios municipios de una o más entidades federativas, si fuera el caso, estaban ante el riesgo inminente de ver afectados por un fenómeno natural, cuya magnitud superaba la capacidad de respuesta de las instituciones locales.

2. El gobierno del o de los estados afectadas, o incluso las mismas dependencias del gobierno federal, solicitaban a la Dirección General del Fonden los recursos necesarios para brindar apoyo a la región afectada.

3. Se realiza una evaluación de daños por parte de las autoridades competentes para determinar la magnitud de los daños ocasionados en las viviendas o en las infraestructura carretera e infraestructura urbana, lo que permitirá conocer el monto de los recursos requeridos.

4. Después de realizar la evaluación de daños, se emitirá un dictamen de procedencia.

5. Al aprobarse el dictamen, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un fiduciario autorizaba la liberación de los recursos solicitados para que las dependencias o entidades federales los ejerzan en la atención inmediata de la emergencia presentada.

6. Cada una de las dependencias involucradas en su ejercicio al proporcionar medicamentos, alimentos, u otros artículos de primera necesidad, así como en la reconstrucción de viviendas o restablecimiento de la infraestructura pública, estaban obligadas a comprobar la forma en que se ejercieron dichos recursos.

Sin embargo, en 2020 mediante decreto presidencial se determinó extinguir el Fonden, pero en 2021 se formalizó cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin efectos las reglas de operación, por lo que actualmente es esa dependencia quien maneja y autoriza la liberación de recursos para atender desastres naturales, lo que ha retrasado la ayuda en los últimos eventos que se han presentado en nuestro país, como lo fue el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, durante octubre de 2023, así como las inundaciones que se presentaron en Poza Rica y poblaciones aledañas en Veracruz, debido al desbordamiento del rio cazones en octubre pasado.

Así, los fondos que guardaba el Fonden fueron integrados a la Tesorería de la Federación, por lo que los estados afectados por algún evento de este tipo deben solicitar apoyo a través de programas presupuestarios a la Secretaría de Hacienda, además debe resaltarse que la atención de desastres naturales ahora estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

Por esa razón es que ante la inclemencia de los fenómenos naturales que en los últimos años han azotado a diversas regiones de nuestro país, se requiere contar con mecanismos que den agilidad y prontitud a la atención que las dependencias gubernamentales brinden a la población afectada, así como a la infraestructura pública dentro de la zona de desastre, máxime que se trata de emergencias en donde se encuentra en riesgo la integridad, e incluso la vida de miles de personas.

Por ello es qué, se estima necesario que la Secretaría de Gobernación retome la operación de un programa que maneje recursos de manera autónoma al presupuesto de egresos, que tenga la capacidad para atender de forma urgente los desastres ocasionados por fenómenos naturales, sobre todo que, ante esas circunstancias, la población se encuentra en una grave condición de vulnerabilidad debido a los daños sufridos, siendo esa la esencia del presente exhorto.

Es importante que las zonas de desastre sean apoyadas de forma inmediata, ya que de esa manera podrán tener una recuperación económica a la brevedad, ya que, de lo contrario, es probable que caigan en rezago, que complicaría aún más tales condiciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se instrumente nuevamente el Fondo de Desastres Naturales, debido a la necesidad de proteger a la población afectada por fenómenos naturales, y de resarcir los daños materiales ocasionados, contribuyendo al bienestar y desarrollo de esas entidades, regiones o comunidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar campañas de prevención para proteger la salud mental, así como políticas públicas orientadas a mantener un estado de bienestar psicológico y emocional en las y los mexicanos, fortaleciendo su infraestructura hospitalaria para atender las afecciones de las y los pacientes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente la salud mental no ha tenido el tratamiento y consideración como un verdadero factor de riesgo para la salud de las personas, lo que en tiempos recientes es una visión que se ha modificado al comprenderse la gravedad de este tipo de desequilibrios que se presentan de manera más frecuente de lo que se piensa en cualquier sociedad.

El acelerado ritmo de vida al que todas las personas estamos sometidas actualmente, sin duda puede desestabilizar su estado de salud, causándole afecciones silenciosas y muy perjudiciales que en lo subsecuente pueden desembocar en padecimientos graves de diversa índole que ponen en riesgo la integridad e incluso la vida.

Cuando la salud mental de las personas se encuentra afectada por las condiciones existentes en el entorno en el que se desenvuelven, o por trastornos que tienen su origen desde su infancia o hechos traumáticos, puede propiciar diversas afecciones como lo es la ansiedad, la depresión, la demencia, la esquizofrenia, la epilepsia, por lo que su adecuado manejo y tratamiento permitirá que las personas tengan un bienestar psicológico.

Es importante señalar que la salud mental también tiene un impacto en lo social, ya que los patrones de conducta de las personas son la base de sus relaciones, así como de su interacción, lo que sin duda también será un importante factor para la toma de decisiones individuales que inciden en su calidad de vida, por lo que son razones indispensables para que exista un bienestar emocional, estabilidad y desarrollo personal. Debe advertirse que las personas que padecen afectaciones a la salud mental frecuentemente son marginadas o excluidas, lo que lejos de abonar a su recuperación tal rechazo agudiza el padecimiento y vulnera sus derechos humanos.

Uno de los aspectos más preocupantes derivados de afectaciones a la salud mental de las personas es el suicidio, las tentativas para atentar contra sí mismos, autoagredirse, lo cual son eventualidades que, si bien tienen lugar entre personas de diferentes edades, las y los jóvenes son un sector de la población que tiene mayor susceptibilidad de sufrir esta problemática, por lo que en cualquier caso es posible prevenir su frecuencia al darle la atención a esos padecimientos.

Al respecto “en 2024 se registraron 8 856 suicidios en México, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes. Este valor supera los de 2014 y 2019, cuando las tasas fueron de 5.1 y 5.6, respectivamente. tasa de suicidios fue de 2.6 por cada 100 mil mujeres y 11.2 por cada 100 mil hombres. Por grupos de edad, el de 30 a 44 años presentó la tasa más más alta, seguido por el de 15 a 29 años. Entre las mujeres, la tasa más elevada se observó en los grupos de 15 a 29 años y en el de 30 a 44 años. En los hombres, la mayor tasa correspondió al grupo de 30 a 44 años, seguida por la del grupo de 15 a 29 años”.1

Debe resaltarse que la atención de la salud mental primordialmente tiene una naturaleza médica, sin embargo, su protección también debe observarse desde la perspectiva de la prevención, y al respecto, puede abordarse desde las aristas que revisten el ámbito laboral y el escolar, en donde al ser lugares donde se generan relaciones interpersonales, algunas de ellas de supra a subordinación, es posible que se generen conflictos que puedan producir estrés, ansiedad, preocupación extrema, temor, incertidumbre, e incluso depresión en las personas involucradas, lo que como ha quedado descrito, ya constituyen afecciones a la salud mental que pueden incidir en su desenvolvimiento, en su patrón de conducta o en otros padecimientos orgánicos de tipo crónico-degenerativos, o hasta el riesgo de perder la vida.

Por ello es que resulta crucial que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, implementen campañas de difusión con la finalidad de contribuir para que las relaciones interpersonales, ya sea en centros laborales o escolares, se desarrollen en un entorno de respeto, inclusión y tolerancia como los elementos que contribuyan a evitar afectaciones a la salud mental que puedan escalar y poner en riesgo su integridad.

Es crucial la existencia de entornos adecuados que contribuyan para que las personas trabajadoras, así como niñas, niños y adolescentes cuenten con una salud mental óptima, o al menos reducir al máximo las posibilidades de que surjan este tipo de afecciones, como parte del disfrute de sus derechos humanos.

Desde esa perspectiva resultaría de gran importancia que las autoridades en materia de salud, ya sea federales o locales, diseñaran una estrategia de la que se derive la operación de políticas públicas orientadas a evitar daños en la salud mental de la población, así como para protegerla, o bien, para atender eficazmente a aquellas personas que presentan alguna de las afecciones antes descritas, y de esa forma, alcanzar su bienestar psicológico y emocional como un aspecto que creará las condiciones necesarias para que las personas tengan un buen estado de salud, así como relaciones interpersonales satisfactorias que den lugar a un equilibrio y a una óptima calidad de vida.

Al mismo tiempo es necesario que a las personas que se encuentran afectadas por cualquiera de los padecimientos que comprometan su salud mental les sea garantizado su acceso al derecho a la salud, a través los tratamientos, estudios y procedimientos necesarios para alcanzar su plena recuperación y un buen estado de salud dentro de una infraestructura hospitalaria especializada y con médicos especialistas para su atención adecuada, lo que debe ser fortalecido con un incremento significativo del presupuesto destinado para atender la salud mental.

Las afecciones a la salud mental pueden ser tratadas eficazmente, solo que para lograrlo las instituciones de salud públicas presentan deficiencias importantes en el acceso a los tratamientos, los cuales, suele pasar que no tienen la calidad necesaria.

Existe una corresponsabilidad de diversos actores como lo son los 3 órdenes de gobierno, dependencias e instituciones públicas de salud, empleadores, autoridades educativas y escolares de los diferentes niveles de educación, ya que es indispensable que de manera coordinada y en su propios entornos, tomen las medidas necesarias para prevenir y proteger la salud mental de las y los mexicanos, por un lado garantizar su acceso al derecho a la salud al tener tratamientos adecuados, así como crear las condiciones necesarias para que esos contextos reduzcan la susceptibilidad de originar a su interior este tipo de afecciones.

Debido a la relevancia que tiene la salud mental para las y los mexicanos es que el gobierno federal debe implementar políticas públicas que contribuyan a garantizar su derecho a la salud de manera integral, ya que el bienestar emocional de las personas también es parte de ello, lo que constituye una prioridad que debe ser atendida.

La esencia de este exhorto se encuentra en la importancia de concientizar no solo a las personas, sino también a los diferentes actores que son corresponsables para prevenir, proteger la salud mental, sobre la gravedad de los alcances generados por las afecciones de esta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, implemente campañas de difusión que prevengan y protejan la salud mental de las personas trabajadoras, así como de niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles de educación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, implemente políticas públicas orientadas a mantener un estado de bienestar psicológico y emocional en las y los mexicanos, así como para fortalecer su infraestructura hospitalaria que atienda eficazmente cada una de sus afecciones.

Notas

1 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Su icidio_25.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)